Nos encontramos ya inmersos en plena precampaña electoral. Los partidos afinan sus propuestas y presentan a sus candidatos de cara a los inminentes comicios. La difícil situación que hemos atravesado, el impacto social de la propia crisis y de las medidas tomadas para hacerle frente y el propio desarrollo de la legislatura, marcada por una mayoría absoluta y el control casi total de ayuntamientos y Comunidades autónomas por parte del PP, propician que, entre las diversas propuestas, se preste especial atención no solamente a las nuevas ideas, sino también a aquéllas que se refieren a “qué se va a hacer con lo que se ha hecho”.

De entre las múltiples polémicas medidas que se han adoptado gracias al “rodillo” de la presente legislatura está sin duda la reforma laboral de 2012, que aunque materializada en el RDL. 3/2012 (luego Ley 3/2012), podría decirse que ha sido un continuo que se inicia con esta norma y abarca casi hasta el final del mandato, con una multitud de reales decretos-leyes que, de forma parcial pero inexorable, han cambiado de modo radical nuestro sistema de relaciones laborales.

De ella, los más insignes especialistas han dicho que «se aparta de la ley laboral clásica que atiende al trabajo como fin en sí mismo y no como una mercancía, precisado de tutela jurídica para considerarlo como medio en el sistema productivo subordinado a las exigencias de la «creación de empleo», a las exigencias de la economía para crear empleo». A pesar de las distintas líneas de pensamiento, en lo que existe consenso es que la reforma de 2012 ha transformado el Derecho del Trabajo para llevarlo desde su papel clásico de protección de las condiciones laborales del trabajador, como parte débil de una relación desequilibrada, a uno nuevo en el que se pone el acento en la creación de empleo y en la incidencia de la regulación laboral sobre diversas variables macroeconómicas y, particularmente, sobre la productividad.

Tal transformación, lógicamente, ha de provocar una determinada reacción entre quienes tradicionalmente se han mostrado como aliados de los trabajadores en sus reivindicaciones, esto es, los sindicatos y los partidos de izquierdas. El más importante de estos últimos, el Partido Socialista Obrero Español presentaba hace unos días el documento Empleos con derechos, con el que proponía, entre otras cuestiones, «derogar, con carácter inmediato, los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular que establecen un modelo de empleo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Aprobar con base en el Diálogo Social un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, concebido como una Carta de derechos de los trabajadores, incluya, junto a las condiciones laborales clásicas conquistadas, nuevos derechos de seguridad y salud en el trabajo, secreto de las comunicaciones, o propiedad científica e intelectual.»

¿Cuáles son esos “aspectos” de la reforma de 2012 “que establecen un modelo de empleo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”? La polémica estaba servida porque, frente a la postura mantenida de forma firme de empezar de cero, ahora se optaba por una “reforma de la reforma”.

El cambio no es baladí, no solamente desde un punto de vista práctico, sino también ideológico, pues si la transformación ha sido tan grande como se ha señalado (y como muchos trabajadores sienten en su día a día), la estrategia más lógica desde la postura contraria es asentar unas nuevas bases para el debate. Ello no puede hacerse desde el vacío y, de ahí, que el Partido Socialista propusiera que quería aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores surgido del acuerdo con los agentes sociales. La idea a transmitir era que el modelo de relaciones laborales de los socialistas era completamente diferente al instaurado por el Partido Popular. Con la reforma de la reforma, la oposición ya no es tan radical como antaño, sino que se da por hecho que existen aspectos de la reforma laboral del PP que al Partido Socialista le parecen positivas.

Al margen de esta primera idea central, existe otra no menos importante derivada de la anterior, que es la relativa a qué aspectos hay que reformar y cuáles no. Entre estos últimos destaca la indemnización por despido, sin duda un elemento central en el debate sobre el modelo de relaciones laborales desde hace décadas. El argumento que se ha dado para no tocarla es que se trata de una cuestión que habría que debatir con los agentes sociales. El problema es que el debate no es el mismo con una indemnización en vigor que con otra y que, en todo caso, parece lógico que el Partido Socialista tuviera una posición al respecto.

