En tiempos de desafección política, desinformación, retrocesos en el sistema democráticos y discursos reaccionarios, aparecen —contra todo pronóstico— iniciativas que recuperan el pulso cívico y tratan de devolver la política a sus raíces: la participación activa de la ciudadanía en la defensa del interés general. Una de ellas se da en San Sebastián, donde un movimiento vecinal ha abierto una nueva vía de intervención democrática desde la base.

La protagonista es la Plataforma Ciudadana San Bartolomé, surgida para defender la ladera verde del cerro homónimo frente a la amenaza de levantar ahí un nuevo centro comercial. Pero esta no es una lucha nostálgica ni un simple “no” al urbanismo especulativo: es una propuesta constructiva y colectiva para respetar la memoria de un sitio con historia y crear un parque urbano accesible de 4.000 m2, diseñado desde la inteligencia compartida y el compromiso con el medioambiente.

Un lugar con historia, una ciudadanía con visión de futuro

El Cerro de San Bartolomé, situado en pleno corazón de Donostia, acogió ya en el siglo XIII un importante monasterio. Su ladera era un espacio libre protegido por el planeamiento urbano. Sin embargo, en 2015, el Pleno del Ayuntamiento -gobernado entonces por Bildu— aprobó una modificación del Plan General para levantar allí un proyecto de gran impacto: un centro comercial con aparcamiento subterráneo, promovido junto a cuatro constructoras y un fondo de inversión.

Lejos de resignarse, un grupo plural de vecinos y vecinas se organizó de forma independiente y apartidista para frenar la operación. La Plataforma nació como resistencia, casi como rebeldía. Pero hoy es mucho más: un foro vivo de propuestas, creatividad y participación democrática. Su objetivo es claro: recuperar el diálogo con las instituciones y defender el derecho ciudadano a imaginar y participar en decisiones sobre el futuro de su ciudad.

De la protesta a la propuesta

Después de tres años de escritos para acceder a los expediente, formular quejas, recursos y un trabajo intenso de sensibilización, la Plataforma logró un giro inesperado. En abril, el alcalde Eneko Goia, que lidera un gobierno PNV-PSOE, anunció que renunciaba —al menos de palabra— a la construcción del centro comercial. Fue un reconocimiento tácito de la presión vecinal, aunque sin compromisos firmes. La desconfianza permanece ante un impasse y mientras Goia prorroga una licencia de obras para el artefacto comercial que ya había caducado.

Por eso, lejos de bajar los brazos, la Plataforma ha redoblado su empeño. En lugar del edificio comercial que arrasa una zona verde, propuso un Parque público, adaptado a las características del terreno. Para ello, ha recurrido a las nuevas herramientas: una página web participativa, presencia en redes sociales, una expo digital, el uso de inteligencia artificial para visualizar modelos posibles del Parque y, por supuesto, al asesoramiento de técnicos en urbanismo, patrimonio cultural, jardinería e ingeniería.

Hacer ciudad desde lo común

La fuerza de esta experiencia no reside solo en su reivindicación, sino en el método: cooperación, innovación, horizontalidad. Más de 500 personas se han sumado ya a la iniciativa. A partir del uno de septiembre la Plataforma reforzará el proceso de participación ciudadana con reuniones abiertas, actos culturales y una exposición online interactiva alojada en su página web (ver plataformasanbartolome.com).

Cualquier donostiarra podrá acceder a la expo, informarse, ver propuestas visuales del parque y dejar ideas o comentarios. Todas las aportaciones serán analizadas. La propuesta final —rigurosa y documentada— se entregará al Ayuntamiento como contribución democrática a la recuperación de San Bartolomé.

Una pequeña epopeya democrática

Este caso ilustra algo mayor: cómo la ciudadanía organizada puede desafiar modelos de ciudad impuestos, rescatar espacios públicos y revitalizar la democracia local. Frente a gobiernos municipales que olvidan la transparencia y la sensibilidad social, esta iniciativa demuestra que otra forma de hacer ciudad, es posible y deseable.

San Bartolomé puede convertirse en un símbolo de la participación: el lugar donde la inteligencia colectiva diseñó un parque. En un momento en que el sistema democrático parece alejarse de la vida cotidiana, iniciativas como esta nos recuerdan que la política no se agota en los despachos e instituciones. Y que ejercer el derecho de ciudadanía con buenas prácticas, no es solo un acto de resistencia sino incluso de recuperación de la confianza en la democracia.

La rectificación del alcalde Eneko Goia, dando marcha atrás en la operación ilegal del centro comercial a situar en la ladera verde de San Bartolomé, se tomó en un 'batzoki'. Ante el miedo a los recursos ante el juzgado y el desgaste que le venía encima a Goia, el PNV ha preferido dejarle en evidencia.

En 2014 y 2015, por iniciativa de dos alcaldes, Juan Karlos Izagirre (Bildu) y luego Goia (PNV), se dieron los tres pasos que requiere una modificación del plan general de Urbanismo. En este caso para el ámbito de Amara Zaharra-San Bartolomé, un barrio central de San Sebastián donde se había previsto construir más de 500 nuevas viviendas y diversos equipamientos. 

Entonces, tras el cambio de alcaldía en 2011, se aprobaron por el PNV, Bildu, PSE-EE y PP cinco cambios de transcendencia en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) diferente al que habíamos acordado y pusimos en marcha en 2008. Las modificaciones consistieron en el incremento de 17.000 metros cuadrados para usos terciarios, otro edificio residencial, un hotel no previsto en el viejo colegio, el cambio en la ordenación de calles y edificios y otras 400 plazas de parking. Fueron concesiones a las cuatro constructoras que, con el Ayuntamiento donostiarra, formaban parte de la sociedad mixta de gestión que constituí en 2008. 

Las constructoras creyeron ver en 2012 las orejas al lobo y empezaron a presionar al alcalde hablando de riesgo de quiebra para la sociedad con ocasión de la crisis inmobiliaria. De modo que reclamaron, precipitadamente en la sociedad mixta, nuevas plusvalías especulativas para asegurarse sus beneficios.

Esto ocurría en una ciudad que empezó ya en 2014 a recuperarse de aquella crisis y que cuenta con el precio medio de la vivienda más caro en España. Lo que afirmo se recoge en los informes de gestión de la citada sociedad en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, donde se habla de previsiones optimistas y de la reactivación de la venta de viviendas sobre plano. ¿Cómo se explica si no que el consistorio haya reconocido 32 millones de ingresos limpios?

Seré muy preciso. En la página 3 del Estudio de Viabilidad Económica del Plan General que modificaron Izagirre y Goia en 2015, se recoge que el precio medio estimado por la anterior Alcaldía para la venta de las viviendas a construir en Amara Zaharra era de 6000 €/m2, de acuerdo con el valor de la vivienda en el centro en el año 2010 y reajustado por la crisis. Nunca se fijó en el PGOU un precio medio de 9.000 como dice Goia con intención de imputarme un cálculo equivocado y en su estrategia de justificar las concesiones “a las pobres constructoras”.

Ante la falta de transparencia y la decisión de levantar otro centro comercial arrasando una zona verde, lo que consideramos un fraude de ley por incumplir las normas urbanísticas del Gobierno vasco y el propio plan municipal de protección de bienes culturales, hemos creado una plataforma cívica, plural y apartidista como respuesta y ejercicio de participación. En la web plataformasanbartolome.com ofrecemos toda la información sobre esta barbaridad urbanística, numerosas fotos, noticias y documentación.

Con la rectificación de Goia, se evita una herida a un paisaje natural de la ciudad. Se recupera una ladera para ordenar un parque urbano singular, de 4000 m2 y en pleno Ensanche Romántico de Cortázar. Y se evita un parking de rotación, precisamente en una Zona de Bajas Emisiones. Además, vecinos y comercios no sufrirán las complejas obras de cuatro años con impactos de una excavación en roca de 50 metros, el cierre de calles y las afecciones al transporte público y privado, así como una pérdida -aún mayor- del patrimonio cultural.

El polémico centro comercial que el alcalde Eneko Goia quiere levantar en la ladera protegida -como parte de un bien cultural- de San Bartolomé ha conseguido una licencia de obras que, en mi opinión, es ilegal por estar vinculada a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2015 que incumple la dotación mínima de espacios libres y zonas verdes. Veamos la razón.

La nueva ordenación del barrio de Amara Viejo-San Bartolomé, objeto de regeneración urbanística que inicié como alcalde en 2009, no cumple las determinaciones que establece el artículo 6 del decreto 123/2012 del Gobierno vasco sobre cómo se debe realizar el cómputo de las dotaciones sobre espacios destinados a parques, jardines, plazas y zonas peatonales.

El citado decreto, que regula los estándares de dotaciones públicas, no permite computar como espacios libres aquellos en cuyo subsuelo se establezcan aprovechamientos lucrativos de titularidad privada y, por lo tanto, se hayan convertido en bienes no demaniales. Este es el caso de buena parte de los suelos que, aún no siendo computables, se recogen como dotacionales en la reforma del Plan General aprobado en 2015 por Goia y otros grupos de concejales para el barrio de Amara Viejo. Grave error.

Lo cierto es que bajo esos suelos se han construido aparcamientos privados. De ahí, por ejemplo, que la nueva calle Alto de San Bartolomé, computada como espacio peatonal, no tenga arbolado. Por otra parte, lo que llaman parque sin árboles (?) a situar en la ladera de San Bartolomé, tampoco puede ser dotacional porque el simulacro de mancha verde está sujetada a las paredes verticales o inclinadas del edificio comercial que es un aprovechamiento patrimonial privado de un fondo de inversiones.

El Plan Especial aprobado ocho años después, en enero de 2023, ha sido recurrido por diferentes entidades ciudadanas ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por lo tanto, el Ayuntamiento se mueve en este expediente con una gran inseguridad jurídica.

