Hace ahora menos de tres meses, Alexis Tsipras era vilipendiado por todos sus socios de la UE y por la mayor parte de los analistas políticos o económicos internacionales. Acababa de convocar un referéndum que nadie entendía, tras cinco meses de gobierno mayormente estériles marcados por diversos episodios de enfrentamiento con Bruselas y los demás estados miembros; lo que incluía contraproducentes desaires a Berlín, guiños muy desconcertantes a Putin, el haberse coaligado con un partido nacionalista de derecha o el nombramiento de un ministro de finanzas bastante soberbio capaz de enemistarse con todos sus colegas del Eurogrupo. El mero anuncio de esa votación –interpretada por las instituciones europeas y las capitales nacionales como un Sí o No maximalista a la permanencia en la moneda común- había provocado que a finales de junio se disparara de nuevo la ya de por sí altísima prima de riesgo y que se precipitara un corralito bancario que parecía hundir definitivamente la castigadísima economía de Grecia.

A Syriza sólo le parecía ir bien en los sondeos internos –gracias a un ambiente de épica que en general se atribuía a la retórica populista- y, más allá de las fronteras, en el espectro político e intelectual situado a la izquierda de la socialdemocracia que consideraba al líder griego un referente de lucha audaz contra las políticas de austeridad que tanto daño habían hecho al sufrido país. Pero incluso estos apoyos que podían servir de consuelo a Tsipras (sobre todo después del resonante triunfo en el referéndum) comenzaron a desvanecerse cuando a principio de julio, ante la inflexibilidad de Alemania y el resto de países acreedores, tuvo que ceder y firmar un tercer rescate que venía acompañado de una condicionalidad  tan dura como los anteriores. La facción más radical de su partido (representada por Lazafanis y Varoufakis) decidió abandonarle y sus más célebres admiradores externos, algunos adornados con el Premio Nobel de Economía, se declararon profundamente decepcionados. El joven y sonriente primer ministro resultaba en julio un desastre para casi todos -ya fueran apocalípticos o integrados- aparentemente condenado a pasar a la historia de la larga crisis del Euro como un breve paréntesis de esperanza idealista o heterodoxia imprudente. Pero entonces Tsipras siguió desconcertando y empezó a demostrar a todos que no había que subestimarle como político.

A finales de agosto decidió un nuevo adelanto electoral (el quinto seguido que vivía el país desde 2009) para renovar la legitimidad de su mandato y la mayoría parlamentaria perdida tras el abandono de una veintena larga de diputados que no aceptaron que Syriza olvidase su programa anti-memorando. En el momento de la convocatoria, los juicios sobre el primer ministro seguían siendo muy negativos pues, a su torpeza y final fracaso en las negociaciones con los acreedores o a su incapacidad para mostrar liderazgo interno, se sumaba la imagen de una Grecia incapaz de salir de la inestabilidad: cuatro elecciones en apenas tres años y todo un reguero de dimisiones, gobiernos efímeros o cismas partidarios. Pero Tsipras tenía clara su apuesta y ayer ganó. A partir de hoy, puede presumir de ser el primer jefe de gobierno de un país periférico que ha conseguido la reelección desde que comenzó la crisis de deuda en la Eurozona. Lo hace, además, con una mayoría casi idéntica a la de enero pero más margen para gobernar gracias a un grupo parlamentario ahora cohesionado que, para mayor regocijo suyo, ha visto como los radicales de Lazafanis eran fuertemente castigados en las urnas.

Más allá de esa lección de astucia política, el episodio deja otras enseñanzas más relevantes para el actual panorama político europeo. Desde luego, algunas van dirigidas a Alemania y al conjunto de actores responsables de la actual gobernanza de la UE: no se puede humillar a un país y Grecia (al margen de inaplazables reformas estructurales) necesita ser tratada con un mínimo de dignidad. Por difícil que resulte, Grecia tendrá que perseverar en el objetivo de modernizar su Estado, su modelo productivo y su cohesión social, pero sólo habrá posibilidades de lograr el empeño si es tratada con respeto y si sus ciudadanos sienten algo de  “ownership” en el empeño. El primer ministro tuvo la grandeza política de captar ese mandato popular y la habilidad de convertir una derrota negociadora en una sensación colectiva de que luchó hasta donde le fue posible y supo evitar ese Grexit que casi ningún compatriota quería.

Por supuesto, otras muchas de las lecciones van dirigidas a su propia plataforma de simpatizantes de izquierda euro-crítica, dentro o fuera de su país. Tsipras, por ejemplo, ha aprendido tras unos cuantos Consejos Europeos que la UE no se puede cambiar brusca y unilateralmente; mucho menos desde un país tan debilitado como el suyo. Ahora tiene claro que debe procurarse aliados (en Bruselas, París o Roma pero también en Madrid o Lisboa y, desde luego, Berlín o Fráncfort) para moldear poco a poco una política económica donde la austeridad ya no es, afortunadamente, el único ingrediente. Y ese convencimiento ha sido recompensado con el sorprendente deseo, ampliamente compartido entre sus colegas, de que fuera él y no el líder de la oposición conservadora europeísta quien ganara esta vez las elecciones.

Pero, por encima de esa sabiduría adquirida sobre cómo funciona la integración europea, Tsipras enseña que hay que tenerle mucho respeto al precipicio y que no es cierto que los ciudadanos no tengan nada más que perder tras muchos años de sufrimiento. En una sociedad avanzada e integrada en Europa, por mal que le hayan ido las cosas desde 2009 para acá, hay mucho margen para empeorar. Una Grecia fuera del euro sería mucho más insegura, aún menos próspera y, pese a todo, caería más bajo en bienestar y en orgullo nacional. Es muy posible que no todos los profesores de ciencia política enseñen bien a sus alumnos la importancia de Max Weber. En cualquier caso, Tsipras ha venido a recordar con urgencia que la ética de la convicción ha de conjugarse siempre con la de la responsabilidad.

