En 2008, a la vuelta del verano, se hundió Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más poderosos del mundo y, cuando empiece este otoño, será el décimo aniversario de aquel desastre financiero, inicio de la peor crisis del mundo tras el crack de 1929. Pero lo más preocupante es que 10 años después estamos igual o quizás peor. Con presuntas reformas financieras llenas de agujeros y mercados financieros sin supervisar ni regular, todo sigue igual en el casino financiero global. Los lobbies erosionan la democracia y crece la deuda mundial. Una sistemática evasión de impuestos ya es endémica y estructural, mientras crece la desigualdad hasta el punto de que la OCDE, el FMI y Davos señalan esa desigualdad como serio peligro para una buena economía. Además, no hay transición ecológica que merezca tal nombre y las llamadas finanzas verdes han demostrado ser una falacia en el horizonte del innegable cambio climático.

¡Bienvenidos a la jungla de los mercados financieros!

Incumplidas las promesas de reformas, los grandes bancos son demasiado grandes y sus deudas sin reestructurar impiden estimular la economía. Porque esos grandes bancos solo están al servicio de sus progresivos beneficios en los inestables mercados con retorcidos productos financieros. Ni un solo Estado ha reformado la banca y nadie ha separado la banca comercial de la de inversión. Solo la pequeña Islandia hace unos años encarceló a los financieros delincuentes, nacionalizó su banca y obligó a los inversores extranjeros a pagar parte de las pérdidas por la crisis financiera.

¿Se podría afrontar otra crisis?

En la Unión Europea, en 2010, la denominada reforma Basilea III para estabilizar las finanzas obligaba a los bancos a disponer de más capital real propio para afrontar los riesgos. En teoría, porque los grupos de presión bancarios lograron que las exigencias de Basilea III fueran mínimas. Se proponía un porcentaje mínimo de capital real del 12% del capital social, pero finalmente solo fue del 8%. Si estalla otra crisis, y no hay duda de que puede estallar, los bancos no tendrán medios suficientes para afrontarla y el Estado (con los impuestos de la ciudadanía) tendrá que rescatarlos de nuevo. Pero no está claro que pudiera hacerse.

Pero hay más. En 2011, la Comisión Europea propuso un impuesto a las transacciones financieras (ITF) europeo. Inspirado en el del nobel de Economía James Tobin, no se aplicaba a transacciones con divisas, pero sí a otros productos financieros, derivados incluidos. La Comisión proponía un tipo del 0,1% para acciones y obligaciones y del 0,01% para derivados, cuyos ingresos se estimaron en 30.000 millones de euros anuales. Sin embargo, ese poco ambicioso ITF fue combatido ferozmente por los lobbies financieros con apoyo de los Gobiernos de Luxemburgo, Holanda y Reino Unido. Solo 10 países (entre ellos Alemania, España, Francia e Italia) aceptaron negociar un ITF en cooperación reforzada. En junio de 2017, el acuerdo estaba casi listo, pero fue elegido presidente de Francia Emanuel Macron (banquero y amigo de financieros), que bloqueó de hecho el ITF al excluir su aplicación a los derivados... que son el 90% de las transacciones financieras.

La Comisión Europea quiso reorganizar las finanzas para fomentar la financiación por medio de la Unión de Mercados de Capitales, pero no hizo reformas financieras. Creció la banca en la sombra y se enquistó el principio de bancos demasiado grandes para dejarlos caer que les daba un poder gigantesco. Al casino financiero le dieron una capa de pintura, pero no lo eliminaron.

El resultado es que grandes bancos e inversores retienen la economía real y la sociedad como rehenes, mientras la especulación en mercados financieros suma el equivalente a tres veces el PIB mundial, aunque menos del 3% de esas transacciones sirven a la economía real, comercio o inversión productiva.

Hoy, el objetivo prioritario del sector financiero es la máxima y libérrima movilidad internacional del capital para invertirlo en las operaciones especulativas más rentables del planeta. Esa capacidad del capital da un poder enorme a los mercados financieros y grandes inversores. Como resultado, mercados, bancos, empresas de seguros, fondos especulativos y multinacionales están cada vez más lejos de cualquier control político, lo que les da aún más poder. Como se jactaba Rolf Breuer, antiguo director del Deutsche Bank, “los inversores ya no necesitan dar satisfacción a los gobiernos, son los gobiernos los que han de satisfacer a los inversores”. Hoy, la globalización neoliberal y los mercados financieros son esencialmente antidemocráticos y ya son los peores enemigos de la economía real productiva de las empresas y de la ciudadanía. Urge reaccionar.

