Los paseos en camello en Islas Canarias son, probablemente, de las imágenes más repetidas por algunos creadores de contenido y visitantes, vendiendo esta fotografía como algo divertido, natural o incluso diferente. Los animales son en realidad dromedarios transportados hace siglos desde África, para los que se han inventado una raza propia, el camello canario, como fórmula administrativa para explotar no solo el paseo, también su leche, su piel, su lana y su carne. Todo forma parte de un compendio diseñado para sacar el máximo provecho de estos pobres animales.

Esta protección administrativa se sustenta en un argumento especialmente pobre: si no explotamos a los camellos (dromedarios), los animales desaparecerían de Canarias, y es precisamente esto lo que no interesa, por lo anterior expuesto. Sin embargo, no existe ningún estudio científico que avale que el camello canario sea un elemento biodiverso especialmente necesario para las Islas. De hecho, su papel se ha reducido a una mera imagen de postal, a un recurso simplón, hasta cutre, de lo que representa Canarias para algunos.

En un contexto en el que se debate sobre el turismo de masas, de cantidad y no calidad, del impacto que este tiene sobre los recursos hídricos y la naturaleza canaria, mantener los paseos sobre camellos solo insiste en esa misma línea: cuantas más personas, mejor, porque gano dinero. No hay más.

Pero la realidad y el trato que reciben los animales van saliendo a la luz: en el verano de 2023 se hizo viral un vídeo en el que podía verse el mal trato que unos camelleros proporcionaban a una cría que, según ellos, estaban adiestrando. Los golpes, los gritos, toda la escena indicaban algo muy evidente: para estos individuos el camello es una herramienta, no un ser sintiente.

Un año después, daban vueltas en redes sociales y medios de comunicación otras imágenes donde se evidenciaba que el trato a los camellos deja mucho que desear y que el modelo de turismo no tiene en cuenta en absoluto sus intereses como seres vivos. El vídeo mostraba la caída de un camello con varios turistas encima y, a renglón seguido, uno de ellos gritando al animal. Parecía un vodevil, una escena preparada, pero no. Es la triste realidad de los camellos.

Y como no hay dos sin tres, en 2025 una grabación de audio reveló la violencia que reciben los camellos en las granjas. En privado. A golpes. Una brutalidad que está bajo procedimiento judicial impulsado por ADEMAL, un colectivo animalista de Lanzarote.

Las grabaciones, donde se puede escuchar el sufrimiento de estos mamíferos, han dado lugar a una campaña internacional para que los principales tour operadores con intereses en Islas Canarias -como son Viator, GetYourGuide y Civitatis- cancelen toda actividad relacionada con los paseos. No es una situación nueva, puesto que el año pasado la multinacional Airbnb declaró públicamente la supresión de paseos en camello en Egipto, tras una intensa presión ciudadana y la publicación de escenas de evidente crueldad hacia los animales.

Todo esto parece pasar desapercibido para las administraciones públicas, que de hecho han regado con dinero de todas y todos a este sector, dinero que ha llegado a las asociaciones cuya finalidad es la “cría y conservación del camello canario” y a las granjas de donde salen los animales cada día para sufrir el peso de los turistas. Prueba del poder de este lobby camellero es que la raza ha sido incluida en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027; esto es, acceso a ayudas europeas mientras se destapan continuos casos de un trato inadecuado.

Y para rizar más el rizo, hay que decir que incluso hay administraciones que están directamente interesadas en el mantenimiento de los paseos. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Yaiza, que tiene el “derecho” a percibir el 10% de cada ticket vendido para subirse a un camello. Un diezmo que inhabilitaría a cualquier concejal o alcalde para investigar los casos de maltrato, puesto que es parte interesada.

En el momento en el que se escribe este artículo ya son más de 32.000 las firmas que refrendan el fin de los paseos en camello en Canarias, personas anónimas que consideran que subirse a un animal no es divertido y tampoco aceptable. Personas que apuestan, como señala la petición en Change.org, que existen numerosas alternativas para reconvertir este sector específico dentro del modelo turístico de las Islas.

A finales de este mes de enero ha tenido lugar en Ginebra el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, enmarcado en el séptimo ciclo de revisión y como mecanismo de seguimiento de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. Hay que recordar que la ratificación de los llamados “tratados internacionales” se enmarca dentro de la propia normativa española, tal y como resalta la Constitución y una norma específica promulgada en 2014.

Esto viene a significar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), firmada por España en la década de los 90, debe incorporarse como base en cualquier norma que pueda tener afectación sobre los y las habitantes hasta los 18 años de edad. Así, es habitual ver como la CIDN o el CDN se mencionan en preámbulos de normas sobre infancia y adolescencia de carácter estatal, como la LOPIVI, o en leyes autonómicas, como en Aragón o Castilla y León.

Siguiendo el procedimiento fijado por la ONU, que establece el formato y las fechas de registro, Fundación Franz Weber fue una de las organizaciones de la sociedad civil que presentó al Comité informes sobre la materia que comentamos. Un total de tres documentos donde se relatan acciones muy diversas: Promociones de entrada de niñas y niños a corridas de toros, participación directa en escuelas taurinas o incluso contextos de especial gravedad, desde cogidas a menores en encierros al acoso sucedido en alguna escuela taurina, de carácter escolar y sexual.

Estas sesiones del Comité de los Derechos del Niño con los países parte de la Convención se constituyen como un “diálogo interactivo”. Esto implica no un examen unidireccional, sino una fórmula donde los 18 miembros pueden preguntar sobre aspectos genéricos o situaciones concretas, y aquí quiero destacar la amplísima delegación del Gobierno español, con representantes de la práctica totalidad de ministerios y la Abogacía del Estado, que muestra la preocupación por el examen y la revisión de España ante este organismo de Naciones Unidas.

Las preguntas se sucedieron y la tauromaquia fue mencionada hasta en cuatro ocasiones por parte del grupo de trabajo. El miembro Bragi Gudbrandsson recordó la existencia de una recomendación específica sobre la presencia de menores en la tauromaquia, publicada en 2018, en la anterior revisión de España. Sí, es evidente que desde ese año no se ha cumplido. Más bien al revés, la promoción por parte de gobiernos autonómicos de la presencia y participación de menores ha sido casi sistemática y pone sobre la mesa el “negacionismo” que comparten con el lobby taurino.

Otra de las intervenciones destacadas fue de Rinchen Chophel, quien advirtió de la existencia de abundante trabajo científico que relaciona estas violencias con posteriores impactos negativos sobre los y las menores. Suzanne Aho, que llegó a ser ministra de Salud en su país, señaló la paradoja de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados “centros de formación de la tauromaquia”, es decir, las escuelas taurinas.

La intervención más extensa sobre la materia fue de Timothy P. T. Ekesa, que repreguntó a la delegación española sobre las escuelas taurinas, y sobre si dichas participaciones se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos.

Esto es muy importante. La participación de niñas, niños y adolescentes se produce en contextos de acompañamiento estricto de personas adultas: desde su círculo familiar, que ayuda a banalizar la violencia, hasta los poderes públicos, que intentan ofrecer una cobertura económica y legal para las escuelas de tauromaquia. Los menores aprenden, en privado, a utilizar elementos cortopunzantes y después “testan” en público sus habilidades en las denominadas “clases prácticas”.

Se trata de un acceso temprano a la violencia, que algunos justifican como libertad de educación o cultural, aunque nada más lejos de la realidad. El Comité de los Derechos del Niño recordó que la protección de estos grupos vulnerables se produce por encima de cualquier política pública de patrimonio cultural, esto es, que el interés superior del menor prevalece sobre una norma que considere la tauromaquia “cultura”, “costumbre” o “tradición”.

Ahora estamos leyendo y escuchando a próceres del lobby taurino. Los empresarios claman; un grupúsculo de Francia vomita resoluciones internacionales, sin tener en cuenta la posición original de Naciones Unidas; otros mezclan violencias o incluso se atreven a decir que los miembros del CDN “no conocen la tauromaquia”. Un argumento bien absurdo, atendiendo al formato de diseño de todos los Comités de Naciones Unidas y al sistema de elección particular en forma de representación continental.

La jugarreta que han hecho a la infancia vasca los grupos parlamentarios del PNV y los socialistas en el Parlamento Vasco es el colmo de la ignominia hacia el avance social y moral que se viene produciendo en la sociedad con respecto al trato que deben recibir los animales y que se ha consignado en normas pilares, como el Código Civil.

La consideración de los animales como seres sintientes choca con el interés de estas formaciones políticas por promover, incentivar, incluso integrar de forma artificial, la participación directa de niñas y niños en actividades taurinas, donde podrán ver el sufrimiento de becerritos y novillos como algo aceptable, también divertido.

