La pregunta que ronda es si las políticas monetarias actuales, válidas en una economía menos globalizada, están obsoletas con una demanda mundial de recursos naturales saturada.  Las tradicionales políticas monetarias tienen un efecto local que se diluye en los mercados internacionales de productos. Es decir, si el banco central británico o el banco central noruego suben sus tipos esto afectará a sus economías, pero no a la del resto del planeta, si sus bancos centrales no secundan la misma medida. Es decir, los británicos y noruegos consumirán menos vehículos eléctricos como el nuevo Volkswagen ID Buzz. Pero si la demanda mundial de ID Buzz supera con creces a la oferta, y los clientes de Volkswagen tienen que esperar 6 meses para recibir un vehículo, primero el precio de los ID Buzz, y segundo su producción no se verán muy alteradas. Simplemente británicos y noruegos compraran menos vehículos eléctricos porque la financiación es más cara y porque además tienen que dedicar una mayor parte de su renta a pagar el aumento en el precio de muchos productos necesarios. Les dejo a ustedes descubrir qué ocurre en un país como España donde además los salarios no se están actualizando acorde a la inflación. Les doy la solución la población se empobrece por la inflación y además por la subida de los tipos de interés.  

Construir un ID Buzz requiere una cantidad importante de recursos naturales y la persona que lo adquiere está generando una huella ecológica importante con su adquisición. Quiere decir que está contribuyendo de manera importante al consumo mundial de recursos naturales y energéticos a escala mundial. Debido al desarrollo económico, hoy los ciudadanos de las economías más “ricas” tenemos una capacidad adquisitiva superior a la que teníamos en los años ochenta. Solo hay que reflexionar como era nuestra vida hace cuarenta años y como es ahora. El número de televisores que había en los hogares, el número de vehículos, ¿cuántos dispositivos electrónicos y ordenadores teníamos en casa en los ochenta y cuántos tenemos ahora?, ¿cuántas veces se viajaba en los años ochenta y cuánto y cómo se viaja ahora? Todo eso sumado y escalado a nivel de un país suma un aumento muy importante de la demanda de recursos energéticos y naturales. En los años ochenta el consumo mundial de recursos naturales y energía estaba copado por americanos del norte, europeos, japoneses y australianos lo que supone hablar de mil millones de habitantes que han disparado su consumo de recursos naturales y energéticos en cuarenta años. Pero además avanzado ya el siglo veinte y uno a esos mil millones de habitantes se han sumado países como China, Rusia, India y algunos países sudamericanos que también contribuyen a esa demanda.   

Como se muestra en el gráfico elaborado por la organización Global Footprint Network el planeta sobrepasó la barrera del déficit ecológico desde un poco antes de los años ochenta. Y desde entonces el consumo de recursos naturales y energéticos por habitante crece mientras que la biocapacidad del planeta se mantiene constante lo que eleva ese déficit  

Fue la alta demanda de recursos naturales y energéticos la que provocó la subida de precios de 2008 y fue respondida con subida de intereses de los bancos centrales que más tarde generó dificultades financieras a empresas y ciudadanos. Situación que dio lugar a una crisis financiera, crisis de deuda y un parón de la economía. La crisis de deuda obligó a cambiar las normas de funcionamiento del Banco Central Europeo que a diferencia de la Reserva Federal tenía las manos atadas al control de la inflación por su reglamento de funcionamiento. Finalmente se rebajaron los tipos de interés y se volvió a inundar la economía con dinero barato. Dinero barato sólo accesible a las entidades financieras.

Después del parón de la economía y con los efectos sumados a la inflación por la escasez de producción, derivada de la pandemia, de nuevo se repite la situación de exceso de demanda de recursos naturales y energéticos. Si bien ahora la subida de tipos de interés amortigua el consumo de europeos y americanos, esta reducción del consumo sólo representa un pequeño bocado de la demanda mundial de recursos naturales, por varias razones. Las economías mundiales están envueltas en una guerra a escala internacional que dispara la demanda y producción de la industria armamentística. Hay un cambio de modelo energético favorecido por políticas fiscales muy generosas para favorecer el consumo de nuevos productos de generación de energía y transporte. Y, sobre todo, hay nuevos devoradores de recursos naturales como China e India cuya población supera con creces a americanos y europeos. Ya se ha visto con la demanda de los productos petrolíferos rusos tras el cierre del mercado europeo a sus productos. Esto quiere decir que la política monetaria tendrá efectos locales, pero no hará bajar los precios porque hay exceso de demanda de recursos naturales en el planeta que seguirán alimentando la inflación por la escasez. El futuro no es muy alentador, esta semana India ha cogido el relevo a China en volumen de población. Y también India está sustituyendo a China en la producción global. Empresas como Apple están redirigiendo su producción a un país que ya se ha situado entre los cinco primeros del planeta en PIB pero que sin embargo sus ciudadanos se encuentran con una renta per cápita entorno a los dos mil dólares al año muy inferior aún a la de países “ricos”. Un caldo de cultivo ideal para multinacionales para seguir produciendo barato y que se garantice rentas altas de capital y seguir alimentando las bocas hambrientas e insolidarias de los consumidores occidentales.

La manera de salvarse de esta espiral es, o bien estar en un territorio exportador nato de recursos naturales y/o energéticos y que la subida de precios enriquezca en lugar de empobrecer, al elevar los ingresos por exportaciones. O bien que se trate de economías que lideran la innovación y que se enriquezcan porque pase lo que pase con los precios los ciudadanos del resto del mundo desean adquirir sus productos. Muy pocos países en Europa se encuentran en este bando, Estados Unidos sigue estando, pero el nuevo gran líder que no estaba en los años ochenta es China que ahora ya exporta tecnología y empieza a comerse a muchos productores europeos. Muchos de sus productos entran en el mercado europeo con nombres de marcas europeas y que pasan desapercibidos. Otros como los nuevos vehículos eléctricos ya entran con nombres chinos sabedores de la superioridad tecnológica y competitiva por experiencia y precios. La deslocalización a India de la producción internacional sumará en el futuro un mercado de consumidores que con toda su legitimidad también desearán consumir los mismos productos que los occidentales y chinos. 

En 2012 en un artículo de opinión escribía esto: La realidad es que tampoco existen los derechos adquiridos para acceder al banquete de la distribución de la riqueza mundial, por lo que es posible que algunos países tengan pierdan su posición actual a favor de algunos emergentes. Con eso quería decir que no hay normas, ni derechos adquiridos en la economía mundial. Un país que a final del siglo XX y principio del XXI podía ser considerado como rico y con un nivel de bienestar alto puede cambiar a consecuencia de un empobrecimiento progresivo. La manera en que eso se plasmará en la sociedad es con aumentos en la desigualdad de la renta y de oportunidades. 

Hay una componente importante de la competitividad de un país que está en manos de sus gobiernos. El gasto público representa una parte muy importante de los que se gasta e invierte en una economía. En este sentido debemos reclamar a nuestros representantes garantizar la eficiencia y minimizar la discrecionalidad del gasto nuestros recursos públicos. Pero la sociedad y la economía también la formamos los ciudadanos y empresas. Nos corresponde a nosotros aprovechar nuestros recursos y nuestro capital humano para no perder las posiciones privilegiadas que aún mantenemos en la economía mundial. Eso requiere invertir en formación de capital humano e innovación principalmente. El lobo asomó las orejas en 2008, ahora ya está dentro del corral. 

En Noruega, en cambio, en la segunda semana de marzo el sistema de rastreo ya estaba funcionando de manera eficaz y eficiente, apoyado en un vigoroso sistema de atención sanitaria primaria integrada con los servicios sociales; un sistema que funciona con copago salvo excepciones derivadas de la edad, situación económica o enfermedad crónica. Los ciudadanos de este país podían seguir haciendo su vida siguiendo las limitaciones que impone la enfermedad. Ellos sí podían salir a pasear libremente por el bosque. Y no vale el argumento de la densidad de población: Oslo son 630.000 habitantes tiene una superficie tres veces inferior a la de Gran Canaria.

Para los noruegos no existe la palabra prohibido en el lenguaje político. En España en marzo de 2020 y en los siguientes meses fue la palabra favorita de cualquier persona con algún tipo de poder político o de gestión de lo público, ¡¡PROHIBIDO!!. Y muchos ciudadanos en España aceptaron ese lenguaje. Sin duda una herencia del pasado integrada en nuestra cultura política, un hábito del que no es fácil percatarse si no se está alerta como con todos los hábitos. En la historia política en España antes del 78 se pueden contar con los dedos de una mano los años de democracia. Predominan los dictadores y monarcas autocráticos. Uno de ellos favoreció el alzamiento de un dictador. Los nórdicos tienen constituciones en el entorno de los doscientos años. Las autoridades noruegas usan en todo momento la palabra recomendación o no permitido. Los suecos ya sabemos cómo se comportaron y por qué. El lenguaje es determinante para integrar y hacer partícipe a la población de medidas que no funcionan si no es con participación ciudadana. Hablando de lenguaje es interesante que lo hayan denominado distancia social, cuando en realidad lo que funciona es la distancia física que es diferente ¿Quizás el concepto de distancia social es un mensaje subliminal para debilitar los derechos civiles básicos como votar? Prefiero pensar que de nuevo es fallo de los asesores de comunicación.

Se acerca el fin con las vacunas, la victoria contra un virus que ha desnudado las debilidades del sistema capitalista. No se debe confundir capitalismo y economía de mercado, libre mercado o libre competencia. El capitalismo es una economía de mercado donde los reguladores (el Gobierno) se inhiben de sus funciones y dejan campar a sus anchas a las empresas con poder de mercado; a empresas y consumidores que contaminan; no intervienen ante una provisión ineficiente pública y privada de bienes y servicios públicos, y permiten la generación de rentas de capital por el aprovechamiento de las deficiencias de información en los mercados, los especuladores. Y además muchos gobiernos lo favorecen financiando a grandes grupos empresariales, como por ejemplo las compañías aéreas. El gobierno noruego ha dicho no va seguir financiando a la compañía aérea Norwegian que ya ha encontrado solución alternativa. El argumento del Gobierno noruego fue: su espacio en el mercado puede ser ocupado por otra empresa más eficiente. Eso sí es libremercado y libre competencia por el mercado, eso es defensa del interés general. En España se ha autorizado la creación de grandes grupos bancarios sin dar una explicación de cómo afectará a la competencia y a los consumidores. Eso no es libre competencia, es capitalismo. Un sistema que en algunos países como España se ha nutrido de la corrupción política, y que ha sido bautizado como capitalismo de amiguetes. Sistema que beneficia la perduración y consolidación de una sociedad de privilegios habitualmente heredados. La corrupción es el resultado de un bajo stock de democracia.

Un sistema, el capitalismo, débil, que pincha por un organismo en la práctica microscópico. Es para reflexionar, sin duda. Pero que cada vez que pincha tiene siempre como perdedores a los más débiles y personas con menos privilegios. Y que sobre todo en países menos democráticos favorece la pérdida de derechos civiles y diferencias socioeconómicas.

Las vacunas permitirán la vuelta a la normalidad de un sistema, el capitalismo, que castiga a los más débiles dentro y fuera. Dentro de cada país los procesos de innovación tecnológica de la producción ha debilitado de manera progresiva desde el final del siglo veinte la negociación salarial del 90% de la clase trabajadora con menor renta, que ha perdido poder adquisitivo relativo frente al 10% con salarios más altos y las rentas del capital. Y eso ha pasado a escala mundial. Ese aumento del poder financiero ha dado lugar a la reducción de los impuestos sobre el patrimonio y las herencias, incluida Noruega.

Fuera porque los procesos de emigración Sur-Norte son una consecuencia del exceso de consumo de recursos naturales de los países ricos frente a los pobres que el capitalismo favorece con la inhibición cómplice de los gobiernos de estos últimos, y también por ignorancia de los ciudadanos de los primeros. De nuevo el lenguaje es usado para dominar voluntades. El Congo, Nigeria, Mozambique no son países pobres, su población sí es pobre, porque nosotros los ricos consumimos sus recursos. España consume cuatro veces más recursos naturales que de los que dispone, Estados Unidos se acerca a cinco. Los ciudadanos son simplemente víctimas de un marketing que favorece el consumo desenfrenado, necesario para alimentar los beneficios empresariales.

La pandemia no cambiará mucho nuestra situación, si lo hace será para perjudicar aún más a los débiles y favorecer a los fuertes con influencia. A río revuelto ganancia de pescadores. Es muy complicado parar el vector de externalidades que genera el capitalismo, haría falta un superregulador a escala mundial que lo hiciera por lo que me temo que la cosa irá a peor con el reforzamiento de las dictaduras capitalistas que ya llevan años asomando el pie por debajo de la puerta. Pero no es imposible conseguirlo, hay ejemplos en este planeta que lo mantienen de momento a raya. La clave: el desarrollo del capital social, que se nutre del capital humano, político y económico. La política educativa en Noruega es sin duda uno de sus grandes valores que favorecen la igualdad social. Para ellos un principio básico. Entiendo que no hay manera de parar el caballo desbocado del capitalismo a corto plazo, pero de cara a futuras crisis sanitarias que se avecinan como consecuencia del consumo desenfrenado de recursos naturales, nuestros gobiernos deberían reforzar la innovación para garantizar una seguridad sanitaria a los ciudadanos respecto a su salud, sus derechos civiles y su condición económica. Quizás esa innovación vendrá de la mano del desarrollo de la inteligencia artificial, una nueva externalidad que en manos que no persiguen el interés generar puede dejar al capitalismo en un simple juego de niños por sus consecuencias sobre los derechos civiles y condiciones económicas.   

Son casi necesarias dos personas trabajando en España para producir el mismo valor que una persona en Noruega. Eso se traduce en salarios más bajos, peores servicios públicos, peor nivel de bienestar social, mas horas de trabajo. Los Noruegos y Daneses se sitúan entre los ciudadanos más felices del mundo. Entiendo que las duras condiciones climáticas y la falta de luz en invierno, la compensan con movilidad laboral alta, condiciones laborales dignas, salarios dignos, mayor igualdad de oportunidades. España tiene las peores condiciones laborales de la OCDE, el riesgo de perder renta ante una pérdida de trabajo en España se sitúa por encima del 27%.

