Cuando uno cree que el Gobierno del PP ya ha pisado todos lo avisperos posibles resulta que no, que todavía le quedaba zascandilear sobre los militares. Y lo que quizás es peor, por la puerta de atrás; mediante una enmienda al proyecto de ley de racionalización del sector público -que está siendo tramitada en las Cortes Generales- con la que se pretende crear una nueva disposición adicional en otra ley, el Estatuto Básico del Empleado Público. Los procesos legislativos hace ya tiempo que son muy opacos y, donde menos te los esperas, te legislan sobre lo más inaudito. Uno llega a pensar que se pretende que no se sepa. ¡Qué mal huelen estas cosas!

El caso es que, lo que a fecha de hoy es una enmienda a un proyecto de ley, determina que los militares de carrera -los que superaron unas pruebas selectivas e ingresaron en una academia militar- con al menos veinte años de servicio puedan optar a puestos de trabajo en otras administraciones, sin perder su condición militar. Se mire como se mire, militares, que no dejan de serlo, trabajando en otras administraciones. Algo que levanta las alarmas en cualquier democracia que se precie y que está en el ‘abc’ de medidas que ha de acometer cualquier país en los albores de su transición democrática: vaciar las diferentes administraciones de militares.

Esta medida pretende, supongo, cubrir dos problemas graves en las Fuerzas Armadas. Por un lado, la propia estructura piramidal de las Fuerzas Armadas y las sucesivas reducciones de efectivos -de cerca de 400.000 unidades en los ochenta estamos ahora en unos 100.000- dejan a muchos profesionales sin futuro laboral en la milicia y el cambio de aires puede resultar una salvación. Por otro lado, las familias de militares ya no siguen el arquetipo de varón casado con una mujer sin ocupación laboral que sigue a su marido por todo el territorio nacional conforme éste va cambiando de destino. Hoy las parejas de los militares de carrera ya no desarrollan ese abnegado trasiego geográfico, además trabajan –bueno igual con la crisis y la reforma laboral ese dato se ha resentido- y tampoco sus hijos, alcanzada determinada edad, están muy por la labor de moverse. Por ello, cambiar de administración para quedarse con la familia empieza a ser una opción vital.

Sin embargo, desde los trabajos de Huntington o de Janowitz se tiene claro que los militares, habida cuenta de que son el instrumento armado a través del cual el Estado desarrolla su monopolio de la violencia ad extram, no pueden, bajo ningún concepto ni razón, atesorar el más mínima resquicio de poder. Duverger sostenía que los militares, aun en democracia, suponen un peligro constante para el poder político y para la sociedad. La exigencia de supremacía civil, de control político de las fuerzas armadas por parte de los poderes públicos, exige que los militares no puedan asentarse en otras administraciones. Lo que está en juego es la democracia; pero no por ser España, diría lo mismo en cualquier otro país. Por lo tanto, no es que la medida me parezca inoportuna –además de haberse intentado colar por la retaguardia- es que me parece una aberración por el innecesario riesgo que supone.

Aun así, creo que hay una excepción a la presencia de militares en misiones de otras administraciones. Las fuerzas armadas, como tales, pueden actuar en ámbitos de otras administraciones si, y sólo si, son circunstancias tasadas por ley, en ausencia de otros medios, por un lapso determinado, en tanto en cuanto se preparan los instrumentos no militares adecuados y con aceptación el Congreso. Es decir, como si se tratara de algo similar a un Estado excepcional. Por ejemplo, vacunando masivamente a la población tras un brote de fiebres tifoideas posterior a unas inundaciones.

Pese a todo hay una solución para la conciliación del militar y su familia o para ofrecer salida a militares sin destino castrense por mor de la incesante reducción del tamaño de los ejércitos. La solución es que puedan optar a puestos en otras administraciones, pero a todos los efectos; es decir, dejando de ser militar de carrera para siempre. La puerta giratoria que propugna la actual enmienda dará más problemas de los que solventará.

Empiezo a pensar que los que gobiernan carecen de talento o de asesoramiento. De lo contrario les habrían advertido, por ejemplo, que cargarse la justicia universal es, por de pronto, dejar en la calle decenas de narcotraficantes o les habrían insistido en que colocar militares en otras administraciones públicas va contra el sentido común, contra la historia y contra más de sesenta años de literatura sobre relaciones civiles-militares y control civil de las fuerzas armadas. No sé qué más avisperos se pueden remover. Igual es el momento de volver a la confesionalidad del Estado, ya puestos.