El medio ambiente y los derechos humanos son las causas en las que más esfuerzos centran las empresas en el marco de la denominada responsabilidad social, una práctica que cada vez cobra más peso entre las grandes compañías y que, además de reducir una posible imagen negativa para las marcas, tiene como principal objetivo el de materializar un compromiso de las empresas con la sociedad.

En ese compromiso, las compañías pueden emprender diferentes proyectos o solicitar certificaciones de buenas prácticas que aparecen en sus productos en forma de un sello impreso en el envoltorio que informa de un aspecto en el que su gestión es sostenible. Además de para ilustrar su compromiso medioambiental o con los derechos humanos, la llamada RSC también puede llevar a una empresa de alimentación a colaborar con el Banco de Alimentos o a que un fabricante de coches emprenda iniciativas de seguridad vial.

El director del Instituto de Innovación de Esade, Ignasi Carreras, explica que la responsabilidad social de las empresas no solamente beneficia a la sociedad, sino también a la propia compañía. “Los mayores beneficios de la responsabilidad social son a nivel interno, porque los trabajadores tienen mejor imagen de la compañía y eso aumenta su sentimiento de pertenencia. Esto revierte en mayor productividad”, afirma.

Carreras cita como empresas de referencia en responsabilidad social de la empresa los nombres de Danone (alimentación), Toyota (automoción), DKV (seguros), BBVA, La Caixa (ambas de banca) e Inditex (sector textil).

Algunas compañías deciden dar un paso más allá y solicitan certificados de consumo responsable, como el de comercio justo, el de pesca sostenible o el de respeto a los bosques. El procedimiento para obtener alguna de estas distinciones suele ser parecido. La empresa que lo requiere se pone en contacto con la certificadora correspondiente y se somete a una auditoría por parte de esta para comprobar si cumple los estándares en los que se basa la certificación, que son diferentes para cada sello.

En base a los resultados, la certificadora decide si concede la licencia de uso del sello o no. También puede ocurrir que los certificadores sean independientes a la organización que otorga el sello, como en el caso de Marine Stewardship Council. Lo común es que estas auditorías se revisen con el paso de los años para que la empresa pueda mantener el sello. No tienen carácter oficial, porque en su mayoría son creados por organizaciones privadas, pero algunos gozan de mucha aceptación social.

Certificación Fairtrade

Certificación Fairtrade

La certificación Fairtrade tiene por objetivo garantizar que los bienes que lo llevan han sido producidos en condiciones de comercio justo. Es decir, que los productores han recibido una remuneración adecuada por la producción, que las prácticas agrícolas son respetuosas con el medio ambiente y que se respetan los derechos de los trabajadores que han participado en el proceso, evitando el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

En el caso de esta certificación, tanto productores como fabricantes deben estar registrados en el sistema, lo que conlleva un coste económico. Además, la empresa dueña de la marca deberá hacerse cargo del coste de la licencia de uso del certificado, ya sea la productora u otra. Este precio se establece dependiendo del producto que se venda. Según Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica, Chocolates Isabel es una empresa de referencia en comercio justo, ya que, además de cumplir los requisitos y tener el sello, está ligada a iniciativas sociales, como el reciclaje de packaging o la lucha contra la violencia de género. Otras empresas más grandes pertenecen también a la red de comercio justo, como Starbucks y Ben&Jerry's, además de la ONG Intermón Oxfam.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

El sello de la rana verde indica que el producto que lo lleva ha sido fabricado de manera sostenible, poniendo el acento en el respeto a la ecología y al medio ambiente. Algunos de los criterios que tiene en cuenta esta organización a la hora de otorgar la certificación son el respeto a los derechos de los trabajadores y productores de materias primas, el mantenimiento de los bosques y el impacto ambiental, aunque algunos estándares dependen de la región en la que trabaje la empresa. Ana Lucía Corrales, gerente de certificación de Rainforest Alliance, señala que el precio de colocar el sello de la rana verde depende de la complejidad de la auditoría que se realice, teniendo en cuenta que cada día de trabajo puede costar unos 1.000 dólares. Algunas de las grandes empresas que cuentan con este sello son Lipton, Magnum, Lavazza, Dole, Côte d'Or, Tassimo o Suchard.

Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC)

El objetivo de esta ecoetiqueta es garantizar que las empresas que la han obtenido cumplen con el objetivo de pesca sostenible, es decir, que respetan la salud de la población de los peces, que no provocan un impacto negativo en el ecosistema marino y que realizan una buena gestión de la pesquería. Hay dos tipos de estándares: el de las pesquerías que quieren certificar como sostenible su producción y el de las empresas que manipulan el producto en el mar y quieren asegurar la cadena de custodia de ese producto.

El coste de obtener este certificado no depende directamente del MSC, como explica Cátia Meira, responsable de comunicación de la organización en España y Portugal. “MSC es la entidad que desarrolla y gestiona el estándar, por lo que son los certificadores independientes los que cobran por la evaluación que llevan a cabo. El coste es muy variable, pero normalmente las empresas invierten entre 40.000 y 100.000 euros para el certificado de pesquerías y entre 1.000 y 2.000 euros para el certificado de cadena de custodia”. Esta gran diferencia de precio se debe a que las auditorías son más complejas en el primer caso. Además, cuenta Meira, “si las empresas quieren utilizar la ecoetiqueta deberán pagar al MSC un 0,5% del valor del producto comercializado con dicho sello, solo una vez a lo largo de la cadena”. Grandes empresas como Findus, McDonalds o Angulas Aguinaga llevan el sello del pez azul en sus productos. 

Huella fiscal

Huella fiscal

A la hora de realizar una compra por Internet, para el consumidor es muy difícil saber si la empresa paga sus impuestos en el país al que pertenece la tienda on line. El distintivo de la Huella fiscal, que otorga la fundación Knowcosters, nació con el objetivo de informar del país en el que las empresas de e-commerce pagan sus impuestos (el de Sociedades y el IVA), ya que “los impuestos que pagan las empresas contribuyen al desarrollo económico y social del país donde operan” y “saber a dónde va nuestro dinero es una información que, como consumidores, deberíamos conocer”, según apuntan desde la fundación. La obtención de este certificado es gratuita y puede solicitarse en la página web de la entidad.

Fairtrade tourism

Fairtrade tourism

La certificación que concede esta organización pretende valorar la gestión sostenible de las empresas del sector turístico. Según señala Fairtrade Tourism en su web, el objetivo es asegurar a los viajeros que sus vacaciones benefician a las economías locales, que los negocios se están desarrollando de una manera ética (es decir, que los trabajadores de estas empresas tienen condiciones de trabajo y salarios dignos, entre otros criterios) y que las empresas respetan los derechos humanos, la cultura del país y el medio ambiente.

Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard

Este certificado mide la sostenibilidad de las empresas en materia textil. Es decir, que tiene el objetivo de valorar si las empresas mantienen unas condiciones mínimas, tanto ecológicas como de trabajo digno, en la fabricación de productos textiles. Para obtenerlo, las empresas deben utilizar insumos producidos de manera orgánica, es decir, mediante un sistema agrícola que evita el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos y trata de forma adecuada a los animales.

“Mejor, más rápido y más barato que un taxi”. Así se vende en su página web Uber, una aplicación que pone en contacto a conductores y viajeros para hacer trayectos dentro de la ciudad y que ha desatado las iras de los taxistas. La empresa, que acaba de aterrizar en Madrid, ya ha sido comparada con BlaBlaCar, una aplicación para compartir gastos en viajes largos que tampoco está exenta de polémica.

La llegada de las aplicaciones móviles, junto con la idea de consumo colaborativo ha revolucionado el sector del transporte, algo de lo que varias empresas han sabido sacar partido. La estadounidense Uber propone un modelo muy polémico. Mediante esta aplicación, sus usuarios pueden pedir un coche dónde y cuándo quieran, y Uber les pone en contacto con algún conductor cercano a su ubicación. Al llegar al destino, la aplicación carga automáticamente el importe en la cuenta del conductor, que está asociada a una tarjeta de crédito. El precio no lo establece el conductor, sino que lo calcula la aplicación en base a la distancia recorrida. La compañía se lleva un 20% en concepto de comisión.

Los conductores que trabajan para Uber no tienen contrato, ni licencia de transporte ni seguro. A priori, tampoco pagan impuestos por esa transacción. También ocurre así en BlaBlaCar, pero la intención de ambas aplicaciones es completamente distinta. “BlaBlaCar es una red social, porque su principal objetivo es conectar personas. No son del todo desconocidos porque conocen los datos que hay en la web, sobre experiencia y gustos. Se crea una comunidad de confianza”, afirma Elsa de la Haza, responsable de comunicación en España.

El objetivo de ambas aplicaciones, por tanto, es distinto. Según De la Haza, son tres las principales diferencias entre Uber y BlaBlaCar. En primer lugar, los usuarios de BlaBlaCar no buscan el lucro, sino que comparten gastos. Por otra parte, los usuarios de esta aplicación van a realizar el viaje sí o sí, mientras que en aplicaciones como Uber el conductor hace el viaje ex profeso para realizar un servicio. Por último, los viajes que se concretan a través de BlaBlaCar son de media o larga distancia, mientras que en Uber son desplazamientos urbanos.

También son diferentes en el tema de los impuestos, muy criticado por los profesionales del transporte. En el caso de Uber, los taxistas le achacan que la suya es una forma muy fácil de competir. “Esta aplicación oferta servicios sin un mínimo de obligaciones normativas, fiscales ni de Seguridad Social”, indica Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Explica que los taxistas no pueden bajar sus precios porque tienen que pagar impuestos, mientras que Uber ofrece un servicio similar sin tener que responder a estas obligaciones.

Por su parte, BlaBlaCar defiende que solamente es una plataforma digital, no un sistema de transportes. No ofrece una flota de vehículos ni conductores, como sí hace Uber, aunque no sean profesionales, por lo que no debe pagar sus cuotas de la Seguridad Social ni los conductores deben darse de alta como autónomos.

La regulación en esta materia viene de mano de la Ley de Ordenación del Transporte Terreste (LOTT), una legislación que Uber incumple, según Pedro Mostaza, secretario de la Asociación de Autónomos de Transporte (UNIATRAMC) y responsable del Taxi UGT. “Esta empresa no puede operar porque trabaja con personas no cualificadas y no establece contratos con ellas, ni mercantiles ni laborales. Esto es trabajo colaborativo y no es legal en España”, indica.

“Si les pasa algo, no hay seguro”

Los conductores de Uber pueden vérselas con los tribunales si se cruzan con la policía, como ya pasó en Alemania, donde a uno de ellos se le prohibió seguir trabajando con Uber. Además, según el secretario de UNITRAMC, “esta aplicación no solo perjudica a la actividad de los taxis, sino también a los viajeros y a los conductores, porque si les pasa algo, no hay seguro”.

