Siempre he pensado que los programas electorales debían ser para mayores de edad, aunque sólo fuese porque la edad legal para votar es de 18 años. Esta declaración de intenciones viene, evidentemente, de la sensación de que, hasta ahora, los programas electorales no trataban a los electores como adultos. Se ha impuesto otro “modelo de programa”, el de la “carta a los Reyes Magos”. Naturalmente, en cuanto pasan las elecciones, el programa pasa a mejor vida. En el caso del programa del PP en 2011, que casi lo único que prometía era bajar impuestos, los “buenos deseos” duraron exactamente una semana, tras la que se acometió la mayor subida del IRPF de la democracia. Naturalmente, la subida fue a los de siempre, los de la nómina.

Cuando me propusieron que echase una mano en el programa fiscal de Ciudadanos, sólo puse una condición: realismo. Como mi contribución se ha centrado fundamentalmente en la lucha contra el fraude, el realismo era una cuestión esencial. Para algunos partidos, la lucha contra el fraude es poco menos que magia: se pueden obtener decenas de miles de millones, que eso sí, sólo procederán de “grandes empresas” y “grandes fortunas”. El principal problema de todo esto, es que no se detalla cómo se conseguirá. Por otra parte, existe una corriente de opinión bastante relevante que considera que en la lucha contra el fraude no se puede hacer nada.

Nuestro planteamiento se basa en negar tanto la fantasía como el derrotismo. Para ello, hay que analizar qué falla en nuestro sistema fiscal para que con unos impuestos, que al menos sobre el papel son similares a los de nuestros vecinos europeos, recaudemos bastante menos. A partir del análisis de qué falla, hemos propuesto muchas medidas concretas. Así, durante la crisis la recaudación del impuesto sobre sociedades se ha derrumbado, pasando de casi 45.000 millones de euros en 2007 a poco más de 18.000 millones de euros el año pasado. Hay problemas en el cumplimiento de las grandes empresas, pero también en las pequeñas y medianas.

Para arreglarlo, hay que simplificar la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, tanto para facilitarles la vida como para poder comprobar su resultado más fácilmente. En segundo término, hay que aumentar los medios humanos y materiales de comprobación. Por otra parte, no queda más remedio que combatir la huida del IRPF, transparentando algunas sociedades, es decir imputando los resultados de la sociedad a sus socios; especialmente en el caso de las sociedades de mera tenencia de bienes; habituales en las grandes fortunas.

En el caso de las grandes sociedades, nuestra propuesta es eliminar deducciones y beneficios fiscales. Por ejemplo, si admitimos que una gran empresa financie activos que dan derecho a dividendos exentos con deuda, sin limitar la deducibilidad de intereses, vamos a tener un problema grave. ¿Por qué? Porque los ingresos, por ejemplo dividendos exentos, no computan, es decir no suman y los gastos sí, deducen, es decir restan. Otro ejemplo es la actual exención del artículo 21 de la ley del impuesto de sociedades. La venta de una filial de una gran empresa con una plusvalía de miles de millones de euros puede estar absolutamente exenta sin demasiados problemas. Así, no nos puede extrañar que la tasa efectiva de imposición de los grupos consolidados esté en el 5,3%; pero es algo que se puede y se debe cambiar.

Tenemos, además propuestas específicas en cuestiones como sancionar el software de doble uso, que sirve para tener doble contabilidad y facturación en B; reconocer el derecho a todo consumidor a pagar sus compras a partir de 10 euros con tarjeta de crédito, negociando con la banca una limitación de las comisiones; o por ejemplo, reintroducir algunos países en la lista de paraísos fiscales cuando no aportan información a la Administración o la Justicia Española. Sin embargo, estas propuestas y muchas más no son lo más importante.

Lo fundamental, en nuestra opinión, es volver a legitimar el sistema fiscal. Yo abro mi libro “¿Hacienda somos todos?” (Debate) con la célebre cita de que “los impuestos son el precio que pagamos por la Civilización. En la selva no existen.” En estos últimos años nos hemos ido aproximando a la Selva y hay que volver a la Civilización. Para esto, hay que convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos, la medida anti-fraude más importante de todas. Esto sólo se consigue persiguiendo sin cuartel la corrupción y eliminando las duplicidades y despilfarros. Sólo así, cuando los ciudadanos paguen sus impuestos estarán comprando civilización y no corrupción. Además, resulta imprescindible que la aplicación de las leyes sea igual para todos, porque Hacienda somos todos.

Así, como explicaba hace unos meses en este diario, una reforma de las SICAV es imprescindible. Una institución de inversión colectiva debe ser realmente colectiva para pagar el tipo privilegiado del 1%. Por otra parte, el control fiscal de todas las instituciones en un Estado de Derecho corresponde a la Agencia Tributaria y no a otras instituciones. Por eso, en el programa proponemos devolver el control fiscal de las SICAV desde la CNMV a la Inspección de Hacienda.

