Recientemente se ha abierto un interesante debate social y político en nuestro país a partir de la decisión del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de instar a España a prohibir el acceso y la participación de los menores de 18 años en los espectáculos taurinos, a fin de prevenir los efectos nocivos de la violencia de la tauromaquia sobre la infancia y la adolescencia.

Para atender la instancia del citado Comité se ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, promovida por APDDA, y sendas proposiciones de ley en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento andaluz.

Conscientes de la decadencia que viene arrastrando la tauromaquia y del nulo interés de las nuevas generaciones, el lobby taurino no ha tardado en mostrar su desesperación. En mayo enviaron a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid una carta plagada de numerosas inexactitudes y afirmaciones que no se ajustan a la realidad, menoscabando el papel del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Para dar respuesta a las mismas, la Fundación Franz Weber, organización consultora de la ONU, ha remitido a los portavoces del Congreso, del Senado y de la Asamblea de Madrid, así como a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al nuevo ministro de Cultura y Deporte, un documento de 14 páginas que desmonta cada una de las falacias del lobby taurino. Aquí tenéis las siete principales rectificaciones o aclaraciones:

Se equivocan. Sí es una recomendación de la ONU; y además, vinculante. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es un Tratado Internacional que reconoce los derechos humanos de las personas menores de 18 años. Y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) es un organismo de la ONU, creado para examinar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados parte en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata de un «órgano independiente integrado por 18 expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención», que «son elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados parte», en el campo de los derechos de la infancia procedentes de países y ordenamientos jurídicos distintos. Los Estados deben rendir cuentas ante el Comité presentando un informe cada 4 o 5 años.

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento para los Estados parte. Para España, dicha Convención entró en vigor el 5 de enero de 1991 y desde entonces forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, la Constitución española es clara al respecto y en su artículo 39 otorga expresamente a los niños (personas menores de edad) «la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Por todo ello, las observaciones finales del CDN sí tienen un carácter interpretativo/jurisprudencial vinculante, pues, aunque no es un órgano jurisdiccional que dicte sentencias, sí es el órgano de interpretación, seguimiento y aplicación de un Tratado internacional jurídicamente vinculante para el Estado que lo ha ratificado.

No es cierto. Ha habido tres relatores de países taurinos. Los miembros del Comité son de todo el mundo, como no podía ser de otra manera. Y no podemos culpar a la ONU de que, de los 193 estados que forman Naciones Unidas, solo en ocho sea legal la práctica de la tauromaquia. En el resto, no es legal y en la mayoría sería un delito. A pesar de ser una minoría, en la composición del CDN en estos últimos cinco años en los que se ha evaluado a los estados taurinos ha habido, hasta febrero de 2017, una ecuatoriana, Sara Oviedo, que ha sido vicepresidenta; un español, Jorge Cardona, que obviamente se abstuvo de intervenir en el caso español (como es norma en el CDN); y un venezolano, José Ángel Rodríguez Reyes, que sí participó en el proceso sobre España. Son relatores procedentes de países de tradición taurina, que conocen la realidad taurina y que han participado en la aprobación de las instancias contra la tauromaquia en los estados taurinos que se han evaluado a lo largo de estos años: Portugal (2014), Colombia y México (2015), Francia y Perú (2016), Ecuador (2017) y España (2018).

El Comité de los Derechos del Niño ha incluido por primera vez este pronunciamiento porque con anterioridad no disponía de ninguna información sobre el impacto físico y mental negativo de la tauromaquia en la infancia y la adolescencia. Tengamos en cuenta que, para el examen de los informes de los Estados parte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la Convención, las ONG reconocidas con carácter consultivo ante las Naciones Unidas pueden presentar al Comité informes pertinentes y ser invitados a proporcionar asesoramiento (artículo 45 de la Convención). En este caso, a lo largo de los últimos cinco años, la Fundación Franz Weber ha presentado informes sobre la violencia de la tauromaquia y ha participado en las presesiones y sesiones correspondientes a los Estados de tradición taurina.

La presentación de informes y la asistencia a las reuniones con el Comité de los Derechos del Niño se coordina por la entidad Child Rights Connect. La emisión de los informes por las ONG y la asistencia a la presesión es confidencial en atención a la protección de los defensores de la infancia, y solo se hace pública la información si expresamente se solicita por la ONG pertinente. Por eso no existe información sobre el contenido de todos los informes presentados por las ONG en la web oficial del CDN.

Pues no. La Fundación Franz Weber, como todas las ONG consultoras, ha actuado siempre en el marco regulado por la Convención, como no podría ser de otra manera. La FFW ha presentado informes de investigación detallando en profundidad cuáles son las actividades taurinas con niños en Portugal, Colombia, México, Francia, Perú, Ecuador y España, en el marco del procedimiento reglamentario estricto establecido para ello aplicable a todas las ONG, y ha asistido a Ginebra a las presesiones (internas) y sesiones (públicas, retransmitidas on line) con el Comité y las delegaciones de los Gobiernos, respectivamente. En el caso español, la presesión fue el 7 de junio de 2017 y la sesión, el 22 de enero de 2018. Estas actividades las has llevado a cabo la FFW desde 2013, sin que nadie las haya puesto en duda.

De forma reiterada, el sector taurino menciona un Informe de 23 de julio de 1999, que el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid encargó a distintos autores. De acuerdo con las conclusiones que el sector taurino se esfuerza por deducir del informe, no se podría considerar como peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos por menores. En realidad ese informe tan reivindicado es, como reza el subtítulo, una «Valoración de los estudios realizados, recomendaciones específicas y conclusiones» que fueron elaboradas por Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. Dicho informe refleja la valoración que este catedrático realiza a partir de cuatro estudios de cuatro equipos de psicólogos diferentes. Y visto el contenido de los cuatro informes, que sí ven impacto negativo en los niños, la verdad es que no parecen guardar coherencia con la conclusión que extrae el catedrático, que él mismo califica como «una reflexión personal», y que es el mantra que repiten los taurinos, el único clavo ardiendo al que pueden agarrarse. A la vista de lo anterior, queda suficientemente probado que no es posible utilizar dicho informe para justificar que no existen impactos negativos en los niños, niñas y adolescentes que asisten a espectáculos de tauromaquia.

En todo caso, debemos poner en valor que los especialistas de reconocido prestigio en la defensa de la infancia y adolescencia que forman el Comité de los Derechos del Niño en siete ocasiones han incluido la tauromaquia en el apartado relativo a la «Violencia en contra de los niños», haciendo expresa referencia al «Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia», un hecho que, por un lado, refuerza su convicción de que la tauromaquia es una actividad violenta y perjudicial para la sociedad, así como una fuente de educación en la violencia y, por otro, la vincula con los preceptos de la Convención que el Estado parte debe tener en cuenta para garantizar los derechos humanos de los menores de edad en este ámbito.

Parecen querer decir que la Convención sobre los Derechos del Niño respeta el patrimonio cultural y que por tanto no se podría cuestionar la tauromaquia, que es reconocida en España como patrimonio cultural por ley. Pues no es así. Para emitir sus Observaciones Finales, el Comité ha tenido en cuenta el interés superior del niño reconocido en el artículo 3 de la Convención, un principio universal también incorporado en el ordenamiento interno español, en virtud del cual, en este caso, el interés del niño a no ser expuesto a la violencia prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir o entrar en conflicto, como el derecho a participar libremente en la vida cultural. Así, la prohibición o limitación de la tauromaquia a la infancia es una medida que no interfiere en la libertad del niño de pensamiento cultural o el derecho al acceso a la cultura, también expresada en la Convención en su artículo 31.

Respecto a la conjugación del principio de interés superior del niño con el respeto a la cultura, el Comité de los Derechos del Niño ha dictaminado lo siguiente en la Observación General nº 14 (2013): «Aunque debe tenerse en cuenta la preservación de los valores y las tradiciones religiosos y culturales como parte de la identidad del niño, las prácticas que sean incompatibles o estén reñidas con los derechos establecidos en la Convención no responden al interés superior del niño. La identidad cultural no puede excusar ni justificar que los responsables de la toma de decisiones y las autoridades perpetúen tradiciones y valores culturales que niegan al niño o los niños los derechos que les garantiza la Convención». También la Observación General nº 17 (2013) recoge que el Estado parte puede no respetar «el derecho de los niños a participar libremente en la vida cultural y las artes» cuando sea preciso «asegurar la protección del niño y la promoción de su interés superior», que es «una obligación» para los poderes públicos.

Habida cuenta de que el Comité de los Derechos del Niño considera que los espectáculos taurinos son una actividad violenta perjudicial para el niño, el acceso a esta actividad presuntamente cultural queda relegado frente a otros derechos prioritarios, como el derecho a su desarrollo físico, mental, moral y emocional. Por este motivo, en este caso, se considera que el interés superior del niño prevalece sobre el de participar libremente en la vida cultural.

Conclusión

Pues sí, es una instancia de la ONU, de uno de sus organismos. Y sí, es vinculante para España que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y sí, es habitual que las ONG con estatus de consultor de la ONU, como la Fundación Franz Weber, aporten informes sobre el cumplimiento de la Convención. Y no existe ningún estudio científico serio que niegue el impacto nocivo de la exposición a la violencia de la tauromaquia sobre niños, niñas y adolescentes. Y, aunque alguien creyera que un espectáculo de maltrato animal como la tauromaquia pueda ser patrimonio cultural, el interés superior del niño (esto es, las personas menores de edad) debe prevalecer sobre la participación en la vida cultural, tal como establece la Convención. Por eso, el Comité de los Derechos del Niño, el 2 de febrero de 2018, dentro del apartado E «Violencia en contra de los niños» de las «Observaciones Finales sobre los informes Periódicos Cinco y Seis combinados de España», incluyó este contundente párrafo número 25 dedicado a la Tauromaquia: «Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».

Espero que este artículo y el documento completo convenzan a los lectores de la nula consistencia del contenido de la carta del lobby taurino, cuyo único interés es mantener una actividad que, tal como señala este organismo de la ONU, vulnera derechos humanos.

Hace algunos años, la periodista Nathaly Toledo, conocida presentadora del informativo de Teleamazonas, uno de los de mayor trascendencia en Ecuador, decidió dejar de contar las noticias ante las cámaras para generar la información primero desde la sociedad civil, como activista animalista y comunitaria y gestora cultural, y después desde la política. En la actualidad es la directora de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura del Guayas, el gobierno de la provincia más poblada de Ecuador, y también es la vicepresidenta de Centro Democrático, el partido que lidera Jimmy Jairala, prefecto del Guayas.

Este miércoles Nathaly Toledo visita el Congreso de los Diputados en Madrid para recoger el Premio APDDA Internacional con el que la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales ha reconocido el trabajo de la Oficina para los Estudios de la Relación entre Animales y Humanos (ERAH), dirigida por la psicóloga Virginia Portilla, por tratarse del primer organismo creado por una Administración en todo el mundo que desarrolla las políticas públicas de protección animal desde un punto de vista antrozoológico, esto es, a partir del estudio de las relaciones entre los humanos y el resto de especies animales.