La clave está en la ambigüedad del término “compartir gastos”, que ni las administraciones saben acotar. El Ministerio de Fomento publicó una nota en la que avisaba de que se multaría con hasta 600 euros a los usuarios de coches compartidos que operen sin licencia. Al día siguiente, aclaró que los viajes compartidos en los que los gastos se comparten no entrarían en esa consideración.

BlaBlaCar ha participado en programas institucionales para fomentar el carpooling, esto es, el modelo de coche compartido que se considera más económico y también más ecológico (es frecuente confundirlo con el carsharing, una modalidad por la que los usuarios alquilan un vehículo por períodos cortos de tiempo, a veces de una hora). Precisamente la semana que ha aterrizado Uber en Madrid, en las marquesinas de la ciudad se podía leer un llamamiento a esta fórmula de colaboración. Sin embargo, el contratar un coche para hacer una ruta determinada no es ecológico ya que no se hubiera hecho en caso contrario.

Los taxistas de varias ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona, mantienen un pulso con las autoridades para prohibir la actividad de Uber. Este verano realizaron manifestaciones y paros en un intento de presión a las administraciones, una medida que, según Mostaza, no es fácil que se repita: “La solución tampoco es estar veinte días parados, porque así acrecentamos el espacio para el pirateo. Como mucho haremos protestas puntuales”. Quien debe actuar, en su opinión, es la Administración: “Queremos que se persiga a esa empresa y se ordene el cierre de la aplicación”. De acuerdo está Sanz, de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que avisa de que, si la Administración no reacciona, “nosotros podríamos competir en igualdad de condiciones y dejar de paga el IVA, el IRPF o la cuota de autónomos y caer en la insumisión”.

Más comisiones, pero misma filosofía

En sus inicios, BlaBlaCar funcionaba como una aplicación que ponía en contacto a viajeros con plazas libres en sus coches con otros que querían viajar barato. Para ello, bastaba con que los viajeros intercambiaran sus móviles en un mensaje directo a través de la plataforma: con una llamada o un whatsapp se podía concretar el viaje. El pago se realizaba como los usuarios estimaran oportuno, aunque generalmente se producía al término del viaje.

Sin embargo, este verano la aplicación cambió su funcionamiento. Ahora, el viajero y el conductor solamente pueden comunicarse por comentarios públicos y en el momento en el que se decide el viaje, se paga el precio, que incluye una comisión de servicio que puede variar entre el 10% y el 15%, dependiendo de la antelación con la que se reserve el viaje. Este porcentaje empezó a cobrarse porque la compañía buscaba “un modelo de negocio que permita dar un servicio de calidad y tener viabilidad como empresa”, explica de la Haza.

Otro de los cambios fue obligar a que los usuarios paguen en el momento de la reserva de la plaza de coche, pero el dinero se retiene y solo se entrega al conductor cuando el viaje se ha realizado sin problemas. “Así se garantiza el compromiso de ambos”, cuenta la responsable de comunicación en España de la empresa.

Este nuevo sistema ha provocado que algunos usuarios dejen de utilizar la aplicación, como Inés Milla, profesora de Educación Especial, cuya experiencia con el servicio BlaBlaCar había sido positiva hasta el cambio. “Me resultaba una forma cómoda de viajar, de puerta a puerta y que se adapta a tu horario. Conoces gente, es barato y en cinco minutos concretas el viaje. Con el nuevo sistema, este proceso se ralentiza notablemente y, además, tienes que pagar lo que ya no es compartir gastos... para eso me compro un billete de autobús y pago a la empresa”, afirma.

Alternativas

Uber y BlaBlaCar no son las únicas aplicaciones para viajar barato. Si se quiere evitar la comisión de la primera, existen otras plataformas que funcionan con su antiguo sistema, como Amovens. Esta aplicación, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses, pone en contacto a conductores con plazas libres en su coche con viajeros en busca de transporte sin cobrar comisiones por el camino. La empresa asegura que entre julio y julio su actividad aumentó un 433%.

La app Uber ha sido censurada en algunas ciudades, como Bruselas y Berlín. Incluso Alemania llegó a prohibir la aplicación en todo el país, pero se retractó después. En cualquier caso, no es el único medio para solicitar un coche mediante una aplicación. MyTaxi o Hailo funcionan como un intermediario entre taxistas y viajeros. A través de la aplicación, los usuarios piden coches y pueden pagar el viaje, como en Uber, pero la diferencia es que solo trabajan con taxistas que tienen licencia.

ACTUALIZACIÓN:

La agencia de comunicación que lleva la cuenta de Uber en España nos hace llegar esta aclaración:

“Todos los conductores de uberPOP deben estar asegurados y en posesión de carnet de conducir antes de ser aceptados en la plataforma. Además de su seguro personal también están cubiertos por un seguro adicional de Uber que cubriría la responsabilidad del conductor en el caso de un accidente durante un trayecto de UberPOP”.

El impulso a las instalaciones de autoconsumo y de energías renovables podría suponer la creación de 79.111 empleos directos y 56.668 indirectos, según el plan El autoconsumo energético y la generación distribuida renovable como yacimiento de empleo, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras. La tecnología de biomasa sería la mayor generadora de empleo, seguida de la fotovoltaica, el biogás y la minieólica.

Para lograr el desarrollo de las energías renovables, el plan propone entre otras medidas la reducción del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios que cuenten con instalaciones alternativas, así como incentivos a la inversión, especialmente para las energías minieólica y biogás, que presentan costes más altos.

La “medida estrella” del plan elaborado por ISTAS, según sus autoras, es el balance neto anual, que debería posibilitar el autoconsumo compartido. Esta propuesta prevé que los edificios que generen más energía de la que consumen puedan verter ese exceso en la red eléctrica. Así, el consumidor pagará solamente su consumo, pero se le aplicará una compensación por la energía que su edificio incorpore a la red.

La ejecución de este plan, diseñado para un plazo de diez años, permitiría reducir en 14,41 millones de toneladas las emisiones de CO, derivadas tanto de la producción eléctrica como de la mala gestión de residuos. Así, se generaría un ahorro de 216 millones de euros, según ha afirmado una de las autoras del plan, Begoña María-Tomé Gil. La aplicación del plan favorecería en el año diez la producción de 28.401 gigawatios/hora de electricidad anual, equivalente al consumo energético de 8,14 millones de hogares.

Este plan, según María-Tomé, pretende democratizar la energía y mejorar la participación social en este mercado, dominado ahora por las grandes empresas. “Este modelo”, según ha indicado, “fomentaría la entrada de pequeñas empresas y cooperativas” en el mercado eléctrico.

Según Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, la descarbonización de la economía no solo tendría beneficios medioambientales, sino que permitiría reducir los costes de acceso a la energía. “Las políticas acometidas en los últimos meses han supuesto un duro varapalo a las renovables, que tienen un gran peso en la economía española y gran proyección exterior”, ha señalado.

Numerosas personalidades del mundo empresarial, político y cultural se han acercado a la capilla ardiente de Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, fallecido a primera hora de la tarde del domingo. La más madrugadora ha sido la Infanta Elena, que pocos minutos después de las 10 horas abandonaba la Fundación Ramón Areces, donde se encontraban los restos de Álvarez, en un vehículo conducido por ella misma.

Poco después aparecieron los primeros representantes del empresariado español: César Alierta e Ignacio Sánchez Galán. Alierta, presidente de Telefónica, ha destacado la sencillez de Álvarez: “Yo mismo me lo encontraba por las calles”.

La entrada de coronas de flores a la Fundación ha sido una constante durante toda la mañana del lunes. Mientras tanto, representantes de los principales partidos políticos han desfilado por el número 5 de la calle Vitruvio, sede de la Fundación Ramón Areces, nombre del cofundador de los grandes almacenes. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha indicado que Álvarez ha sido “una referencia continua para todos, un empresario muy importante no solamente en el ámbito comercial, sino en la presencia de España en muchos mercados”. Por su parte, su compañero de Gobierno, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha destacado la gran pérdida para “la familia de El Corte Inglés”, empresa con “un modelo de gestión admirable, admirado e imitado”. “No hay empresas de la dimensión de El Corte Inglés que no sean cotizadas”, ha afirmado. Asimismo, ha señalado la “inmensa pérdida” que supone la muerte de Álvarez “para el mundo de la universidad, de la ciencia y de la investigación en España” y ha reseñado la “incansable labor de estímulo a la investigación y a la excelencia científica” de la Fundación Ramón Areces.

El expresidente de Bankia y exministro de Economía del último Ejecutivo de Aznar, Rodrigo Rato, que también fue uno de los primeros en aparecer por la Fundación, ha resaltado la “gran pérdida” que le ha supuesto el fallecimiento de Álvarez, de quien ha destacado su “gran personalidad”. El también exministro de Aznar Jaime Mayor Oreja ha dicho que el presidente de El Corte Inglés era “un hombre excepcional por su pasión por su trabajo” y de una “trayectoria increíble”. Mayor Oreja ha añadido que Álvarez “parecía siempre en las reuniones el menos importante, cuando era el más importante de los que estábamos alrededor de él en cualquier cena”.

Otras personalidades, como el juez Baltasar Garzón, han mostrado sus condolencias por el presidente de El Corte Inglés. Garzón ha sentido la “pérdida inmensa” de Álvarez, un hombre “totalmente entregado a engrandecer su empresa y tenerlos a todos como una familia”. El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, el actor Arturo Fernández, el torero Enrique Ponce y los artistas Antonio Romero y Rafael Ruiz, “Los del Río”, han querido acercarse también a la capilla ardiente

Elena Salgado, exministra de Economía y Hacienda del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado a Álvarez de “entrañable” y su compañera de Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega ha apuntado que era un hombre “trabajador, discreto, libre y comprometido” como presidente de “una empresa emblemática”.

Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho de Álvarez que era una “persona sencilla, cercana, siempre dispuesta a ayudar a la sociedad” y ha destacado que “siempre apostó por la modernización de la empresa, basándola en el talento, el capital humano y la innovación”. Según Báñez, El Corte Inglés es el “primer empleador privado de España y, por tanto, un referente de todos los empresarios de hoy y de mañana”.

También se ha podido ver a Pablo Isla, consejero delegado de uno de sus inmediatos competidores, Inditex, y Juan Roig presidente de Mercadona, ambas compañías le han dado un vuelvo al modelo de distribución tradicional que puso en marcha El Corte Inglés.

Anoche ya se presentaron numerosas personalidades en el rato que estuvo abierta la capilla ardiente, como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Francisco González, Alberto Ruiz Galardón, Carme Chacón, Javier Fernández (presidente del Principado de Asturisa) o Ana Botella.

Los recursos naturales no son infinitos pero su demanda no para de crecer. Este problema podría corregirse convirtiendo los residuos en recursos, algo que promueve la economía circular, un modelo que tiene como pilar la reutilización y el reciclaje de objetos que parecían condenados a la basura.

