Apenas unas semanas antes de que despuntara la crisis de los refugiados en Europa, con su llegada masiva y trágica a su territorio, los medios de comunicación y redes sociales se habían hecho eco de la contundente respuesta de la canciller alemana a una niña palestina. La incertidumbre de ésta, explicada en perfecto alemán,  por la demorada resolución a la petición de asilo de su familia después de vivir cuatro años en Alemania, fue reafirmada negativamente por Merkel. Alemania no podía satisfacer todas las demandas de asilo, ni podía acoger a todos los refugiados palestinos del Líbano.

Su respuesta fue elogiada por algunos como digna del mejor de los estadistas por su firmeza, frialdad y pragmatismo; y denostada por otras voces más críticas, que se interrogaban sobre el destino de esa familia palestina. ¿A dónde sería deportada? ¿A su tierra natal, Palestina (ahora Israel), o a la de acogida, el Líbano? Ninguna de las dos opciones parecía muy viable ni realista.

Las zonas originarias de los refugiados palestinos del Líbano fueron objeto de una calculada limpieza étnica entre finales de 1947 y 1949, documentada incluso por algunos historiadores israelíes. Sus aldeas y ciudades fueron transformadas e incluso sepultadas para borrar toda huella palestina anterior en un claro ejercicio de memoricidio. Desde entonces los sucesivos gobiernos israelíes se han negado a reconocer y, más aún, asumir cualquier responsabilidad en la tragedia de los refugiados palestinos. Del mismo modo, siguen rechazando la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU que, desde diciembre de 1948, pide el retorno de los refugiados a sus hogares.  

¿Exigió Merkel a Netanyahu que aceptase el retorno de esa familia palestina? Cabe dudarlo. De momento el gobierno israelí se muestra reacio incluso a acoger refugiados sirios, entre otras razones porque establecería un peligroso precedente que “legitimaría el retorno de los refugiados palestinos”, como ha manifestado recientemente Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid (Hay Futuro).

La opción del Líbano tampoco parecía muy adecuada. Este pequeño país acoge un importante número de refugiados palestinos desde la segunda mitad del siglo XX y ha pagado un alto precio desde entonces. La masiva presencia palestina se transformó en un factor de desestabilización de su frágil equilibrio étnico-confesional. Algunas fuerzas políticas libanesas hicieron de los palestinos un chivo expiatorio de sus rivalidades y conflictos. Confinados en 12 campos de refugiados, unos 470.000 palestinos carecen de derechos civiles y sociales. Además de restringido el acceso a servicios públicos como sanidad y educación, tienen prohibido ejercer unas 20 profesiones (hasta hace poco eran unas 75). Dependen  de la ayuda humanitaria y no tienen futuro en el Líbano.

Es más, con una población de poco más de 6 millones, el país de los cedros ha acogido en los últimos cuatro años a 1,1 millón de refugiados sirios, que en breve podría incrementarse a 1,8.  Ante este panorama, no era muy ecuánime ni decente que Alemania deportara a una familia palestina, que ha visto finalmente prolongada su estancia en el país germano.

La pregunta es obligada: ¿qué ha pasado para que la canciller acepte ahora un contingente de refugiados cuando hasta hace unas pocas semanas se mostraba reticente? Difícilmente pueda contemplarse interés de índole político o económico. Por el contrario, la acogida de refugiados tendrá un indudable coste financiero; además del social e incluso político. También cabe dudar de los ahora esgrimidos principios de asilo o humanitarios si no eran igualmente válidos ayer, ni parecen compartir todos los países europeos en su desigual y controvertida distribución de los refugiados. Una explicación más aceptable es la situación imprevista y prácticamente irreversible, sin país al que retornar o deportar, a semejanza de la citada familia. Sin olvidar la presión de una opinión pública horrorizada por las víctimas que arroja la guerra (más de 250.000 muertos); y la de organizaciones internacionales como la ONU, que pide a la UE acoger a unos 200.000 refugiados.

