En contra de lo que todavía mucha gente cree, las tasas de aborto son más elevadas en aquellos países donde las leyes son más restrictivas y punitivas. Las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina, regiones en donde el aborto está severamente restringido en casi todos los países. En cambio, la tasa de aborto es de 12 por mil en Europa Occidental, donde existe un amplio acceso tanto al aborto como a la anticoncepción. Penalizar el aborto no evita su práctica, pero sí provoca un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y de muertes derivadas de procedimientos clandestinos e inseguros. En América Latina, por ejemplo, el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de morbilidad y mortalidad.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por investigadores del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud, publicado en The Lancet. A nivel mundial, el porcentaje de abortos realizados en condiciones de inseguridad sanitaria y jurídica ha aumentado de 44% en 1995 a 49% en 2008 –aunque solo suponen el 6% en el mundo desarrollado–. La OMS estima que las complicaciones derivadas de abortos en condiciones inseguras causan 47.000 muertes anuales y representan un 13% del total de muertes maternas en el mundo.

En el caso de España, un estudio publicado en la European Journal of Public Health, que analizó los registros de abortos de mujeres españolas en Inglaterra y Holanda desde 1974 y en España desde 1986 concluyó que la despenalización del aborto de 1985 no tuvo un efecto observable en la evolución de la tasa de aborto, pero sí en la reducción de desigualdades sociales en el acceso al mismo. La ley de plazos de 2010 sí afectó a la evolución de la tasa de aborto, pero en el sentido contrario al augurado por los sectores más conservadores, ya que ésta experimentó un ligero descenso. En caso de entrar en vigor la nueva ley, el pronóstico es bastante preocupante: el número de abortos no se reducirá (desaparecerán de las estadísticas españolas, pero emergerán en las estadísticas de otros países europeos), aumentarán los riesgos para la salud de las mujeres derivados de procedimientos sin control médico, y aumentará la desigualdad social respecto a la libre elección de la maternidad.

En 2012, último año con datos oficiales, interrumpieron su embarazo en España 12 de cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. Una tasa similar al promedio de Europa Occidental pero muy inferior al de otras regiones del mundo, como América Latina (32 abortos por 1000 mujeres), donde el acceso al aborto está restringido legalmente en la mayoría de países. Al contrario de lo que pronosticaban los sectores opuestos a la actual ley de plazos (vigente desde Julio de 2010), no solo no se ha producido un aumento de las tasas de aborto, sino que éstas han experimentado un ligero descenso en 2012.

Las estadísticas publicadas anualmente por el Ministerio de Sanidad muestran que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se dan en todos los grupos sociales. El perfil de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2012 es heterogéneo con respecto a su nivel educativo (39% tenían educación postobligatoria), su situación laboral (50% tenían empleo), su nacionalidad (62% tenían nacionalidad española), su situación conyugal (49% convivían en pareja) y su biografía reproductiva (55% tenían hijo/s). Sin embargo, a la hora de analizar la incidencia relativa de IVE, es conveniente comparar el perfil socio-demográfico de las mujeres que interrumpieron su embarazo con el del conjunto de mujeres en edad reproductiva, para detectar en qué segmentos sociales la incidencia de IVE es superior a lo que cabría esperar por su peso en la población (según el Censo de 2011). Por ejemplo, aunque casi la mitad de las mujeres que interrumpieron su embarazo convivía en pareja, son las mujeres que viven solas las que presentan una mayor probabilidad de interrumpir su embarazo. Como muestra el gráfico, la incidencia relativa de IVE es más elevada entre las mujeres con menor nivel educativo, las mujeres inmigrantes, las que viven solas y aquellas sin hijos. En caso de aprobarse la nueva ley, este perfil probablemente cambiará, ya que tanto las mujeres que viajen al extranjero como las que recurran al aborto farmacológico sin supervisión médica desaparecerán de las estadísticas.

Lo que más llama la atención en el gráfico es que un tercio de las mujeres que interrumpió su embarazo declaró no utilizar anticonceptivos. Como es bien sabido, la única manera efectiva de disminuir el número de abortos es prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley no incluye ninguna estrategia de salud sexual y reproductiva. Ni siquiera se menciona.