Este cambio de postura no puede explicarse, a mi juicio, desde un punto de vista argumentativo. Es cierto que la estrategia de la derogación tiene el riesgo de que se pueda acusar al proponente de falta de alternativas, pero para ello estaba la propuesta del nuevo Estatuto de los Trabajadores. A su favor, el hecho de que se apuesta por un sistema de relaciones laborales y unas condiciones de trabajo completamente distintas a las actuales.

Por ello, quizá la explicación más lógica tenga una base ideológica y fáctica. En el primer caso, se vuelve a mostrar la tradicional confrontación entre socioliberales y socialdemócratas, en el que habrían salido victoriosos los primeros y, ello, a pesar de que como recuerda algún estudio reciente de un colaborador de Agenda Pública, «pese a la generalización de la idea de que los costes de desempleo [despido] suponen una rémora para el empleo, no existe un consenso científico al respecto; las divergencias se dan tanto en los planteamientos teórico como en las evaluaciones empíricas de los mismos modelos.» (Gimeno, 2014: 61).

Si ahora se apuesta por la reforma de la reforma, es porque se ha impuesto la tesis de que la reducción de los costes de despido es algo bueno para la creación de empleo y para el crecimiento económico, a pesar de que no existe consenso al respecto y de que afecta, no solamente a la estabilidad en el empleo, sino a la posición negociadora de los trabajadores y, de ahí, a sus condiciones de trabajo. Sin duda que el despido tiene que ver con el “empleo precario” y el “equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”.

Pero también hay que a tener en cuenta un importante elemento fáctico, que es la postura de la Unión Europea frente a una hipotética “vuelta atrás” en esta materia. Esto, lejos de ser un obstáculo insalvable, pone en evidencia que la anterior pugna ideológica en el seno de la socialdemocracia está lejos de ser un problema español, sino que trasciende nuestras fronteras. Cuál es el papel de la socialdemocracia en las sociedades de nuestros días y cuál es su postura y propuestas en cuestiones tan básicas para ella como las relaciones de trabajo es sin lugar a dudas el debate que subyace tras la pregunta ¿derogación o reforma?.

Hace tan solo unos días, el dato paro registrado para el mes de enero, esto es, el número de desempleados apuntados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, arrojaba un resultado de 77.980 parados más. A pesar de que la campaña de Navidad se ha hecho notar para mal, la cifra es la mejor desde el comienzo de la crisis. Por consiguiente, es dato positivo, que debemos celebrar, máxime en tiempos en los que las buenas noticias no se prodigan mucho precisamente.

Dicho esto, y mirando al futuro, es preciso advertir que, dada la magnitud del “destrozo”, aún con los mejores augurios y disipando los fantasmas que se ciñen sobre la economía europea, nos llevará bastante tiempo recuperar el empleo perdido. Según la OCDE o el BBVA no lo lograremos hasta dentro poco más de una década, en 2026 (aunque hay informes más pesimistas que sitúan ese objetivo en 2033).

Por consiguiente, los buenos datos que, probablemente y ojalá se sigan sucediendo, no deben hacernos olvidar que durante un buen tiempo habrá un importante número de desempleados a los que es preciso ayudar. Es más, aún vez superada esta dramática situación que vivimos, resultaría deseable poner fin a algunas de las deficiencias que en materia de empleo viene arrastrando nuestro país, de tal forma que las políticas de empleo sean un mecanismo adicional que coadyuven al buen funcionamiento del mercado de trabajo y, por ende, de la economía en su conjunto.

En anteriores artículos hemos reflexionado acerca de las deficiencias y oportunidades que ofrecen las políticas pasivas de empleo o, si se prefiere, la protección social a los desempleados a través de prestaciones y subsidios. Hoy me gustaría referirme a las políticas activas de empleo, es decir, aquél tipo de política de empleo que busca ayudar al trabajador desempleado a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Aquí estarían los incentivos a la contratación, los programas de autoempleo, la formación, la recualificación y reconversión profesional, etc.