Quienes intentan quitar importancia a las denuncias que está provocando el centro comercial olvidan que estamos, además, ante un proyecto insostenible fruto de un urbanismo especulativo que no aporta nada a la ciudad y perjudica al pequeño comercio local. No debería extrañar a nadie que, siendo miembro del PSE-PSOE, use mi libertad personal y la condición de ciudadano donostiarra para denunciar una operación urbanística que cuenta con el apoyo de los concejales de ese partido.

Ya expresé con mucha antelación, internamente y sin obtener respuesta, mi discrepancia absoluta. Con mayor motivo en los tiempos que corren, un partido no puede ser una secta ni debe funcionar sobre un eje disciplinario. Me llama la atención que ante las tres peticiones formales que he planteado a la Alcaldía para acceder a documentación del expediente, se me haya negado ese derecho recogido en la Ley de Transparencia y reconocido en las tres resoluciones favorables que he obtenido del Ararteko.

Mientras, se siguen cerrando comercios locales en pleno Ensanche de San Sebastián y se multiplican las franquicias impersonales y los supermercados. No pensemos que “las cosas pequeñas” de la vida municipal no afectan a la credibilidad de la democracia y no hacen necesario activar el valor de la participación ciudadana. Por eso confío en que al final todo se sabrá, aunque vivamos en un tiempo en el que la desinformación y la mentira se imponen. 

Cuando en el año 2000, desde Alcaldía, me comprometí con el Plan de Movilidad Sostenible para San Sebastián, se puso también en marcha una actuación simbólica consistente en una intervención sobre la calzada del Paseo de La Concha para crear un carril bici.

Desde el Gobierno Municipal lo hicimos en medio de una gran polémica por la oposición de sectores comerciales, mediáticos y políticos de la ciudad que no querían reducir los espacios y viales hasta entonces reservados a los coches. Kalapie, como entidad ciclista, sí venía insistiendo desde tiempo atrás en esta actuación.

Hasta ese momento, ya habíamos realizado otras actuaciones para ampliar la red de carriles bicis (los bidegorris), instalar aparcamientos para bicicletas, un servicio público de bicis y la conversión estratégica de dos viejos túneles del ferrocarril de vía estrecha (el Topo) en Morlans. La obra de recuperación de los túneles y de 3 km del trazado de vías para su utilización segura y rápida por las bicis, permitió una conexión innovadora de Amara con Morlans, Bera Bera, Lorea, Ibaeta y la Universidad.

La red para bicis ha funcionado bien en estos 25 años, con limitaciones y con mejoras introducidas hasta hoy. Pero hay que dar un salto. Se siguen necesitando más decisiones ambiciosas por el aumento de usuarios, para mejorar itinerarios y eliminar riesgos para peatones y ciclistas. Por ello, se deben afrontar nuevas medidas actuando sobre la calzada en todos los barrios para facilitar la circulación de las bicis con garantías de seguridad.

Como ciclista urbano habitual, observo las carencias que tiene Donostia para convertirse en una ciudad de referencia en España y Europa por su oferta en favor de la movilidad ciclista. La clave reside en compartir más calzadas con los coches, reforzando las áreas 10, 20 y 30 de velocidad máxima. Zonas bien señalizadas con el objetivo de garantizar el respeto a los ciclistas y recordando la preferencia de la bicicleta por esos viales.

Por otra parte, es necesario ir eliminando los espacios compartidos entre peatones y ciclistas para evitar accidentes, sobre todo en calles peatonales comerciales y en horas muy concurridas. Con ese objetivo, en el Centro es urgente crear un bidegorri por las calles Hondarribia y Garibay, desde el cruce con San Martin hasta el Boulevard, para sustituir el que discurre con problemas por el eje peatonal comercial de Getaria-Churruca-Plaza Gipuzkoa-Elcano.

Así mismo, hay que dar continuidad al carril bici del Boulevard -sacándolo de La Bretxa- en recto hasta la Avenidda de La Zurriola, prolongar el existente en la calle Easo hasta la Avenida de La Libertad y su conexión con el que debe crearse por la calle Miramar. Es conveniente un nuevo carril bici a lo largo de la calle Zubieta que permita suprimir el que discurre por el Paseo peatonal de La Concha, eliminando así riesgos de accidentes a los peatones en intersecciones.

En el caso del Barrio de Gros se debería implantar un bidegorri a lo largo de la calle Miracruz hasta Gloria; una vía de entrada unidireccional por el circuito de Paseo Colon-calle Ronda y Secundino Esnaola (delimitando zona 20 en la calzada) hasta la Avenida de Navarra. Además, otra vía de salida hacia el Centro, bajando por Zabaleta (con cambio de sentido), siguiendo por el lateral peatonal menos concurrido de Plaza Cataluña hasta la conexión con el Paseo de Colón.

Los viales compartidos por las bicicletas en calles como Bergara-Prim, Gran Via e Iparraguirre deben estar bien señalizados. Y en Paseo Colón, el estrecho bidegorri existente -como otros muchos- ha de continuar hasta la enlazar con Usandizaga. Se precisa, también, una solución para conectar Riberas de Loiola con el area Tabakalera-Egia a través del Camino de Mundaiz. En los barrios distantes del Centro se tiene que reforzar la oferta del servicio público de bicis con batería de apoyo por las pendientes existentes.

Por último, el Ayuntamiento ha de resolver las situaciones de riesgo para peatones en puntos de cruce con las bicis en sitios como la Plaza de Euskadi, inicio de República Argentina con el puente Santa Catalina, Avenida de la Libertad con esquina calle Miramar, Puente del Kursaal con inicio Paseo de Salamanca, etc.

Al cumplirse los 25 años de vigencia del Plan de Movilidad, las bicis tienen que saltar con decisión a la calzada. Es por ello que, en el marco del proceso de participación ciudadana sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, he presentado en el Ayuntamiento este documento de propuestas y alegaciones.

Hay razones ideológicas o de principios que empujan a irse de la red X tras el funcionamiento manipulador de sus algoritmos y la toma de partido de Elon Musk y su red en favor del ultraliberal Trump. Sus negocios en sectores como el espacial, automóvil, inteligencia artificial y energético estarán ahora mucho más protegidos y más desregulados. Y la democracia más amenazada.

Pero creo que, en este oportuno debate que alimenta con rigor el movimiento +Democracia, la opción a tomar depende de lo que cada cual busca cuando abre una cuenta en una red social. Las motivaciones son muy diferentes. Lo mismo que para decidir migrar a otra plataforma digital o resistir.

En todo caso, el debate hay que extenderlo a la manipulación y bulos que discurren también por TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, etc. En todas esas plataformas se dan incumplimientos habituales de la regulación de la Unión Europea sin que hasta el momento los mecanismos de control y denuncia estén dando resultado.

Si renunciamos a comunicar opiniones en X, si dejamos de formular denuncias en territorios difíciles, si abandonamos a quienes se quedan en X por pereza o porque les compensa, vamos a desconectar de muchas personas y a volar vínculos que ha llevado años construir.

Una salida masiva dejaría sin opciones a millones de personas que buscan en X mensajes no contaminados por ideas ultras o por noticias falsas. No podemos olvidar el foco de referencia que, con millones de seguidores, tienen algunos medios de comunicación, periodistas, organizaciones, intelectuales, políticos, expertos, agentes sociales o ciudadanos comprometidos que hacen, en las redes, aportaciones de gran interés para la defensa de una sociedad democrática. Sería desconcertante si desaparecieran de X en un escenario global de avance del populismo y del fascismo.

Apostar por migrar a otra red con quienes piensan parecido nos evitaría sobresaltos y nos sentiríamos muy cómodos. Cierto. Pero estaríamos en una burbuja, ajenos a la realidad del planeta. ¿Se trata de eso, conscientes de que ellos utilizan las redes como herramienta clave para eliminar la democracia?

Es muy posible que la salida de cuentas progresistas y demócratas, “gente molesta”, es lo que busca Musk. Estas bajas no le suponen ningún perjuicio económico a un multimillonario que ha incorporado millones de norteamericanos trumpistas a X tras su apoyo al Tío Trump. Más le podría preocupar el papel que va a jugar y el espacio que ocupará la red Truth Social que pertenece a Trump y a la que puede dar primicias informativas.

Seguir en X, hasta el límite de lo soportable, supone un ejercicio de resistencia que debemos hacer. Lo anterior se complementa con abrir otra ventana en Bluesky o Mastodon para fomentar hilos de conversación. Por cierto, ante la pluralidad de redes con vocación social y ética digital, dentro de un modelo alternativo a las pertenecientes a las corporaciones del capitalismo digital, corremos el riesgo de desperdigarnos en esta migración. Ahora bien, quienes elegimos seguir para ejercer de “activistas por la democracia” tenemos que estar organizados y con una estrategia.

La defensa de los valores democráticos no ganará con la salida de X. Tampoco servirá para que desaparezcan los contenidos ilegales, la desinformación y los bulos en las plataformas digitales. Se precisa una mejor regulación de la Unión Europea, mayor control por los Estados y formación digital, en especial para los adolescentes. Así como posts y vídeos con formatos audaces y narrativas que enganchen (todo en abierto) por parte de los medios de comunicación tradicionales que apuestan por la democracia. La misma democracia que exige un comportamiento más inteligente de los políticos demócratas en la vida parlamentaria.

Por tanto, debemos pedir al Gobierno y a la Comisión Europea, en defensa de la democracia, que actúen con decisión en la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la UE y que promuevan dar carácter normativo al actual Código de Conducta sobre la desinformación y los bulos, así como responsabilizar a las plataformas por la difusión de contenidos ilícitos y discursos de odio. Son cuestiones trascendentales no recogidas o concretadas en dicho Reglamento.

