Amenaza el señor Abascal con romper esos gobiernos autónomos que mangonea con la otra derecha si estos admiten que vayan “menas”, como llaman a los niños y a las niñas con la intención de deshumanizarlos, a sus territorios. Se trata, dice, de evitar supuestas violaciones, robos y fechorías por parte de esos menores.

Cuesta escuchar estas cosas sobre niñas y niños que se encuentran solos en una tierra extraña. Pero es verdad que hay gente mala sobre esta tierra. Esta gente de VOX nos lo demuestra cada día.

Y claro que habrá delitos cometidos por personas migrantes: hay delincuentes de todos los colores, las estadísticas pueden intentar manipularse mezclando extranjeros con migrantes, adultos con menores y detenidos con condenados. Pero lo cierto es lo evidente: no hay relación entre crimen y migrantes. 

Necesitan miedo para inculcar el odio. La tasa de criminalidad en España por cada mil habitantes sigue siendo de las más bajas de Europa y, en cuanto a las comunidades autónomas, resulta que en Canarias, una de las que más migración recibe, tiene una tasa del 43,8 por mil, por debajo de Madrid que tiene una media del 59, Valencia con 51 o Andalucía con un 44. En estas tres comunidades, por cierto, gobiernan ellos.

¿Y qué hay de esa narrativa de la invasión? En Canarias también están aprovechando una realidad que nos atormenta: la sobrepoblación, la de millones de turistas que se hacen residentes no para vivir con nosotros sino especular con nuestras casas y nuestros recursos. Pero son blancos y, sobre todo, tienen dinero. Nuestras Islas concentran más de la cuarta parte de la inversión inmobiliaria extranjera en toda España. El problema no son los migrantes…

¿Por qué mienten, entonces?

Es la historia de siempre, necesitan enemigos con los que desviar la atención de su despotismo y a los que culpar de las consecuencias de su codicia. Son los judíos para Hitler, los masones para Franco, los palestinos para Netanyahu. Ahora vemos a Trump, a Meloni, a Le Pen, a Abascal, culpando a los migrantes… mientras se afanan en la desregulación laboral, la bajada de las pensiones y el recorte de derechos.

No dudan siquiera en difamar a esos apenas cinco mil niños y niñas que estos días están en boca de toda la dirigencia política de este país y, por tanto, de sus medios de comunicación, porque se discute la solidaridad para acogerlos, una obligación que nos viene de las leyes internacionales que con grandes alharacas hemos firmado en los palacios, como si hubiera que tener leyes, como si no fuera lo más propio de la humanidad tratar a los niños como niños, cuidarlos, atenderlos. Niños y niñas que no son un acrónimo, que no son “menas”, que son menores en situación de orfandad.

Niños y niñas que han arribado a nuestras tierras tras jugarse la vida en una de las rutas más peligrosas de la migración mundial, empujados por el agotamiento de sus recursos expropiados por nuestras multinacionales, empujados por las guerras coloniales de nuestras industrias armamentísticas, empujados por el único y legitimo deseo de buscar una oportunidad aún a costa de entregar a la humillación, la esclavitud y el desprecio -cuando no al mar- el futuro de sus familias, mientras esperan noticias, buscan los nombres de los fallecidos y lloran sus pérdidas.

Decía Umberto Eco que aquellos que no tienen discurso político propio necesitan un enemigo para suplantarlo. Hacer que la gente se olvide y no piensen en las desigualdades, en reclamar sueldos justos, en derechos, en una sanidad digna, en una vivienda digna, en una educación pública y de calidad para nuestras hijas e hijos.

Sería de justicia -ellos que denuncian a todo el mundo ante sus jueces favoritos- que ante este tipo de declaraciones ignominiosas la fiscalía interviniera de oficio por delito de odio, no solo para limitar y controlar las mentiras flagrantes de esos representantes públicos, es decir con sueldos del Estado, sino para limpiar algo el aire irrespirable de odio que otra vez hoy pretenden inocularnos los de siempre, desde los mismos sectores de siempre, y también desde la política.

Hace más de cinco años que Podemos y otras fuerzas políticas que han formado parte de nuestros Grupos Parlamentarios llegamos al Congreso afirmando que las últimas reformas del sistema de Pensiones ejecutadas tanto por el PSOE como por el PP no garantizaban su sostenibilidad. Al contrario, siempre sostuvimos que dichas reformas habían provocado una devaluación de su carácter público, afectando con ello a la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas pensionistas de nuestro país. 

Por eso hoy, como siempre, en un mundo donde las meras expectativas se comercian en los mercados financieros, defender con la máxima rotundidad y con la máxima exigencia el blindaje de una legislación sobre el carácter público, digno, vertebrador, suficiente y solidario de nuestro sistema de pensiones debe constituir una parte irrenunciable de nuestro trabajo parlamentario. 

Y por eso mismo, también, soy una de las representantes en el Congreso que no ha podido votar a favor de la reciente votación de la llamada 'Ley Escrivá', el Proyecto de Ley de Garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Aquellas reformas que siempre hemos rechazado se sustentaban discursivamente en tres argumentos: el carácter deficitario del sistema público de pensiones, su gasto excesivo y el impacto negativo del factor demográfico sobre la caja de las pensiones. Pero ese discurso no afrontaba una realidad que siempre se soslaya: que el déficit se originaba, no en el exceso de gasto, sino en la insuficiente recaudación debida a la bajada de los salarios, los aumentos del desempleo en centenares de miles de parados y la irregularidad de las contribuciones derivada de una cronificación de la precariedad laboral. Si la causa de la reducción de los ingresos se ha situado durante años en las nefastas políticas laborales, amén de una pésima gestión de los fondos en numerosas ocasiones, las reformas se dirigían por el contrario a castigar a los propios afectados ya en primer término afectados por la desestructuración del mundo del trabajo.

Un ejército de expertos de todo tipo, economistas especialmente, de la mano del Banco de España, construyeron así un relato fraudulento que impusieron como verdades absolutas, interpretando interesadamente datos que consideraban objetivos, pero de los cuales deducían soluciones que escondían su carácter ideológico. Se adoptaron así medidas que aumentaron la edad de jubilación y los periodos de cotización necesarios para solicitarla, afectaron a los índices de revalorización en detrimento de los intereses de la mayoría de los trabajadoras y trabajadores, y aplicaron el engañoso factor de sostenibilidad. “Reformas paramétricas”, las denominaron, haciendo uso del frío lenguaje tecnocrático que siempre enmascara la realidad de un impacto doloroso sobre la vida de la gente común. 

Las consecuencias de estas políticas nos son ya conocidas: las mujeres, como siempre, y esto sí son también datos objetivos, han resultado ser las más perjudicadas al alargarse las carreras de cotización; más de cuatro millones de personas pensionistas han quedado progresivamente en situación de pobreza; otras muchas miles, con más de 40 años de cotización y que por diversas causas fueron jubiladas antes de los 65 años —en muchos casos forzadas por un mercado laboral que expulsaba a la gente mayor para abrir hueco a la fuerza de trabajo joven precarizada— han sufrido al final de sus vidas la condena de coeficientes reductores de sus pensiones de hasta un 24%. La mayoría de las personas jóvenes que se han ido incorporando a un mundo laboral inestable y con muy pocas garantías de futuro han asumido resignadamente que sus trabajos no les garantizarían disfrutar de una pensión digna cuando tuvieran una edad avanzada. En consecuencia, sencillamente, se han desentendido de cualquier movilización en defensa del sistema público. Esta desidia del mundo laboral, por haber asimilado que el empleo no supone ya casi nunca una garantía de futuro para las vidas de millones de personas y familias de todo tipo, ha sido también un efecto buscado por la burocratización del lenguaje técnico, político y legislativo utilizado para aplicar ese alambique de reformas estructurales. 

