Lo peor no es cometer un error,

sino tratar de justificarlo, en vez de

aprovecharlo como aviso providencial

de nuestra ligereza o ignorancia.

Santiago Ramón y Cajal

Muchos ciudadanos nos cuestionamos hace dos meses la decisión (exclusivamente) política de repatriar a territorio español a los misioneros infectados por Ébola.

El Gobierno tomó esa decisión haciendo caso omiso a las diferentes alternativas que se sugirieron desde el ámbito profesional sanitario. Una de ellas fue la de intervenir en el territorio de origen con los mismos medios empleados aquí. Incluso se preguntó en el Parlamento sobre el montante económico que hubiera supuesto llevar a cabo este plan sin ninguna respuesta por parte del Gobierno. De esta forma, los dos misioneros afectados hubieran recibido el mismo trato que en España con resultados similares y podrían haberse mejorado tanto las condiciones de la población próxima como la de los profesionales sanitarios que quedaron en Monrovia y Sierra Leona.

Pero no fue así. La decisión (exclusivamente) política que se tomó ha tenido las consecuencias que más temíamos. La realidad vuelve a ir por delante. Ahora de nada sirve el obvio comentario de “ya lo dijimos, ya lo advertimos” cuando una compañera auxiliar de enfermería que atendió a los expatriados se encuentra infectada de ébola. Y eso después de que el 1 de octubre pasado se generara una alarma en el CIE de Madrid sobre otro posible caso de ébola que obligó a precintar las instalaciones con todo el personal en el interior (policías, personal de apoyo e internos) hasta conocer el resultado de los análisis de un interno enfermo. Afortunadamente, el resultado fue negativo, pero, ¿y si hubiera sido positivo, teniendo en cuenta que en ese momento en el CIE había más de 150 personas?

Todo ello obliga a un segundo nivel de reflexión:

1. Las extradiciones de los enfermos de ébola no se decidieron por un criterio médico mínimamente consensuado ni respaldado por ningún grupo técnico acreditado de solvencia. Se realizaron eludiendo cualquier sugerencia u opinión profesional. Además, supusieron cuantiosos medios económicos. Esto evidencia que fundamentalmente la decisión parece haber sido tomada por un partido político determinado, con responsabilidades de gobierno y de administración de medios que deberían estar centradas en los resultados y las consecuencias políticas de sus actos.

2. El hecho de que se tome una decisión para un problema sanitario sin un respaldo técnico consensuado, sólo puede explicarse en clave política. Las decisiones que se han tomado persiguen un interés unilateral, esto es, de unos pocos narcisistas con crédito político suficiente como para creerse omnipotentes y tomar decisiones que ponen en riesgo a toda la población sin haber tenido en cuenta las consecuencias.

3. Las acciones e intervenciones de los políticos, al igual que las técnicas (médicos, arquitectos, ingenieros, etc.) deberían estar sometidas a la evaluación y al control de impacto. En este caso, no deberían obviarse las responsabilidades de las consecuencias de las decisiones que tomaron tanto la Ministra, como el Presidente y el Consejero de Sanidad de Madrid y otros altos cargos sanitarios.

Un reflejo de esta falta de control es la puesta en marcha de un Gabinete de Crisis del día 6 de octubre, después de conocerse el resultado positivo en la auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, gabinete que, sin embargo, no se creó después de haberse precintado el CIE de Madrid durante horas (reteniendo a toda la policía de turno de noche hasta el día siguiente), ni cuando el país se encontraba en ascuas durante el proceso de traslado de los misioneros (según publicó eldiario.es, la Sra. Ministra se encontraba en Cádiz de vacaciones y, después de la llegada del primer misionero enfermo, continuó de vacaciones allí).

4. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la que se hace cargo un gobierno? ¿Cómo debe responder un alto cargo por tomar decisiones de manera exclusivamente unilateral?

Existen antecedentes de dimisión y procesamiento judicial de altos cargos y ministros de sanidad en países de nuestro entono democrático por casos equivalentes: el caso de la sangre contaminada con VIH en Francia supuso el procesamiento de un exjefe de Gobierno; en el escándalo Mediator, dimitió el jefe de la Salud Pública después de que estableciera la relación entre el medicamento y la muerte de ciudadanos. Y otros más.

5. ¿No sería necesario, tal y como plantean desde hace tiempo foros profesionales internacionales, una Oficina Independiente de Evaluación continua de Políticas Sanitarias y Sociales, que funcionara como agencia de protección de la población frente a las actuaciones políticas no imparciales y los intereses industriales? Una Oficina que entre otros cometidos, analizaría las decisiones gubernamentales con el fin de comunicar a la población de forma periódica su incidencia en la salud pública y su bienestar.