Ante los incumplimientos normativos por parte de los gigantes tecnológicos –esa autocracia tecnológica–, habrá que plantear una reforma del Reglamento por “insuficiente” y pasar a tipificar los supuestos de ilicitud en materia de desinformación y bulos (cuestión delicada) sin lesionar el derecho a la libertad de expresión, en consonancia con los principios del Estado de Derecho.

Sí hay una tarea urgente por hacer. Se trata de reclamar al Gobierno que formalice las competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que realice la función de Coordinador que le ha delegado, de acuerdo con lo señalado en la DSA. Tendría que supervisar su aplicación en el Estado y denunciar ante Bruselas el incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las grandes plataformas digitales. Ha pasado un año y la CNMC no ha empezado a realizar esa labor. No sería admisible que España no hubiera elevado a la Comisión Europea denuncias formales para sancionar a las plataformas ante la gravedad de los bulos difundidos en diversas redes, con ocasión de la DANA, y visionados por millones de personas.

¿Cómo es posible que vayan a destruir una zona verde, calificada así en el Plan General Urbanístico de San Sebastián, para levantar un artefacto comercial de franquicias que no se justifica desde la primacía del interés general? Los discursos políticos insisten en la sostenibilidad, en el respeto al arbolado y a los espacios verdes, más aún si aportan calidad medioambiental en el paisaje urbano. Pero la ciudadanía donostiarra parece consentir el atropello que provocará el Gobierno municipal en la ladera de San Bartolomé.

Hablamos de un espacio libre verde que, además, está protegido en el Plan de Protección del Patrimonio Local y en sentencias judiciales, al ser parte del conjunto formado por la fachada del convento y el muro de San Bartolomé. Dicha norma señala: “Se prohíbe la implantación en esa ladera de elementos de urbanización y edificación que impidan la integración visual del conjunto desde la cota del Ensanche y/o supongan interferencias visuales significativas”.

Sin embargo, en vez de dignificar esa zona verde, van a excavar la ladera para levantar un edificio de 45 metros y 10 plantas. El envoltorio del hormigón será un entramado de tuberías de riego y mallas de sujeción para las plantas que cubrirán paredes de grandes pendientes, casi verticales. Ahí está el fraude de ley: en la degradación de una ladera que es dominio público y a la que, tras las obras, el actual alcalde Goia califica como parque (!).

¿Que hay detrás? Este centro comercial insostenible añade más ingresos a la sociedad mixta San Bartolomé Muinoa de la que forman parte el Ayuntamiento y cuatro constructoras e inmobiliarias; es la sociedad que ha gestionado toda la operación de regeneración de Amara Viejo-Alto de Aldapeta que nos permitió el realojo de 170 vecinos. Obtiene así otros 12 millones de euros a cambio de vender el terreno para hacer un centro comercial que albergue más franquicias, restaurante, gimnasio, gran supermercado y un parking de rotación en plena Zona de Bajas Emisiones para colmo de contradicciones.

El centro comercial es posible porque el exalcalde Juan Karlos Izagirre (Bildu) promovió y tramitó en 2014 una reforma del Plan General para ese territorio, introduciendo cambios no recogidos en el Plan que los socialistas dejamos aprobado y en ejecución en 2011. Con los cambios querían garantizar mayores ingresos. La misma actitud mantenida por el actual alcalde Goia (PNV) con la aprobación final, en enero de 2023, de un Plan Especial que detalla el proyecto de urbanización de la ladera. Mientras, el mismo alcalde impide el derecho de acceder a documentos públicos para conocer los resultados económicos de la actuación urbanística en el barrio, actuando así en contra de la Ley de Transparencia como señala el Ararteko.

Se pretende justificar “el favor” haciendo alusión a que las expectativas de beneficios de las constructoras experimentó una ligera rebaja en los precios de venta de los nuevos pisos con motivo de la crisis inmobiliaria que explotó en 2009. ¡Se trata de compensar! ¿Acaso el principio de riesgo y ventura empresarial no es de aplicación a las constructoras en una ciudad como Donostia, con el suelo más caro de España? Calculo que el Ayuntamiento ha obtenido 40 millones de ingresos tras la actuación global en el barrio.

El último episodio ha sido sacar a venta los aprovechamientos de suelo municipal en el barrio para la construcción de 36 pisos de precio libre en una ciudad con una oferta de vivienda pública inexistente durante doce años. En marzo de 2023 solicité al alcalde la recuperación de la ladera verde de San Bartolomé, un sitio vinculado a la historia de la ciudad. Mi alternativa es un proyecto de jardinería y paisajismo en favor de un parque urbano de 3.800 m2, con arbolado y una configuración armónica con el Ensanche Romántico de San Sebastián ideado por el arquitecto Cortázar en el concurso de 1863. Nunca obtuve respuesta. 

En tiempos de tanta volatilidad para los mercados resulta comprensible que los fondos de inversión y la gente adinerada se interesen y apuesten como una inversión segura por operaciones inmobiliarias en ciudades atractivas y con futuro. Es el caso de San Sebastian, que ha subido su cotización como la espuma tras el final del terrorismo en 2011.

Son muchos los inmuebles convertidos en hoteles y los pisos en apartamentos turísticos. Lo malo es la falta de previsión y de una regulación a tiempo por parte del Ayuntamiento. En particular, la actitud de las Alcaldías en estos doce años al no saber regular la marea turística que provoca la gentrificación, expulsa población y encarece más la vida de la  ciudadanía. Lo que ya no es comprensible es que el Ayuntamiento participe en operaciones privadas en el escaso suelo municipal disponible para favorecer intereses particulares, especule para obtener más plusvalías urbanísticas o haya perdido mucho tiempo sin ampliar el parque de vivienda pública para las familias y la gente joven. Están viviendo de las rentas de planes urbanísticos aprobados antes de 2011.  

Ha comenzado el triste derribo de árboles en los terrenos municipales de la avenida de Navarra (Manteo) para dar paso a un nuevo edificio singular del Basque Culinary Center (GOe). El Ayuntamiento lo hace en detrimento de lo que debería haber sido un parque ampliado de arbolado frondoso y dotado de acceso mecánico para los vecinos de Gros-Ulía. Se trata de una operación aprobada con ligereza que no responde a los intereses generales. Una actuación aislada que tenía fácil encaje en otros territorios de oportunidad y necesitados de su puesta en valor en Donostia con este tipo de intervenciones.  

Por su parte, llega también la privatización de la ladera verde de San Bartolomé, un espacio protegido además como bien cultural en el Plan General de Urbanismo. Allí construirán un artefacto comercial innecesario de diez plantas. Asistiremos a una gran excavación de 42 metros, la desaparición del carril bus en un tramo de Easo y la eliminación de 25 metros lineales del muro  protegido. El edificio invadirá la ladera dejando unas terrazas verdes, en parte privatizadas, que sustituirán a lo que podría ofrecer la recuperación tratada de una ladera verde que acogiera un gran jardín en plano inclinado de plantaciones y arbolado. Sería un proyecto singular e innovador en esa esquina tan visible del Ensanche Romántico de Cortázar.

Pero la zona verde se sacrifica para albergar más tiendas de franquicias y un aparcamiento en rotación. Me parece un escándalo de mayor gravedad aunque casi nadie expresa su disconformidad. Sostengo, con doscientas páginas de argumentos presentadas como queja formal ante el Ararteko y ante el silencio de Alcaldía a mis peticiones en registro de información, que asistimos a una desviación de poder del Ayuntamiento. A propuesta del Gobierno local, se eliminará una zona verde considerada como parte del patrimonio histórico de San Bartolomé.

El artefacto que surgirá será un ejemplo de especulación municipal, de falta de transparencia y de incoherencia con el objetivo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al necesitar el nuevo centro comercial atraer tráfico para hacer negocio. Mientras, observamos cómo crece el fenómeno de privatización de San Sebastián con los edificios adquiridos por sociedades de inversión para ofertar  pisos a precios astronómicos. Sin embargo, la población no ve una necesaria compensación al tener que soportar un retraso inadmisible en el desarrollo de actuaciones de vivienda pública controlada, en alquiler o en concesión sin venta del suelo público. Todo lo que se promete hacer es para dentro de seis u ocho años.  

La movilización ciudadana no puede esperar. Menos aún si avanzaran otras operaciones de privatización en el estadio de Anoeta o Illunbe. Sucede algo parecido cuado se niega la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones o se actúa con opacidad. Es otra forma de privatizar, en este caso, la política. ¡Hagamos algo!  

Han hecho falta veinte años para conseguirlo. Pero aún habrá que esperar otros siete para que se empiece a ver la intervención en el suelo del actual Cuartel de Loiola. Defensa ha negociado con el Alcalde de San Sebastián la venta a un precio muy alto (73,3 millones) y cuatro años para desalojar el cuartel y trasladarse a los terrenos próximos de la hípica militar. Aunque no pasaría nada si la tropa se reubicara en otra capital.

Con esas dos condiciones -el precio limita la dimensión social del proyecto- el problema de una oferta ridícula de vivienda pública en Donostia en los últimos doce años, con Alcaldías nacionalistas, no se afrontará a tiempo. Son muchos jóvenes y familias los que no podrán acceder a un piso en su ciudad; mágica pero muy cara.

Se equivocó el alcalde Goia al anunciar el objetivo de un 40% de pisos a precio protegido en Cuarteles. Así, ha encarecido el precio a pagar al Ministerio a quien tenía que haber planteado un 75% de vivienda pública, en línea con el discurso del presidente Pedro Sánchez de pedir un esfuerzo a TODAS las administraciones para incrementar el parque de vivienda pública. Sin embargo, el Estado no se ha sentido presionado y ha hecho “caja” ante el escenario de un 60% de pisos a precio libre.