¿Qué trabajo se desarrolla desde el área de Bienestar Animal que usted dirige y, en especial, qué es ERAH y que función realiza?

La Dirección de Bienestar Animal y Gestión Social de la Prefectura del Guayas nace con el propósito de crear políticas públicas que permitan reeducar a la población del Guayas hacia un respeto por el entorno y la otredad, hacia un equilibrio social en donde no jerarquizamos las especies, sino que nos consideramos parte de un todo que debe ser protegido en su conjunto, humanos, animales y naturaleza.

En la ciudad de Guayaquil, la capital de la provincia del Guayas y ciudad más poblada de Ecuador, se presentan las cifras más altas de violencia de género, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y maltrato animal, por lo que a través de esta oficina intentamos erradicar todo tipo de violencia promoviendo una cultura de paz. Una paz activa y gestionadora de proyectos, acciones educativas, legislativas y normativas con ordenanzas territoriales concretas que nos permitan reducir la desigualdad y la violencia social.

Nuestro trabajo se fundamenta en 4 pilares: por un lado, está la parte práctica de rescate de animales desprotegidos en situación de calle, maltrato y abandono; su atención veterinaria, posterior recuperación y adopción. Creamos la única Unidad de Rescate y Recuperación Animal (URRA) del Ecuador desde lo público, atendiendo no menos de 20 reportes diarios de emergencias de animales abandonados. Por otro lado, está la plataforma de capacitación de voluntariado más amplia creada desde la esfera pública para que la ciudadanía tenga participación directa en cada una de nuestras acciones. Nuestro tercer pilar es la parte académica y de investigación que ha venido desarrollando ERAH desde hace dos años, vinculándose con universidades y ONGs expertas en diferentes áreas para realizar estudios de violencia interrelacionada y, con cifras concretas, generar nuestras propias propuestas de políticas públicas. Y finalmente nuestro cuarto eje de acción es la Asamblea Permanente por la Cultura de Paz, aprobada de forma unánime por el Consejo Provincial a través de una ordenanza que hace de la paz una política pública. Así como se hace violencia, tenemos que hacer paz.

¿Por qué es importante que desde la Administración se implementen políticas públicas de protección animal?

Las acciones de activistas y de la sociedad civil encuentran el apoyo ejecutivo y de presupuesto en lo público y esto permite expandir los esfuerzos hacia la población en general. Cuando la protección animal se convierte en una obligación de lo público se convierte en un espacio más amplio para toda la sociedad.

Es importante que desde la Administración se implementen políticas públicas de protección animal porque las políticas públicas no deben ser improvisadas, deben responder a estudios y análisis de las problemáticas de la sociedad y luego debe venir la propuesta concreta de cómo cambiarlas. No se trata sólo de ejercer un cargo político y administrar los dineros públicos de manera responsable, sino también de manera técnica.

Por ejemplo, con nuestra oficina ERAH hicimos primero un estudio sobre las causas que motivan a las personas a adoptar o a comprar animales en Guayaquil, y con los resultados de las encuestas a más de 1.500 familias pudimos determinar que 7 de cada 10 personas compra todavía animales, y que solo 1 de cada 10 personas adopta un animal. Cuáles eran los principales problemas: las personas piensan que la raza de un animal les genera estatus. Por esto desarrollamos un plan formativo y educativo y visitamos las escuelas con charlas para promover la adopción de animales mestizos y con discapacidades, y desarrollamos un manual de convivencia responsable con estas especies.

Asimismo, hicimos un estudio de cómo se refieren a los animales en los principales medios de comunicación y el resultado fue desalentador: los medios se refieren todavía a los animales como cosas. Ante esto decidimos crear un taller solo para periodistas para que utilicen un lenguaje acorde a las políticas de bienestar animal y sean aliados de estos cambios que proponemos. También hicimos otro estudio sobre el maltrato animal y las denuncias de actos de crueldad y nos dimos cuenta de que en Ecuador, de cada 10 personas, 8 han presenciado algún acto de maltrato animal pero solo una de ellas lo ha denunciado. Consideran que el trámite es ineficiente porque lo es y desconocen cómo hacerlo. A pesar de que la recepción de denuncias no es una competencia del Gobierno del Guayas, sino de quienes administran Justicia, decidimos desarrollar una guía que permita explicar el marco legal que existe en el Ecuador y cómo, a pesar de que debe ser modificado, puede ser utilizado en favor de los animales.

Así es como trabajamos, analizando en detalle la problemática y luego presentando proyectos que intentar cambiar esas realidades.

¿De dónde surgió el proyecto ERAH y por qué la Prefectura del Guayas decidió convertirlo en realidad?

El proyecto ERAH es la única oficina en el mundo que investiga la relación entre humanos y animales, y en el estudio de esa relación encuentra las formas más concretas de liderar procesos revolucionarios profundos de cambios en el comportamiento social. ERAH nace bajo la propuesta de la Fundación Franz Weber hacia el Gobierno Provincial del Guayas, con la gestión del reconocido y querido activista Leonardo Anselmi, que ha participado en la construcción de normativas y legislación a favor de los animales en todo el mundo, y la decisión firme del político animalista Jimmy Jairala, prefecto del Guayas y presidente de Centro Democrático, el único movimiento político que incluye el trato ético hacia los animales dentro de su ideario y constitución. El apoyo del prefecto nos ha permitido hacer historia en Ecuador.

¿En qué espera que cambie su provincia y el Ecuador gracias al trabajo de ERAH?

Esperamos reducir los índices de violencia, esperamos educar a los niños y jóvenes en la compasión por todas las especies del planeta, esperamos construir leyes y normas que nos den un marco de acción concreta y esperamos capacitar a otros gobiernos autónomos en estas políticas públicas.

¿Qué motivación ha llevado a una periodista de prestigio como usted a dar el salto a la política, y precisamente en el campo de políticas sociales de bienestar animal?

Durante casi una década como periodista me dediqué a poner en la agenda de los medios de comunicación y de los políticos distintas problemáticas sociales de mi país y, aunque en muchas ocasiones tuve la respuesta que esperábamos por parte de las autoridades, hace algunos años me pareció que urgía hacer más y de manera más directa. Entonces me volqué hacia el activismo. Dejé el noticiero matutino que presentaba y los reportajes que cubría día a día y me vinculé con diferentes ONGs. Empecé colaborando con una organización que ayuda a niños con cáncer.

Decidí sacrificar mi carrera como periodista y dejar de contar las historias desde una perspectiva neutral, decidí ser protagonista de esas historias para poder formular los cambios tan necesarios a través de la política. Los políticos y la política son muchas veces criticados y mal entendidos y tampoco vemos participación joven. Las personas no quieren dejar su comodidad y dar ese salto. Yo decidí dejar de criticar a los políticos y convertirme en una de ellas. Ahora los demás me pueden criticar a mí. Soy la vicepresidenta mujer más joven de un partido político en Ecuador y lo tomo con mucha responsabilidad y como el reto más importante hasta ahora en mi vida. La política es para servir y eso es lo que estoy haciendo.

¿Siente alguna implicación personal con la protección de los animales?

No me lo planteé, ni imaginé siendo periodista que me convertiría en una activista por los derechos de los animales. Simplemente creo que se me cruzaron en el camino las personas correctas y expertas en un área con la que yo ya tenía desde muy pequeña una sensibilidad especial. El respeto por los animales me lo enseñaron mis padres y de forma particular mi abuelo pintor y poeta, que en los bolsillos de sus trajes siempre llevaba maíz para las palomas y pedacitos de pan para los perritos de la calle. Crecí amando la naturaleza y respetándola, no es casualidad que hoy en día mi familia esté compuesta por cuatro gatos y un perro con discapacidad visual, todos rescatados de situaciones de abandono o maltrato. Tengo mucha cercanía con los animales y un especial interés por protegerlos, porque creo que así podremos vivir en una sociedad menos violenta.

El pasado 13 de diciembre el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración (esto es, el inicio de la tramitación) de una proposición de ley de reforma del Código Civil para reconocer a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, en lugar de cosas o bienes muebles. Como coordinador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), quiero expresar nuestra satisfacción por este acuerdo parlamentario y felicitar a todas las asociaciones animalistas que han estado batallando durante años para que este momento llegara, popularizando el lema «los animales no son cosas». Sin duda, se trata de un cambio histórico en nuestra percepción de los animales que deberá tener consecuencias en los próximos años.

El nuevo estatus jurídico de los animales en el Código Civil, su consideración como seres vivos dotados de sensibilidad, o seres sentientes como decía el Tratado de Lisboa, supone el arranque de una nueva conciencia jurídica en la que todos los animales van a ser sujetos de derechos bajo la protección de las leyes. Esa nueva visión jurídica deberá conducirnos a abordar, más temprano que tarde, una nueva reforma del Código Penal acorde al nuevo bien a proteger, que ya no es la propiedad, sino la vida y la dignidad de los animales, así como la aprobación de una ley básica estatal que eleve la protección de los animales en todas las Comunidades Autónomas, superando la actual dispersión existente en las diecisiete leyes autonómicas.

Explicando estos días el alcance de esta reforma, he podido constatar cómo sorprendía y hasta escandalizaba conocer la realidad jurídica vigente hasta la fecha. El Código Civil español es una herramienta obsoleta, que data de 1889, y que presenta una visión anacrónica y retrógrada de los animales, heredera del Derecho Romano, considerándolos un bien patrimonial, equiparados a las cosas, a los bienes muebles. Solo en ese contexto podía entenderse que los animales de compañía fueran embargados o ejecutados por el acreedor para el resarcimiento de una deuda, o fueran subastados para liquidar una sociedad de gananciales, con consecuencias catastróficas para el animal, pero también para las personas. O que, en el caso de separaciones o divorcios no amistosos, los animales de compañía fueran objeto de litigio, al igual que el piso o el coche, sin que nadie velara por su bienestar.

Solemos decir que la sociedad va por delante de las instituciones y en este asunto también se cumple. La sociedad del siglo XXI tiene una concepción de los animales ajena a la que contemplaba el Código Civil. Hoy en día, la comunidad científica nos ofrece datos concluyentes que reconocen que los animales tienen sensibilidad, es decir, tienen sensaciones físicas y psíquicas complejas y pueden percibir y transmitir emociones y estados de ánimo. Por eso el Derecho se tenía que adaptar a esa nueva concepción, reconociendo a los animales como seres sentientes, individualizados con un valor intrínseco en sí mismos.