Martin Sanbu en su libro, The Economics of Belonging, habla acerca de como a partir de los años noventa los cambios tecnológicos dieron lugar a que la producción industrial global se hiciera menos intensiva en trabajo generando un traspaso de renta de la fuerza de trabajo al capital. Es precisamente este fenómeno y no la globalización de la economía lo que ha generado un aumento en la desigualdad de la renta a escala mundial. Paul Krugman en su artículo Robots y Capitalistas sin Escrúpulos (artículo disponible en ElPaís) anunciaba en 2010 como este proceso de tecnificación de la producción produce pérdida de capacidad de negociación de las condiciones laborales de los trabajadores. La consecuencia para él es una pérdida de los salarios reales de los trabajadores incluso también en escalas superiores a escala planetaria y aumento de la capacidad de influencia del poder financiero. La rebaja de los impuestos a la riqueza y el patrimonio han estado y están presentes en muchos países del mundo, no sólo en España.

Volviendo a la pregunta que originó esta reflexión escrita, es evidente que el modelo turístico de masas vigente en Canarias sólo beneficia a los países exportadores de turistas que ven en las islas un chollo para disfrutar de servicios europeos a costes ínfimos con un clima excepcional. Un turista gasta en Canarias diariamente algo más de 140 euros diarios, pero sólo entorno a 40 euros lo hacen en las islas, el resto lo hacen en su lugar de origen. Con ese nivel de gasto es muy fácil entender que la productividad de un trabajador en las islas sea muy baja, y eso no depende del número de cafés que sean capaces de servir por hora, o del número de habitaciones que una camarera de piso sea capaz de limpiar por hora, sino del valor de su producción. Esta es muy baja porque los ingresos originalmente de su empleador son bajos, y es así porque el valor del producto es bajo. Y este lo es porque la competencia en el mercado del turismo de masas es alto, y además los turoperadores dominan la demanda, lo que fuerza los precios a la baja. La consecuencia es que con el turismo en cifras records la economía canaria seguía en tasas de desempleo entorno al 20%, con una tasa de pobreza muy alta y con un mercado laboral precario. 

En Canarias SÍ tenemos recursos suficientes para garantizarnos una calidad de vida y un nivel de bienestar alto. Ese es el título de un artículo de opinión que encontrará en este periódico firmado por mí en 2015. La senda a seguir respecto al turismo ya es un clamor en la sociedad, los turistas que nos visitan deben, en general, tener un mayor nivel de gasto para aportar mayor riqueza a la sociedad a partir de esta industria y también para que ese ingreso sea capaz de compensar las externalidades que generan. No queremos carreteras congestionadas, no queremos sobreocupación del territorio, sobre todo de la costa, no queremos más carreteras para explotar áreas virgenes con la promesas de mejorar la economía. Algunos empresarios ya lo han visto y han modernizando su oferta turística, ofreciendo mayor calidad los ingresos se multiplican por tres o cuatro, y sus empleados también lo experimentan en sus salarios, cualificación, condiciones laborales. La economía también lo observa es un turista que cuando pisa fuera del hotel gasta más, y paga más impuestos indirectos. Para no repetirme, en el artículo citado anteriormente hice una propuesta fiscal para favorecer el cambio técnicamente eficiente y a coste cero para el tesoro público.

El desarrollo de la economía debe estar basado en nuestros recursos disponibles y uno de ellos el capital humano, el conocimiento, lo que coincide con el modelo que propone Sanbu para aumentar las oportunidades, recuperar las tasas de igualdad en la distribución de la renta, y alcanzar mayores tasas de bienestar social que en definitiva es el objetivo. Las tasas de productividad de los nórdicos se deben a que ha sido capaces de desarrollar una industria basada en el conocimiento generando innovaciones que son muy atractivas para empresas y consumidores de otros países que desean adquirirlos. Los ingenieros, economistas, y técnicos que trabajan en sus empresas son capaces de generar innovaciones para diferentes industrias que mejoran la eficiencia y el valor de las empresas que adquieren sus productos. Estas empresas ahorran costes o mejoran sus productos ofreciendo a su vez productos más atractivos a sus clientes. Un ejemplo que puede ayudar a entenderlo es el caso de  Konsberg Maritime. Esta empresa con participación pública en el capital ha desarrollado un pequeño robot submarino para limpiar la parte sumergida de grandes barcos siguiendo la misma  idea de los robots limpiadores de fondos de piscina. La innovación permite a las empresas navieras ahorrar costes porque evita tener que sacar el barco del agua a un dique seco para limpiar sus cascos. El sistema evita también la propagación de especies que pueden considerarse invasoras en otros ecosistemas y que para algunos países empieza a resultar sensible en sus políticas medioambientales . El robot de Konsberg Maritime desarrollado en jointventure con otra empresa noruega de pinturas, limpia y pinta el barco sumergido dentro el agua. El dispositivo se carga dentro del buque y permite hacer una limpieza periódica del casco, lo que permite a los barcos navegar a velocidades superiores y ahorrar combustible. Innovación es simplemente eso. 

En el desarrollo del producto hay ingenieros españoles, por tanto se podía haber desarrollado en España y/o en Canarias. La empresa Jotun es una empresa de pintura de casas no hay más, como hay muchas en las islas. Lo que sí diferencia a estas empresas es el instinto de innovación y mejorar la eficiencia en una economía donde sobreviven sólo las empresas más competitivas. Noruega ocupa el primer puesto en transparencia, no es concebible que un concurso público lo gane una empresa que no es la más eficiente, no existe el clientelismo político, el capitalismo de amiguetes. Las empresas tienen incentivos a innovar y ser eficientes y de esa maner poder ganar los jugosos concursos públicos. Por su puesto no se concibe en este país que el gobierno plantee recortes salariales. Salarios bajos implica productividad baja. La carretera nacional que une Oslo con Bergen la segunda ciudad en volumen de población y actividad económica tiene solo un carril por cada sentido durante mas de 400 kilómetros, no se malgasta el dinero público en obras públicas faraónicas innecesarias, carreteras, puertos, aeropuertos, trenes. Es triste ver como el talento de nuestros jóvenes y no tan jóvenes emigra para encontrar condiciones salariales dignas, y puestos de trabajo con responsabilidades acordes a su cualficación porque existen los recursos necesarios para conseguirlo.

Algunas dificultades empezaron a la hora de encontrar una localización buena para todos porque estudiaban en diferentes localizaciones. Parecía que algunas posturas eran muy radicales en ese sentido y que sería difícil llegar a un acuerdo. Pero tuvieron suerte, apareció un piso céntrico y con un precio razonable que igualaba las intenciones de los que pretendían ubicarse en las afueras con los que preferían pagar más pero ahorrar en tiempo de transporte. Técnicamente ocurrió que hasta ese momento todas las decisiones eran Mejoras en el Sentido de Pareto: quiere decir que en cada una de las decisiones que se tomaban nunca había perdedores porque, o bien, todos mejoraban, o bien, al menos nadie perdía, y al menos alguien mejoraba. Nunca hubo perdedores y siempre alguien ganaba, o todos ganaban. En definitiva, nunca se planteó la necesidad de votar. Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones cotidianas empezó a imponerse la votación implícita, mediante alianzas, y explícitas. Se radicalizaron las posturas entre los que quedaron, se fueron a los extremos.

Cuando se hace un mal uso de las votaciones para imponer los intereses individuales a los de la comunidad, el grupo pierde y así ocurrió. El pequeño grupo se rompió y todos perdieron. Un miembro del grupo abandonó y los que quedaron tuvieron que asumir el coste económico de ser uno menos compartiendo un piso demasiado grande. Muchos piensan que votar es lo mejor en democracia porque se hace lo que la mayoría dice y, por tanto, eso es lo mejor para la comunidad. Hay una parte que es cierta: votando se hace lo que dice la mayoría; pero, no es cierto que la sociedad mejora siempre. La manera de entenderlo es un muy sencilla, puede que en una decisión por mayoría haya muchos ganadores, y en consecuencia, pocos perdedores. Pero también es posible que lo que pierden los perdedores sea algo muy importante, y lo que ganan los ganadores algo muy marginal. Si ese es el caso, los ganadores no podrían en ningún caso llegar a compensar a los perdedores y aún así seguir ganando. En esa situación la sociedad en su conjunto está perdiendo, porque la valoración social de la pérdida de los perdedores es mayor que la ganancia de los ganadores. Técnicamente cuando no se pueden tomar decisiones que afectan a lo común bajo el criterio de mejora en el sentido de Pareto porque hay perdedores y ganadores, la decisiones de lo público, deben tomarse bajo el Criterio de Compensación de Kaldor-Hicks: sólo son deseables las decisiones que afectan a lo público cuando lo que ganan los ganadores es suficiente para compensar a los perdedores y aún así seguir ganando.

¿Cómo aplicar Kaldor-Hicks para pequeñas comunidades y asegurar decisiones técnicamente correctas que mejoran su beneficio y aseguran estabilidad? Cuando una amiga me contó que había comprado una gran casa porque su proyecto era vivir en comunidad, mi mente economista se activó ¿Cómo debían tomarse las decisiones dentro la comunidad para asegurar el éxito de su proyecto? Ella estaba arriesgando mucho, había decidido vender todas sus propiedades y pedir un crédito superior para llevarlo a cabo.

Bueno, quiero aclarar que el riesgo en estos casos depende del país en el que vivas. Mi amiga es noruega, y en su país los bancos están obligados a recibir la vivienda en caso de impago y condonar la deuda por el valor de la vivienda a precios de mercado. En ningún caso pueden vender al cincuenta por ciento del valor, como permite la legislación española. Otra amiga noruega dio la descripción perfecta de esta situación en España: ¡Eso es criminal..!, me dijo cuando le conté cómo había muchas familias que habían perdido su vivienda y a pesar de eso permanecían con una deuda que se incrementa en progresión geométrica con intereses de por vida. Eso ocurre cuando los gobiernos defienden los intereses del diez por ciento de la población, le comenté.

A mi amiga le habían sugerido un sistema de votación anónimo para funcionar en la comunidad. El anonimato ayuda a que cada uno se exprese con más libertad. El sistema consiste en bolas negras y blancas. Si hay que decidir sobre la incorporación de un nuevo candidato el anonimato es importante para evitar represalias me dijo. De modo que cada uno que está de acuerdo con la incorporación de un nuevo candidato pone una bola blanca y el que está en contra una negra. Al final se cuenta las bolas blancas y la negras y se acepta la incorporación si hay más blancas que negras. Pero en la vida no todo es blanco o negro, hay matices pensé. Y le dije: por todas las charlas que te he soltado eres una experta en calidad democrática y sabes que eso de las bolas que me cuentas es votación por mayoría, y por tanto habrán ganadores y perdedores. Y por tanto, tomar una decisión de esa manera no quiere decir que sea la mejor para la comunidad en su conjunto. Efectivamente, aceptar un bola negra y una blanca por cada miembro solo garantiza el anonimato, pero no que se haga lo mejor para la comunidad, porque solo se valora las personas a favor y en contra, no cuánto pierde o gana cada uno.

Hay una posibilidad de acercarnos al modelo que plantea el equilibro general para garantizar eficiencia y que las decisiones que se toman benefician a la comunidad mediante un voto ponderado. Esto consiste en lo siguiente, cada persona dispone ahora de seis bolas, tres blancas y tres negras, y cada uno elige como votar: si le gusta mucho el nuevo candidato elige colocar las tres blancas en la bandeja, si el candidato no es de su total preferencia puede elegir colocar dos blancas y una negra; o bien, dos negras y una blanca. O finalmente, cabe la posibilidad de elegir tres negras si se está completamente en contra. La vida no es de color blanco y negro, siempre hay matices. De esta manera es posible materializar un sistema de elección que ponga de manifiesto cuanto bueno o malo es para la sociedad. Cuantas más bolas disponga cada individuo más preciso será el sistema y más cerca se está de tomar decisiones atendiendo a Kaldor-Hicks. Incluso de esa manera sería posible elegir entre varios candidatos sin caer en la ineficiencia de las votaciones por mayoría cuando individuos radicales.

El consenso es lo óptimo y es el reflejo de Kaldor-Hicks para pequeñas comunidades o para un país completo. El modelo de equilibrio general plantea una función de bienestar social a optimizar conformada por las preferencias individuales de lo público en base a la cual se toman las decisiones en función de la intensidad de las preferencias de los individuos, es decir, en función de lo que cada uno de ellos gana o pierde realmente con cada decisión. La traducción política son las decisiones tomadas por consenso. Los suizos son unos expertos en esto, lo que ellos llaman la regla de oro de la formación de los gobiernos. El gobierno suizo siempre es colegiado y está formado por los cuatro partidos mas votados. Se aseguran el consenso. En su parlamento el hábito es no dejar a ningún partido fuera de las decisiones importantes, hacerlo supone correr el riesgo de experimentar la reprimenda de los ciudadanos con un referéndum y además esta mal considerado socialmente.

Fruto de ese sentimiento de comunidad, surgido de la independencia de las dos grandes grandes potencias escandinavas, los políticos se plantearon la cuestión: ¿cómo explotar el recurso natural para beneficiar a la comunidad y favorecer la unidad? La respuesta fue un modelo de explotación pública y descentralizada: centrales hidroeléctricas de propiedad pública con una importante participación de los municipios (Skjold, 2011). Un hecho inédito en la experiencia europea, solo hay que mirar qué ocurre en países como Francia, Italia o España, donde la propiedad pública también se impuso pero preferiblemente en forma de monopolio.

El sistema descentralizado refuerza el sentido de propiedad de los noruegos de su país. Se sienten propietarios de sus recursos, al igual que los suizos y tienen una participación directa en su gestión. Se generaliza la costumbre de la participación política desde el asociacionismo civil. Asociacionismo que escala hasta los partidos políticos. Similar a los daneses. Política de abajo hacia arriba. El verdadero sentido de la democracia, el poder reside en el pueblo.