Vaya por delante que ni unas, ni las otras sirven para la creación de empleo. El empleo lo crea la economía, el crecimiento económico y, por consiguiente, es un asunto de política económica o, mejor, macroeconómica. Sin embargo, las políticas de empleo, las pasivas y las activas, pueden contribuir en la creación de ese empleo. Si se me permite el símil, la economía sería máquina, mientras que las políticas de empleo la grasa que permite que funcionen mejor los engranajes.

Pero como casi todo en la vida hay “grasas y grasas”, es decir, unas políticas funcionan mejor que otras. Los distintos estudios económicos parecen coincidir, por ejemplo, en que los incentivos a la contratación (bonificaciones, reducciones o subvenciones en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social) sufren un importante peso muerto, es decir, son usados para empleos que se iban a crear de todas formas, aún en su ausencia, de tal forma que sólo sirven focalizar el empleo hacia determinados colectivos en dificultades (sobre esto ya hemos tenido ocasión de reflexionar en Agenda Pública). Mejores resultados alcanzan las políticas formativas y las de intermediación, siempre que estén bien diseñadas, para lo que es importante que se prevea su evaluación y revisión constantes. Los efectos varían según colectivos, niveles formativos o edad, lo que hace imprescindible su adaptación a las especiales circunstancias de cada uno de ellos, así como su revisión en función de los resultados alcanzados.

Pues bien, ¿en qué tipo de políticas invierte España nuestro dinero? Según los últimos datos disponibles, fundamentalmente en incentivos. Como puede comprobarse en el gráfico, más de dos de cada tres euros que se invierten en políticas activas de empleo se van a incentivos, mientras que el euro restante se destina casi a partes iguales a formación y autoempleo y emprendimiento. El actual Gobierno intentó hacer tabula rasa en 2012, pero luego ha vuelto a caer en la tentación, pues es una política de empleo fácil de crear y muy “vendible” políticamente. Por ello, es probable que los datos no hayan variado en exceso.

Fuente: elaboración propia con los datos de Eurostat y OCDE. Año 2011.

Por tanto, sabemos que no estamos invirtiendo muy bien nuestro dinero o, más correctamente, que existen alternativas más eficientes. Pero, ¿invertimos lo suficiente? El siguiente gráfico puede ayudarnos a resolver esta duda. Muestra el gasto por desempleado en Europa.

Fuente: Eurostat. 2011. No incluye el gasto en servicios de empleo

Como puede comprobarse, estamos muy cerca de la media de la UE, aunque por debajo. En concreto, en España gastamos unos 1.196,43 euros por desempleado al año, frente a los 1.472,38 de media en la UE. Los importantes avances que experimentamos antes de la crisis, se han visto menguados por los recortes, lo que ha provocado que de estar por encima de la media, ahora estemos justo por debajo. No obstante, no es un mal dato. Aun así, si observamos a los países que están por encima de la media, debiéramos plantearnos si queremos estar más cerca de Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca, o de países más alejados de nosotros en desarrollo y tamaño económico, como Rumanía, Grecia o las repúblicas del este. Si nuestra opción es la primera, entonces debiéramos esforzarnos no sólo a superar la media europeo, sino a alcanzar los 2.300 euros por desempleado al año (el nivel siguiente país en la escala, que es Alemania).

En definitiva, los estudios empíricos y los distintos organismos internacionales, así como la Unión Europea, vienen insistiendo en la necesidad de potenciar las políticas activas de empleo en nuestro país. Las políticas activas de empleo pueden ser un instrumento muy útil  en la salida de la crisis  pero, al margen de la coyuntura actual, son también una herramienta básica para ayudar los desempleados a retornar lo antes posible al empleo, corrigiendo o compensando algunos de los fallos o imperfecciones del mercado de trabajo.