En el futuro podemos imaginar dos escenarios. Uno continuista, negro, que nos lleve a una crisis aún más mortífera y de consecuencias catastróficas. O un escenario largamente buscado por ATTAC, una utopía realista de profundas reformas para frenar las finanzas y responder a las urgentes crisis ecológica, calentamiento global y angustia social en todo el mundo. 

¿Y ahora qué? Finanzas al servicio del interés general

Veamos:

La reforma de las finanzas, sistema nervioso de la economía, impregna toda la sociedad, inseparable de un enfoque radicalmente diferente: las finanzas que queremos deben servir a las necesidades humanas. Para ello, ampliamos nuestro enfoque más allá de las finanzas. La regulación financiera es un remedio necesario, pero insuficiente: hay que abordar las raíces del mal. Por tanto, deben emprenderse cambios reales para otro paradigma, donde la financiación no sea fin en sí mismo, sino medio al servicio de la justicia social, estabilidad económica y desarrollo sostenible. Promover la transición ecológica y social es hoy el principal objetivo e implica transformar los modos de producción, empleo, consumo y una nueva distribución de la riqueza.

Y, frente al pesimismo reinante, la ciudadanía ya no puede siquiera imaginar que hay alternativas. Pero tener una visión de futuro, incluso utópica, es motor poderoso para cambiar el mundo. Nuestra utopía es realista porque, sin transformación radical en las relaciones humanas, y humanas con el planeta, es inevitable la catástrofe para generaciones futuras.

En definitiva, buscamos que el sector financiero esté al servicio de las personas y de una sociedad sostenible, y no abandonado al mercado. Con este libro exploramos objetivos a distintos niveles y proponemos instrumentos necesarios para lograrlos. Por tanto, algunas de las medidas que el libro contempla son:

- El cierre definitivo del casino financiero. Partiendo del necesario abandono por los mercados financieros de la estrategia a corto plazo para que la ciudadanía ya no tenga que pagar nuevas crisis (rescates bancarios) ni sufrir sus consecuencias (austeridad, especulación inmobiliaria, aumento de precios, bajos salarios...) habrá que regular e incluso prohibir los instrumentos de la especulación financiera internacional como productos tóxicos; reformar completamente los métodos de gestión de inversores y especuladores; reducir el peso de los inversores institucionales y, en su caso, reintroducir y reforzar controles sobre los flujos de capital en períodos especulativos y de crisis.

- Propiciar una salida a la trampa de la deuda en la que están atrapados muchos ciudadanos, empresas y países mediante restructuraciones y límites para el reembolso de los hogares.

- Una estricta supervisión de los bancos que permitan desmontar su exorbitante poder, de modo que sean gestionados por el interés general y no de accionistas y gestores. Asimismo, para casos en los que los bancos minoristas fallen y requieran salvaguardia, establecer un fondo especial de crisis en todos los países, alimentado por una fiscalidad excepcional a las empresas financieras.

- Poner fin a la impunidad de evasores fiscales con la generalización del intercambio automático de datos bancarios y fiscales, más la supresión definitiva del secreto bancario para que los Estados puedan conocer e incautar los fondos ocultos en paraísos fiscales.

- Buscar la recuperación de la soberanía de los Estados frente al poder del mercado con un sistema de impuestos sobre la renta altamente progresivo y restablecer un circuito de financiación pública revocando la prohibición de que los Estados pidan préstamos a sus bancos centrales.

- Reconstruir la Unión Europea con un Banco Central Europeo (BCE) al servicio del interés general (y ya no de los mercados), lo que exige con carácter prioritario someter a control democrático el BCE, responsable de la política monetaria y de la supervisión bancaria así como buscar una integración flexible y diferenciada en la Unión Europea.