La misma filosofía se repite sesenta años después con el descubrimiento de los yacimientos de petróleo. Los políticos noruegos de los años 70 lo hicieron muy bien, obviaron las ofertas japonesas y de Estados Unidos para la explotación del recurso y prefirieron mantenerlo en manos públicas. Además, también de manera inédita, se decidió que los recursos deberían destinarse a la formación del que hoy día es el mayor fondo soberano del mundo, cercano al billón de euros en octubre 2019 (Wirth, E. 2018) destinado principalmente a pagar las pensiones de sus ciudadanos.

Fruto de ese espíritu de participación, las preferencias de los ciudadanos están reflejadas en la gestión del fondo. Un comité ético vela por que los recursos de su petróleo se inviertan acorde a las preferencias de los noruegos, evitando empresas vinculadas con la industria armamentista, donde no se respetan los derechos humanos, o en empresas cuya actividad genera impactos ambientales graves.

Los noruegos tienen un índice acumulado de Gallagher alto derivado de su ley electoral (Gallagher and Mitchell 2008). Pero no de los más altos, y eso me llamó la atención al observar los primeros resultados de mi investigación. La razón es que la población de la periferia de Noruega está moderadamente sobrerrepresentada en su parlamento. Aproximadamente el 40% de la población noruega vive alrededor del fiordo de Oslo. La densidad de población del país es de 15,5 habitantes por kilómetro cuadrado, solo por encima de la de Islandia. (Eurostat, 2019). La distancia entre Oslo y las poblaciones más al norte del país es equivalente a la distancia entre Oslo y el norte de Italia ¿Cómo mantener un país tan inmenso y con una población tan dispersa si no es con una política integradora y favorecedora de la periferia.

Priorizan el sentido de comunidad favoreciendo a la población de la periferia. La mayor representatividad en su parlamento es sólo un ejemplo. Esto se presenta contrario a la hipótesis de que cuanto mayor es la representatividad electoral, mejor están representadas las preferencias de los ciudadanos en un parlamento y como consecuencia mayor es el bienestar social. Pero en realidad esta sobrerrepresentación es sólo un ejemplo, y realmente está en las preferencias de los noruegos la integración de su territorio y favorecer el bienestar de sus compatriotas que viven allí.

Hay una diferencia sustancial cuando se cruza la frontera y se pasa de Noruega a Suecia. Las políticas centralistas suecas generan una periferia más pobre y abandonada. Viajando de Noruega a Dinamarca me llamó la atención ese efecto en ese momento, ahora consigo explicarlo. Esto ocurre a pesar de que el índice acumulado de Gallagher para Suecia es muy similar al de Noruega. Simplemente las preferencias son diferentes, el sentido patriótico para los noruegos está más desarrollado como consecuencia de su historia de país dominado. En Suecia prevalece el comportamiento centralista característico de una gran potencia.

En España hay una parte de la periferia que también está sobrerrepresentada, es el caso de los catalanes y vascos. Y además de esa sobrerrepresentación como consecuencia de su configuración política esta situación les ha servido para obtener aún más rédito electoral. En las elecciones 2015 el partido Unidad Popular con algo de más de novecientos mil votos obtuvo dos escaños, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, con algo más de trescientos mil, obtuviera, seis escaños, o que Esquerra Republicana con, algo más de seiscientos mil, alcanzara los nueve escaños. En España la periferia del noreste es la más rica del país. Y en este caso las políticas favorecedoras del territorio actúan en el sentido contrario y concentran la riqueza aumentando la desigualdad en su distribución por territorios.

Se facilita la unión del territorio y de la población, y se refuerza el sentimiento de comunidad. La historia política está presente y otras políticas públicas también están enfocadas en esa línea. Está en sus preferencias favorecer la economía del periferia como un medio de mantener unido el territorio y la población. Incluso aún con una menor sobrerrepresentación de la periferia las políticas públicas se mantendrían en la misma dirección. Las políticas publicas noruegas están destinadas además de redistribuir la riqueza entre las diferentes clases sociales también a redistribuirla en función de su localización. La periferia con tendencia a ser más pobre no lo es tanto en Noruega por este motivo. Esta política tiene su recompensa, la redistribución de la riqueza da lugar a que la periferia también aporte a la economía del país.

En las próximas décadas las máquinas diseñadas por el hombre con una alta capacidad para aprender cualquier tarea como si fuera un niño (Peter Eckerseley) se integrarán en nuestra vida diaria de manera mucho más intensa. Miquel Serra en su artículo en LaVanguardia, ¿Humanos o Posthumanos? pronostica que se producirán cambios sociales que ahora son impredecibles que nos llevarán hasta el transhumano y el posthumano. El primero un humano transformado con capacidades físicas y psíquicas superiores, el segundo un ser artificial con capacidades que sobrepasaran sustancialmente las del humano actual. Los cambios que traerá el desarrollo de la Inteligencia Artificial afectarán además a algo más que a la aparición de un superhumano, pueden dar lugar una nueva era, la Ciber-Era como lo ha calificado un buen amigo.

Los humanos se convirtieron en una especie dominante en el planeta además de por su evolución física, por asociarse y comportarse con el objetivo de beneficiar a la comunidad. Como lo expone Yuval Noah, en su libro Sapiens, de Animales a Dioses, en el origen de nuestra especie para criar a un humano hacía falta una tribu. La alta dependencia de los bebes por su escaso desarrollo al nacer, en comparación a otras especies animales, requería una dedicación alta de la madre, lo que conllevaba la necesidad de recibir ayuda de otros miembros de la comunidad. Sin este comportamiento colectivo no hubiéramos evolucionado ni probablemente sobrevivido como especie.

Cuando nos asociamos y adoptamos comportamientos en defensa del interés de la comunidad todos mejoramos. Ocurrió cuando los gallegos se asociaron para luchar contra el fuego el pasado Octubre como se describe en mi artículo en ElDiario.es, Incendios y Democracia. En cambio cuando los humanos nos comportamos bajo criterios estrictamente individuales los resultados son opuestos. El funcionamiento del sistema capitalista, con empresas e individuos compitiendo legítimamente por ganar riqueza con el beneplácito de muchos gobiernos que se inhiben en sus funciones, ha llevado a una situación que genera grandes desequilibrios en términos de igualdad de oportunidades y de la renta de los ciudadanos a escala global. Este comportamiento, depredador de recursos naturales, ha generado un deterioro importante del planeta. Sus efectos se ponen de manifiesto también en el cambio climático, y ha llevado a un déficit ecológico a escala global, y en las principales potencias económicas mundiales (pueden leer más sobre el concepto de déficit ecológico en mi último libro Democracia e Igualdad: El Papel de un Gobierno en la Economía.

Los desequilibrios en nuestro sistema económico se producen cuando los gobiernos se inhiben y no intervienen para corregir los fallos de mercado. Se dan en situaciones como la contaminación de un río, la congestión de una carretera, en mercados donde las empresas abusan de una posición de mercado dominante, etc. Cuando un gobierno interviene para corregir un fallo de mercado, por ejemplo corrigiendo la contaminación de una empresa que vierte residuos al mar, el objetivo que persigue es defender el interés común, lo que en economía se puede asimilar a bienestar social. Si el gobierno no interviniera la empresa seguiría contaminando con el objetivo individual de aumentar sus beneficios sin asumir los costes de la contaminación que terminaría pagando la sociedad en su conjunto.

Nick Bostrom en su charla Ted, ¿Qué pasará cuando los ordenadores se hagan más inteligentes que nosotros? analiza qué puede pasar con nuestra especie el día que las máquinas sean más inteligentes que el hombre y sean capaces de intervenir en el sistema de manera autónoma. ¿Será ese el momento en el que empezaremos a dejar de ser la especie dominante? ¿Serán las máquinas con inteligencia artificial la nueva especie dominante del planeta? No voy a elucubrar sobre esto ni contribuir a fomentar más aún el miedo en nuestra vida. Aunque ya hay un grupo de científicos han dado pasos con una petición a la ONU para paralizar el uso de robots soldados.

La pregunta de Bostrom tiene una respuesta técnica vinculada a la Economía del Bienestar y requiere ver la Inteligencia Artificial como un nuevo tipo de fallo de mercado. Y la respuesta es: depende cómo sean programadas las máquinas. Si son programadas con el objetivo de beneficiar a la comunidad, ese principio básico estará presente en su ADN y aunque algún día lleguen a evolucionar y se capaces de auto programarse será siempre con el objetivo de beneficiar el interés de la comunidad humana en su conjunto. En cambio si hay alguien que ya haya sacado la bola, como plantea Bostrom, y programado con el legítimo objetivo del interés individual, como la empresa que contamina el mar, cabe la posibilidad de que en el sistema existan máquinas que busquen en el futuro condicionar el comportamiento del humano y dirigirlo. ¿Quizás lo hacen ya las empresas con la publicidad dirigida en función de nuestros cliks en páginas webs o mediante escuchas de nuestras conversaciones desde un Smart TV?

Sea así, o no, si un gobierno se inhibe de su papel y no corrige la congestión de una carretera, el coste que pagamos es tiempo; si no penaliza a una empresa que contamina, lo pagamos con océanos contaminados y destrucción de la vida marina; si se inhibe de regular el poder de mercado de una empresa de transporte aéreo lo pagamos con tarifas más altas. Si un gobierno se inhibe de regular la regulación de la inteligencia artificial el coste es a escala global y puede dar lugar a un cambio en la historia de la vida en este planeta.

Si las máquinas son programadas con el objetivo de favorecer el interés de la comunidad, o lo que es lo mismo el bienestar social, en sus decisiones, también podemos estar ante una nueva era en la que la Inteligencia Artificial puede dirigirnos a ser mejores humanos y llevarnos de nuevo al origen de nuestro comportamiento como especie. Simplemente por hábitos de comportamiento esta situación puede hacernos ganar nuevos valores que cambiarán hacia mejor nuestra sociedad.

En mi perfil de Twiter @ManuelRomeroH he creado un momento que he llamado Inteligencia Artificial ¿Qué pasará con el Homo Sapiens? (siguiendo la sugerencia de mi amigo de antes) con enlaces donde puede encontrar nuevas lecturas sobre este tema.

El crecimiento del PIB no es igual a bienestar social porque puede pasar que se concentre en manos de unos pocos, decía uno de mis alumnos en clase esta semana. Efectivamente el crecimiento económico se traduce en bienestar social sólo cuando las instituciones de un estado son inclusivas y la riqueza permea en la sociedad. En su artículo, Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective, Gerring, Barndt y Moreno, relacionan el crecimiento económico con la formación de capital y la calidad democrática. Es la acumulación de capital político proporcionado por la persistencia de años de alta representatividad democrática y buenas políticas públicas lo que permite acelerar el crecimiento económico y aumentar el capital físico, humano y social. Las instituciones inclusivas permiten aumentar el stock de capital político, logrando cambios sistemáticos que permean en la sociedad gracias al rendimiento creciente del proceso de institucionalización. Conforman lo que se conoce como La Sabiduría de Masas: la sociedad en su conjunto evoluciona hacia una situación en la que se favorece la igualdad de oportunidades de ciudadanos y empresas, la defensa del interés común, y en definitiva el bienestar social. El crecimiento económico se hace más sostenible dando lugar a una sociedad más igualitaria también en la distribución de la renta.

 Los cambios en las leyes electorales, la estructura del poder o los derechos de propiedad permiten desarrollar políticas más eficientes cuyos resultados se observan a largo plazo.

Una ley electoral puede cambiar sustancialmente las preferencias de los ciudadanos en la elección de sus representantes políticos. En España llevó a que en las elecciones de diciembre de 2015, el partido Unidad Popular con algo de más de novecientos mil votos obtuviera sólo dos escaños, mientras que el Partido Nacionalista Vasco, con algo más de trescientos mil, obtuviera seis; o que Ezquerra Republicana con algo más de seiscientos mil, alcanzara los nueve escaños. También las características de la ley electoral canaria alteró sustancialmente las preferencias de los ciudadanos en las elecciones autonómicas de 2015. En la isla de Gran Canaria, setenta y dos mil votos, aproximadamente un veintiuno por ciento de los votos válidos en esa isla, no fueron tenidos en cuenta para la formación de su parlamento autonómico. Y además en esa isla uno de los partidos que obtuvo un solo escaño, Coalición Canaria, lo alcanzó con menos votos que el partido Ciudadanos que finalmente quedó sin representación en la cámara autonómica. Con esto quiero decir que aunque efectivamente se venda a los ciudadanos que el sistema es legítimo porque disponen de la posibilidad de votar a sus representantes, lo cierto es que la ley electoral puede alterar mucho la representatividad de sus preferencias en el parlamento. (Texto extraído del prefacio del libro Democracia e Igualdad. El Papel de un Gobierno en la economía).

En clase esta semana también hemos analizado como China creció económicamente por una cuestión de inversión externa atraída inicialmente por la una oferta de mano de obra barata. Pero el dragón despertó y ya crece también por una cuestión de capacidad e innovación tecnológica. Despúes de leer a Acemoglou y Robinson, en su trabajo ¿Porqué fracasan los países?, por su sistema político China podría caracterizarse como un sistema poco inclusivo y que por tanto debería presentar un crecimiento económico limitado en el tiempo debido a que la acumulación de riqueza en las élites extractivas debería limitar la inversión y la demanda. Pero esto no parece que vaya a ocurrir porque la economía China se nutre de la demanda de la economía global, y en consecuencia su crecimiento está condicionado no sólo por las características de su sistema socioeconómico. En lo que sí aciertan Acemoglou y Robinson es que por ser un país con instituciones poco inclusivas el reparto doméstico de su crecimiento económico será desigual. Finalmente teniendo en cuenta que China sustituirá a EEUU como potencia económica mundial, parece probable que el planeta también se verá influenciado por su sistema sociopolítico y sus consecuencias como ha pasado con EEUU.