Otra cuestión aún más sangrante es la de la amnistía fiscal. Si se incentiva el incumplimiento, premiando con una amnistía privilegiada al 10% a los defraudadores, mientras se suben los impuestos a los contribuyentes honestos, no nos podremos extrañar de que el fraude se dispare, y la recaudación no remonte pese a subir los impuestos. Incluso aquí, nuestra receta es aplicar las leyes: porque los defraudadores amnistiados no pagaron este 10% que tenían que pagar sino mucho menos, un 3%. Un informe de la Dirección General de Tributos estableció contra la dicción literal del Real Decreto Ley que sólo tributas en las rentas de los últimos cuatro años. En consecuencia, hay que proceder a anular el informe y exigir los 2.800 millones perdonados ilegalmente a los defraudadores. Además, hay que perseguir penalmente a aquellos delincuentes que aprovecharon la amnistía para intentar reintroducir y regularizar el dinero proveniente de delito: los blanqueadores.

Estos son los ejes de una propuesta ambiciosa: luchar contra el fraude y hacer cumplir la ley. Aquí tienen el documento completo, y aquí pueden ver la presentación que hicimos Albert Rivera, Luis Garicano y yo; y en la que se abordan también otras cuestiones fundamentales como acabar con duplicidades y despilfarros u organizar una estructura fiscal más equitativa y eficiente, de la que si ustedes quieren, hablaremos otro día.

La forma en la que se interpretó cómo se debía tributar por el dinero opaco aflorado supuso una "amnistía de la amnistía"

La Agencia Tributaria calcula que el impacto en recaudación de los 40.000 millones de euros aflorados apenas supone 350 millones anuales (de los 187.000 que recauda la Hacienda española)

La amnistía contribuyó a derrumbar la conciencia fiscal colaborando a que aumente el fraude

¿Usted cree que hay alguna relación entre los papeles de Panamá y la amnistía fiscal? Ésa es una pregunta que yo dirigí, como diputado de Ciudadanos, al Gobierno del PP y que, como todo el mundo sabe, el Gobierno del PP en rebeldía del control parlamentario, quiero decir en funciones, se negó a contestar. Formulé la pregunta porque me sorprendieron las declaraciones del Ministro Montoro en la comisión de Hacienda del Congreso el 7 de abril, en las que señalaba que gracias a la Declaración Tributaria Especial, es decir lo que todo el mundo conoce como la amnistía fiscal, buena parte de los defraudadores de los papeles de Panamá habían regularizado, y ya estaban pagando impuestos.

Esta cuestión tiene bastantes aristas. En primer lugar, habría que preguntarse por qué alguien tiene una sociedad offshore con testaferros en Panamá. Una sociedad offshore es una sociedad para operar en otro país. Si se cumplen las obligaciones fiscales, con una operativa de este tipo se pagan más impuestos que con una estructura normal. Esto sigue siendo así, incluso después de que el Gobierno del PSOE sacase a Panamá de la lista de paraísos fiscales, suscribiendo un convenio de doble imposición en 2011. Por otra parte, además hay que pagar los costosos servicios de los despachos de abogados y también de los testaferros. Es decir, que en condiciones normales, una operativa de este tipo no tiene mucho sentido.

Ahora bien, si se quiere mantener oculto lo que se está haciendo, entonces la cosa cambia. Hasta hace unos meses, incluso ahora, el gobierno de Panamá no conocía quiénes estaban detrás de las sociedades que se constituían allí. Esta opacidad permite en primer lugar no declarar los ingresos a Hacienda, canalizándolos a través de estas sociedades, para luego terminar en países con secreto bancario. Eso, aunque no haya que explicarlo, es fraude fiscal. Además, de dinero negro que no ha pagado sus impuestos, nos podemos encontrar con dinero procedente de todo tipo de delitos económicos, como por ejemplo, la corrupción. Esto es blanqueo de capitales.

Detrás de cada caso importante de corrupción suele aparecer un paraíso fiscal. Por esa razón, la fiscalía anti-corrupción solicitó hacerse cargo de la investigación de los papeles de Panamá. De hecho, hay conexiones entre los papeles de Panamá con algunos casos que investiga la fiscalía anti-corrupción como la trama Gürtel, el caso Rato, la trama púnica del ex secretario general del PP de Madrid, Granados, el caso Pujol o el ático de Ignacio González entre otros. En bastantes casos de los citados, algunos de los “protagonistas” se acogió a la amnistía fiscal, bien directamente, bien a través de sociedades interpuestas, como en el caso de Bárcenas.

En consecuencia, además de la obviedad de que en los paraísos fiscales se defrauda, hay un triángulo entre la corrupción, el blanqueo de capitales, y la amnistía fiscal, el triángulo de Panamá. Esto es lógico, porque la corrupción produce ingresos que no se pueden justificar. En consecuencia, este dinero se desvía hacia paraísos fiscales, para esconderlo y posteriormente reintroducirlo en el circuito legal. Esto último es la definición de blanqueo de capitales. Por último, cuando en un procedimiento como en el de la amnistía se permite aflorar dinero en efectivo, que no es rastreable, se puede estar facilitando el reingreso de dinero de procedencia más que dudosa en el circuito legal.