El aprovechamiento de los recursos y el reciclaje de los residuos, bases de la economía circular, no son una recomendación, sino una obligación. En concreto, una imposición europea, que prevé en los objetivos Europa 2020 que dentro de seis años los Estados miembros reciclen, al menos, un 50% de sus residuos como transición hacia una economía circular. Según el presidente de la Fundación Economía Circular, Carlos Martínez Orgado, España recicló el año pasado el 38%, por lo que aún queda un largo camino por recorrer.

“El objetivo de la economía circular es que los recursos se conviertan en productos, los productos en residuos y los residuos en recursos”, señala el presidente de la Fundación, que añade que la transición hacia este modelo mejoraría la competitividad de las empresas. Pero este círculo virtuoso no pasa solo por reciclar sino por cambiar los conceptos y la forma en general en la que se realizan los procesos productivos cambiando el chip. Así, insta a perseguir la “funcionalidad”, esto es, privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien. También abogan por las segundas oportunidades de los objetos de consumo, por la reutilización, aunque sea usando ciertas partes de los objetos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos, o la reparación.

El enfoque global es claro: salirse de la economía lineal, en la que se extraen los materiales de la tierra para fabricar los productos, usarlos y luego tirarlos. En la economía circular los productos intermedios o las materias primas ya utilizadas tienen una segunda vida.

El diseño es probablemente uno de los campos donde se puede ver de forma más clara cómo llevar a la práctica la economía circular. Un buen exponente es Lucirmás, una empresa catalana que crea todo tipo de productos utilizando vidrio reciclado. Desde la lámpara Flor, hecha con una botella, hasta percheros, que también toman como base botellas de vidrio, o joyería.

Este pequeño ejemplo sirve como base para ver cómo de un objeto desechado puede nacer otro nuevo y bello. Pero también se puede proyectar a economías de gran escala. Precisamente, desde la Fundación se dedican a realizar estudios e investigaciones sobre la economía circular y todo lo relacionado con ella: la sostenibilidad de las empresas, el reciclaje de residuos, el aprovechamiento de recursos o la búsqueda de materias primas secundarias.

Según las conclusiones de uno de esos estudios, que verá la luz en octubre, España alcanzaría dentro de seis años el 53% de reciclaje de residuos. Cumpliría así el compromiso de 2020 y daría un paso más hacia el objetivo establecido para diez años después, que obligará a los Estados miembro a reciclar el 70% de los residuos. Cada país está implementando este modelo a un ritmo distinto y España, según cuenta Martínez, se encuentra “muy lejos de la cabeza y un poco lejos del final” de la lista.

La economía circular, además de tener beneficios medioambientales, fomenta la creación de empleo y la disminución de la dependencia exterior al reducir la necesidad de comprar materias primas a otros países, según señala Martínez. En el informe de propuestas en materia de economía circular Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe (Hacia una economía circular: un programa de eliminación de residuos para Europa), hecha pública por la Comisión Europea el 2 de julio, cumplir los objetivos de aprovechamiento de los recursos en 2030 podría aumentar un 1% el PIB y crear unos dos millones de empleos más. También se dice que un mejor uso de los recursos podría significar un ahorro potencial de 630.000 millones de euros para la industria europea. “Pasarse a modelos de economía circular promete un futuro más brillante para la economía europea”, se señala.

En el mismo documento se establece que, aunque “Europa ha hecho un progreso sustancial en convertir los residuos en un recurso y promover formas sostenibles de la gestión de basuras, como el reciclaje”, adoptar un modelo de economía circular no es un trabajo sencillo, sino que implica un cambio estructural. Ha de producirse un avance no solo en las tecnologías, sino también en la organización de las empresas. Coincide en esta apreciación el presidente de la Fundación Economía Circular, quien señala que la transición a un modelo económico circular “no se consigue de la noche a la mañana”, sino que “es un proceso de mejora continua”.

[if gte mso 9]><![endif]

[if gte mso 9]><![endif] [if gte mso 9]><![endif] [if gte mso 10]><![endif]

Hay dos ciudades Santander que amanecen hoy sombrías. Una está arropada por una de las mejores bahías de España. La otra, a cientos de kilómetros del mar, en Boadilla del Monte (Madrid) es la ciudad de los olivos. Un árbol que con mucha dificultad podría haber sobrevivido a los aires cántabros. Ambas lloran la muerte de Emilio Botín, su alma mater y clave para entender su historia.

Botín falleció el 10 de septiembre repentinamente habiendo pactado una sucesión ordenada. El banquero no tenía intención de retirarse pero le sobraba prudencia para haber forjado desde hacía años la carrera a su propia sucesión. Su primogénita sería su heredera. La meritocracia en las cotizadas españolas sigue anclada en este tipo de tradiciones que a los británicos, uno de los mercados más importantes para Santander, siguen sin entender.

Los que conocían a don Emilio, y conocen algo, aunque menos a Ana Patricia, aseguran que la sucesión será totalmente continuista. No se hereda solo el apellido, ni siquiera se hereda un banco. La nueva presidenta de la mayor entidad financiera del euro comparte una forma de pensar y de actuar muy similar a su padre. Su precipitado nombramiento de urgencia garantiza a los inversores que los negocios siguen como siempre.

De ser así, a Ana Patricia le corresponde ahora estar al lado del poder. Esta era una de las principales y más singulares características de su padre. “Fue el último en defender a Zapatero y el primero en halagar a Rajoy”, resume Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y amigo del banquero. “Fue una persona que estuvo con el poder, como estuvo su padre, uno de los pocos banqueros que apoyó a Felipe González”, recuerda el político cántabro.

Botín sería “de derechas porque era banquero”, dice su paisano pero su apoyo al Gobierno de cualquier color era incondicional. Su preferencia por el rojo se circunscribía a los colores corporativos. Y en parte, en buena parte, al que se ostenta en las dos franjas de la bandera de España.

Aunque Botín prácticamente no se ha dejado ver con Rajoy (o viceversa), el banquero ha acudido presto a las llamadas de auxilio que se han hecho desde Moncloa. La primera, invertir, a fondo perdido, cien millones de euros en la salida a bolsa de Bankia. La pilotaba su amigo, y varias veces consejero, Rodrigo Rato. También acudió de nuevo al rescate del Ejecutivo en su aventura para crear el banco malo. Dos aventuras en las que se negó a participar BBVA y don Emilio dejó claro su compromiso irrenunciable con España.

En esta línea, una de las últimas preocupaciones política de Botín era la independencia de Catalunya. No especialmente proclive a los exabruptos políticos en público, Botín se alineó con las tesis del Tribunal Constitucional y defendió la ilegalidad de la independencia en plena Junta de Accionistas. España no se podía romper para don Emilio.

Fuentes próximas a gobiernos anteriores aseguran que no era Botín uno de esos empresarios que llamaba a La Moncloa para pedir favores como otros del Ibex 35 que sí lo hacen. Llevaba años ocupado en la expansión exterior de la entidad financiera y su preocupación ha sido que la imagen del país le acompañara. Pero cuando tuvo que levantar el teléfono, no le tembló el pulso. El favor más relevante, el último que concedió José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, fue el indulto al consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáenz.

El consejo de ministros que selló aquel perdón del Ejecutivo al banquero corrupto no fue unánime. Dos ministras se levantaron de la mesa y se negaron a firmar el decreto: Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, y Carme Chacón, ministra de Defensa.

Dicen sus allegados que Zapatero se sintió obligado a acceder al indulto por el apoyo que Botín le había mostrado durante los primeros años de la crisis. Un quid pro quo que para muchos resultó en un 'dónde vas' a Zapatero y que pocos progresistas perdonan al expresidente.

El último presidente socialista estaba convencido de que el Partido Popular no le concedería el indulto a Sáenz como castigo al apoyo del cántabro a sus ocho años de Gobierno. Puede que no estuviera muy equivocado. Aunque la relación con el Gobierno conservador ha sido buena, lo cierto es que por la presión pública o por venganza, Rajoy sí dejó caer a Sáenz.

Atrapado por el nuevo código de conducta que Economía reescribió para evitar los desmanes de las cajas, Sáenz tuvo que dimitir y con él, casi por primera vez, se resquebrajó el poder omnímodo del banquero.

Pocas empresas pueden presumir de que su primer y segundo espada han bautizado sendas doctrinas judiciales. Botín creó su propia historia jurídica al lograr zafarse de la Justicia por el caso de las cesiones de crédito. Lo que fue un escándalo financiero mayúsculo se convirtió en una mancha pasada en el currículo del cántabro.

El caso que logró sentar efímeramente a Botín en el banquillo, lo destapó Ruiz Mateos en 1991. El empresario levantó la alfombra del supuesto uso de operaciones opacas a efectos fiscales en varias entidades financieras.

Según trascendió en el curso de la investigación, Santander realizó 45.000 cesiones de crédito entre 1987 y 1991. En ellas captó unos 400.000 millones de pesetas (2.400 millones de euros), y los clientes normalizaron su situación con el fisco en torno a 1996. El juez constató que la cúpula de Santander se organizó para que el fisco no detectara los nombres de estos clientes.

La defensa de Botín alegó que una acusación popular sola, sin el apoyo del Ministerio Público, no podía ser admitida a trámite. Esta opinión fue admitida por el Supremo, y pasó a conocerse como la doctrina Botín. Saénz, por su parte, pidió que no se ejecutara su condena hasta que el Constitucional no fallara su recurso, algo que también se le concedió.

Con esta buena mano con el poder judicial, los Botín han demostrado seducir a los cuatro poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el de los medios de comunicación. El banco cántabro ostenta la propiedad del 5,38% del grupo Prisa. Por no hablar de los créditos concedidos masivamente al grupo y a otros grandes medios.

Ahora le toca el turno a Ana Patricia Botín de exhibir estas capacidades negociadoras. Por lo pronto, Santander se enfrenta de nuevo en la Audiencia Nacional a un caso por venta masiva de un producto poco claro a sus clientes. También tendrá que hacer olvidar a los contribuyentes españoles que la familia Botín ha atesorado durante años parte de su patrimonio en Suiza.

Botín sucede a Botín. Y el banco lo apuesta todo de nuevo al rojo. Pero la banca siempre gana porque fija las reglas del casino.

Ana Patricia Botín se enfrenta a uno de los días más difíciles de su vida, como ella misma ha reconocido al tomar posesión del cargo de presidenta del Banco Santander. No solo debe soportar el dolor del repentino fallecimiento de su padre, sino que es más que posible que sea la jornada más importante de su dilatada carrera como banquera. La primogénita del banquero de España pilotará a partir de ahora al mayor banco del euro. La decisión se ha tomado por unanimidad en el consejo de administración que se ha celebrado la misma tarde de comunicarse la muerte de su padre. La transición ha sido ordenada.