En esta tarea, sin duda que podríamos seguir avanzando en el camino de una mayor mayor inversión, recuperando el terreno perdido por la crisis. Sin embargo, aún siendo esto deseable, resulta más necesario, especialmente si consideramos las restricciones que tenemos impuestas en el corto plazo, reconsiderar la actual política de inversión. Lo urgente no es tanto invertir más, como invertir mejor. Veremos…

El Gobierno y los agentes sociales firmaron ayer lo que, con un tono algo rimbombante, ha venido a denominarse como un nuevo “Pacto social”. La verdad es que todos podemos estar de enhorabuena: el Ejecutivo, porque a pocos meses de unas elecciones que, a juzgar por las encuestas se le presentan bastante difíciles, ya que puede vender que gracias a la incipiente recuperación que no termina de llegar a los ciudadanos puede ir deshaciendo parte de sus propios recortes; los agentes sociales y, en especial, los sindicatos, que pueden afirmar que con esta nueva ayuda se ha logrado una victoria ante la rigurosa austeridad que nos gobierna en Europa; la sociedad en su conjunto y, en concreto, parte de los 3.779.937 parados que, según la última EPA, carecen de prestación.

A la espera de poder estudiar la regulación en concreto, de lo publicado en este medio se desprende que la nueva ayuda tendrá los siguientes caracteres configuradores básicos: se trata de un subsidio de 426 euros que podrán percibir durante seis meses (es decir, la misma cuantía y la misma duración que el programa hasta ahora vigente –y que lo seguirá estando presumiblemente- denominado PREPARA); dirigido a parados de larga duración (más de doce meses en desempleo) con responsabilidades familiares; que lleven al menos seis meses sin percibir ninguna prestación; y que no cuenten no pueden tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, unos 484 euros. Además, es de suponer que, como es habitual, no solamente se tenga en cuenta los ingresos de los beneficiarios, sino el del conjunto de la unidad familiar, por lo que el mencionado criterio se aplicará también a quienes convivan con el desempleado, de tal forma que el conjunto de ingresos de todos sus integrantes, dividido entre el número de miembros, no supere el mencionado umbral.

Al margen de estas cuestiones técnicas, a cuyo estudio tendremos tiempo de dedicarnos, lo cierto es que aun siendo positiva la medida que ayer se adoptó, no puede satisfacernos completamente, al menos a medio y largo plazo. La profunda crisis económica que hemos atravesado ha puesto de manifiesto una serie de insuficiencias de nuestro sistema de protección por desempleo, que ha sido incapaz de mantener la tasa de cobertura en unos niveles aceptable para un Estado social que quiera denominarse como avanzado. Tampoco están a la altura nuestras políticas activas de empleo, cuya insuficiencia es un mal crónico que la crisis no ha hecho más que agudizar.

El siguiente gráfico muestra la inversión en unas y otras. Como puede comprobarse, España gasta mucho en políticas pasivas, prestaciones, como consecuencia del incremento espectacular del desempleo que hemos vivido en estos años. Sin embargo, el relativo a activas, aunque por encima de la media europea (en términos agregados, no así en gasto por desempleado), se encuentra muy lejos de otros países europeos de referencia. Además, si analizáramos en detalle ese gasto, veríamos que lo que se invierte en servicios de empleo es una cantidad relativamente exigua.    

La solución a estos problemas ha venido dada por la aprobación sucesiva de una serie de planes extraordinarios y coyunturales. Primero fue el PRODI, luego el PREPARA y ahora el que nos lleva a esta reflexión. Por su propia naturaleza extraordinaria estos planes morirán tan pronto vayamos superando la crisis, por lo que habrán resuelto un problema coyuntural, pero no el de fondo.

Por ello sería aconsejable que, aprovechando esta nueva etapa de diálogo, el Gobierno, los grupos políticos y los agentes sociales abordaran también la reforma del nivel asistencial de nuestro sistema de protección por desempleo (no en el sentido necesariamente del recorte) y de las políticas activas de empleo. En el primer caso, resulta imprescindible ver por dónde se han producido las fugas, de qué forma podemos taponarlas y de dónde podemos obtener los recursos para ello.