- Establecer mecanismos para el fin de la colusión de poderes políticos y financieros. En esa línea, las acciones de los grupos de presión financieros deben estar estrictamente controladas, prohibiéndose las reuniones entre sus emisarios y Administraciones internacionales, europeas o nacionales. Además, es necesario abordar la colusión y el constante ir y venir entre las finanzas y los poderes políticos y administrativos, nacionales o europeos (puertas giratorias). Las agencias de calificación estarán sujetas a un procedimiento de acreditación y obligada transparencia, así como a la publicación de sus cálculos económicos y no sólo deben tener en cuenta riesgos financieros sino también sociales y medioambientales. Estarán supervisadas por reguladores prudenciales con financiación pública. Establecer reglas y normas contables es responsabilidad de los gobiernos y no de organismos privados, lo que permite poner en tela de juicio normas NIIF, como “valor de mercado”, que socavan la estabilidad financiera. 

- En un mundo globalizado son precisas fórmulas que fortalezcan la cooperación internacional que permita romper los pilares del neoliberalismo, en particular la movilidad global del capital, que ha producido profundos cambios sistémicos. También es necesario reforzar la cooperación internacional entre las autoridades supervisoras y reguladoras, sobre todo en la Unión Europea.

- Articular un nuevo tratado que sustituya el acuerdo de Bretton Woods. La reforma financiera es inseparable de la reforma monetaria internacional. Para lograr un nuevo orden monetario internacional estable y equitativo, es necesario ajustar las balanzas de pagos y crear liquidez monetaria según las necesidades de la economía y del comercio mundial. Esos dos objetivos se establecen con un nuevo tratado internacional que sustituya los acuerdos de Bretton Woods.

Así que soñemos un poco... Lo anterior supondrá que las advertencias y demandas del movimiento social y ciudadano han sido finalmente escuchadas por las autoridades nacionales y europeas, lo que finalmente ha significado la aplicación de reformas radicales para regular el sistema financiero. Sus decisiones se inspiran en el interés público, la voz de la ciudadanía. Además, los problemas del medio ambiente y acabar con las desigualdades se convierten prioridad.

*Este artículo es un extracto del libro 10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas, editado conjuntamente por varias organizaciones de ATTAC en Europa. ATTAC contribuye así a la acción política de la ciudadanía para resolver sus necesidades personales y colectivas y asegurar la sostenibilidad del espacio común donde vivimos. 

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

• Si se crea la Unión de Mercados de Capitales y, al mismo tiempo, no se impide la firma del tratado de libre comercio e inversión entre EEUU y la UE (TTIP), Europa retrocederá a una Edad Media política

La Comisión Europea propone una Unión de los Mercados de Capitales (UMC) en los 28 Estados miembros. Para financiar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) europeas, así como infraestructuras y que unas y otras no dependan financieramente solo de los bancos. Dicen. El objetivo principal de la Comisión Europea, expuesto en un Libro Verde, es eliminar todas las barreras y obstáculos que dificultan la financiación de la inversión entre los países miembros de la Unión. Hay dos modos básicos de financiación: recurrir a la banca para conseguir un préstamo de capital o a los mercados de capitales: fondos de inversión, fondos de pensiones, mercados de divisas, mercados de acciones y bonos, de obligaciones, aseguradoras... Según el Libro Verde, las empresas europeas se financian poco en los mercados de capitales; se trata de enmendar esa situación y que la Unión de los Mercados de Capitales en Europa canalice un gran volumen de fondos para la inversión.

Para desarrollar tal proyecto, la Comisión Europea inició el pasado febrero una consulta –que finaliza el 13 de mayo de 2015– cuyos resultados serán la base para elaborar un plan de acción que permita liberar la financiación no bancaria. Para ello la Comisión ha consultado al Parlamento Europeo y al Consejo, a estados miembros, Parlamentos nacionales, empresas, académicos e integrantes del sector financiero y los ha invitado a responder una encuesta, que expone en el Libro Verde, y a presentar propuestas antes de ese 13 de mayo. Cabe resaltar que la Comisión no consulta si se ha de crear la UMC o no ni cuándo sino cómo. Con lo que la consulta deviene un cuestionario técnico y sobre “cuestiones complementarias” y “medidas adicionales”. Lo esencial  está sentenciado: la Comisión ha decidido ya que habrá una UMC en Europa.