La poderosa saga de banqueros a la que pertenece esta mujer se remonta a su bisabuelo, el primer Emilio Botín que lideró Santander. Llegó al cargo en 1909 y fue sucedido por su hijo, también llamado Emilio, que había fundado el Banco Intercontinental Español, actual Bankinter. Otro de sus hijos también fue primer ejecutivo de la compañía, Marcelino Botín. Por su parte, el tío de Ana Patricia, Jaime Botín, es también un destacado financiero; tras ocupar la vicepresidencia de Santander, se convirtió en presidente de Bankinter.

Ana Patricia ha sido entrenada como sucesora del hombre que durante casi treinta años ha ocupado el sillón de la presidencia de Santander. Nació hace 53 años en la capital de Cantabria y es la primera de los seis hijos del fallecido presidente con Patricia O'Shea. Su formación académica ha estado dirigida desde los inicios a la banca y la internacionalización, las nuevas señas de identidad del negocio familiar. Se licenció en Economía en el Bryn Mawr College de Filadelfia y realizó un posgrado en Maestría en Administración de Negocios en la Harvard Business School.

Al término de sus estudios, comenzó su carrera profesional en JP Morgan, donde trabajó durante siete años, de 1981 a 1988. Tras su paso por el banco de inversión, se incorporó al negocio familiar y es directora general de Santander desde 1992. Tres años antes había sido nombrada consejera del banco por primera vez, cargo que ha renovado en siete juntas generales sucesivas, la última este mismo año. Está casada con Guillermo Morenés Mariátegui, nieto del primer marqués de Borghetto y heredero de este título desde 1994. De profesión, banquero, como la familia política.

La heredera del imperio cántabro se convirtió en 2002 en una de las primeras mujeres en liderar un banco, al ser nombrada presidenta de Banesto, ahora propiedad de Santander. Abandonó el banco madrileño en 2010 para dirigir la filial británica de Santander -la segunda más grande del grupo en servicios financieros- tras la marcha de su entonces presidente, Antonio Horta-Osório. En julio del pasado año se incorporó al Consejo de Administración de Coca-Cola.

Esta misma semana, la heredera de Santander ha sido incluida en la lista de los 50 banqueros más influyentes del mundo publicada por Bloomberg Markets. Esta no es la primera vez que se reconoce su gran influencia en los negocios, ya que en 2005 se colocó en el puesto 99 de la lista de las cien mujeres más poderosas del mundo que elabora la revista Forbes y en 2008, cuando aún lideraba Banesto, llegó al 51. Financial Times la incluyó en 2005 y 2006 en la clasificación anual de las empresarias más destacadas de Europa. Recientemente, una encuesta de la BBC la nombró tercera mujer más poderosa de Reino Unido (solo por detrás de Isabel II y la ministra del Interior británica, Theresa May). Un currículum extenso y plagado de reconocimientos que podría sumar esta tarde la presidencia del banco más potente de Europa.

El ladrillo puede haber encontrado suelo tras una caída en la que parecía no tocar fondo. El Colegio de Registradores ya había avisado la semana pasada lo que este lunes ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE): los precios de la vivienda están creciendo. Se trata de la primera vez en seis años (en concreto, desde el primer trimestre de 2008) en que la tasa anual del Índice de Precios de la Vivienda registra un dato positivo. Aunque no se puede hablar aún de que el mercado inmobiliario se haya recuperado, sí es cierto que esta y otras señales indican que está cerca de tocar suelo.

Los expertos piden cautela a la hora de valorar estos indicadores, pues el mercado inmobiliario es complejo y no se comporta de la misma manera en todas las ciudades. No obstante, Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa.es, apunta que “las cosas están empezando a cambiar en el mercado inmobiliario español”. Aquí algunas de las señales que está emitiendo el sector.

1. Los precios de la vivienda se van recuperando

En concreto, la tasa anual de este índice ha subido en el segundo trimestre un 0,8%. Como causa de este aumento, Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com, señala a “la vuelta al ladrillo de pequeños y medianos inversores que, atraídos por las expectativas de mejora del sector, buscan alternativas a la escasa rentabilidad de la renta fija”. La zona de Levante es la que ha experimentado una mayor subida, especialmente la Comunidad Valenciana, una de las áreas donde más había caído el precio de la vivienda. Por su parte, País Vasco ha sufrido la mayor caída en el precio de la vivienda respecto al año pasado (cuando había resistido mejor el inicio de la crisis).

2. Aumentan las operaciones de compraventa

En junio, los datos sobre compraventas publicados por el INE señalaban que estas operaciones habían crecido un 8,8% respecto al mismo mes del año pasado. Sumaba así cuatro meses al alza, impulsado, según el INE, por el mercado de segunda mano. No obstante, desde Idealista.com señalan que este aumento aún no es suficiente y que hay que ser cautos con la valoración de la mejora del sector inmobiliario: “Aún se vende poco y caro”.

3. El precio de la vivienda nueva sube

El precio de los pisos nuevos ha avanzado más que el de los de segunda mano, según los datos que ha publicado este lunes el INE. En concreto, el precio de la vivienda nueva ha repuntado un 1,9%, mientras que el precio de la vivienda de segunda mano se ha quedado en un crecimiento del 0,2%. Este es un dato muy novedoso en la crisis ya que desde que comenzó la crisis la compra de vivienda nueva se ha ido desacelerando debido a la paralización de la construcción.

4. Crece el número de hipotecas

Después de dos meses de descensos, la firma de hipotecas se reactivó en junio, cuando registró un aumento del 19% respecto al mismo mes del año anterior. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad llegó a 17.137 en junio.

5. Vuelven los inversores extranjeros

Los compradores extranjeros están poco a poco ganando terreno sobre los nacionales. Los datos del segundo trimestre de este año del Colegio de Registradores indican que el 13,03% de los compradores de vivienda son de otras nacionalidades, principalmente británicos, franceses y rusos. Ya adquieren vivienda a ritmos superiores a los de antes de la crisis, cuando este porcentaje no llegaba al 10%.

6. El sector ya crea empleo

Respecto al año pasado, en el segundo trimestre la destrucción de empleo en la construcción se redujo. Además, en junio la tasa intertrimestral logró crecer un 2% respecto a los primeros tres meses del año, lo cual es un signo de esperanza en uno de los sectores que más empleo destruyó con la crisis y el primero positivo desde 2008.

En los últimos años, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas ha crecido considerablemente, pero aún está lejos de alcanzar la paridad. A seis meses de que se cumpla el plazo que la Ley de Igualdad recomendó para equilibrar la presencia de ambos sexos en estos órganos de administración, solamente el 15,9% de sus componentes en las empresas del Ibex 35 son mujeres.

Tampoco lo cumpliría el Gobierno (donde hay cinco mujeres y nueve hombres) y aún más lejos está el Gobierno europeo. Tras muchos esfuerzos, parece que la nueva Comisión tendrá a nueve mujeres comisarias frente a 19 hombres.

La Ley de Igualdad no establece una obligación, sino que recomienda a las grandes compañías alcanzar un equilibrio entre hombres y mujeres en sus consejos de administración en ocho años. El plazo vence en marzo de 2015, aunque la norma, al no obligar a las empresas, no contempla sanciones si estas no cumplen con la cuota. La proporción que indica la ley se entiende como que ni hombres ni mujeres superen el 40% ni el 60% de los consejeros, aunque para Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, el objetivo no es el número, “sino que con una mayor presencia de mujeres en la empresa se hagan políticas a favor de estas”.

A pesar de estas recomendaciones de la ley, los datos confirman que aún estamos lejos del equilibrio. En el momento en que entró en vigor la Ley de Igualdad (marzo de 2007), las mujeres ocupaban el 7,6% de los cargos de consejeros en las empresas del Ibex 35, un total de 36, según el informe Ibex 35. Evolución de sus empresas durante el ejercicio 2013 que CCOO publicó en julio. Desde entonces, la cifra no ha dejado de crecer, pero aún está lejos de acercarse a la mitad. Al cierre del pasado año, solamente el 15,9% de los puestos de consejeros de las empresas del Ibex estaban ocupados por mujeres, lo que equivale a 74 cargos.

Según el mismo informe, en las empresas del principal índice bursátil en España 421 personas ocupan 466 puestos de consejeros. De estos cargos, que incluyen ejecutivos, dominicales, independientes o externos, solamente 74 son ocupados por mujeres (en total, son 67 las mujeres que ostentan algún puesto en los consejos de administración de estas 35 empresas). De los 74 puestos ocupados por consejeras, 53 son independientes, 17 son dominicales, tres son ejecutivas y una es externa.

Aún hay compañías en las que ninguna mujer ocupa un cargo en el consejo de administración. Según el informe de CCOO, en Gas Natural, Sacyr y Técnicas Reunidas todos los consejeros son hombres, algo que contrasta mucho con otras empresas en las que la proporción de consejeras es relativamente alta: Jazztel (donde las mujeres representan el 40% del consejo), Red Eléctrica (36,4%) y Acciona (30,8%).

El debate, así como ocurre en otros ámbitos y otros colectivos, reside en si debe ser el Estado el que establezca las cuotas de presencia de mujeres o deben ser las compañías las que se autorregulen. “Forzar a las empresas no es una solución a largo plazo, la solución a largo plazo pasa por la valía de la mujer y naturalmente va a llegar. El tejido empresarial no puede renunciar al talento de las mujeres”, opina Javier Fontcuberta, profesor de Derecho de Esade.

En todo caso, aunque se establece un plazo de ocho años para equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, la norma no obliga, sino que aconseja, por lo que queda en manos de las compañías llegar a un equilibrio o no. “Lo que veo en la universidad hoy en día, al menos en la facultad de Derecho, es que más del 50% de los asistentes son mujeres. Dado que la formación jurídica es muy requerida en las organizaciones, estas mujeres van a ir llegando a las empresas. Se trata de una cuestión social: la mujer va a ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde por una cuestión meritocrática, con independencia de lo que las normas digan”, añade Fontcuberta.

Al igual que ocurre a la hora de corregir otras disfunciones, es posible que algunas empresas reciban incentivos para cumplir con estas cuotas, aunque no está claro. No obstante, para el profesor Fontcuberta, “el mayor incentivo que tienen las empresas son los beneficios, y estos se obtienen a través del talento. Por tanto, una empresa que renuncia al talento del 50% de la población es una organización miope”.

Asimismo, la Ley de Igualdad contempla la obligación para las grandes empresas de elaborar un plan encaminado a alcanzar “la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo” y promover la igualdad por otros medios. “Saber si estos planes se han aplicado es difícil, aunque no me cabe duda de que las empresas serias sí lo han hecho”, indica Javier Fontcuberta.

El mercado inmobiliario no termina de recuperarse, aunque en los últimos meses ha presentado algunos síntomas de mejora que pueden dar al sector la esperanza de haber tocado fondo. En concreto, en junio las operaciones de compraventa crecieron un 8,8% y las hipotecas experimentaron un repunte del 19% respecto al año pasado. Se trata de los primeros datos optimistas de los últimos años, en los que la grave situación ha modificado la actitud de los españoles frente a la vivienda en lo que parecen nuevas tendencias. 1. Se compra más vivienda de segunda mano que nueva.