El horizonte perseguido por las reformas no era otro, por lo tanto, que una transformación cultural de fondo: que la responsabilidad social, la obligación que como comunidad política y como Estado cuidador tenemos hacia quienes han dejado lo mejor de sus vidas sosteniendo nuestra sociedad con su fuerza y su inteligencia, se transmutase en una vaga idea de asistencialismo: un sistema público que ayuda en la medida en que supuestamente pueda, y dentro de unos parámetros de cálculo fríos y carentes de empatía, originados en una ideología sociópata. Y esa mutación cultural, por supuesto, no es desinteresada: no solamente el empequeñecimiento del sistema público de pensiones, también la modificación de su carácter, de nuestra cultura del cuidado por nuestros trabajadores y trabajadoras al final de sus vidas, son metamorfosis de fondo que buscan forzar comportamientos anti públicos: el recurso a los sistemas privados de pensiones por parte de quienes se lo puedan permitir o sientan el miedo de sufrir una desasistencia cuando seguramente más cuidado van a necesitar. 

La combinación de pensiones bajas más planes privados controlados por el sistema financiero ha resultado letal para las sociedades de Bienestar, tanto en términos cuantitativos como también cualitativos, convirtiéndonos en el tipo de sociedades menos empáticas y más fragmentadas del tanto tienes, tanto vales.

Y explico el por qué de la abstención Nuestro espacio político siempre ha rechazado los tres argumentos en los que repetitivamente se basa esa expectativa de privatización: el carácter deficitario del sistema público de pensiones, su gasto excesivo y el impacto negativo del factor demográfico sobre la caja de las pensiones. Nuestra defensa del retorno a un sistema público de pensiones decente —tan decente como debe serlo en una comunidad política que se sienta orgullosa de no dejar a nadie descuidado cuando más lo necesita, y de devolver a sus miembros el fruto de su esfuerzo de toda una vida por sostenernos juntos—, no ha sido meramente ideológica ni abstracta, ni en el aire. Hemos mantenido un contacto permanente con quienes han sostenido en alto, a pesar de todas las dificultades, las banderas reivindicativas de la sociedad civil: los colectivos de personas pensionistas. 

Con ellos hemos vivido también luchas en común cuando ha sido necesario que nosotros y nosotras, como diputados y diputadas, cargos electos para defender los intereses de la gente común, bajáramos de los escaños a las calles o a los centros de reunión, procurando que la división entre instituciones y ciudadanía no fuera en este caso una muralla sino una frontera porosa. Y los objetivos que hemos planteado conjuntamente fuera y dentro del Poder Legislativo han sido claros: blindar el sistema público de pensiones como uno de los pilares quintaesenciales del Estado social y democrático de Derecho que dice ser España. Desarrollar —y no constreñir— el Artículo 50 de la Constitución Española, que establece con absoluta claridad que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, de manera que se pueda disfrutar de una vejez digna, discriminando la edad de jubilación en función de la penosidad del trabajo, de las cargas laborales, del impacto sobre la salud que el ejercicio del trabajo tiene, y, en general, de otros criterios que no sean la voracidad de los sistemas financieros y la psicopatía de las políticas anti públicas. 

En esta legislatura en curso, participando ya nuestra fuerza política en las tareas del Poder Ejecutivo, cerramos en el ámbito del Gobierno de coalición un acuerdo programático en esta materia, levantando amplias expectativas en el sentido de poder impulsar un nuevo desarrollo del sistema público de pensiones con una orientación progresista. 

Sin embargo, la propuesta legislativa aportada por el ministro implicado, el Sr. D. José Luis Escrivá, consistía más en una profundización de la Ley promulgada bajo el Gobierno del presidente D. José Luis Rodríguez Zapatero que en un desarrollo del acuerdo programático progresista entre el PSOE y Unidas Podemos. En honor a la verdad, se tiene que reconocer que la propuesta llevada originalmente al Congreso contenía algún avance (¡sólo faltaría lo contrario!), y que, a lo largo de su tramitación parlamentaria, vía enmiendas, se ha logrado aportar alguno más: por ejemplo, una mención a cómo la Carta Social Europea debe tenerse en cuenta para fijar las pensiones mínimas. 

Esas modificaciones consisten en ligeros avances que desaconsejan rechazar frontalmente el conjunto del texto legislativo aprobado. Pero nada de estos aspectos medianamente valiosos toca lo más grave, el fondo de la cuestión: cómo las urgencias sociales nos exigen en este momento de una manera dramática modificar estructuralmente un sistema público de pensiones que tiene que volver a ser blindado, cosa que esta Ley de ninguna manera garantiza. 

Un Gobierno de coalición progresista que opera en mitad de una crisis sistémica de la envergadura que estamos atravesando, no puede seguir dejando estas cuestiones abiertas a disputarse en un futuro entre fuerzas desiguales: un sistema financiero que se quiebra sin renunciar a su avaricia extractivista sobre la sociedad y un mundo del trabajo fragmentado, precarizado y azotado por las sucesivas crisis. Dejar en suspenso, por las ambigüedades del texto, la orientación del desarrollo futuro del sistema público de pensiones —tal y como las organizaciones de personas pensionistas afirman que hace esta Ley— no es solamente distinto de blindarlo: es incumplir unos principios que nos deben resultar irrenunciables no por ideología, sino porque nos va en ello la vida de nuestras personas mayores y de las generaciones futuras. 

La demagogia de que es anticonstitucional, de enarbolar la bandera de la igualdad, mérito y capacidad, no ya por algunos responsables políticos, cuyos partidos han sido cómplices por acción u omisión de esta situación, sino, incluso, por algunos sindicatos que no han sido capaces de proteger a estas personas trabajadoras de ese abuso de temporalidad, es sencillamente inaceptable.

La experiencia laboral de estos trabajadores y trabajadoras -hay quienes llevan hasta treinta años en sus tareas-, es infinita, y cualquier empresa valoraría este hecho como transcendental.

Nuestros gestores públicos están mareando el baifo sin atreverse a poner definitivamente las cosas en su sitio, es decir, darles la estabilidad a estos trabajadores y trabajadoras que están en abuso de temporalidad, para aprovechar lo más valioso que tenemos, la experiencia laboral.

Estos trabajadores, hay que dejar claro, no están pidiendo ser funcionarios sino la permanencia en sus puestos de trabajo hasta su jubilación.

Esta estabilidad debe recogerse extraordinariamente en esa modificación del EBEP y, a partir de ahí, respetar la convocatoria, al menos una vez al año, de los procesos selectivos para cubrir las plazas, tanto vacantes como de nueva creación.

Se espera en los próximos años la jubilación de más de 200.000 trabajadores en las distintas aéreas de la función pública. La estabilidad de estas personas afectadas por el abuso no es incompatible con la convocatoria de nuevas plazas, y más que deberían de sacar atendiendo, como hemos podido comprobar en esta tremenda pandemia, a la falta de personal en muchas de las administraciones públicas.

Ahora que tenemos gobiernos de progreso en el estado y en nuestro país Canario, esperamos de ellos que tengan el sentido común y la voluntad política necesaria para la buena resolución de este conflicto de una vez por todas,  porque sí que creemos en lo público y es imperiosa la necesidad de reforzar todo los servicios que en estos tiempos, como nunca, hemos visto como imprescindibles.