Hace casi treinta años Austria y Alemania, y más tarde Suiza, modificaron sus códigos civiles para consagrar ese nuevo estatus jurídico con una formulación en negativo: los animales no son cosas. Sin embargo, la aplicación práctica de ese cambio se ha demostrado notoriamente insuficiente. En la misma línea de no-cosas actúo en 2006 Cataluña, única comunidad autónoma con derecho civil propio que ha actualizado su código civil en esta materia. No obstante, en 2009 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o de Lisboa, optó en su artículo 13 por una fórmula en positivo para descosificar a los animales: “…la Unión y los Estados Miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles…”. Sentient beings, dice la versión en inglés. Y dado que sentiente tiene un significado más amplio que sensible, filósofos, veterinarios, juristas y activistas en general preferimos utilizar la expresión sentiente (o la más popular, sintiente), que, aunque todavía no aparece en el Diccionario de la Lengua Española, sí lo hace en el Panhispánico de Dudas. Un objeto es sensible, puede deformarse ante la presión externa; incluso una roca se erosiona a lo largo del tiempo con las inclemencias climatológicas. Pero los animales, incluidos los humanos, no solo somos sensibles, también somos sentientes, estamos dotados de capacidad para sentir, para experimentar sensaciones y transmitir emociones y estados de ánimo. Eso es la sentiencia que nos diferencia de los objetos inanimados.

Por eso, las recientes reformas de los códigos civiles en Europa están optando por hablar de “seres vivos dotados de sensibilidad”, como en Francia y Portugal. Esta es también la fórmula elegida por el Parlamento español en estos momentos. De hecho, la iniciativa legislativa cuya tramitación acaba de empezar en el Congreso da cumplimiento a un mandato parlamentario unánime del 14 de febrero, cuando se aprobó una transacción alcanzada entre una proposición no de ley de Ciudadanos sobre la inembargabilidad de los animales de compañía y una enmienda presentada por PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, PDECat y Compromís, a instancia de la APDDA, que reclamaba un nuevo estatus legal de los animales como seres sintientes, coincidiendo en el tiempo con la recogida de un cuarto de millón de firmas en change.org por el Observatorio de Justicia y Defensa Animal. La proposición de ley que ha presentado ahora el PP recoge y desarrolla aquel consenso, razón por la que desde nuestra asociación invitamos a los diputados a votar a favor de su toma en consideración, sin menoscabo de que estemos estudiando la presentación de enmiendas para mejorar el texto final.

Cuando se dice que “los animales son seres vivos dotados de sensibilidad”, nadie debe entender que se refiera en exclusiva a los animales de compañía. Dice “los animales” y, por tanto, se refiere a todos los animales, sin distinción de categorías. Ciertamente los avances científicos demuestran que todos los animales son seres dotados de capacidad para sentir. Todos sin excepción. Sería absurdo decir que los perros o gatos con los que convivimos son seres sintientes, pero que el cerdo o la vaca de la granja industrial no lo es, o el toro que van a torear en la plaza, o el león que está enjaulado en un circo. Evidentemente todos lo son. Sin embargo, de la lectura de la proposición de ley parece derivarse que la nueva concepción jurídica solo se aplica de verdad a los animales de compañía y solo en determinados casos, pues de hecho ni siquiera se llega a definir el concepto “animales de compañía”.

Desde la APDDA queremos promover la presentación de enmiendas para que este régimen protector se extienda a más ámbitos ampliando el alcance de la reforma, que se limita a modificar trece artículos del Código Civil, obviando otros que también afectan a los animales. También estudiaremos que los animales puedan ser beneficiarios de disposiciones testamentarias y de donaciones que tengan en cuenta su cuidado, así como la revisión de algunos términos para adaptar el texto a la realidad y sensibilidad social actuales.

En cualquier caso, por fin estamos emprendiendo una nueva etapa en la que reconocemos a todos los animales como seres sintientes, sujeto de derechos y, por tanto, bajo la protección de las leyes. A partir de ahora, el juez deberá velar por el bienestar del animal de compañía en casos de separación o de divorcio, el notario no pondrá cara de estupor cuando una persona en su testamento se preocupe de la seguridad futura de sus animales de compañía, el acreedor ya no podrá embargar los animales de un deudor como si fueran una mera mercancía, al igual que ya no se podrá subastar un animal para liquidar una sociedad de gananciales. De eso estamos hablando cuando hablamos del Código Civil.

Pero este cambio jurídico va más allá: no solo debe tener consecuencias legislativas en materia de protección de animales y de persecución del maltrato animal, como decía al principio de este artículo, sino que también debe conllevar la responsabilidad de los poderes públicos y del conjunto de la ciudadanía con el respeto a la dignidad y al bienestar de los animales que debe caracterizar a una sociedad civilizada propia del siglo XXI.

Por fin ha arrancado la legislatura. Teníamos muchas ganas de que las Cortes Generales empezaran a funcionar, tras casi un año entero de “Parlamento colgado”, como dicen los ingleses. España continúa siendo para el mundo el estereotipo del maltrato animal. Y aunque algo se ha ido mejorando en los últimos años, hay todavía muchísimas cosas que corregir si queremos tener unas relaciones con los animales propias del siglo XXI.

Durante la última legislatura completa, la X, desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) logramos poner de forma continuada la situación de los animales en la agenda política a través de la presentación de varias proposiciones no de ley, multitud de preguntas parlamentarias y una batería de enmiendas al Código Penal, así como mediante la organización de importantes actos públicos, como los cuatro foros (cultura contra el maltrato animal, la tragedia de los galgos, ocho años del Proyecto Gran Simio y presentación del Manifiesto Felino), las tres jornadas parlamentarias (necesidad de una legislación estatal sobre animales de compañía, violencia de especie y estrategias educativas, y propuestas de protección animal de las ONG a los partidos en vísperas electorales) y sucesivas entregas de premios (a la impulsora de las secciones de Derecho Animal en los colegios de abogados Magda Oranich; a la protectora de animales formada por niños El Cuarto Hocico de Muel, Zaragoza; a la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal, AVATMA; y a la primera sección animalista, El Caballo de Nietzsche, en un medio generalista en España, eldiario.es; así como, en categoría internacional, a la primatóloga británica Jane Goodall).

Perseguíamos así, por un lado, visibilizar la importancia de implantar unas políticas públicas de protección animal y, por otro, sensibilizar a los parlamentarios con los problemas de los animales a la vez que establecíamos puentes entre el movimiento social que trabaja por los animales y las personas que trabajan en las instituciones y administraciones públicas. Ahora, tras la investidura de un gobierno, vamos a poder continuar con nuestras actividades en defensa de los derechos de los animales.

Durante este año de impasse, la APDDA ha aprovechado para crecer, para ampliar su afiliación, duplicando el número de miembros e incorporando a diputados y senadores de las nuevas fuerzas con representación parlamentaria para mantener la pluralidad de la asociación. Hoy somos ya setenta parlamentarios y exparlamentarios de prácticamente todo el espectro político, desde el PP hasta ERC, unidos por una sensibilidad hacia los animales y comprometidos con sus derechos, incluso más allá de nuestros propios partidos. En APDDA no discutimos sobre nuestras diferencias ni competimos partidistamente: sabemos que aquí los animales son lo primero. Por eso, para nosotros esta nueva legislatura es una nueva oportunidad para continuar trabajando en favor de los animales.

De entrada, nos encontramos con un Congreso muy diferente al de la X legislatura: sin mayorías absolutas ni bloqueos a priori; por tanto, un escenario abierto, sin duda más propicio para alcanzar acuerdos mayoritarios -y ojalá unánimes- con los que avanzar en la protección y defensa de los derechos de los animales. Si en el mandato anterior, a pesar de la mayoría absoluta, se ha logrado, gracias al trabajo de APDDA, que el Gobierno ratificara el Convenio de Animales de Compañía del Consejo de Europa, pendiente desde 1987, y que en el Código Penal se mejorara la tipificación del maltrato animal, incluyendo por primera vez la zoofilia a través del delito de la explotación sexual de animales, estoy convencido de que podremos avanzar mucho más en un Parlamento abierto como el actual.

Con esa esperanza, en la primera reunión de la APDDA en esta nueva etapa, acordamos trabajar en pos de los siguientes objetivos políticos:

Así que, como hemos venido haciendo en nuestros nueve años de historia, pronto volveremos a presentar iniciativas parlamentarias y a convocar actividades abiertas al público en las Cortes Generales, sobre estas materias y otros asuntos más concretos, mucho más específicos. Confiamos en seguir recogiendo las demandas de la sociedad civil que da voz a los sin voz y, por supuesto, en continuar promoviendo debates parlamentarios y alcanzando acuerdos que permitan mejorar la situación de los derechos de los animales.

Como decía Victor Hugo, “no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado”. Y este es nuestro tiempo, no tengáis ninguna duda: el tiempo de los derechos de los animales.

No le fue mejor al PSOE, aunque lograra la segunda plaza superando a Unidos Podemos, pues ha perdido la mitad de los votos desde 2008, retrocediendo en cada convocatoria, logrando el 26J el peor resultado desde 1933. El bipartidismo ha pasado de superar con creces el 80% a quedarse en el entorno del 50%. Tras los resultados de las dos últimas convocatorias, la incapacidad para formar gobierno es el principal síntoma de la lenta agonía del sistema. Casi sin anunciarse, estamos abordando una segunda transición que no sabemos a dónde nos conducirá, porque lo viejo se resiste a morir y lo nuevo apenas ha empezado a nacer. En ese complejo escenario los líderes políticos sin manual de instrucciones se encuentran ante un mapa político aparentemente ingobernable.

En algunas comunidades autónomas, con un sistema de partidos propio, como en el caso de Aragón, llevamos décadas sin mayorías absolutas y con gobiernos de coalición. No nos escandalizan los acuerdos plurales y nunca eso ha sido sinónimo de inestabilidad. En esta periferia interior aprendimos que quien gana las elecciones no es necesariamente el partido más votado, sino aquel que sabe concitar la mayoría del poder legislativo en su investidura. Así es nuestra democracia parlamentaria. Y contamos con infinidad de ejemplos.

Por eso, me pregunto si los analistas se precipitaron dando por hecho la victoria del PP el 26 de junio. Es cierto que fue el más votado y que fue el único que mejoró resultados desde el 20D, por supuesto, eso no es discutible. Pero igual que no podemos considerar al PP ganador el 20D, porque fue incapaz de formar gobierno, vamos camino de repetir la historia de un fracaso. ¿Se puede considerar ganador a quien es incapaz de relacionarse, de negociar, de dialogar con ninguna otra fuerza política? En público, claro, porque en secreto sí parecen saber hacerlo. Para votaciones secretas de las que diez diputados se avergüencen de reconocer públicamente que han votado a candidatos del PP, sí que han debido de negociar. Es más, ¿se puede considerar ganador a quien no se atreve a asumir con naturalidad constitucional el encargo del Jefe del Estado de someterse a una sesión de investidura, aunque sea por responsabilidad para que empiece a correr el reloj de los dos meses?