Tras la consulta, la Comisión elaborará este verano un plan de acción, una hoja de ruta y un calendario de este junio a 2019 para hacer realidad esa Unión de los Mercados de Capitales. Los objetivos de la Comisión en esta operación dicen que son facilitar la financiación de todas las empresas y proyectos de infraestructura en Europa, crear un mercado único de capitales (con la eliminación de obstáculos) y diversificar la financiación de la economía.

¿Crear una UMC no supone la total financiarización de la economía europea? O, dicho de otro modo, ¿no es el predominio de la especulación financiera propia de los mercados por encima de la economía real productiva? Conviene recordar que la crisis, que aún no ha acabado y ha aumentado la desigualdad y la pobreza a niveles intolerables, fue provocada por la especulación financiera, no por la economía productiva. Más en concreto, la crisis empezó con una titulización masiva y muy extendida de activos que se dio en llamar 'tóxicos' porque contenían préstamos hipotecarios incobrables, ocultos en títulos tras otras deudas y bonos. El resultado ha sido la mayor crisis financiera y económica de la historia del capitalismo. Y por eso desata todas las alarmas que la Comisión Europea se proponga con esa UMC “fomentar la titulización de alta calidad”. ¿Qué otras burbujas podrían estallar?

¿Qué significa que la Comisión se proponga “detectar los obstáculos para construir un mercado único de capitales y suprimirlos uno a uno”como reitera el Libro verde? Por contra, en ese Libro no se concreta propósito alguno de regulación financiera que impida riesgos y excesos que causen otra crisis. Y cabe temer lo peor al leer en el Libro Verde que “la libre circulación de capitales es uno de los principios fundamentales sobre los que se ha construido la UE” y, pero aún, que “la libre de circulación de capitales es una de las libertades fundamentales de la Unión Europea”. Afirmaciones muy esclarecedoras de las intenciones de la Comisión.

En el Libro Verde dice la Comisión Europea que hay que “garantizar que los obstáculos a la circulación de capitales sean detectados y eliminados”. ¿Que obstáculos? ¿“Las características de los sistemas de pensiones”? ¿Las llamadas “trabas administrativas”? ¿“Las características de los regímenes fiscales”? Con un MUC y su normativa de obligado cumplimiento para garantizar la libérrima circulación de capitales, cabe temer – y así nos lo de muestra la obligatoriedad de los tratados de Maastrich y de Lisboa- que los Parlamentos elegidos por la ciudadanía y los gobiernos surgidos de los mismos tengan cada vez menor margen de actuación política.

Una conclusión lógica de las propuestas de la Comisión en el Libro Verde, es que la insistente reclamación de suprimir obstáculos se traduzca en la supresión de cualquier norma que intente controlar o fiscalizar los movimientos de capital y la especulación con productos financieros para evitar males mayores.

Si se crea la Unión de Mercados de Capitales y, al mismo tiempo, no se impide la firma del tratado de libre comercio e inversión entre EEUU y la UE (TTIP), Europa retrocederá a una Edad Media política. Porque las soberanías nacional y ciudadana se irán por el desagüe,y ciudadanía y Parlamentos no pintarán nada. Los mercados financieros decidirán más que nunca y la democracia se convertirá cuanto más en un ritual o un decorado. Y unos pocos decidirán las cuestiones fundamentales que a todos atañen.

Urge formar un frente europeo de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos para impedir el plan perverso de crear una Unión de Mercados de Capitales en Europa. ¿No estamos a favor del ritmo económico de los tiempos? Por supuesto que no, porque estamos por los derechos de la ciudadanía, de la gente común, no por los beneficios e intereses de una minoría y sus cómplices.

Ha finalizado la campaña anual de la declaración del IRPF. Y se ha conocido la reforma fiscal del Partido Popular. Como se temía, esa reforma perpetrada por el Gobierno ha sido en beneficio de quienes más ingresan y tienen. Y en perjuicio de la mayoría de la ciudadanía, entre otras razones, porque el nuevo IRPF recaudará menos por el ahorro descarado de quienes más ingresan y poseen.