Meri Pita Cárdenes

Diputada por la provincia de Las Palmas

Canarias, por nuestra posición geográfica, ha sido siempre una tierra de migrantes. Hemos sido históricamente un pueblo abocado a la movilidad transnacional, unas veces como puerto de partida y, otras, como destino. En este trasiego se ha ido conformado nuestra identidad y sentimiento, por eso no hay nada que tenga menos que ver con nuestro pueblo que el racismo.

La explicación es sencilla, las canarias y canarios somos conocedores del dolor que supone salir de nuestras islas para buscar, en otras tierras, el derecho legítimo de un trabajo que te permita el desarrollo de una vida digna. De modo que reconocemos y respetamos el duelo de los que, de igual forma, llegan a nuestro archipiélago con el mismo fin. 

Hay quienes se empeñan, sin embargo, en que repudiemos y culpabilicemos a estas personas que dejan toda su vida atrás, cuando no directamente se la juegan al tratar de atravesar una de las rutas migratoria más peligrosas del mundo. Según parece, criminalizando su precariedad, utilizando el miedo y llamándolos “invasores” es posible que dejemos de atender a los problemas de nuestra sociedad, como la desigualdad social lacerantes que ubica a nuestra Islas lejos del bienestar social de otros países con un PIB equiparable. 

Agitando el fantasma del racismo hay quienes pretenden que olvidemos las malas políticas que Occidente ha desplegado en el continente al que pertenecemos geográficamente. Políticas de expolio que han hecho que regiones con enormes riquezas estén condenadas a la pobreza extrema, la inestabilidad política y la violencia.  

Podemos mirar para otro lado ante esta tragedia humanitaria y decir que no tenemos capacidad, que unos pocos miles de migrantes nos desbordan mientras 16 millones de turistas no lo hacen. Podemos afirmar que quienes vienen con la esperanza puesta en progresar son potenciales delincuentes, pero entonces estaremos traicionando nuestra memoria y a todas las generaciones canarias que, antes que nosotras y nosotros, tuvieron que salir de nuestra tierra, con el dolor que ello supone, a buscar fuera lo que se les negaba aquí.

Nuestra responsabilidad ahora como representantes institucionales, en gobiernos, sea local, autonómico o estatal, es tomar las medidas necesarias, o instar a ello, para:

-Detener el desmantelamiento del servicio público de Salvamento Marítimo, respetando los derechos laborales de sus trabajadores, hoy desbordados por la mala gestión del servicio. 

-Garantizar a toda persona migrante sus derechos fundamentales haciéndonos cargo de una situación dolosa en la que tenemos responsabilidad directa. 

-Impedir que Europa forme muros de contención de la población migrante, ni en Canarias ni en ninguna otra parte, porque la necesidad y la esperanza no se detienen ante ningún obstáculo. 

Por estas razones debemos pensar, antes de que se terminen de convertir nuestras fronteras en cárceles o cementerios, en asegurar los corredores migratorios que conectan África con Europa mientras incidimos en las causas de estos movimientos de población en origen.

Frente al odio, debemos insistir, porque estamos éticamente obligadas a ello, en el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra tierra, y más si somos sus representantes electos. No podemos ni debemos mirar para otro lado o exigir a otros lo que nos corresponde hacer a nosotras. El drama migratorio nos está costando vidas. Quien no esté a la altura de asumir desde las instituciones las responsabilidades que conlleva tal desafío, que se aparte.

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos”

José Saramago.

Estamos viviendo una tremenda encrucijada que asoma como la precuela de una devastadora crisis social y económica. Se anuncia una caída del PIB solo comparable con tiempos de posguerra, por eso conviene hacer un ejercicio de memoria en estos momentos, pues de no hacerlo podríamos repetir los errores históricos que nos han convertido en unos de los territorios de la Unión Europea con niveles más lacerantes de desigualdad, pobreza y exclusión social. Y llueve sobre mojado.

Las crisis sistémicas soportadas en los últimos cuarenta años han ido recortando derechos que habían sido conquistados con sangre, sudor y lágrimas. El retroceso ha sido de tal calibre que nos ha llevado incluso a tener a miles de trabajadores y trabajadoras pobres, personas que, aun teniendo trabajo, a veces incluso dos, no llegan a cubrir sus necesidades básicas: alimentación, vivienda y servicios esenciales. Hemos alcanzado también índices de pobreza infantil espeluznantes en un país, Canarias, que se proclama desarrollado. Y si no reaccionamos pronto contra estas políticas neoliberales que han logrado precarizar nuestras vidas, nuestros hijos e hijas tendrán, por primera vez, peores condiciones de vida que nosotras.

En las crisis del pasado siglo nuestros antepasados se marcharon a Latinoamérica para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, escapando de una realidad durísima. En las primeras crisis de este siglo XXI le ha tocado a nuestra juventud, que se ha visto igualmente obligada a emigrar para obtener el trabajo que aquí se les niega. Y ahora que una nueva crisis se nos viene encima, ¿no debemos enfrentar sus consecuencias?

La gente que vivimos en el Archipiélago no estamos condenada, como si de una maldición insular se tratase, a mirar eternamente el mar añorando la promesa hecha, recordando la última despedida... Ante ese bucle de dolor biográfico cabe otra alternativa: asumir las riendas de nuestra historia, forjar otra Canarias posible de justicia social y dignidad.

En los últimos diez años nuestro motor económico, el turismo, encadenó un periodo que algunos calificaron “de excelencia”. En parte por las bondades de nuestro territorio, en parte por condicionantes externos, recibimos en las Islas visitantes muy por encima de nuestros niveles de sostenibilidad ecológica. Hasta quince millones de turistas al año desembarcaron en nuestra tierra, generando, en plena crisis, márgenes de beneficios sin precedentes.

¿Significó esto un reparto más equitativo de la riqueza que se produce aquí? No. Por el contrario, se precarizaron empleos, se bajaron sueldos, se redujeron plantillas y se apostó por el turismo del todo incluido, que dejó a cientos de autónomos y pymes en situación de cierre. Ni siquiera se aprovechó este impulso del turismo para aumentar el consumo de los productos del país. La política autonómica durante este excelso decenio para el sector servicios puede reducirse a un simple imperativo: toma el dinero y corre.

Esta es la razón por la que resulta insultante para nuestro pueblo que ahora, en plena crisis Covid-19, muchos de los que han tenido altas responsabilidades políticas se echen las manos a la cabeza maldiciendo el monocultivo turístico. Porque han sido ellos, precisamente, los que han ignorado a los movimientos sociales y sectores de la sociedad civil que llevan años hablando de la necesidad de diversificar nuestra economía.

No se trata, sin embargo, de abandonar el turismo, sino de insistir en su calidad y reforzar otros sectores productivos que son imprescindibles para mejorar la vida en el Archipiélago, como el sector primario y la industria de las energías limpias, que ligadas al turismo serian un valor añadido. Hemos repetido una y otra vez el tremendo potencial que tiene nuestro territorio más allá del lamento colonial al que nos tienen acostumbrados ciertos dirigentes, poniendo en valor nuestra ubicación geoestratégica, nuestro patrimonio natural y cultural y, cómo no, la profesionalidad de nuestra clase trabajadora. Es hora ya de implementar una renta básica que garantice una redistribución real de la riqueza creada en esta tierra. Es hora ya de que esas grandes fortunas amasadas bajo el amparo de nuestro fuero histórico y explotando nuestra mano de obra, arrimen también el hombro.