Tras cuatro años en el gobierno, el PP de Rajoy ha provocado una involución de derechos y libertades sin precedentes. Además, las estructuras de corrupción que ha creado durante décadas han empezado a quedar al descubierto. Resulta normal, por tanto, que el único partido imputado en España por delitos de corrupción, el único partido con tres extesoreros procesados, logre concitar el rechazo de la mayoría absoluta del actual Congreso. Ya le dije a Rajoy en un cara a cara que de la mafia no esperamos que venga la regeneración democrática. ¿Por qué no asumimos que el PP no ganó el 26J? ¿Y si los partidos comprometidos contra la corrupción, por la regeneración democrática y por la derogación de la legislación involutiva del cuatrienio negro acordaran abrir un nuevo ciclo político y enviaran al PP a la oposición para que se depure? Porque lo de repetir las elecciones una y otra vez hasta que la gente acierte es una manera muy cruel de disolver a la ciudadanía, de puro hartazgo.

El autor, periodista de dilatada trayectoria y con 17 años de experiencia en Colombia, parte de un suceso terrible, la masacre de Bojayá, en la que en mayo de 2002 murieron 79 personas, 48 de ellos menores, y del reciente gesto de las FARC, inaudito a nivel mundial, de asumir su responsabilidad y realizar un acto de petición de perdón en el mismo lugar. Aquella mesa de diálogo entre la guerrilla y las víctimas del departamento del Chocó, en opinión del autor, es tan importante o más que la mesa de La Habana, porque afecta directamente a los miedos y a las esperanzas de la gente que de verdad ha venido sufriendo la guerra. Y es que Gómez Nadal toma partido por las gentes del Chocó y del Medio Atrato, de quienes ha recibido el encargo de escribir este libro. «Sólo hay un bando por el que merece la pena trabajar en una guerra: la población civil», reconoce en sus primeras páginas. Ellas y ellos son los auténticos protagonistas del libro.

Redactado a partir de 85 entrevistas, se sumerge al lector en la realidad chocoana, abrumadoramente afrodescendiente y parcialmente indígena, ignorada por el Estado e invisible a los ojos de la clase media criolla bogotana. Tan invisible que la paz puede traer paradójicamente la oscuridad. «Si no hay violencia, ni siquiera es noticia», se expresan preocupados los chocoanos, que tienen muy claras sus prioridades: «Queremos saber la verdad y que nos pidan perdón», «queremos dormir en paz, solo queremos oír el ruido de la noche».

Un ensayo completísimo, con abundancia de datos, testimonios y referencias, y que sorprende por estar cuidadosamente escrito. Confiesa Gómez Nadal que los chocoanos hablan con metáforas y eso, sin duda, ayuda al autor a mantener un tono lírico que enriquece la lectura. «En el Chocó la violencia se enquistó tanto, que se volvió paisaje», dicen. «Un río no es agua, sino las historias que guardan en sus meandros». O la imagen que sirve como título: «La guerra no es un relámpago». Me temo que la paz y la reconciliación tampoco llegarán de un día para otro.

Se viven tiempos de «esperanza crítica» en Colombia, pero también de incertidumbre: no basta con que se desalcen las guerrillas, si los paramilitares ocupan su lugar; no es suficiente con que la izquierda revolucionaria pueda concurrir a las elecciones, si sus cuadros pueden ser impunemente asesinados como los de Unión Patriótica hace veinte años; no es suficiente con lo que se acuerde en La Habana, si la realidad cotidiana no cambia para las gentes del Chocó y otras zonas que han vivido el conflicto en primera persona. Por eso, Gómez Nadal habla de «Paz Territorial». Los chocoanos nunca han sido dueños de su Historia, porque tras la colonización vino la colonialidad y en la actualidad la relación entre el Estado y el Chocó continúa siendo colonial. Por eso, todos los procesos de paz que se han conformado con soluciones uniformes han fracasado. El Estado liberal y las clases medias urbanas no entienden a la población afro e indígena, que son mayoritarias en estas zonas, donde perviven formas de propiedad colectiva y prácticas sociales precapitalistas. Por eso, no basta con que las FARC se reconcilien con la sociedad civil, hace falta que el Estado se reconcilie con la Colombia invisible y que las clases medias urbanas lo hagan con la pluralidad social y étnica del país. La paradoja será que, en el plebiscito que debe ratificar o no el proceso de paz, quienes terminen decidiendo sean esas clases medias urbanas criollas que apenas han sufrido el medio siglo de guerra, mientras que los afros e indígenas, víctimas cotidianas del conflicto, no puedan participar por las dificultades del Estado para poner la urnas en zonas tan periféricas.

De todas esas cosas y de muchas más habla Paco Gómez Nadal y, sobre todo, hablan los colombianos del Chocó en un libro que es imprescindible para poder entender y explicar lo que está ocurriendo ahora mismo en una Colombia que quiere dejar de ser Locombia.

Hace un año, cuando ganó Syriza las elecciones en Grecia, se especulaba con una posible victoria de las izquierdas en el sur de Europa. Se veía el entonces esperanzador triunfo de Alexis Tsipras como el primer movimiento de un giro a la izquierda en los países rescatados por la UE. Luego, la rendición del gobierno griego ante la Troika deshizo las esperanzas de que la agenda antiausteridad pudiera abrirse paso en la política europea. No obstante, meses después, constatamos que algo está cambiando en el mapa político. Y no me refiero solo al inesperado gobierno socialista en Portugal con respaldo parlamentario del Bloco de Esquerda y del PCP, que podría tener una réplica en España si el PSOE se atreviera a alcanzar un acuerdo a su izquierda, con Podemos y Unidad Popular. La irrupción de un candidato socialista en las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos podría estar dando un perfil de globalidad a ese giro a la izquierda.

Me refiero a Bernie Sanders, que aparece en las encuestas de las primarias demócratas pisándole los talones a la ex secretaria de estado Hillary Clinton, favorita a pesar entre otras cosas del escándalo de los correos electrónicos. Sanders no es un miembro del Partido Demócrata; es socialista, podríamos considerarlo a la izquierda de la socialdemocracia europea, y sin embargo ha podido ser elegido Senador por Vermont en 2006, tras ser miembro independiente de la Cámara de Representantes durante cuatro legislaturas y tras cuatro mandatos como alcalde de Burlington, la ciudad más poblada del estado. Resulta sorprendente para quien observa como espectador los comicios norteamericanos en la distancia.

Tras el caucus de Iowa, que abrió la larga carrera electoral hasta la Casa Blanca, en el que Clinton y Sanders empataron, el senador de Vermont podría resultar ganador en la próxima cita, en New Hampshire el próximo día 9, según pronostican las encuestas. Sin duda, hay un cierto resurgir de la izquierda en la sociedad estadounidense, aunque no encuentre espacio en los medios de comunicación convencionales. Si no, no se explica el auge en los apoyos del candidato socialista. Y no me refiero solo a las encuestas, sino a un medidor más tangible, más sincero. Casi ochocientos mil pequeños donantes han aportado más de cincuenta millones de dólares para la campaña de Sanders; veinte millones el pasado mes de enero. Esas cifras podrían anunciar una larga campaña en el bando demócrata entre la ex Primera Dama y el candidato socialista. ¿Os imagináis que el combate electoral definitivo lo libren el ultra Donald Trump y el rojo Bernie Sanders? ¿Quién de los dos provocará más rechazo en la compleja, multiétnica y plural sociedad norteamericana?

En esta orilla del Atlántico el cambio parece aparentemente más sencillo. La crisis económica y, sobre todo, la receta neoliberal del austericidio han desgastado a los partidos turnantes y han movilizado nuevos sectores sociales, provocando auténticos terremotos en el mapa electoral de los países más afectados. El caso más claro ha sido el griego, donde la izquierda radical derrotó primero a los socialdemócratas y luego a los conservadores. Si no se hubiera encontrado sola en el tablero, es posible que Atenas hubiera resistido el órdago de Bruselas. Más reciente ha sido el giro de los socialistas portugueses que de reconocer la derrota en la noche del escrutinio pasaron a pactar con comunistas e izquierdistas un programa de legislatura de corte social y contrario a la austeridad impuesta. En España el hecho de que la izquierda antiausteridad (Podemos y Unidad Popular) superara en votos al PSOE ha abierto la expectativa de que pueda articularse una nueva mayoría de cambio, aunque también precisamente el mal resultado de los socialistas (que han perdido la mitad de los votos en las dos últimas elecciones generales) podría obstaculizar el acuerdo. Cualquier decisión de Ferraz, a estas alturas, parece suicida: tanto permitir por activa o pasiva un gobierno del PP como abrirse a un pacto a la portuguesa que cuestione la agenda de la austeridad. Pero ¿si al final lograra abrirse paso un acuerdo Sánchez-Iglesias-Garzón?

También hay opciones de cambio en la República de Irlanda. De cara a las elecciones recién convocadas para el 26 de febrero, las encuestas apuntan como favorito al gobernante Fine Gael (partido conservador, no nacionalista), pero su socio laborista se desploma, cayendo del segundo al cuatro puesto, lo que deja al Sinn Féin (de izquierdas, nacionalista) de Gerry Adams como segunda fuerza (aunque hace unos meses incluso aparecía como primera), enarbolando la bandera contra la austeridad, lo que le permitiría encontrar apoyos entre un nutrido grupo de parlamentarios independientes y de extrema izquierda. El complejo sistema de voto irlandés, caracterizado por la transferencia de voto (el elector ordena los candidatos por su preferencia), podría favorecer por primera vez al Sinn Féin. Una sorpresa de este calibre podría completar un nuevo mapa europeo en el que la izquierda antiausteridad gobernara en los estados rescatados y creara un contrapeso en la periferia frente a Bruselas, Berlín y el BCE.

¿Están comenzando a verse los primeros pasos de un giro a la izquierda en la UE, e incluso tal vez de alcance global? Quizá. Esperemos unos meses más.

"Han sido cuatro años de involución, en los que el PP ha aprovechado su mayoría absoluta como si fuera un cheque en blanco para imponer su modelo ideológico", mantiene Yuste

A estas alturas supongo que nadie duda de que nos hallamos al final de un ciclo. Hasta en el PP lo saben. Estamos asistiendo a la agonía del sistema político emanado de la Transición. Un sistema que se encontraba en clara decadencia por el hartazgo de la corrupción, el descrédito del bipartidismo, el desgaste de las instituciones, incluida la Corona, el agotamiento de la Constitución… Y al que la crisis económica le ha dado el tiro de gracia. Aunque en realidad, a mi juicio, el golpe definitivo se lo ha dado la receta del gobierno para hacer frente a la crisis. Mejor dicho, de los sucesivos gobiernos: lo que empezó Zapatero aquel aciago mes de mayo de 2010 lo ha culminado Rajoy a lo largo de esta última legislatura.

Han sido cuatro años de involución, en los que el PP ha aprovechado su mayoría absoluta como si fuera un cheque en blanco para imponer su modelo ideológico: neoliberal, conservador, reaccionario, patriarcal, nacionalcatólico, clasista, elitista, centralista y uniformizador. Nos ha metido en el túnel del tiempo, haciéndonos en cuatro años retroceder treinta, cuarenta y hasta cincuenta años en derechos y libertades. Han acabado con la negociación colectiva, con la sanidad universal, con la educación pública, con la justicia gratuita, con la ley de dependencia… Ha sido una legislatura terrible, en la que se ha empobrecido a la gente, sin derechos, sin subsidios y, en el mejor de los casos, con empleo precario y con peores condiciones salariales y laborales. Se nos dice que estamos en plena recuperación, pero lo cierto es que en España no se crea empleo, sino que se están repartiendo las horas de trabajo.