En suma, Europa se enfrenta a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Estará a la misma altura que entonces? Su acogida es sólo el primer paso en una tarea más ardua y a largo plazo de integración. Pero realmente lo más difícil está aún por lograr, que los Estados miembros de la UE adopten una verdadera política exterior común, que sea efectiva al otro lado del Mediterráneo. No será ninguna panacea, pero será mejor que la actual pérdida de influencia para incidir en la resolución de sus conflictos y estabilización.

Reducir la lucha contra el terrorismo sólo a su dimensión securitaria significa no comprender toda la complejidad de este problema

La cadena de atentados en Francia lleva claramente el signo del terrorismo yihadista. Su carácter altamente letal e indiscriminado es propio de Al-Qaeda y del autodenominado Estado Islámico (Daesh por sus siglas en árabe) o de cualquier otro grupo yihadista afín. Todos comparten un acentuado exhibicionismo de la violencia, que está en el ADN del terrorismo, de propaganda mediante los hechos.

Cuantas más víctimas y espectacularidad cobran sus atentados, más asegurado tienen su correspondiente eco mediático y expansión de su mensaje terrorífico. Desde esta lógica perversa, se valen de sus víctimas como un medio en la consecución de ese fin. Sus atentados buscan trascender a éstas para implantar el terror entre los supervivientes. Esto se traduce en que todo el mundo es potencialmente blanco de este tipo de terrorismo. Nadie escapa de su punto de mira. Menos aún el entorno más inmediato en el que ha surgido el terrorismo yihadista. Sus principales víctimas son las sociedades árabes e islámicas.

La letalidad y espectacularidad de los atentados en Francia vienen precedidos por otros similares en el mundo árabe-musulmán, pese a su menor eco mediático e impacto emocional en la opinión pública occidental. No se puede desvincular unos atentados de otros. Este tipo de barbarie reflejan las barbaries que a diario se cometen en buena parte de la turbulenta región de Oriente Medio y el Norte de África, en particular en las situaciones de crisis, conflictos armados y Estados fallidos.

Paradójicamente, la lucha contra el terrorismo no termina de otorgar los frutos esperados; por el contrario, en lugar de eliminar o, cuando mínimo, rebajar la amenaza terrorista, ésta se ha incrementado. Las políticas erróneas acometidas han retroalimentado este tipo de terrorismo. Como se observa en Siria, existe una tendencia a la proliferación de grupos yihadistas ante cada nuevo conflicto armado y Estado fallido. No todo valía contra el Assad. Esta lección se tenía que haber asumido desde incluso antes del 11-S. La lógica de que “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”, empleada en Afganistán bajo la ocupación soviética, resultó ser errónea y perversa a un mismo tiempo. No, el enemigo del enemigo no necesariamente es amigo, incluso puede ser un enemigo aún peor y cruel.

Es más, reducir la lucha contra el terrorismo sólo a su dimensión securitaria significa no comprender toda la complejidad de este problema. Sin duda, la cooperación en materia de seguridad e inteligencia es fundamental, pero insuficiente si no se acompaña también de medidas políticas, económicas, sociales e incluso educativas. Como advierten algunos analistas que están sobre el terreno o lo conocen de primera mano, la lucha contra el terrorismo yihadista no será eficaz mientras no se confronten las políticas de nuestros aliados en la región que, a su vez, retroalimentan la identidad e ideología subyacentes en el terrorismo yihadista. Cualquiera que se moleste en comparar las medidas adoptadas por Daesh en los territorios que domina con las que imperan en Arabia Saudí advertirá más similitudes que diferencias. Se podrá decir más alto, pero no más claro.

Existen dos tendencias contrapuestas en la prolongada irresolución del conflicto palestino-israelí. Una apuesta por la solución minimalista de los dos Estados; y otra por la maximalista perpetuación del actual statu quo. La primera exige para su implementación la retirada militar israelí de los territorios palestinos conquistados en 1967 (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este). Esta opción es la que mayor consenso jurídico y político posee en la sociedad internacional. También goza de un considerable apoyo en la sociedad palestina y, dependiendo de la coyuntura, entre amplios sectores de la israelí. Incluso Estados Unidos acepta –en teoría– esta resolución, aunque su práctica de apoyo incondicional a Israel indique justo lo contrario.