Quien fuera responsable de urbanismo durante la etapa de Alcaldía socialista, el concejal Jorge Letamendia, que supo negociar la compra del edificio del Gobierno Militar y los traslados de la Policía Nacional y de la Cárcel, mantenía una propuesta inteligente para ajustar el precio.

Es evidente la incapacidad estratégica y negociadora de Alcaldía y del Ayuntamiento que les obliga a pagar un precio excesivo a Defensa. Sobre la mesa tenía que haber puesto un objetivo ambicioso de vivienda pública, además de propiciar una recalificación del suelo del antiguo Gobierno Civil, en Plaza Pio XII, para edificar allí vivienda libre y la conversión del edificio del antiguo Banco de España, en la calle Garibay, para reubicar en el centro las oficinas de una Delegación del Gobierno.

Los terrenos militares, que acogen unas instalaciones infrautilizadas desde hace mucho tiempo y se encuentran en un suelo urbano y llano junto al río, tendrán un mejor destino. Soy testigo de que han sido muchos años de conversaciones con Defensa pero su negativa al traslado que se le ofreció, a otra ubicación segura, se basaba en la existencia de ETA. La salida de Loiola de los militares la entendía como una muestra de debilidad.

En 2010, todavía en mi condición de alcalde, estuvimos cerca de llegar a un buen acuerdo con la ministra Carmen Chacón, pero la operación no obtuvo la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (ETA anunció su derrota poco después, en 2011). Tras nuevas tentativas, el 5 de noviembre de 2020 volví a presentar al Gobierno de Pedro Sánchez, como diputado, una enmienda de adición a los Presupuestos del Estado para 2021, proponiendo la venta al Ayuntamiento del Cuartel de Loiola. Dos semanas después, el Gobierno acordó negociar una enmienda similar con el PNV en el Congreso. De ese modo, más otras compensaciones, obtuvo sus votos a favor de las Cuentas del Estado. Así se escribe la historia.

Mientras esto sucedía, en el periodo de 12 años con las alcaldías de Bildu y PNV (2011-2023), solo se ha ejecutado el 17,3% de la vivienda social que incorporamos los socialistas al Plan General en 2010. En concreto, solo en el suelo municipal de Auditz-Akular, en el barrio de Altza, dejamos aprobado con el voto a favor del PNV y PP, la construcción de más de 3.000 viviendas protegidas, de precio tasado y apartamentos dotacionales. Han tenido tiempo para adecuar y mejorar como quisieran ese proyecto. Todo menos la paralización indecente de una actuación social prioritaria mientras crecían, como setas, los hoteles y pisos turísticos con los efectos negativos de la gentrificación.

Ahora, se trata de ganar tiempo. De ahí que el Ayuntamiento debiera agilizar la tramitación y aprobación tanto de la modificación puntual del Plan General de Urbanismo para los terrenos en Loiola, como del Plan Parcial y de Urbanización. También ha de negociar con el Gobierno Vasco un compromiso de colaboración en la operación para financiar más vivienda pública. Dudo mucho que este Ayuntamiento repitiera hoy operaciones como las que efectuamos en Atocha y Morlans con un 100% de vivienda pública.

El Ayuntamiento donostiarra ha aprobado la construcción de un centro comercial en el espacio verde de la ladera norte de San Bartolomé. Como remate de la operación urbanística en ese ámbito, pretende meter bajo la ladera un edificio de diez plantas (cinco subterráneas), destinando 8.040 metros cuadrados a un gran supermercado, restaurante y tiendas. También dispondrá de un aparcamiento de rotación de 14.000 metros cuadrados.

Más allá de las plusvalías que aporte, esta operación ni es innovadora ni tiene interés para el centro y solo servirá para densificar aún más la zona. La actuación exige una excavación de 46 metros en roca, una obra compleja que durará tres años, con afecciones importantes al cortar las calles Easo y Aldapeta. En mi opinión, es una demostración de falta de criterio político a la hora de tratar un espacio público simbólico.

La ladera norte de San Bartolomé merece ser conservada porque forma parte de un paisaje urbano singular y de la memoria de un hito de la ciudad. Es exigible sensibilidad, también, hacia un lugar vinculado a una colina, fuera de la ciudad amurallada, donde se situó en el siglo XII el primer monasterio-convento. El anteproyecto de edificación y urbanización de un centro comercial absolutamente innecesario, figura en el plan especial recién aprobado por el Ayuntamiento. El documento ofrece un impactante fotomontaje que debiera merecer una reflexión cívica. Esta intervención no se aceptó en mi etapa de alcalde por el equipo político y técnico que trabajamos en la operación de San Bartolomé y que se plasmó en las reformas de planeamiento en 2007 y 2010.

Por el contrario, el centro comercial fue incorporado y aprobado después en nuevos planes urbanísticos por las Alcaldías de Bildu y PNV a partir de 2011. Concretamente, Izagirre, alcalde de Bildu, defendió esta operación -junto a otras en San Bartolomé- en diciembre de 2013. El área de San Bartolomé ya ha sido suficientemente exprimido como operación urbanística y económica. En defensa del interés público, se propone a la Corporación una alternativa razonable para que se respete esa ladera que siempre fue un espacio verde y que se mantuvo así cuando se levantó la nueva iglesia y convento en 1876.

La alternativa pasa por encargar un proyecto de jardinería y paisajismo que recupere todo el espacio de la ladera y lo convierta en un gran jardín en plano inclinado, algo que resulta imposible si se construye el centro comercial. Se trata de integrar en el paisaje urbano el convento, la iglesia, el muro y la ladera, ofreciendo una visión global no distorsionada y consolidando la ladera con un espectacular mar de flores que mantenga ese terreno con plantas y árboles bien estudiados. El edificio comercial elimina un tramo del muro protegido y crea una nueva apertura, a la vez que devalúa el jardín y esa pretendida visión del conjunto.

Además, se ampliaría la acera de ese tramo de la cuesta de San Bartolomé con retranqueo y rebaje de altura del actual murete al final de la ladera. Por otra parte, abrir un nuevo aparcamiento de rotación en el centro va contra la filosofía medioambiental del área de bajas emisiones porque provocará una mayor afluencia y circulación de vehículos. Todo ello resulta contradictorio con esa política errática de movilidad y circulación que aplica Alcaldía.

La apuesta por la innovación en Donostia no debiera consistir, sólo, en promover y atraer nuevas empresas centradas en la investigación, la ciencia, las nuevas tecnologías y la captación externa de talento. Ser una ciudad innovadora significa, también, gestionar con sensibilidad y en defensa del interés general el paisaje, el suelo, el patrimonio y la identidad del municipio. Hablo de una estrategia propia para afrontar los retos del modelo de ciudad que quiere la ciudadanía para San Sebastián.

Estamos a las puertas de las elecciones municipales y necesitamos un debate clarificador y transparente en favor de intervenciones sostenibles y de calidad. Este centro comercial no lo es. Por todo ello, ruego al pleno del Ayuntamiento que reconsidere su decisión con urgencia.

Las situaciones degradantes para la democracia y la política que vivimos con frecuencia en los plenos del Congreso exigen que la presidenta de la Cámara y los grupos reflexionen sobre las medidas a adoptar. Entre ellas, la reforma de su reglamento mediante la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista, una iniciativa cuya toma en consideración por el pleno fue aprobada hace 18 meses.  

La activación de esta proposición permitiría debatir, en ponencia y con calma, sobre los incidentes que se repiten en las intervenciones y sobre las respuestas que debe aplicar la Mesa. Parece que no nos damos cuenta de la gravedad de la situación a la que hemos llegado y que afecta a la calidad de la democracia.  

Desde la más alta institución política del sistema democrático, hay grupos que promueven, hacia la sociedad, la crispación, la polarización extrema y la confrontación sin ningún recato,  repitiendo discursos de odio y violencia que calan en la calle.  

Desde octubre de 2020, y después de que instancias europeas como GRECO del Consejo de Europa nos lo reclamaran con insistencia, el Parlamento dispone de un Código de Conducta que enumera seis principios, pero no desarrolla pautas de comportamiento de sus señorías en plenos, comisiones y en los diferentes ámbitos de la vida parlamentaria. No incorpora sanciones para los comportamientos contrarios a los principios del Código, incumplimiento de algunas obligaciones y de deberes relacionados con la transparencia, porque lo deja como materia propia del reglamento.  

Por otra parte, en mayo de 2021 el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de una proposición de ley, presentada por el grupo socialista, en la que se planteaba la regulación con detalle de la actividad en el Congreso de los grupos de interés o lobbies.  

Pero, además, con esa proposición el PSOE pretendía aprovechar la oportunidad para incorporar un apartado al reglamento que clarifique las reglas a seguir en los debates y en el trabajo parlamentario, así como una ampliación de las sanciones (añadir las de tipo económico y ampliar los supuestos de suspensión del art. 101) para quienes incumplan esas reglas de conducta, los deberes establecidos y las faltas de transparencia. También procedería efectuar una mayor concreción del procedimiento sancionador. 

En la actualidad, el reglamento del Congreso contempla como sanciones (en sus artículos 16, 70.3 y del 99 al 106) la retirada de la palabra, las llamadas al orden, la expulsión del pleno por una sesión o por más tiempo y la suspensión. Sin embargo, estas sanciones raramente se aplican y no sirven como respuesta a diferentes actitudes e infracciones.  

Sin duda, una revisión de las normas de autorregulación sobre la disciplina parlamentaria debe contar con el consenso y el compromiso político de la inmensa mayoría de la Cámara. Se trata de garantizar la supervivencia, por largo tiempo, de lo que se apruebe.  

Sin embargo, después de año y medio, la proposición socialista permanece atascada y aún no ha podido tramitarse para debatir las enmiendas de los grupos. Hace falta una labor de mediación para lograr el encuentro de posiciones, en especial entre el PP y el PSOE, que permita que avance la tramitación. 