La compra de vivienda nueva desde que comenzó la crisis ha experimentado una caída que se va intensificando cada trimestre. Desde 2008 hasta el pasado año, el porcentaje que representa la compra de vivienda nueva ha caído seis puntos, que se han sumado a la adquisición de pisos de segunda mano, según datos del Colegio de Registradores.

Esto se debe principalmente a que la vivienda nueva que se está vendiendo es el stock acumulado durante los años del boom inmobiliario y que quedó en manos de entidades financieras. La construcción aún se encuentra de capa caída, por lo que no se están reponiendo los inmuebles que se están adquiriendo, una situación que no parece que vaya a cambiar a corto plazo, indica el Colegio de Registradores.

Al cierre de 2012, este stock de vivienda nueva llegó a las 582.911 unidades, un nivel similar al que había antes de la crisis, según el análisis del mercado residencial en España realizado por el área de Real Estate de Deloitte. Las provincias con mayor número de pisos en stock son Barcelona (47.466 viviendas), Alicante (47.022) y Madrid (42.821).

2- Los compradores extranjeros van ganando terreno sobre los nacionales.

La compra de vivienda por parte de los extranjeros se ha acelerado hasta niveles superiores a 2008. Antes de la crisis, en 2007, el 8,29% de las viviendas eran adquiridas por extranjeros, principalmente británicos y ecuatorianos. Esta cifra alcanzó su mínimo en 2009 (4,24%), momento en el que empezó a crecer hasta la actualidad.

Los últimos datos conocidos, que corresponden al segundo trimestre de este año, indican que el 13,03% de las viviendas están siendo compradas por extranjeros. De la compra total de viviendas por parte de los extranjeros en el segundo trimestre de este año, la mayor parte (el 15,77% de las que compran foráneos) corresponde a los británicos, que, aunque presentan una tendencia a la baja, en los últimos meses se han mantenido en el primer puesto. Les siguen franceses y rusos, que en los últimos años han multiplicado sus adquisiciones en España.

3- Se tiende más al alquiler, pero no solo por el dinero.

Desde que comenzó la crisis, el alquiler ha pasado a ser la primera opción para muchos españoles. En parte es debido a una cuestión económica, ya que cada vez más renuncian a la compra de una vivienda por necesidad, indica Beatriz Toribio, responsable de estudios y portavoz de Fotocasa. No obstante, también ha favorecido el alquiler el cambio de mentalidad de los españoles debido a la crisis. “Ahora la percepción del alquiler es más positiva”, añade.

Según el estudio Los españoles y su relación con la vivienda, de Fotocasa, en 2013 cuatro de cada diez españoles consideraba que vivir de alquiler era tirar el dinero. En los jóvenes, la percepción del alquiler es más positiva que en los mayores y muestran una tendencia menor a ser propietario.

También considera relevante este cambio de mentalidad Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com. Según señala, en estos momentos no hay problemas de oferta en alquiler de vivienda; mientras que en el año 2000 el porcentaje de casas en alquiler respecto al total de las viviendas habitadas estaba en el 9%, actualmente ronda el 20%. Encinar señala que en las sociedades más desarrolladas este porcentaje se sitúa en el 50%, pero ese incremento en el caso español denota un cambio de mentalidad respecto a la tradición de compra de vivienda.

4- Los nuevos créditos hipotecarios tienen un plazo menor que antes de la crisis.

Desde que comenzó la crisis, se ha reducido en gran medida el plazo de las hipotecas nuevas. Es decir, los contratos nuevos que se firman vencen antes que los que se cerraban antes de la crisis. Mientras que en 2007 un plazo medio de una hipoteca de una vivienda era de 27 años y 9 meses, al cierre de 2013 esa cifra se situó en 22 años y 5 meses.

Según el análisis del mercado residencial de Deloitte, el porcentaje de renta familiar que se dedica al pago de la hipoteca ha alcanzado “un nivel cercano a cotas razonables de equilibrio” al caer hasta situarse el 33%, un descenso debido al ajuste del precio de la vivienda con la crisis. Al cierre de 2013, los españoles tenían que dedicar 4,4 años de salario individual bruto para comprar un piso, una cifra que se encuentra por debajo de la media europea (6,1 años).

Es muy habitual cuando se viaja o en época de rebajas que los comercios pongan pegas a la hora de tratar un producto en garantía que está defectuoso. Sin embargo, el consumidor debe ser que desde que detecta un defecto en un producto o en su funcionamiento, la ley reconoce durante dos años su derecho a garantía, es decir, a que sea reparado o sustituido sin coste. No obstante, son habituales los problemas a la hora de demostrar de quién es la responsabilidad del fallo del bien y los rechazos de los comercios a asumir los costes del cambio. Para evitar confusiones, aquí van unas claves sobre el funcionamiento de las garantías. Esta garantía de dos años es un derecho mínimo que se cubre en todos los países de la UE (aunque usted no sea ciudadano de ese país), pero puede haber adquirido el producto en otro país de la UE donde la defensa de este derecho sea aún mayor.

¿Qué productos tienen garantía?

¿Qué productos tienen garantía?Están incluidos en la garantía legal todos los bienes muebles de consumo privado, ya sean nuevos o de segunda mano (estos últimos siempre que sean comprados a un vendedor profesional). No están incluidos los productos adquiridos mediante venta judicial, los suministros (electricidad, agua corriente y gas) y los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa. En el caso del agua y el gas, sí estarán incluidos cuando estén envasados para la venta. No se aplica la garantía en desperfectos menores como un arañazo en una caja de un CD.

¿Durante cuánto tiempo tengo derecho a la reparación o sustitución del bien?

¿Durante cuánto tiempo tengo derecho a la reparación o sustitución del bien? El vendedor está obligado a que la garantía sea de dos años desde la fecha de entrega del bien (es decir, la que aparece en el ticket, factura o albarán), aunque en bienes de segunda mano el vendedor y el consumidor podrán pactar un plazo menor, pero no inferior a un año. En los seis primeros meses tras la entrega se considera que las faltas de conformidad ya existían cuando el producto se entregó (excepto cuando esta consideración sea incompatible con la naturaleza del producto). A partir de este plazo, por tanto, es responsabilidad del consumidor demostrar que el defecto del producto era de origen, lo que puede conllevar costes para él (puede necesitar pedir un informe técnico o pericial, aunque si el informe le da la razón podrá pedir el reembolso).

¿Qué tengo que hacer para pedir la aplicación de una garantía?

¿Qué tengo que hacer para pedir la aplicación de una garantía?Para pedir la aplicación de la garantía es necesario acudir a la tienda con el ticket o factura y el producto (cuando sea posible) en un plazo de dos meses desde que se tiene conocimiento del fallo (no desde que se compró el producto). Si el producto adquirido no cumple las características anunciadas en el momento de la venta, el consumidor puede exigir su reparación o sustitución. Es posible que el vendedor discrepe con el consumidor sobre si el fallo es de origen o se debe a un mal uso del producto y se niegue a aplicar la garantía. En este caso, el consumidor puede pedir un informe técnico o pericial para probar que tiene razón, aunque deberá asumir el coste (si el informe le da la razón, podrá pedir el reembolso). La reparación o sustitución del bien será gratuita para el consumidor, así como los gastos de envío y costes adicionales de mano de obra y materiales que implique el cambio. La ley no especifica el plazo en el que la operación deberá llevarse a cabo.

Las otras opciones, que son la rebaja de precio y la resolución del contrato, se llevarán a cabo cuando no sea posible la sustitución o reparación. En el caso de la rebaja del precio, la ley no especifica la cuantía, por lo que son las partes las que deben llegar a un acuerdo. Por otra parte, la resolución del contrato se produce cuando, ante el incumplimiento de este por una de las partes, la otra puede pedir que deje de tener efecto.

¿Cuáles son los conflictos más habituales entre consumidor y vendedor?

¿Cuáles son los conflictos más habituales entre consumidor y vendedor?

“Normalmente nos encontramos con tres problemas. Primero, que es difícil conservar una factura o ticket durante tanto tiempo. Segundo, que los plazos no están claros, porque la ley obliga a que sean dos años, pero en algunos establecimientos dicen otra cosa. Por último, algunas veces nos encontramos con que la empresa rechaza aplicar la garantía, porque para el consumidor es difícil demostrar que no tiene la culpa del fallo del producto”, señala Jean-Bernard Audureau, portavoz de la Asociación General de Consumidores (ASGECO). Junto a esas dificultades, pueden aparecer otras, como cuenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua, como que la tienda fije un plazo de reparación muy amplio, que quiera trasladar algunos costes al consumidor (por ejemplo, de un técnico que tenga que acudir a una casa para reparar una lavadora) o que le obligue a ir directamente al fabricante para eludir responsabilidades. La ley contempla que la tienda es la que debe encargarse de todos los trámites y los costes durante el periodo de garantía, por lo que esas actuaciones, denuncia Facua, son ilegales.

Por su parte, Isabel Ávila, presidenta de la organización de consumidores CEACCU, señala que “los ciudadanos desconocen el contenido de la ley. En ocasiones, el vendedor le dice al cliente que está en garantía una pieza, pero no el desplazamiento que requiere la reparación y el consumidor no sabe que esto no es cierto”.

¿Qué puedo hacer ante un problema con una garantía?

¿Qué puedo hacer ante un problema con una garantía?Para ASGECO, la ley “no es muy clara” y el consumidor “siempre es el más débil”, por lo que aconsejan, principalmente, dos cosas. En primer lugar, consultar siempre el manual para evitar hacer un uso indebido del producto. Para ello, el libro de instrucciones debería ser accesible al consumidor, algo que no ocurre en todos los casos, ya que, según denuncia ASGECO, a menudo el manual está en un CD. En segundo lugar, recomiendan leer las condiciones de la garantía antes de comprar el producto, para evitar sorpresas.

Ante un problema, Facua, por su parte, aconseja pedir una hoja de reclamaciones al establecimiento y acudir a una asociación de consumidores que pueda ayudarle a resolverlo.

Los turistas extranjeros gastaron en julio más que nunca, 8.151 millones de euros, un 7% más que en el año anterior. Sin embargo, este fuerte desembolso procede del número récord de visitantes que vienen en masa, pero gastan con menos alegría. Los 8,2 millones de turistas que llegaron en julio gastaron de media un 1,3% menos que en el año anterior (983 euros en cada estancia). Británicos, nórdicos y los alemanes redujeron con fuerza su gasto per cápita en una clara señal de la debilidad del continente y solo los visitantes de países emergentes mejoraron su gasto.

Cada día de julio, un turista extranjero gastó de media 104 euros, un 0,2% menos que en mismo mes del año pasado. Los visitantes de los países nórdicos son los que más gastan de media por cada día de estancia (117 euros) pero ese gasto fue casi un 7% menor que el del año anterior. Los británicos por su parte gastaron cada día un 5,1% menos.