La iniciativa legislativa de ambos partidos, que ni siquiera estaba incluida en el acuerdo de Gobierno, tiene párrafos absolutamente delirantes, que harían sonrojar a cualquier persona con dos dedos de frente. Se han inventado una regulación con 19 artículos y un par de disposiciones adicionales, un texto legal ínfimo que no respeta los mínimos estándares de derechos humanos.

Así, PNV y socialistas señalan que su Ley se sustenta en pilares como la “protección de la infancia y la juventud” para, a renglón seguido, reconocer que “conscientes de las recomendaciones de organismos internacionales, esta ley distingue claramente estos festejos de las corridas de toros profesionales”. Sin medias tintas. Por una parte verbalizan que conocen a la perfección las observaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2018, donde se pedía alejar a las personas menores de edad de la tauromaquia, y con la otra mano escriben tamaña barbaridad en un proyecto legislativo.

Eso no es todo, pues en el mismo párrafo se llega a afirmar que el hecho de que niñas y niños violenten becerritos o vean su dolor sirve para “transmitir el respeto por los animales y la naturaleza, despertando su interés por la crianza y la etología animal”. Esto es una aberración legislativa. Un intento de hacer creer a la ciudadanía vasca que a través del maltrato, la crueldad y la violencia se genera un hecho diametralmente opuesto al mismo tiempo.

Fundación Franz Weber y colectivos locales han mostrado su rotunda oposición a la propuesta, que busca pervertir los derechos fundamentales de estos grupos vulnerables en favor de un lobby taurino ávido de relevo generacional, conscientes de que más convocatorias no significa mayor participación o identificación. Es obvio que prácticas como el sokamuturra [toro ensogado en euskera] están en franca decadencia, que cada vez se localizan más en un territorio determinado, como Gipuzkoa, y que la asistencia a la tauromaquia queda acreditada con las plazas semivacías de Donosti y Bilbo.

Existe abundante literatura científica sobre los efectos de la exposición a la violencia por parte de personas menores de edad. Incluso los estudios que el propio lobby trata de instrumentalizar para defender su participación concluyen que hay riesgos, traumas y peligros.

Es habitual, en el marco de esta insensibilización, que se organicen actividades supuestamente asépticas. Desde el uso del juego relacional hasta la simulación, las administraciones públicas colaboran con convocatorias dirigidas a niñas y niños de muy corta edad en donde se dulcifica y se normaliza, o se intenta, que estos y estas pequeñas acepten la violencia a partir de imitaciones. Ello es puerta de entrada a la realidad de la violencia, el sufrimiento, la sangre y todo lo que sucede en una calle o en un coso.

Con todo, parece que ningún argumento basado en la ínfima participación ciudadana, en el riesgo psicosocial, moral y físico de las y los menores, en la aberración que se pretende plantear en el ordenamiento jurídico vasco, parece hacer reflexionar a esta clase política.

Notas de las editoras:

. Están convocadas concentraciones de protesta el próximo domingo 30 de noviembre en Bilbo, Donosti y Vitoria-Gazteiz, promovidas por más de cuarenta organizaciones de protección animal en Euskadi.

. También hay una petición de firmas por la retirada de la Ley de Fomento Taurino en Menores en Euskadi.

En 2024 una noticia sorprendía a la ciudadanía de Cantabria: la Consejería de Presidencia anunciaba ayudas directas para organizar eventos taurinos en localidades “en riesgo de despoblación”, precisamente con esa justificación: que la tauromaquia ayudaba a fijar nuevas y nuevos pobladores en pequeños municipios.

Ese mismo año resolvía la primera convocatoria de subvenciones, unos 42.000 euros, para un selectísimo grupo de localidades, que financiaría la organización de corridas, novilladas, encierros o sueltas de vaquillas. La convocatoria permitía incluso pagar gastos de propaganda e imprenta. Un todo incluido de manual.

Un año después se volvía a anunciar la polémica convocatoria y el argumentario del PP de Cantabria, que gobierna la Comunidad con no pocas manitas de la ultraderecha, había cambiado. Ahora ya no era “fijar población”, se trataba de “dar a conocer” los pueblos con una corrida de toros. Sí, miles de euros para una actividad de menos de dos horas contribuía a situar Rasines, Molledo o Bárcena de Pie de Concha. Tremendo.

La estrategia es clara: promocionar artificialmente la tauromaquia en el rural cántabro con dinero público, a pesar del desinterés de la ciudadanía por estas prácticas y del rechazo mayoritario de la sociedad al maltrato animal institucionalizado como actividad de ocio.

Sin embargo, la iniciativa de estas “paguitas” municipales tiene otra derivada: la de promover la participación de personas menores de edad. En la práctica totalidad de los festejos taurinos subvencionados en 2024 y 2025 por el Gobierno de Cantabria se han incorporado promociones, ofertas e incluso el acceso gratuito de bebés, de niñas, de niños o de adolescentes. Precios más bajos para que cualquier adulto introduzca a su hijo, a su sobrina o a su nieto en la violencia de la tauromaquia.

Hace poco, Fundación Franz Weber denunciaba las promociones para menores en la “suelta de vaquillas” de Pisueña y presentaba una denuncia administrativa por la suelta de un becerrito ensogado entre unos pocos niños y niñas en La Edilla, en el municipio de Rasines, por ser un espectáculo radicalmente ilegal. También Federación DEAN solicitaba documentación sobre los permisos otorgados a actividades similares en otros municipios en progresiva despoblación.

Todo configura un leit motiv muy claro, que no es otro que buscar a la desesperada y con fuerte soporte institucional el relevo de la tauromaquia.

A ello podemos sumar la ciudad de Santander, cuya alcaldesa, Gema Igual, lleva años con una bochornosa promoción de todo lo que huela a sangre de toro. Ha promocionado la feria taurina con desplazamientos a municipios de otras comunidades autónomas, una colección de cromos taurinos de dudoso interés público, ha cedido la plaza de toros pública a una escuela taurina prácticamente sin inscritos y con domicilio fiscal en Palencia, ha duplicado la aportación a la sociedad que administra esta plaza, hasta los 70.000 euros anuales… Y todo ello animando a que los y las más pequeñas de la casa vean cómo se maltrata a un toro o un novillo hasta la muerte.

Mientras los grupos más vulnerables, en efervescente desarrollo moral e intelectual, todavía tienen problemas para el acceso digno a su pediatra en el pueblo, a disponer de instalaciones deportivas y educativas en buen estado, o a una programación cultural y festiva de calidad, la estrategia cántabra trazada por PP, Vox y en no pocas ocasiones el Partido Regionalista, fomenta la violencia y la mutilación de animales como alternativa de ocio.

El verano es sinónimo de descanso, de fin del ciclo lectivo y de una conciliación familiar, si cabe, bastante compleja, en términos generales. Pero también es la época del año en la cual el lobby taurino multiplica sus acciones para tratar de acerca a niñas, niños y adolescentes a su afición, y también negocio, basado en la violencia y el sufrimiento.

Novilladas financiadas con cientos de miles de euros de administraciones como la Junta de Castilla y León, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de Extremadura, que incluyen el acceso gratuito de menores de 14 o de toda la franja legal (18 años), convocatorias de municipios pequeños donde los ayuntamientos actúan como promotoras taurinas y regalan entradas infantiles, encierros “chiqui”, trashumancias de bueyes, simulaciones… Todo sirve para justificar un supuesto interés por la tauromaquia que no es real: hay falta de relevo generacional más allá del grupúsculo de Cayetanos que salen regurgitando en videos de redes sociales.

Hay más aberraciones, no vayas a creer. En Sevilla organizan un “campus de toreo” para menores que incluye un tentadero. Una actividad basada en niveles: “iniciación”, “medio” y “perfeccionamiento”. Es decir, que esta chavalada podrá maltratar en vivo y en directo a animales bajo un halo de actividad lúdica que acabará por insensibilizarlos a la violencia, creando nuevos “aficionados” que normalicen la ejecución pública de animales entre comentarios de refuerzo positivo de padres, madres, abuelos y otros referentes morales.

No podemos obviar que durante los últimos años la ola reaccionaria también ha sumado la tauromaquia como una de sus banderas de la llamada batalla cultural.

Hace años, en la provincia de Guadalajara, se planteó un campamento de verano similar. Y es que el lobby taurino intenta maquillar la cruel realidad con actividades no relacionadas: piscina, fútbol, talleres de pintura, para intentar dulcificar la parte más dura de sus convocatorias, donde mostrarán a niños y niñas, algunos de muy corta edad, como clavar las banderillas en el lomo de los bóvidos, como atravesar su cuerpo con un estoque. Todo ello como idea de verano.