Son necesarias normas y criterios de interpretación que pongan límites a los excesos verbales de los oradores, los discursos de odio, las  expresiones de violencia política y los insultos a gritos hacia el interviniente y, también, los incumplimientos éticos.  

Es imprescindible un acuerdo compartido por la gran mayoría de la Cámara sobre cómo evitar la degradación de la institución por culpa de comportamientos parlamentarios extremistas. Un acuerdo que podría recogerse en el actual Código de Conducta. Sin ese acuerdo y sin incorporar los mecanismos precisos de sanción en el reglamento, a la presidenta y a la Mesa del Congreso le resultará difícil acertar en la toma de decisiones.  

En la reflexión pendiente juega un importante papel la dimensión a respetar de la libertad de expresión, que ha de ser amplia, pero no absoluta. Dicho sin complejos, ha de tener algún límite ante el papel y  los valores que tiene que representar un Parlamento democrático que no puede funcionar como si buscáramos la captación de espectadores ávidos de bronca. 

La pregunta es pertinente. Y la polémica desatada sobre la carta del Presidente Pedro Sánchez al rey marroquí no clarifica el estado real de la cuestión. Para evitar confusiones sobre las propuestas y aclarar el proceso político a seguir para tratar de resolver el conflicto enquistado del Sáhara Occidental, es imprescindible atender la totalidad de la reciente resolución de la ONU sobre el problema. 

Me refiero a la número 2602, de 29 de octubre de 2021, que fija las líneas de actuación. En ella, la ONU “se compromete a ayudar a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para ambas partes, basada en la avenencia, y que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta resolución tomó nota de la discutida propuesta autonómica marroquí, presentada a la ONU en 2007, y acoge “con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. También toma nota de la propuesta presentada al Secretario General de Naciones Unidas por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007.

A partir de ahí, se anima a las partes a que “sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia, alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso”. 

La ONU destaca la importancia de que las partes continúen el proceso de negociación mediante las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas. Se reconoce que “el status quo no es aceptable”, y se destaca que “los progresos de las negociaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida del Pueblo del Sáhara Occidental en todos sus aspectos”.

Lo cierto es que desde la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos con aquella Marcha Verde - luego utilizada a otra escala en los episodios de Ceuta y Melilla - han transcurrido 47 largos años sin avances en la solución política del conflicto. Además, es urgente una respuesta humanitaria ante la situación de penuria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. 

El diálogo es urgente y ha de versar sobre propuestas creíbles que busquen la resolución del conflicto. El Presidente Sánchez ha tomado partido por una solución autonómica. Pero es difícil creer en la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental y en una amnistía general, cuando Marruecos no ha ofrecido garantías políticas de cumplimiento. Me explicaré: la inacción autonomista de Marruecos en 15 años demuestra que el papel lo aguanta todo. Tampoco se han producido avances en el supuesto deseo de regionalización ni en la democratización del reino alauí ni en el respeto a los derechos humanos en el territorio ocupado del Sáhara Occidental.

En todo caso, la propuesta de un estatus de autonomía para el territorio del Sáhara, como cualquier otra opción que se pudiera plantear, debe debatirse y acordarse entre las partes, contar con garantías reales de cumplimiento y someterse, al final del proceso, a una consulta democrática por ambos Pueblos. 

En consecuencia, España, como país comprometido con los intereses del Pueblo Saharaui, tiene que colaborar activamente con la ONU para crear las condiciones políticas que faciliten la reanudación de los contactos entre Marruecos y el Polisario. Algo que resultará muy difícil y que sería un paso previo que preparase un proceso de negociaciones con fin de alcanzar una solución justa y siempre aceptada por las dos partes, traducida en una paz duradera.

Para que este proceso negociador avance y sea creíble, ha de hacerse en el marco de las resoluciones -bien leídas- de la ONU en 2021, quien ha de garantizar esta vía bajo el impulso y la tutela del Sr. Staffan de Mistura -enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental-, el “apoyo” que le presten USA, Francia, Alemania y España, el desarrollo de las funciones encomendadas al contingente de la MINURSO (que debe prorrogar su presencia) y el respaldo del Consejo de Seguridad.

Por último, es imprescindible conseguir, para blindar el inicio del diálogo, la garantía del respeto a las libertades democráticas y la salvaguarda de los derechos humanos en los territorios afectados. Es la baza que debería jugar el rey de Marruecos si quiere que su propuesta sea creíble. Por ello, es de gran interés que España aporte un contingente propio a la MINURSO para el cumplimiento de su misión de estabilidad y paz. 

Las alarmas de la democracia se activaron con ocasión de la reciente designación del Sr. Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional. Todo sea por conseguir -dicen- la renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces, una negociación compleja e imprevisible por el juego desestabilizador del PP. Veremos.

De entrada, constato que el bloqueo de Casado a la renovación de los órganos constitucionales ya ha producido un enorme daño a la credibilidad del sistema democrático y a la legitimidad de las instituciones afectadas, así como un desgaste de la política ante la ciudadanía. Porque esta derecha catastrofista desprecia las reglas de la Constitución. 

Tras la dura digestión de ciertos nombramientos para el Tribunal Constitucional, la democracia no puede soportar por más tiempo la situación del CGPJ cuya renovación lleva tres años bloqueada. Por ello, la elección de los 20 nuevos vocales del poder judicial tendrá que seguir un procedimiento ejemplar y recaer en jueces y juristas de mérito, prestigio e integridad. Hablamos de órganos decisivos en la arquitectura de una democracia constitucional que necesita acuerdos transversales. 

Pudiera ser que Pablo Casado -el falso despolitizador- quiera imponer algunos candidatos inaceptables en la renovación del CGPJ. En todo caso, si la negociación culmina debiera reservar más protagonismo al Congreso. Y si esa vía fracasara o se demorase en exceso, la Presidenta de la Cámara tendría que  poner en marcha el plan B.

Lo cierto es que las decisiones sobre los nombramientos no han de cocinarse totalmente fuera del Parlamento para evitar casos como el de Cosidó o el de Arnaldo. El plan B se fundamenta en el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años... y los Presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

Pues bien, la clave del plan B reside en activar la tramitación contemplada en el título XXII del Reglamento del Congreso, aplicando al proceso un talante democrático innovador en un nuevo tiempo ajeno al bipartidismo. Un reto de la regeneración democrática consiste en que el método para estas designaciones otorgue más protagonismo a la institución cada vez más plural del Parlamento. Como órgano representativo de la soberanía popular y escenario abierto a la participación de los grupos, el Parlamento ha de efectuar un examen riguroso de las personas candidatas y un proceso político transparente hacia la sociedad. 

Hace más de tres años, el Congreso y el Senado recibieron del presidente del CGPJ la lista de los 50 jueces y magistrados que recibieron apoyos de sus asociaciones y colegas para ser candidatos y candidatas y someterse a una selección de los doce vocales que corresponden al turno de jueces. La manera de configurar esta lista demuestra que el actual sistema de elección ya garantiza la participación en el proceso de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial. En cambio, para la elección de los ocho vocales juristas en el CGPJ, el Parlamento debe seguir una metodología que se inicia con la recepción, aún pendiente, de las candidaturas de juristas por parte de los grupos parlamentarios. 

Sin embargo, no se aplicó el citado artículo 568 de la Ley Orgánica del CGPJ por los órganos de dirección de Las Cortes, para actuar en plazo en ambos casos, sino que se dejó toda la iniciativa a la vía negociadora de los grandes partidos.

Sabemos que los 20 vocales del CGPJ deben reunir las condiciones que garanticen su competencia, independencia e imparcialidad en el ejercicio del cargo. Por tanto, los procesos de selección exigen, por un lado, efectuar por la Mesa de cada Cámara la comprobación de que se dan los requisitos constitucionales establecidos para formar parte de los doce vocales del turno de jueces. Por otro, hay que realizar en la Comisión Consultiva de Nombramientos los exámenes de idoneidad, mediante entrevistas de control riguroso, a los candidatos y candidatas que presentaran los grupos para el turno de los ocho vocales juristas. 

Esta Comisión es el órgano asesor que ha de servir, además, para deliberar y propiciar acuerdos, promovidos por los buenos oficios de la Presidencia del Congreso y Senado que garanticen el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 de las Cámaras, mayoría a respetar como expresión del pluralismo político.

Las Presidencias de ambas Cámaras, conforme al artículo 32,2 del Reglamento, tienen facultades para suplir sus lagunas y dictar Resoluciones, aprobadas por las Mesas de cada Cámara, que sirvan para establecer plazos para presentar las candidaturas, ordenar las comparecencias en las reuniones de la Comisión Consultiva que examina la idoneidad de cada candidato, favorecer mecanismos de deliberación y negociación, y poner plazos para la proclamación por parte del Pleno respectivo. En esto consiste el plan B.

Deseo que el desarrollo de la negociación culmine con éxito y sin trágalas. Pero si el PP la rompiera y luego decidiera negarse a presentar sus candidaturas para elegir por Las Cortes a los 20 vocales del poder judicial, quedaría retratada la actitud habitual del PP cuando pasa a la oposición y pierde su fe democrática y practica el acoso y la desestabilización. Hasta el punto de renegar de la ley sobre la elección del CGPJ que el propio PP aprobó e impuso a los demás en 2013 y que ahora dice querer cambiar por un sistema corporativista para la elección de los vocales jueces y magistrados por los propios jueces. Por supuesto, de espaldas al Parlamento.

Vivimos en un endiablado escenario global, conectados por igual a incertidumbres, amenazas y desafíos. Salvando las distancias y con la concurrencia de los fenómenos de esta era tecnológica, la comunicación digital, las nuevas élites financieras y la emergencia climática, la historia del avance del autoritarismo se repite en España y en toda la humanidad.