Además, los extranjeros no solo gastan menos, sino que cada vez acuden menos a los hoteles. En julio, el gasto total en alojamiento cayó de media un 1,3%. En principio, este tipo de estadísticas solo recogen alojamientos oficiales, esto es, hoteles y otro tipo de establecimientos como apartamentos turísticos, pero no los recogidos en las web de intercambio de casas. Esta tendencia se aprecia de forma aún más clara en los siete primeros meses del año. Así, el gasto total que los extranjeros hicieron en alojamientos subió un 7%, gracias al tirón de los “no hoteleros” que creció un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En plena polémica por el turismo de borrachera y las movilizaciones de los vecinos de La Barceloneta contra los pisos que se alquilan de forma ilegal, Cataluña se sitúa como la principal receptora del gasto de los turistas extranjeros. Esta comunidad recibió un 26,6% del total del gasto en España en julio, lo que supone 2.165 millones de euros (un 9,4% más que el año pasado). Así, aunque el gasto medio por turista en el total de sus vacaciones descendió en los siete primeros meses del año, en julio creció un 6,6% y superó los 1.000 euros. Al día, un guiri se dejó en Cataluña en julio 108 euros.

Baleares se mantiene en segundo lugar entre las comunidades en las que más se gasta pero con un descenso del 5,3% respecto al mismo mes del año pasado. En esta comunidad, cada turista gastó en sus vacaciones una media de 935 euros, lo que representa una caída del 8,9%.

Se acabó el aceite de oliva barato, al menos por ahora. La falta de lluvias que ha sufrido el sur de España amenaza a la producción de aceite de oliva. Las previsiones para este año son muy pesimistas debido a la sequía, pero también al agotamiento de los árboles por la extraordinaria producción de la campaña anterior. El papel de primer productor internacional hace que el impacto de una mala campaña en España haga subir los precios en todo el mundo y ya se descuenta este fenómeno a nivel internacional.

En la campaña 2013-2014, la producción de aceite de oliva ascendió a 1,77 millones de toneladas, (un 41% superior a la media de las cuatro últimas), lo que supuso un récord de producción. Esto se tradujo en dos factores muy importantes: por un lado, unos precios muy asequibles en el litro de aceite de oliva y por otro, en una fuerte subida del empleo en el último trimestre de 2013 para recoger esa ingente cantidad de aceituna que ya no se verá en este ejercicio. Sin embargo, según David Erice, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), este año 2014, “ni los más optimistas cuentan con que la producción sea de un millón de toneladas. Se darán seguramente datos muy parecidos a los de 2012, cuando se produjeron al rededor de 700.000 toneladas”, apunta.

La causa de la bajada de la producción no se debe en exclusiva a la sequía. “El árbol está bastante agotado de la anterior campaña, en la que la producción fue récord”, recuerda Erice. Gregorio Sánchez, responsable del sector oleícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coincide con Erice en que la campaña de este año va a ser complicada debido a la sequía. Desde Asoliva (la patronal de exportadores de aceite de oliva) señalan que, gracias a las reservas, la producción será suficiente para cubrir la demanda, aunque es difícil hacer una previsión. No obstante, The Wall Street Journal aseguraba esta semana que la producción del aceite de oliva en España podría descender hasta un 40% respecto a 2013, según las previsiones de las agencias internacionales.

Esta situación recuerda a lo ocurrido en 2012, cuando otra escasez de lluvias de similares características puso en jaque a la producción de aceite de oliva. En aquel momento, la mala cosecha (en la que se recogieron 618.200 toneladas) se tradujo en fuertes subidas de precio. En junio de 2013 el precio del aceite llegó a ser un 24% más alto que el del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, recogidos para el IPC. En este índice, que mide la variación de los precios de los productos más consumidos por los españoles, los aceites y grasas tienen un gran peso. En concreto, su ponderación es de 5,982 sobre 100, superior a la de la patata, el café, el azúcar y la carne de ovino, entre otros por lo que una fuerte alteración repercute en toda la subida de la cesta de la compra.

La semana pasada, el precio de un litro de aceite de oliva 1º en el supermercado era de 2,83 euros, un 14,2% más barato que en la misma semana de 2013, cuando costaba 3,3 euros el litro, según datos de Comercio. La fluctuación ha sido importante. En las mismas fechas de 2012, el litro de aceite costaba 2,56 euros, por lo que de agosto de 2012 a 2013 el precio de venta en el súper creció un 22,4%, arrastrando así el efecto de la mala cosecha. En el caso del aceite de oliva virgen, el precio por litro en 2012 era 3,2 euros, en 2013 era 3,79 euros y en 2014 era 3,44 euros.

Así las cosas, y tomando como ejemplo lo sucedido en 2012, el consumidor español se puede encontrar con subidas en el precio del aceite de oliva de alrededor de 50 céntimos por litro sobre el precio de venta actual, un buen pellizco para el bolsillo de las familias.

Además, esta escasez conllevará una subida en los precios que, según Erice, ya comenzó a mediados de junio y representa un ajuste de los precios a los costes de producción de los agricultores. En este sentido, señala que “estaría bien que existiesen mecanismos que hiciesen que el nivel de cotizaciones fuera más homogéneo”. Esta opinión es compartida por Sánchez, de COAG: “El aceite está tomando los precios que debe tener según los costes de producción. Con la subida los precios serán razonables”. Desde Asoliva dejan claro que todo son previsiones y que es complicado hablar de precios por la sensibilidad de los mercados.

El impacto en el negocio internacional no se hará esperar. “Debido a la sequía habrá menos aceite, por lo que las empresas tendrán menos posibilidades de exportar. Habrá que ver cómo responden los españoles, si son sensibles a las subidas de precios o no”, indica Erice, de la UPA. El responsable de COAG, por su parte, señala que tendrá que ser cada productor el que dosifique sus ventas para equilibrar la producción.

Las exportaciones de la campaña actual, desde octubre de 2013 al pasado junio se han situado en 805.300 toneladas (con datos provisionales de junio), de las cuales el 34,7% se dirigieron a países de la Unión Europea, según datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Al grito de “el patrón de los patrones no paga a sus trabajadores” han mostrado su enfado unos sesenta trabajadores de Cantoblanco y representantes de Comisiones Obreras al dueño del grupo y presidente de la patronal empresarial madrileña, Arturo Fernández. Frente a la sede de CEIM -que comparte edificio con la CEOE- han reclamado este martes el pago de las nóminas que les adeuda y la readmisión de los trabajadores despedidos por el cierre de varias cafeterías.

El grupo dirigido por Fernández, que también es vicepresidente de la patronal de empresarios española (CEOE), está cayendo en picado. La semana pasada tres cafeterías echaron el cierre y unos 200 trabajadores están afectados por impagos y atrasos en el abono de sus nóminas, según indica Nicolás Mata, de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO.

“Nos deben dos nóminas y no sé si seguiré en septiembre, porque tengo contrato fijo-discontinuo. No nos dicen nada”, cuenta una empleada del comedor del colegio Torrevilano, en el que trabajan 11 personas. Esta trabajadora denuncia la falta de comunicación del grupo con sus empleados: “Va a entrar una nueva empresa y no sabemos aún si nos van a subrogar”. No es la única cafetería con problemas tras un traspaso. Tres trabajadores de la cafetería del Hospital Infanta Leonor se encuentran en situación de despido al no haberse hecho cargo de ellos la nueva empresa que la controla, Mediterránea de cátering, algo que va en contra del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo, según apunta Mata.

La semana pasada se produjo el cierre de las cafeterías que Cantoblanco poseía en Orange, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asamblea de Madrid. A los empleados de la primera el grupo aún les adeuda dos nóminas, la extra de julio y la liquidación. Según reclama una trabajadora, los papeles del despido les llegaron a través de un bufete de abogados y han tenido que insistir para que les fueran entregados los originales y pudieran apuntarse al paro. En el caso de la EOI, un exempleado cuenta que les deben los pagos desde junio (tres nóminas, paga extra y liquidación). “En personal ni nos cogen el teléfono”, apunta.

A los 14 trabajadores del restaurante Edelweiss Cantoblanco les adeuda la nómina de julio y la paga extra. La nómina de junio la han cobrado hace tan solo unos días. Según denuncia un trabajador, el restaurante está cerrado por vacaciones, algo que no estaba planeado, y volverán al trabajo, en teoría, el 1 de septiembre.

En otros puntos de restauración las cosas van un poco mejor, aunque también sufren atrasos e impagos. En la del Ministerio de Economía, en la que trabajan 21 personas, el grupo Cantoblanco debe el 75% de la paga extra. En las cuatro cafeterías que el grupo posee en Telefónica, una trabajadora apunta que les han pagado lo debido (una nómina y la extra) esta mañana, “pero porque le han llamado los periodistas, porque a nosotros recursos humanos nos decía que no había dinero”.

En general, reina la confusión entre los trabajadores, tanto los que se mantienen en el grupo como los que han perdido su empleo por los cierres. Ante la falta de comunicación de la empresa, CCOO anuncia que no cesarán las movilizaciones si la situación se mantiene. Entre otras, Cantoblanco ha perdido las cafeterías de Phillips, la ciudad deportiva de Valdebebas, los estadios Santiago Bernabéu y Vicente Calderón, el Teatro Real, Orange, Metrovacesa San Chinarro, la Universidad Europea de Madrid, el Tanatorio Sur, el Tanatorio de la M30, el Club de Campo, Organge, la EOI y la Asamblea de Madrid.

En respuesta a la protesta, Cantoblanco ha emitido un comunicado anunciando que tiene previsto pagar los atrasos del personal trasladado a otros centros entre septiembre y noviembre y subraya su intención de mantener el empleo de toda la plantilla. El grupo recalca que está haciendo “grandes esfuerzos” por mantener el empleo de sus 1.400 empleados, que trabajan en gasolineras, hoteles, hospitales y colegios del grupo.

Buscaban viajar durante un mes por Europa sin gastarse demasiado y eligieron el tren para ello. Iván Pascual y sus amigos vivieron la experiencia del InterRail hace 20 años por la costa de Francia, Inglaterra y Escocia. La improvisación fue la clave de un viaje en el que lo único fijo era el medio de transporte. “No vimos tantas cosas como pensábamos en un principio, pero por el camino descubrimos lugares nuevos”, apunta.

“No tiene nada que ver el tren con el avión”, afirma Pascual, porque “desde el equipaje con el que viajas hasta las expectativas son diferentes”. No obstante, el boom de las aerolíneas de bajo coste ha hecho que muchos jóvenes sustituyan los viajes mochileros en tren por trayectos en aerolíneas de bajo coste. ¿Han matado las low cost al InterRail?

Defensores del tren y del avión coinciden en una cosa: el InterRail se elige por la experiencia de un viaje de varias semanas, mientras que las low cost son más apropiadas para una escapada o para destinos a los que el tren no llega. Viajar en avión, dependiendo del destino, puede ser más barato y rápido que en el tren, pero la experiencia que aporta el viaje no es la misma.