También sufrimos una involución democrática. Y no me refiero solo a la legislación represiva impulsada para frenar la protesta ciudadana (la reforma del Código Penal, la ley mordaza…) o a la utilización partidista del Parlamento (menospreciando a la oposición y abusando de la mayoría absoluta con récord de reales decretos-ley). La Constitución no ha quedado indemne tras la reforma exprés del artículo 135, pactada por PSOE y PP en agosto de 2011 en la mesa camilla sin referéndum, para priorizar a los prestamistas internacionales por delante de los derechos de la ciudadanía. Y una involución ecológica (la persecución de las energías renovables, la ley de costas para volver a inflar la burbuja inmobiliaria, el mercado del agua para regular futuros trasvases…). Y también una involución autonómica: sistemáticamente cada ley del PP ha invadido y recortado competencias autonómicas, mientras se desprestigiaba a las comunidades autónomas que se han visto obligadas a recortar servicios públicos por imposición del ministro Montoro, que ha devuelto a las instituciones autonómicas a la minoría de edad. Y también a los ayuntamientos, con una reforma legal que violenta la autonomía local.

El próximo 20 de diciembre la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de poner fin a este cuatrienio negro. Sin duda, hay una enorme pulsión en favor del cambio. Pero de los votos de la gente dependerá que asistamos a una reedición del Gatopardo de Lampedusa, que todo cambie para que todo sea igual, o por el cambio de verdad para hacer de la próxima una legislatura histórica. Precisamente con el objetivo de recuperar los derechos perdidos, regenerar la democracia y devolver la soberanía a la gente a través de un nuevo proceso constituyente, en Chunta Aragonesista (CHA) hemos optado por la confluencia de la izquierda a través de la Unidad Popular (antes, Ahora en Común). Y, fieles a nuestros principios (lo siento, no tenemos otros), nos presentamos con candidaturas elegidas en primarias abiertas, listas cremallera de mujeres y hombres, sin cuneros ni fichajes y sin imposiciones desde Madrid. Comprometidos con el cambio de verdad.

"A partir del 25 de mayo habrá que trabajar mucho para tejer complicidades y poder articular gobiernos alternativos desde la izquierda basados en programas de izquierda para la mayoría social", afirma el autor

Según todos los oráculos demoscópicos, se ha terminado la era de las mayorías absolutas. Se acabaron los rodillos monocolores que los gobiernos denominaban interesadamente “estabilidad”. El próximo domingo el sagrado orden bipartito PP-PSOE probablemente se dejará la mitad de sus votos y, aunque todavía resulten ser las fuerzas más votadas, ya nada será como antes. A estas alturas nadie duda de que el sistema de partidos emanado de la Transición atraviesa su peor momento y que se está prefigurando una gran transformación con actores nuevos, que cristalizará definitivamente en las próximas elecciones generales.

Después de sufrir la mayoría absoluta de Rajoy, la ciudadanía debería recibir con cierto gozo la aparición de un nuevo escenario más plural. Se nos dirá que vienen tiempos oscuros de inestabilidad y de incertidumbre. Los agoreros del poder son maestros en la estrategia del miedo. Pero a la inmensa mayoría de nuestra sociedad debería asustarle muchísimo más que continuara el PP al frente de ayuntamientos y comunidades. Cómo vamos a desear gobiernos estables que eliminan derechos, recortan gasto social y privatizan servicios públicos para enriquecer a sus amigos. Cómo vamos a querer que continúe la certidumbre de estar siendo gobernados por un partido que se ha financiado ilegalmente, que ha repartido sobresueldos en negro a sus dirigentes y que tiene a sus tesoreros en la cárcel. Preferimos la inestabilidad y la incertidumbre, por supuesto.

Quienes critican la multiplicidad de fuerzas parlamentarias de esta nueva etapa lo que están cuestionando es la democracia misma. No les gusta que la gente vote lo que les dé la gana. Sin embargo, a mí me encanta que la voluntad ciudadana le niegue la mayoría absoluta al PP o al PSOE y elija corporaciones o parlamentos con cinco o hasta ocho grupos distintos. A partir del 24M se abre una nueva etapa donde el peso de las decisiones no estará monopolizado por el ejecutivo, sino que necesariamente deberá pasar por la consecución de acuerdos políticos en los parlamentos o en los plenos municipales. Llegó la hora de la democracia, la hora de la política. La política no es la causa de la corrupción ni de la desafección ciudadana. Esas son consecuencias de la falta de política precisamente, ahogada por las mayorías absolutas y por la carencia de controles en manos de la oposición institucional, entre otras causas.

El desafío de la nueva etapa, que sin duda es transicional, pues aún no hemos llegado al cambio de ciclo, va a requerir que las fuerzas políticas sean audaces y generosas. Autocrítica en los viejos partidos turnantes y renuncia a la prepotencia en los nuevos proyectos morado o naranja. Sería terrible que en los cuatro puntos cardinales se repitiera el poco edificante espectáculo de Andalucía, donde la presidenta Susana Díaz se cargó una coalición que le daba estabilidad para adelantar elecciones en clave exclusivamente partidista y que ahora es incapaz de encontrar socio ni siquiera fugazmente para la investidura. Junio debe ser mes de pactos, con luz y taquígrafos. Ni Podemos ni Ciudadanos pueden seguir jugando a Pepito Grillo o a Peter Pan, tendrán que asumir responsabilidades, investir presidentes y alcaldes, acordar programas de gobierno o pactos de legislatura o, al menos, pactos de investidura, pero no podrán seguir mirando para otro lado esperando noviembre, por miedo al desgaste en los próximos comicios generales. Eso sería una barbaridad, una inmadurez y un escándalo. Y también causaría desgaste, probablemente.

Las cosas no siempre suceden tal como las deseamos. Ni los votos se reparten atendiendo a premiar el trabajo de unos u otros. No suele haber justicia en las urnas. Así que Podemos y las candidaturas municipales de confluencia tendrán que entenderse con el PSOE para poder desbancar al PP en muchas instituciones. Lamentablemente el PP continuará como fuerza más votada en muchos lugares, injustificadamente por supuesto, y si sigue gobernando en minoría porque los partidos de las izquierdas hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo, la ciudadanía no nos lo perdonará jamás. Y hará bien. A partir del 25 de mayo habrá que trabajar mucho para tejer complicidades y poder articular gobiernos alternativos desde la izquierda basados en programas de izquierda para la mayoría social.

Y en esa tarea habrá que contar con los partidos de izquierdas que llevamos décadas trabajando en condiciones muy difíciles para llegar a un escenario como el que se abre ahora. Porque son quienes atesoran coherencia, transparencia, ideas y experiencia, valores muy necesarios en este nuevo tiempo político. Por ejemplo, Chunta Aragonesista (CHA). Unos dicen que harán unas cosas u otras, pero nosotros ya las hemos hecho. Los portavoces de CHA en las Cortes de Aragón fueron los únicos en renunciar al coche oficial y al escolta. Los concejales de CHA en Zaragoza han sido los únicos en renunciar a las dietas por asistencia a sociedades municipales. Los diputados de CHA en Cortes fueron al TSJA a renunciar formalmente al aforamiento. Yo mismo como diputado del Congreso renuncié el primer día al plan de pensiones privado y fui de los primeros en hacer pública mi nómina y mi agenda. Hemos sido ejemplo de transparencia y de renuncia a privilegios. Y ahora vamos a ser argamasa para construir un gobierno alternativo al PP-PAR desde la izquierda y el aragonesismo. Ojalá se aproveche esta oportunidad en la mayor parte de instituciones para que el IBEX-35 no nos robe esta nueva etapa histórica que asoma.

"Escucho a Rajoy en su discurso cínico y fantasioso del Debate que llaman del estado de la nación e imagino que desde la tribuna le responde la poeta Ana Pérez Cañamares y le dispara los versos certeros que la mayoría social sufriente lleva años esperando escuchar", afirma el autor

El otro día en Zaragoza los aragonesistas rendíamos homenaje a Emilio Gastón, una figura irrepetible de nuestra Historia más reciente. Gastón es abogado y poeta, fundó el Partido Socialista de Aragón (PSA) en los setenta, fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes, encarnó en 1987 al primer Justicia de Aragón contemporáneo y recientemente encabezó una iniciativa legislativa popular para que el Canto a la Libertad de su amigo José Antonio Labordeta fuera oficialmente el Himno de Aragón, lo que concitó el rechazo de la actual mayoría PP-PAR. Un hombre entrañable al que el presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, dedicó el mejor elogio posible: “En política hacen faltan menos abogados y menos ingenieros, y más poetas”. Personas que puedan ver más allá de las cortinas que envuelven la realidad, que puedan denunciar con palabras que rompan con el manual archisabido, que puedan soñar otros futuros que construir entre todos y todas.

Quizá por eso en los grandes debates acudo a los poetas. Incluso este año que ya no estoy en el Congreso, me he refugiado estos días en el excelente poemario de Ana Pérez Cañamares, Economía de guerra. Versos combativos y lúcidos para tiempos de crisis y de imprescindible revuelta. Sin perder la ternura jamás, como aconseja el buen revolucionario.

Por eso, escucho a Rajoy en su discurso cínico y fantasioso del Debate que llaman del estado de la nación, su último debate sin duda en este acelerado final de ciclo histórico, e imagino que desde la tribuna le responde la poeta, disfrazada de diputada sin corbata, y le dispara los versos certeros que la mayoría social sufriente lleva años esperando escuchar:

“Cuando desollasteis al gato negro

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando acusasteis de bruja a la anciana

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando quemasteis aquel bosque

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando la mujer abortó por vuestras patadas

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando colgasteis del árbol al negro

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando arrancasteis la uña del meñique

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando os quedasteis mirando la agonía

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando sonreísteis al recibir el soborno

hubiera bastado para hacer la revolución.

Cuando lanzasteis la bomba número uno

hubiera bastado para hacer la revolución

Ahora el estupor nos impide calcular

cuál sería vuestro merecido

y nuestro resarcimiento“.

(Ana Pérez Cañamares, Economía de guerra, Lupercalia, 2014).

La victoria de Syriza supone no solo un giro a la izquierda en Grecia, sino también un rayo de esperanza para los estados mediterráneos especialmente castigados por el

Diktat

merkeliano

Tenía razón De Guindos, aunque quería decir otra cosa. La gente ha perdido el miedo. Porque ya no tiene nada más que perder. Ayer el pueblo griego desoyó las amenazas y las mentiras de las cancillerías europeas y votó por el cambio. Un cambio histórico. El triunfo contundente de Syriza supone una respuesta digna al austericidio con que la Unión Europea venía castigando al pueblo griego. Ahora comienza una nueva etapa. No será fácil. Alexis Tsipras asume el desafío de obligar a Bruselas (o a Berlín, mejor dicho) a renegociar la deuda. El perdón del 62% de la multimillonaria deuda alemana en 1953 es un interesante precedente, del que Grecia fue partícipe.