Esta maldita pandemia y las consecuencias del cambio climático nos deberían enseñan a ser más solidarios con los demás habitantes de un planeta compartido y a entender que no tienen sentido las identidades nacionalistas excluyentes y de confrontación frente a los valores democráticos y los derechos humanos.

Las catástrofes que sufrimos cada año con más intensidad, son consecuencia del calentamiento global. Me refiero a las grandes inundaciones, olas de calor y sequías, hambrunas y enfermedades, incendios y aceleración del deshielo de glaciares. No hay tiempo que perder para poner remedio a tanto sufrimiento, pobreza y desigualdad. Evitarlo requiere decisiones de los Estados y de los organismos supra estatales -que necesitan ser reformados- para hacer posible una gobernanza democrática de la globalización, con medidas valientes, sostenibles y justas para lograr la supervivencia del planeta. 

Sin embargo, observo actitudes en gobiernos, importantes organismos internacionales, medios y redes sociales que no tienen claro que sin cooperación real y solidaridad global este planeta camina sin remedio hacia el caos. Así, mientras en la UE se habla de una tercera vacuna de refuerzo (con el empuje de Pfizer, por supuesto), las farmacéuticas no se esfuerzan en aumentar la producción para los países pobres que aún no recibieron ni la primera vacuna.

Por otra parte, sufrimos una exaltación del extremismo, de estrategias de polarización de la sociedad que cultivan el odio y atacan la convivencia y la paz social, dificultando las  transformaciones sociales y los consensos parlamentarios. Buscan extender el miedo.

En España no podemos cerrar los ojos ante el surgimiento de un neofranquismo de la mano de Casado & Vox. Los ejes de su estrategia son el desprecio a la democracia y al Estado de Derecho, la difusión de una posverdad sobre el golpe de estado de los fascistas, la creación del enemigo imaginario de España, una idea de la patria excluyente y para la confrontación, un conservadurismo rancio apoyado en la iglesia y la familia tradicional y un discurso del odio para agudizar la polarización política.

Junto a la acción de partidos populistas autoritarios y de extrema derecha así como de los movimientos negacionistas y conspiranoicos, hay una corriente de fondo que remueve las bases de las sociedades democráticas. Podría tratarse de un gesto de hartazgo y rebeldía en sectores ciudadanos fruto de la corrupción, el escepticismo ante el futuro y la antipolítica que promueven los populismos.

Quizás asistamos al declinar de la democracia. Impedirlo exige afrontar el reto de democratizar la globalización, actuando desde la cooperación transnacional y la movilización de la sociedad civil contra los nuevos tiranos del siglo XXI. Esos que aprovechan la pandemia, las crisis y el temor a las migraciones para que la ciudadanía renuncie a su libertad a cambio de una falsa seguridad bajo secuestro. Cabe, por el contrario, organizar la resistencia democrática para vencer a los autócratas y a una vida precaria. Ambas alternativas son posibles.

Se cumple un año de funcionamiento del Congreso en condiciones extraordinarias y resulta obligada una reflexión sobre los efectos de la pandemia y el estado de alarma en las actividades del Parlamento. Presentar conclusiones es el objeto de este artículo. 

La situación de emergencia sanitaria, con sus limitaciones a la movilidad y presencialidad de las personas, ha requerido el uso impensable de nuevos sistemas operativos y aplicaciones tecnológicas, así como una interpretación flexible del Reglamento de la Cámara. 

Solo de ese modo podía desarrollar el Congreso una actividad pública que es esencial en una democracia, como expresión del pluralismo político, la función legislativa y el control parlamentario al Gobierno. Todo ello de acuerdo con el artículo 116 de la CE sobre la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio.

La aparición en España del coronavirus produjo uno de sus impactos iniciales en el Congreso, acordando la Presidenta, el 10 de marzo de 2020, un cierre preventivo. A continuación, el día 12, se procedió a suspender Plenos y Comisiones y dictar servicios mínimos para los siguientes quince días, a la vez que se garantizaba la disponibilidad de la Cámara ante situaciones o procedimientos urgentes. Todo ello de común acuerdo entre la Mesa y los Portavoces de los Grupos. 

En el tiempo transcurrido, el Congreso ha permanecido abierto y funcionando, como corresponde a una actividad esencial en un Estado de Derecho por parte de una institución garante de la democracia. Conviene recordar que tras la Declaración por el Gobierno del estado de alarma, el día 14 de marzo, se retomó la función del Congreso con la celebración inmediata de Plenos el 18 y 25 de marzo, el 9 y 22 de abril, el 6 y 20 de mayo, etc. 

Esto fue posible por la fórmula de combinar una asistencia presencial limitada con la virtual y el uso del voto telemático en los Plenos, unido a un seguimiento de las sesiones desde el Canal Parlamento, disponible en la web del Congreso. De este modo, la Cámara ha podido debatir y votar la convalidación de los RDL del Gobierno relacionados con la vigencia del estado de alarma, las medidas sanitarias, el escudo social y otras normativas de urgencia del Consejo de Ministros en favor de la recuperación económica. 

Los Plenos híbridos han sido una opción imprescindible ante los acuerdos de confinamiento general o perimetral y las normas de distancia personal que alcanzan también a los diputados. Estos Plenos, no ensayados hasta ahora, han funcionado razonablemente bien. 

Además, se celebraron, inicialmente, reuniones de las diferentes Comisiones con presencia reducida a los portavoces y a los ministros comparecientes. Entre ellas la de la Comisión de Sanidad para el seguimiento de las medidas contra la COVID-19. No obstante, quedan objetivos por lograr como el perfeccionamiento de la infraestructura tecnológica disponible en las salas de Comisiones.

Es oportuno reflexionar sobre estas experiencias y estudiar “en caliente” la adaptación del Reglamento del Congreso para dar cobertura reglamentaria a fórmulas de funcionamiento a seguir en estos escenarios de excepcional gravedad y fuerza mayor. Para esa reflexión sugiero la lectura del trabajo de Rafael Rubio y Miguel Ángel Gonzalo (un funcionario directivo del Congreso) titulado “Presencialidad y excepcionalidad en el Parlamento en tiempos de pandemia global”. O el estudio crítico de José Tudela sobre “Parlamento y estado de Alarma”.

Esta crisis, provocada por la pandemia global, ha supuesto un reto para todos los Parlamentos del mundo que han tenido que modificar sus normas internas de funcionamiento, priorizando el tratamiento de temas relacionados con el coronavirus en sus Plenos. Se dispone de una amplia referencia de los cambios de Reglamento, resoluciones y medidas especiales adoptadas a lo largo de marzo y abril por señalados Parlamentos. Entre otros, los de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia, el propio Parlamento Europeo o el Parlamento de las Islas Baleares. Los estudios realizados señalan que esos Parlamentos se plantearon fórmulas y adoptado acuerdos de funcionamiento muy similares a los del Congreso. 

Una reforma del Reglamento, para dar cobertura a un modelo de funcionamiento del Congreso en un escenario similar al de la crisis de la COVID-19, tendría que recoger el sistema de teletrabajo de los diputados con rendición pública de cuentas, las normas de utilización del voto telemático con garantías de seguridad, las condiciones de presencialidad, logística y aplicaciones para celebrar Plenos y Comisiones, la presentación y tramitación de iniciativas parlamentarias, los servicio mínimos que ha de prestar la Cámara en situaciones extraordinarias para garantizar el control del Gobierno y las reglas para un mejor aprovechamiento de la página web del Congreso que ofrezca a la ciudadanía información puntual, transparente y accesible sobre las actividades, debates y acuerdos de la institución. 

También habría que aprovechar para incorporar al Reglamento, una vez ensayadas las herramientas tecnológicas, nuevas vías de transparencia informativa y de participación ciudadana en la vida parlamentaria, con cambios en favor de procesos legislativos abiertos a la sociedad. De estas cuestiones debatimos en la Comisión Constitucional el pasado 11 de marzo de 2021. 

No estábamos tan locos cuando en el año 2000 acordamos en Alcaldía crear el bidegorri en la calzada de La Concha en medio de una gran polémica. Luego vinieron otras actuaciones con imaginación, incomprensiones y errores. Pero la red para bicicletas funcionó con el paso de los años y hoy aún está incompleta, desbordada y arrastra riesgos para peatones y ciclistas.

Es preciso dar un nuevo salto, en este caso a la calzada, sin dejar de reconocer las mejoras introducidas. Se trata de una contribución al combate contra el cambio climático, la reducción de coches en la ciudad y la promoción del uso de la bicicleta como hábito saludable y como filosofía de vida.

Soy un ciclista urbano habitual y observo las carencias que tiene San Sebastián para ser una ciudad de referencia en Europa por su oferta de movilidad ciclista. La clave reside en compartir más calzadas con los coches extendiendo las áreas 30 y 20 Km/h. Zonas bien señalizadas con el objetivo de reforzar el respeto a los ciclistas en calles de velocidad limitada, recordando la preferencia de la bicicleta ante los vehículos por esos carriles.

En concreto, es necesario dar continuidad al carril bici del Boulevard en recto -sacándolo de La Bretxa- hasta la Avda de La Zurriola; prolongar el existente en la calle Easo hasta su conexión con el que vendría por Miramar y con la zona 30 en Avda de La Libertad; un nuevo carril bici por la calle Zubieta que permita suprimir el que discurre por el Paseo peatonal de La Concha, eliminando riesgos de accidentes y aprovechando espacios del Paseo para situar los aparcabicis de la playa con entrada y salida desde las calles que parten de Zubieta.

En el caso de Gros se necesita una vía de entrada unidireccional al barrio por Paseo Colon - Nueva - Secundino Esnaola (delimitando zona 20 en la calzada) hasta la Avda de Navarra. Otra vía de salida hacia el Centro, bajando por Zabaleta (con cambio de sentido) lateral peatonal menos concurrido de Plaza Cataluña hasta Paseo Colón. Además, Bergara-Prim, Gran Via e Iparraguirre deben ser señalizadas como zona 20 o 30 y en Paseo Colón el estrecho bidegorri existente -como otros muchos- ha de continuar hasta Usandizaga.