Así lo apuntan algunos usuarios, como Pascual. “El tren es el mejor medio de transporte. Es cómodo, rápido, te descubre paisajes bonitos y te permite interactuar con la gente. En el InterRail te encuentras con gente que también lo está haciendo, los reconoces, hay una cierta hermandad”. Alba Pérez, de 24 años y habitual de las low cost, opina diferente: “Moverse en avión es mucho más rápido y adecuado para irse de escapada. Siempre he considerado el InterRail un viaje de los que se hacen una o dos veces en la vida y para el que tienes que dedicar al menos 10 días”.

Hace 20 años, a Pascual el abono de InterRail le costó 45.000 pesetas (unos 270 euros), pero desde entonces se han introducido varias modalidades del pase (ya sea por zonas geográficas, tipos de asientos, edades o días en los que es posible realizar los trayectos) que han diversificado los precios. A día de hoy, el abono más vendido (el llamado Joven Global Pass) cuesta 442 euros y permite hacer viajes sin límite por toda Europa durante un mes en todos los trenes salvo en asientos preferentes. El siguiente más vendido, el Joven Country Pass, permite viajar ocho días en un mes y su precio osila entre 87 y 222 euros, dependiendo de la zona geográfica.

Los precios de los viajes en aerolíneas low cost varían constantemente, en ocasiones incluso en el mismo día. A día de hoy, un viaje de ida y vuelta entre Londres y Madrid para dentro de dos meses puede costar entre 50 y 80 euros en una aerolínea 'low cost'. A Berlín, unos 85 euros y a Budapest, unos 100 euros, aproximadamente.

Las ventas de pases InterRail en España aumentaron en junio un 4,6% respecto al año pasado, según Renfe. En 2013 se vendieron en nuestro país 13.400 abonos, algo menos que en 2011, cuando esa cifra se situó en 18.603 pases. Es muy difícil conocer el equivalente en datos de las aerolíneas low cost, ya que estas no desglosan sus datos por países, pero sí es notable su crecimiento desde que aterrizaron en nuestro país. Dos de las aerolíneas de bajo coste más utilizadas en España, Ryanair y easyJet, transportaron en total 15,93 millones de pasajeros desde julio de 2013 hasta el pasado mes. Las low cost “han hecho competitivo el transporte aéreo”, apunta José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal hotelera.

Los canales de venta de los pases InterRail más utilizados son las estaciones y la página web oficial de InterRail, aunque también se puede adquirir en la web de Renfe. Los billetes de aerolíneas low cost, por su parte, se venden prácticamente en su totalidad a través de Internet.

Pros y contras

En el caso del avión, la flexibilidad en la fechas es clave para ahorrar, pero deja poco lugar a la improvisación. Las compañías de bajo coste presentan también algunos inconvenientes, como limitaciones de equipaje y la obligación de realizar la facturación en casa y llevar la tarjeta de embarque impresa (si no, la empresa podría cobrarle). No obstante, sus usuarios piensan que para una escapada es la mejor opción: “Estas compañías han hecho que muchas personas hayan descubierto el placer de viajar y puedan disfrutar de unos días diferentes sin tener que gastar una fortuna ni planearlo como algo extraordinario”, opina Alba Pérez.

No planificar el viaje puede acarrear problemas para encontrar alojamiento, pero la experiencia es diferente. Iván Pascual y sus amigos tenían una idea de los países que querían visitar en su viaje de InterRail, pero no reservaron los alojamientos de antemano. “No vimos tantas cosas como pensábamos en un principio, pero por el camino descubrimos lugares nuevos”, recuerda.

Los usuarios de este viaje en tren coinciden en que repetirían. “Volvería a hacerlo, pero no tanto por el precio del viaje como por la experiencia. El InterRail te da un ambiente diferente, es un viaje con los amigos cuando estás en la universidad y duermes en albergues, en trenes… lo vives diferente a si tienes que hacer todos los trayectos en avión”, afirma María Cristóbal, ingeniera de 25 años que viajó hace cuatro.

Los negocios del grupo Arturo Cantoblanco van en picado. Este mes tres de sus cafeterías han cerrado, lo que ha supuesto el despido de 40 trabajadores. Además, el grupo adeuda varias nóminas a decenas de empleados, que denuncian la falta de comunicación por parte del grupo de Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM.

Este medio intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el departamento de comunicación del grupo Cantoblanco para conocer su versión de los hechos.

La sensación general en los trabajadores de estas cafeterías es que la empresa no se comunica con ellos. En la cafetería del Ministerio de Economía, el grupo adeuda a sus 21 empleados dos nóminas y la paga extraordinaria de verano. Los proveedores, que están sufriendo impagos, han dejado de servir, por lo que la cafetería se surte de las provisiones de otros locales de Cantoblanco que han cerrado, según cuenta una de las trabajadoras del establecimiento. Si esta situación se mantiene, añade, comenzarán a hacer paros de dos horas semanales como protesta a partir del próximo 14 de agosto.

Esta medida ha sido ya puesta en marcha por los trabajadores de las cuatro cafeterías que el grupo tiene en Telefónica, donde hay paros cada semana. Una empleada de la cafetería del distrito C, la sede central de la empresa presidida por César Alierta, denunciaba la semana pasada que unos ocho trabajadores, que no tienen la paga extra prorrateada (es decir, no la tienen repartida en las nóminas del resto del año sino que deben cobrarla en un pago aparte), no la han recibido aún.

En el local situado en Televisión Española los trabajadores han cobrado sus nóminas, pero gracias a que la empresa pública ha adelantado el pago.

En otros centros la situación de impagos ha derivado en el cierre de las cafeterías. Esta semana han cesado su actividad las de Orange, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asamblea de Madrid, y en total han perdido su empleo 40 trabajadores.

En este último caso, el cierre era esperado, ya que se comunicó la semana pasada por burofax a la Asamblea de Madrid, no directamente a los trabajadores. Algunos proveedores, a los que el grupo no había pagado, habían dejado de servir y otros continuaban aprovisionando “a regañadientes”, cuenta Miguel Ángel Rubio, trabajador de Cantoblanco. El propio Arturo Fernández se comprometió con los trabajadores a pagarles este viernes la nómina de junio y el próximo lunes la de julio, algo que de momento no ha ocurrido. Sí se les ha abonado la paga extra, aunque no tienen la nómina que lo certifica por escrito. Rubio afirma que se siente “engañado” y denuncia la situación en la que se quedan él y sus 15 compañeros, con gastos que afrontar sin haber cobrado las últimas nóminas y sin poder apuntarse al paro, ya que aún no han recibido los papeles del despido.

En la cafetería de Orange, según cuenta Nicolás Mata, de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO de Madrid, el cierre se produjo “de un día para otro” y se comunicó a sus trabajadores a través de una carta de despido. Mata afirma que sus proveedores también habían dejado de servir y que el grupo debe a sus trabajadores dos mensualidades más la paga extra.

En el caso de la cafetería del hospital Infanta Leonor, otra empresa, Mediterránea Catering, se hizo cargo del negocio y subrogó a toda la plantilla (35 empleados), a excepción de tres trabajadores, según afirma CCOO. A pesar del cambio, Cantoblanco adeuda a la plantilla el pago de la última nómina, según el sindicato.

Pagos en 'negro'

No es la primera vez que el grupo Arturo Cantoblanco tiene problemas con sus trabajadores. En febrero del año pasado se conoció que el presidente de la patronal madrileña pagaba las horas extra en negro a algunos de sus trabajadores, como los de la cafetería del Congreso de los Diputados. Para regularizar la situación con Hacienda debido a estos pagos en negro, Fernández tuvo que desembolsar 671.000 euros.

Estas y otras deudas llevaron el pasado junio a Cantoblanco a solicitar el preconcurso de acreedores (el procedimiento anterior a la antigua suspensión de pagos) para iniciar un proceso de reestructuración del grupo. Entonces empezaron a contar los tres meses que le concede la ley para renegociar su deuda antes de tener que declararse insolvente.

Desde que comenzó la crisis, España ha experimentado una caída de catorce puestos en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Desde 2008 hasta 2013, nuestro país ha pasado a ocupar la posición 13 a la 27. Este índice mide el bienestar de los países teniendo en cuenta aspectos como la salud, la educación o la desigualdad, de forma que estos factores aporten más información sobre el desarrollo de un país más allá del Producto Interior Bruto (PIB).

El Índice de Desarrollo Humano mide el progreso del desarrollo de un país en tres dimensiones: salud, educación y riqueza. El indicador tiene en cuenta, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, el acceso al conocimiento y la escolarización, o la Renta Nacional Bruta per cápita. En España, la esperanza de vida no ha dejado de aumentar, así como el promedio de años de escolarización. Todo lo contrario a la renta per cápita, que ha caído todos los años desde 2010. Según apunta el estudio, mientras que en España en 2010 la renta per cápita era de 31.415 dólares, en 2013 se situó en 30.561 dólares.

El informe estudia 187 países y regiones, que son divididos por niveles de desarrollo. España está incluido en el grupo de los 49 países más desarrollados, que lidera Noruega. En esta agrupación, España es el país que más cae desde 2008 (seguido por Finlandia y Kuwait, que descienden 13 posiciones) y su indicador se sitúa por debajo de la media.

El índice español es de 0,869 puntos (cuanto más cerca del 1, más desarollo), inferior no solo al de los países más desarrollados (que tienen una media de 0,890 puntos) sino también al de los estados que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (con 0,876 de media), según datos del Informe de Desarrollo Humano 2014 de las Naciones Unidas.

Países como Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Reino Unido, Israel, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia e Italia, además de la región administrativa de Hong Kong, han pasado de estar por debajo de España a colocarse en puestos superiores durante estos años. De éstos, los ascensos más elevados han sido protagonizados por Alemania y Singapur, que suben 16 puestos cada uno desde 2008.

Como apunta el estudio, en el periodo 2008-2013 “todas las regiones están registrando mejoras, pero están emergiendo signos de ralentización”. Han caído también muchas posiciones países que han sufrido intensamente la crisis en los últimos seis años, como Portugal, que pierde 12 puestos. Islandia, que en 2008 ostentaba el primer lugar de la lista, se sitúa este año en la posición 13.

Desigualdad de Género

El informe incluye también el Índice de Desigualdad de Género, en el que España ocupa la posición 16, una más que el año anterior. Este índice se ha medido en 149 países y refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a salud (medido por las muertes por maternidad y embarazos adolescentes, entre otros), atribución de poder (presencia en parlamentos) y actividad económica (situación en el mercado laboral).

La esperanza de vida al nacer en España ha aumentado hasta 82,1 años en 2013 respecto al año anterior (cuando era de 81,6 años), según el informe, y es más alta en mujeres (85,3 años) que en hombres (78,9 años). Ellos tienen una Renta Nacional Bruta estimada superior (37.804 dólares anuales) a la de ellas (23.487 dólares anuales). Los años de escolarización son similares en hombres (9,7 años) y mujeres (9,5).