6. Ante la escalada de acontecimientos, ¿qué medidas realistas está tomando el Gobierno?

¿Van a permanecer los CIE abiertos con el potencial riesgo que pudieran tener por su hacinamiento en población recién llegada de los países afectados? Por no considerar, incluso, su impacto más amplio desde la Salud Pública y el cuestionamiento de los Derechos Humanos que supone el despropósito de su existencia.

¿Seguirá mirando hacia otro lado ante los potenciales casos de ébola? Concretamente, en el de la auxiliar de enfermería contagiada en el Hospital Carlos III/La Paz (por cierto, hospital de referencia de casos) el aislamiento fue claramente deficitario (parapeto de biombos, sábanas y vallas de obra en salas de urgencias no acondicionadas).

Las informaciones disponibles hasta el momento nos hablan de cursillos exprés de formación (¡15 minutos de formación!) para personal que debe utilizar trajes de aislamiento, habilitación de un laboratorio en tiempo récord (¿con los controles pertinentes?), ausencia de registro de trabajadores expuestos que trabajaron con los expatriados, falta de difusión y conocimiento de los protocolos general y específico del Centro sobre manejo de la infección, etc.

¿Es ésta la “activación del protocolo de actuación” y el “está todo controlado” de los que habló la ministra en la rueda de prensa del 6 de octubre?

Para no dejar dudas sobre el despropósito general, en una nota de prensa del 23/09/14, el Ministerio de Sanidad ofrecía “su colaboración y experiencia a la UE para elaborar los protocolos de repatriación de afectados por el virus ébola”.

7. La responsabilidad política del equipo gubernamental se da por descontado. Su responsabilidad civil es evidente. La responsabilidad penal quedará a la espera de saber qué pasa con la evaluación de los supuestos protocolos de actuación, su implementación y los posibles fallos que se han podido cometer.

En cualquier caso, nuestro país tiene a bien ser el primero en Occidente donde personal sanitario ha sido contagiado trabajando bajo la supuesta aplicación de un protocolo de aplicación internacional estricto.

Echando la vista atrás y tomando las crisis más importantes a las que ha tenido que hacer frente el partido político que hoy nos gobierna, parece que todas ellas tienen el mismo eco, la misma forma de gestión, el mismo tipo de negligencias, los mismos narcisismos, omnipotencias y temeridades que hubo en la gestión del 11-M, la crisis del Prestige, con el Yak42, en el Madrid Arena, durante el proceso de privatizaciones de la Sanidad, en el Metro de Valencia o en el accidente de tren de Santiago de Compostela.

Muchos de los profesionales que trabajamos en el ámbito de lo público, a pie de obra de la realidad nacional e internacional, sabemos y documentamos reiteradamente que es posible hacer las cosas de forma diferente, que los proyectos de intervención de gobierno en el ámbito público, y más concretamente a nivel social, sanitario y educativo, pueden “ser para muchos y tal vez todos, con el menor sufrimiento colectivo”, porque en definitiva ningún dolor nos es ajeno.

"El problema del ser humano no es la muerte, sino saber de ella o vivir con ella", analizan los autores.

Resulta complicado hablar, una vez más, de eso que llamamos ‘el final de (toda) una vida’ sin caer en tópicos y manierismos, sin volver a decir lo que tantos otros han dicho y nos aburrimos de escuchar, para seguir de nuevo en el mismo punto del principio.

Resulta complicado porque se ha hablado mucho de la muerte desde siempre pero, especialmente, lo es más porque en las últimas décadas se venido haciendo de una manera un tanto diferente, como ‘a borbotones’, ‘por acumulación’, como si tuviéramos que resolver en un instante lo que desde hace años venimos aplazando.

También lo es que se haga alrededor de términos y planteamientos manidos, cuando no manoseados hasta la náusea, como lo es el de la eutanasia. Como sucede y ha sucedido en tantos debates recientes, viene siempre caracterizado por el enrocamiento de posiciones, sin dar cuenta de que en el fondo todos intuimos que, a falta de consenso, queda por abordar algo no expresado, más profundo: la base de todo ello.

El afrontamiento del hecho que (toda) una vida, más o menos longeva, se acaba, sea la nuestra o la de otro, resulta costoso, muy costoso.

Pero y ¿entonces? ¿qué podemos hacer?