No hay virtud sin dificultad y, para poner en valor todo aquello que nos define como territorio debemos primero tener la voluntad colectiva de apostar por nuestras fortalezas, huir de aquellos cantos de sirena que lo único que quieren es perpetuar la desigualdad que nos desangra. Es imprescindible tomar conciencia de lo que somos, un pueblo que quiere vivir dignamente y en paz, alejado del ruido de capitales depredadores que solo siembran pobreza, de la bulla matadora del centralismo de Estado y del aún más dañino pleito insular.

Alguien dijo alguna vez que no se necesita valor para hacer lo único que se puede hacer. No tendríamos perdón de Dios si permitimos que los mercachifles que han dirigido nuestro territorio en lo político y en lo económico, empleando sus viejas mañas, nos vuelvan a encadenar al presente sin futuro en el que estábamos instalados antes de la pandemia. Para salir dignamente de esta crisis debemos hacerlo por otra senda. Si la historia es la estela que deja el ser humano cuando intenta alcanzar sus metas, Canarias tiene un objetivo histórico: reconstruirse colectivamente y, de una vez por todas, dejar atrás nuestras cadenas. Tenemos los recursos y la fuerza necesaria para construir otra Canarias. Pongámoslas al servicio de nuestra gente.

Más de la mitad de las personas que habitan nuestra tierra no llegan a fin de mes y una de cada tres se encuentra bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social. Esos son los indicadores que barajamos desde que empezó la crisis y todo parece indicar que no van mejorar.

De nada nos ha servido que la inestabilidad política en el Norte de África haya desviado a millones de turistas hacia el Archipiélago durante este mismo periodo. El hecho de que ahora recibamos seis millones de visitantes más que en 2011 no ha ayudado a que descienda el desempleo y, lo poco que este ha bajado ha sido a costa de un aumento escandaloso de la precariedad. Se puede afirmar que hay alguien que se ha llenado los bolsillos de una manera obscena mientras esta tierra se ahogaba entre la falta de trabajo, las jornadas laborales delirantes y los salarios de miseria.

La vieja política derrotada en pasado 26 de mayo en Canarias no es suficiente para que nuestra tierra vuelva a encarar la vereda del progreso después de tanto tiempo de mala gestión de quienes actuaron como delegados de esas élites insolidarias y explotadoras.

La arquitectura medular del Estado determina que para transformar Canarias y acabar el sufrimiento social que provoca nuestro modelo económico, tan injusto, es indispensable que los poderes legislativo y ejecutivo se pongan de acuerdo. Solo así se puede elevar el Salario Mínimo hasta alcanzar los estándares que ya rigen en el resto de países de la Unión Europea, combatir con recursos efectivos la precariedad y la explotación laboral e implantar una Renta Mínima de Inserción que devuelva la dignidad a tanta gente en nuestro país que ha sido excluida de casi todo.

Sin embargo, conseguir que Canarias esté en la agenda de un gobierno que, como decía con picardía Alonso Quesada, siempre hemos visto a través del Atlántico no es una tarea fácil. Nuestras Islas han carecido de importancia en él durante demasiado tiempo. Ese nacionalismo que por la mañana ondea la tricolor y por la tarde apoya con firmeza el 155, ha dejado en la estacada a nuestro pueblo. Esa “voz canaria en Madrid” que vendieron como antídoto a todos los males lejos de representar a la mayoría social del Archipiélago lo que ha hecho es condenarla. Incluso en los momentos en los que sus escaños valían oro, de lo único que se ha preocupado es de aplicar medidas como elevar, sin revisar, el descuento de residente o las subvenciones para carreteras. De la desigualdad que inflama nuestros pueblos y barrios, del desempleo o del incumplimiento de los derechos laborales de las cientos de miles de canarias y canarios que mantienen vivo el sector servicios ni hablar.

Además las dos formaciones políticas responsables de semejante destrozo han tomado la decisión, por otra parte coherente con sus intereses, de concurrir juntas en este 10N: Acorán los cría y ellos se juntan. Ahora bien, el matrimonio CC-NC, por mucho que en términos electoralistas pretenda venderse como la “ansiada” unificación del nacionalismo canario en realidad lo único que confirma es el descrédito ideológico de ambas. La ralea Oramas-Quevedo además de extender la falta de escrúpulos a la que nos tiene acostumbrados el partido de Fernando Clavijo a todo el espectro nacionalista, certifica la renuncia expresa de los de Román Rodríguez a sus propuestas de progreso social y soberanismo en materias fundamentales como el sector agroalimentario y el energético.

Esta es la razón por la que cambiaron las instituciones del Archipiélago y ahora, que hemos vuelto a verle las orejas al lobo, está claro que tampoco los necesitamos en Madrid. El papel que el falso nacionalismo ha cumplido en el Congreso como gangochero de los grandes poderes económicos lo puede ejercer igual el Partido Popular que Ciudadanos para mantener a salvo sus privilegios pues todos hablan el mismo idioma. El papel del Partido Socialista en este escenario, ya se sabe, depende de cómo duerma por las noches. Mientras que con Vox apuntalando a las derechas, lo raro sería que no volviera a las Islas el Mando Económico, con Gobernador Civil y todo.

El tiempo se acaba y en nuestra tierra, como siempre, lo que nos jugamos es mucho. Llegó la hora de acabar con el sufrimiento social de nuestra gente. A nuestro pueblo le ha costado sudor, lágrimas y muchas privaciones estos veintiséis años de desgobierno aquí y en Madrid. No permitamos que el Procés, la momia de Franco o la amenaza de una nueva crisis-estafa sirvan de excusas para que regresen a Moncloa quienes quieren volver a aplicar recortes sociales de carácter masivo a servicios públicos fundamentales y a nuestras libertades.

Canarias no los necesita si puede formar un gobierno contigo.

Alejandro Jodorowsky

Los mentideros de nuestro Archipiélago bullen cada vez que sale el tema del “descuento residente”. El descontento es amplio, sobre todo en aquellos sectores de nuestra población que tienen que desplazarse por motivos laborales o familiares entre las Islas y la Península Ibérica. El motivo es uno y solo uno: el precio desorbitado de los billetes.  Una problemática que muchas políticas y políticos parecen no entender muy bien, quizás por razones que tienen que ver con el reparto de la riqueza en nuestra tierra.

En estos días, de hecho, hemos podido ver y escuchar en los medios a muchos de esos representantes públicos canarios hablando de este tema, insistiendo en la importancia de que se reconozca nuestra realidad insular y atlántica en las instituciones del Estado. Pero preciso advertir que muchos de sus afirmaciones para defender dicho argumento se sostienen en errores de bulto, cuando no, directamente, en falsedades, sin lugar a dudas provocadas por su escasa capacidad para ponerse en la piel de la gente que les vota.

El primero de sus argumentos, sin ir más lejos, contradice una afirmación que es vox pópuli en la calle. Se trata de la subida de precios que ha traído consigo la aplicación de la bonificación del 75 por ciento al transporte de personas entre Canarias y el resto del Estado. Una subida que desmiente, por ejemplo, el presidente de Nueva Canarias, a pesar del descontento abrumador que desde el pasado mes de julio han expresado miles de residentes en Canarias allí donde han tenido la oportunidad, especialmente en las redes sociales.

La segunda es presentar como un dato positivo per se el aumento de las ventas de billetes para este tipo de trayectos. Lo que supone una burda manipulación, pues, este dato solo pondera el número de desplazamientos que se producen entre el Archipiélago y el resto del Estado, que no es lo mismo que el porcentaje de población residente que se beneficia de una política de transporte que, precisamente por su coste, no resulta accesible a la mayoría social de las Islas.