Por esa razón, habría que investigar sistemáticamente el origen del dinero acogido a la amnistía, y si hay indicios de blanqueo de capitales, remitirlo a los Tribunales. La primera iniciativa que presentó Ciudadanos en una Comisión del Congreso, y la primera que tuve el honor de defender, tenía por objeto, precisamente perseguir el fraude fiscal, poniendo el foco, precisamente en la amnistía fiscal. Lo que defendíamos tenía por objeto, por una parte, remitir sistemáticamente a los Tribunales de Justicia, los casos acogidos a la amnistía donde hay indicios de blanqueo de capitales. Por otra parte, había que exigir los 2.800 millones de euros perdonados ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal.

Esto requiere un par de aclaraciones. Por una parte, nos parecía esencial dentro de una propuesta integral contra el fraude, que se puede consultar aquí en página 20 y siguientes, el combatir, dentro de lo posible, los efectos más dañinos, de la medida más perniciosa del gobierno del PP en la lucha contra el fraude fiscal. Por otro lado, a través de un informe de la Dirección General de Tributos, sin firma y que no se publicó en el BOE, se permitió pagar sólo sobre los rendimientos de los últimos cuatro años, aunque la dicción literal del Decreto Ley decía que se debía pagar el 10% del patrimonio aflorado. Esto es lo que se conoce como la “amnistía de la amnistía”.

El cálculo de los 2.800 millones procede, irónicamente, de la última afirmación, un tanto engañosa, en defensa de la amnistía fiscal, la de los 40.000 millones. Según el Ministro Montoro, “ el plan extraordinario de regularización fiscal ha aflorado al menos 40.000 millones de euros, lo que supone un muy significativo ensanchamiento de las bases tributarias que incrementarán la recaudación todos los años a partir de ahora.”

Los hechos son bastante más lamentables que estas declaraciones. La amnistía fiscal permitió recaudar directamente 1.193 millones de euros, sobre un patrimonio aflorado, y que no volvió a España, entre otras cosas porque a diferencia de otras amnistías fiscales no se exigió el regreso del dinero a España, de unos 40.000 millones de euros. Esto da una tasa efectiva de impuestos del 3%, cualquiera paga bastante más en su declaración de IRPF. Además, los famosos 40.000 millones no son la base de ningún impuesto, y no sirven para pagar gasto público. Y claro que incrementan la recaudación, ya que como afirmaba Montoro, los defraudadores de Panamá, en su mayoría, estaban pagando.

En la investigación de “los papeles de la Castellana”, que ha publicado eldiario.es también nos encontramos con tasas de impuestos ridículas, en todos los casos inferiores al 3%. Además, tampoco parece que el dinero haya vuelto a España, porque se declaraba posteriormente en la declaración de bienes en el extranjero.

Sin apenas impacto

Además, como se habrá imaginado, estos defraudares amnistiados, retratados en unos papeles u otros no están pagando mucho, diga lo que diga el Ministro Montoro. En 2012, los defraudadores de la amnistía fiscal, además de pagar la amnistía, tuvieron que pagar otros tributos: el impuesto de patrimonio, por ejemplo, y declarar, según correspondiera, el impuesto de sociedades o el IRPF por sus ganancias del año en curso. Éste es el rendimiento, que la Agencia Tributaria, denomina ingresos inducidos en otros impuestos de la “Declaración Tributaria Especial” (amnistía fiscal) en la página 15 del informe anual de recaudación 2012. Este rendimiento, como explico con más detalle en mi libro “¿Hacienda somos todos?, impuestos y fraude en España”, ascendió a 350 millones de euros, y es aproximadamente el rendimiento que está dando la amnistía fiscal. Por poner un punto de comparación, la recaudación total del año pasado de la Agencia Tributaria ascendió a 182.000 millones de euros.

O mejor dicho, esos miserables 350 millones anuales de recaudación, no 40.000, sería lo que estaríamos obteniendo, si la amnistía fiscal no hubiese contribuido a derrumbar la conciencia fiscal. Muy probablemente, dado el aumento del fraude fiscal en estos años, la amnistía fiscal no esté costando dinero a todos los españoles que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales.

En Ciudadanos conseguimos sacar adelante nuestra iniciativa de lucha contra el fraude y los paraísos fiscales un mes antes de que se hiciesen públicos los papeles de Panamá. Entonces, conseguimos que todos los grupos votasen a favor, salvo el PP que votó en contra. Ahora, volveremos a incluir estas propuestas en nuestro programa electoral, porque para Ciudadanos la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción es una prioridad absoluta, por decencia y porque ambas lacras no están empobreciendo a todos.

La tasa efectiva de imposición de las grandes empresas es reducida y muy inferior a la de antes de la crisis

Elevar la imposición a los grandes grupos no va a solucionar todos nuestros problemas fiscales pero es una tarea importante y urgente

Comentábamos el otro día que el famoso 6% que pagaron los grupos consolidados en el impuesto de sociedades en 2013 se debía a los dividendos de las filiales, que ya habían pagado en sus países de origen, y que estaban exentos en España. ¿Cuánto pagan los beneficios generados en España? Esto se puede calcular con cierta facilidad. Las empresas que estaban en grupos consolidados, y ganaron dinero, tuvieron entre todas un resultado de 81.195 millones de euros. Sobre este resultado pagaron en el impuesto de sociedades 4.853 millones de euros. De aquí sale el famoso 6%, que no es más que dividir una cosa entre otra.