El sindicato de técnicos de hacienda (GESTHA) lo ha denunciado. Es una reforma fiscal regresiva, porque se reducen de siete a cinco los tramos del IRPF y porque los beneficiados por la reforma son apenas unos 73.000 contribuyentes: quienes ganan más de 150.000 euros anuales. Incumple, por tanto, el claro mandato constitucional de progresividad de los impuestos, como ordena el artículo 35 de la Constitución española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Además, en el país europeo con más paro juvenil, el Gobierno del Partido Popular elimina la deducción por alquiler de vivienda del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Deducción que afecta sobre todo a los jóvenes que quieren y necesitan emanciparse. Y además establece que se pague impuesto por las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 euros por año trabajado. Ese gravamen afecta a los despidos después del 8 de julio de 2012 en los que el empresario reconoce que es improcedente. Y desde tal fecha ha habido miles y miles de despedidos; muchos trabajadores y trabajadoras han perdido su empleo. Y pagarán un impuesto que reducirá la indemnización cobrada.

La reforma fiscal del partido Popular es un cúmulo de injusticia que promueve la desigualdad. El sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA ha denunciado que “las clases medias serán las que paguen la rebaja fiscal a las grandes fortunas”. Pues esa es la nota sobresaliente de esta reforma: que los ricos paguen menos.

GESTHA calcula, por ejemplo, que las rentas anuales de 90.000 euros ahorrarán 2.200 euros en el impuesto de la renta. Cuanto se ha favorecido año tras año a quienes más ingresan y más atesoran lo demuestra que el tipo impositivo máximo era el 60% en los años ochenta y antes había llegado a ser superior al 70%. Por contra, el tipo máximo del IRPF actual es del 52% y, con esta reforma fiscal, en dos años se rebajará al 45%. Un considerable ahorro para quienes ganen 100.000 euros anuales o más.

Pero los más de once millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no tienen beneficio que merezca tal nombre con esta reforma fiscal. Por cierto, en España el umbral de pobreza de un hogar con dos personas es de 11.300 euros anuales, lo que significa millones de pobres. Pero la reforma fiscal del Gobierno no los ha tenido en cuenta, no los beneficia en absoluto. Y GHESTA ha denunciado que los casi nueve millones de trabajadores y trabajadoras que cobran de 12.450 a 33.000 euros anuales serán quienes paguen la rebaja fiscal de las grandes fortunas, pues sus tipos impositivos aumentan de un cuarto de punto a un punto.

Por otra parte, se rebaja el impuesto de sociedades del 30% actual al 25%, porque eliminan parte de las deducciones de ese impuesto. Sin embargo mantienen las más cuantiosas: por reinvertir beneficios, por invertir en I+D+i, por gastos financieros...

Más o menos todo seguirá igual y, además, la realidad fiscal es que 28 empresas del Ibex 35 tuvieron en 2013 beneficios brutos conjuntos de 13.100 millones de euros. Pero sólo pagaron 800 millones de impuestos entre todas. Solo un 6% sobre los beneficios, muy lejos del teórico 30% (o del 25% actual) del Impuesto de Sociedades.

En este sistema fiscal, el impuesto de sociedades es un espejismo antes y después de la reforma del Partido Popular, porque las grandes empresas pagan muy poco. Mucho menos que las medianas y pequeñas y menos que las familias. Según datos de la Agencia Tributaria, las familias aportaron un 91,52% de la recaudación de 2011 (último año del que hay datos desagregados), mientras las grandes empresas sólo contribuyeron con un 1,98% a la recaudación total del Estado.

Además, esas grandes empresas recurren a la ingeniería financiera y la llamada contabilidad imaginativa y aprovechan los resquicios fiscales que les brindan los complacientes gobiernos. Más la evasión y elusión fiscales. Eludir es evitar una obligación con astucia, en el límite de la legalidad. Para perpetrar todo ello, 33 de las 35 empresas del Ibex tienen delegaciones, filiales o empresas pantalla en paraísos fiscales; esos depósitos oscuros de billones de euros y dólares ocultos a las Haciendas y al mundo. Desde 2010, las empresas del Ibex han aumentado su presencia en paraísos fiscales un 8%, según informe de Responsabilidad Social Corporativa. Y esas empresas eluden impuestos a placer al trasladar los domicilios fiscales a países de manga ancha normativa y blanda exigencia fiscal, como Irlanda, Luxemburgo...