La tercera consiste en afirmar que todos han defendido el aumento del descuento residente al 75 por ciento, además del establecimiento de mecanismos que faciliten el control del precio de los billetes bonificados. Una afirmación que describe con poca justicia el papel que ha jugado el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria o Nueva Canarias en la ponencia para la reforma del Régimen Económico y Fiscal, suscribiendo en ella los planteamientos de una minoría que ha visto incrementado su patrimonio en la misma medida en que las clases trabajadoras se han empobrecido.

En definitiva, lo que ha supuesto esa consecución de desatinos es que hayamos perdido otra oportunidad para garantizar el derecho a la movilidad de las canarias y canarios. Un derecho que se hubiera alcanzado de haber incluido en la Ley del REF la totalidad de la enmienda que en este sentido presentó Podemos, que pedía, además de elevar la bonificación al 75 por ciento, declarar todas las rutas que unen el Archipiélago con el resto del Estado como Obligación de Servicio Público.

Esta manera de actuar ha dejado al descubierto, una vez más, el maniqueísmo de los partidos políticos del régimen, el geito que tienen para decir una cosa y hacer la contraria. Solo así se explica el disparate incomprensible que supone que ahora, estando el REF recién salido del Congreso –y por ser más precisa, rumbo al Senado– partidos como Nueva Canarias asuman los postulados de Podemos y conviertan en Proposición No de Ley los mismos acuerdos que votaron en contra en la ponencia del REF.

Hay quienes, a pesar de haber hecho de la política su “profesión”, todavía no saben que en el marco comunitario, la única opción para asegurar el derecho a la movilidad de las personas residentes en Canarias pasa, como lo hemos defendido nosotras en los Presupuestos, en la reforma del Régimen Económico y Fiscal, en nuestras enmiendas al Estatuto y también en varias iniciativas en comisión y en pleno, por establecer la Obligación de Servicio Público para las rutas que conectan las Islas con el resto del Estado. Y, además de eso, por poner en funcionamiento una Comisión Bilateral que vigile, desde las Islas y también desde Madrid, el cumplimiento de lo que esta figura comporta.

Desde Podemos queremos invitar a todas las fuerzas políticas a sumarse al trabajo que estamos realizando para lograr que estas medidas se apliquen lo antes posible. Y, a la vez, los emplazamos a compartir espacios de diálogo sobre un tema mucho más importante. Estoy hablando de la profunda brecha de desigualdad que se ha cronificado en la sociedad isleña, donde casi la mitad de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Para toda esa gente, les puedo asegurar, que el descuento residente no es ninguna prioridad.

Silvio Rodríguez. Fronteras

Poner límites está de moda. Según parece, se trata de un fenómeno global, como la precarización del trabajo o las fakenews, sobre todo en países que ya se encuentran inmersos en procesos de integración de carácter posnacional.

La Unión Europea es un claro ejemplo de esta obsesión limítrofe, sobre todo durante las últimas décadas. De hecho, estamos viviendo un periodo excepcional que será recordado, entre otras razones, por el aumento exponencial que han sufrido los recursos y políticas destinadas a convertir nuestras orillas en muros infranqueables. Y esto no es una metáfora.

El objetivo de las élites dirigentes del continente Shengen parece bien claro: quieren regular, cuando no directamente impedir, la llegada a sus países de personas procedentes de destinos “no deseables”. Por eso los Estados del Sur europeo han renunciado a suhistórico carácter consular para convertirse en confines e impedir el paso deotras personas, lo que nos ha obligado a definirquién somos nosotras.

Esta semana, sin ir más lejos, el Cabildo de Lanzarote decretaba el “estado de emergencia humanitaria” ante la llegada de una patera a sus costas que transportaba a más de un centenar de personas migrantes. Lo hacía para disponer de forma eficaz de los medios necesarios paraatender a los recién llegados. Sin embargo, al exponer el conjunto de medidas a tomar, su presidente no evitaba referirse a la situación de la islavaliéndose de una sorprendente jerga militar.

Este mismo tonito catastrófico lo reproducen los grandes medios de comunicación cada vez que cuentan algunos de los episodios que tienen lugar a las puertas de casa. De esta manera, personas que viajan normalmente con lo puesto, son presentadas como si formaran parte de una horda de combatientes cuyaosadía solo puede compararse con su “brutalidad”.

Los efectos que tienen este tipo de relatosen la manera en que nos pensamos colectivamente es constante y contribuye a edificar, a nivel imaginario,el mismo perímetro que en la realidad acota una valla con concertinas. El mensaje es literal: lo que queda dentro de esta línea es lo que somos, y lo que queda fueraexcluye a nuestra identidad.

Según este tipo de planteamientos, las 28.349 personas que en 2017 cruzaron de manera ilegal las fronteras literales y simbólicas de nuestro país plural, así como también las cerca de 26.000 que lo han hecho este año, no son como nosotras (datos del Ministerio de Interior). Se trata de individuos provenientes del otro lado de una linde que tan pronto tratan de cruzar, se transforma en frontera de oprobio. Y es ese acto el que otorga la legitimidad a determinados gobiernos y grupos de poder para criminalizar a toda aquella persona que se permiten el lujo de intentar hacer su vida entre nosotras.

Dada la “efectividad” de estas prácticas perversas, los thinktank del odio y la desigualdad global han sugerido como idea, empezar aplicar esta especie de divide y vencerás identitario, ya no solo a nuestros vecinos africanos, sino también a todo aquel que se atreva a cuestionar la manera en que esa minoría nos dice que debemos pensarnos a nosotras mismas. En otras palabras, nos proponen valernos de nuevas fronteras de oprobio para aislar a quienes manifiesten cualquier tipo de desacuerdo, empezando por las que defendemos el Estado Social, planteamos un modelo territorial distinto o luchamos por la igualdad entre géneros, sexos, creencias o etnias.

Este será el mensaje calamitoso y desesperanzado que hoy, 12 de octubre, intentarán transmitir como un mantra los gurús del neoconservadurismo. Lo harán con una mano en el pecho y la otra en la cartera, su última frontera. Y todo ello mientras nosadvierten, presas de un convencimiento total, de que para salvar ala España que aman hay queaplastar primero a la España que odian. Al paso que van, se quedan solos.

La necesidad del Gobierno de mostrar su autoridad puede hacer comparable lo que pasó en Canarias en 1989 con lo que está sucediendo hoy en Catalunya, puesto que, hasta la fecha, solo estas dos Comunidades han recibido un requerimiento para la activación de este artículo sombrío de nuestra Constitución

No hay otra forma posible de ser en común que la que asume esa relación […] en que cada una de las partes se encuentra con el todo.

El desacuerdo. Jacques RancièreEl desacuerdo

La alargada sombra del artículo 155 de la Constitución ha vuelto a manchar de incertidumbre nuestro futuro democrático. Especialmente tras el anuncio de su aplicación que ha realizado el ejecutivo de Mariano Rajoy. De poco ha servido que desde la Generalitat hayan aclarado, antes de que se cumpliera el plazo establecido por el propio Gobierno, que el pasado 10 de octubre no se declaró de forma unilateral la independencia en Catalunya.