“¿Y cuál es el problema? Son solo actividades veraniegas”. Entre la frase y la justificación de “quien no quiera, que no vaya; libertad”, estamos ante un contexto de trivialización de la violencia. Todavía existen familias en España que ven adecuado que su hija o hijo aprenda a desollar un becerro y aquí podemos encontrar la típica excusa de la tradición para sumar excusas sociales, morales o políticas.

No podemos obviar que durante los últimos años la ola reaccionaria también ha sumado la tauromaquia como una de sus banderas de la llamada batalla cultural. De este modo se entiende el interés de determinados partidos políticos en Gobiernos que hacen del subsidio a escuelas taurinas, campamentos de toreo o novilladas con descuentos una acción pública concreta.

En 2018, tras la revisión de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se publicaron las Observaciones Finales con un apartado, el nº 25, muy claro y explícito:

“A fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en niños, el Comité recomienda que el Estado prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros”.

Han pasado más de siete años y el contexto no solo no ha mejorado en esta materia, ha empeorado de forma sustancial. Si España ratificó en su momento la Convención Internacional, si casi todas las leyes autonómicas de infancia y adolescencia se arrogan la Convención en sus textos, resulta incluso surrealista que después ignoren las objeciones que formula el Comité de expertos y expertas encargado de revisar el cumplimiento de este Tratado internacional. Parece que el lobby taurino pesa más que los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En los tres últimos años, por acotar un poco la realidad de la que escribo, las noticias sobre subvenciones, ayudas, apoyos y otros soportes institucionales a la tauromaquia se han incrementado. No es extraño que cada semana salte alguna noticia en los medios de comunicación que hable de una nueva concesión, de cesiones gratuitas o de las denominadas por el ecosistema conservador como “paguitas”.

Podemos afirmar que uno de los grandes exponentes en la recepción de fondos públicos es la Fundación Toro de Lidia (aka fundación chiringuito de lidia), ya que su grado de captación de fondos públicos destaca sobre el resto y ha sabido encontrar un filón en determinados gobiernos locales, provinciales y autonómicos; entre estos últimos, destacan Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

De 2022 a 2024, este grupo de presión, conformado por ganaderos, toreros y empresarios, donde el “aficionado taurino” está representado en una más que exigua base social real, ha recibido casi dos millones de euros. Gran parte de los fondos, como una especie de empresa de externalización de novilladas, con la excusa de formar a novilleros y demás purria aspiracional. Es uno de los ejemplos más claros de astroturfing, construir un relato, un discurso, para hacer creer que se trata de un movimiento social, cuando la realidad es la creación de un auténtico lobby que interactúa con cargos públicos de tú a tú y los convence para pagar sus actividades.

Estas subvenciones no han estado exentas de polémica social, y también jurídica. La Fundación Toro de Lidia debió devolver una de estas “paguitas” a las arcas de la Junta de Castilla y León. Vaya, los garantes de la tauromaquia recibieron un duro latigazo judicial que, seguro, desmontó su balance económico; o no, porque las ayudas de la Junta se han mantenido.

Además del falso discurso social o de soporte popular que intentan introducir a través de fotografías de plazas de toros con público -habitualmente de los mismos recintos y muy localizados en su conceptualización de la división territorial del Estado español-, hacen gala de un dañino y peligroso negacionismo.

En 2023, a través de un llamado “Instituto Juan Belmonte”, que no va más allá de colgar artículos en una página web y distribuirlos en redes sociales con más pena que gloria en interacciones, se llegó a señalar la campaña 'Infancia Sin Violencia', de Fundación Franz Weber, y su trabajo por el cumplimiento de las observaciones que formula el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Este relato negacionista-destructivo viene a afirmar que dicho Comité no forma parte de la ONU. Curioso, cuando este organismo de expertas y expertos en derechos de la infancia y la adolescencia, con envidiables currículums en la materia, se reúnen en Ginebra. ¡Y tienen su sede en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos!.

De hecho, el desmontaje del argumentario protaurino, influenciado por los discursos neocón y ultraderechistas sobre la posverdad y por el continuo lanzamiento de bulos, es muy sencillo. Basta con visitar la página web oficial del Comité de los Derechos del Niño y comprobar su adhesión, así como los logotipos de Naciones Unidas y la ACNUDH.

Esto nos llevaría a afirmar que existen administraciones públicas que están financiando la desinformación a favor de la tauromaquia y de su ruinoso funcionamiento, porque la realidad es que, sin el ingente soporte que prestan estas instituciones en España, nadie querría organizar una novillada en Sahagún, por poner un ejemplo.

Pero no solo eso. La hiperfinanciación pública a la tauromaquia, a pesar de que el relato quiere hacerte creer que crece la asistencia a estas actividades, también es una batalla cultural. La Fundación Toro de Lidia y sus tentáculos de presión lograron inventarse un galardón taurino tras la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, después de que un proceso de participación ciudadana avalara por amplísima mayoría la decisión del Ministerio de Cultura.

Este premio, entregado en el Senado, y del cual no sabían prácticamente nada los grupos parlamentarios (que cuestionaban el uso de la Cámara para las peleas del PP y la ultraderecha con el Gobierno central), contó con el apoyo explícito de varios gobiernos autonómicos. Bien, pues a día de hoy no sabemos qué dinero ha aportado cada comunidad ni cómo territorios como la Región de Murcia o Cantabria posaban en la foto, cuando su grado de penetración de la tauromaquia es más bien bajo en comparación con otras, que hacen del maltrato animal una bandera.

Una vez más, las administraciones usando nuestros impuestos para pagar el gusto de cuatro toreros, ganaderos y empresarios. Y lo peor es que emplean una institución del Estado, como es el Senado, para hacer creer o para dejar en el imaginario colectivo que su premio tiene algún grado de equiparación con los que entrega el Ministerio de Cultura.

Por eso podemos afirmar que el poder de este lobby es importante, mantenido y sostenido con nuestros impuestos. Sin las millonarias subvenciones que ha percibido y sigue percibiendo, la infraestructura de presión de la tauromaquia sería diferente.

A principios de 2020, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, lanzaba un curioso anuncio: la transformación del parque zoológico de la ciudad, destacando que no quería animales en cautividad en su localidad. Más de tres años después aquella rueda de prensa ha quedado prácticamente en papel mojado, cuyos efectos los han sentido los animales, y no son positivos.

Previamente a aquel golpe de efecto publicitario, tuve la oportunidad de visitar en varias ocasiones el parque zoológico, donde la colaboración de los empleados permitió conocer en detalle qué sucedía en su interior, qué carencias existían y cómo una plantilla bajo mínimos trabajaba para evitar que los animales vivieran en unas condiciones precarias.

El zoo de Vigo nunca ha sido un recinto adecuado. Ni sobre el terreno ni sobre el papel. Las instalaciones se ubican en un suelo objeto de numerosos procesos judiciales, y el funcionamiento del mismo ha incluido a lo largo de su historia varias muertes de animales en circunstancias lamentables, como la jirafa que se empeñó en traer un alcalde y que causó baja no mucho después.

A ello se suma el periplo de los tres últimos años. Ya en octubre de 2020 se “activaba” el siguiente paso del supuesto plan de transformación con la venta de animales. A pocas personas les puede parecer adecuado ofertar animales “por lotes”, hasta un total de 89 seres vivos cuya vida se iba a subastar al mejor postor. Es extraño que, si tu objetivo es no tener animales presos, optes por venderlos como meros objetos de decoración. La justificación, como señalaba la prensa local, fue que era para liberar espacio y “acometer su proyecto de concepto sobre lo que debe ser la exposición de animales en recintos más abiertos y didácticos”.

Y para añadir más épica a la subasta, detallaban que “este cambio permitirá educar a las nuevas generaciones sobre la vida y conservación de los animales en recintos más atractivos”. Es raro hablar de atractivo, y queda la duda de si era en referencia a los propios animales o para el público previo pago.

Durante este proceso, podemos decir que no se ha contado con toda la experiencia posible. Ni ZOOXXI ni Fundación Franz Weber hemos sido interpelados en momento alguno, a pesar de las solicitudes que hemos realizado. Y por ello nos gustaría conocer qué expertos o qué plan escrito existe para considerar que la reconversión de un zoo debe incluir contratos para construir tirolinas y crear espacios “multiaventura”.

El parque ha vuelto a ser noticia en medios estatales gracias a la filtración que destapa la muerte continuada de los animales que allí seguían. Situaciones descritas por la prensa como la muerte de wallabies por ingerir, presuntamente, un matarratas, el tigre ahogado en el foso y otros individuos por diversos contextos descritos, como el frío, configuran una imagen terrible del lugar.

El último suceso fue Kabul, la pantera eutanasiada por “padecer anorexia”. Sin embargo, el uso de este método ha sido habitual en los últimos años y se pueden contar más especies: jabalíes, gallinas, cualquier animal estaba en peligro en un espacio supuestamente pensado para la conservación. Al menos esa es la línea de marketing habitual de los parques zoológicos y acuarios.