El respaldo internacional a esta opción se ha visto ampliamente reforzado durante los últimos años con el voto favorable al ingreso de Palestina como Estado observador (no miembro) de la ONU, en noviembre de 2012. Entonces 138 Estados dieron su voto afirmativo, frente a 41 abstenciones y sólo 9 en contra (encabezados por Estados Unidos e Israel). Previamente, en 2011, Palestina había ingresado como Estado miembro de pleno derecho en la UNESCO. En una dirección semejante se han pronunciado recientemente algunos parlamentos europeos, instando a sus respectivos gobiernos a reconocer el Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 como lo ha hecho el gobierno sueco. Decisión que, hasta ahora, ha sido adoptada por 135 Estados en el mundo.

La segunda opción no goza de crédito alguno en la sociedad internacional, que no admite la conquista ni apropiación militar de territorios. No es exactamente una propuesta de resolución del conflicto como de imposición de la voluntad del actor más fuerte sobre el más débil. Su propósito es prolongar indefinidamente el actual statu quo, normalizar la ocupación militar, además de refrendar y legitimar su dominación. Pese a su distancia en el tiempo, este proyecto es inseparable del mismo sueño colonial que planeó y ejecutó la limpieza étnica de Palestina durante 1947-1949.

Desde Menahen Begin hasta Benjamin Netanyahu, los sucesivos dirigentes israelíes han vinculado el futuro de los territorios palestinos al dominio israelí, sin admitir otra soberanía que no sea la suya. Desde esta óptica, se afirma que entre el mar Mediterráneo y el río Jordán sólo hay lugar para un solo Estado: el de Israel. Incluso aquellos gobernantes más ambiguos en sus pronunciamientos, como Simon Peres, no pudieron ocultar por más tiempo sus hechos. Nunca encontraron el momento oportuno para poner fin a la ocupación militar de los territorios palestinos, al mismo tiempo que no desaprovecharon oportunidad alguna para continuar con su creciente colonización.

En esta línea, el actual ministro de economía, Naftali Bennett, se ha manifestado claramente contrario a la solución de los dos Estados en un artículo aparecido en The New York Times el pasado mes de noviembre. En su lugar propone que Israel se anexione de facto el área C de Cisjordania (que comprende un 60 por ciento de su superficie), dejando las áreas A (ciudades) y B (aldeas) bajo administración de la Autoridad Palestina. Esta entidad podría llegar a ser nominalmente un Estado en el futuro, pero sin control de sus fronteras ni ejército. Gaza no se sumaría a “este acuerdo” (léase imposición) mientras Hamas permanezca al frente de la Franja. Este plan, edulcorado con un prometedor desarrollo de la autonomía palestina, de sus infraestructuras y economía, no es nuevo, remite al diseñado a finales de la década de los setenta por Begin en los Acuerdos de Camp David (1978). Esto es, se otorga autonomía a la población palestina, pero no a su territorio, siempre disponible para las necesidades de expansión israelíes por razones de seguridad, demográficas u otras.

En suma, la clase dirigente israelí rechaza la opción de los dos Estados en favor de la de un solo Estado (Israel), con dos entidades subestatales o bantustanes palestinos divididos, vulnerables y dependientes del exterior (la bloqueada franja de Gaza, junto a la menguada y fragmentada Cisjordania). Tampoco está dispuesta a otorgar derechos de ciudadanía a la población palestina ocupada, haciendo de Israel un verdadero Estado democrático, de todos sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o confesional.  Por el contrario, su actual propuesta de ley para definir a Israel como un Estado judío, además de enfatizar su carácter étnico-confesional en detrimento de sus frágiles y tambaleantes cimientos democráticos, atentaría contra los precarios derechos de ciudadanía de la minoría árabe-israelí (que representa el 20 por ciento de su población).

En consecuencia, la creciente configuración de Israel como un Estado de apartheid no es fruto de una supuesta campaña de deslegitimación sostenida por el movimiento del BDS (de Boicot, Sanciones y Desinversiones a Israel), sino el resultado de su deriva segregacionista y de supremacía racial, en la que la población palestina no goza de soberanía ni de ciudadanía.