Las encuestas no se equivocaron. Alexis Tsipras ha ganado claramente las elecciones en Grecia y será el próximo primer ministro. Aunque Nueva Democracia no ha perdido muchos apoyos –menos de dos puntos porcentuales con respecto a 2012-, el hundimiento definitivo del menguante centro-izquierda socialdemócrata (PASOK y DIMAR) ha supuesto casi diez puntos adicionales para Syriza. Y ese aumento, combinado con la prima de cincuenta escaños que se concede al partido ganador, le permitirá formar gobierno.

El impacto devastador que ha producido siete años de crisis en el bienestar griego solo es comparable al que ha tenido sobre su sistema de partidos. Baste decir que en 2007 era el cuarto país más bipartidista de Europa (España era el tercero), con un 80% de los votos concentrados entre Nueva Democracia y el PASOK, pero tras las elecciones de ayer la suma de ambos ni siquiera llega a un tercio (27,8% + 4,7%). Es verdad que las pautas tradicionales de la política griega ya estaban muy erosionadas desde las anteriores elecciones, pero ahora se asiste al imponente entierro de cuarenta años de historia contemporánea.

Resulta igualmente estremecedor, y da cuenta de la situación desesperada que sufre gran parte de la sociedad griega, atender a los datos de desafección y de voto extremista. La abstención ha superado el 36%, a pesar de que el voto es obligatorio. Por su parte dos opciones abiertamente eurófobas, el KKE comunista (5,5%) y la infame ultraderecha de Aurora Dorada (6,3%), mantienen el apoyo de hace tres años; a pesar del auge de una fuerza tan crítica con la troika como es Syriza (de hecho, y a diferencia de lo ocurrido en las anteriores elecciones donde fueron minoría, el conjunto de fuerzas contrarias a seguir aplicando el memorando ha superado de modo amplio el 50%).

Como quiera que sea, no cabe duda que anoche era también muy evidente la ilusión de la victoria. Durante unos días, los votantes de la izquierda radical y sus simpatizantes por toda Europa -sobre todo en el resto de la periferia endeudada- van a subrayar el logro alcanzado. Se hablará del fin de la hegemonía alemana y de que ahora las fotos del Consejo Europeo incluirán un jefe de gobierno descorbatado y carismático que sabrá defender los intereses griegos frente a las imposiciones del resto de estados miembros. Pero, sin despreciar el poder de la retórica, la realidad no se transforma solo con voluntad o simbolismo. 

Ahora comienza lo difícil. La situación a la que se enfrenta Tsipras es endiabladamente compleja. La economía griega, a pesar de los magros éxitos macroeconómicos obtenidos recientemente, sigue presentando un aspecto desolador de desempleo, pobreza, endeudamiento y falta de productividad. Por su parte, el Estado sigue adoleciendo de profundas debilidades: un poder a menudo capturado por intereses oligárquicos, una administración corrupta, ineficiencia recaudatoria y malos servicios públicos.

Políticamente, la robustez que hoy exhibe el ganador es más aparente que real. No hay que olvidar que, a pesar de haber casi alcanzado el umbral de la mayoría absoluta, solo tiene el 36,4% de los votos. Su posición parlamentaria no es demasiado confortable, principalmente por la fragmentación interna de su propia formación sometida a tensiones entre fracciones, y si decide reforzarla coaligándose con otro partido deberá tomar la primera decisión delicada: el liberalismo europeísta de To Potami (6%) o el populismo conservador y euroescéptico de ANEL (4,7%).

Mucho más difícil que asegurar una gobernabilidad relativamente sólida será mantener la esperanza que anoche vivían sus partidarios a los que se les ha prometido el fin de los recortes. El favor ciudadano suele prestarse en las democracias actuales de forma todavía más condicional y con plazos más cortos que las ayudas de los organismos financieros internacionales. Al fin y al cabo, las escenas que ayer se vivieron en Atenas recordaban mucho a las de París con ocasión de la victoria de Francois Hollande aunque, solo cinco meses más tarde de su nombramiento, el presidente francés ya no encabezaba los sondeos. Y como resulta ilusorio pensar que la restricción presupuestaria ha tocado a su fin en Grecia, el nuevo gobierno tendrá que empezar pronto a administrar austeridad y a encajar el inevitable deterioro popular por ello.

Syriza ha hecho muchas y muy ambiciosas promesas a una población muy necesitada de creer en ellas sin que pueda esperar gran complicidad por parte europea para llevarlas a cabo. Algunos de los aumentos de gasto que postula el flamante líder son sin duda justos y necesarios (por ejemplo, en educación y políticas sociales) pero necesita ingresos para pagarlos. Cuadrar el círculo es una operación que está al alcance de pocos y si el círculo se refiere al de las monedas de euro, sobre todo si son prestadas, esa habilidad sólo puede intentar ejercerse de forma colectiva por todos los actores europeos, con singular protagonismo para los acreedores.

Es evidente que el resultado de ayer no ha sido el que preferían las instituciones ni el resto de estados (con matices, tal vez, en Francia e Italia) aunque lo más seguro es que se asuma con calma. Una victoria de la izquierda anti-memorando en la primavera de 2012, antes del punto crítico veraniego cuando se empezó a hacer “todo lo necesario” para salvar el euro, sí hubiera sido complicadísima de manejar pero ahora la situación ha cambiado. En estos dos años y medio se ha reforzado la gobernanza  económica europea y se ha asentado la idea de la irreversibilidad política de la UEM. Unos avances que, sin embargo, estrechan aún más el margen negociador de Grecia que no puede asustar demasiado a los demás actores europeos (pues no tiene el poder de desestabilizarles) y solo puede aspirar a convencerles.

¿Puede hacerlo?, ¿Tiene algún margen? Yo creo que sí. Pero no obtendrá resultados inmediatos ni de forma brillante. Lo más probable es que durante el primer año, al menos hasta que se hayan celebrado elecciones en España, Tsipras no pueda hacer otra cosa a nivel europeo que negociar el mantenimiento de la liquidez para la economía griega y olvidarse de pulsos con Berlín. Los perderá si se atreve a librarlos. Los términos del memorando sólo se aliviarán, y de manera poco espectacular, a cambio de reformas estructurales (empezando por algunas que Samaras nunca implementó) que en algunos casos serán muy impopulares.