El Partido Popular, con el inestimable apoyo del Partido Socialista, ha decidido que la mejor manera de poner remedio a la extenuación que sufre nuestro modelo territorial es actuar con contundencia. Por eso, en lugar de buscar soluciones dialogadas a un conflicto que se ha enconado a voluntad de las partes implicadas, han optado por suspender, por primera vez en nuestra historia reciente, el autogobierno de uno de los territorios más singulares de nuestro paisaje plurinacional.

Bajo esta desatinada demostración de autoritarismo, sin embargo, laten otros intereses. Tras la puesta en funcionamiento de dicho mecanismo de auténtica excepcionalidad democrática se esconde además la intención de sentar un precedente en lo que se refiere a la gobernanza estatal, lanzando un clarísimo aviso a navegantes: el bipartidismo hará cualquier cosa para restaurar el orden que lo ha alimentado durante cuarenta años, incluido el uso de medidas constitucionales cuyas consecuencias no pueden ni siquiera preverse. Después de todo, en un momento de crisis de régimen como el actual, lo que le importa al poder no es tanto su legitimidad, como sí su capacidad para no mostrarse enclenque.

Solo en este sentido puede ser comparable lo que pasó en Canarias en 1989 con lo que está sucediendo hoy en Catalunya, puesto que, hasta la fecha, solo estas dos Comunidades han recibido un requerimiento para la activación de este artículo sombrío de nuestra Constitución (a pesar de los amagos que también llegaron a producirse en Euskadi).

Aquellos sucesos tuvieron lugar tres años después del ingreso de España en la Unión Europea. Un ingreso que, como recordarán, había dejado a las Islas fuera de ciertas instituciones comunitarias, como su régimen aduanero, por ejemplo. No obstante, el motivo de fondo que justificó que el Gobierno socialista, entonces presidido por Felipe González, enviara un requerimiento que amenazaba con la suspensión de la autonomía del Archipiélago, se basó en el temor a que la conciliación del mercado común con el fuero isleño (su Régimen Económico y Fiscal) resultara infructuosa, quedando en tela de juicio los pactos alcanzados durante la Transición bajo el eslogan del “café para todos”. Y con esa posibilidad sobre la mesa jugaba hábilmente el presidente de Canarias, Lorenzo Olarte, al repetir en Canarias y en Madrid que quizás al Archipiélago le convenía más adoptar el estatus de un “Estado libre asociado” que continuar como Comunidad Autónoma de un Estado nacional que se había empeñado en no comprender sus especificidades.

Ante la mera posibilidad de que la aplicación del 155 en el subtrópico hiciera saltar una parte de los acuerdos plasmados en la Constitución, dando por iniciada una tempranísima crisis territorial que bien podría haberse extendido a las nacionalidades históricas, Felipe González prefirió no tentar a la suerte. Por eso, en lugar de emplear la fuerza empleó a su Secretario de Estado de Hacienda, un cargo que casualmente ostentaba en aquel momento un joven Josep Borrell, para que iniciara el diálogo con los representantes canarios.

De modo que, en menos de doce meses, el Gobierno de España, que se sabía legitimado para para alcanzar un acuerdo de máximos con el ejecutivo insular, evitó que en año electoral se le sumara un nuevo frente a la batalla que ya libraba en todo el Estado con los grandes sindicatos. Y al final, el PSOE logró volver a ganar las elecciones generales y el Archipiélago culminó su ingreso en Europa, eso sí, conservando una parte de su acervo histórico.

De vuelta al presente, las dimensiones del problema al que ahora nos enfrentamos son, sin duda, algo más complejas. Al desencuentro territorial provocado por la negativa a reconocer la plurinacionalidad de España que padece el bipartidismo, hay que añadir el recorte a los servicios públicos esenciales que tales formaciones han protagonizado, valiéndose de la excusa de la crisis. Y también las consecuencias del seísmo institucional que ha provocado la corrupción y el uso partidista de las instituciones, que no en vano, han hecho posible que su poder haya resistido a cualquier otra forma de contrapoder.

Aun así, la fatiga del régimen ya no puede negarse, ni siquiera con el respaldo de la monarquía, que ha comprometido para siempre su papel constitucional como árbitro y moderador, al salir a dar veracidad a las decisiones autocráticas adoptadas en Catalunya por PP y PSOE. Lo que está por venir es el tramo final de un pulso que sostienen las élites con una importante porción de la ciudadana que desde el 15-M está convencida de la necesidad de alcanzar un nuevo horizonte constituyente. El equilibrio es precario y corremos el riesgo de involucionar, pero nosotras lo tenemos clarísimo: queremos una democracia en que las partes sean imprescindibles para construir el todo.

Queremos una España más justa, fraterna y democrática; una España que este domingo dará un paso decisivo para responder a sus profundos anhelos constituyentes

Durante la última década, han sido incontables los espacios en los que se han hecho visibles las demandas democráticas de una España valiente que ha decidido transformar de una vez y para siempre el régimen del 78. La crisis financiera, en este contexto, ha actuado como catalizadora de un malestar que va aflorando en escenarios distintos y situaciones cambiantes, pero que, en todos los casos, ha obedecido a un mismo empeño: transcender los escuetos límites en los que se han encapsulado las esperanzas de una mayoría creciente desde la Transición.

En este sentido, la resistencia al cambio que ahora protagoniza Mariano Rajoy no es sino hija del miedo que respiran las élites, sabedoras de que ha llegado a su fin el periodo de impunidad en que la política y los negocios se sentaban en la misma mesa, pasando por encima de la ciudadanía. De ahí las actuaciones torpes y autoritarias del Gobierno del Partido Popular, apoyadas de manera explícita por el Partido Socialista, que al recortar libertades y restringir derechos, únicamente acreditan su condición aumentada de debilidad.

Un poder que se siente legitimado no se salta las reglas del juego que él mismo ha ayudado a crear, ni apela a la judicialización de los conflictos políticos para hacer prevalecer sus planteamientos por encima de todo. Más bien al contrario; la hegemonía se ejerce, siempre y en cualquier lugar, con una imprescindible dosis de reconocimiento que incluso comparten sus detractores, incapaces de subvertir las narrativas que explican su propia subordinación. Sin embargo, si esta fuera la situación de la España de hoy, no habríamos presenciado las escenas de represión que se han sucedido a lo largo de toda nuestra geografía plurinacional, al calor de una ley redactada ex profeso para amordazar conciencias. Y mucho menos habríamos visto al mismísimo monarca y jefe del Estado tomar partido en esta pugna en favor de aquellos que quieren que las cosas sigan como están.

Visto así, la España corrupta e insolidaria que tantos esfuerzos ha hecho por banalizar nuestra democracia, está dando evidentes muestras de extenuación. Lo está haciendo gracias a que una porción sensible de su población se ha organizado para resistir y decir basta al vaciamiento de nuestros servicios públicos y derechos fundamentales. Sin temor, hemos sido capaces de denunciar el saqueo, la proliferación de componendas y favores políticos, la generalización de las intromisiones partidarias en nuestro sistema judicial, y la pérdida de soberanía en favor del avance del neoliberalismo a escala global. Y, lo que ha quedado demostrado en ese duro camino, no ha sido otra cosa que la incapacidad de nuestro actual marco normativo y sus dirigentes para resistir estas embestidas y atender adecuadamente a las necesidades de la gente.