La tormenta que se ha desatado ha logrado movilizar a todos los grupos políticos de la oposición y a aquellos sin representación en el pleno municipal. Nada parece erosionar la imagen de un zoo que ya se construyó siendo un sinsentido.

Que la inmensa mayoría de la ciudadanía no empatiza con los animales marinos es un hecho fácilmente comprobable en sus hábitos alimentarios. Lubinas, salmones, truchas o rodaballos son considerados simples productos cuya cría es una cuestión tabú que rara vez ha aparecido en los medios de comunicación.

La investigación que presentó a principios de mes la Fundación Franz Weber alrededor de una docena de piscifactorías españolas ayuda a entender un poco más cómo este sistema turbocapitalista de producción de proteínas animales no solo es tremendamente ineficiente, también usa la crueldad legal como método estandarizado. Animales forzados a desovar, otros que agonizan durante noventa minutos en el denominado “sacrificio en hielo” hasta finalmente morir y cientos que son contabilizados como “bajas” en las hojas de trabajo de cada tanque.

Las hemos llamado 'Las Otras Macrogranjas' porque reúnen todas las características de un sistema intensivo: miles de animales hacinados en jaulas en el mar o en tanques construidos en tierra, alimentación continuada con piensos y derivados y un impacto en la naturaleza difícilmente cuantificable. Solo en una granja marina de la Comunitat Valenciana había 50.000 individuos por jaula, y la empresa disponía de veinte armazones de idéntica capacidad.

El consumidor ignora todo esto. Desconoce que algunas especies que aparecen en las imágenes deben ser alimentadas con otros animales, lo que implica fomentar la pesca de peces salvajes para elaborar piensos. Es decir, desde la industria siempre se ha intentado vender la idea de que la acuicultura es sostenible, cuando en realidad sigue favoreciéndose a la industria pesquera de arrastre, una de las más destructivas de los fondos marinos.

Tampoco sabe la mayoría de las personas de la falta de bienestar de estos animales. El trabajador que aparece al comienzo del vídeo lo resume perfectamente: “¿Bienestar animal? Ninguno”. Si de entrada te dicen eso, es probable que la realidad sea mucho más dura y el vídeo divulgado por FFW así lo demuestra: en una de las macrogranjas se llegaba a afirmar que en dos días perdieron a más de 3.000 animales, probablemente por el manejo inadecuado de las instalaciones. Unas bajas que los criterios empresariales consideran asumibles.

Por supuesto, las macrogranjas también dan margen a la creatividad publicitaria. Algún conocido influencer de la “comida real” ha llegado a participar en campañas que alababan el “producto final” cuando su proceso está plagado de sufrimiento, contaminación y opacidad. A fin de cuentas, dinero llama a dinero, ¿no?

Además de vincular las piscifactorías a personas con influencia en redes sociales, también son capaces de crear animales a la carta, y nunca mejor dicho: en la cría de salmones se llega a colorear su carne para manipular la sensación de naturalidad en la pescadería. Una carta de colores a medida para introducir esos tonos anaranjados que en las macrogranjas se quedan en un soso y poco apetecible gris.

Los peces son reducidos a simples piezas de consumo sobre el mostrador del supermercado. Es tal su escasa consideración que la producción en España se cuantifica en toneladas, no en individuos. Más de 200.000 toneladas al año de producción en macrogranjas marinas son muchos millones de animales, y todavía más si se incluye a aquellos que mueren durante el proceso.

En los últimos meses el debate sobre las piscifactorías ha llegado a nuevas especies, con la intención de grandes empresas de comenzar a explotar la cría y venta de pulpos en jaulas, saltándose toda la literatura científica que ha demostrado que estos animales tienen una inteligencia fascinante. Al final, aquello del pulpo Paul escogiendo a los ganadores de cada partido de la Eurocopa de 2008 fue el preludio de la estupidez que se iba a cometer: encerrar, para hacer caja, a una especie cuya explotación en su medio natural está llegando a niveles críticos.

Y sí, las imágenes hablan por sí mismas: la mejor forma de proteger a los peces es no comerse a los peces.

Que la industria cárnica es una maquinaria depredadora de la Naturaleza y de los millones de animales que mantiene cautivos en todo tipo de granjas es un hecho innegable. Menos conocidas son algunas de sus prácticas para mejorar sus cuentas de resultados, como el uso de la hormona PMSG (pregnant mare serum gonadotropin), que, como su propias siglas indican, se extrae de yeguas preñadas.

Una ficha técnica oficial describe sus propiedades para inducir “el desarrollo folicular en los ovarios inactivos de las hembras sexualmente maduras y también, frecuentemente, en hembras prepúberes y seniles”. De este modo, el compuesto a partir de esta hormona es comercializado con la promesa de mejorar la fertilidad de las hembras en granjas, planteando una mayor capacidad de cría de animales.

Una investigación liderada por la Animal Welfare Foundation y difundida por una coalición de ONG de toda Europa, desde Eurogroup for Animals hasta Fundación Franz Weber, ha puesto sobre la mesa las terribles condiciones de las yeguas en decenas de granjas ubicadas en Islandia. En las imágenes se puede ver cómo golpean a los animales, cómo les colocan y extraen cánulas de gran tamaño para realizar extracciones masivas de sangre y cómo las condiciones higiénico-sanitarias son deplorables. Lo que importa, cómo no, es maximizar beneficios, aunque ello implique que muchos animales sufran y mueran.

Los caballos son sometidos a una violencia completamente evitable, mientras se les extrae una media de 5 litros de sangre cada semana, práctica que vulnera cualquier recomendación internacional sobre usos ganaderos y bienestar de los animales. Son, literalmente, elementos de los que exprimir el máximo posible para elaborar los medicamentos veterinarios posteriores.

Con la promesa de que los ganaderos obtendrán más crías, y de que les supondrá una menor carga de trabajo y un mayor beneficio económico, empresas de muy diverso tamaño avalan estas prácticas para engordar sus bolsillos. El ejemplo de esta aberración se ha podido ver tras el registro de una proposición legislativa en la propia Islandia.

En los últimos meses, diputados y diputadas de varias formaciones políticas impulsaron una iniciativa para prohibir estas sádicas prácticas, destinadas a la industria cárnica y láctea, y en el periodo de participación ciudadana se ha podido comprobar de una forma cristalina quienes están detrás de todo ello.

¿Es posible apoyar esta atrocidad?

Para la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Rasa Aragonesa (ANGRA), para el Consorcio de Promoción del Ovino y para veterinarios asociados a la ganadería, se trata de un producto necesario para no sacrificar reses. Es un argumento delirante: sangren a las yeguas embarazadas porque de lo contrario tendríamos que matar a las madres que no son fértiles en nuestras granjas. Nada dicen de alternativas existentes en el mercado farmacéutico ni de lo cruel que es esta dinámica de trabajo. Como está en Islandia, a más de 2.800 kilómetros de la península ibérica, es algo que conviene ocultar.

Así, junto a conocidas corporaciones alimentarias españolas y organizaciones sectoriales de otros países, han hecho presión para que las y los representantes del Alþingi -el Parlamento islandés- no saque adelante la propuesta de prohibición. Después, estas mismas empresas colocarán una pegatina de “Bienestar Animal” en sus productos, como si desangrar yeguas fuera algo ajeno a todo su proceso.

La investigación de AWF ha determinado que al menos 5.000 yeguas sufren este tormento solo en Islandia, pero las prácticas también tienen lugar en Latinoamérica, con denuncias de crueldad en Argentina y Uruguay.

Una vez más, el lucro está por encima de la integridad de los animales, y todas las estrategias del lobby cárnico y lácteo están encaminadas a dulcificar o, si se quiere, a dar una capa de pintura a un sector basado en la violencia hacia los animales como proceso mecanizado, donde las vidas se convierten en números y estadísticas tendentes a revisar una cuenta de resultados cada trimestre fiscal. La próxima vez que veas un certificado de bienestar animal recuerda que las granjas de sangre proveen la “fertilidad” necesaria a esas explotaciones ganaderas.

Que los partidos políticos van por detrás de la sociedad civil es un hecho innegable en prácticamente todos los apartados de la vida económica, social y moral de España, y solo hace falta ver lo que sucede con las no-políticas de protección de los animales de estos últimos cinco años.

El anuncio del Anteproyecto de Ley de Protección Animal abrió el pasado octubre un pequeño rayo de esperanza para contar con una primera norma de carácter estatal que abordara una problemática que no deja de multiplicarse: maltrato, violencia y abandono contra seres vivos de muy diferente especie.