Empecemos por lo que hacemos:

Podemos hacer un mito de ello y creer que nos encontraremos con los otros, los ya desaparecidos, en un más allá, llámese Cielo, Aaru, Nirvana, Campos Elíseos, Valhalla o cualquier lugar morada de dioses, ángeles, muertos o almas;

Huir de cualquier referencia a la muerte, obligándonos a hacer un esfuerzo activo de ocultamiento y represión (con más o menos éxito) tapando, escondiendo o impidiendo cualquier manifestación, referencia o expresión de la misma;

Movernos “como si” la muerte sólo le llegara a los demás, nunca a nosotros, “como si” perteneciéramos a un supuesto grupo de inmortales (sólo confirmado en la ficción literaria y cinematográfica, lo que parece que nos resulta suficiente);

En el supuesto de la eficacia productiva, observar el fenómeno “como algo que sucede”, algo que puede preverse estadísticamente cual cálculo de riesgo sobre la supuesta seguridad de vida. Esto permite poder ajustar nuestro quehacer vital, con el escaso tiempo disponible en lo cotidiano, para cuando toque “a los otros”, porque ¿quién tiene tiempo para morirse? Y, del mismo modo, ¿quién tiene tiempo para la muerte de otro, para el desconsolado, para el moribundo, para quien está en duelo o en fase terminal?

Pero lo que sucede y se impone (¡qué empeño el de la realidad!) no sólo tiene que ver con el instante final. El quehacer de la muerte no solo tiene en su interior papeles (son muchos) a cumplimentar, funerarias, entierros, urnas o flores. ¿No sucede acaso normalmente que tardamos un tiempo en morimos, que lo hacemos ‘de a poco y a trompicones’? ¿Acaso no se alcanza el final de forma progresiva? No nos referimos a las personas (pacientes, en el argot médico) con múltiples patologías o con enfermedades crónicas, sino al momento real de ‘la despedida’ (¡?), ese momento en el que la vida se quiebra en un binomio de salud-existencia del individuo y la persona que se muere se distancia, durante un lapso de tiempo, separándose de sí mismo y de los suyos.

Posiblemente no haya un fenómeno parecido en la existencia humana. La separación resultante de ese cambio progresivo y único que acontece en la persona llevándola al aislamiento, una gran parte de los casos no corresponde con la auténtica necesidad que la persona tiene de los otros, probablemente causada por la propia decadencia y merma de su capacidad emocional y orgánica como fuente de identidad y sentido vital.

Es en la respuesta a esa soledad, con la vivencia de aislamiento y sentida como caso único por el individuo (ahí no sirven las estadísticas), donde nos jugamos nuestra capacidad como sociedad supuestamente desarrollada. Y es, quizá, nuestro punto más débil en el abordaje de la muerte; una muestra más de nuestra incapacidad como individuos y sociedad (supuestamente desarrollada) en la profundización sobre las respuestas más humanas.

Sorprende nuestra magnifica capacidad actual de identificación y empatía con otros, para vivir la compasión y la conexión con sus sufrimientos o frente a la muerte (siempre muerte de otros) sobre todo si ésta es súbita y mediática (y, por tanto, de consumo rápido). Pero cuando toca hablar, empatizar con el que se está muriendo en la proximidad, llamémosle ‘en tránsito hacia la muerte’ (parece que el término ‘moribundo’ suena a viejuno), las cosas son diferentes.

Porque, reconozcámoslo, el problema del ser humano no es la muerte, sino saber de ella o vivir con ella. Los animales no tienen ese problema. Este asunto nos es único.

Las respuestas a lo que pasa o lo que podemos hacer frente a “este cisco” que es la muerte, ha llevado a elaborar diferentes caminos durante la historia de la Humanidad.

No resulta plausible creer, como ejemplo, en ese romanticismo que apunta que se moría mejor antes que en el momento actual. La violencia,  el salvajismo y la inseguridad con que se vivía en el Medievo, por ejemplo, no es el de nuestras sociedades occidentales. Su reflejo queda patente en aquellas estructuras sociales actuales que siguen teniendo ecos de ese pasado medieval en diferentes lugares del planeta.

Antes se moría con dolor, en una agonía desgarrada en su mayor parte. No hay nada ejemplarizante ni deseable en ello. Es cierto que la muerte estaba más presente en conversaciones, textos, monumentos, etc., que ahora y resultaba ser un asunto más social, familiar y presente en la vida diaria porque se moría, igual que se nacía, en presencia de otros; lo que, por cierto, no siempre resultaba deseable. Y por añadidura, depositando sobre el individuo todos los miedos y temores magnificados y concretados en eso que llamamos ‘Infierno’ y que, en nuestro medio, la Iglesia además se encargaba de alentar.