El camino para evolucionar hacia una sociedad más igualitaria en las oportunidades, y de manera subsidiaria en la riqueza, es necesario procurar sociedades con una alta representatividad democrática. Si los parlamentos representan adecuadamente lo demás viene añadido. Las sociedades que no lo procuran se dirigen irremediablemente hacia la pobreza y la desigualdad.

El pueblo gallego tenía un interés común, salvarse todos del incendio, salvar sus casas, salvar en la medida de lo posible también el ecosistema de la comunidad. Se comportaban con el objetivo de procurar lo mejor para la sociedad, nadie escatimó en poner su esfuerzo físico y económico para que así fuera. Si se hubieran comportado de manera individual, cada uno con su cubo, cada uno intentando apagar de manera individual el fuego de su casa, el incendio hubiera sido mucho mayor y todos en conjunto habrían perdido.

En la economía ocurre lo mismo, la defensa del interés común permite a la sociedad en su conjunto alcanzar cotas de bienestar mayor que actuando de manera individual. En la gestión de lo público debe prevalecer el objetivo del interés común para que la sociedad como comunidad mejore. Por otro lado, en lo que respecta a lo público, las preferencias de los individuos cambian, defender el interés común no siempre coincide con la suma de intereses individuales. Esto quiere decir, que cuando se toman decisiones que afectan a lo público, las preferencias de la comunidad cambian.

Esta semana me contaba una amiga que se reúne dos veces en semana con un grupo de ciudadanos para desarrollar un actividad de interés común, un caso interesante. La discordancia de horarios de muchos de ellos y las preferencias de otros que no querían acabar las reuniones tan tarde los llevo a dividirse y formar dos grupos. Uno de ellos se reunía a las ocho de la tarde y el otro una hora más tarde, a las nueve. Ocurrió que el grupo perdió fuerza, cuando faltaba algún miembro al encuentro, como era habitual, y como ahora los grupos eran más pequeños se hacía sentir mucho. Por otro lado, la actividad que realizan requiere mucho silencio y concentración, y cuando llegaba la hora de comienzo del segundo grupo este generaba ruidos que molestaban a los del grupo uno. Y cuando el primer grupo finalizaba su encuentro ocurría lo mismo con el segundo, que aún continuaba con sus ejercicios. Además con el objetivo de respetar al grupo que estaba en ese momento reunido, los encuentros fuera de los ejercicios eran más cortos, y las conversaciones que favorecían la amistad y el encuentro personal se redujeron. El grupo en su conjunto perdía fuerza y se desvanecía. Se dieron cuenta, pusieron esta preocupación sobre la mesa, y se reunieron para encontrar una solución. Eso sí, todos estaban de acuerdo en una cosa: la división en dos grupos para favorecer los intereses individuales perjudicaba al grupo en su conjunto. Concluyeron que era necesario volver a tener los encuentros todos juntos, si no era así se empobrecerían y corrían el riesgo de desaparecer. La decisión no fue fácil, porque la discordancia de horarios y preferencias individuales persistían. Decidieron no votar, porque eso podía dar lugar a que por uno o dos votos una parte de los miembros, a pesar de ser minoría, saldrían perjudicados.

La solución no fue directa, ni fácil de tomar, requirió mucho diálogo. Se tomó por consenso teniendo en cuenta el interés de la comunidad en primer lugar, y sin marginar a las minorías como objetivo secundario. Y lo consiguieron, ahora vuelven a hacer los ejercicios juntos, los lazos de amistad entre todos se han reforzado y la actividad y los encuentros han cogido más fuerza. Incluso colaboran entre ellos y algunos con coche alcanzan a otros que no llegan a coger el autobús porque se hace tarde.

Cuando una mayoría intenta someter en un Parlamento al resto de la población surgen los conflictos, la división. Aunque el marco legal hubiera permitido que su Parlamento declare la independencia de Cataluña, y aunque el referéndum hubiera sido acorde a la legalidad, someter a votación, un individuo un voto es una situación extrema que hubiera llevado a la población catalana a perder como comunidad. Debe prevalecer el interés común, y eso significa tener en cuenta también las minorías. Como ocurrió en la comunidad de mi amiga requiere abandonar los intereses individuales y tomar decisiones que hagan mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Las decisiones de lo público se deben tomar teniendo como objetivo lo mejor para la sociedad en su conjunto, que no es siempre la suma de intereses individuales como ha ocurrido con el comportamiento del pueblo en los incendios en Galicia. El próximo Lunes 20 de Noviembre se presenta en el aula de Piedra de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El libro Democracia e Igualdad, El libro le ofrece la oportunidad de entender cuál debe ser el papel de un gobierno en la economía y cómo deben formularse sus políticas públicas para garantizar máximo bienestar social y un desarrollo económico sostenible y equitativo. Esto le permitirá saber si su gobierno articula políticas públicas en defensa del interés común de los ciudadanos y el suyo, y que por tanto esté garantizando un verdadero Estado del Bienestar.

Por tanto, en la medida en que se consiga reducir los tiempos de desplazamientos y las tarifas que pagan los ciudadanos y empresas para moverse y mover sus mercancías, se acortan las distancias entre las islas y se reduce la doble insularidad como consecuencia de la disminución del coste de transporte. El resto de dificultades que puede tener un habitante de una isla periférica son los mismos que puede tener cualquier otro ciudadano canario que vive en los principales núcleos de población, o los particulares de núcleos menos poblados dentro de las islas capitalinas.

El exceso de representatividad que la Ley Electoral Canaria otorga a los ciudadanos de las islas no capitalinas en el Parlamento de Canarias lastra la economía del archipiélago porque las inversiones de gasto público tienen como fin en ocasiones conseguir un equilibrio territorial en lugar de resolver las verdaderas necesidades de la sociedad canaria en su conjunto. No invertir adecuadamente el gasto público donde realmente es necesario puede también perjudicar a las islas no capitalinas.

¿Resuelve mejor la doble periferia de la Gomera o El Hierro invertir en una carretera o un paseo marítimo en esa isla en lugar de invertir en un puerto en Tenerife si el objetivo es mejorar el coste del transporte interinsular? ¿Puede ser que mejorar una carretera en Tenerife beneficie más a los habitantes de la Gomera o de El Hierro, que hacerlo en una carretera poco frecuentada en su propia isla? La inversión en la isla no periférica puede ser más rentable si eso sirve para que se reduzcan los costes de transporte de los productos que tienen como destino la Gomera o El Hierro, o para que los que se exportan alcancen más rápidamente los grandes núcleos de población de las islas donde van a ser consumidos. Aunque el territorio esté fragmentado, en muchas ocasiones no es posible aislar los efectos de una inversión pública entre diferentes islas.

Una mala política regulatoria o de inversión de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004), las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

Una muestra de las malas políticas que sufrimos en las islas es que en el primer trimestre de 2015 la tasa de paro en las islas superó el 30%, sólo por debajo de Andalucía y Ceuta. En ese período 343.500 personas estaban sin empleo según la encuesta de población activa. En 2013 la renta media por persona en Canarias era de 9.313 euros al año y el 21% de la población tenía una renta inferior a 450 euros al mes. Como referencia, la renta media en España en 2013 fue de 15.635 euros, en la Europa de los veintiocho, 17.617 euros al año (fuente INE).

Para Acemoglu y Robinson (2012)4, Los países crecen en bienestar social a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas ya que la riqueza se reparte de manera más igualitaria. El motivo es porque se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. Pero además el éxito de las políticas de los gobiernos en términos de bienestar y crecimiento no está sólo condicionado por la pluralidad política, además el gobierno debe ser fuerte, de manera que sea capaz de defender el interés común de los ciudadanos. Un gobierno dividido por intereses territoriales o étnicos, y el canario lo está por motivos territoriales, es un gobierno débil que busca constantemente los equilibrios entre los diferentes grupos de poder. De esta manera el objetivo deseable de ejecutar políticas en defensa del interés común se sustituye por la búsqueda de equilibrios de los intereses de los grupos de influencia.

El sistema electoral canario basado en la circunscripción por isla, la triple paridad, y las barreras electorales, genera la formación de un Parlamento fragmentado con una escasa pluralidad política y un gobierno débil dividido por los intereses territoriales que favorecen el insularismo y los grupos de influencia extractivos, económicos y territoriales. Esto unido a la escasa representatividad de los ciudadanos en la Cámara sesga las decisiones de políticas públicas en las islas, y limita el desarrollo económico y del bienestar social de los canarios, y así se ha puesto de manifiesto en la evolución de los índices de desigualdad y de la renta per cápita de las islas. En la década de los años setenta antes de la implantación de la triple paridad, el índice de Theil (indicador usado para medir la desigualdad) para Canarias estaba por debajo de la media española, en el 2003 las islas ya estaban por encima de la media nacional y con el peor valor de todas las comunidades autónoma como ponen de manifiesto en su trabajo Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009). También en ese período Canarias fue la segunda comunidad autónoma donde menos ha creció la renta per cápita.

El sistema electoral en Canarias debe evolucionar para superar la división territorial y favorecer la representatividad de las preferencias de los ciudadanos en las decisiones de políticas públicas sociales y económicas que se toman en el Parlamento y en el Gobierno de Canarias. Lo deseable es la defensa del interés común y para ello no es necesario que exista una sobrerrepresentación de los habitantes de las islas periféricas en nuestro parlamento donde no sólo se toman decisiones económicas.

La solución para garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público pasa necesariamente por eliminar la discrecionalidad en las inversiones introduciendo racionalidad económica mediante la evaluación de las políticas públicas. De esta forma de garantiza que se invierte donde realmente es necesario y deseable de manera objetiva. El coste de la doble insularidad, motivo por el que se justifica por algunos representantes políticos el equilibrio territorial en la formación del Parlamento de Canarias y en consecuencia del gobierno de las islas, puede ser resuelto con políticas de financiación específicas como puede ser, por ejemplo, un fondo de cohesión destinado a que siempre se garanticen las necesidades de los habitantes de las islas periféricas en términos de igualdad a cualquier otro habitante de una isla no periférica. Por otro lado, resulta determinante la regulación de los mercados interinsulares de transporte, garantizando la competencia cuando sea posible, y regulando de manera que los precios, la cantidad y calidad de los servicios se ajusten al óptimo social.

Referencias

1. Centro de estudios Tomillo (2010): Cuantificación de los costes de la Ultraperiferia en Canarias. www.cet.es.

2. Barro, R.J. and Sala-i-Martin, X. (2004): Economic Growth. The MIT Press.

3. Goerlich, F.J. y Villar, A. (2009): Desigualdad y Bienestar Social. FBBVA.

4. Acemoglu, D. And Robinson, J. (2012): Power Prosperity and Poverty Why Nations Fail?. Crown Business.

La circunscripción insular convierte en la práctica el Parlamento de Canarias en una cámara de representación territorial que favorece el insularismo desde su concepción, ya que induce a los ciudadanos a pensar que el representante electo de su isla tendrá como prioridad defender sus derechos antes que los de otra isla, lo que va en contra de la unión de todos los canarios, fomenta la división y la lucha territorial por el poder. Por otro lado, el artificial e hipotético equilibrio en el número de diputados entre provincias impuesto con la triple paridad refuerza aún más la división entre los canarios. Los diputados tienen además un objetivo de segundo orden, después de defender los intereses de su isla deberán defender también los intereses de su provincia.

Finalmente, las barreras electorales, insular del treinta por ciento, y autonómica del seis por ciento, han generado que muchos ciudadanos no puedan tener representada su voz en el Parlamento de Canarias, reduciendo además en consecuencia la pluralidad política. La aparición de nuevos partidos en el espectro político de nuestro país favoreció en las elecciones autonómicas del pasado Mayo del 2015 la división del voto y la pluralidad política fruto de la evolución y maduración de nuestra sociedad. Esta situación dejó obsoletas las barreras electorales, ya que mientras que en las elecciones autonómicas de 2011 en todas islas, al menos un partido político superó la barrera insular del treinta por ciento en número de votos, en 2015, sólo la superaron en La Gomera la Agrupación Socialista La Gomera, y en El Hierro Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente. El primero con un 0,55% de los votos emitidos en toda Canarias obtuvo tres representantes en la cámara, y el segundo con un 0,26% dos representantes.

La barrera del seis por ciento autonómico dio lugar a que el partido político Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía con 54.375 votos (un 5,84% de los emitidos a en toda Canarias) no accediera a tener representación como ya saben todos. La combinación de ambas barreras electorales impidió también que en Gran Canaria más de setenta y dos mil votos válidos (en torno a un 20%) no fueran tenidos en cuenta en la configuración del Parlamento (todos datos disponibles en el ISTAC).

Las barreras generaron algunos efectos inauditos como el fue el caso del diputado que alcanzó a obtener por Gran Canaria el partido político Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en la cámara autonómica con menos votos que el partido Ciudadanos-Partido de La Ciudadanía.

Ese diputado fue crucial para que Coalición Canaria ganara las elecciones y en consecuencia la presidencia del Gobierno al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo quince diputados frente a los dieciséis de Coalición Canaria, a pesar de que esta coalición fue la tercera fuerza más votada en las islas.

En definitiva el sistema electoral canario basado en la circunscripción insular, la triple paridad y las altas barreras de acceso al Parlamento, perjudica a la mayoría de los ciudadanos de Canarias favoreciendo la concentración del poder en manos de unos pocos. Conduce ineludiblemente al refuerzo de la concepción de territorio fragmentado, y a la concepción insularista de que todo lo que queda fuera de la isla es otro territorio, favoreciendo entre los ciudadanos de Canarias el pensamiento de que hay que luchar por lo nuestro, lo de nuestra isla. Y eso nos perjudica a todos porque implica división de recursos, y decisiones políticas que no tienen como objetivo el bienestar común de todos los ciudadanos canarios.

La división política resta bienestar y crecimiento económico porque favorece que se tomen decisiones donde prevalecen los equilibrios territoriales ¿Dónde quedó el sentimiento de unidad de “somos siete en un mismo mar”? Sólo con un Parlamento y un Gobierno de Canarias que garantice la representatividad de las preferencias de los ciudadanos, la pluralidad política, la eficiencia, y la transparencia en la gestión política, es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido a largo plazo que sea fuente de bienestar social y equidad para todos los ciudadanos.