Ese documento planteaba, en una primera redacción pública, el cierre de las granjas de visón americano para aprovechamiento de sus pieles. Estos recintos son centros de puro sadismo, donde los mustélidos permanecen cautivos durante semanas, alimentados con sus mismos congéneres y en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Lo que recomiendan los estándares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ni más ni menos.

Este mismo Ministerio ha sido el mayor valedor del lobby peletero. Así, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, y ante las evidencias científicas que advertían de que cada granja con decenas de miles de animales encerrados era una bomba biológica en potencia, el departamento se dedicó a lanzar protocolos y patadas hacia adelante a las reiteradas peticiones de ONG y fuerzas políticas que demandaban una clausura inmediata y la apertura de procedimientos de transformación empresarial.

¿La excusa? La misma que emplea el MAPA para cualquier explotación animal, que no es otra que decir que una granja de visones americanos fija población, lo cual es, como poco, una falsedad. Estas empresas contratan muy poco personal y gran parte del mismo es temporal, respondiendo a momentos determinados, como la hora del sacrificio de los animales. Además, las inyecciones de capital extranjero responden a la huida de Europa, donde la propuesta de prohibición se ha extendido por motivos de salud y de protección animal.

En el contexto actual destaca un sondeo sociológico encargado por la ONG Tu Abrigo Su Vida. Contactaron con la consultora IPSOS, conocida por múltiples trabajos independientes de opinión ciudadana, y lanzaron una encuesta cuyos resultados deberían avergonzar al ministro Planas.

El 76% de la población española cerraría las granjas peleteras, y una mayoría todavía más amplia, el 87%, considera moralmente inaceptable criar y matar visones por su piel. Podríamos decir que existe un consenso social a favor del cierre de las explotaciones existentes en España. Tres de cada cuatro ciudadanos avalarían la clausura de unas instalaciones que han sufrido numerosos brotes de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En algunos casos, como en Puebla de Valverde (Teruel), la infección acabó con el sacrificio de 92.700 visones y con una indemnización del Gobierno aragonés a la empresa explotradora superior al millón y medio de euros.

Durante el pasado año, Francia e Italia prohibieron la actividad de las granjas peleteras, uniéndose al grupo de 13 de los 27 estados miembro de la Unión Europea en responder a la evidencia científica –que demuestra que las denominadas especies peleteras no pueden ver sus necesidades biológicas básicas satisfechas– y con un amplio soporte social, de acuerdo a los estudios de opinión llevados a cabo en estos países.

El uso de animales en todo tipo de actividad de ocio es habitual, y el periodo navideño no escapa a los golpes de efecto que algunos alcaldes y alcaldesas pretenden dar, alquilando toda suerte de seres exóticos para lograr noticias positivas en los medios de comunicación. Pero se equivocan.

En los tres últimos años, el debate abierto sobre la sintiencia de los animales y el cumplimiento de las mínimas garantías de protección y libertad, así como su explotación, ha llegado a las Cabalgatas y desfiles navideños. En Ourense, por ejemplo, la polémica estalló en las semanas finales de 2019, cuando el gobierno local decidió contratar a una conocida empresa para pasear a varios renos atados por las calles del municipio. Los mamíferos tuvieron que soportar el bullicio, los gritos, los flashes de las cámaras, los tocamientos de adultos y menores, la música ensordecedora de los acompañantes y la indiferencia de los gobernantes. El Ayuntamiento de Ourense ha vuelto a alquilar animales, esta vez dromedarios, en su última cabalgata, cosechando nuevamente críticas perfectamente fundadas en la postura veterinaria: los animales son sometidos a un estrés innecesario y se les coloca en espacios radicalmente ajenos a sus hábitats naturales.

El caso de Ourense no es el único. Medina del Campo es otro ejemplo perfecto de la cosificación de los animales para el interés partidista. Su alcalde, además de ensalzar la presencia de numerosas especies sobre el asfalto -desde ocas hasta un elefante-, no duda tampoco en ejercer bloqueos en redes sociales. Lo mismo, para que nos entendamos, que impedir el acceso a un cargo público por no pensar como él. El concepto de democracia participativa, del derecho a la crítica, es segado en los espacios virtuales y abre peligrosos precedentes.

Si bien estos alcaldes -el de Ourense o el de Medina, y también el de Madrid- promueven la crueldad como fiesta, no se quedan atrás las decisiones de sus colegas en otras partes del Estado español. Tampoco son especialmente transparentes en relación al uso del dinero público para estos espectáculos, puesto que ninguno ha dado las cifras reales gastadas, aunque ciertos medios de comunicación señalan que solo los tres dromedarios habrían costado 12.000 euros a las arcas ourensanas. Y todo para generar una publicidad negativa de la ciudad. Costosa acción de mercadotecnia.

La imagen que reciben las niñas y niños de estos animales es una caricatura, una simplificación de su comportamiento mientras son exhibidos por las calles con disfraces, con un refuerzo positivo de los integrantes del desfile y sin ninguna posibilidad de entender la situación que sufren.

Tampoco podemos olvidar los riesgos que entraña su uso: este año se han difundido escenas de peligro real para los animales, los trabajadores y el público. Imágenes que han tenido un impacto importante en redes sociales, desde el caballo que muere por una parada cardíaca en Valls (Cataluña), el camello que se derrumba en Elda (Comunidad Valenciana) y que pudo haberse lesionado de gravedade, al lanzamiento de petardos al paso de caballos en Tres Cantos (Madrid), que provocó el terror de las personas congregadas allí, que vieron cómo el équido se les echaba encima a causa del miedo que sintió por el estruendo.

No todo son malas noticias

Decía al comienzo de este artículo que el debate se había abierto, que se estaba profundizando en él y que se están logrando cambios interesantes. El que puedo destacar, por cercanía geográfica, es el de Pontevedra. Por primera vez en muchos años, la cabalgata no incluyó animales. Esto es una buena noticia para quienes llevamos años defendiendo desfiles sin fauna explotada, y sin duda anima a avanzar en otras localidades.

Un movimiento importante ha sido la carta abierta firmada por un centenar de personalidades de la Cultura y las Artes Escénicas, junto a la Fundación Franz Weber, avalando fiestas que no impliquen sufrimiento animal, reclamando al conjunto de ayuntamientos una perspectiva más inclusiva y amable de los desfiles. Aunque algunos cargos electos no se han sentido interpelados, otros sí apoyan la misiva y su contenido, lo que es un paso muy, muy importante.

En este sentido, más de 75.000 firmas en la plataforma Change.org se suman a Carlos Bardem, Fernando Tejero, Nathalie Poza o Nuria Gago bajo el título 'Cabalgatas éticas y seguras'. Porque ahora es el momento de dejar estas prácticas en los libros de Historia, no en las páginas de sucesos de los periódicos.

Según el lobby peletero, en Galicia se “producen” unas 615.000 pieles de visón americano al año, es decir, cientos de miles de animales gaseados por su piel para satisfacer una demanda que apenas encuentra interés en el propio territorio español.

En esta comunidad permanecerían operativas 25 granjas, que albergan a los mustélidos en condiciones que sorprenderían al gran público. Para prevenirlo, los grupos de presión siempre han sido muy cuidadosos en mostrar la realidad de su negocio, vetando la presencia de periodistas, construyendo altos muros alrededor de sus naves y amenazando a todo aquel que intente realizar un video o una simple fotografía de la terrible vida de estos pequeños animales.

Sin embargo, en los últimos años, investigaciones de ONG como Igualdad Animal y Tu Abrigo Su Vida han destapado la realidad de una industria que sobrevive gracias al favor de los gobernantes. Instituciones como el Ministerio de Agricultura o la Xunta de Galicia han hecho más para mantener abiertas las granjas de visones que cualquier campaña de greenwashing de la patronal.

La aparición de la Covid-19 ha supuesto un desafío internacional para el mundo científico y para todo el sistema capitalista. Con millones de muertos y otros tantos casos de contagio en el planeta, las granjas peleteras no han sido ajenas al reto y, gracias a estudios realizados en un tiempo récord, hemos sabido cómo el visón puede ser contagiado por los humanos y viceversa.

Tenemos bombas pandémicas por decenas en España y las condiciones de cautividad de estos pequeños animales hacen que cada granja se convierta en un potencial reservorio de potenciales mutaciones víricas.

Esta capacidad de contagio conlleva para los animales una mala prensa que allana el camino para medidas de matanza masiva, como sucedió en Dinamarca con 17 millones de mustélidos y también en España, cuando en una granja de la provincia de Teruel se mató a más de 100.000 con la excusa de evitar contagios. En otros casos, la opacidad de las administraciones públicas es vergonzosa: al momento de escribir este texto el 56% de las granjas de Galicia había notificado casos de Covid-19, pero no se explica nunca cuál es el final de los animales, seguramente para evitar una reacción social negativa contra este negocio cruel.