Pero es verdad que si hay un político en Grecia que tiene el carisma y la credibilidad para llevarlas a cabo es él. Reformas orientadas a repartir mejor los ajustes entre grupos sociales o sectores económicos y a actuar sobre la raíz del mal funcionamiento institucional: reducir las prácticas clientelares y el amiguismo en el empleo público, limpiar la financiación de los partidos, mejorar el caótico sistema judicial, o conseguir un sistema tributario que merezca ese nombre por poner algunos ejemplos. Para lograrlo, o al menos intentarlo, Tsipras parte con la ventaja de no estar lastrado por intereses creados como lo estaban las desacreditadas élites de los partidos cartelizados. Sin embargo, ha de demostrar más honestidad al hablar con sus votantes y serles  sincero sobre la magnitud de los problemas a los que se enfrenta el país. Problemas que, como es evidente, no nacieron con la Troika por muy torpemente que ésta haya gestionado los rescates.

A medida que consiga afirmarse como un regeneracionista y un reformador competente, ganará el respeto de los socios. Contará entonces con mejores cartas en Bruselas o Fráncfort para lograr pactos más equilibrados y eficaces que los que se han ido firmando desde 2010. Tal vez pueda incluso aspirar más adelante a un alivio de las condiciones de pago de la colosal deuda y algún plan adicional de estímulos. Por eso, a todos a los que nos preocupa el futuro de la Unión deberíamos desearle a Tsipras mucha suerte en su empeño bienintencionado por cambiar su país. Grecia necesita aprovechar esa estrecha ventana de oportunidad que ahora se entreabre. Y el resto de Europa también.

La aparición estelar de Pablo Iglesias en el mitin central de campaña de Syriza del pasado jueves y las constates alusiones de Alexis Tsipras a los paralelismos de rebelión anti-austeridad en Grecia y España han vinculado de manera nítida a ambas formaciones en el imaginario de sus respectivos votantes. Nadie parece cuestionar entonces que una victoria de la izquierda radical en las elecciones griegas que se celebran hoy supondría una excelente noticia para Podemos.

Sin embargo, quien firma este análisis tiene serias dudas. La razón de ese escepticismo es que dos de los tres escenarios-tipo que se abren en Grecia en el caso de que Tsipras consiga ser elegido primer ministro son potencialmente muy nocivos para las expectativas de su fuerza homóloga en España y el único que resulta positivo parece políticamente imposible de que tenga lugar antes de las elecciones españolas. Veámoslo uno a uno.

El primero de los escenarios, el más catastrofista en el corto plazo y también el menos probable, implicaría la salida del euro (o tal vez de la UE en su conjunto) de Grecia tras un choque entre el maximalismo de su nuevo gobierno y la intransigencia de la Troika y los demás estados miembros de la UE.

No es este el momento de detenerse en los detalles sobre la plausibilidad del “Grexit” o en los mecanismos concretos a través del que podría implementarse pero todo apunta a que un desafío abierto al BCE, a la Comisión y a los estados acreedores en forma de incumplimiento unilateral del memorando llevaría a la reacción de estos forzando la expulsión griega de la UEM o, en su caso, su destierro temporal a una suerte de europurgatorio (ampliando los castigos que en cierto modo el país ya sufre, tal y como se ha demostrado esta misma semana en la rueda de prensa de Mario Draghi).

Con independencia de que haya quien defiende la conveniencia de esa salida para la sufrida población de los países periféricos, lo cierto es que hay coincidencia total en que sería un desastre económico en el corto plazo y, en todo caso, un enorme fracaso político para Tsipras. Por diversos motivos, la inmensa mayoría de sus votantes no desea volver al dracma hasta el punto de que, por sorprendente que pueda parecer, hoy el euro tiene más defensores que antes de la crisis. Es perfectamente perceptible el demoledor efecto demostración sobre los potenciales votantes de Podemos que tendría una situación así: salida de capitales, “bank run”, corralito financiero, pérdida de riqueza e incluso humillación nacional.

Por suerte, nadie tiene interés en el escenario anterior aunque, curiosamente, la constatación en Bruselas, Fráncfort o Berlín de que Syriza no desea abandonar el euro debilita la posición negociadora del nuevo gobierno y abona las posibilidades del segundo escenario-tipo, que es también muy negativo y que básicamente consiste en que no ocurra nada. Es muy probable que lo primero que hiciera un hipotético gobierno de Tsipras fuese solicitar una extensión técnica del programa económico de ajuste y ganar tiempo para presionar a la UE sobre una reestructuración de su deuda.

Es cierto que todos los demás estados miembros prefieren a día de hoy que Grecia permanezca en el euro pero también es verdad que desde 2012 se han construido importantes cortafuegos y ni los acreedores están ahora tan expuestos como entonces a un impago, ni los deudores parecen condenados a sufrir desestabilización, tal y como demuestra el comportamiento muy distinto que han tenido la prima de riesgo griega y la de los demás países periféricos en las últimas tres semanas.

Por eso la teoría de la cadena (que puede fortalecerse si se separa el eslabón débil) compite con la teoría del dominó (si Grecia cae, un país tras otro podría desestabilizarse y el proyecto del euro fracasaría). El miedo a la incertidumbre hace que la segunda teoría tenga aún muchos más partidarios entre las capitales nacionales, y desde luego las instituciones, pero Syriza sabe que en un auténtico pulso a Alemania, lo más probable es que ésta no aceptase amenazas y acabara abrazando la hipótesis de la cadena dejando caer a Grecia, tal vez junto a la concesión de nuevos avances en la integración para evitar riesgos de contagio a resto de la periferia.