Es cierto que el acto de morir era más público que ahora. También sabemos que en ese momento no estaban las personas acostumbradas a estar solas y su hacinamiento también lo impedía. Definitivamente, el acto de morir no era mejor ni más bondadoso que ahora, al menos si tenemos en cuenta el potencial tecnológico y humano con que contamos en la actualidad. Una cosa no quita la otra. Como resulta habitual, las comparaciones de los diferentes momentos humanos resultan contradictorias.

La soledad y pérdida de identidad ante la muerte, como problema central del morir en nuestro medio, debería separarse de la crueldad de la agonía y el dolor que conlleva, puesto que sabemos trabajar y abordar lo segundo. Es en lo primero donde deberíamos centrarnos y profundizar.

Quizá sea por esto que tenemos tantas dificultades para encarar cuestiones como:

Se trata de reivindicar un conocimiento que va más allá de lo biológico y de la evidencia científica actual, que se enmarca, si lo prefieren, en una ética basada en la ‘sabiduría de lo incierto’, como apertura a la incesante transformación ambigua, transgresora y sin verdades absolutas ni intemporales.

Y en esto cada uno tiene que encontrar su respuesta, en general, acorde con su devenir de (toda) una vida. E. M. Ciorán prefería morir “solo y abandonado, sin afectación ni gestos inútiles” (E. M. Ciorán “En las cimas de la desesperación”). Era su elección, no la de muchos otros. No sirven las respuestas únicas.

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El ansia depredadora disfrazada de burocracia también es capaz de especular con la salud más básica y la infancia más desprotegida, haciendo añicos el supuesto de bondad básica que se presupone ha de tener quien nos gobierna

“El avance de la maldad es el síntoma de vacío.

Siempre que la maldad gana, es solo por ausencia de oposición:

Por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber

compromiso en principios básicos“

(Ayn Rand)

Desde hace años se viene empleando el término ‘Burorepresión’ a la represión burocrática que se ejerce mediante mecanismos administrativos. Nos referimos a ese conjunto de incomodidades burocráticas y sanciones económicas que pueden desalentar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Tenemos ejemplos recientes del uso indiscriminado que se está haciendo de este tipo de represión cuando coartaron nuestra Libertad de Expresión y Manifestación, así como cuando se aplica el marco normativo municipal a través de sus ordenanzas.

Si alguien pensaba que su indignación había alcanzado su techo y ahí, de momento, se quedada todo, va a descubrir, una vez más, que el ansia depredadora disfrazada de burocracia también es capaz de especular con la salud más básica y la infancia más desprotegida, haciendo añicos el supuesto de bondad básica que se presupone ha de tener quien nos gobierna. Y esto es posible a través de esa extensión  de la ‘Burorepresión’ que es la ‘Buroexclusión’.

Desde hace unos días se está distribuyendo en el ámbito de la administración de la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Madrid un documento oficial titulado “Modificación de los tipos de ciudadano ”Transeúnte recién nacido“ y ”Alta recién nacido hospital“.

En principio, “la caducidad de este tipo de ciudadano” (no se sorprenda usted, es el término que han utilizado) estaba fijada en 1 año, “tiempo suficiente” para que los padres pudieran regularizar la situación administrativa. Pero la Gerencia de Atención Primaria de nuestra Comunidad ha decidido que el tiempo de permanencia de este “título provisional” debe reducirse a 90 días desde la fecha de nacimiento, todo ello con la coartada de regularizar el caso en “el cupo de sus pediatras”.

Lo primero que nos llama la atención cada vez que recibimos un documento administrativo como éste, es la distancia percibida entre el contenido, la forma y la ejecución de este tipo de medidas y las personas a las que afecta indirecta o directamente. Los términos elegidos (transeúnte recién nacido, caducidad de este tipo de ciudadano) parecen haberse elegido por su marcada impersonalidad.

La burocracia tiene como propósito fundamental ejercer su dominio sobre la población sin que se pueda localizar con facilidad quién es el responsable; en palabras de Hannah Arendt “la burocracia podría ser adecuadamente definida como el dominio de Nadie”.

Parece, pues, natural que si el gobierno tiene que informar de un cambio administrativo, en este caso de tipo sanitario, y quien tenga que hacerlo sea Nadie, esa persona que lo escribe procure que esa huella humana desaparezca burocratizándola. De ahí las reacciones tan habituales de perplejidad en los compañeros de “no sé exactamente a lo que se refiere” o “más de lo mismo,… otra más”, comentarios que denotan esa costumbre a ser gobernados por Circulares incomprensibles, incompletas o contradictorias que ejecutan lo que parece ser, muchas veces, una lógica inhumana, suprema e incuestionable.