Como cuando se elige inquilino de la Casa Blanca, que todos nos sentimos concernidos aunque sin derecho a voto, el domingo todos, al menos los europeos del Sur, nos sentíamos griegos. Porque la victoria de Syriza supone no solo un giro a la izquierda en un país empobrecido por las políticas de ajuste, sino también un rayo de esperanza para los estados mediterráneos especialmente castigados por el Diktat merkeliano. A estas alturas nadie puede negar la repercusión de las elecciones griegas en la política española. Pero esta atención por Grecia no solo ocurre en el Sur. Entre los países rescatados, destaca uno del norte donde también hay encuestas que dan opciones a un eventual triunfo de la izquierda contraria a la amarga receta de la austeridad. Me refiero a Irlanda y al espectacular crecimiento del Sinn Féin de Gerry Adams. El propio Tsipras lo mencionó en su discurso triunfal: “Nuestra victoria es la de todas las naciones que luchan contra la austeridad, y con ellas tendremos un futuro común”.

Sin duda su éxito electoral va a impulsar a las izquierdas en otros estados europeos. Si su gobierno puede funcionar con normalidad y empieza a conseguir algunos logros, eso ayudará al cambio político en otros países. Por supuesto, si la Troika accede a renegociar la deuda, la #southrEUvolution será imparable, de ahí la enorme dificultad de convencer a Bruselas de eso. Pero también es cierto que si entre unos y otros Tsipras no consiguiera sacar adelante su programa, se apagarían rápidamente las esperanzas no solo de los griegos, sino también las despertadas aquí y en otros países.

Ante los asistentes del Foro del Sur de Europa, celebrado los pasados viernes y sábado en Barcelona, pude exponer, en nombre de Chunta Aragonesista, la necesidad de construir una nueva Europa, la de los Pueblos y la de los Ciudadanos y Ciudadanas, frente a la desafección creciente de estos ante las instituciones comunitarias. No es esta la Unión Europea que nos prometieron los Padres Fundadores. Le ha ocurrido como al Nuevo Prometeo, que se ha acabado convirtiendo en un monstruo, como el del Dr. Frankenstein que narró Mary Shelley. Tiene una cabeza deforme, con solo medio cerebro, el económico. Carece de cerebro político, y también de cerebro femenino por cierto. En lugar de corazón tiene la cartera, y le cuelgan unos brazos sociales y laborales cada vez más pequeños. Y casi no tiene ya piernas con las que avanzar, con las que progresar. Estamos sufriendo una UE cada vez menos plural, maniatada por el dogma neoliberal y entregada al servicio del capitalismo (y con el TTIP en puertas, cada vez más un capitalismo feudal). Tenemos una Europa sin alma, porque el alma de Europa la formamos los pueblos, que cada vez pintamos menos. Por eso la ciudadanía da la espalda a la UE, porque la UE nos da la espalda a los ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos recuperar la democracia en Europa. Que gobiernen los Parlamentos y no los consejos de administración de las grandes corporaciones.

Todo este debate sobre la austeridad en realidad va de democracia, que nadie se equivoque. Lo que se jugaban los griegos el domingo es si pueden elegir libremente su gobierno o si deben plegarse a las decisiones de quienes detentan el poder sin pasar por las urnas. Por eso, el mandato de Alexis Tsipras debe ser respetado por la Troika. Porque el pueblo griego merece ser tratado con dignidad. Ojalá comience de verdad una nueva etapa en Europa. Si es así. Habrá llegado por fin la hora de la Europa del Sur. La hora de la ciudadanía, por delante de los mercados.

¿Todavía hay alguien que crea que el próximo gobierno, sea cual sea su líder y su composición, puede ser peor?

Como aconseja Charles Simic: «Nota a los historiadores del futuro. No lean el New York Times. Lean a los poetas». Ciertamente, los buenos poetas de nuestro tiempo nos ofrecen radiografías más cercanas a la realidad que nos toca vivir que muchos sesudos análisis elaborados de encargo. Por eso, durante mi paso por el Congreso, subía a la tribuna en los grandes debates armado con versos afilados como espadas de Ángel Guinda, Antonio Orihuela, Jorge Riechmann, Ana Pérez Cañamares, Enrique Falcón, Neorrabioso o Inma Luna. El presidente lucía su mejor cara de extraterrestre para encajar aquellos versos que no podía o no quería entender, pero que pretendían transmitirle el sentimiento indignado de una sociedad empobrecida, desposeída de derechos, golpeada… Un presidente está preparado para rebatir un discurso de oposición de manual, pero no para responder a un poeta cabreado.

El otro día, leyendo el último poemario de Antonio Orihuela, El amor en tiempos del despido libre, me encontré este poema. Es el mejor resumen que he visto acerca del gobierno de Rajoy:

El tinglado

(Antonio Orihuela)

La ministra de Sanidad

no sabe nada de medicina.

El ministro de Educación

confunde la ESO con el PCPI.

La ministra de Trabajo

no ha trabajado jamás.

El ministro de Justicia

no sabe ni qué es hacer de fiscal.

La defensora del Pueblo

es una marquesa.

En cambio

El ministro de Defensa

tiene intereses en la industria de armamento.

El ministro de Agricultura

es un empresario agrícola.

El ministro de Economía

sigue trabajando para los bancos.

Ya veis, la que se puede liar con un voto.

En mi opinión, Orihuela define muy afinadamente la capacidad y los intereses de los miembros del primer gabinete de Rajoy. Todo es verdad, doy fe de ello. Tras estos tres años de gobierno del PP, ¿todavía hay alguien que crea que el próximo gobierno, sea cual sea su líder y su composición, puede ser peor?

Residuos de lindano, producidos en los años ochenta, han aparecido contaminando el agua de boca y de riego de varios pueblos de la cuenca del río Gállego, ante la desinformación y la descoordinación de las administraciones

El pasado mes de septiembre un viejo fantasma ha reaparecido en los grifos de varios municipios aragoneses, para recordarnos que es inútil esconder la basura bajo la alfombra. Residuos de lindano, producidos en los años ochenta, han aparecido contaminando el agua de boca y de riego de varios pueblos de la cuenca del río Gállego, ante la desinformación, la descoordinación de las administraciones y el miedo y la indignación de la ciudadanía.

Veinticinco años después, la actualidad nos obliga a recordar que la empresa química Inquinosa convirtió la ciudad altoaragonesa de Sabiñánigo en uno de los lugares más contaminados del mundo. Entre 1975 y 1989 esta factoría de infausto recuerdo fabricó miles de toneladas de lindano, un pesticida que se utilizaba entonces como insecticida agrícola y que hoy en día está prohibido en todo el mundo por su alta toxicidad y sus riesgos para la salud y el medio ambiente. De hecho, se estima que para producir 15 kg de lindano, se generan 85 kg de residuos altamente tóxicos, incluso carcinógenos. Inquinosa cerró, pero nos legó entre 115.000 y 160.000 toneladas de residuos tóxicos en dos vertederos de Sabiñánigo (Bailín y Sardás), incluidas unas 4.000 toneladas de residuos líquidos susceptibles de envenenar los acuíferos con benceno, clorobencenos, clorofenoles y HCH. Esa sí que es una herencia envenenada.

Tras años de denuncias por parte del movimiento ecologista, Inquinosa trasladó su producción a Rumanía. Y hubo que esperar a 2003, siete años después de presentada la demanda, para que los tribunales condenaran a la empresa a indemnizar solo con 6,5 millones de euros al Gobierno de Aragón por los daños ambientales producidos. Pero en realidad el que contaminó se fue sin pagar, ni siquiera esa exigua cantidad, mientras la Administración aragonesa lleva años malgastando millones en parches, intentando sin éxito impermeabilizar los vertederos, sin abordar una solución definitiva al problema.

Y ahora el fantasma regresa cuando la sociedad aragonesa había logrado olvidarlo. La prohibición de beber agua en seis municipios encendió las alarmas. Pero aún ha sido más preocupante asistir a la discusión entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro echándose mutuamente en cara las responsabilidades de esta catástrofe, mientras la gente sufre el problema sintiéndose abandonada.

Y es que, más allá de que ya se haya autorizado el consumo de agua, seguimos instalados sobre un auténtico polvorín. Lo del lindano en la cuenca del Gállego es una catástrofe ambiental latente, un Prestige invisible del que solo nos acordamos cuando el grifo huele a podrido, como ha ocurrido estas últimas semanas. Los sucesivos gobiernos de Aragón han actuado con irresponsabilidad al minimizar los riesgos, al ocultar la información a la población sobre índices de lindano en nuestras aguas, al incumplir el deber de exigir el pago de las indemnizaciones a la empresa contaminante, y al negarse –junto a la Confederación Hidrográfica– a dar una solución definitiva al problema, poniendo así en riesgo la salud pública de los ciudadanos a quienes deberían defender. ¿Para quién han estado trabajando todo este tiempo? Claro que va a resultar cara la solución, pero más caro nos saldrá volver a esconder la basura tóxica en un intento absurdo de retrasar el problema. ¡Basta de engañarse y de engañarnos!

Llevamos 25 años esperando un Gobierno que impulse un Plan de Descontaminación definitivo y riguroso, que impida las filtraciones, que garantice suministros de agua seguros y alternativos, que desarrolle planes de compensación para todos los municipios afectados por las pérdidas económicas, y aborde sin más demora la limpieza y descontaminación de los suelos de Sabiñánigo y del río Gállego, y todo ello con la máxima transparencia. ¡Venga! ¡A qué están esperando!

Ya no es tiempo de pactos bajo la mesa. Cualquier solución para Cataluña, tanto continuar como hasta ahora como cambiar de estatus, exige una salida democrática. Que la gente decida. No hay otra. No tengamos miedo a las urnas

Que sí, que vamos a un choque de trenes, ya lo sé, ya lo hemos dicho todos, ya lo hemos leído mil veces. No hace falta repetirlo más. Está claro que en el debate político en relación con Cataluña unos apelan a la democracia y otros enarbolan la Constitución, como si fuera inevitable enfrentar ambas legitimidades. Resulta evidente que, mientras unos amagan con la desobediencia civil y otros amenazan con el Código Penal, nos quedamos con el tópico del choque de trenes, pero ¿somos capaces de ir más allá? Vale, vamos a un choque de trenes, pero ahora ¿qué hacemos?

Lo cierto es que lo que se rompió en la relación entre Madrid y Cataluña con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut ya no hay quien lo arregle. Desde entonces cada No con el que se responde desde Madrid provoca una nueva generación de independentistas en Cataluña.