Lo cierto es que los precedentes de llegada al poder de gobiernos de izquierda impugnando las políticas de austeridad no son muy esperanzadores para la posición negociadora de Tsipras. Si Hollande o Renzi, desde el segundo y tercer estados más importantes de la Eurozona, no han sido capaces de alterar significativamente la rigidez intelectual y política de Alemania, ¿va a ser capaz de hacerlo un líder sin apenas aliados en Europa y desde un país que no supone ni el 2% del PIB total? Tampoco vale consolarse aludiendo al carácter “socialdemócrata” de aquellos frente a una izquierda radical supuestamente más valiente pues, no en vano, el rescate más duro producido hasta la fecha fue el que aceptó Chipre en 2013, gobernando entonces un partido eurocomunista que comparte adscripción con Syriza en el Parlamento Europeo. Y está claro que, si como consecuencia de todo eso, la llegada al poder de Tsipras solo supone continuidad con la actual situación, la apelación de Podemos a la ilusión del cambio se vería muy dañada.

Hay luego otros varios escenarios intermedios que, en mayor o menor medida, son también todos dañinos para el partido español que ha colocado en su propio escaparate lo que pase en Grecia a partir de hoy: (a) un resultado muy ajustado que impida formar gobierno y aumente la inestabilidad del país, (b) la necesidad de que Tsipras pacte con socios pocos deseables (como los populistas euroescépticos de derecha), (c) el desdibujamiento de su programa si la coalición es con socialdemócratas o liberales, o (d) la fractura de Syriza entre las facciones marxistas radicales y las más reformistas.

Pero aun hay un tercer escenario-tipo que merece la pena examinar porque es la del éxito deslumbrante que lógicamente sí beneficiaría a Podemos; esto es, que en el tiempo que va desde ahora hasta las elecciones españolas, un gobierno de Syriza consiga arrancar una modificación sustancial de las condiciones del memorando. Esto se lograría bien porque tuviera éxito el pulso maximalista y el resto de actores europeos se arrugaran ante la posibilidad del dominó o bien porque Tsipras realmente convenciera a estos de llegar a un nuevo pacto en el que se flexibilizaran de manera visible las condiciones de pago de la deuda y de recortes a cambio de profundas y creíbles reformas en el Estado griego que fueran a la raíz de las vulnerabilidades de un país con baja competitividad y con una administración clientelar.

El problema es que este escenario, probablemente el más razonable de todos, es imposible que ocurra o, al menos, que ocurra antes de que los votantes españoles de Podemos vayan a las urnas habiendo constatado que la situación en Grecia ha mejorado. En el plazo de este año es completamente implausible que nadie acceda en la UE a representar ese gran acuerdo. Hay elecciones a la vuelta de la esquina en Finlandia, el más duro de los países acreedores y en donde es previsible que la campaña gire en torno a la necesidad de no ser comprensivos con Grecia.

Pero, sobre todo, habrá más tarde elecciones en España, un país mucho más importante para la estabilidad europea, que se quiere presentar como modelo de éxito en la política de ajustes y reformas, y en donde una fuerza similar a Syriza encabeza las encuestas. Es desde luego paradójico que el éxito de Podemos en los sondeos sea una de las principales causas de debilitamiento de Tsipras, al menos durante los primeros diez meses en los que estaría abocado al decepcionante segundo escenario, el del statu quo, o si no se resigna a él, al primero de la expulsión. Pero, a su vez, la previsión casi segura de que la llegada al poder de la izquierda radical griega no supondrá apenas cambios durante 2015, dañará a Podemos y su mensaje de cambio.

Resulta curioso concluir que, pese a ese abrazo en Atenas y a la sincera alegría que causa en ambos el éxito mutuo, lo que más convendría a cada uno es que el otro no existiera. Al menos, no todavía.

Nos quedamos en la cama igual. Porque a los españoles, en efecto, no nos estimula demasiado la música militar. No es nada personal. Al menos, no necesariamente. Fuerzas Armadas y Corona, que protagonizan la celebración de este día, tienen un importante número de detractores aunque en general disfrutan de alta estima ciudadana (las series del CIS las sitúan entre las cinco instituciones mejor valoradas). Pero, aun admitiendo que el Ejército o el Rey podrían haber redimido sus culpas históricas a ojos de una mayoría de españoles y sin despreciar a quienes hoy disfruten viendo por televisión a la Patrulla Águila, parece evidente que la expresión de la identidad nacional española no está hoy conectada a exaltación alguna por la calle.

Además, a diferencia del personaje de la canción de George Brassens (que adaptó Paco Ibáñez o, para los de mi generación, Loquillo) ese distanciamiento de los altares de la patria goza incluso de buena reputación. Algo evidente en los ambientes nacionalistas periféricos pero que también puede detectarse entre quienes no tienen dudas de sentirse españoles. La pereza patriótica está más generalizada en la izquierda social aunque alcanza incluso a buena parte del espectro conservador. Baste recordar que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue sorprendido hace unos años lamentándose de que el desfile le fastidiaba un puente otoñal en Galicia.

Como los españoles suelen afrontar las cuestiones de identidad y sentimiento nacional con cierta ansiedad, se tiende a considerar ese desapego con los símbolos como algo patológico, como una expresión más del supuestamente débil o incluso fallido nation-building que solo se mitiga efímeramente cuando hay un éxito deportivo. Sin embargo, la auténtica anomalía española podría radicar justo en que esa doble sensación de excepcionalidad y fracaso histórico esté tan extendida, a pesar de que la tesis contraria resulte más verídica desde una perspectiva comparada y, sin duda alguna, más reconfortante. Y esa interpretación alternativa llevaría a concluir también que no hay nada marcadamente extraordinario ni tampoco negativo en el desapasionamiento con el que los españoles se relacionan con su día nacional.