Estamos acostumbrados a imaginar que nos gobierna una maquinaria sin conductor, algo que está incluso por encima de cualquier partido o color político. Ellos, los humanos, los políticos que nos pintan un mundo gobernado por una maquinaria sin rostro, los aspirantes a levantar la voz cuando ésta se atasca, sólo ofrecen evasivas que eluden siempre cualquier tipo de responsabilidad. La culpa la tiene Nadie de nuevo. La impotencia que se siente, la de no poder quejarte, ni pedir explicaciones, es la de no estar dirigiéndote a Nadie.

En este caso, la insensibilidad de la maquinaria se pone de manifiesto cuando los profesionales de primera línea de nuestro servicio público tienen que atender a una población bajo directrices de desatención. O siguiendo la contradicción, tratar a las personas y sus necesidades bajo amenazas y dificultades administrativas. Todo ello muestra esa ausencia de empatía, cuando no, psicopatía del equipo que nos gobierna.

Los pediatras vienen reinvindicando de forma repetida la necesidad de regularidad este tipo de población a efectos de prestar una atención mínima y de calidad, dado que, al no disponer de Tarjeta sanitaria , no tienen acceso a su historial clínico y evolutivo.

Sin embargo, la maquinaria sigue, la burocracia avanza y ejecuta sus directrices, en este caso,  bajo el nombre de Subdirección de Coordinación de Atención primaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid. Y, a pesar de que estamos acostumbrados, el impacto sobre la población en determinados momentos es tan preocupante que no podemos dejar de explicar las consecuencias que tiene que nos gobierne la “Buro-represión” y, en este caso, si lo prefiere, la “Buro-exclusión”: ¿A qué nos referimos en este momento? Al contenido de esta circular ratificada por la Subdirección de Coordinación de Atención primaria y Aseguramiento de la Comunidad de Madrid.

1. Al no poder dar aun de alta al recién nacido por la ley del menor (lo que sería un “menor sin permiso de residencia”) porque les falta alguno de los requisitos, no se les puede gestionar su atención por esa vía. Resultado: Los bebés quedan en situación de baja, esto es, quedan fuera del sistema de atención “hasta que lo necesiten”.

2. Aunque parezca un asunto solo administrativo, la propuesta implica a partir de aquí dar de alta al recién nacido como “transeúnte general” (otro nombrecito ajeno) cada vez que acuda al servicio, lo que dura un día. Imagínese la problemática de manejo administrativo en relación a las pruebas a solicitar (analíticas, imagen,…) cuando no, su deriva a Atención Especializada, con sus consecuencias. Más trabas y dificultades, más posibilidades de error y por ende, a nadie se le escapa, la multiplicación de las posibilidades de quedarse definitivamente fuera del sistema. Además del trabajo multiplicado de los profesionales (administrativos, personal de enfermería, médicos, etc) que tienen que realizar múltiples gestiones para poder hacer un atención coherente y consistente.

3. Si la interpretación es la que planteamos, aunque solo fueran estas dificultades y trabas administrativas añadidas, estaremos, posiblemente, vulnerando de alguna manera, el artículo 24 de la Convención sobre los derechos del Niño y la Niña adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20/11/89, ratificado por España y publicado en el BOE de fecha 31/12/1990: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los estados Partes aseguraran la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptaran las medidas apropiadas para (…). b) Asegurar la prestación de  la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la Salud”.

4. ¿Acaso la Fiscalía del Menor de Madrid, el Defensor del menor y del Pueblo no tienen “oficialmente” nada que decir? Muchos de nosotros nos lo preguntamos.

5. Porque llueve sobre mojado. Y en este momento, la problemática alcanza no solo  a la población inmigrante (población excluida sin residencia), sino también a la población que presenta residencia en nuestro territorio pero que tienen dificultades o han postpuesto los trámites administrativos.

6. La forma en que la Comunidad de Madrid ha aplicado el RDL 16/2012 ha incrementado la vulnerabilidad de las personas en situación irregular, según ya han denunciado organismos múltiples, como Médicos del Mundo que confirman que “se ha hecho de manera arbitraria, desordenada y en muchos casos discrecional, en la medida en que respondía a interpretaciones interesadas según el caso o las circunstancias” o según el Informe Redes (Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria) de Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFYC) de Septiembre 2014: “La facturación, los mensajes hostiles y la arbitrariedad han contribuido al miedo y al alejamiento del sistema sanitario, con el consiguiente riesgo tanto para la salud individual como para la salud pública.