En el segundo, tras mil y una reformas legislativas, sería positivo acometer “de facto” la modernización de los servicios públicos de empleo. España, en los últimos años, se ha encaminado, como el resto de países de nuestro entorno, hacia un proceso de privatización del procedimiento de colocación y ayuda a los parados. Sin embargo, hemos olvidado que aun apostando por la colaboración público-privada, resulta imprescindible que los servicios públicos de empleo cuenten con un desarrollo suficiente, no solamente para competir con las agencias privadas, sino para llevar a efecto las labores de coordinación y control de las que no puede prescindir.

En definitiva, bienvenida sea esta nueva ayuda que viene a solventar, en parte, un grave problema, probablemente el mayor de cuantos adolece la sociedad española. Sin embargo, que no nos haga olvidar que el problema de fondo persiste, que con la salida de la crisis quizá se olvide, que las recesiones son cíclicas y que no debiéramos tropezar otra vez en la misma piedra.

Diversos estudios indican que, al contrario de lo que se la acusa, la protección por desempleo no provoca en los beneficiarios un efecto “anestesiante” frente a los no protegidos, de tal forma que busquen empleo menos intensamente

El problema del desempleo es sin lugar a dudas el mayor de cuantos adolece la sociedad española. De acuerdo con la última EPA, 5.424.700 personas, que pueden y quieren trabajar, sin embargo, no encuentran un empleo; uno de cada dos jóvenes padecen esta dramática situación; 1.789.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Pero estas tremendas circunstancias se agravan aún más si se tiene en cuenta que muchos de estos desempleados carecen de cualquier tipo de cobertura. De acuerdo con la tasa de protección de los parados, elaborada por la Fundación 1º de mayo, análoga a la tasa de cobertura pero sobre la base también de los datos de la EPA, el porcentaje de desempleados con prestación se sitúa tan sólo en el 30,3%.

Vivimos, pues, un momento en el que el sistema de protección por desempleo ha adquirido una importancia aún mayor a la que tradicionalmente ha tenido, no solamente como mecanismo de protección social, sino como herramienta que, al menos en teoría, debiera contribuir a un pronto retorno al empleo.

Sin embargo, como tantos otros elementos del Estado del Bienestar siempre ha estado bajo sospecha. Los sistemas de protección frente al desempleo son acusados de causar una suerte de “adormecimiento” del parado, que se acomodaría a su situación subsidiada, retrasando o impidiendo su regreso a la vida activa. La protección de los riesgos derivados del paro a través de rentas eliminaría los deseos de los individuos de retornar al trabajo, convirtiéndoles en sujetos dependientes del Estado y adentrándoles en la “trampa del desempleo”, el círculo vicioso en el que los mecanismos previstos para su propio sustento se convierten en la causa última de su inactividad. Qué duda cabe que si no fuera por la dramática situación que vivimos, los recortes en desempleo habrían sido aún mayores, bajo el paraguas de este tipo de argumentos.

Pero, ¿son ciertos?, ¿dónde acaba la realidad científica y comienza la estrategia ideológica? Repasar los estudios que se centran en mejorar el sistema, en lanzar propuestas para superar sus deficiencias y, en rechazar, por qué no también decirlo, muchos mitos que tienen más una base ideológica, que un verdadero sustento empírico, se convierte en una estrategia central si se quiere afrontar con rigor la mejora de la protección por desempleo en España. En los últimos años he podido recopilar investigaciones económicas nacionales e internacionales que se refieren a los efectos del sistema de protección por desempleo sobre el empleo.

Pues bien, lo primero que cabe destacar es que, aunque los estudios económicos internacionales y nacionales no han encontrado resultados concluyentes en lo que hace a la incidencia de la intensidad de la protección sobre el retorno al empleo, sí afirman que la duración de la prestación podría incentivar un retorno más tardío al trabajo.

En concreto, por lo que hace al panorama internacional, las investigaciones se han centrado fundamentalmente en concretar el efecto del grado de protección del sistema. Desde un punto de vista macroeconómico, estas investigaciones parecen coincidir en que existe una correlación positiva entre la duración del desempleo y el nivel o grado de protección, efecto que sería mayor cuando la variable utilizada es la duración máxima de la prestación, que cuando nos fijamos en la tasa de reposición. Sin embargo, a nivel microeconómico las conclusiones alcanzadas varían entre un efecto positivo pero pequeño (cuanto más generoso más dura el desempleo) y los que no perciben ningún tipo de efecto.