Si de estos 81.195 restamos los importes exentos por doble imposición y los beneficios de los ETVE, obtenemos el beneficio en España que no procede del exterior. Esto conviene explicarlo un poco. Hasta la nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, los dividendos que repartían filiales en el exterior estaban exentos, porque ya habían pagado en el extranjero, mientras que los que repartían las filiales internas tenían deducciones por doble imposición, al 50 o al 100%. Ahora se ha unificado el régimen para todas ellas en la exención. Estos dividendos ascendieron a 20.107 millones de euros. Un tema parecido son los beneficios que obtuvieron las Entidades de Tenencia de Valores Extranjero (ETVE), que luego explicaremos. Bien, las ETVE integradas en grupos consolidados obtuvieron un beneficio exterior exento de 1.127 millones de euros.

Si restamos de 81.195 millones de euros de resultados positivos totales de las empresas integradas en grupos consolidados, estos dos beneficios exteriores, 20.107 de dividendos externos y 1.127 millones de ETVE, veremos que dentro de España, las empresas obtuvieron un resultado positivo de 59.961 millones de euros. Sobre este resultado pagaron en el impuesto de sociedades, como hemos visto, 4.853 millones de euros. Esto quiere decir que sobre el beneficio positivo obtenido en España, las empresas integradas en grupos consolidados, las muy grandes empresas, pagaron una tasa efectiva del 8,09%. Recordemos que el tipo nominal del impuesto de sociedades era del 30%, y lo que se pagó sobre la base imponible era el 16%.

Si utilizamos el mismo procedimiento para calcular cuál es la tributación efectiva de las empresas que no están integradas en grupo, hay una diferencia espectacular. Si sumamos el resultado positivo de estas empresas (es decir, como antes, no les restamos las pérdidas de las que perdieron) el resultado es de 73.306 millones de euros. Sobre este resultado, las empresas que no estaban en grupos consolidados- alguna grande, pero sobre todo pequeñas y medianas- pagaron en el impuesto de sociedades 10.916 millones de euros. Estas empresas ganaron menos y pagaron una tasa efectiva muy superior sobre el resultado contable, el 14,9%. Si aquí restamos, los dividendos exteriores exentos (4.377 millones en las empresas no-grupo) y los beneficios de los ETVE (2.182 millones de beneficios no integrados en consolidación), como antes, veremos que el beneficio interno de las empresas que no consolidan fue de 66.747 millones de euros. Sobre este beneficio positivo obtenido en España, las empresas que no estaban en grupo pagaron una tasa efectiva del 16,35%, el doble que las empresas que ganaron dinero y tributaron en grupos.

Efectivamente, el factor exterior, los dividendos que se obtienen del exterior introducen un sesgo, pero mucho menor de lo que se cree. En el artículo anterior ya se argumentaba que seguíamos teniendo un agujero con la financiación de las inversiones exteriores que daban dividendos exentos: el ingreso no sumaba y el gasto no restaba. El caso más extremo es el de los ETVE. Mucha gente, y en esta mucha se incluyen portavoces económicos y de Hacienda del PP y el PSOE, no saben qué son los ETVE. Por cierto, entre ellos no está Cristóbal Montoro que acusaba a la Inspección de demonizar este régimen: “Vamos a clarificar el régimen de las ETVE, que Hacienda ha reducido y que la Inspección ha demonizado”.

Este régimen, que es el régimen holding español, no tiene muchas particularidades. Estas entidades perciben dividendos exteriores exentos con alguna pequeña ventaja respecto a las demás entidades. Por otra parte, los dividendos que reparten a no residentes no están sujetos en España, es decir no pagan retenciones a la salida, si no se pagan a un paraíso fiscal. Por esta razón, sacar de la lista a Andorra y las Antillas Holandesas, como han hecho los gobiernos del PP y el PSOE, tiene su relevancia. Por esa razón, entre otras, desde Ciudadanos hemos propuesto redefinir esta lista, ya que, como era previsible, y por ser suaves, estos territorios no siempre aportan la información fiscal que se les requiere, véase los casos Pujol, Palau u otros escándalos de corrupción.

Las ETVE no aportan un euro de inversión en España, y algún país, como Brasil, nos ha incluido en su lista de paraísos fiscales por considerarlas competencia fiscal desleal. Por esta razón, no sólo la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, sino otras organizaciones como el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, CCOO, o Intermon-Oxfam han propuesto su eliminación.