Dentro de la sala donde se celebraban los debates, el sorteo definía la postura a defender por cada uno de los dos equipo que se enfrentaban. En los pasillos, el debate continuaba, y todos dábamos nuestros argumentos a nivel individual, sin desvelar, claro, los argumentos secretos de nuestro equipo. Lo cierto es que fuera de los debates sólo coincidí con personas que defendían el no a la pregunta planteada por los organizadores. Todos estábamos de acuerdo además que esa era la postura más cómoda. Afortunadamente a nuestro equipo, Economistas con derecho, a opinar se supone, le tocó defender el no en más de una ocasión, y éstos fueron los argumentos basados en la Economía del Bienestar con los que arrancaban en esos casos nuestras intervenciones:

España es un país con poca experiencia democrática, y aunque no es cierto que siempre haya habido bipartidismo, sí es cierto que desde 1977 hasta ahora sólo han habido dos partidos mayoritarios en cada legislatura, lo que ha simplificado la formación de los gobiernos, y ha generado que éstos hayan sido monocolor y además coincidentes con la lista más votada. De manera que hasta ahora siempre ha ocurrido que los partidos políticos que han ganado las elecciones generales han conseguido formar gobierno y gobernar en solitario nuestro país.

Sin duda ha influido, por un lado, la falta de educación política de nuestra sociedad, y por otro, en mayor medida, es una consecuencia de la ley electoral española. La ley electoral porque promueve una elección de representantes en el Congreso de los Diputados con una asignación territorial de los representantes por provincias, y además con listas cerradas. Eso explica la abultada diferencia de escaños en las pasadas elecciones generales, entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, treinta y uno, a pesar de la escasa diferencia de votos, alrededor de 340.000, 22,01% frente a 20,66%. Y el caso flagrante de Unidad Popular, que con algo más de 923.000 votos sólo obtuvo dos escaños. En cambio al partido Nacionalista Vasco, con algo más de 301.000 votos, se le asignaron seis escaños. Ezquerra Republicana obtuvo nueve escaños con algo más de 599.000 votos.

Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que en muchas ocasiones la lista más votada no tiene porqué ser siempre la lista con mejor representatividad de escaños en un Parlamento. De hecho en la pasadas elecciones autonómicas en Canarias Coalición Canaria, el partido con más escaños en el Parlamento de Canarias, fue el tercero más votado. Precisamente este elemento de falta de representatividad de las cámaras autonómicas y nacional es lo que muchos partidos políticos, analistas y representantes cívicos están reivindicando que debe ser corregida.

Lo cierto es que lo deseable, y por otro lado lo único demostrable matemáticamente, es que un gobierno siempre debe buscar como objetivo la maximización del bienestar social, o lo que es lo mismo, el interés común de todos los ciudadanos. El crecimiento económico debe ser siempre un objetivo subsidiario del bienestar social. Y esto sólo es posible conseguirlo si un gobierno tiene en cuenta en sus políticas públicas la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, pero no sólo de sus votantes, de todos los ciudadanos. Por eso se llama Gobierno de España, el gobierno de todos los españoles. Para todos es más fácil entender este concepto cuando vemos al presidente de nuestro país o a algún miembro de su gobierno fuera de nuestras fronteras. En ese momento entendemos que su función es representarnos a todos, no sólo a sus votantes. El gobierno ejecuta, el parlamento legisla.

Por eso la respuesta de nuestro equipo en la liga de debate universitaria, fue que no necesariamente la lista más votada debe gobernar un país. Debe gobernar un país un gobierno que tenga la capacidad para representar el interés común de todos los ciudadanos. Un gobierno debe tener la capacidad de confluencia, de generar acuerdos, de facilitar los encuentros programáticos. Eso no quiere decir que los partidos políticos que lo apoyen estén de acuerdo en todo, el debate parlamentario dilucidará las confluencias entre partidos que no siempre tendrán que ser los mismos.

Un gobierno que gobierna a base de rodillo, ya sea en solitario o en coalición, no garantiza el bienestar común porque está dejando fuera de sus políticas las preferencias de muchos ciudadanos. Aunque a veces lo puede parecer, la política de un país no es una competición de estrategias donde gana quien sea mejor estratega y en consecuencia se lleva los honores. Un buen ejemplo de cómo debe actuar un presidente la dio el premio nobel de la paz Nelson Mandela. En los objetivos de sus políticas trató de integrar siempre a todos los ciudadanos, tanto los que le habían votado como los que no. No hacerlo hubiera significado repetir lo mismo que hicieron con la población de color en su país y en contra de lo que había luchado toda su vida.

Si estuviera dentro de un congreso, y el sistema me permitiera emitir mi voto libremente, y no bajo la disciplina de un partido político, votaría a un presidente integrador, que tuviera como objetivo mejorar la convivencia y el bienestar de todos los ciudadanos de su país. Tendría que ser un gobierno independiente de que sus políticas no consigan crecimiento económico a costa de desigualdad. Un gobierno debe garantizar siempre la unión, la solidaridad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

En esta línea las políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico han tenido en España efectos importantes en la distribución de la riqueza y el bienestar. En pleno período de crisis económica, el impacto más fuerte lo ha recibido el mercado laboral que soporta una de las tasas más altas del mundo de cuota de la seguridad social, lo que ha arrastrado al resto de cifras de desigualdad y bienestar social. No hay que olvidar que la tasa de desempleo evolucionó hasta situarse en el 25% en 2014, la segunda peor de la Unión Europea, muy alejada de la media situada en el 10,3%.

La pérdida de empleo y la renegociaciones salariales ha supuesto una reducción drástica de la renta para muchas personas. Según Molina (2015) con datos de Global Wealth Data Book, en España el 1% más rico de la población acumula algo más del 27,2% de la riqueza, el siguiente 9% acumula el 28,7%. Según la OCDE España fue el país donde más creció la desigualdad medida a través del índice de Gini entre 2007 y 2011, antes y después de impuestos. En el mismo informe se recoge también que en ese período el 10% de la población más pobre de nuestro país experimentó la mayor pérdida de renta de toda la OCDE entorno al 12,9%. Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año.

¿El aumento de la concentración de la riqueza y la pérdida de bienestar en España ha estado motivada exclusivamente por la crisis económica? No, no es así, el proceso de concentración de la riqueza no se explica exclusivamente por la crisis surgida a partir del año 2008. Incluso en los períodos en que en nuestro país no ha habido crisis y ha habido tasas de crecimiento abultadas, las políticas públicas y la evolución de la economía han hecho perder bienestar a los ciudadanos y han favorecido la concentración de la riqueza. Este efecto se ha acentuado más en la séptima legislatura que finalizó en el 2004. La octava legislatura se caracterizó por una ligera recuperación de los principales indicadores. El informe del Consejo Económico y Social del año 2013, pone de manifiesto que la media real de los salarios presentó crecimientos negativos o muy modestos incluso en las etapas de crecimiento económico. La razón principal es por el aumento de la contratación temporal.

¿Por qué ocurre esto en nuestro país?¿Cuáles son los factores que lo explican?

El bienestar social está vinculado sin duda con la renta disponible de los ciudadanos, y cómo está distribuida, pero no exclusivamente, además también está vinculado a la eficiencia de la participación de un gobierno en la vida pública. La toma de decisiones de políticas públicas no es inocua para el bienestar social. Cualquier decisión de gasto público no genera el mismo impacto sobre la economía y la sociedad. Las buenas políticas generan crecimiento y bienestar social, las malas políticas pobreza y desigualdad.

La intervención de un gobierno en una economía cumple dos funciones: en primer lugar corregir las alteraciones de la equidad en la distribución de la riqueza, y en segundo lugar, corregir los fallos de mercado garantizando la prestación de bienes y servicios en condiciones de eficiencia asignativa como mecanismo para garantizar bienestar social y un crecimiento económico equilibrado. Un gobierno que no articule políticas eficientes correctoras en este sentido está condicionando de manera definitiva el bienestar de los ciudadanos.

La corrección de fallos de mercado requiere por ejemplo, proteger de manera efectiva a los consumidores del exceso de poder de mercado de las empresas en los mercados donde se proveen bienes necesarios y relevantes para la sociedad. Aunque la producción pública puede ser una opción, no es estrictamente necesaria ya que regulando de manera adecuada los precios un gobierno puede generar que en esos mercados se alcancen equilibrios de precios y cantidad producida similar a la que se produciría con la producción pública. Proteger a los ciudadanos del poder de mercado de las empresas supondrá que se pueda acceder a precios más bajos y a mejor calidad del servicio. Precios más bajos supone que los ciudadanos paguen menos por bienes y servicios que tienen un impacto importante en su cesta de la compra, y en consecuencia es equivalente para muchas familias a recibir un aumento de salario, una subida de su pensión o la recepción de cualquier subsidio. Un bien necesario por ejemplo para los ciudadanos es la electricidad, según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea donde las familias paga el precio más alto por la energía eléctrica, después Dinamarca, Alemania e Irlanda.

La eficiencia de las intervenciones públicas está también relacionado con la gestión de los fondos públicos. Los fondos públicos no son gratis, tienen un coste de oportunidad, han sido detraídos de la iniciativa de inversión privada y de los bolsillos de las familias, no invertirlos adecuadamente supone dejar de financiar otras políticas públicas que hubieran podido generar una rentabilidad superior para todos los ciudadanos. Veamos un ejemplo de lo que ha pasado en nuestro país con la inversión en el ferrocarril de alta velocidad: como recogen en su trabajo Albalate y Bel (2015) España es el segundo país del planeta después de China en número de kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, 2500 kilómetros construidos, y el primero en número de kilómetros por habitante, 54 kilómetros por cada millón de habitantes. Pero en cambio en 2013 sólo lo usaron 25,3 millones de pasajeros, frente a los 330 millones de Japón, los 125 de Francia, o los 420 millones de China en 2012. Mientras que en Japón hay 158.121 pasajeros por kilómetros de red, en Francia 61.394, en China, 37.950, en España la cifra sólo llega a 10.120 pasajeros por kilómetro. Por su parte Betancor y Llobet (2015) hacen una análisis de los cuatro corredores de alta velocidad en funcionamiento en España a finales de 2013 y obtienen como resultado que las inversiones no han sido rentables ni financieramente, porque sus ingresos no llegan a cubrir los costes de la inversión; ni socialmente, porque los beneficios sociales tampoco los superan. En consecuencia la única explicación que encuentran a las inversiones es el posible rédito político que se han podido obtener los gobiernos y que coincide como señalan los autores con la ausencia de estudios de análisis evaluación socioeconómica publicados por el ministerio para justificar las inversiones.

Una mala política regulatoria de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre a los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Una política de derroche de los fondos públicos genera un coste de oportunidad muy alto y una deuda que no genera rentabilidad en términos de bienestar social.

Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004), las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.

El actual sistema de pensiones en España da lugar a situaciones que son contradictorias y opuestas a lo que debería ser una política de redistribución de la renta

Estaba previsto que el sistema de pensiones en España sustentado sobre las rentas del trabajo quedara obsoleto y cayera en una situación de déficit conforme aumentara el número de personas dependientes. La crisis económica ha acelerado este proceso y en los últimos cuatro años el gobierno ya ha dispuesto de 34.000 millones de euros del Fondo de Reserva de Pensiones y reducido sustancialmente su saldo hasta dejarlo en sólo 41.634 millones a final de 2014. La previsión del gobierno es que hasta al menos 2020 los ingresos sigan siendo insuficientes para cubrir el pago de las pensiones en nuestro país, lo que requiere de medidas inmediatas que puedan tener repercusiones a medio plazo y solvente la insostenibilidad del sistema.

La respuesta inmediata del gobierno ha sido elevar la edad de jubilación en dos años y aprobar la ley 23/2013 que se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. El nuevo sistema hace depender la revalorización de las pensiones del equilibrio financiero entre ingresos y gastos, lo que quiere decir que si se mantiene la actual legislación al menos hasta el 2020 las pensiones recibirán una subida del 0,25% a todos los pensionistas por igual.

¿Dónde están las causas de este desajuste? En primer lugar, la caída de la actividad económica a partir de 2009 llevó a una importante reducción de las rentas del trabajo, la fuente en exclusiva de la recaudación para el pago de las pensiones. En 2008 el número de asalariados en nuestro país alcanzó la cifra de 19,3 millones de trabajadores y su salario medio en 2010 llegó a ser 19.113 euros anuales. En 2012 el número de trabajadores había caído a 17,1 millones y su salario medio se quedó en 18.601 euros anuales (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España). La consecuencia es que cayó la recaudación por cotización a las seguridad social y fue la primera vez que el gobierno tuvo que disponer del Fondo de Reserva para el pago de pensiones.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España generó que en 2012 el 20,47% de los asalariados recibieron una renta anual inferior a la mitad del salario mínimo interprofesional. La retribución anual media de este importante grupo de trabajadores fue 1.834 euros brutos en un año. La precariedad de los ingresos de los trabajadores ese año se puso de manifiesto en que el 20% de los asalariados sólo sumaron el 2% de los ingresos totales por cuenta ajena. En ese mismo período el 44% de la población trabajadora recibió un salario inferior a 11.277 euros brutos anuales, el 13,78% del total de la renta generada por el trabajo en España (www.ine.es). Esas son las personas que pagan una parte importante de la pensiones de nuestro país, algunas de más de 2500 euros anuales.

La reducción de los salarios se explica en parte también por el progresivo aumento de la contratación a tiempo parcial, el 12,3% de los contratos en 2006 se convirtió en el 17,7% en 2013. Lo que se tradujo también en un una reducción en el número de horas contratadas de 40,2 horas en 2011 a 39,9 horas en 2013 para los varones (www.ine.es).

Por otro lado, el número de pensionistas, pensiones y su cuantía no ha dejado de crecer en ningún momento. En 2014 el número de pensiones abonadas superó los nueve millones, mientras que el número de pensionistas es ligeramente inferior, estuvo cerca de los ocho millones y medio. Aunque ambas cifras tienen una tasa anual de crecimiento similar, en el entorno del 1,5%, la tasa de crecimiento del gasto ha alcanzado cifras superiores al 4% durante algunos años. En 2014 el gobierno la redujo considerablemente, pero aún así estuvo por encima del 2,5%.