En lo que hace a los estudios nacionales, las conclusiones son plurales y parcialmente coincidentes con los anteriores. En lo que respecta a la búsqueda de empleo, las investigaciones que se han referido a esta cuestión destacan que quienes perciben una prestación no muestran una actividad de búsqueda activa muy distinta a quienes no. Algo similar ocurre con la intensidad de la búsqueda. La conclusión general es que la protección por desempleo no parece provocar en los beneficiarios un efecto “anestesiante” frente a los no protegidos, de tal forma que busquen empleo menos intensamente.

Por otra parte, los distintos trabajos económicos parecen coincidir también en que la percepción de una prestación por desempleo incide en la predisposición del desempleado a la hora de aceptar una oferta. En un sentido similar, la práctica totalidad de los estudios coinciden al afirmar que la protección frente al paro afecta negativamente a la salida hacia el empleo, es decir, si comparamos a los perceptores de prestaciones con los no protegidos, se puede observar que aquéllos presentan unas tasas de salida hacia el empleo inferior a éstos y, además, la duración de los episodios de paro sería mayor para los perceptores que para nos lo perceptores. Esto no tiene por qué resultar en principio negativo, siempre que no se traduzca en desempleo de larga duración o en un uso abusivo de las prestaciones, por cuanto que el sistema de protección por desempleo permitiría una mejor conexión entre oferta y demanda de trabajo. Además, tal conclusión variaría dependiendo del tipo de prestación o de su duración, por lo que no es del todo correcto afirmar, sin más, que la protección por desempleo desincentiva la vuelta al empleo, sino que es preciso concretar en qué casos. A este respecto, la mayoría de las investigaciones parecen poner de manifiesto un distinto efecto según se disfrute de una prestación contributiva o una asistencial, el tipo de subsidio en este segundo bloque y las relaciones entre todos ellos.

Por consiguiente, quienes afirman que la protección frente al paro desincentiva el retorno al trabajo ocultan bajo un trazo grueso intenciones que nada tienen que ver con la realidad empírica. Se pretende tratar al todo como a la parte, reduciendo el sistema a su mínima expresión dentro de la estrategia común de minimización de todos los servicios integrantes del Estado del Bienestar.

Si determinados elementos del sistema producen desincentivos, revísense, pero mejorar la protección por desempleo no implica necesariamente amputar la parte sana junto con la enferma. Es más, debiéramos pensar si la solución a los problemas señalados debe venir dada necesariamente por la vía del recorte. Si el sistema de protección por desempleo tiene entre sus objetivos, no solamente propiciar el retorno al empleo, sino garantizar un adecuado nivel de protección social. ¿No debería cualquier tipo de solución tener en cuenta ambos objetivos?

El retroceso en materia de inversión en políticas activas de empleo, el escaso alcance de nuestros servicios públicos de empleo, las deficiencias de nuestro sistema formativo son algunos de los obstáculos que nos impiden dar una solución a tantos cientos de miles de españoles que se encuentran hoy desesperados por carecer de una mínima cobertura social. Éstas son las verdaderas ineficiencias de nuestro sistema de protección de desempleo, cuya solución urge poner en marcha. Una mayor protección social es posible y necesaria, lo que no es incompatible con propiciar que se retorne lo antes posible al empleo.

Nota: este artículo se basa en parte de los resultados que se muestran en mi trabajo “Protección por desempleo: intensidad, duración y control”, Lex Nova – Thomson Reuters, 2014.

El Gobierno nos has sorprendido con la que pretende sea la medida estrella para sustentar la denominada Garantía Juvenil de empleo, una bonificación de 300 euros al mes durante seis meses (1.800 euros en total), con la que trata de incentivar la contratación de jóvenes. No es la única de la reforma, pues se amplían o refuerzan otras que ya se habían aprobado hace no mucho tiempo, pero sí es la que proyecta una mayor trascendencia.