El comercio minorista aún no puede hablar de recuperación. Frente a los buenos resultados del comercio general (el que incluye todos los sectores y tipos de distribución), que no registra un dato anual negativo desde agosto del año pasado, el comercio al por menor (en el que el comprador es el consumidor final, no un intermediario) sigue estancado: mientras el primero creció en mayo un 4,2% respecto al año pasado, el minorista se quedó en una subida moderada del 0,3%. Aunque en junio el empleo en el comercio minorista creció levemente por primera vez desde hace seis años, aún está lejos de recuperar lo perdido debido a la crisis.

La Confederación Española de Comercio (CEC) considera que las ventas al por menor están “prácticamente estancadas”, a causa de un “débil consumo que no termina de despegar, todavía insuficiente para la reactivación del sector”. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también se muestra escéptica respecto a los resultados del pequeño comercio. La recuperación no llega a este sector, según cuenta el secretario institucional de UPTA, César García, “a pesar de los anuncios de que la libertad de horarios comerciales aumentaría las ventas y la ocupación”.

Estas reflexiones pesimistas contrastan con la de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Según indica su presidente, Lorenzo Amor, el comercio está abandonando la “caída libre” de los últimos años y hay confianza en una mejora de los datos durante el verano debido a las rebajas y al turismo. Este optimismo se apoya en la “leve recuperación” de la tasa de ocupación, que presenta un dato positivo por primera vez desde julio de 2008.

El empleo en este sector ha crecido un 0,2% respecto a junio de 2013, pero, según UPTA, son “los comercios más pequeños, autónomos y familiares los que mantienen con más eficacia la ocupación”, ya que “los formatos comerciales que tienen un mayor volumen de ventas no traducen estas en empleo”. En efecto, las cifras reflejan que las empresas regentadas por trabajadores autónomos mantienen el empleo: desde junio de 2013 la tasa de ocupación de estas empresas ha crecido un 0,9%, mientras que su cifra de negocio ha caído un 0,3%.

En las grandes superficies, en cambio, las ventas crecen un 0,5% mientras que el empleo se ha incrementado un 1,3% en términos interanuales. Por el contrario, tanto las estaciones de servicio como las pequeñas cadenas han destruido empleo por encima del 1% en el último año.

Incentivos al consumo

La CEC reclama para el segundo semestre del año un programa específico de incentivos al comercio minorista con el objetivo de reactivar el consumo de este sector. Medidas como un plan renove para electrodomésticos o muebles, ayudas a la rehabilitación de viviendas, créditos al consumo o programas de lucha contra la competencia desleal podrían, según la CEC, ayudar al comercio al por menor, que representa el 5,3% del Producto Interior Bruto.

Por su parte, UPTA considera que el Plan nacional de promoción del comercio no llega al trabajador autónomo y que “continúa la escasez de crédito”, a la vez que reclama políticas de sucesión de los negocios que aseguren el paso a la jubilación en condiciones dignas de los trabajadores de este sector.

Ocho de cada diez jóvenes viven con sus padres: solamente un 22,3% (1.506.240) de las personas entre 16 y 30 años ha logrado independizarse de su hogar de origen, debido sobre todo a las limitaciones para acceder al mercado de trabajo y la fuerte temporalidad de sus contratos, que obligan a este colectivo a aplazar la autonomía. Entre los jóvenes de 30 a 34 años la situación es muy diferente, ya que solamente el 25,5% siguen viviendo en el hogar de origen, según datos del último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Rectificación: en una versión anterior de la noticia, se daba el dato de que el 75% de las personas entre 30 y 34 años viven con sus padres; el dato es erróneo (la cifra correcta es 25%) y se ha eliminado de la noticia.Rectificación:

Esta emancipación ya de por sí escasa es en muy pocos casos en solitario. Son unipersonales solo tres de cada diez hogares de menores de 30 años y la media de habitantes de un hogar joven es de 2,1 personas. Son las mujeres las que más se independizan (907.373 frente a 598.867 hombres emancipados), a pesar de que los sueldos de ellas son más bajos y, por tanto, el porcentaje de ingresos que deben destinar al pago de la compra o alquiler de vivienda es superior al de los hombres.

Los precios de la vivienda han bajado durante la crisis, pero sigue siendo muy alta la proporción de sueldo que los jóvenes asalariados deben destinar a alquilrla o comprarla. Una persona de entre 16 y 30 años debe destinar una media del 61,5% de su sueldo a la compra de una vivienda o un 52,1% al alquiler de la misma. Estos datos provocan que emanciparse sea “una utopía”, como afirmó en la presentación del estudio el presidente del Consejo de la Juventud en España, Héctor Sanz.

El porcentaje de ingresos que un joven tiene que dedicar a la vivienda ha descendido mucho desde el inicio de la crisis, aunque ha repuntado en 2013 (siete puntos porcentuales más para vivienda y cinco para alquiler). Mientras que en el primer trimestre de 2008 un joven tenía que dedicar el 83,8% de sus ingresos si quería optar a una vivienda en propiedad, en el mismo periodo de 2012 este porcentaje había llegado al 52,70%. Respecto al alquiler, el porcentaje también ha bajado desde el 58% en 2008 al 42,1% en 2012.

Esto no quiere decir que los salarios de los jóvenes hayan aumentado (según este estudio, su sueldo medio ha caído un 16,4% desde 2008), sino que los precios de las viviendas tanto en propiedad como en alquiler han bajado desde entonces.

Brecha entre hombres y mujeres

Un dato que se repite en todos los casos es que a las mujeres el gasto en su vivienda les supone un pocentaje de sus ingresos superior que a los hombres. Por ejemplo, en marzo de 2008, cuando el desembolso era más alta, una mujer joven que quisiera comprar una vivienda tenía que aportar el 91,9% de sus ingresos frente al 79,2% en el caso de los hombres. En los datos registrados en 2014 esta diferencia ha decrecido y la proporción de ingresos que las mujeres tienen que dedicar a la vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, ronda los diez puntos porcentuales más que en el caso de los hombres en todas las franjas de edad.

Esta brecha está provocada por la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, que también se da en los jóvenes. Las mujeres de entre 16 y 30 años cobran una media de 1.042,75 euros menos al año que los hombres de la misma edad.

Casi la mitad de los menores de 30 años activos -es decir, los jóvenes que están en disposición de trabajar y buscan un empleo- se encuentra en situación de paro y los que tienen trabajo cobran una media de 11.858,44 euros anuales. Este salario es superior en independizados (12.735,34 euros de media) que en no emancipados (11.228,01 euros mensuales).

Por otro lado, el 41,15% de los jóvenes asalariados, un total de 848.247 personas, está sobrecualificado para su puesto, es decir, que tiene un nivel de estudios superior al mínimo que requiere el trabajo que realiza.

Hace pocos días, el Gobierno aprobó el nuevo sistema de gestión y control de las bajas laborales, que concede más poder a las mutuas: si antes podían controlar las bajas desde el decimosexto día (que es cuando la mutua se hacía cargo de ciertas prestaciones), ahora podrán hacerlo desde el primer momento. Además, podrán aconsejar al médico la declaración del alta “motivada” del trabajador, que apoyarán con informes y pruebas, para lo que podrán acceder a parte del expediente médico del trabajador.

En un primer momento, las mutuas iban a tener capacidad de conceder altas, pero, tras las críticas de los sindicatos, esta idea fue descartada. Con este mayor control de las bajas, el Gobierno estima un ahorro de 500 millones de euros y considera que se realizará una mejor gestión de los recursos de las mutuas.

¿Quién será responsable de darme la baja y el alta?

En todos los casos, el médico del servicio público de salud encargado del caso. Eso sí, la Seguridad Social pondrá a disposición de los médicos una guía con tablas de duración óptima y de grado de incidencia de las distintas patologías susceptibles de generar incapacidades.

En las incapacidades temporales estimadas para menos de cinco días, los partes de baja y alta se emitirán en el mismo acto médico; para bajas de hasta 30 días se renovará cada 14 días; para bajas de entre 31 y 60 días se confirmará la baja cada 28 días y a partir de 61 días de baja se renovarán cada 35 días.

¿Puede una mutua darme el alta?

¿Puede una mutua darme el alta?No, pero podrán influir en la decisión. Las mutuas podrán proponer el alta médica, pero deberá ser el médico del servicio público de salud el que se pronuncie, o bien confirmando la baja o bien acordando el alta, en un máximo de cinco días. Si en este plazo no existe contestación del facultativo o hay discrepancia, la mutua podrá solicitar el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que deberá pronunciarse en el plazo de cuatro días.

¿Qué papeles tengo que hacer?

¿Qué papeles tengo que hacer?Cuando el médico emita el parte (ya sea de alta, baja o confirmación), el trabajador deberá entregar una copia a la empresa en un plazo máximo de tres días. Por su parte, el servicio público de salud o la mutua se encargará de entregarlo al INSS inmediatamente y realizar los trámites correspondientes.

¿Puedo reclamar la causa de mi baja que determine el médico?

Tanto el servicio público de salud como la mutua podrán pedir al INSS una revisión de la consideración inicial de la contingencia: si es común o profesional (relacionada con la actividad laboral). El médico de la mutua podrá considerar que se trata de una patología de contingencia común y no profesional y remitir al trabajador al servicio público de salud. Será este médico el que decida si, efectivamente, la contingencia es común o si discrepa y la considera profesional. En caso de discrepancia, decidirá el INSS. También puede suceder que el trabajador no esté de acuerdo con el cambio de consideración y quiera reclamar. En este caso, también será el INSS el que tenga la última palabra.

¿Qué pasa si no acudo a un reconocimiento médico?

Todos los partes, ya sean de baja, confirmación o alta, deben ir precedidos de un reconocimiento médico. Si el trabajador no acude a este por una causa justificada, la prestación por incapacidad temporal se suspenderá cautelarmente desde el día siguiente al del reconocimiento. Si en los diez días siguientes al reconocimiento el trabajador presenta una justificación (entendiéndose esta como un informe emitido por el médico del servicio público de salud que indique que era desaconsejable que el trabajador acudiera al reconocimiento por su situación clínica), la suspensión quedaría sin efecto. Si, por el contrario, el trabajador no justifica su ausencia en esos diez días, perderá el derecho a la prestación.

¿Qué dicen los sindicatos de esta reforma?

Los sindicatos la rechazan. CCOO considera que el aumento de competencias de las mutuas cuestiona “de forma injusta” la capacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo y de los medios públicos para gestionar las bajas. “Todas estas modificaciones”, apunta el sindicato, “se apoyan en criterios economicistas apartando de las prioridades la recuperación de la salud de los trabajadores”.

UGT considera que este nuevo sistema convierte a las mutuas en “policías y fiscales de los trabajadores y de los médicos de los servicios públicos de salud” y solicita la retirada del anteproyecto de Ley.