7. Esta discrecionalidad y cruce de intereses espurios en su aplicación del RDL ha sido uno de los ejes de la desincentivación de la población en el uso de la atención sanitaria pública de nuestro país, incluso, según se está documentando, en situaciones permitidas por el propio RDL o sus reglamentaciones autonómicas con el consiguiente compromiso de la salud, el deterioro de la integridad física de las personas y la hipertrofia de la atención urgente, con la pertinente elevación de los costes de atención sanitaria. Todo un despropósito.

8. En el día a día de la atención sanitaria vemos como la desinformación, xenofobia y políticas de austeridad han caído sobre la población más frágil y vulnerable del sistema.

9. Y el grupo poblacional que alcanza este ámbito de decisiones no es precisamente desdeñable, a pesar de la ausencia de datos oficiales que impresiona de claramente intencionada. Se estima que, de entrada, 6.000 niñas y niños se vean afectados, si tenemos en cuenta el decretazo ha dejado sin tarjeta, al menos, a 870.000 personas, en su mayor parte emigrantes.

10. Pero no se confíen, no quedaran ahí las cosas. De momento el RDL también ha impactado en la población con menores rentas y con enfermedades crónicas a través del incremento del copago sanitario.

11. Veamos algunos de estos datos de la Comunidad de Madrid. Según el Informe de 2014 sobre Evolución e impacto del riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, elaborado por la Red de la lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN), al menos, 1,300.662 personas se encontraban en situación de riesgo de pobreza y exclusión social moderado en Madrid en el año 2013, (lo que supone el 20% de la población de la comunidad). Si empleamos la mediana de ingresos anuales, la tasa de pobreza y exclusión social moderada ascendería al 26%, lo que supone que 1.678.149 personas  vivían ya en el año 2013 con una renta mensual menor a 727€. De todas ellas 1.078.354 personas vivían con menos de 484€, lo que supone pobreza severa debajo del 40% de la mediana de ingresos. Estamos hablando del 17% de la población madrileña. Y si consideramos la categoría de pobreza extrema (menos del 20% de la mediana de ingresos) estaríamos hablando de 759.314 personas que viven con menos de 242€, un 12% de la población.

12. Si nos centramos en este tramo final, extremo donde lo haya, mirémoslo como lo miremos, estaremos hablando de personas que viven en hogares con baja intensidad del empleo y con privación material severa, cuyo grupo poblacional central se concentra entre los 25 y 49 años. Estas son personas en edad económicamente  activa probablemente con trabajos precarios o en paro, y con una situación económica muy  vulnerable que tienen en muchos casos menores a cargo.  Un reflejo muy próximo al colectivo poblacional que se ‘buroexcluye’ en la circular. ¿Cuánto tardará la praxis de biopoder en ampliar su ámbito de represión?

No sé usted, pero yo no quiero vivir en un mundo así. No es mi mundo.

Si la mente, dice Hannah Arendt, “tiene una verdadera actividad política es la capacidad de juicio”. El juicio de la realidad ya es forma de compromiso, si no de acción en política. No renuncie a ello,… Yo no pienso hacerlo.

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P.D: Este artículo ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de Manuel Espinel Vallejo y Ana Castaño Romero. Muchas gracias a ambos

“Cuando las personas no aprenden las herramientas de juicio

y se limitan a seguir sus esperanzas,

las semillas de la manipulación política se siembran“

Stephen Jay Gould

Desde mi punto de vista como ciudadano y como médico que trabaja en la sanidad pública, con alguna experiencia en ayuda humanitaria, no deja de crecer la indignación, una más de tantas, junto a la de muchos compañeros con vivencias similares, por la forma en que los gobiernos central y autonómicos manejan los servicios públicos y gestionan asuntos como la reciente decisión de evacuar a dos religiosos españoles de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) de Liberia a causa de la epidemia de ébola.

A estas alturas, tras las idas y venidas de declaraciones, contradicciones, ocultaciones y distorsiones, y aunque la información accesible sea limitada, podemos elaborar un esquema de la situación con los datos disponibles hasta la fecha, salvo nuevas distorsiones, contradicciones o sorpresas que pudieran surgir, tal y como nos tiene acostumbrados los Ejecutivos central y de la Comunidad de Madrid.

1. El 7 de agosto el Gobierno ejecutó el traslado a España en un Airbus medicalizado procedente de Liberia, de los religiosos Miguel Pajares, enfermo de ébola, y Juliana Bohi, que a pesar de no estar infectada, fue evacuada al tener nacionalidad española.

En el momento de la evacuación el hospital estaba cerrado y se encontraban en él, aislados y sin poder abandonar el centro, otros tres religiosos (dos de ellos infectados por ébola) que no fueron evacuados al no tener pasaporte español.