En el Antiguo hay que establecer una conexión clara del carril que sale del túnel con la calle Matia y señalar como zona 30 un carril en la Avda Zumalakárregi entre calle Benta Berri y Avda Satrústegi.

Por su parte, tras años de parón, el nuevo Boulevard de Loiola, a lo largo de la Travesía del Barrio, incorporará un bidegorri para conectar con la Glorieta de Riberas donde enlazaría con la red en dirección a Amara, Centro o Egia. Se precisa, también, una solución para conectar Riberas con Tabakalera-Egia a través del Camino de Mundaiz.

Por último, el Ayuntamiento ha de resolver las situaciones de riesgo para peatones en puntos de cruce con las bicis en Plaza de Euskadi, inicio de Republica Argentina con el puente Santa Catalina, Avda de la Libertad con esquina calle Miramar, Puente del Kursaal con inicio Paseo de Salamanca, etc.

Superados los veinte años del Plan de Movilidad para la bicicleta, las bicis tienen que saltar a la calzada en el marco de un nuevo plan más ambicioso. Con garantías de seguridad, como en muchas ciudades europeas, la bici tiene que ocupar su sitio en más calzadas, compartiendo espacio con los coches, en calles tranquilas que ofrezcan condiciones para favorecer su circulación.

Me acuso, en la parte que me toca, al considerar que en general los políticos no salimos bien parados tras el confinamiento. La actitud ejemplar y el buen trabajo de muchos profesionales –desde enfermeras y médicos hasta el personal de supermercados y farmacias–, y el comportamiento disciplinado y solidario de la inmensa mayoría de la ciudadanía, me lleva a reflexionar sobre la actuación de políticos y partidos en esta crisis provocada por la COVID-19.

Afrontar una situación que deja miles de víctimas, muchas de ellas fallecidas en soledad, y a millones de familias sufriendo de ansiedad ante la incertidumbre de su futuro laboral y sus planes de vida, requiere de quienes nos dedicamos a la política un trabajo ejemplar y eficaz así como empatía social en las decisiones.

Las formas cuidadas de hacer política, la transparencia de cada uno de nuestros pasos, las tomas de posición pensando en el interés general, la rendición de cuentas y un diálogo para el entendimiento configuran un modelo de democracia parlamentaria exigible para superar una crisis múltiple, consecuencia de esta pandemia global. ¿Practicamos ese modelo?

Como político me pregunto si el liderazgo consiste en acertar a la hora de excitar la fibra emocional de “los nuestros” y si el ejercicio de la representación política se centra en manipular las cosas y lanzar discursos solo para desacreditar al adversario. Pensaba que, por el contrario, la política debía responder con ética desde la verdad que conocemos y llevar la calma y la confianza a propios y extraños.

También debo preguntarme si en todos nosotros prevalece la defensa del bien común frente al interés partidista, la responsabilidad política en la toma de decisiones por encima del cálculo electoral y la pura estrategia de poder, la negociación con rigor en lugar del cambalache como resultado de chantajear con el voto a la salud pública, la búsqueda de la unidad en vez del cultivo de la confrontación y el odio.

Las circunstancias nos obligan a trascender por un tiempo los papeles de gobierno y oposición ante la envergadura de los problemas surgidos, conscientes de que todos los gobiernos, no importa su color, tienen responsabilidades en la gestión del coronavirus.

No somos útiles si la gente está hoy más enfrentada y desconfía más de los partidos que antes del confinamiento. Porque sería una catástrofe para el sistema democrático si tras esta dramática experiencia no cambiáramos de actitud y no ofreciésemos credibilidad suficiente para sacar juntos a España del agujero. Por eso debemos dar continuidad a los acuerdos del Gobierno sobre las medidas sociales para las personas más vulnerables y las ayudas para la recuperación de los sectores económicos afectados.

Hay que reconstruir la política. En aplicación de las fases de la desescalada, quiero pensar que los políticos no seguiremos autoconfinados ni aumentará la distancia entre los partidos ni con los anhelos de la ciudadanía. En la comisión parlamentaria para la reconstrucción del país tenemos la última oportunidad.

Soñamos con el día después, aún lejano, que nos devuelva a la normalidad, la que vivíamos antes de la COVID-19. Pero olvidamos que volveríamos a una aparente normalidad que ya arrastraba graves crisis, desafíos planetarios y tecnológicos de gran complejidad y riesgos existenciales derivados de la globalización.

Llegan tiempos todavía más duros en los que casi nada será igual tras las diferentes consecuencias del virus. Pienso en la recesión de la economía del país con la pérdida de empleos, las limitaciones -por prevención- de muchos de nuestros hábitos de vida y en la fragilidad de una democracia que deberá saber combinar la libertad personal con el uso de mecanismos tecnológicos que aporten control y seguridad. Ahora toca sacar enseñanzas de la tragedia para poder defender mejor el interés de la comunidad y del planeta.

La crisis del coronavirus dejará, en España y en medio mundo, un paisaje de dolor por las miles de personas fallecidas, muchas preguntas críticas sobre la fortaleza de los sistemas sanitarios públicos, efectos sociales que incrementarán la desigualdad y un Estado desbordado en su objetivo de que nadie quede desprotegido. Pero la pandemia aún no está controlada. Puede haber rebrotes y tampoco sabemos qué sucederá en Africa.

El Parlamento -la política democrática- nunca puede cerrar ni perder la iniciativa en tiempos de emergencia. Porque en un Estado de Derecho la vida parlamentaria forma parte de las llamadas actividades esenciales. Y ante una situación excepcional, como el estado de alarma, el Congreso tiene que debatir y aprobar, en su caso, las medidas del Gobierno dirigidas a combatir la crisis del coronavirus y controlar la acción del ejecutivo. Pero además -y junto al Gobierno- ha de analizar la nueva realidad y preparar la política de altura para el día después.

Porque hará falta negociar y gestionar pactos entre grupos políticos hoy enfrentados. Para abordar una reconstrucción económica y social en el marco de la transición energética, fortalecer los pilares del Estado del Bienestar en defensa de lo público, reducir la brecha digital, acordar los términos de una colaboración leal y corresponsable entre el Gobierno, Ayuntamientos y CCAA y presentar un frente común ante las instancias de la UE para defender una Europa de cooperación y solidaridad. Pero nada será posible sin acuerdos parlamentarios amplios, hasta hoy impensables, pensados para garantizar respuestas eficaces y la gobernabilidad de España.

Sin embargo, aprovechando la ansiedad que provocan las miles de muertes y la incertidumbre económica y laboral, hay en marcha una estrategia de lucha de poder contra el Gobierno de izquierdas que pasa por sembrar, en las redes y en medios de comunicación, la confusión, bulos, odio y proclamas neogolpistas. El PP debería ser consciente de que tanto los que la alientan como quienes alimentan la crisis política estarían amenazando el sistema democrático.

El crecimiento del neofascismo podría volver a repetirse en medio de una alarma social y a la sombra de una crisis de confianza en las instituciones. Sabido es qué clima crean y cómo se aprovechan de la crispación social, del miedo y la inseguridad para promover, desde el populismo, la vuelta de fórmulas autoritarias.

Lamentablemente, el tono y el fondo de las intervenciones que escuchamos en los Plenos con voto telemático, entre la oposición y el presidente Pedro Sánchez, no presagian un clima de diálogo y acuerdos. ¡Mal vamos!

No será fácil pero los efectos de la COVID-19 exigen, como única respuesta política, una empatía social de los dirigentes políticos hacia la gente angustiada por tantas incertidumbres y una nueva dinámica parlamentaria. La clave reside en la búsqueda del consenso en torno a grandes pactos de Estado que incluyan un presupuesto de emergencia para varios años, y en comprometerse con actitudes de unidad, lealtad y renuncias entre las partes.

La historia se repite. Vuelven con fuerza los movimientos populistas y la extrema derecha, tratando de gobernar a base de sobreexcitar las emociones entre el electorado. Para ello, cultivan la indignación y apelan a la defensa de la identidad nacional frente a los extranjeros y a cualquier progresista traidor a su idea excluyente de patria.

Sus líderes parecen caudillos que alimentan la confrontación y agitan discursos de odio e intolerancia, atacando las bases del sistema, no precisamente para defender el valor de lo público, ni reclamar más democracia ni una mayor justicia social. Sus ideas representan una vía de involución que amenaza con derivar hacia regímenes autoritarios. Por eso constituyen el peor enemigo de la vieja y hoy frágil democracia.

Conocemos sus nombres Se llaman Putin, Trump, Salvini, Abascal, Bolsonaro y tantos otros en distintos continentes. Aunque, en ocasiones, no somos capaces de identificarlos con claridad. Pero coinciden sus formas y su alineamiento ideológico. Sin embargo, todos ellos se aprovechan del sistema democrático; si bien, su teoría y práctica de la democracia no resisten un examen de calidad.

Este virus ultra se desarrolla en un mundo global con unas sociedades interdependientes y líquidas en las que instituciones transnacionales de poder funcionan al margen de las reglas de la democracia conocida en los Estados modernos. Esta complejidad y el aumento de las desigualdades y la precarización en la era de la globalización, hacen crecer la preocupación e incertidumbre entre los jóvenes, las clases medias y los sectores más humildes de la ciudadanía.

La sucesión de crisis económicas, los efectos de la desregulación de un mercado financiero especulativo, el poder de las grandes plataformas tecnológicas y la existencia de estructuras supraestatales con enorme capacidad de decisión, escapan al control de los Estados y no se someten a las actuales reglas de la democracia. Sin olvidar desafíos como la revolución digital, la emergencia climática y las migraciones.