Tengamos en cuenta que Artur Mas no está proponiendo una declaración unilateral de independencia, sino una consulta para conocer la opinión de los catalanes y, con el resultado, ir a negociar a Madrid. Supongo que a estas alturas nadie duda de que el primer Sí, el partidario del estado propio, barrería (con no menos del 70% de los votos, según preveo), aunque el segundo Sí, el independentista, presentaría un resultado más incierto, en el que podría ganar o perder por escaso margen. Por supuesto, siempre cabe la sorpresa de lo que decida libremente cada ciudadano al rellenar la papeleta en la intimidad.

Si no se puede consultar a la ciudadanía, ¿cuál es la solución democrática a este problema? Alguien podría proponer a la Generalitat que encargara una encuesta a los siete millones de catalanes. Eso sería legal. Obviamente así también podría conocerse la opinión del pueblo catalán, pero saldría carísima y resultaría menos fiable en términos democráticos.

En sucesivos debates nos hemos cansado de escuchar aquel mantra de que “la soberanía nacional corresponde a todos los españoles y que por tanto deben ser consultados todos los españoles”. Pues bien, votemos todos entonces. Lo importante, claro está, es lo que digan los catalanes; no olvidemos que el objetivo es conocer su opinión colectiva. Lógicamente allí la participación sería de récord. Incluso los del no se sentirían impelidos a votar en un referéndum legal convocado en todo el Estado. Eso sí, en el resto de comunidades (salvo Euskadi probablemente) se darían porcentajes ridículos de participación. Pero si es lo que quiere Rajoy… (y cito al presidente porque es a él al que más veces le he oído decir eso).

A través de esa consulta a nivel estatal, Mas tendría lo que quiere: la foto fiable, contrastada y democrática de la voluntad de los catalanes, en la que comprobaremos con cuánta amplitud rechazan el actual sistema autonómico y exigen el pleno autogobierno, esto es, un Estado propio, sea federado o confederado al Estado español o sea independiente en el seno o no de la Unión Europa. Por eso, Rajoy tampoco se atreverá a convocar una consulta “para todos los españoles”. ¡Qué mala suerte tener gobernantes cobardes precisamente en tiempos tan decisivos como estos!

Permitidme que aluda al caso escocés. Sí, por supuesto que hay diferencias entre Escocia y Cataluña. La más importante es, digamos, constitucional: El Parlamento de Edimburgo aprobó libremente el Acta de Unión con Inglaterra en 1707, mientras que Cataluña fue sometida por derecho de conquista en 1714 (como Aragón y Valencia lo fueron en 1707) en la Guerra de Sucesión que supuso la llegada de los Borbones. Pero, si hubiera voluntad política, ambos casos podrían tener una gran similitud: En democracia los problemas se resuelven en las urnas. Me disgusta la política imperial inglesa con sus vecinos (pregunten a los irlandeses), pero en Escocia acaban de demostrar que no puede haber más solución que la democracia. Los escoceses votaron en masa y la respuesta fue incuestionable. Eso sí, no puede descartarse que en unas décadas una nueva generación reclame su derecho a un nuevo referéndum (pensemos que entre los jóvenes el Sí a la independencia fue respaldado por encima del 70%); eso también es democracia.

Es verdad que Mas está desgastando a Convergència i Unió en este proceso soberanista. Es verdad que su política social es igual de terrible que la del PP, del que tanto abjura. Es verdad que el movimiento impulsado desde la calle está desbordando al president, que se había creído Moisés al inicio del proceso. Todo eso es verdad. ¿Y qué? Lo cierto es que millones de catalanes quieren votar y no van a aceptar un veto como respuesta desde Madrid. ¿Es que aún no se han enterado de que el autismo del PP alimenta el independentismo? A este paso, van a llevar a Oriol Junqueras en volandas al Palau de la Generalitat. ¿Qué harán entonces? La Historia nos enseña que, cuando el genio ha salido de la lámpara, ya no hay quien lo vuelva a encerrar. Y me refiero por supuesto a los pueblos cuando quieren ser protagonistas de su Historia.

Conclusión: Ya no es tiempo de pactos bajo la mesa. Cualquier solución para Cataluña, tanto continuar como hasta ahora como cambiar de estatus, exige una salida democrática. Que la gente decida. No hay otra. No tengamos miedo a las urnas. Y si una salida democrática no cabe en la legislación española, entonces es que está mal hecha y habrá que corregirla.

Vivimos en un entorno y en un tiempo en el que el amor y el respeto a los animales se ha convertido en un valor cada vez más relevante. Sin embargo, en la Unión Europea existe una sensibilidad animalista muy superior a la que hay en España. O a la que se transmite desde la realidad española cotidiana. El hecho de que la Ilustración fracasara en su intento de modernización de nuestro país explicaría por qué han sobrevivido determinadas tradiciones de maltrato animal que sí desaparecieron en el resto del continente.

No podemos asistir impasibles a esa subcultura de maltrato animal tan extendida en España, amparada en la tradición –o creada recientemente aun careciendo de ella–, que encontramos en infinidad de festejos populares –unos tres mil– por toda nuestra geografía, centrados en diversas formas de maltratar y/o matar animales como espectáculo público. ¿Es que no sabemos divertirnos sin provocar dolor e incluso sangre?

La gente debería saber que el estereotipo de España en el mundo es el del maltrato animal. Así nos ven desde fuera y eso debería ser motivo de preocupación. Nos hemos acostumbrado a convivir con el maltrato animal, sin comprender que supone un escándalo para el mundo, donde resulta algo absolutamente incomprensible, constituyendo una de las manchas que salpican la llamada Marca España. Si al Gobierno le preocupara la imagen exterior, debería ocuparse de acabar con la tragedia de los galgos abandonados, arrojados a pozos o ahorcados, que se repite anualmente al acabar la temporada de caza y que provoca campañas de boicot a productos españoles en EEUU, por ejemplo.

La apuesta de este Gobierno por blindar la tauromaquia como Patrimonio Cultural puede acabar perjudicando las subvenciones europeas en favor de las dehesas y de la ganadería si se vincula al toro de lidia, por poner otro ejemplo. Debería ser la ética o el respeto a los valores de una sociedad del siglo XXI quien guiara a nuestros gobernantes en este cambio, pero, si no, al menos que lo hagan por interés económico. Pues hace falta un giro copernicano en las políticas públicas de protección animal en nuestro país.

En ese contexto, algunas personas que nos dedicamos a la política, más allá de nuestras siglas, hemos querido comprometernos para intentar que llegue la Ilustración, por fin, a España y que nos pongamos en el lugar que merecen los animales en nuestro tiempo.

El 19 de diciembre de 2007, un grupo de diputados y senadores decidió constituir la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA). Eran Francisco Garrido y Joan Oms (Los Verdes), Joan Herrera y Jordi Guillot (ICV), Josep Maldonado (CiU), Isabel Salazar (PSOE) y Joan Josep Nuet (IU-EUiA). Llevaban toda la legislatura promoviendo individualmente iniciativas en favor de los animales (como, por ejemplo, por el reconocimiento del Proyecto Gran Simio, que alcanzó una gran proyección mediática), pero la creación en el Senado de una peña taurina les impulsó a crear una asociación no solo antitaurina, sino dedicada en general a la defensa de los derechos de todos los animales. Casi siete años después, somos unos cuarenta parlamentarios y ex parlamentarios de un amplio abanico, de casi todos los grupos, desde el PP a ERC, que tenemos algo en común: nuestro compromiso personal por los animales, más allá de lo que puedan postular nuestros propios partidos.

En la presente legislatura hemos decidido centrarnos en el trabajo político-legislativo, que es nuestra especificidad dentro de las asociaciones de defensa animal, con un doble objetivo: por un lado, exigir la aprobación de una ley marco de protección animal que cubra las lagunas existentes hoy en día en las diversas legislaciones autonómicas, garantizando un mínimo de protección y bienestar animal frente a algunas Comunidades Autónomas que carecen de ley y otras donde se conformaron con un nivel muy laxo; y por otro lado, endurecer las penas por maltrato animal en la reforma del Código Penal.

Traspasado el ecuador de la legislatura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un anteproyecto de ley que, aunque se limita exclusivamente a tenencia y compraventa de perros y gatos, de entrada plantea medidas avanzadas (prohibición de venta de estos animales en tiendas, medidas de control para los perros de caza…), que podrían responder a buena parte de la demanda social del movimiento animalista. Sin embargo, la presión del comercio de animales de compañía y del lobby de los cazadores parece haber convencido al Gobierno para que anule esas medidas antes de aprobar el proyecto de ley y remitirlo al Parlamento. Como asociación, será entonces cuando llegue nuestro momento: estamos analizando el anteproyecto y las propuestas y contrapropuestas de los diversos sectores concernidos, y en su momento elaboraremos nuestras aportaciones para ofrecerlas a todos los grupos parlamentarios durante la fase de enmiendas. Ojalá podamos concitar una amplia mayoría en torno a ellas.

Ese es el mismo sistema que hemos empleado durante la larga tramitación del proyecto de ley de reforma del Código Penal, que continúa en fase de enmiendas. Como APDDA, hemos entregado a los grupos parlamentarios el texto y la extensa motivación de 9 enmiendas. Nuestro principal objetivo es que, en los casos más graves, el maltratador de animales ingrese efectivamente en prisión, por lo que proponemos ampliar la pena de uno a tres años, ya que actualmente con condenas inferiores a dos años y sin antecedentes se suele eludir la cárcel, con lo que la sociedad no interioriza la gravedad de los hechos y no se produce la necesaria sensibilización y posterior condena social. Con el maltrato animal deberá pasar como con el delito ecológico: solo cuando el primer empresario pisó la cárcel por haber contaminado, la sociedad supo que el delito ecológico iba en serio.

Por supuesto que hace falta un gran trabajo de sensibilización social, por eso hemos pretendido servir de puente entre el movimiento animalista y las instituciones, programando con cierta frecuencia actos públicos en el Congreso de los Diputados, como el de «Cultura contra el maltrato animal» (en noviembre de 2012, con la participación de Ian Gibson, Ruth Toledano, Nativel Preciado, Anna Mulà, Cristina Narbona y Julio Ortega), el foro «Galgos, España ante el mundo» (en marzo de este año, con Albert Sordé, Sergio García-Valle y representantes de las ONG internacionales SPCA y CREL, y con la proyección del documental ‘Febrero, el miedo de los galgos’, de Irene Blánquez) y el foro «Proyecto Gran Simio: 8 años después» (en junio pasado, con Pedro Pozas, Francisco Garrido y Jordi Guillot; y con Jorge Riechmann presentando el Manifiesto «Reconozcamos a los grandes simios como personas no humanas»).