Lo primero que debe decirse es que bienvenidas sean las medidas dirigidas a paliar el desempleo joven en nuestro país. Somos el Estado miembro, junto con Grecia, con una tasa de paro juvenil más elevada. Si bien nuestro flujo migratorio no es masivo, lo cierto es que se ha incrementado de forma muy notable. Aunque no son solo los jóvenes los que emigran, nos encontramos ante un auténtico drama económico y social para nuestro país, que ve cómo tanto talento (e inversión) se nos escapa por nuestras fronteras, en muchos casos para no volver nunca.

Pero dicho esto, lo cierto es que desde mi experiencia en el estudio de los incentivos a la contratación (categoría en que se incluyen bonificaciones, reducciones y subvenciones), no puedo compartir ni ésta, ni las últimas medidas emprendidas a este respecto y, muy especialmente, la estrategia de política de empleo que las sustenta.

Existe un cierto consenso científico, cosa por cierto poco frecuente (gran parte de este mérito le corresponde, en España, al equipo del tristemente desaparecido economista Luis Toharia), en que los incentivos a la contratación no sirven para crear empleo. Adolecen, entre otros efectos, de lo que se conoce como “efecto peso muerto”, noción con la que se pretende expresar el hecho de que se estarían bonificando puestos de trabajo que se iban a crear de todas formas, aun en ausencia de incentivo. Esto hace que este tipo de política activa de empleo no sirva al objetivo de la creación de puestos de trabajo, cosa que se le ha venido recordando al Gobierno tanto desde las universidades y centros de investigación, como desde la propia Unión Europea, a propósito de otro incentivo, en este caso la reducción denominada “tarifa plana”.

Esto no quiere decir que los incentivos no cumplan con ninguna función como política de empleo. Para lo que sirven es para focalizar el empleo que se va a crear de todas formas (de ocurrir esto) hacia determinados colectivos que presentan especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo. En este sentido podría pensarse que la medida es acertada pues, aun cuando no sirvan para crear empleo, permitirá que los jóvenes puedan acceder cuanto antes a un puesto de trabajo.

Sin embargo, tanto su articulación técnica como la estrategia de política de empleo que la acompañan, hacen vaticinar que esto tampoco vaya a ocurrir. En el año 2012 el Gobierno hizo un auténtica “tabula rasa” en materia de incentivos. Según mis cálculos, más de un 60% fueron eliminados. Era la ocasión perfecta para redirigirlos hacia determinados colectivos con problemas de empleabilidad, entre los que se encuentran los jóvenes, y destinar el resto a políticas activas de empleo más efectivas. Ni lo uno ni lo otro ocurrió. Las bonificaciones que se salvaron se emplearon fundamentalmente para impulsar el contrato de apoyo a emprendedores (por cierto, con poco éxito), mientras que el resto del presupuesto se destinó a la infatigable lucha contra el déficit.

Pero la parte de la decisión acertada, la que había corregido el exceso de incentivos, tampoco sobrevivió mucho tiempo. Pocos meses después se crearían nuevas bonificaciones y reducciones para el fomento del trabajo a tiempo parcial, de diversas formas de emprendimiento y, más recientemente, la ya mencionada tarifa plana y la que ahora comento relativa a la contratación de jóvenes. Se está volviendo a construir la enmarañada estructura de incentivos que había desaparecido, sin ninguna lógica, plan u objetivo que la ordene. Una acumulación de medidas aisladas, cada una con su propia finalidad, cuya falta de coherencia termina por afectar a la función que están llamados a cumplir los incentivos como política de empleo: como se dijo, focalizar el empleo hacia determinados colectivos.

Esperemos que los continuos llamamientos que desde los diversos Reales Decretos-Leyes se hace a la evaluación de los programas de incentivos lleve, por fin, a una reordenación y a un uso más eficiente de los mismos y que el problema del desempleo juvenil se ataje, con bastante más fuerza, desde políticas distintas a los siempre fáciles, rápidos y socorridos incentivos.