Es verdad que hay muchos ejemplos de naciones en donde abunda la presencia cotidiana y hasta la exaltación de fiestas y banderas. Pero también existen bastantes otros casos de democracias avanzadas en donde esa relación resulta compleja. Y hay dos tipos de razones que lo explican: la contaminación histórica de los símbolos (normalmente por su asociación con regímenes tradicionalistas o autoritarios) y la existencia de sentimientos nacionales alternativos que no se identifican o incluso reniegan de la iconografía estatal. En Japón, el uso de la bandera Hinomaru sigue resultando hoy muy controvertido por sus connotaciones ultraconservadoras mientras los alemanes se ponen en alerta cuando suena su himno ante la posibilidad de que se cante la célebre estrofa prohibida del “Deutschland über alles”. Canadá o Bélgica ofrecen buenas ilustraciones de la otra fuente de distanciamiento, la que tiene que ver con una plurinacionalidad compleja, que se traduce en el rechazo de los soberanistas quebequeses hacia la “hoja de arce” federal o en que todo un primer ministro belga, surrealistamente cercano al nacionalismo flamenco, presumiera de confundir la Brabançone con la Marsellesa.

La peculiaridad española podría residir en que aquí se combinan las dos fuentes de desafección. Por un lado, el hecho de que durante el franquismo fuera sedimentando una asociación entre los valores del régimen y los símbolos estatales que sólo se ha ido corrigiendo parcialmente desde finales de los setenta. Por el otro, la competencia con las festividades y demás signos distintivos de las diversas identidades territoriales periféricas que, en el caso vasco y catalán, llegan a dominar el espacio público. Pero ni siquiera esa doble debilidad es específica de España. El Reino Unido, pese a las apariencias y al hecho de tener un siglo XX menos vergonzante que la media europea, ni siquiera cuenta con día nacional mientras resulta notoria la distancia con la que el mundo progresista trata a la parafernalia monárquica o la división que causa la “Union Jack” en Glasgow y Belfast.

La cuestión no radica pues en la existencia de una anomalía sino en si habría alguna ventaja sobre España o los demás ejemplos mencionados por parte de aquellos países que como EEUU, Irlanda o Francia exhiben una desacomplejada exuberancia patriótica. No se antoja nada evidente. Es verdad que en una comunidad democrática ambiciosa resulta casi imprescindible que el proyecto colectivo básico esté ampliamente compartido. Ayuda a que se respeten las reglas, se cumplan las obligaciones fiscales, exista preocupación por la calidad de los servicios públicos y, en fin, que se genere capital social o empatía con el resto de conciudadanos. Pero no parece que enseñar banderas más de lo necesario ni socializar en la obligación de honrar masivamente a la patria en los días señalados contribuya demasiado a eso. Además de que a muchos eso le resulte hasta grosero, la profusión simbólica puede más bien reforzar el grave vicio del chauvinismo o perpetuar la absurda identificación de enemigos de la patria (evocando las guerras que ayudaron a generar la conciencia nacional hace uno o dos siglos).

El ejemplo alemán y de la Unión Europea a partir de los años cincuenta enseñan las virtudes de fundar el imaginario colectivo huyendo de la autocomplacencia y de los enemigos exteriores. Es menos emocional, y por tanto más difícil, pero una democracia sofisticada, autocrítica y plural, como sólo puede tener sentido que sea la española, ha de seguir tratando los símbolos con mano temblorosa, aceptando sólo un enemigo histórico que además sería interior: nosotros mismos en la peor versión, nuestro pasado violento e incivil.

Lo anterior no exige, desde luego, renegar del día nacional. Al fin y al cabo, y al margen de los desmanes que los conquistadores perpetraron luego, no parece tan terrible conmemorar el momento más influyente e innovador de España en la historia universal (además de cosmopolita pues, no en vano, lo protagonizó un genovés en un lugar tan poco castizo como las Bahamas). Pero resulta muy sano que la celebración permanezca en el ámbito institucional y que los españoles puedan sin más alargar el sueño en una mañana festiva de octubre.

La típica caricatura del análisis de resultados en las madrugadas postelectorales consiste en esa imagen en la que nadie (o casi nadie) dice haber perdido. Unos subrayan que han sido quienes han obtenido más votos, otros que han crecido, y están incluso quienes se alegran conformándose por haber logrado mayor apoyo del que le anunciaban las encuestas. Hay mil formas imaginativas de barrer para casa y sólo los que han sufrido un desastre sin paliativos reconocen la derrota.

Ese espectáculo, tantas veces parodiado en el que “todos ganan”, resulta difícilmente trasladable a un referéndum. Máxime cuando consiste en una pregunta binaria donde, por definición, hay una opción vencedora y otra vencida. Desde luego, de haber triunfado la secesión ayer en Escocia, tendríamos ahora un impactante paisaje desolador que alcanzaría no solo a los unionistas escoceses, sino también al resto de británicos y más allá; incluyendo a Washington y Bruselas o también, como es notorio, al Gobierno y buena parte de la opinión pública española. Pero ha ganado el “No” y, aparte de que eso supone una celebración menos entusiasta que ayuda a reducir la sensación de derrota en la otra parte, la lectura puede en efecto evitar el blanco y negro.

Hoy los partidarios del Better together pueden por supuesto reivindicar su éxito y hacerlo con relativa rotundidad: por más de 10 puntos, superando el margen pronosticado por cualquier sondeo desde principios de agosto, y con los complementos de victorias parciales en casi todos los concejos y una legitimadora alta participación (84,5%). Los conservadores evitan una ignominiosa ruptura del Reino Unido, los laboristas logran además que Inglaterra no quede eternamente condenada a la hegemonía tory y los liberales mantienen un territorio donde históricamente han tenido apoyo.

Por otro lado, los partidarios de que la familia británica de naciones siga unida podrán respirar tranquilos durante muchos años ya que Alex Salmond había anunciado que, en caso de perder, no se volvería a plantear un nuevo referéndum en el futuro. Es posible que se arrepienta de una promesa que buscaba activar a los votantes con la idea de que ésta era una oportunidad única en la vida, o en la historia, pero ahora el nacionalismo deberá cumplir ese compromiso si quiere mantener la respetabilidad democrática.