En síntesis, un gobierno que permite, en medio de una crisis atroz, que se produzcan más de 600.000 desahucios, muchos de ellos con familias sin ningún tipo de alternativa habitacional como protagonistas, es un gobierno fracasado. Lo mismo que un Estado que apela a su leyes para restringir derechos, en lugar de para garantizarlos. Y es que, la democracia no es un dogma, y no son demócratas los que la conciben como si tratara de un ejercicio de rigidez. La democracia es una invitación a participar, a que decidan los pueblos, pero también es un reconocimiento de su legítimo derecho a disentir, generando un contexto abierto que necesita constantemente de la suma de sus distintas partes para reproducirse. Lo que no significa, bajo ningún contexto, que su diversidad pueda convertirse en un impedimento a su desarrollo.

Estamos llegando al punto liminal, al umbral de agotamiento de un régimen que no ha dado la talla ni ha estado a la altura de las aspiraciones de progreso de su ciudadanía. Por eso, la vieja España desigual, falsamente autónoma y turnista, está cayendo por efecto de su propio enroque autoritario, dejando paso a esa España diversa que ya suma cuarenta años de voluntades frustradas. Una España más justa, fraterna y democrática; una España que este domingo dará un paso decisivo para responder a sus profundos anhelos constituyentes.

César Manrique

Más de veinticuatro años de activismo político contra el modelo de desarrollo demencial al que nos han sometido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria no han servido para evitar que nos estallara en la cara una verdadera “profecía”. Nuestro océano Atlántico, recurso natural, cultural y emocional, a la vez que anclaje socioeconómico para el desarrollo del monocultivo turístico, se ha teñido de canelo.

Por si no tuvimos suficiente con la pírrica victoria que se anotó el presidente Clavijo y su camarilla de irresponsables con la aprobación de la Ley del Suelo (capitaneada por el Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera) que no ha supuesto otra cosa que la adecuación de la Ley de la Jungla al ordenamiento territorial del Archipiélago, ahora nos toca mancharnos la mirada con la contaminación hedionda que ya ha afeado irremediablemente el verano de 2017.

Decía el líder de ATI al borde de las vacaciones que su idea de Canarias pasaba por parecerse en unos años a Dubai o Singapur. Y, a tenor de lo acontecido durante los últimos días, parece se han cumplido por adelantado sus deseos. A los niveles insultantes de pobreza, violencias machistas, desempleo y desarrollo residual de los servicios públicos esenciales que ya nos equiparaban con cualquier otro escenario donde campa el neoliberalismo deshumanizado, puede sumársele también nuestro parecido a estos parajes en base a los alarmantes niveles de profanación de nuestra naturaleza, especialmente visible en nuestros riscos y playas con el crecimiento exponencial de auténticas colonias de microalgas.

Estas mareas infectas que malogran nuestros rompientes, y que ya varios expertos han vinculado, de manera directa o con matices, con el deficiente modelo de depuración de aguas que poseen las Islas, no solo han servido para desaconsejar el uso y disfrute de nuestros mares. También han conseguido materializar, con su aspecto malsano, lo peligroso que resulta continuar bajo el desgobierno de unos “profesionales de la política” que se permiten el lujo de verter al mar, solo en Tenerife, más de 50 millones de litros de agua sin depurar. Una millonada de litros a los que habría que sumar el escaso predicamento que en las instituciones de nuestro país insular tiene la conservación sostenible de nuestro medioambiente, la industria energética renovable o el estímulo y protección de nuestra despensa alimentaria... En resumen, el proyecto nacionalista de Coalición puede evaluarse simplemente contemplando su obra: están destrozando Canarias por aire, tierra y mar.

En medio del desastre, los dirigentes insularistas ni siquiera han salido públicamente a asumir responsabilidades y ofrecer información veraz sobre lo que está pasando a la ciudadanía. Así como tampoco se han pronunciado sobre la denuncia realizada por numerosos colectivos acerca de los incumplimientos de la normativa europea sobre el tratamiento de aguas residuales desde hace décadas. Un hecho significativo que algo tendrá que ver con la acuarela infausta que lame nuestras orillas. Sin embargo, en lugar de eso, lo que nuestros “representantes” han protagonizado es un acto de cobardía política sin precedentes, al tratar de escurrir el bulto asumiendo un bajísimo nivel de exposición pública. Lo que ha hecho aumentar el riesgo para la salud de los millares de usuarios (residentes y visitantes) que pretenden disfrutar de las bondades de nuestro litoral.

Invocando al espíritu combativo de Manrique, estoy convencida de que a esta partida de fanáticos de la contaminación, que además han convertido nuestra administración en un nido de corrupción y caciquismo, se les ha acabado por fin el crédito. Ya hemos pasado el ecuador del presente curso político, lo que significa que cada vez nos queda menos para empezar a implementar desde las instituciones y las calles isleñas un modelo de desarrollo socioeconómico más justo para nuestra tierra. Un modelo de desarrollo enraizado en el presente que más nunca nos haga vivir de espaldas al futuro.

El señor Quevedo sabe muy bien que se echó fuera del tiesto. Lo sabe, de hecho, toda Canarias. Un país asombrado por la forma en que el viejo insularismo, disfrazado de nacionalismo, está jugando con el futuro de todos y todas las isleñas. Desde su ala más derechosa (muy bien representada por el tándem Clavijo-Alonso), hasta su vertiente de centroizquierda (que aglutina el binomio Rodríguez-Morales), tienen bien claro que su credibilidad ha quedado manchada. Ha quedado manchada por haber suscrito un pacto de estado con una auténtica organización criminal: el Partido Popular. Lo han hecho al apoyar sus presupuestos y permitir que salga adelante su propuesta de techo de gasto, en lugar de sumar fuerzas con quienes queremos gobernar de una vez por todas para la mayoría. Y así lo estamos demostrando en ayuntamientos tan importantes como el de Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras tanto, la calamitosa situación de la sanidad en nuestra tierra, que posee listas de espera que aglutinan a más de 100.000 almas. Y, la situación del empleo continúa en un estado deplorable, deteniendo el proyecto de vida de casi 300.000 paisanos, de los cuales, al menos la mitad no percibe ahora mismo ningún tipo de prestación. Nuestra gente, en definitiva, se ha convertido en moneda de cambio de los políticos que padecemos. El refuerzo de Coalición y Nueva Canarias al gobierno austeritario de Rajoy, no ha venido acompañado de soluciones destinadas a erradicar la pobreza y exclusión que amenaza a una de cada cuatro personas en las Islas. Nada de eso. Los votos de oro de Oramas y Quevedo ni siquiera han servido para corregir el déficit que sufre Canarias desde que en 2009 fuera aprobada la actual ley de financiación autonómica, con el apoyo, dicho sea de paso, de Coalición Canaria. Instaurando así un modelo que ha supuesto la merma de cerca de 700 millones de euros al año a las arcas públicas del Archipiélago, incluidas las partidas del REF.

Es muy triste encajar el triunfalismo de Clavijo y Rodríguez tras aprobar unas cuentas que no son para la gente, sino que dan prioridad a carreteras, tendidos eléctricos o un auditorio, antes que a la situación de emergencia social que sufrimos en nuestra tierra. Defender las Islas es defender a su pueblo, sobre todo en aquello que nos iguala: los servicios públicos. Todo lo demás son eslóganes baratos de una élite acomplejada y populista que solo es capaz de imaginar la canariedad cuando está vestida de mago.