En política las palabras cuentan y en la política internacional cuentan aún, si cabe, más. Las situaciones de crisis y conflictos son muy ilustrativas. Las confrontaciones suelen venir precedidas y acompañadas de una guerra psicológica y de propaganda. Su objetivo es crear un estado de opinión favorable para recabar apoyos internos y externos; además de movilizar recursos de todo tipo (humanos, materiales, económicos, políticos, militares y diplomáticos).

En la era actual, presidida por las tecnologías de la información y comunicación, esta tendencia se ha multiplicado. El manejo de las TIC constituye un arma imprescindible en la guerra de la información que acompaña a la desplegada sobre el terreno. En algunos casos la desigual disponibilidad de recursos informativos y comunicativos entre los contendientes refleja también la que mantienen en otros ámbitos, desde el tecnológico hasta el militar. Semejante pauta se cumple en el actual enfrentamiento bélico entre el ejército israelí y las milicias de Hamás. Mientras el primero tuitea en inglés su asalto militar sobre Gaza, las segundas carecen de un referente equivalente en la web en inglés.

Todo esto recuerda la preponderancia y, en ocasiones, hegemonía que ha mantenido el discurso oficial israelí sobre el conflicto a lo largo de su prolongada historia. Desde su emergencia, a finales del siglo XIX, el movimiento sionista lanzó una campaña política y mediática entre los círculos de poder occidentales. Los mitos y eslóganes sobre su empresa colonial en Palestina resultaron muy apropiados para conseguir la simpatía y el apoyo de las principales potencias mundiales del momento. En particular de Francia y Gran Bretaña que, durante la Primera Guerra Mundial, planeaban darle el golpe de gracia al declinante Imperio otomano para repartirse sus dominios territoriales en Oriente Próximo, como desvelaron los acuerdos Sykes-Picot (1916).

Entonces Palestina constituía una realidad e Israel era sólo un sueño colonial en la mente de los líderes sionistas. Más del 90 por ciento de su población era árabe-palestina (de confesión mayoritariamente musulmana, seguida de la cristiana y de una minoría judía), que mantenía en proporción semejante la propiedad de la tierra. Para invertir los términos de esa existencia (esto es, que Palestina sea hoy prácticamente una ficción e Israel una realidad), resultó imprescindible el apoyo de Gran Bretaña como potencia mandataria en Palestina durante el periodo de entreguerras; y el de Estados Unidos desde la posguerra hasta la actualidad.

Para tratar de legitimar su transformación de Palestina no menos importante ha sido un potente aparato de propaganda y difusión de ciertos mitos: desde la presunta promesa divina hasta la definición de Palestina como un espacio vacío. Los palestinos eran invisibles o simplemente no existían a ojos de los dirigentes sionistas, no porque no los vieran, sino porque desde su prisma colonial no los consideraban un pueblo digno de derechos. Así fueron definidos como nómadas, sin arraigo a un determinado territorio y, por tanto, ubicables en cualquier Estado árabe de su entorno. Luego fueron denominados como refugiados, un problema meramente humanitario, sin ninguna connotación nacional y sobre el que Israel desplazaba su responsabilidad (de limpieza étnica de Palestina) hacia los gobernantes árabes. Sin olvidar, por último, su sempiterna calificación de terroristas.

En suma, pese a que los denominados nuevos historiadores israelíes han desmantelado la historia oficial israelí, los nuevos ciclos de violencia que registra el conflicto siguen siendo definidos predominantemente por una de sus partes. Los sucesivos gobiernos israelíes se reservan los términos y la (des)calificación del otro. Peor aún, es el eco mediático y reproductor que encuentran entre algunos círculos sin ningún reparo ni contrastación empírica. Así una masacre es definida como una guerra defensiva y sus víctimas son culpadas por estar ahí o por prestarse a ser escudos humanos de Hamás, sin mayor verificación o evidencia que un tuit del ejército israelí, mientras que el derecho a la legítima defensa es monopolio exclusivo de Israel. Como señala el veterano periodista Eugenio García Gascón: “hay dos formas de informar sobre el conflicto: poniendo énfasis en las declaraciones o poniendo énfasis en los hechos. Dependiendo de la opción que se escoja, se transmitirá ficción o realidad”.