Al analizar la reforma fiscal no hay que olvidar que las grandes fortunas tributan el 1% por sus enormes depósitos en las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las Sicav, y que nada se ha hecho para corregir tamaña injusticia fiscal. También las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) tienen un régimen fiscal especial, que las beneficia y pagan menos impuestos, tributando solo 19% de Impuesto de Sociedades entre otras ventajas...

Y, además, el nuevo IRPF mantiene la injusta dualidad actual entre las rentas del trabajo y las del ahorro y reduce aún más los impuestos por beneficios del capital, lo que también favorece a quienes tienen mayores ingresos. Los beneficios de capital en depósitos pagan según tres tramos: 21% de las ganancias hasta 6.000 euros, 24% de 6.001 a 24.000 euros y 27% a partir de más de 24.000 euros de beneficio. Unos tipos impositivos muy alejados de los que gravan los ingresos por el trabajo, aun no siendo progresivos que no lo son.

Si a lo expuesto añadimos que, según denuncia GESTHA, hay 50.000 millones de euros que la Agencia Tributaria no ha recaudado aún por pura ineficacia en la lucha de Hacienda contra el fraude fiscal y por la falta de técnicos e inspectores suficientes, cabe concluir que una fiscalidad justa y suficiente no es un objetivo prioritario de este Gobierno. Probablemente, todo lo contrario.

Beneficiando a los ricos, en dos años se recaudarán 7.600 millones de euros menos. ¿Quién pagará ese déficit fiscal? La mayoría ciudadana, pues el Gobierno ya ha dicho que recortará 4.200 millones de euros en 2015 y ya sabemos por experiencia a quien afectan los recortes

Es esclarecedor que esta reforma entre en vigor en 2015, que es año electoral. Elecciones municipales y autonómicas en primavera y generales a finales de otoño. ¿Cómo considerar una medida electoralista una reforma fiscal que favorece a los ricos? Porque es un señuelo. ¿Recuerdan cómo funciona un señuelo? El cazador hace sonar algún tipo de instrumento que emite un sonido como el propio de determinada ave, por ejemplo. Un ejemplar de esa especie acude al reclamo, convencido de que se encontrará con un compañero. Pero no es así: solo hay un cazador tramposo y el ave paga caro su error.

De igual modo, el Gobierno ha ocultado la letra pequeña de la reforma fiscal y ha actuado de modo que unos pocos millones de contribuyentes, que son gente común, recuperen unos escasos cientos de euros. Por ejemplo, según GESTHA, quienes ganan 20.000 euros anuales ahorrarán unos ciento cincuenta euros. Es difícil aceptar que tan reducido ahorro relance el consumo y, por tanto, contribuya a reanudar la actividad económica. Pero a la élite económica, a las grandes fortunas, a la banca y a las grandes empresas sí les sale barato lo urdido en la reforma fiscal.

La exigencia de un sistema de impuestos progresivos nació con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el marco de la Revolución Francesa. Y en esa declaración se estableció como necesaria la contribución de la ciudadanía para sostener la fuerza pública y afrontar los gastos de administración y gobierno; contribución que debe ser distribuida equitativamente según su capacidad entre los integrantes de esa ciudadanía. En realidad, la fiscalidad, el sistema de impuestos, es la base de la democracia que inició en Europa la Revolución Francesa: repartir equitativamente los gastos públicos con control de la gestión de los recursos recaudados.

Con todo lo expuesto, la reforma fiscal del Partido Popular ha de ser calificada de regresiva, injusta e insuficiente. Y la ciudadanía necesita todo lo contrario: una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Una fiscalidad según justicia y razón. Que tenga en cuenta los ingresos y riqueza de cada cual. Y que sea suficiente, es decir, invirtiendo la imposición actual de gastar según lo recaudado, sustituida por el principio republicano de recaudar para atender las necesidades de la ciudadanía y la satisfacción de sus derechos.

En la historia ha habido revueltas populares y revoluciones contra impuestos injustos y abusivos forzados por la aristocracia, la monarquía u otro poder. Así fue en la guerra de independencia de Estados Unidos, que se inició al crear el Imperio británico nuevos impuestos y aumentar algunos existentes. Hoy, en España y en Europa, la lucha por una fiscalidad justa, progresiva y suficiente es la lucha misma por una democracia de verdad, por una auténtica soberanía ciudadana.