No es casual que un reciente estudio de la Universidad de Cambridge recoja que el 57% de los encuestados en 154 países se muestran insatisfechos con la democracia. Por eso, es urgente afrontar la democratización de la globalización así como garantizar que la transición digital y energética sean justas y se acuerden mediante procesos democráticos que incluyan consultas, deliberación y participación de los sectores afectados.

En España, la innovación y regeneración del sistema democrático son un compromiso del Gobierno de coalición. Debe promover una gobernanza pública eficiente e incluyente, un modelo avanzado de democracia participativa, con transparencia, rendición de cuentas y medidas de integridad contra la corrupción en las diferentes instituciones y procesos participativos. También en la tramitación legislativa parlamentaria. Se trata de superar un enfoque reduccionista de la democracia representativa, atendiendo las demandas de una sociedad crítica que desconfía de partidos e instituciones y pide una mayor interacción entre los representantes políticos y el electorado.

Pero el escenario es más complicado. Vivimos en un mundo en el que la democracia se ha vuelto frágil y se ve desbordada por las estructuras de la globalización. Antes, el sistema democrático tenía al Estado-Nación como marco de referencia. Ahora, muchas decisiones se toman por instituciones supraestatales alejadas de los Parlamentos y del electorado, disminuyendo el control y participación ciudadana y acentuando el rechazo hacia centros de poder inaccesibles.

La izquierda ha de ser consciente de que la nueva gobernanza transnacional requiere idear y construir una forma de democracia diferente a la que ahora conocemos. Una democracia que será compleja y acorde con una realidad global en un contexto de sociedades interdependientes y grandes corporaciones económicas desnacionalizadas.

Es habitual que los grupos nacionalistas traten de ganarse al electorado vasco resumiendo que a Madrid se va “a sacar dinero para Euskadi”. Las políticas para la gobernabilidad de España y la superación de los desafíos globales no entran en su agenda.

Por contra, siempre he entendido que como diputado socialista vasco, mi trabajo en el Congreso consiste en saber conjugar la defensa del bien común, pensando en las demandas de la mayoría social y el progreso del conjunto de España, con los intereses más específicos de la ciudadanía vasca. Tarea que nunca podrá hacer el PNV y menos Bildu.

Me explico: el 10N vamos a elegir un presidente y un gobierno que acaben con la parálisis política y afronten los retos de la globalización (la crisis climática, una estrategia para la digitalización de nuestra economía y la política sobre migraciones), consoliden derechos básicos de la ciudadanía y defiendan, ante instancias europeas y mundiales, los intereses de la economía española que superan los marcos autonómicos. Y quien mejor lo puede hacer es un gobierno socialdemócrata del PSOE, fuerte y con voz en la Unión Europea. De eso van estas elecciones.

Por eso rechazamos cualquier pacto de gobierno con Rivera y Casado; ellos pactan con Vox. El proyecto del PSOE para España es alternativo a los planes de involución social, política y fiscal así como a la recentralización autonómica que pretende el frente nacional de las derechas. Esperan su segunda oportunidad para dar el asalto a La Moncloa con sus recortes y recetas neoliberales. El riesgo es real, ya pasó en Andalucía, y los posibles abstencionistas lo deben valorar.

El PSOE, con Pedro Sánchez, es la única opción posible de gobierno en la izquierda y quien mejor garantiza las políticas de igualdad y el progreso para Euskadi y España; sin aventuras. De ahí que hablemos de un voto útil para superar bloqueos, hagamos propuestas sociales sin falsos radicalismos y fijemos compromisos para fortalecer una democracia débil y defender la integridad de una España plurinacional.

Para ello será necesario un entendimiento con las fuerzas de progreso como premisa de partida. Luego, habrá que analizar los resultados del 10N para dialogar y gestionar la fórmula concreta que permita el mejor pacto para garantizar la estabilidad de un gobierno progresista cuyo primer reto serán los Presupuestos para 2020.

La ciudadanía, en toda España, soporta incertidumbres, amenazas e inseguridad de cara al desarrollo de su proyecto de vida. Por transparencia debemos expresar ante el 10N compromisos ciertos. Sobre la sostenibilidad y revalorización del sistema de pensiones, la derogación de los aspectos más nocivos de la reforma laboral para un empleo de calidad, la lucha contra la pobreza, más inversiones en i+d+i, la transformación digital de la vida económica, una transición ecológica justa y la creación de figuras impositivas acordes con los nuevos fenómenos medioambientales y del comercio digital en favor de una fiscalidad más justa y redistributiva. Pero nada será fácil y exigirá capacidad para liderar pactos de Estado, poner freno a la crispación y la corresponsabilidad de la sociedad.

En este complejo escenario, los Gobiernos de Euskadi y España han de dar respuesta, desde la lealtad y la corresponsabilidad, a los desafíos específicos que tiene la sociedad vasca; en parte ante el riesgo del enfriamiento de la economía. Me refiero a mantener su empuje económico y sus exportaciones, apoyar la innovación tecnológica, mantener y atraer talento joven, acuerdos con los sectores empresariales afectados en Euskadi por la transición energética, preservar la convivencia y el pluralismo, culminar las inversiones en infraestructuras y reforzar el poderoso autogobierno con el traspaso de transferencias pendientes.

Sin embargo, hemos visto a sectores políticos que quieren copiar al nacionalismo catalán en su deriva secesionista hacia el caos. Tanto Bildu como sectores del PNV y Podemos, defienden y señalan el procés de Cataluña como un modelo a seguir que rompa la convivencia y la legalidad. Es un grave error que esa idea arraigue en Euskadi, un país que tras años de sufrir el terrorismo rechaza la violencia y las aventuras soberanistas.

*Odón Elorza es candidato del PSE/PSOE a Diputado por Gipuzkoa.

El último ejemplo de cómo Europa ha perdido su alma lo tenemos en la actitud silente de casi todos los Estados ante el drama humanitario que se ha vivido en el Open Arms. Europa está rota y el fascismo aprovecha la oportunidad. Por eso la UE no tiene una política común sobre migración y refugiados.

Quien fuera un modelo en valores y en dotarse de una sociedad del bienestar ha perdido su plena identidad democrática y la cohesión política que tanto tiempo y esfuerzo costó construir tras las guerras mundiales y en medio del telón de acero. Cuando parece que el mundo se viene abajo, ¿qué nos queda de aquella Europa, más allá de la nostalgia?

El último ejemplo de la desfiguración del rostro europeo lo tenemos en los comportamientos silentes de la gran mayoría de los Estados ante el drama humanitario sucedido en el barco Open Arms, repleto de migrantes y refugiados, que podrían haber muerto olvidados en la fosa común del Mediterráneo, de no ser por la intervención de un fiscal italiano.

Estamos ante un caso que se volverá a repetir “mañana”. Y seguiremos viendo el descontrol de los acontecimientos hasta que la Comisión Europea -hoy en proceso de recomposición y pendiente de la entrada de Borrell- , junto a los Estados de la UE, acuerden una política propia y continuada ante el desafío global de las migraciones y, en particular, ante las demandas de asilo. Mientras, no se entenderían sanciones a las ONG.

Algunos grupos políticos han aprovechado la situación para atacar con argumentos contrapuestos las posiciones de Pedro Sánchez a lo largo de estas semanas. Para la pluralidad de la oposición es fácil criticar y pasar por alto la crisis europea y la soledad de Pedro Sánchez. Los datos objetivos evidencian que la actitud y las decisiones del Gobierno de España en materia de salvamento marítimo de pateras en el área del mar de Alborán, así como en iniciativas políticas para la acogida de migrantes ante los otros Estados en reuniones del Consejo de Europa, van muy por delante de cualquier otro líder.

El problema es que la UE no dispone de una política propia sobre migraciones y asilo. De ahí que los Estados no respondan solidariamente: sólo una minoría y sin inmediatez. Una política unitaria de solidaridad y en defensa de los derechos humanos ha de seguir y aplicar la línea de los objetivos señalados en el Acuerdo de Marrakech, promovido por la ONU y no firmado por USA e Italia.

La actitud de los Estados y de la propia Comisión Europea de la UE, muestra, una vez más, que Europa ha perdido su alma solidaria ante el avance del fascismo, con Salvini como uno de sus líderes y a quien no ha importado llevar al Gobierno italiano a la crisis. Lo malo es que tiene discípulos repartidos por diferentes países, también en España. Además, combatimos a los nacionalismos populistas y nos enfrentamos a los miedos de los Estados y de la opinión pública ante el fenómeno global de las migraciones, muy complejo y que ha venido para quedarse, pero que deberemos explicar, ordenar, regular y asegurar.

Se avecinan malos tiempos para esta Europa nuestra con una gobernabilidad muy inestable y plagada de incertidumbres. Más aún si se consolidan los riesgos de la recesión que ha asomado en Italia y Alemania -la locomotora europea- y si se cumplen las negras previsiones para el conjunto de la economía europea que ofrece el planteamiento suicida del Brexit, otra expresión de la ruptura europea. Un Brexit que llega ahora desde el nuevo Gobierno británico del populista Boris Johnson.

En ese contexto, asustan las continuas provocaciones de Trump en todos los frentes: comercial, ecológico, político y en el del desarme. Sin olvidar otros factores, como los conflictos regionales en distintos países de África (incluida Libia), los problemas internos de Irán o Turquía, los efectos del colonialismo ruso y las acciones del terrorismo yihadista en distintos continentes.

Este puzzle suicida debería llevar a todas las fuerzas de progreso a una convergencia ante la necesidad de recuperar las señas de identidad de la Unión Europea para tratar de revitalizar su papel, aportando estabilidad a sus instituciones y activando su economía. Por tantas razones, la formación de un gobierno de progreso en España que sea capaz, en los foros internacionales, de formular respuestas y defender soluciones a tantos retos, no admite dilación.