Pero sin duda el acto más destacable ha sido la I Jornada Parlamentaria de Protección Animal, celebrada en septiembre de 2013 bajo el título «El animal de compañía en España: leyes y gestión», que se centró en la necesidad de implementar una política pública de protección animal y de aprobar una ley estatal, con la participación de Enrique Alonso, Leonardo Anselmi, Anna Mulà, Arancha Sanz, Agnés Dufau y los representantes de varias protectoras. La jornada fue un éxito, con la asistencia de unas 230 personas representando a un centenar de asociaciones de protección animal de casi todas las comunidades autónomas. Las conclusiones de la jornada han motivado diversas iniciativas que estamos promoviendo desde la Asociación: una nueva ley marco de protección animal, la ratificación del Convenio para la Protección de los Animales de Compañía del Consejo de Europa o la reforma del Código Civil para reconocer, como en el Tratado de Lisboa, que los animales no son cosas, sino seres sintientes.

Con el mismo objetivo de promover valores de respeto a los animales, hemos creado un Premio APDDA con el que reconocer a personas y colectivos que se hayan distinguido por su labor en defensa de los animales. Hasta ahora hemos premiado a Magda Oranich, creadora de la primera Comisión de Protección de los Derechos de los Animales de un Colegio de Abogados, el de Barcelona, y a los niños y niñas de El Cuarto Hocico, protectora de animales virtual de la escuela rural de Muel (Zaragoza), con su maestro César Bona. Y hemos tenido el honor de que nuestro primer Premio Internacional APDDA lo haya recogido la primatóloga inglesa Jane Goodall, que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África y a educar y promover estilos de vida más sostenibles en todo el planeta.

También hemos promovido, a instancias de la Fundación Darwin, una Proposición No de Ley en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, firmada por todos los grupos salvo el mayoritario, para prohibir el comercio y tenencia de primates entre particulares, así como para permitir la tenencia sólo a instituciones, centros de rescate, refugios u otras entidades expresamente autorizadas y legalmente reconocidas. Lamentablemente aún no se ha incluido en el orden del día para su debate.

Por otra parte, desde la APDDA hemos instado al Gobierno español a que defendiera, en la Reunión del CITES de Bangkok, en marzo de 2013, el freno al comercio de marfil para proteger a los elefantes africanos y la prohibición del comercio internacional del rinoceronte blanco y del oso polar.

Asimismo, han sido infinidad los asuntos denunciados públicamente por los miembros de APDDA a través de preguntas parlamentarias: la colocación de cepos en caballos, las batidas injustificadas de lobos en Asturias, la retransmisión de corridas de toros en horario infantil, los recursos públicos de TVE destinados al fomento de la tauromaquia, la política de subvenciones a circos con animales a pesar de que no se garantice el bienestar animal, la falta de regulación de la tenencia de galgos, el maltrato y muerte de galgos después de la temporada de caza, la necesidad de incluir expresamente la zoofilia como maltrato animal en el Código Penal, la obligación de promover métodos alternativos a la experimentación animal y, más concretamente, lograr el reemplazo, reducción y refinamiento tal y como dispone la directiva europea de 2010, el uso de animales de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para actuar en espectáculos y en televisión y publicidad...

Para este curso, la APDDA, como siempre con la colaboración desinteresada de la Fundación Franz Weber, además de seguir trabajando para trasladar en forma de iniciativas parlamentarias las conclusiones de las jornadas y foros que hemos realizado, ha organizado la II Jornada Parlamentaria de Protección Animal bajo el título «Violencia de Especie: estrategias educativas para una cultura de paz sin discriminación», que tendrá lugar el 19 de septiembre, viernes, en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, abierto a la participación de todas las organizaciones animalistas que lo deseen.

La jornada contará con varias mesas redondas a lo largo del día, en las que se abordará la relación entre la violencia hacia los animales y la violencia interpersonal, y la importancia de la educación para estimular la empatía de los más pequeños, así como el respeto y la no violencia con los animales. En este sentido, también se tratarán los derechos del niño, a partir de la Declaración del Comité de los Derechos del Niño de la ONU del pasado mes de febrero, por la que los menores no deben asistir ni participar en eventos taurinos. En materia educativa, se expondrán como ejemplos la experiencia de los niños “El Cuarto Hocico” de Muel y el estudio científico en el Santuario “Equidad” en Argentina con niños víctimas de violencia y animales recuperados.

Entre los ponentes que van a participar destacan el catedrático de Filosofía Javier de Lucas, el profesor de Derecho Civil Carlos Villagrasa, los abogados Anna Mulà y Agustín Mansilla, las pedagogas Mariví Vaquer y Esperanza Otero, la periodista Alejandra García, así como los profesores César Bona y Chema Lera. Las mesas estarán conducidas por varios diputados y senadores miembros de la APDDA.

Somos conscientes de las dificultades que atravesamos y de la lentitud en que suelen producirse los avances en el mundo parlamentario, pero sabemos que el trabajo que realizamos terminará dando frutos, en esta o en próximas legislaturas, porque la causa es justa y se corresponde con la sensibilidad mayoritaria y creciente en nuestra sociedad del siglo XXI.

Toda la arquitectura institucional de la democracia española se basa precisamente en el parlamentarismo, no en el presidencialismo

Pues, después de todo, parece que en el PP hay gente que piensa y, más allá del discurso oficial triunfalista, han caído en la cuenta de que las últimas elecciones europeas también han supuesto un severo castigo para ellos, aunque la debacle del PSOE y la dimisión de Rubalcaba haya dejado el desgaste gubernamental en la penumbra. Solo así se explica que, de repente, el Gobierno afronte el verano enarbolando la bandera de la regeneración democrática.

Pero no se entusiasmen, no es que ahora vayan a arrojar luz sobre el caso Gürtel o a expulsar a sus imputados o a prohibir las donaciones de empresas a los partidos o a ampliar los medios policiales y judiciales contra la corrupción. Al contrario, su oferta regeneradora pasa por la elección directa de los alcaldes. ¿Y qué tendrá que ver la corrupción con el sistema que rija las elecciones municipales? ¿Son acaso menos corruptos los alcaldes que gozan de amplias mayorías absolutas frente a los equipos de gobierno de coalición de varios partidos? La experiencia más bien apunta a lo contrario: las mayorías absolutas que se perpetúan casi sin oposición generan una sensación de impunidad que parecen ser caldo de cultivo para corruptores.

¿Por qué lanzan esta propuesta ahora? Porque algún sesudo analista del entorno de Moncloa ha valorado que el PP puede rentabilizar exageradamente su previsible posición de fuerza más votada en las elecciones municipales de mayo de 2015 frente a la nueva correlación de fuerzas en la izquierda que anuncian no las encuestas, sino las urnas de verdad del 25-M, que, aunque europeas (esto es, menores), han consagrado sin duda un nuevo sujeto político, Podemos, sin cuyo concurso parece difícil que puedan construirse mayorías alternativas desde la izquierda.

Con el PSOE en sus horas más bajas, abordando su enésima renovación, amenazado con un final trágico a la griega; con Podemos rehuyendo cualquier pacto preelectoral que le impida apurar todas sus opciones de movilizar a millones de desencantados sobre todo del PSOE; y con IU, abriendo el paso a una nueva generación dispuesta a ganar y a converger en una nueva mayoría de izquierdas; en ese escenario el PP confía en poder mantenerse como partido más votado y blindar por ley su eventual victoria, prohibiendo las coaliciones postelectorales.

¿Se atreverá este Gobierno a aprobar una reforma electoral en solitario? No debería. ¿Se atreverá el PSOE a pactar con el PP una reforma de esta importancia a pocos meses de las elecciones, alimentando así la imagen de PPSOE que tanto daño le está haciendo? Tampoco debería (a pesar de que en su programa hablaba de elección de alcaldes a doble vuelta). Y fundamentalmente no deberían porque supone un golpe de incalculables consecuencias al sistema democrático español. Y no necesariamente porque el presidencialismo de la reforma del PP resulte ser menos democrático que el sistema actual, sino porque se trata de un cuerpo extraño que altera nuestro ordenamiento en busca de unos réditos partidistas inmediatos sin medir las consecuencias futuras del cambio.

No podemos olvidar que toda la arquitectura institucional de la democracia española se basa precisamente en el parlamentarismo, no en el presidencialismo. Al presidente del Gobierno español lo elige el Congreso de los Diputados. A los presidentes autonómicos, sus respectivas asambleas legislativas. Al alcalde, el pleno municipal de entre sus concejales. Incluso, cuando se podía elegir democráticamente al Jefe de Estado, la tradición española dejaba esa función en manos del Parlamento. ¿Qué sentido tiene reformar la elección de alcaldes en dirección contraria al resto de instituciones? ¿O acaso es el primer paso para presidencializar todas nuestras instituciones y desparlamentizar la democracia española?

Tras más de tres décadas de proceso autonómico, a ninguna de las 17 comunidades autónomas se les había ocurrido experimentar con ninguna reforma electoral. Y ahora, con la excusa de la desafección ciudadana por la política, las reformas que impulsan los gobiernos del PP consisten en reducir el número de electos para frenar la creciente pluralidad, como en Castilla-La Mancha, o en imponer un sistema hipermayoritario, en lugar de más proporcional, como se barajó en la Comunidad Valenciana.

Cuando el 15-M acampaba en las plazas de España poniendo de manifiesto, entre otras cosas, el déficit representativo de nuestras instituciones al grito de «no nos representan», señalando la distancia creciente entre representantes y representados, recuerdo que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, el Sr. Camps, reaccionó proponiendo una reforma electoral a la inglesa, para que la ciudadanía pudiera estar en contacto con su representante, que ejercería de «parlamentario de distrito». No sé si la relación estrecha entre parlamentario y ciudadano de que hace gala el sistema británico podría satisfacer o no a quienes demandaban una democracia real ya, pero lo que conllevaría esa reforma electoral estoy seguro que era lo último que esperaba el movimiento de los indignados.

Y es que sustituir el vigente reparto provincial de los escaños mediante el sistema proporcional corregido que blinda el bipartidismo, por distritos uninominales de elección mayoritaria, supondría no sólo excluir de la representación a todo el abanico de opciones minoritarias, sino multiplicar el peso de las mayoritarias (eso sí, mayoritarias a nivel estatal y a nivel autonómico o provincial). En las últimas elecciones a Westminster, por ejemplo, los conservadores con solo el 36% de los votos obtuvieron el 47% de los escaños y los laboristas con el 29% alcanzaron el 39% de los escaños, mientras que los liberal-demócratas, que fueron el partido revelación con el 23% de los sufragios, se tuvieron que conformar con solo un 8% del Parlamento. Basta esta imagen para comprobar que el sistema mayoritario inglés beneficia como ningún otro al bipartidismo y castiga cruelmente a las fuerzas minoritarias por muy emergentes que sean.

Como veis, al PP no se le ocurre idea buena. Y lo peor es que lo visten de regeneración democrática. ¿O tal vez pronunciaron mal y pensaban en degeneración? Aunque también podría ocurrir que, más allá de lo que prevean los oráculos del poder, sea precisamente esta reforma electoral, metida con calzador, la que obligue a articular amplias coaliciones preelectorales de las izquierdas políticas y sociales que terminen resultando ser las listas más votadas.