El 24 de abril de 2012 entró en vigor la Ley 16/2012, por la que se retiraba la tarjeta sanitaria a los sin papeles y la ministra de Sanidad, Ana Mato, declaraba: “Simplemente se quedan sin la tarjeta sanitaria que les corresponde a los españoles. [con la reforma] Se garantiza la universalidad de la sanidad para todos los españoles y se pone coto a los abusos y al turismo sanitario”. En resumen, sanidad española sólo para los españoles…. pero dentro del rango de la citada Ley.

En ese caso, ¿qué pasaría si el supuesto evacuado, altamente dedicado (o no) a labores de ayuda humanitaria, no está al tanto de sus obligaciones con la Seguridad Social (la OHSJD no ha precisado si el interesado estaba asegurado o no), se trata técnicamente de un parado de larga duración o es un compatriota que lleva más de tres años fuera del territorio español?: se encuentra fuera del rango de la norma.

En caso contrario, ¿se ha decidido la evacuación basándose en una nueva universalidad de la asistencia sanitaria para todos los españoles? Entonces, es de suponer que el Gobierno debe evacuar a cualquier enfermo español en el extranjero que lo solicite.

2. El 3 de agosto se inicia una campaña en las redes (change.org) para “repatriar desde Liberia a trabajadores sanitarios que han tenido contacto con casos de ébola y que están aislados”. El 6 de agosto el número de firmas superaba las 100.000.

La prensa española próxima al Gobierno ha hecho referencia de forma reiterada al número de personas que han pedido por internet a Exteriores la evacuación de los españoles aislados en Liberia (ABC,…), y de las trágicas peticiones de ayuda de alguno de los religiosos “no españoles”, como la hermana Catherine Agdodnito, en la COPE.

Con posterioridad, estos medios han hecho referencia a la sensibilidad de los decisores gubernamentales con las peticiones populares, aunque la respuesta no ha sido tal, en la medida que ha repatriado únicamente a los españoles.

¿Se concluye, por tanto, que esta decisión presupone una sensibilidad especial con el deseo de la población? Si fuera así, lo que resulta dudoso por los resultados, ¿lo va a hacer a partir de ahora (o, al menos, en este momento preelectoral) con cualquier petición que supere las 100.000 firmas, a diferencia del silencio que ha tenido con otras peticiones (proyecto de ley del aborto, desahucios, etc.)?

3. La directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, ha justificado la decisión tomada porque que la Orden sólo había solicitado la repatriación de los dos españoles.

Según ha revelado el director de su orden religiosa, José María Viadero, el misionero “tenía pánico a ingresar en la unidad de infecciosos a la que se lleva a los enfermos locales”.

La citada Orden, en su Carta de Identidad señala: “Nuestra Orden existe para evangelizar a los pobres, para acompañarlos y aliviarlos en sus sufrimientos, al estilo de San Juan de Dios… En tanto que personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. La dignidad es inherente al ser humano por ser sujeto de derecho y deberes” (Carta de identidad de la OHSJD).

De ser cierto (habría que oír a la orden religiosa) lo referido por Mercedes Vinuesa, ¿resulta congruente con el discurso cristiano y entregado, reflejado en sus escritos de base ética y fundacional, del que hace gala la citada Orden? ¿Qué piensa de ello su Comité de Ética? Y en caso de ser así, cuando actúen en situaciones equivalentes, ¿se va a nformar de antemano a la población de esta forma diferencial de actuación con respecto a ellos cuando vengan malas?

Por otro lado, la Orden religiosa en un comunicado reciente informa sobre el fallecimiento de la religiosa infectada que quedó en Liberia e indica que está preparando un equipo de profesionales sanitarios para enviar lo antes posible a la zona dentro de la campaña “Paremos el Ébola en África del Oeste”.

En ese caso, ¿se establece el acuerdo con el Gobierno español y, en su caso, los Gobiernos autonómicos, para la costear las posibles evacuaciones que fueran precisas, o bien se firman los correspondientes seguros incluyendo dicha contingencia?

Un dato añadido, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, según figura en su Sicav, Finanzas Quercus, contaba en 2011 con 12 millones de euros en productos deuda del Tesoro español y 1,16 millones en renta fija del Banco Santander. Además, según ha informado extracponfidencial.com, como empresa sanitaria factura en torno a 25 millones de euros anuales. Es de suponer que podría financiar tales seguros y repatriaciones.

Entonces, si no se trata de un trato diferenciado con una organización específica de carácter religioso, ¿prevé el Gobierno que en las acciones en el exterior de las organizaciones humanitarias, decididas por ellas mismas, se financien con dinero público las evacuaciones similares, o bien establecerá la obligación de subscribir seguros que las recojan?