Lo peor de todo no es eso: en este régimen, como detallo en mi libro “¿Hacienda somos todos?” nos habíamos creído muy importantes y en realidad éramos muy tontos. Las ETVE tienen prácticamente todos sus ingresos exentos, es decir que no pagan. Sin embargo, sus gastos, especialmente los financieros, pero no sólo, si deducen, sí que restan. En consecuencia, son unas máquinas de generar bases imponibles negativas, pérdidas fiscales. Como el gobierno del PP les permitió consolidar a partir de 2002, todos los años, los grupos consolidados dejan de pagar centenares de millones de euros, con una ventaja fiscal que no tiene ningún sentido, al restarse unas pérdidas puramente artificiales que minoran las bases imponibles en España. Por esas dos razones, en el programa fiscal de Ciudadanos proponemos la eliminación del régimen de ETVE.

En fin, se puede discutir la metodología que utiliza la Agencia Tributaria para calcular las tasas efectivas de imposición de las grandes empresas. De hecho, vendría bastante bien que se desglosasen los ajustes de consolidación y, todavía más la partida de “otros ajustes”. Sin embargo, nos pongamos como nos pongamos, la tasa efectiva de imposición de las grandes empresas es reducida y muy inferior a la de antes de la crisis: según la metodología de la Agencia Tributaria, esta tasa era del 9,9% en 2007 (un 65% más). Elevar la imposición a los grandes grupos no va a solucionar todos nuestros problemas fiscales pero es una tarea importante y urgente, no sólo por conseguir recursos sino, sobre todo, por justicia fiscal y por conseguir más competencia en el mercado. En estos dos artículos hemos intentado explicar no sólo la tasa efectiva de imposición, sino una parte de las causas que la explican: algunos agujeros de nuestro sistema fiscal. Sólo si los solucionamos, incrementando además los medios de control, podremos solucionar una situación injusta que indigna al ciudadano que cumple con sus obligaciones fiscales.

La tributación de los grupos consolidados da una idea de lo que están pagando las muy grandes empresas, mientras que las pymes pagan más porcentaje de impuesto de sociedades sobre sus beneficios.

Un aumento drástico y poco planificado de los impuestos a las grandes empresas no solo podría ser injusto sino que podría tener un efecto de deslocalización de empresas e inversiones

Si usted se pregunta cuántos impuestos están pagando las grandes empresas sobre sus beneficios, y no se cree el título del artículo, la respuesta está en la página 45 del informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria: el tipo efectivo de los grupos consolidados en el impuesto de sociedades era en 2013 (último dato disponible) es un 6% de su resultado contable positivo. La tasa parece ridícula, pero en 2011 fue del 3,8%. Naturalmente, hay periodistas y economistas, algunos muy conocidos, que señalan que es “mentira”, pero negar la realidad y las cifras no suele llevar a ninguna parte. Normalmente, a este ratio se suele oponer que, según esta misma fuente, la Agencia Tributaria, los grupos consolidados pagaron en el impuesto de sociedades, un 16% de su base imponible. En este punto, recordemos que el tipo nominal del impuesto estaba en el 30%. Esto también es cierto, pero son dos cuestiones distintas y perfectamente compatibles.

Intentando aclarar conceptos, un grupo consolidado es un conjunto de empresas que tributan según su base consolidada, es decir pueden compensar beneficios y pérdidas entre sí y pagan por el neto. En general, los grandes grupos empresariales tributan según este régimen, y las pymes no suelen hacerlo. Por esta razón la tributación de los grupos consolidados da una idea de lo que están pagando las muy grandes empresas. Por exclusión, lo que pagan las empresas que no tributan en este régimen es un indicativo de lo que pagan las que no son muy grandes. Sistemáticamente los porcentajes del segundo grupo, es decir las de las pymes, son más elevados, es decir que pagan más porcentaje de impuesto de sociedades sobre sus beneficios.

Por otra parte, otra aclaración elemental es el que el impuesto de sociedades es el tributo que grava los beneficios. Las empresas pagan muchos impuestos pero por otros conceptos: por ejemplo, ingresan el IVA que repercuten a sus clientes o las retenciones a cuenta del IRPF de sus trabajadores. Si se suman todos los conceptos fiscales puede parecer que una gran empresa está pagando muchos impuestos sobre sus beneficios. Sin embargo, aunque estos impuestos no se ingresarían si la empresa no existiese; y materialmente los ingresa la empresa en el Tesoro Público, en realidad lo hace a cuenta de sus clientes o trabajadores.

De hecho, es habitual que en algunas memorias se sumen todas las partidas fiscales y lo expresen como porcentaje del beneficio de la empresa. Por esa razón, hay cuadros disparatados en los que algunas empresas parecen estar pagando un 50% de impuestos sobre sus beneficios: no es que haya tipos del impuesto de sociedades en el 50%, es que se están incluyendo otros impuestos en el ratio.

Al resultado contable se le suman y restan algunas partidas para llegar a la base imponible. Después a esa base se le aplica el tipo impositivo y se le restan las deducciones, lo que queda es lo que hay que ingresar a Hacienda. En general, la base imponible es inferior al resultado contable. Traduciendo, sobre lo que se paga el impuesto de sociedades es inferior a lo que dice la contabilidad que ha ganado una empresa. Esto se debe a dos razones fundamentales: a que hay partidas que ya han pagado, y a que hay agujeros en el impuesto.