El gasto total anual en pensiones llega a alcanzar el 10% del producto interior bruto de nuestro país. La partida más importante corresponde al pago de las pensiones por jubilación, que suponen aproximadamente un 69% del gasto total. En 2013 el importe medio de la pensión por jubilación estaba en el orden de 980 euros mensual. La siguiente partida en importancia de gasto corresponde a las pensiones por viudedad que representan más de un 18% del gasto total. En Diciembre de 2014 el 44% de los pensionistas recibieron una pensión inferior a 700 euros al mes (datos del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España).

No hay que olvidar que las pensiones en España es un sistema de reparto, conocido también como sistema solidario. Los trabajadores aportan una parte de su salario, conocida en nuestro país como cotización a la Seguridad Social, que se usa para financiar el pago a las pensionistas actuales. En contra de lo que muchos piensan el Estado no retiene parte del salario a los trabajadores para devolvérselo con intereses en forma de pensión. Si fuera así, y se limitara a devolver las aportaciones individuales con intereses, muchas personas recibirían al final de su vida laboral una pensión sustancialmente inferior a la que está prevista. Veamos un ejemplo:alguien que contribuye durante 35 años de su vida laboral con 1.000 euros mensual, que corresponde aproximadamente a la contribución máxima, habría realizado una aportación de 381.000 euros en unidades corrientes (asumiendo una tasa de inflación del 2% y tasa de descuento del 1,5%). Si como le reconoce la ley recibiera una renta de 2.560 euros mensual durante 20 años, recibiría 623.000 euros en unidades corrientes, casi el doble de su aportación.

El actual sistema de pensiones en España da lugar a situaciones que son contradictorias y opuestas a lo que debería ser una política de redistribución de la renta. La razón es que el subsidio es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista, de manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. Al contrario de lo que debería ser una política pública que debe ir destinada a cubrir la incapacidad de una persona para obtener renta que garantizarle una subsistencia digna por su edad u otro motivo, ocurre que con el actual sistema individuos con un mayor nivel de renta reciben mensualmente del Estado un subsidio mayor que otros más necesitadas con un nivel de renta inferior. Esto es así debido a que la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más impuestos pagaron porque tenían una renta del trabajo mayor, serán también las que más subsidio recibirán del Estado, independientemente de su capacidad de renta actual. Las pensiones es una política fundamental a la que el Estado no debe ni quiere renunciar. Si se consulta a los ciudadanos estos la situarán con toda certeza como una prioridad en sus preferencias. Con la actual legislación la actualización de las pensiones y la viabilidad financiera del sistema depende de la recaudación del impuesto de cotización a la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad, la pérdida de poder adquisitivo, el envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida son los factores que definitivamente dejan obsoleto el sistema en España. El sistema debe ser modificado para garantizar su viabilidad financiera y el carácter equitativo que debería tener esta política pública. La respuesta de muchos economistas y del gobierno ha sido frenar el número de pensionistas retrasando la edad de jubilación. Esa solución perjudica a todos los ciudadanos en general, pero sobre todo a los que tienen empleos repetitivos y físicos que sufren un mayor deterioro. Sólo es un parche que no resuelve las dificultades de financiación del sistema ni su equidad.

Otros factores también ponen de manifiesto que el sistema necesita una reforma: en primer lugar, el grupo de expertos al que el gobierno ha encargado el informe para la reforma del sistema fiscal en España ha puesto de manifiesto que la cotización a la seguridad social es un impuesto poco equitativo en su recaudación y que debe evolucionar para integrar progresividad en el tipo de gravamen. Con el sistema actual un trabajador del régimen general que gana el salario mínimo paga en concepto del impuesto de la cotización a la seguridad social un tipo impositivo real del 33%. En cambio para un trabajador con un ingreso 10 veces superior proporcionalmente su tipo de gravamen real supone sólo el 15,6%. El motivo es que ambos pagan un 28,3%, pero el primero sobre una base que superior a su salario (753 euros en 2014) y el segundo sobre una base que sustancialmente inferior a su salario (3.606 euros anuales en 2014)

A pesar de que el sistema de pensiones contributivas en España es una política de Estado solidaria, recae enteramente en el mercado de trabajo, y no siempre en sentido estricto los beneficiarios de la pensiones serán personas que hayan sido asalariados, como puede ser el caso de las pensiones por viudedad o favor familiar. Por lo que no se justifica que un impuesto finalista como este se recaude exclusivamente sobre ese mercado.

El impuesto de cotización a la seguridad social además, grava un mercado muy sensible en nuestro país como es el mercado laboral. Hay que recordar que la tasa de paro ha alcanzado límites inverosímiles e insostenible, el 26%, y en algunas comunidades autónomas ha superado el 30%, muy superior a la media de la Unión Europea. España con un 28,3% es de los países de la OCDE con los tipo más altos del impuesto que tiene la media en el 19,6%. Muy superior a Francia con un tipo del 16,7% o EEUU con el 10,4%. Sin duda se trata de un impuesto que esta introduciendo ineficiencias importantes en el mercado laboral y es un factor que también contribuye a explicar los diferenciales de tasa de desempleo que siempre ha existido en España. En países como Islandia, Noruega, Irlanda, Portugal, o el Reino Unido no existe un impuesto a las rentas del trabajo por este motivo aunque sí aportaciones del Estado al pago de pensiones. En Australia, Dinamarca o México, por ejemplo, sólo existe un sistema privado de pensiones (datos de la OCDE).

Lo óptimo sería que la política se financiara de los ingresos del Estado como se hacen con las carreteras, la sanidad, o la educación. Se trata de una política pública que es prioritaria para los ciudadanos por lo que su financiación debe ser prioritaria también. La eliminación total o parcial de manera selectiva de la cotización a la seguridad social para las rentas más bajas supone una pérdida de ingresos para el Estado que puede ser recuperada por diferentes vías.

En primer lugar el gobierno puede recuperar parte de la pérdida de recaudación a través del IRPF. Si el trabajador reclama a la empresa su salario bruto tras la desaparición de la cuota de la seguridad social en el momento de su declaración del IRPF su base imponible será mayor y como consecuencia la cuota resultante en su liquidación del impuesto será también mayor. En este momento los trabajadores estarán tributando y en consecuencia aportando al pago de las pensiones bajo el paraguas de un impuesto progresivo y con un carácter más redistributivo que la cotización a la seguridad social. De manera que las rentas más altas tendrán una aportación mayor. Si las empresas deciden retener el ahorro de costes y no invertir en aumentos de la producción ese ahorro permanecerá en su cuenta de resultados y el Estado podrá recuperar una parte vía impuesto de sociedades. No parece que una empresa decida aumentar la contratación del número de directivos porque se reduzca el pago de su coste de la seguridad, pero sí cabe esperar que el efecto sobre la contratación sea mayor en las rentas del trabajo más bajas donde el impuesto puede superar el 30% del coste laboral. Ya sea con nuevos contratos o aumentando las horas contratadas a los trabajadores ya existentes.

Es también en este segmento del mercado donde más economía sumergida existe, que junto con los autónomos de ingresos bajos serían también grandes beneficiados. Esta política también es un incentivo a la iniciativa empresarial al eliminarse el coste fijo que se les impone independientemente de los ingresos en el inicio de la actividad.

El efecto dependerá de las condiciones específicas de cada empresa, si ésta emplea su ahorro de coste para rebajar los precios de sus productos y ganar en competitividad cabe esperar que aumente su demanda, por lo que necesitará contratar más horas de trabajo para atenderla. En ese caso el efecto también se hará notar en sus clientes. No cabe esperar tampoco una respuesta homogénea de las empresas en esta línea, dependerá en primer lugar de la importancia del gasto en mano de obra en sus estructuras productivas, y de la estructura de los mercados en los que venden sus productos. Si las empresas operan en mercados altamente competitivos ya sean nacionales o extranjeros sí cabe esperar que bajen sus precios para aumentar sus ventas. Si los mercados son poco competitivos ese efecto se irá diluyendo.

La pérdida de ingresos por cotización a la seguridad social puede ser compensada con políticas fiscales finalistas en políticas y servicios que aunque son importantes para la sociedad ocupan una posición inferior en las preferencias de los ciudadanos. Sin duda los ingresos del Estado son limitados, y en consecuencia, si lo que los ciudadanos desean es que se financie esta política deberá ser a costa de que se paguen otras. En este sentido existen muchas oportunidades que pueden ayudar también a introducir eficiencia en la economía. En muchos países por ejemplo, es habitual que se pague por el uso de las carreteras u otras infraestructuras. Esto tiene varias ventajas: ajusta el gasto público a las verdaderas necesidades de la demanda. Nadie duda de que haya que pagar una tasa por el uso de un aeropuerto, o por el uso del metro o incluso de un autobús público, por qué no debería pagarse también por una carretera. De Rus y Romero (2004) en su trabajo demuestran como incluso en carreteras donde hay congestión el pago de un canon en función del tráfico puede ser suficiente.

En nuestro país queda mucho por hacer aún en inspección fiscal. Según un informe de Funcas la pérdida de recaudación anual por economía sumergida asciende a 31.000 millones de euros. Por otro lado el aumento de la esperanza de vida hace inviable financieramente el actual sistema de jubilación ya que supone más años para las arcas del Estado. Según el trabajo de Wang et al (2012) la esperanza de vida ha aumentado de 56,4 a 67,5 años para los hombres y de 61,2 a 73,3 años para la mujeres en los últimos 40 años. Para los niños recién nacidos la esperanza de vida aumenta una media de 3 a 4 años en cada decenio. Conforme aumenta la esperanza de vida también aumenta la calidad y las condiciones físicas. Una opción es hacer flexible el mantenerse en el mercado de trabajo de manera voluntaria y permitir la recepción de una pensión por jubilación del Estado de manera parcial en función de la renta.

Por otro lado, la política del pago de pensiones debe cambiar e introducir racionalidad en su gestión. La política debe garantizar un subsidio social que debe tener como fin compensar la falta de poder adquisitivo de las personas que por motivos de edad y físicos no pueden realizar un trabajo para garantizar su subsistencia. En consecuencia debería integrarse con la política de dependencia y el someter su pago a la disponibilidad de renta de los beneficiarios. El subsidio más alto debería ser destinado a la persona con más necesidades por su dependencia y por su nivel de renta.

El grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones, su nivel de politización determina el éxito de las propuestas políticas, por muy buenas que sean

¿Hace falta algo más? ¿Es verdad que el sistema no funciona como dicen muchos ciudadanos?¿Qué determina que un país sea pobre o rico? La respuesta es democracia, el grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones, su nivel de politización determina el éxito de las propuestas políticas, por muy buenas que sean.

Daron Acemoglu y James Robinson en su libro Why Nation Fail? Explican que el éxito o el fracaso en términos de bienestar de un país está en función de su nivel de democracia, del grado de representatividad de los ciudadanos en sus instituciones. ¿Realmente rigen en nuestro país los principios básicos de Libertad, Igualdad de Oportunidades, Solidaridad, Unión? En 1995 Mouro en su trabajo Corruption and Growth demostró econométricamente la correlación positiva que existe entre el nivel eficiencia de la burocracia de un país y su estabilidad política. Encontraron que los países más pobres eran siempre eran más corruptos y políticamente más inestables. La corrupción repercute negativamente en la tasa de inversión de un país, lo que se acompaña de menor crecimiento económico, menor empleo, menores ingresos para las administraciones públicas, peores servicios, peores políticas redistributivas y en definitiva, mayor desigualdad. La corrupción me apuntilló una buena amiga hace unos días genera falta de confianza, alimenta la economía sumergida, daña la imagen exterior y reduce las inversiones.

¿Es garantía de bienestar la disponibilidad de recursos naturales? Un político canario muy destacado, y respetado, me comentó el caso de Guinea Ecuatorial: con sólo 1,7 millones de habitantes, produjo según BP Statistical Review 283.000 barriles de petróleo en 2012. Su renta per cápita en 2013 según el Banco Mundial fue 20.581 dólares. Sin embargo el 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Guinea ocupa el puesto 136 en el índice de desarrollo humano de la ONU y el 190 en el ranking de libertades políticas y derechos www.freedomhouse.org.

Acemoglu y Robinson destacan en su libro que los países crecen en bienestar a medida que sus instituciones son más inclusivas y democráticas. Es decir, en la medida que son más representativas de las preferencias de los ciudadanos. El motivo es que la riqueza se reparte de manera más igualitaria y se crean más oportunidades para todos los ciudadanos. En cambio cuando en un país las élites extractivas, o grupos de poder son muy influyentes sobre los gobiernos, los países son más pobres. Como también explicó un gran amigo, se forman clases sociales no permeables que favorecen la desigualdad. En nuestro país ocurre así. Muchas familias hacen esfuerzos muy importantes para garantizar una educación y formación de calidad a sus hijos, y muchas veces sus esfuerzos no se ven recompensados con posiciones acordes en la sociedad. En nuestro país funciona mejor las relaciones sociales y familiares que la meritocracia lo que resulta desolador. Muchos analistas han calificado a España como el capitalismo de amiguetes.

Carmelo León y Jorge Araña en su trabajo Relación entre Corrupción y Satisfacción han estimado un coste de la corrupción en España de hasta 39.500 millones de euros al año. En particular Canarias es la Comunidad con el mayor coste per cápita, 79,07 euros al mes. La media del país la fijaron en 69,5 euros al mes. El mayor coste total lo encontraron en Andalucía. La consecuencia de nuevo es la desigualdad, así, España es el país de la OCDE donde más ha crecido el índice de Gini entre 2007 y 2012, por encima de Irlanda y Grecia que son los que nos siguen a continuación.