La situación crítica que atraviesan numerosas familias con alguno o todos sus miembros en desempleo (por cierto, estos últimos ya en niveles alarmantes) se ve eclipsada por los primeros datos positivos en materia de empleo en mucho tiempo. Bienvenidos sean todos y cada uno de los nuevos empleados. Sin embargo, la recuperación en materia de desempleo costará aún mucho esfuerzo y bastante tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? Pues hay que dar alguna salida, algún tipo de protección, ayuda y esperanza a todos esos ciudadanos.

La tendencia es precisamente la contraria. Los recortes han llegado también al sistema de protección por desempleo. Han llegado poco a poco, a cuentagotas, casi sin darnos cuenta, pero alcanzando un resultado notable, del mismo nivel que el de esas otras grandes “reformas” que han hecho inquietarse al conjunto de la sociedad.

En 2012 llegó la primera de ellas, y nos enteramos que, transcurridos seis meses en desempleo, los perceptores de una prestación contributiva dejarían de recibir el 60% de la base reguladora para pasar a cobrar sólo el 50%, 166,40 euros menos por desempleado al mes en el mejor de los casos. Pero estos son unos “privilegiados”, pues al menos reciben una prestación.

Peor lo están pasando los trabajadores maduros, aquellos que son demasiado jóvenes para jubilarse (más aún con la reforma de las pensiones), pero demasiado mayores para ser contratados. No sólo les han eliminado el subsidio especial para mayores de 45, sino que percibir el de mayores de 55 resulta bastante más complicado. Hoy, si estos trabajadores tienen la desgracia de contar como pareja a alguien que cobre poco más de 967,95 euros mensuales, no solamente tendrán vedada la ayuda, sino las necesarias cotizaciones para poder alcanzar la jubilación. Pero si a esto le añadimos la desapercibida no renovación de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 2/2009, que incentivaba las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos y permitía el acceso a la reposición de la prestación, como medidas alternativas al despido, entonces es fácil vislumbrar que el destino de este colectivo es, probablemente, el paro de larga duración, ahora con pocas probabilidades de estar protegidos.

Tampoco escapan de estos recortes los jóvenes. Obligados a emigrar al extranjero, las últimas reformas los ponen bajo sospecha. El endurecimiento de las causas de suspensión y extinción de las prestaciones piensa en muchos casos en estos desempleados, sospechosos de fraude por percibir una prestación mientras buscan trabajo fuera, en una Europa incapaz de articular un mercado de trabajo único, en el que las políticas pasivas y activas de empleo tengan también trascendencia comunitaria. La libertad de circulación de los ciudadanos europeos aparece en tiempos de crisis como una insignificancia en relación con la de los capitales. Quizá por eso se invite a los jóvenes a transformar sus prestaciones en emprendimiento, como si fuera una actividad que estuviera exenta de riesgo, como si con ello no se corriera el riesgo de generar aún más precariedad.

Hoy resulta mucho más difícil alcanzar una prestación por desempleo. Los datos son elocuentes (ver gráfico). Desde 2012 el número de beneficiarios se ha reducido un 12% y la tasa de cobertura un 13%. Si antes de la crisis casi ocho de cada diez desempleados contaban con prestación, hoy sólo lo están poco más de cinco de cada diez. Visto desde otra perspectiva, sólo la mitad de los parados registrados, que ni siquiera son todos, cuentan con algún tipo de protección.

Esto es lógico si se piensa en lo descrito hasta ahora. Pero es que hay más. Los requisitos de acceso a los subsidios se ha venido endureciendo en los últimos dos años, siendo más complicado acreditar la carencia de rentas, estableciendo un mayor control sobre la búsqueda de empleo o exigiendo una acreditación pormenorizada de tales actividades. Al margen de las medidas en sí, que tienen un efecto directo también sobre el número de beneficiarios, interesa destacar el trasfondo ideológico que las sustenta, el del que el parado es el causante de su propia situación de desempleo y no la coyuntura económica. Y al final fueron los parados los causantes de la crisis o, al menos, quienes también la están pagando.