Pero también el independentismo puede sentirse satisfecho con todo el proceso. Aparte de haber obtenido en 2012 de Londres el reconocimiento de la opción de separarse del Reino Unido, la causa del SNP ha conseguido movilizar muchos más votantes de los nunca obtenidos en elecciones parlamentarias. Por si fuera poco, Escocia ha sido centro absoluto de atención mundial y, lo más importante, al final de la campaña, lo ajustado de las encuestas obligó al conjunto de los partidos británicos a ofrecer mucha más autonomía fiscal y competencial. Así pues, aunque sea a través de un desvío, se habrá conseguido arrancar de Westminster la que era estrategia inicial del Gobierno escocés: la devolution max o, si se prefiere, la independence-minus.

Además, al margen de que el análisis señale que el resultado sienta bien a los distintos partidos, es más importante subrayar que también habrá “final feliz” desde una perspectiva estrictamente ciudadana. Al fin y al cabo, todos los sondeos realizados apuntan a que esa solución de mayor autonomía era la auténtica opción preferida por la mayoría de escoceses, por delante del statu-quo conservador o del desgarro de una escisión.

Hay además otras lecciones potencialmente positivas que en su caso beneficiarían al conjunto del Reino Unido y, de paso, a otros estados plurales en donde conviven múltiples identidades nacionales. Es evidente, como atestigua el buen resultado independentista en Glasgow o en otras áreas cosmopolitas y con dinámica de clases sociales, que no sólo han pesado consideraciones identitarias. El empuje del “Sí”, que tanto ha asustado a las élites británicas, se apoyaba también en otros cuatro elementos que explican la mayor ilusión que generaba la idea de crear un nuevo Estado. Merece la pena repasarlas.

En primer lugar, el creciente rechazo al desempoderamiento democrático frente a los mercados, o frente a la idea de que “no hay alternativa” y que apenas hay margen para decidir en casa. Muy conectado a eso, la reacción contra una desigualdad rampante o contra la percepción de que una mentalidad demasiado mercantil domina en el resto del Reino Unido (aunque haya evidencia empírica de que los escoceses no son tan izquierdistas y comunitaristas de lo que presumen). En tercer lugar, la sensación de que el poder político ha de ser menos distante y, desde luego, en absoluto condescendiente o irrespetuoso con la diferencia. Y por último, en un elemento cosmopolita con el que el nacionalismo de Salmond mostraba su cara menos esencialista, el europeísmo. Por todo eso, queda la esperanza de que los líderes británicos tomen nota y tengan la visión de avanzar ahora hacia una democracia más consociacional, menos individualista y segmentada, más descentralizada y respetuosa con las identidades no inglesas, o mejor conectada con el continente.

Con este resultado, en fin, gana también la comunidad internacional, que seguirá contando con un actor suficientemente potente y comprometido por la seguridad global, la ayuda al desarrollo o la cooperación económica y en el terreno de las ideas. Y particularmente, en la Unión Europea, el desenlace despeja un panorama de reivindicaciones secesionistas que erizaba a las instituciones y a varias capitales nacionales, con singular énfasis en Madrid.

¿Y el impacto sobre el panorama español?, ¿también se puede hablar de win-win? Está claro que hoy resuena el alivio del Gobierno central que no sólo ha evitado la tortura de asistir al nacimiento legal de un nuevo Estado, sino que además termina esta pesadilla con dos pequeñas satisfacciones. Primero, el que la apuesta de Cameron no haya sido al final universalmente juzgada como la mejor, reduciéndose así un poco la indudable fuerza del relato sobre el “derecho a decidir”. Después, la constatación mundial de que los movimientos secesionistas suceden en las mejores familias (Reino Unido, Canadá, Bélgica, Italia) y, por tanto, se explican mucho más por la existencia objetiva de múltiples identidades que por déficits democráticos singulares; al margen de que éstos también puedan existir, como se acaba de señalar antes para el caso británico y, sin duda, sucede en España.

En cuanto a los nacionalismos catalán y vasco, en principio también deberían estar contentos. Escocia ha visto reconocida su personalidad nacional y se le ha consultado sobre cómo prefiere desarrollarla. Lo hará en el seno de un Estado plural y más descentralizado (que, por cierto, podría tomar como modelo el catálogo competencial del Estado autonómico en la futura transferencia de nuevos poderes). Por eso el soberanismo podrá subirse a ese enorme coro de los que hoy dirán haber ganado. Pero cuando lo haga, no es seguro que sea capaz de disimular su decepción.

A pocas horas de saber si los escoceses optan por la independencia o por mantener su ciudadanía británica, y considerando la incertidumbre sobre el resultado final, parece interesante ordenar los diversos elementos que hacen de este referéndum un acontecimiento político tan notable. Tanto que, dependiendo del desenlace, podría ser incluso el de mayor relieve del año. El proceso tiene desde luego importancia propia pero, al mismo tiempo y contemplado desde otros países con fenónemos secesionistas, adquiere un valor añadido muy especial.

Comenzando la reflexión por la relevancia objetiva que tiene el caso per se, serían al menos cuatro los motivos que justifican tanto interés. Los dos primeros son obvios y se refieren a la doble cara de la misma moneda: por un lado, el posible alumbramiento de un nuevo Estado con todo lo que eso supone y, por el otro, el consecuente impacto de esa escisión en el país matriz que la sufre. Es verdad que, dicho así, el fenómeno no sería tan novedoso (ha habido decenas de secesiones recientes y, por ejemplo, hace solo tres años que Sudán del Sur se escindió de Sudán sin atraer excesiva atención). Pero sucede que este caso tiene circunstancias muy excepcionales. Escocia no sólo sería el primer Estado que nace en Europa occidental desde hace medio siglo, sino seguramente un caso inédito en toda la historia contemporánea fuera de contextos coloniales, bélicos o post-autoritarios.

Por su parte, Reino Unido no solo sería la primera democracia consolidada y descentralizada que sufre una amputación territorial en los tiempos recientes, sino que además lo habría hecho insólitamente en contra de su voluntad y, al tiempo, a través de un procedimiento pacífico y aceptado (se mencionan a veces las rupturas de Noruega en 1905 e Islandia en 1944 con, respectivamente, la corona sueca y danesa pero se trata de precedentes más que discutibles).