Ahora te preguntarás que ha hecho la patronal. NADA. No le hace falta salir en los medios de comunicación al paso de las noticias negativas sobre sus granjas porque los poderes públicos son su mejor paraguas. Las consejerías de las diferentes comunidades autónomas ya se encargan de contarnos que los brotes están controladísimos y que los protocolos preventivos funcionan. ¿Cómo van a funcionar cuando hay casos en más de la mitad de las explotaciones?

En respuesta a la desinformación, la Fundación Franz Weber y Tu Abrigo Su Vida impulsan desde 2020 una intensa campaña para reclamar la clausura de las granjas y un plan de reconversión que posibilite crear puestos de trabajo dignos y seguros, avanzando hacia sectores que no torturen animales para obtener ingresos. El informe 'Visones 360' es un buen ejemplo de esta labor, detallando la respuesta que ha ofrecido cada país a la crisis peletera, la vida de mierda de estos pobres animales y el efecto que ello implica sobre el planeta.

Vacunas para el visón antes que para los países en desarrollo

La reacción del lobby peletero a la capacidad del visón americano de transmitirnos el SARS-CoV-2 ha sido sorprendente: anunciar la vacunación de los animales en granjas, en lo que parece un evidente intento de calmar los ánimos y de seguir vendiendo pieles de animales como si ello no tuviera otros impactos: crueldad animal, contaminación ambiental, daños en la biodiversidad…

De este modo, comenzando por Rusia y Finlandia, los pequeños mamíferos recibirán antes una dosis de la vacuna que millones de personas residentes en países en vías de desarrollo.

La medida es obscena, se mire por donde se mire, porque no procura la salud de los animales sino el bienestar de una industria que hace dinero matándolos por su piel para que una minoría compre abrigos confeccionados con sus lomos.

Vacunarán visones para despellejarlos a los pocos meses. Indecencia propia de quienes consideran que el pelaje de un ser vivo es algo digno de llevar encima, cuando existen tejidos y propuestas de vestimenta libres de crueldad y con un impacto ecológico mucho menor que su manufactura.

¿La Ley que acabará con las granjas?

El pasado 6 de Octubre se presentó en Madrid el Anteproyecto de Ley de Protección Animal. Si bien no es la primera vez que se intenta trasladar un texto de estas características a las Cortes Generales, en esta ocasión el documento incluye un apartado que podría clausurar definitivamente las granjas peleteras.

Así, el artículo 39.5 señala que “se prohíbe la cría de animales silvestres alóctonos, tanto terrestres como marinos, así como comerciar con aquéllos, incluido el caso de explotación de sus pieles o subproductos (…)”, lo que abre esa puerta a la abolición.

Con muchos trámites por delante, el Anteproyecto promete abrir un debate sobre la pervivencia de la peletería. Debate, por cierto, que se ha cerrado en numerosos países, que ya han adoptado el fin de esta industria violenta con amplias mayorías parlamentarias.

Una de las falacias más repetidas por el lobby procaza en España es que su afición es una actividad fundamental para el medio ambiente y que su papel es tremendamente importante para “regular” la biodiversidad. Sin embargo, hay dos cuestiones de las que siempre se olvidan. Una es el terrible impacto ambiental que provocan, con toneladas de plomo arrojadas en los montes cada año gracias a sus disparos. La otra es que también causan dolor y sufrimiento en la ciudadanía, entre ellos sin ir más lejos.

El Gobierno de España dio dos datos que asustan. En menos de nueve meses se reportaron 605 personas lesionadas por disparos de cazadores y nada menos que 51 fallecimientos. Hablamos de una actividad minoritaria, que no se realiza en zonas pobladas y que usa armas de fuego como si fueran palos de golf. Los números, que son seres humanos, se desprenden de una respuesta del Ejecutivo central al senador Carles Mulet, de Compromís, y se refieren al periodo desde el 1 de enero al 6 de septiembre de 2020.

En la misma respuesta parlamentaria aparecía desagregado el dato de menores de edad afectados: 16 heridos y una muerte. ¿Y si esto sucediera en otro contexto, no estaría ya prohibido?

Que una persona, por el simple hecho de pasear por el campo, de recoger un par de setas o de salir con su perro, pueda ser tiroteada mortalmente dejaría una profunda reflexión entre la clase política y sobre todo la gobernante. Pero esto no abre telediarios y estas cavilaciones son silenciadas para evitar abrir este melón legislativo.

Sin embargo, el contexto es muy preocupante, ya que la inmensa mayoría de las leyes autonómicas que “desregulan” la caza permiten la participación, presencia y acompañamiento de menores de edad con práctica libertad, lo que acaba exponiendo a niñas y niños de seis o nueve años a imágenes dantescas: animales agonizando, familiares heridos por un disparo o el cadáver de su padre por culpa de una afición tan absurda como inútil.

Si tenemos una actividad de inherente peligrosidad, que causa decenas de muertos y heridos, lo mínimo sería impedir que la niñez o la adolescencia tomara parte en ella, pero es justamente al revés. Hay administraciones públicas, como la Xunta de Galicia, que durante los últimos años llegaron a promocionar acciones para acercar la caza a los y las más jóvenes, pagando con dinero público convenios que incluían “quedadas” para recibir el preceptivo adoctrinamiento.

Pensarás que estas situaciones de riesgo no son habituales. Te equivocas. El 8 de febrero de este mismo año un vecino de Arnoia (Ourense) grababa cómo un cazador disparaba en medio de varias casas, corriendo detrás de un jabalí que se había refugiado en la zona de viñedos. El tirador pudo haber lesionado a cualquier habitante del pueblo o haber matado a alguien que salía por la ventana. A la fecha de redacción de este artículo no había noticias sobre posibles sanciones… ¿Extraño? No creas.

Es evidente que todas y todos desearíamos la abolición de la caza pero, mientras esto no va a suceder a corto ni medio plazo, es básico dotarnos de un sistema normativo que, como mínimo, proteja a los menores y adopte medidas sancionadoras para otros tantos desmanes de los escopeteros.

Las limitaciones de movimientos para la ciudadanía a causa de la pandemia de COVID-19 que azota el planeta han supuesto también la cancelación de decenas de festejos taurinos, cuyos promotores reclaman al Gobierno (¿papá Estado?) que cubra sus pérdidas presuntamente millonarias, a la par que desarrollan una intensa campaña mediática con entrevistas en periódicos, radios y hasta magazines de televisión rosa, empleando argumentos como el envío de toros al matadero. Un presente distópico.

Sin embargo este confinamiento también ha servido para que el lobby taurino emprenda como pocas veces lo había hecho. Acostumbrados a obtener el favor político y mediático durante décadas, el planteamiento del estado de alarma los ha obligado a buscar fórmulas que permitan sostener un negocio hipersubvencionado y al que cada vez asisten menos personas (ni qué decir tiene que las capas más jóvenes de la sociedad -no solo la española, también la del otro lado del charco atlántico- ignoran deliberadamente la tortura taurina).

Este emprendimiento taurino se ha basado en utilizar de una forma nociva las redes sociales y las plataformas de venta de entradas para ofrecer aberraciones como 'Tentaderos online', donde compañías como Eventbrite han sido cooperadoras necesarias, lucrándose con la venta de entradas que, hablando con honestidad, les ha supuesto mucha publicidad negativa a cuenta de unos 1.600 tickets para dos jornadas de ridículo histórico.

Una petición en la plataforma Change.org ha logrado más de 59.000 firmas, pidiendo a la compañía norteamericana que desistiera de ofrecer la venta de entradas y de ceder su plataforma de vídeo en directo para tamaña salvajada, donde unos pobres animales fueron probados en su “bravura”. Esa curiosa forma de selección genética que emplean los ganaderos en el campo. Se les llena la boca hablando de lo bien que viven los toros (“como reyes”, dicen), cuando en realidad su corta existencia está plagada de pinchazos, separación de congéneres y el mismo final: la tortura en una plaza o en un matadero, a lo que ahora se suma la tortura que puedes contemplar desde tu smartphone, como si de una suerte de Netflix del maltrato animal se tratara.

No es la única forma de hacer nuevo negocio con el sufrimiento animal. En Segovia, un novillero tuvo la genial idea de retransmitir vía Facebook, Twitter y Youtube su pasatiempo favorito: maltratar a dos toros; uno de los cuales estaba 'afeitado' y el otro 'despuntado', como explica el veterinario José Enrique Zaldívar, presidente de AVATMA. Así de “valientes” son los taurinos.

Afortunadamente, las plataformas han retirado las imágenes, que se realizaron como falso directo y que están siendo objeto de una investigación gubernamental, al haberse realizado durante la Fase 0 del plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros. Listos hasta en eso.