Víctor la Puente en su blog concluye que la principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Aunténticas redes clientelares esperando a que un partido gane las elecciones. La politización de las instituciones. Lo que conocemos todos como las famosas puertas giratorias, los consejos de administración cargados de políticos con escasa o nula capacidad de gestión. Como comentó un compañero la clase política ha invadido espacios que no le corresponden y debe achicarse, no puede ocupar el espacio que le corresponde a la sociedad civil. Las empresas públicas y las instituciones de gestión deben estar manejadas por profesionales. No es necesario un político en un cargo de gestión. Nos beneficia más a todos que una empresa pública la gestione un experto. El contenido político debe venir desde más arriba solo con la definición de los objetivos que se deben perseguir con su gestión.

¿Qué ocurre en Canarias, por qué nuestras tasas tan altas de precariedad económica? Las respuestas más destacadas: un exceso de burocracia ineficiente, una ley que paraliza la oferta turística, exceso de politización de las instituciones y una muy restrictiva ley electoral. ¿Qué se debe hacer de manera urgente en Canarias para establecer el entorno adecuado para la ejecución de las mejores propuestas de los partidos políticos en estas elecciones? Revisión de la composición y funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias, para transformarla en una agencia despolitizada y transparente, que cumpla la función de velar por la legalidad vigente y por los intereses reales de los ciudadanos. Modificar nuestra ley electoral y reducir la barrera de acceso al Parlamento de Canarias, por medio de la habilitación de una única barrera electoral limitada al ámbito insular, con un corte del tres por ciento de los votos válidamente emitidos y corregir la representación democrática de los canarios en su Parlamento. Revisar y refundar la normativa turística y finalmente también establecería como prioridad la evaluación socioeconómica de grandes inversiones y políticas públicas con trasparencia.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad no cabe duda que el actual sistema de financiación ha quedado obsoleto

En España la base del sistema financiación de las pensiones se sustenta, principalmente, en la cotización a la seguridad social, un impuesto que grava exclusivamente las rentas del trabajo. Hasta hace unos años, a medida que aumentaba el número de personas ocupadas por cuenta ajena y autónomos, la productividad, y los salarios, aumentaba también la recaudación por cotizaciones a la seguridad social. Eso permitió durante muchos años financiar mejoras en las pensiones y sostener la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Sin embargo, la crisis económica en nuestro país se ha cebado particularmente en el mercado de trabajo, le ha dado la vuelta a ese proceso, y ha transformado el mecanismo de financiación de las pensiones en España en un sistema no sostenible financieramente.

En los últimos tres años los ingresos por cotizaciones a la seguridad social no han sido suficientes para pagar las pensiones, lo que ha obligado al gobierno a retirar más de 33.000 millones de euros del fondo de reservas de pensiones para poder hacer frente a los pagos. El saldo del fondo a final de 2013 era sólo de 53.744 millones de euros. La previsión para el 2015 es que el gasto total en pensiones contributivas será de 109.000 millones de euros.

La ley, 23/2013 de 23 de diciembre, propuesta por el gobierno actual y aprobada en el congreso, se ha aplicado por primera vez en 2015 para definir la actualización de las cuantías de las pensiones en nuestro país. Hasta ahora el ritmo de la inflación definía su ajuste anual, el nuevo sistema cambia radicalmente el método de actualización y lo hace depender entre otras variables del equilibrio financiero entre ingresos y gastos. En caso de desequilibrio financiero como en el que nos hemos encontrado en los últimos tres años la nueva legislación lleva directamente a que se aplique la subida mínima del 0,25% a todos los pensionistas por igual. Esto ha supuesto por ejemplo una subida de 1,25 euros al mes para una pensión media de 500 euros. La previsión realizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es que al menos hasta el 2020, el sistema siga siendo deficitario y en consecuencia previsiblemente se seguirá aplicando la misma subida anual en los próximos años. La aplicación de la tasa perjudica doblemente a los ciudadanos con subsidios más bajos, porque reciben un aumento menor en términos absolutos.  

Las políticas de extensión de la edad de jubilación propuesta por algunos economistas y puesta en funcionamiento por el gobierno es sólo un mal parche que no soluciona el problema. La extensión de la edad de jubilación puede ser posible en grupos de población que no tengan un trabajo físico exigente o repetitivo. Quiero decir con esto que para un profesor de universidad puede ser posible extender su vida laboral más allá de los 65 años que establece la legislación actual en España, sin embargo, llegado a esa edad un trabajador de la tierra, por ejemplo,  tendrá pocas posibilidades de hacerlo por las características de su trabajo. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado laboral en España parece poco probable que una persona que pierda su empleo en edades tan avanzadas vuelva a recuperarlo. La pérdida del empleo y en consecuencia de la cotización a la seguridad social, penalizará además a esas personas en la recepción de la cuantía de sus pensiones. Por otro lado, la aplicación de tasas del 0,25% como prevé la ley deja completamente desfasada la política de estado sobre las pensiones, estas deben servir para garantizar una condiciones de vida de subsistencia digna por incapacidad laboral de las personas, ya sea por la edad, o por motivos de enfermedad,  en cambio el gobierno abandona ese criterio aprobando una ley que condiciona el pago a la recaudación del impuesto de la seguridad social.

Teniendo en cuenta que las pensiones es una política prioritaria para la sociedad no cabe duda que el actual sistema de financiación ha quedado obsoleto y debe ser modificado completamente para garantizar el cumplimiento de las preferencias de la ciudadanos.

Lo que debería hacer el Gobierno central es ofrecer a los ciudadanos la rentabilidad social de su política. Es decir, ofrecer la cifra de cuánto bienestar va a ganar la sociedad con esa política pública

Recientemente algunos gobiernos autonómicos están tratando de utilizar las consultas ciudadanas para tomar decisiones de políticas públicas. El Gobierno canario ha liderado la consulta popular acerca de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas. El Gobierno catalán, por su parte, ha liderado una consulta que pretendía que los ciudadanos actualmente residentes en Cataluña manifestaran su opinión acerca de la independencia del país. Ambas consultas tienen elementos en común: en primer lugar, ninguno de los dos gobiernos tenía capacidad ejecutiva, ni tampoco sus parlamentos capacidad legislativa sobre lo que se consultaba. La pregunta que me hago es: ¿si hubieran tenido capacidad para decidir hubieran hecho la consulta, o directamente hubieran ejecutado la política?

El segundo elemento en común es que tanto la consulta planteada por el Gobierno de Canarias como la del Gobierno de Cataluña, tienen como fin decidir sobre la ejecución de políticas públicas que tienen un impacto socioeconómico. Y eso las diferencia de las consultas de este tipo realizadas realizadas en España con anterioridad que han tenido siempre un perfil estrictamente político. En el caso de Canarias está claro. En el caso catalán podía haber tenido un trasfondo estrictamente político vinculado con la identidad, pero sus promotores argumentaron la independencia también por un motivo económico con el famoso “España nos roba”.

Si retomamos el ejemplo de la consulta del Gobierno canario, recientemente un miembro del Gobierno central en una entrevista con periodistas manifestó que como las competencias le pertenecen, en caso de referéndum sobre la extracción de hidrocarburos en Canarias, éste debería realizarse a nivel nacional. Durante la entrevista adelantó que el Gobierno recibiría un 8% de los ingresos generados por Repsol, y que transferiría a las arcas canarias el 60%, en torno a 300 millones de euros anuales. En consecuencia se puede deducir fácilmente que los ingresos que retendría Repsol en su tesorería estarían en torno a 5.750 millones de euros anuales. Debido a que la petrolera es una empresa de capital principalmente no nacional el beneficio para la sociedad española serían exclusivamente los ingresos fiscales que se generaran, entorno a 500 millones de euros (300 millones para Canarias y 200 para el gobierno central).

Los costes en cambio sí serían exclusivamente para la sociedad canaria. Desde el momento en que se inicie la actividad extractiva, básicamente el impacto visual y el coste sobre la fauna marina. A esto hay que añadir el coste que generaría en las islas un posible vertido de hidrocarburos en el mar y que supondría, además de una pérdida de actividad económica para el sector turístico, el coste de la limpieza, a corto y a medio plazo la pérdida de producción pesquera artesanal e industrial, el coste medioambiental por la destrucción de flora y fauna marina en altamar, el daño medioambiental y por contaminación de los ecosistemas naturales en la costa, el coste derivado del abastecimiento de agua potable teniendo en cuenta que una parte muy importante se produce a partir de la desalación del agua de mar y, finalmente, el coste social de los efectos sobre la salud de los ciudadanos como quedó demostrado en las personas que intervinieron en la limpieza del vertido del Prestige en Galicia.

Si al comparar los beneficios y costes anteriores la rentabilidad socioeconómica resultara negativa, tomar la decisión por referéndum puede generar una situación al menos contradictoria y claramente ineficiente socialmente. Cabe la posibilidad de que una mayoría de la población residente fuera de las islas entorno a 44 millones de habitantes, manifiesten poca sensibilidad con los costes que soportarán los canarios (algo más de dos millones) y su economía, y se manifiesten a favor de la extracción. En ese caso la decisión tomada bajo el precepto de un individuo un voto generaría a la sociedad en su conjunto un coste social mayor que los beneficios que genera.

¿Cómo debería tomarse entonces la decisión? ¿Debe consultarse a los ciudadanos para tomar decisiones de políticas públicas de este perfil? Empecemos por la segunda cuestión. Como se ha demostrado en el ejemplo anterior, utilizar un referéndum para decidir sobre la ejecución de una política pública con un impacto socioeconómico supone tener en cuenta sólo el orden de las preferencias de los miembros de la sociedad. En consecuencia se pueden dar situaciones ineficientes como la del ejemplo que finalmente ejerzan un coste a la sociedad en lugar de un beneficio. En el ejemplo el motivo es porque el número de ganadores de la política es mayor que el de perdedores, pero en cambio las ganancias de los primeros no superan las pérdidas de los segundos.

Para responder a la primera cuestión, y tomar decisiones sobre políticas públicas con un impacto socioeconómico claro y definido, como las dos consultas citadas al principio de este artículo, es necesario tener en cuenta la intensidad de las preferencias de los ciudadanos, evaluando cuánto bienestar ganan los ganadores con la política y cuánto bienestar pierden los perdedores. De esa manera sí se garantiza un resultado eficiente para la sociedad, porque sólo si lo que ganan los ganadores es más que lo que pierden los perdedores, entonces la política sería deseable socialmente y la sociedad en su conjunto tendría una ganancia neta de bienestar positiva. Incluso en ese caso cabría la posibilidad de que los ganadores pudieran compensar a los perdedores y aún así seguir ganando bienestar. Es lo que se conoce como el criterio de compensación de Kaldor-Hicks. En caso contrario indiscutiblemente la política nunca debería llevarse a cabo.

¿Debía el Gobierno de Canarias consultar sobre la aprobación de la política pública autorizar la extracción de hidrocarburos en Canarias?¿Debería hacerlo el gobierno central? En primer lugar la consulta pública promovida por el Gobierno de Canarias carece de valor ejecutivo porque no tiene competencias en esas políticas públicas. Tampoco debería hacerlo el gobierno central, porque la respuesta que reciba no refleja la intensidad de las preferencias de los ciudadanos. Lo que debería hacer el Gobierno central es ofrecer a los ciudadanos la rentabilidad social de su política. Es decir, ofrecer la cifra de cuánto bienestar va a ganar la sociedad con esa política pública, de esa manera no habría lugar a dudas sobre su ejecución.

Para muchos países bienes y servicios que hace cincuenta años no formaban parte de la cesta de la compra, ahora se califican como de primera necesidad

Entre 1960 y 2011, la población mundial ha pasado de 3,1 mil millones a 7 mil millones de habitantes, la perspectivas de la Organización de las Naciones Unidas en su informe World Population Prospects sobre el estado de la población mundial, es que en 50 años más la población mundial superará los 10 millones de habitantes. De manera paralela a la población ha crecido también la demanda de bienes y servicios, motivada además por un cambio en los patrones de consumo. Sólo hay que pensar en cuál era nuestra cesta de consumo en los años sesenta y setenta, y cuál es ahora. Para muchos países bienes y servicios que hace cincuenta años no formaban parte de la cesta de la compra, ahora se califican como de primera necesidad.

La calificación de bienes necesarios depende también del país en el que nos encontremos. Por ejemplo como referencia, según datos del Banco Mundial, en países como Malawi, República Democrática del Congo, Burkina Faso, Madagascar, Uganda o Etiopía, menos de un veinticinco por ciento de la población tiene acceso a la electricidad. En países como Haití, Sudán Eritrea, Camboya, Zimbawe, Angola, Yemen o Nigeria el porcentaje no alcanza el cincuenta por ciento. En países como India, Indonesia, Nicaragua, Guatemala, Sudáfrica, Filipinas, Senegal, entorno al quince, treinta por ciento de la población no tiene acceso a esta fuente de energía.

En contraposición, en los países más desarrollados estos patrones ha llevado a una parte de la población a situaciones extremas con la adquisición de bienes que nunca utilizará. En ocasiones se adquieren bienes que cubren necesidades creadas artificialmente por las políticas de marketing de las empresas. En otros casos, se renueva bienes injustificadamente, de nuevo por una cuestión de imagen. Muchos se adquieren bienes que ofrecen prestaciones que nunca se utilizarán. En definitiva, en los países más desarrollados una parte de la población en algún momento cae en la trampa del derroche de recursos.

Es importante entender que cualquier bien o servicio tiene una traducción en recursos que son obtenidos de la naturaleza. De esta manera, la adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios implica la obtención y consumo de recursos naturales que serán empleados en su producción y en el tratamiento de los desechos generan. Algunos de estos recursos naturales son renovables, otros no. Los renovables los reproduce la naturaleza, siempre que para su obtención y consumo se respete la tasa de regeneración biológica. Por ejemplo, puede regenerase un bosque, o un banco pesquero si cortan los árboles y se pesca de manera sostenible. El viento y el sol también son fuentes de recursos renovables, en este caso infinitos.