Los otros dos motivos por los que la votación escocesa suscita, en sí misma, tanta expectación, son algo más específicos pero igualmente apasionantes: el impacto que tendría la posible independencia sobre las relaciones internacionales y sobre la integración Europea. En efecto, tal vez no se haya subrayado suficientemente la eventualidad de que una de las cinco o seis principales potencias mundiales actuales (medido en términos diplomáticos, de seguridad, económicos, de cooperación o de poder blando en general) vea repentinamente deteriorada su presencia e influencia en la globalización; lo que explica el nerviosismo con que Estados Unidos y la OTAN, Australia o Canadá y la Commonwealth, e incluso China y los emergentes aguardan el veredicto de las urnas.

Por último, y por lo que se refiere a la UE, es evidente que un triunfo del Sí provocaría muchos quebraderos de cabeza en Bruselas, relativos tanto al complejísimo proceso que se abriría para la readhesión de Escocia, como al potencial efecto negativo en el debate abierto sobre una futura retirada británica de la Unión.

Todo lo anterior lleva a concluir que, incluso si Escocia fuera realmente un caso único y no existieran en el mundo otros nacionalismos periféricos, la votación de hoy sería merecedora de enorme atención. Pero, en efecto, sucede que a todo lo anterior se suma el interés que despierta en otros contextos con movimientos independentistas. Flandes, País Vasco, y la Padania o ciertas regiones septentrionales italianas son solo algunos de los territorios europeos en donde el resultado puede tener consecuencias. Pero es sin duda en Cataluña, y de forma paralela en el conjunto de España, donde la votación escocesa tendrá un mayor impacto. Pase lo que pase, habrá una lectura catalana del desenlace.

Si gana el No, el gobierno central y los detractores del soberanismo respirarán aliviados. Salmond ha prometido que, en ese caso, no se volverá a plantear de nuevo la independencia hasta dentro de una generación o, incluso, puede que de forma indefinida. Por tanto, con Escocia fuera de escena (combinado con un bloque quebequés en horas bajas y el fuerte rechazo existente a los separatismos de Crimea y otras zonas de Europa oriental), el ‘procés’ quedaría más solo, perdiendo empuje interno y visibilidad exterior. No obstante, es evidente que incluso en esas circunstancias, los líderes nacionalistas catalanes tratarán de seguir subrayando su potentísima narrativa del “derecho a decidir”. Desde septiembre de 2012, cuando las circunstancias se aliaron en el proceso soberanista para hacer coincidir su arranque con el Acuerdo de Edimburgo en el que Cameron permitía el referéndum, desde la Generalitat no se ha dejado de subrayar el supuesto contraste entre un Londres demócrata y respetuoso con la plurinacionalidad y un Madrid rígido y legalista. Es decir, el relato que intentaría proyectar el catalanismo no sería de fracaso (aunque objetivamente así fuera en gran medida) sino de reivindicación del precedente de haber votado.

Pero en el caso de que gane el Sí, el referente escocés también tendría lecturas contradictorias para defensores y contrarios al proceso. Es obvio que éste recibiría un regalo extraordinario si arrancara a partir de mañana un proceso pacífico y acordado de creación de un nuevo Estado europeo. Pero, en ese caso, también se suscitarían algunos interrogantes serios para la causa independentista. Para empezar, el fracaso de la arriesgada apuesta de Cameron debilitaría mucho la idea aparentemente convincente de que permitir la consulta podría ser una vía de reconocimiento suficiente a las demandas catalanas y, que una vez aceptado ese derecho, vencerían los partidarios de no romper con España. Por otro lado, la consumación de la independencia de Escocia se recibiría con tanto malestar en la UE y la comunidad internacional, que permitiría reivindicar la denunciada inflexibilidad del gobierno español como más responsable a nivel global y más propicia para preservar la supervivencia de las democracias plurales. E incluso desde una lectura puramente democrática, el triunfo coyuntural del Sí, después de dos años con el No por delante en los sondeos y en un contexto en el que la opción mayoritaria de los escoceses pasaba por más autonomía, cuestionaría el referéndum como instrumento idóneo para resolver los problemas territoriales en contextos complejos y la convivencia entre identidades nacionales múltiples.

Hace algo más de tres meses, en un seminario celebrado en Bruselas, pudimos escuchar esta curiosa confesión de una eurodiputada socialdemócrata: prefería que el Partido Popular Europeo ganase, por un único escaño de diferencia, las elecciones de mayo. No se trataba de una disidente con Martin Schulz ni mucho menos una traidora a la causa progresista. Al contrario, estamos hablando de alguien cercana al núcleo central del Partido de los Socialistas Europeos que, sin embargo, aspiraba ante todo a asegurar que el resultado electoral fuese esta vez determinante para designar el futuro presidente de la Comisión.

Con ese fin, todas las familias ideológicas del Parlamento Europeo (salvo conservadores euroescépticos y ultranacionalistas eurófobos) habían hecho una lectura audaz del Tratado de Lisboa designando candidatos a ese puesto, de modo parecido a como se hace para elegir un primer ministro nacional. Un paso quizás percibido como modesto por la desencantada opinión pública europea pero con gran potencial politizador. Si el jefe del poder ejecutivo europeo empezaba a emanar del voto popular y no de un arreglo intergubernamental, se estarían poniendo las bases de un doble avance democrático. Por un lado, las elecciones europeas podrían dejar de ser una colección de 28 votaciones separadas dominadas por debates nacionales -que es lo que básicamente son ahora- para pasar a convertirse en un auténtico proceso con entidad propia, capaz de determinar el rumbo político de esa UE que tanto nos afecta. Por otro lado, sería posible una Comisión más autónoma de los estados miembros y con un líder que rendiría cuentas por igual a un alemán o un chipriota.