Por ejemplo, si una empresa española tiene una filial en Estados Unidos y cobra un dividendo, si no hacemos algo, el beneficio de la filial pagará dos veces, una en Estados Unidos y otra en España. Y sí, hay que hacer algo, y no sólo por justicia, sino porque si no, ninguna empresa repartiría dividendos para volver a pagar impuestos. En consecuencia, los dividendos cumpliendo una serie de requisitos (previstos en el artículo 21 de la Ley del Impuesto) están exentos.

Esto parece un ajuste técnico y no un agujero, y de hecho explica porque las grandes empresas pagan un porcentaje menor de impuestos: porque obtienen una parte de su beneficio en dividendos repartidos por filiales en el exterior que ya pagan en otros países. En realidad, no es que se esté comparando lo que se paga en España con los beneficios mundiales, sino algo un poco más complejo. Se compara lo que se paga en España con lo que se gana en España, pero una parte son dividendos que ya han pagado. Como veremos en el próximo artículo, esto no altera tanto los porcentajes como cabría imaginar, porque estos dividendos no son tan cuantiosos.

Antes de eso, una última reflexión: la exención de dividendos exteriores tiene algo de agujero. De hecho antes era el gran agujero del impuesto. ¿Por qué? Porque las inversiones hay que financiarlas y los intereses son deducibles, antes totalmente, ahora menos. En consecuencia, una empresa que compra una filial extranjera por 1.000 y lo financia con un préstamo al 5%, paga 50 de intereses. Si percibe un dividendo de 100, está ganando 50. Sin embargo, si el dividendo está exento, como el ingreso no suma, y el gasto sí resta, está perdiendo a efectos fiscales 50. Con esto, los beneficios que obtenga en España esta empresa por 50 dejan de pagar impuestos. Este agujero fue corregido a medias después de que la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda llevase años denunciándolo, y estableciendo una norma de limitación de gastos financieros.

Ahora, en el ejemplo, la empresa que percibe el dividendo se podría deducir 30 euros, el 30% del dividendo que se considera beneficio operativo a estos efectos. Para tapar este agujero, en el programa fiscal de Ciudadanos proponemos endurecer la limitación de gastos financieros estableciendo que no sean deducibles los gastos financieros de pasivos que financien ingresos exentos, es decir que si el ingreso no suma, el gasto no reste. Esto, además de permitirnos recaudar más hará que las inversiones exteriores no les resulten más interesantes por puras razones fiscales; es decir, dejaremos de subvencionar la creación de empleo en el exterior a costa del empleo en España.

Porque, en esta cuestión, tan negativo e inútil es negar la realidad, como pretender cambiarla demonizando a las grandes empresas porque no pagan todo lo que nos gustaría; para que lo hagan hay que saber modificar las leyes y poner más medios. Aún peor puede resultar un aumento drástico y poco planificado de los impuestos a las grandes empresas: no ya porque pueda ser injusto sino por la más que probable deslocalización de empresas e inversiones. No es fácil, y seguiremos analizándolo en el próximo artículo de esta serie.

---

Nota: La biografía del autor se actualizó posteriormente a la publicación del artículo.

Señalaba Benjamin Franklin en una conocida cita que “en este mundo, no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos”. Sin embargo, nada ilustra mejor el calamitoso estado de lo que queda de nuestro sistema fiscal que el impuesto que se cobra cuando alguien muere, el impuesto de sucesiones. Sobre el papel, los impuestos de sucesiones en España pueden ser muy gravosos, incluso prácticamente confiscatorios. El tipo puede llegar al 81,6%. No ha leído mal, son varios impuestos, no uno, y el tipo puede superar el 80%.

En España, como expongo en mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate), teníamos hasta hace muy poco 20 impuestos distintos de sucesiones y donaciones: quince en las Comunidades Autónomas de régimen común, otro más en Navarra, uno en cada territorio histórico vasco, y el peor de todos, el estatal que se aplicaba a los no residentes.

¿Por qué era el peor? Porque todas las CCAA habían aprobado diversas reducciones y bonificaciones sobre la normativa estatal. De hecho las diferencias eran y son brutales: En Navarra el tipo general es del 0,8% y en Madrid hay una bonificación del 99% en las herencias entre padres e hijos. Eso significa que hay diferencias entre CCAA de 100 a 1. Con este panorama, como algunos habíamos avisado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó condenando a España por discriminar a los no residentes.

La solución que ya se ha publicado en el BOE el pasado viernes día 28, dentro de la reforma fiscal, consiste básicamente en que los no residentes puedan optar por tributar conforme al régimen de una Comunidad Autónoma con la que tengan conexión. Antes de esta reforma, yo consideraba que estos 20 impuestos sin mínimo y sin armonización eran 20 formas distintas de equivocarse. Después de esta reforma “en profundidad”, hemos pasado a 19 impuestos. Habrá que ver cuánto tiempo habrá que esperar para recobrar un mínimo de racionalidad en este ámbito de la fiscalidad.