Sin embargo, la mayoría de los recursos naturales empleados en la producción de bienes y servicios, y en el tratamiento de los residuos generados, no son renovables. Se encuentran depositados en algún lugar del planeta, y una vez sean extraídos en su totalidad, simplemente se agotarán, o al menos dejará de ser rentable su extracción. El caso del petróleo es muy particular, la presencia en los procesos productivos de cualquier bien o servicio, y en general en nuestra vida diaria es muy alta, y la posibilidad de sustitución baja. Aunque la tecnología ha avanzado para generar procesos productivos más eficientes que elevan la producción de bienes y servicios con la misma cantidad de factores productivos, el aumento de la población, por un lado, y, los patrones de consumo de los países más desarrollados por otro, ha elevado considerablemente la demanda mundial de recursos naturales.

Un grupo de científicos ha definido La Huella Ecológica como la cantidad de recursos necesarios para cubrir la demanda de bienes y servicios de un individuo, y para absorber los desechos generados con su consumo, usando como base la tecnología actual. Por otro lado, la Biocapacidad de un país se define como su capacidad en función de la tecnología actual para producir bienes y servicios y para absorber sus desechos. La unidad de medida de la Huella Ecológica per cápita es el número de hectáreas que necesita un individuo para mantener su nivel de consumo actual, tanto para la producción de los bienes y servicios que consume, como para el tratamiento de los desechos que genera. La Biocapacidad per cápita mide el número de hectáreas que le corresponde para este fin.

A principio de los sesenta cada habitante del planeta disponía de una biocapacidad media de 3,7 hectáreas. El aumento de la población mundial y el agotamiento de algunas fuentes de recursos renovables y no renovables ha reducido la biocopacidad per cápita a 1,8 en el 2007. En cambio, la huella ecológica media del planeta, a pesar de las mejoras tecnológicas y a consecuencia del cambio en las pautas de consumo, ha aumentado de 2,4 en el año 1961 hasta 2,7 en el año 2007 (www.footprintnetwork.org). Esto quiere decir que en 2007 el planeta tenía un déficit ecológico (diferencia entre la biocapacidad y la huella ecológica) de -1,51. Es decir, en términos medios harían falta 1,51 hectáreas más por habitante para cubrir la demanda de bienes y servicios del planeta y tratar sus residuos. Algunos países como Estados Unidos con un déficit ecológico de -4,1 necesitan salirse de sus fronteras para poder mantener su nivel de consumo. Lo mismo ocurre con Reino Unido (-3,6), Alemania (-3,2), España (-3,8), Japón (-4,1), Corea del Sur (-4,5), China (-1,2) y una muy larga lista de países desarrollados. Sólo unos pocos países como Brasil y otros países sudamericanos, Rusia, Australia, Finlandia, Canadá, o El Congo y algunos de sus vecinos africanos aportan positivamente al consumo mundial de recursos naturales.

Esto implica en primer lugar, que una parte de la población mundial que principalmente reside en los países desarrollados está consumiendo los recursos que le corresponden, por paridad y también por frontera política, a una parte de la población que vive en algunos países menos desarrollados. En segundo lugar, la población actual del planeta consume recursos renovables y no renovables a un ritmo que no les corresponde y que generará irremediablemente escasez para las generaciones futuras. El nivel de consumo actual no sólo supone el agotamiento de los yacimientos como por ejemplo, el petróleo, sino que además generan un deterioro en muchos casos no recuperables de recursos renovables como por ejemplo los bancos pesqueros, los bosques, etc. El alto consumo de recursos está generando además importantes cambios en el clima que acentúan esa pérdida.

Algunos de estos países no han experimentado la crisis económica de este siglo y, han crecido, y siguen creciendo, a tasas importantes. Son los emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como países BRICS. En el caso de China, por ejemplo ha tenido durante más de veinte años entre 1990 y 2012 una tasa de crecimiento medio de su PIB superior al 10% (datos del Banco Mundial). Se trata de países con importantes recursos naturales, pero sobre todo con una población alta. Juntos sumaban en 2013 algo más de 3000 millones de habitantes lo que supondrá, sin duda cuando alcancen el nivel de consumo medio de los países desarrollados, un nuevo orden socioeconómico mundial. Los países desarrollados juntos sólo suman 900 millones de habitantes.

Dentro de un mismo Estado, el patrón derivado del déficit ecológico es el mismo, y tanto en países pobres como en países ricos se está produciendo una concentración de la riqueza. En España por ejemplo, Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2011 y 2008 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año. En 2012 la cifra de desempleo alcanzó el 26% (6 millones de personas) frente al 13,9% de finales de 2008. Según Eurostat, nuestro país presenta el peor índice de concentración de la riqueza dentro de la Unión Europea situándose sólo por detrás de Letonia. La investigación de los americanos Mishel y Gee ha revelado que en los últimos 50 años en estados Unidos el salario medio en términos reales ha aumentado sólo un 4%, mientras que el salario de los trabajadores con renta más alta se ha duplicado, y triplicado en el caso del 0,1% por ciento de la población con mayor retribución.

Algunos científicos y economistas se plantean cuestiones como: ¿es el planeta es capaz de soportar ese aumento creciente de la demanda de recursos naturales. ¿Existe paridad en el consumo de recursos del planeta?¿Cómo se está distribuyendo el consumo mundial de recursos naturales?¿Qué factores condicionan el consumo de recursos naturales de la población mundial?¿Son sólo países ricos los que más consumen recursos naturales?¿Están los países ricos depredando los recursos de los pobres?¿Qué futuro espera a las próximas generaciones?¿Pueden los estados hacer frente la demanda de sus ciudadanos actuales con sus propios recursos?¿Qué pueden hacer los gobiernos para evitar un empobrecimiento de su población y mejorar su bienestar? En definitiva, ¿estamos ante un nuevo marco socioeconómico mundial?

Estas preguntas tratarán serán contestadas en el curso La Nueva Coyuntura Económica Mundial del Siglo XXI, un Nuevo Marco Socioeconómico de la Universidad de Verano de Maspalomas 2014 (http://www.universidadveranomaspalomas.org/materias/detalle/402).

Actualmente nuestro sistema de pensiones es autosuficiente, y además, genera superávit, lo que unido a las aportaciones del Estado fruto del pacto de Toledo, ayuda a crear un fondo que servirá de colchón en el futuro. Este fondo permitirá seguir pagando las pensiones cuando el sistema deje de ser autosuficiente. Actualmente en España hay cuatro personas en disponibilidad de trabajar por una persona mayor de sesenta y cinco años, lo que permite que con las aportaciones que los primeros realizan se pueda pagar los subsidios por jubilación de los segundos. Según algunos expertos la situación de superávit puede cambiar en sólo diez años debido al envejecimiento de la población. La relación entre el número de trabajadores y de pensionistas se reducirá y pasaremos a una situación de déficit, donde la recaudación del Estado será inferior a los pagos de las pensiones. En el año 2050 se espera que la relación sea de 1 pensionista por 1,8 trabajadores. Nadie puede predecir con certeza cuando se dará esta situación debido a que los ingresos fluctúan con la situación económica del país. Una situación económica de crisis reduce el empleo y por tanto los ingresos, una situación de crecimiento económico eleva el número de trabajadores con empleo y por tanto, eleva los ingresos del Estado por este concepto. Por otro lado, no cabe duda que la economía buscará sus propios equilibrios. La propia población pensionista demandará servicios que generará de demanda de trabajo que podría ser cubierta con inmigración.

El sistema de pensiones presenta además otras peculiaridades: La pensión es un subsidio más, que en este caso el Estado paga a las personas mayores de sesenta y cinco años. Aunque no siempre ha sido así, actualmente, la ley establece que la persona debe haber hecho aportaciones al Estado por un mínimo de quince años. El importe de la pensión está en función de salario de cada trabajador. Por otro lado, la aportación de cada persona a la Seguridad Social no es voluntaria. En definitiva, esto convierte las aportaciones en un impuesto, que como el impuesto sobre la renta para un trabajador también está en función de su salario. El pago a la Seguridad Social es un caso excepcional de fiscalidad finalista. Es decir, el impuesto que se recauda, con la denominación de cotización a la Seguridad Social, se utiliza exclusivamente para pagar las pensiones. Y esto es particularmente excepcional en nuestro sistema fiscal, porque lo habitual es que los impuestos se implanten con un fin puramente recaudatorio. Por ejemplo, en nuestra comunidad el impuesto sobre el combustible no se usa para construir carreteras, se usa para financiar en general las políticas del Gobierno de Canarias.

Por tanto, la pensión por Jubilación es una subvención, que por costumbre, y porque así la ley lo establece, por ahora, cada persona recibe en función de cuál ha sido su salario durante los últimos años de su vida laboral. El objetivo es cubrir la pérdida de poder adquisitivo de las personas que por su edad no pueden trabajar. Pero se da la cicunstancia de que este subsidio, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, es percibido independientemente del nivel de renta del pensionista. De manera que muchas personas a las que realmente no les haría falta una subvención del Estado para mantener su poder adquisitivo la perciben igualmente. En particular, la estructura del sistema actual de cálculo del subsidio por jubilación asegura que las personas que más renta del trabajo percibieron serán también las que más subsidio recibirán del Estado. De manera que puede darse el caso de que una persona, a pesar de disponer de un patrimonio generador de renta, porque por ejemplo, disponga de propiedades que le renten un alquiler, porque posean una empresa que le aporte beneficios, o porque posea diferentes tipos de valores que le generen rendimientos, además pueda estar percibiendo un subsidio alto, mucho más alto que muchas otras personas para las que la pensión es su única fuente de ingresos.

Les invito a pensar en lo siguiente: la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece de forma solidaria que las personas con mayor renta deben aportar más al Estado. La escala, aunque con saltos, es progresiva con un máximo. Es un sistema que tiene como finalidad introducir equidad al redistribuir la riqueza de un país. Nadie en nuestro país, por costumbre, y por solidaridad, lo pone en duda. Tampoco en ningún caso, se da una situación, de nuevo por costumbre y por solidaridad, en la que, por ejemplo, una persona que paga un treinta por ciento de su renta se le pueda ocurrir, y ni siquiera pensar, que porque paga más impuesto que su vecino, que puede estar aportando sólo un veinte por ciento de su renta, tenga derecho a percibir más servicios que éste. Es decir, que pueda tener derecho a situarse delante en la listas de espera de la sanidad pública, a tener un carril privilegiado en las carreteras, a tener mejores servicios en la urbanización en la que vive, etc.

La pregunta que les propongo nos hagamos todos es la siguiente: ¿por qué entonces a esa misma persona la ley le asigna el derecho a percibir una subvención mayor que la de su vecino? La respuesta que se me ocurre es porque simplemente por costumbre así es como se ha hecho. También les invito a autocontestarse las siguientes preguntas: ¿es solidario que una persona que tiene un patrimonio que le proporciona una renta alta, perciba también del estado un subsidio que puede ser muchas veces superior al que reciben otras personas que carecen en la mayoría de otras fuentes de renta. ¿Es justo que se pueda estar gastando dinero público en lujos supérfluos, mientras se está hablando por parte del gobierno que será necesario recortar la pensiones?¿Recoge esto último la opinión de los ciudadanos de este país?¿Por qué algún miembro de nuestra sociedad puede tener derecho a disfrutar de un nuevo y flamante tren de alta velocidad, o de un lujoso y desproporcionado aeropuerto, construido con dinero público, mientras que hay otras personas que apenas sobreviven con su pensión?¿Es que acaso la sociedad con sus actuaciones, no le pone de manifiesto a los políticos que la solidaridad con los más débiles es una prioridad?¿No debería el gobierno eliminar cualquier tipo de incertidumbre acerca de que todos los que lo necesiten recibiran un subsidio por jubilación que les permitirá vivir sin lujos, pero dignamente, y que esto se hará incluso aunque haya que recortar algunos privilegios y servicios no básicos?

Bajo mi criterio el gobierno debería eliminar toda incertidumbre y garantizar el pago universal de las pensiones a las personas que verdaderamente lo necesiten. También debería asegurar que el sistema sea equitativo, garantizando las mayores pensiones a quienes más lo necesiten, no a quienes han pagado un impuesto más alto. Pienso que también el gobierno debe complementar con presupuestos del Estado el pago solidario de los trabajadores, lo necesario para garantizar el pago de las pensiones, si es preciso detrayendo los fondos públicos de otros gastos menos necesarios.

El Gobierno debería articular políticas que corrijan el envejecimiento de la población fomentando el apoyo a las familias, favoreciendo las ayudas económicas directas y mejorando el trato fiscal. En este último aspecto reconociendo en el pago del impuesto sobre la renta, la verdadera renta disponible por cada miembro de la unidad familiar, y no con deducciones de la base imponible y de la cuota íntegra. Por otro lado, también son importantes las ayudas no económicas, garantizando la conciliación de la familia con los horarios laborales, y ofreciendo servicios de atención y cuidado de los niños para que los padres puedan despempeñar su trabajo. Estos servicios también tiene una rentabilidad positiva para el resto de la sociedad ya que son generedores de actividad económica y por tanto, de empleo y bienestar. En definitiva, el principio sobre el que se fundamenta es que los niños de hoy son los que pagarán las pensiones del futuro.

Algunos expertos sugieren que la edad de jubilación debe ser libre a partir de un mínimo, y que en lugar de permitirse las jubilaciones anticipadas, se puede favorecer la contratación de personas mayores de cincuenta y cinco años con reducciones en el pago de la cotización a la seguridad social. La experiencia de estas personas constituyen un capital muy valioso que la sociedad no debe perderse. Pero sobre todo el gobierno debe ser austero e invertir el dinero recaudado con los impuestos, sólo en aquellas políticas y alternativas que proporcionen siempre la máxima rentabilidad social y generen la máxima riqueza económica. Una economía eficiente, es una economía generadora de riqueza, y por tanto, habrá más para repartir entre todos.

Todo gobierno debe tener lo que los economistas conocen como función de bienestar. Se trata de un modelo que recoge la preferencias de los ciudadanos. Si algún gobierno tiene duda de que nuestra población es solidaria, y que prefiere que se pague una pensión a que se construya un aeropuerto de lujo innecesario, dispone de los medios para consultar y descubrir realmente dónde prefiere el ciudadano que se invierta el dinero público.

* Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

Manuel Romero Hernández