4. Una vez tomada la decisión, el Gobierno en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha habilitado el Hospital Carlos III para recibir a los religiosos evacuados. Dicho hospital era el centro más capacitado de nuestro país como centro especializado en enfermedades infeccionas con potencial epidemiológico, pero recientemente fue desmantelado como tal e integrado en el Hospital de La Paz, siendo transformado en hospital de media estancia para atender a pacientes derivados de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, todo ello dentro del Plan de Medidas de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

Para ello, ha sido preciso evacuar una planta en la que había pacientes ingresados para volver a montar una unidad especial de tratamiento para 1-2 pacientes con el personal suficiente para su atención continua y con el nuevo traslado de medios a dicho centro para su correcta atención.

¿Acaso nuestros gestores madrileños, con este gesto, están reconociendo el rotundo fracaso y error de su plan de reforma y privatización sanitaria? Por cierto, dicho plan fue la base del discurso de investidura del actual presidente de Madrid, D. Ignacio González, en octubre de 2012.

¿Es de suponer con esta medida que, en consecuencia, el Hospital Carlos III volverá a partir de ahora, a su condición previa como Centro de Referencia de enfermedades infecciosas epidemiológicas, con la consiguiente funcionalidad, reinversión, acondicionamiento y contratación de personal?

5. Por otro lado, salvo la obtención del supuesto tratamiento secreto (en manos del ejército de EEUU y con una dosis almacenada en Ginebra) y el aislamiento del enfermo para evitar el contagio a otras personas, ¿qué otras medidas fundamentales se están tomando que no pudieran haberse habilitado sobre el terreno con una adecuada inyección de medios mínimos?

Los costes de la parafernalia puesta en marcha superan con mucho el de medios que podrían instalarse sobre el terreno, posibilitando el cuidado de un número considerable de pacientes infectados y el acceso preventivo y protector de otros, con resultados costoefectivos. Todo ello, sin necesidad de exponer a la población en nuestro país y Europa en general a un riesgo innecesario y, lo que podría ser peor, sin que se produzca la ruptura de la confianza y adecuación en unos protocolos y criterios de actuación integrados desde hace años, con notable esfuerzo, entre todos los profesionales, por una orden superior que actúa de forma inequitativa e insolidaria.

Otro dato de interés, en el año 2012 el actual Gobierno del PP recortó 1.348 millones de euros (16%) en cooperación internacional y en 2013 volvió a recortar otro 23,4% con respecto al 2012.

Más datos: En EEUU existen 10 hospitales con nivel 4 de aislamiento y aquí solo disponemos del Hospital Carlos III (ahora adscrito a La Paz) con un nivel 2 y elementos de nivel 3 para manejo de muestras.

Como especialista en Salud Pública se me plantean, como a muchos compañeros de profesión, múltiples preguntas más sobre lo adecuado, la oportunidad y la pertinencia de la decisión adoptada. Especialmente cuando hay que tomar múltiples decisiones de forma continua, en el ámbito de la medicina preventiva.

En este orden, resulta necesaria la transparencia gubernamental y técnica para poder garantizar a la población una seguridad y confianza mínima suficiente.

Con todo ello, a nadie se le escapa que en la decisión y habilitación de los medios para el traslado y atención del paciente subyacen intereses no manifiestos de carácter político y no sanitario, por los que debería responder éste o cualquier otro Gobierno.

La ausencia de una Oficina independiente de Evaluación Continua de Políticas Sanitarias y Sociales para controlar su impacto en la población deja las manos libres a un Gobierno que en sus decisiones tiene lo que los sanitarios llamamos conflicto de intereses. Esto le lleva a emplear, sin reparo, los medios públicos de forma poco costoefectiva y escasamente eficiente, a favor de sus propios intereses y los de su círculo, dejando al margen el cuidado de la población y la consideración del sufrimiento que pudiera derivar de sus acciones, tal y como ya hemos visto en gestiones del mismo partido en el Gobierno (Prestige, Yak42, Madrid Arena, Metro de Valencia…).

Lamentablemente se ha comunicado que el compañero Miguel Pajares, como le ha sucedió a otros compañeros del hospital de Liberia, enfermos de ébola, no ha logrado sobrevivir a pesar de los cuidados dispensados y, al parecer, tras la administración del tratamiento importado.

Tal y como ya se ha expresado en otro momento, solo queda agradecer a Miguel, sus correligionarios y el personal de apoyo en Liberia, su esfuerzo en el apoyo de la población del país.