Lo preocupante es la falta de empatía que estas empresas acostumbran a tener, posibilitando la entrada de negocio aunque ello suponga derramar sangre de animales, que sean espectáculos ilegales en gran parte del mundo o que simplemente les reporte unos pocos céntimos por espectador. Porque Eventbrite no ha dado la cara en todos estos días, siguió adelante con los dos tentaderos ofertados y se metió el dinero en el bolsillo.

Una actitud empresarial bochornosa en el peor momento posible, ya que la propia Evenbrite está negociando un ERE con la plantilla y pone en riesgo su integridad en España, además de provocar que esas miles de personas firmantes se replanteen seriamente si comprar entradas en su plataforma o hacerlo en las empresas de la competencia.

Eventbrite está a tiempo de reflexionar e impedir que varios cientos de firmantes tachen su nombre de posibles adquisiciones para toda clase de eventos, pero esta situación tan excepcional que llevamos viviendo casi dos meses debe abrir una reflexión sobre la necesidad de abordar legislativamente esta clase de contenidos. Es inconcebible que la normativa obligue a las televisiones a proteger un horario para la infancia, o que califique las películas en función de su contenido, y al tiempos permita que internet sea un campo abierto a la crueldad.

Que los campeonatos de caza de zorros (con perros) son un negocio para unos pocos está muy claro en Galicia. Solo hay que comprobar las cuotas de inscripción de estas supuestas competiciones para ver que la supuesta gestión del medio natural y de la fauna, que tanto dice defender el lobby procaza, pasan a un segundo plano por una comida y, si ganas, un saco de pienso.

Si a ello le sumamos el apoyo, tanto administrativo como económico, de la Xunta tenemos un buen pelotazo monetario, directamente dirigido a la cuenta corriente de la respectiva Federación, que es agraciada cada año con convenios nominativos que le sirven en bandeja la Secretaría Xeral para o Deporte y la Consellería de Medio Ambiente. Porque pocas actividades son tan versátiles: impedir incendios, practicar deporte, controlar la fauna, vigilar enfermedades, que los perros hagan ejercicio…

Eso sí, de la ciencia podemos olvidarnos. Estas pseudocompeticiones tienen su principal base en un documento elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela en el que intervino un directivo de la propia Federación Galega de Caza, ahora “vicepresidente de área cinegética”, y en donde la metodología para censar a los raposos era, literalmente, el número de mamíferos que vieran los cazadores en sus batidas. Y resulta cuestionable no solo por lo cutre del método, sino porque disparan no pocas veces a todo lo que se mueve. Si su base científica tiene tan poca credibilidad, en un país civilizado no se permitiría hacer una macrobatida en una zona determinada, y mucho menos llamarla “campeonato”.

Atendiendo a datos oficiales, solo en Galicia fueron tiroteados 75.779 zorros en el periodo 2011-2017 y se organizó una media de 12 campeonatos por temporada, no todos considerados como competición oficial porque no aparecen en el propio calendario del lobby escopetero, lo que demuestra que el negocio se está repartiendo entre sociedades de caza.

Es cierto que las competiciones para masacrar zorros suponen un porcentaje muy bajo en relación al número total de animales muertos, pero si despiertan oposición social es por el simbolismo y los intentos de hacer un lavado de imagen de la caza como si fuera una práctica deportiva saludable. Solo así se entiende la inclusión de entidades colaboradoras como la Fundación Deporte Galego, dependiente de la propia Secretaría Xeral para o Deporte, o que en cada cartel los escopeteros coloquen la campaña 'Galicia Saludable', una forma obscena de vincular deporte y muerte.

En la última década han muerto, al menos, diecisiete personas como parte de prácticas de caza, entre ellas un menor de edad, pero esto no supuso ninguna autocrítica de la Xunta a la hora de elaborar en 2013 una Ley de Caza que reduce zonas de seguridad (de 200 a 100 metros), permite disparar en caminos no asfaltados o intenta obstaculizar las protestas contra estos campeonatos de crueldad. Es decir, el legislador intenta aplicar una norma para cazadores al 98% de la población gallega, cuando ni posee licencia ni permiso para disparar a animales silvestres.

Desde diferentes organizaciones se han planteado retoques de la Ley de Caza. Primero, para prohibir el uso de perros, un elemento que los cazadores utilizan para provocar peleas que son grabadas y difundidas en grupos de aplicaciones de mensajería instantánea o espacios privados en redes sociales. Son vídeos que se contestan con risas, sufrimiento animal que se convierte en un dantesco espectáculo donde se evidencia que ni conservan ni respetan nada que no sean ellos mismos.

El uso de perros, además, ha sido objeto de estudios verdaderamente científicos en donde se advierte la posible transmisión de enfermedades de los canes a otros animales domésticos, pero también a los silvestres, además de causar heridas y muertes de otros seres vivos “no cinegéticos”. De estos casos sabemos bien en Galicia, donde se han documentado jaurías de perros destrozando a un pobre gato en el municipio de Carballo, mientras los cazadores no hacían nada, ni siquiera sacar la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil, obligatorio para sus matanzas.

Y en segundo lugar, para acabar con acciones como el uso de plomo, un metal altamente contaminante que todavía se emplea en la munición y que supone miles de muertes, aunque el perdigón esté en el campo. Las aves los ingieren de manera accidental y fallecen de una forma terrible por envenenamiento. Así que los campeonatos de caza de zorros y sus cientos de batidas cada año son responsables, además, de la muerte de otros animales, igualmente indefensos.

La batalla comenzó hace una década con las primeras convocatorias de protesta. Ahora estamos un poco más cerca de erradicar estos campeonatos de muerte gracias a una mayor conciencia social pero también un creciente apoyo político.

El sector lechero dispone de dos espacios fundamentales para ejercer cabildeo: por una parte, la Inlac (Organización Interprofesional Láctea); por otra, Fenil (Federación Nacional de Industrias Lácteas). Su poder de influencia intenta revertir la caída acusada del consumo de lácteos, principalmente el de leche líquida, el “producto” que acusa más los cambios de hábitos de las personas consumidoras.

En esa línea de incidencia política se entiende la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en junio del pasado año determinó que solo los productos de origen animal podrían obtener la comercialización bajo el nombre de “leche”, un criterio jurídico que choca con una de las definiciones que hace, por ejemplo, la Real Academia Española.

Sin embargo, esta acción judicial tenía un trasfondo todavía más importante que la 'nomenclatura' o el embalaje: buscaba que cualquier persona consumidora no se viera influenciada por las bebidas vegetales, cuyo porcentaje de venta crece y que las cadenas comerciales acostumbran a colocar en los mismos lineales que la leche de vaca, oveja o cabra, otra cuestión que ha motivado quejas del lobby lácteo.

¿Y qué hizo el sector? A través de fundaciones supuestamente independientes en materia de nutrición, poco después de la sentencia del TJUE planteó una demanda por 'mala praxis' contra los supermercados, por colocar la leche de almendra al lado de la leche de vaca. Las organizaciones Finut (Fundación Iberoamericana de Nutrición) y FEN (Federación Española de la Nutrición) cuestionan el propio valor nutricional de las leches vegetales, a pesar de que, como se constata de forma científica, sus ventajas sobre los lácteos son innegables. Poco parece importar que la propia FEN tenga entre sus colaboradores a Fenil, o entre sus promotores a empresas como Puleva, Nestlé o Reny Picot.

A pesar de estos movimientos más recientes, dada la caída del consumo 'per cápita' de leche de vaca, que llega al 24% en España en el periodo 2000-2016, la industria ha sabido posicionarse ante alguno de los cambios comerciales, y precisamente su entrada en la distribución o producción de bebidas vegetales, fomentando una mercadotecnia bajo criterios de “salud”, ha sido prácticamente generalizada.

En 2014 Leche Pascual cambia su nombre a Calidad Pascual para desvincularse de su línea de productos de origen animal, y en esa línea rediseña el 'packaging' de sus artículos vegetales o lanza, como de forma muy reciente, su campaña sobre “bienestar animal” en granjas. Táctica similar a Unicla, la leche del grupo Feiraco, que también pregona el mismo sello de calidad en las explotaciones gallegas y que en 2016 se hizo con la distribución en España de Almond Breeze, la leche de almendras de la compañía californiana Blue Diamond.

Mucho antes, Capsa, la corporación que agrupa a Central Lechera Asturiana o Larsa, ya vendía Alpro y su gama vegetal en el Estado español, bajo la marca conjunta Alpro-CLA, y en 2016 Danone confirmaba la compra de la propia distribuidora, lanzando nuevos productos como yogures vegetales, un nuevo espacio a competir con sus homólogos animales.