Todo esto se ha vuelto a poner de actualidad con el fallecimiento de la duquesa de Alba. Estamos hablando de un linaje legendario, que se remonta al Gran Duque de Alba del siglo XVI: extraordinario militar y una figura mítica: todavía hay madres en los Países Bajos que amenazan a los niños que se portan con mal con que va a venir el duque de Alba…

Sorprendentemente parte de este patrimonio ha llegado a sus herederos en el siglo XXI. Esto no sólo habla de escasa igualdad en la distribución de la renta; sino también de que la desigualdad ha ido favoreciendo siempre a algunos: estamos hablando de la transmisión del poder económico y político por la herencia. La tesis de Thomas Piketty en su conocida obra El capital en el siglo XXI es que esta concentración de riqueza es una amenaza al capitalismo; y que sólo se puede combatir mediante impuestos sobre la fortuna.

Aunque, evidentemente todo esto tiene una carga política e ideológica muy importante, en esta cuestión el impuesto de sucesiones juega un papel clave. De hecho, la reducción de la desigualdad en Occidente durante los años 40 a 70 del siglo pasado también tiene algo que ver con los elevados impuestos de sucesiones; y no sólo con la necesidad de reponer el stock de capital destruido en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, el grado adecuado de impuestos sobre las herencias sigue siendo una cuestión polémica en la economía y también en la política.

En España, en cualquier caso, estamos muy lejos de poder plantearnos un impuesto de sucesiones no ya que reduzca las desigualdades, sino que tenga una recaudación relevante. No sólo por la cuestión territorial que antes hemos comentado, sino por el tema de los beneficios fiscales: por ejemplo, los bienes del patrimonio histórico están exentos. Esto supone que la herencia de algunos palacios, obras de arte… nunca pagará impuestos en su transmisión. Esto puede parecer exótico, pero tiene su coste recaudatorio, por ejemplo en las herencias de las casas nobiliarias. Esto parece haber ocurrido en el caso de la duquesa de Alba: el sindicato de técnicos Gestha afirma que el 90% de la herencia está exenta por este motivo. Aunque no es descabellado pensar que el patrimonio de una casa nobiliaria tenga un porcentaje importante de bienes exentos, un 90% parece exagerado; y nunca he conseguido saber de dónde proceden buena parte de los datos que maneja el sindicato Gestha.

Hay otra cuestión más relevante: la reducción del 95% en la adquisición por herencia de empresas familiares. Hoy en día, los patrimonios más grandes son obviamente los patrimonios empresariales; si estos patrimonios no se gravan, lógicamente toda la recaudación recaerá en las clases medias.

En este caos fiscal, es previsible que en el caso de la duquesa, como en tantos otros, asistamos ahora a la pelea de dos administraciones autonómicas por el impuesto de sucesiones, Andalucía y Madrid. O más bien, probablemente, entre una Comunidad Autónoma que quiere cobrar, Andalucía, y los herederos, ya que la Comunidad de Madrid ha desfiscalizado el impuesto al 99%. Bien, cuando todas las Comunidades Autónomas se quejan de que el sistema de financiación es insuficiente, alguien debería plantearse cómo no lo va a ser, si hay renuncias de este calibre para cobrar impuestos. Porque si esto es así, los titulares de los grandes patrimonios se instalarán donde no tengan que pagar impuestos patrimoniales, es decir patrimonio y sucesiones. Esto no sólo es injusto, sino también ineficiente económicamente.

Si queremos servicios públicos del siglo XXI, necesitamos una fiscalidad moderna. Un impuesto de sucesiones que apenas recauda, que tiene diferencias brutales entre territorios, y en el que los grandes patrimonios apenas contribuyen no es un impuesto moderno, sino más bien medieval y caótico. Como en tantas otras cosas, urge una reforma, porque a día de hoy en España, las muertes son ciertas, lo que es imposible de arreglar, pero algunos impuestos, no.

El acrónimo sicav, sociedad de inversión de capital variable, se asocia en el imaginario popular con 1%, fraude y ricos. Por esa razón, al descubrir el eurodiputado Willy Meyer que su plan de pensiones en el Parlamento Europeo estaba invertido en una sicav luxemburguesa, se ha visto obligado a dimitir. ¿Todo esto tiene algún sentido? Pues, desde un punto de vista fiscal bastante poco sentido, o casi ninguno.

Hace algunos años, cuando era portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) escribí en Público que una reforma de las sicav era necesaria. Sigo pensando básicamente lo mismo, que es algo diferente que demonizar un instrumento financiero. Conviene recordar los principios básicos: una sicav es una institución de inversión colectiva. Además, una sicav es transparente. Lo primero es un desideratum, lo que debería ser; porque como casi todo el mundo sabe hay muchas sicav que no son realmente colectivas, y que las controla una sola persona o familia.

La ley española exige 100 partícipes o inversores, lo que garantiza que una institución es realmente colectiva. Sin embargo, este número de partícipes se puede conseguir contratando partícipes de paja, inversores puramente nominales o ficticios. En el argot a estos inversores se les conoce como “mariachis”. A veces, incluso, estos inversores de paja ni siquiera son conscientes de serlo; simplemente, alguien ha dado la orden de invertir en su nombre. Esto es lo que descubrieron algunos de mis compañeros cuando en 2005 hubo un plan masivo de inspección a las sicav: muchas de ellas no eran realmente colectivas, y por consiguiente, no debían estar tributando al 1% sino al 35%, que era entonces el tipo general del impuesto de sociedades.