Sin embargo, como es imposible que ningún grupo obtenga mayoría absoluta en la cámara de Estrasburgo y dado que Angela Merkel y demás jefes de gobierno tenían que proponer primero el nombre que se sometería a votación, no estaba garantizado establecer ese ansiado vínculo directo entre vencedor en las elecciones y presidente de la Comisión. De ahí que nuestra visionaria política socialista, consciente de que el viejo conocido Jean-Claude Juncker despertaba menos reticencias que su apasionado cabeza de cartel entre los miembros del Consejo Europeo, concluía que esta vez era mejor facilitar y apoyar el nombramiento del candidato popular. Así, una vez sentado el precedente, ya sería imposible que los líderes nacionales volviesen en el futuro a separarse del dictado de las urnas.

A largo plazo, salía ganando la incipiente comunidad política de ciudadanos europeos pero también la socialdemocracia pues, en caso de ser la fuerza con más escaños dentro de cinco o diez años, podría volver a asumir el liderazgo del poder ejecutivo en la UE gracias al apoyo del centro-derecha europeísta. A corto plazo, el desenlace tampoco sería tan malo. Al fin y al cabo, Juncker es un socialcristiano federalista que ha gobernando muchos años su país en coalición con el Partido Socialista Obrero Luxemburgués. Además, y aún más importante, la UE parecía estar escarmentada del bienio negro ordoliberal que duró de primavera de 2010 a verano de 2012, y ahora parecía irse restableciendo el equilibrio ideológico que está en el alma del proceso de integración. Recuérdese que el resultado deseado por nuestra eurodiputada –que en gran medida acabó confirmándose en mayo- contemplaba un grupo socialista a muy poca distancia del PPE. Algo que, combinado con una mayor presencia progresista en muchos gobiernos nacionales, prácticamente garantizaba una legislatura de consenso.

A partir de aquí, todo es más o menos conocido. El importante crecimiento del voto a fuerzas muy críticas con la UE oscureció por unas semanas este escenario. Pero en la práctica contribuyó a asentarlo pues, una vez pasado el momento apocalíptico, demostró que sería el eje más-menos integración en vez del izquierda-derecha el que iba a articular los próximos cinco años, facilitando así la conformación de una amplia base que incluye los dos grandes grupos pero también a liberales y verdes. Además, la fallida estrategia de David Cameron de evitar la designación de Juncker, alentada de forma histérica por la prensa británica, ayudó paradójicamente a la visualización de ese conflicto y al cierre de filas por parte del mismo Schulz en torno al luxemburgués.

Pero entonces, lejos de sentir satisfacción porque Bruselas fuera al fin capaz de producir un avance de alta política después de tanto tiempo alimentando la triste dinámica tecnocracia-populismo, el PSOE prefirió oponerse a la decisión de su grupo. Lo hizo sólo con la frágil compañía de sus correligionarios en Reino Unido y Suecia; dos países poco europeístas y fuera de la moneda común. Se trata, pues, de una decisión grave que rompe la larga tradición pactista de la socialdemocracia española en asuntos europeos y que se ha intentado explicar subrayando la causa aún más grave que motivaría este giro: el sufrimiento y desempoderamiento experimentados por muchos ciudadanos durante los últimos cinco años. A ojos de muchos progresistas, la crisis del Euro habría roto el difícil equilibrio que debe guardar un partido democrático de gobierno para ser a la vez responsivo con las preferencias de sus votantes y responsable frente a la UE, optándose ahora por el segundo objetivo de forma tan exagerada que casi se habría vaciado de contenido la existencia de programas diferentes y, por tanto, de alternativas para satisfacer los deseos de sus electorados.

Esa desagradable sensación explica que, si bien España sea uno de los pocos países europeos en los que jamás ha existido una gran coalición, en el imaginario de cierta izquierda se ha instalado la idea de un “PPSOE” que supuestamente gobierna y que debe ser castigado. Los dirigentes socialistas han reaccionado con pánico ante la pérdida de votantes que eso podría suponer y han optado por subrayar tanto en la campaña de mayo como en sus elecciones primarias que no apoyarían a alguien que, en vez de encarnar un hito democrático y la posibilidad de restablecer el consenso que tanto necesita Europa, era presentado simplificada e injustamente como el candidato de la derecha austericida.

Las premisas sobre la que se construye esa actitud pueden ser sólo electoralistas o quizás más respetables: una denuncia sincera del deterioro democrático, que ha frustrado sobre todo a los grupos sociales más débiles, o un intento de politizar la UE con una auténtica pauta de gobierno izquierda-derecha. Pero incluso en ese caso, la conclusión sería equivocada. En primer lugar, porque el débil y plural demos a escala continental hace implausible e indeseable que las instituciones europeas dejen de estar gobernadas por un amplio entendimiento que abarque al menos a socialdemócratas y democristianos de Norte y Sur. Precisamente la mala experiencia reciente de políticas económicas tan sesgadas geográfica e ideológicamente debían de haber convencido al PSOE de que es mejor aspirar al equilibrio programático y ubicarse a escala europea en el eje que divide a partidarios y detractores de la integración para tratar de responder a la mayoría social que aspira a una UE ambiciosa. Resulta incluso más eficaz pues, desmarcándose ahora tan rígidamente del apoyo a Juncker, los socialistas españoles se han autodescartado de poder moldear algo más hacia la izquierda el programa de gobierno para los próximos cinco años, perjudicando así los intereses de sus votantes. La conducta del italiano Matteo Renzi ha sido un ejemplo perfecto de todo lo contrario.

Así pues, tratando de superar la difícil tensión de todo partido de gobierno de izquierda al que le cuesta mucho ser responsivo en el eje ideológico nacional porque ha de ser responsable con sus obligaciones supranacionales, el PSOE ha optado por la peor de las respuestas: ser irresponsivo en el eje ideológico supranacional e irresponsable con sus compromisos nacionales. Además, ha puesto en riesgo la consolidación del precedente sobre la elección del Presidente de la Comisión al haber proporcionado a las fuerzas conservadoras una excusa que esa eurodiputada con tanta visión estratégica quería evitar pensando en futuras victorias socialistas. Y es posible que, cuando coincida con sus compañeros españoles, trate de hacerles ver la conveniencia de pensar con calma en las encrucijadas históricas.