Eso significa, por un lado, que si el lobby lácteo quiere diferenciar sus productos que originan sufrimiento animal de las propuestas vegetales, más saludables y éticas, es para evitar que el consumo siga descendiendo. Contribuye así a mantener un ingente sistema financiado con numerosas subvenciones, como las de la Política Agraria Común de la Unión Europea. También forma a los ganaderos a través de publicaciones especializadas: la revista del sector Afriga señalaba en su número 135 que “en el contexto actual, la base para defender con criterio nuestro medio de vida pasa obligatoriamente por extremar los métodos para el bienestar animal”. Lo decía un viejo conocido del movimiento animalista, el taurino y filósofo Francis Wolff. Irónico, ¿verdad? Nos quieren vender el “bienestar”, una táctica que mitigaría la caída de ventas y que confunde a la ciudadanía.

La influencia institucional es notable, suscribiendo convenios con la Xunta de Galicia para multiplicar el consumo de lácteos o presionando a los gobiernos de Baleares y Comunitat Valenciana para “reforzar” la presencia de sus productos en centros escolares, obviando la necesidad de dietas equilibradas realizadas por expertos u organismos independientes.

Así que la batalla está abierta y el poder de cada persona para escoger su alimentación es enorme, pero solo con una verdadera demanda social sobre el consumo podremos revertir este sistema opresor, que mantiene a cientos de miles de mamíferos explotados por su leche y su carne. ¿Empezamos?

Los estudios sociológicos no mienten: el 99,7% de la ciudadanía gallega declaraba no haber asistido a eventos taurinos en el periodo 2014-2015, a preguntas del Ministerio de Cultura en su documento 'Encuesta sobre Hábitos y Prácticas Culturales'. Es cierto que Galicia nunca ha sido un territorio proclive a las corridas de toros, a pesar de haber contado durante su historia con una docena de plazas y de que el lobby taurino siempre ha estado muy bien relacionado con el poder.

Las llamadas “fuerzas vivas” eran una realidad influyente en ciudades como A Coruña, y todavía lo siguen siendo en este tema en Pontevedra. Grandes fortunas, individuos vinculados a la ultraderecha, si no directamente nostálgicos de la dictadura franquista, e incluso movimientos para tratar de construir una plaza de toros en la ciudad herculina.

En 2015, curiosamente coincidiendo con la publicación de esta última encuesta estatal, la ciudad de A Coruña cambia de color político, con la irrupción de la Marea Atlántica, un espacio plural y diverso, apoyado por partidos políticos y movimientos sociales, que alcanza diez escaños en una corporación compuesta por veintisiete asientos. Y tras una investidura apoyada por PSOE y Bloque Nacionalista Galego empieza una legislatura sin el sistema bipartidista en el gobierno. Por primera vez desde el breve pero muy digno periodo de Domingos Merino (1979-1981).

Ese año se suprimen las ayudas a las corridas de toros, más de 100.000 euros que las arcas municipales regalaban al empresariado taurino para organizar una feria deficitaria, con grandes vacíos en las gradas y con animales muertos en nombre de la tradición.

Ahora nos enfrentamos a un nuevo periodo, unas nuevas elecciones municipales que, a un año vista, pueden reforzar al movimiento abolicionista. Capeas en Valga y Moraña, gobernadas por el Partido Popular, y la única plaza de torturas en pie, en Pontevedra, resistiendo con la inexplicable connivencia del gobierno municipal, en manos del BNG. Incluso el PSOE ha abandonado su apoyo del pasado a esas prácticas.

El próximo año tiene que ser el de la confirmación de que las opciones políticas que defienden un proceso abolicionista se refuercen en las instituciones, porque es posible combinar una estrategia de agitación en las calles y multiplicar el espacio en las administraciones. De otro modo, ¿quién trasladará nuestras demandas?

Así, la transversalidad y la experiencia acumulada después de casi cuatro años de una legislatura donde el ‘municipalismo’ ha sido una de las palabras más repetidas, son patrimonio importante, que no las corridas de toros, para seguir construyendo una sociedad libre de crueldad y de maltrato hacia los animales.

Inexplicable e incomprensible que un Tribunal Constitucional impida un veto a un acto de reconocida violencia en base a normas que tratan de blindar, como si de un país bananero se tratara, la ejecución pública de animales por criterios culturales o tradicionales. Si algo hemos aprendido en estos años es que nada es inamovible, que hay oportunidades y ventanas que se abren, y que es ahí donde debemos estar para avanzar.

Fue en 2008. Ciudadanos preocupados y colectivos se unen para conformar la que sería la primera coalición cívica contra la realización de festejos taurinos en territorio gallego. Una idea muy humilde, que nace con personas inexpertas en el desarrollo de iniciativas pero de la mano de expertos y organizaciones con muy buenas ideas, compromiso de futuro y experiencia en la creación de estrategia.

Han pasado ya seis años y se podría decir que el primer objetivo de aquel grupo de personas anónimas se ha cumplido. La plataforma “Galicia, Mellor Sen Touradas”“Galicia, Mellor Sen Touradas” se ha convertido en una referencia nacional e internacional en el análisis de la “cosa taurina” y en la elaboración de respuestas a una continua y sistemática financiación pública de la tauromaquia en la comunidad gallega. El ataque se centró en las dos ciudades donde las corridas de toros tenían, a priori, mayor respaldo institucional. Así era: organismos que en circunstancias normales representarían a la ciudadanía pasaban a defender los intereses de empresarios vinculados con los diferentes ejes dependientes de la tauromaquia. Ganaderos, organizadores de tortura, toreros… todos tenían un lugar en los consistorios y diputaciones. Salían a comer, se reunían en los salones nobles de los palacios municipales, a fin de cuentas eran amigos y como tal surgiría necesariamente el clientelismo.

Partíamos de la base de que no éramos antitaurinos. Nos daban igual los aficionados y todo el entramado del que se rodeaban. Importaba la gente, el vecino y su opinión. Somos abolicionistas que reivindicamos las luchas por los derechos civiles y sociales, y en cada rueda de prensa, en cada protesta, proponíamos nuestra alternativa a los millonarios dispendios, como los que realiza todavía el Partido Popular en Pontevedra, desde la Diputación, y en A Coruña, Sarria, Padrón y Muíños desde los gobiernos municipales. Imagínense un municipio como este último, Muíños, con poco más de 1.700 habitantes, subvencionando una plaza de toros portátil con capacidad para 2.500 espectadores. ¿A qué sabio se le ocurre eso?.

La estrategia puede ser más o menos acertada, pero logramos que el campo político se interesara por “Galicia, Mellor Sen Touradas” y su filosofía, asumiendo nuestros postulados con rapidez y sin mayores problemas.

Era difícil imaginar cómo diputadas y diputados del Parlamento de Galicia, emulando los diferentes movimientos en el ámbito municipal a los que se habían comprometido diferentes concejales, firmarían un compromiso de abolición. 26 parlamentarios de la cámara autonómica mostraron su apoyo al trabajo realizado y ponían a nuestra disposición su escaño. Ya teníamos espacio parlamentario y se llamaría “Fronte Antitaurina”Fronte Antitaurina (Frente Antitaurino, en castellano).

A Coruña y Pontevedra han cambiado mucho desde aquel verano de 2008, cuando en Santiago de Compostela se daba el pistoletazo de salida de una plataforma que combate a día de hoy con quizás más fuerza y más impulso social que antes. Estaba claro que faltaba una estrategia y una visibilización de la inmensa oposición social que despiertan las corridas de toros en Galicia. Algunas encuestas cifran en el 86% este apoyo, y otros documentos, elaborados por el propio Ministerio de Cultura bajo el título “Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales”, cuantifican en 99,2% las personas que no acuden a festejos taurinos. Era casi improbable alcanzar un mayor soporte al denominado como “proceso abolicionista”.

A día de hoy las campañas informativas están arrinconando al lobby taurino. El veto a la presencia de menores de 12 años en corridas de toros es una realidad, que concitó el voto positivo de todos los partidos presentes en la pasada legislatura, e incluso el aval oficial del Valedor do Pobo, el Defensor del Pueblo de Galicia. La feria taurina coruñesa está a punto de pasar a los libros de Historia, reprogramada a un futurible mes de Octubre sin que el gobierno local haya presentado aún el contrato de organización (con sus consiguientes subvenciones). En el resto de ciudades, los abolicionistas continúan trabajando y presionando para rechazar que el maltrato a un ser vivo pueda ser objeto de una subvención pública.

Veremos cómo en Pontevedra, única ciudad donde se mantiene la única de la docena de plazas de toros estables que hubo en Galicia, reacciona el entramado tauromáquico, con un lobby que comienza a perder la hegemonía de los medios de comunicación, y donde partidos políticos y gente de a pie empiezan a dar pasos firmes reclamando el fin de cualquier subsidio. Y ya sabemos por experiencia que, sin el “maná” del dinero de todas y de todos, esto desaparece inexorablemente. Que así sea.