En fin, como tantas otras cosas eso cambió el 30 de junio de 2005, día en el que ocurrieron un par de cosas importantes en el Congreso de los Diputados: se aprobó el matrimonio gay, y con muchísima menos cobertura mediática, PP, PSOE y CiU acordaron traspasar la competencia para inspeccionar a las sicav de la Inspección de la Hacienda a la CNMV. Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central hizo en la práctica retroactivo este cambio de competencia. Esto significó que se anularon las actas, que muchos millones de euros no se cobraron; y que el control de la CNMV fue distinto. Cuando este organismo consideró que una sicav no tenía cien partícipes, le dio un plazo para que los reuniese.

Muchos inspectores consideramos que el control fiscal en un Estado de Derecho debe corresponder a las instituciones fiscales, no a la CNMV, ni al servicio veterinario de la Armada, sino a la Agencia Tributaria, y dentro de ella a la Inspección de Hacienda. Por supuesto, está en las propuestas que la IHE ha presentado para reformar nuestro sistema fiscal (página 134 y siguientes), aunque como en otras cuestiones esenciales de la lucha contra el fraude, de momento sin mucho éxito.

¿Esto quiere decir que las sicav son un paraíso fiscal? Pues no. Lo que caracteriza a una sicav en España es que es transparente: todo el mundo sabe quién es el inversor que tiene una participación significativa en cada sicav. Eso lo diferencia de un paraíso fiscal que es fundamentalmente un lugar oscuro donde no se sabe quién invierte, ni mucho menos cuánto. Lo que sí son las sicav españolas es transparentes.

Sin embargo, el de las sicav sí que se supone un privilegio fiscal si las instituciones no son realmente colectivas. Si usted es un pequeño inversor y compra una participación a un fondo de inversión, o entra en el capital de una sicav, pierde todo el control de su dinero. Si el fondo o la sicav ganan dinero, efectivamente pagan el 1%, pero usted ha perdido el control. Naturalmente, usted puede recuperar el control de su dinero vendiendo. Sin embargo, en ese momento, el Fondo o la sicav le retendrán los impuestos sobre la renta que correspondan a su plusvalía. Si la sicav es un 99% suya, usted hará lo que quiera, que normalmente consistirá en no repartir dividendos y diferir indefinidamente la tributación. Si quiere comprar algo, siempre puede hacerlo a nombre de la sociedad, que es suya. A mí me parece legítimo que el dueño de una sociedad haga lo que quiera con ella; pero en ese caso, debería pagar los impuestos normales y no un tipo privilegiado del 1%. Las excusas que se ponen para no cambiar esto y una explicación más detallada la pueden encontrar en mi libro “¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate).

Éste es el origen y la explicación de por qué para muchos españoles, sicav se equipara con fraude y ricos. ¿Cuál es el problema de que muchos eurodiputados hayan constituido una institución de inversión colectiva? Moralmente, se puede objetar que gente que tiene un sueldo bruto superior a 8.000 Euros al mes, encima se les complemente, también con dinero público con un euro por cada dos que pongan en su plan de pensiones. Sin embargo, desde un punto de vista fiscal no parece haber mucho truco. Si cualquiera de ustedes aporta a un plan de pensiones, también se deducirá; eso sí usted no podrá tocar el dinero hasta que se jubile. Por otra parte, los fondos de pensiones pagan un tipo del 0% (sí, más bien no pagan el impuesto de sociedades). Al igual que las sicav o los fondos de inversión, los fondos de pensiones son un instrumento neutro de inversión. Si usted finalmente cobra menos de lo previsto, es que su gestora no ha invertido bien, o le ha cobrado muchas comisiones. No mire a los impuestos porque no hay.

La sicav luxemburguesa del Parlamento Europeo era colectiva: contaba con muchos inversores reales. Esta sicav apenas pagó impuestos; pero aún menos hubiese pagado un fondo de inversión o un fondo de pensiones cualquiera en España. El Parlamento Europeo ha señalado que el dinero que pague esta sicav, que según las informaciones, no se puede recuperar hasta que el eurodiputado cumple 63 años; está sometido a los impuestos nacionales. La única duda que surge es si el Parlamento Europeo y la sicav informan a las Haciendas nacionales, que supongo que es así; pero ésa no es una responsabilidad de los partícipes.

En fin, no deja de ser surrealista que la única dimisión que recuerdo en los últimos tiempos por motivos de impuestos se deba a las sicav; pero no de un millonario por no pagar sino de un político. Para más inri, la dimisión del político, ni siquiera es por votar un régimen fiscal privilegiado, sino por no poder explicar que ahorra, poco o mucho, para su pensión con la misma fiscalidad que cualquier español. En fin, son ironías de la vida que demuestran que a algunos legisladores debería aprender algo más de impuestos, aunque sólo sea para conservar el puesto.