Esta enésima traición tiene, sin embargo, su explicación. Para encontrarla basta con remontarse atrás en el tiempo hasta el nacimiento de estos como proyecto político (del que también proviene, que no se olvide, Nueva Canarias). Fue José Carlos Mauricio el primero que aniquiló, en forma de moción de censura, las esperanzas de cambio de una gran cantidad de paisanos que anhelaban un cambio político basado en autogobierno. Y, tan sólo tres años más tarde terminamos de salir de dudas al confirmarse el apoyo de estos falsos nacionalistas al gobierno mafioso de José María Aznar. Dos episodios que dieron apertura a una etapa marcada por la corrupción y los recortes en sanidad y educación que Coalición Canaria puso en marcha en las manos expertas de Hermoso, Rodríguez, Martín y Rivero; mucho antes, por cierto, de que empezara la crisis actual.

Esa fue la tragedia, lo que ahora vivimos es la farsa. El increíble teatro protagonizado por Nueva Canarias y Coalición. Dos partidos que se han valido impunemente de los sentimientos de todo un pueblo para velar exclusivamente por sus negocios privados, haciendo cualquier cosa por mantenerse en el poder, cualquiera... demostrando, efectivamente, que el pasado puede reproducirse en el presente. Ahora bien, por mucho que puedan volver los fantasmas del pasado, la historia jamás absolverá a los que han vendido a su tierra y a su gente.

Pertenezco a esa generación que, mientras estudiaba, tuvo que leer la España invertebrada. Durante aquellos años agonizaba la dictadura y los barrios populares de Las Palmas de Gran Canaria se habían convertido en un hervidero. No obstante, se podría decir que había un abismo entre lo que decía el libro y lo que se vivía en la calle. Sucedía, si me permiten la comparación, algo parecido a lo que sucede ahora.

Ortega y Gasset intentaba demostrar en este libro la existencia de una fuerza centrífuga de carácter histórico que irremediablemente iba a condenar al país al desastre: los “nacionalismos particularistas”. Una categoría que trataba de forma patológica a todas aquellas sensibilidades políticas que no se identificaban nítidamente con la imagen unitaria de España. Se refería, principalmente, a Euskadi y Catalunya.

Los años han pasado y, afortunadamente, ha cambiado bastante nuestra realidad social. Lo que hace todavía más sorprendente la manera en que, en cierto modo, aún pervive ese relato, convertido hoy en un auténtico mantra. Quizás por eso, ahora que hemos llegado a un momento en el que no se debería evitar el debate acerca de nuestro modelo de Estado, Mariano Rajoy y, en general, todos los partidos que de manera directa o indirecta han hecho posible que este continúe como presidente del Gobierno coinciden en retratar a quien se atreve a plantear esta cuestión como a “malhechores”. ¿Su crimen? No participar de su absolutista visión de lo que constituye lo nacional.

Esto ha provocado que nuestra necesidad de reflexionar sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser se haya visto truncada. Sin ningún tipo de miramientos, el bipartidismo y sus aliados han despojado de toda legitimidad a una parte de los interlocutores llamados a tomar partido en este diálogo. Y lo ha hecho estigmatizándolos, acusándolos insistentemente de vulnerar las normas, de quebrantar las leyes. Es más, sólo han admitido dos posicionamientos con respecto a esta cuestión: o se está con “su España” o se está contra ella.

A decir verdad, la estrategia del antagonismo les ha resultado útil hasta ahora. Desde la Transición han sido muchas las lealtades que ha despertado en determinados sectores la negación del carácter plurinacional de España. Pero esa propensión al inmovilismo también nos ha ocasionado importantes pérdidas a todas.

Existe una amplia porción de la ciudadanía que por causa de esta manera de obrar hace tiempo que se siente excluida, cada vez más al margen del Estado. Les hablo de una sensación de agravio que no tiene que ver explícitamente con lo canario o lo gallego que alguien se pueda llegar a sentir. La población de Extremadura, por ejemplo, se reconoce a sí misma como una comunidad privada de derechos, sobre todo en materia de inversión en transportes. Algo parecido a lo que le sucede a buena parte de la ciudadanía cántabra desde que comenzó su dramático proceso de desindustrialización. Y, al mismo tiempo, son cada día más las personas extranjeras con residencia permanente en España, en su mayoría procedentes de América Latina, que reclaman su inclusión en los programas públicos. Su inclusión y la de sus descendientes, convertidos ya en ciudadanos de pleno derecho, aunque todavía haya alguien por ahí que así no lo entienda.

La cultura del consenso en España ha sido concebida, durante demasiado tiempo, como un límite a nuestra democracia. Durante décadas, los acuerdos a los que han llegado los viejos partidos, incluyendo entre ellos a algunas formaciones nacionalistas, han propiciado que exista una sola manera de entender lo común, reproduciendo el discurso centralista legado por el franquismo como una clara manifestación de su voluntad hegemónica, cuya mayor fortaleza ha residido en su capacidad para enviar a los márgenes del sistema a quienes han cuestionado su principal fundamento: la desigualdad social. Afortunadamente, parece que eso por fin está cambiando.  

Nuestra sociedad no tiene más enemigos que aquellos que se han empeñado en describirla como una “foto fija”, como si no hubiera pasado casi un siglo desde que Ortega y Gasset emitiera su juicio invertebrado. Los distintos países y regiones que dan forma a España, y también las personas que los habitan, han contribuido a enriquecer nuestro carácter diverso, nuestra mixtura, nuestro rostro plurinacional. Solo nos falta trasladar ese paisaje a las instituciones públicas como parte de un ejercicio constituyente.

Cuanto antes nos reconozcamos frente a ese espejo sociológico, antes podremos dar soluciones a nuestra realidad desigual. Se trata de ejercer la democracia, acordar lo común integrando a las partes, a todas las partes. Nos toca poner la patria al servicio de la gente, porque sin gente no hay patria que valga.

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Meri Pita es diputada de Podemos por Las Palmas y secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial.

El 20D los ciudadanos y ciudadanas de este país decidieron, con su voto, que el bipartidismo se acabó. Los resultados en los procesos electorales previos -Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos- así lo pusieron de manifiesto, alarmando -y no era para menos- a los poderes fácticos, ésos que realmente gobiernan a pesar de no haberse presentado nunca a unas elecciones. ¿Por qué se asustaron? Porque en las principales capitales se conformaron Gobiernos del Cambio: Barcelona, Madrid, Valencia, La Coruña, Cádiz o Las Palmas de Gran Canaria, entre otras. Gobiernos dispuestos a revertir las políticas de recortes, de austeridad y precariedad que han generado unos índices de desigualdad jamás alcanzados en nuestra democracia.

Fue en ese momento cuando el presidente del Banco Sabadell advirtió públicamente que necesitaban un Podemos de derechas, y como sus deseos son órdenes, lanzaron al terrero a C's. Lo presentaron como el partido de la regeneración y la lucha contra la corrupción, sin embargo, ya ha quedado al descubierto cuál era y es el verdadero papel que le han adjudicado al Sr. Rivera: facilitar las políticas continuistas y acabar con cualquier posibilidad de gobierno de Podemos.

El pacto PSOE-C's, alcanzado después del 20D, fue propiciado por el ala más derechosa del Partido Socialista y sus elementos más entregados a los beneficios del establishment. Sin embargo, era realmente la coartada que necesitaban para no pactar con Podemos. Se nos acusó además, con una campaña bien articulada a través de todo el poder mediático que manejan, que no es poco, de ser los culpables de que Rajoy siga en el Gobierno. Hay que tener agallas para hacerlo. El PSOE, a base de repetir una y mil veces esta mentira, quiso convertirla en verdad para echar así la culpa a Podemos de sus propios pecados. Y es que no debemos olvidar que fueron los socialistas los que entregaron la mayoría absoluta al PP por su desastrosa gestión de la llamada crisis, asumiendo una tras otra todas las exigencias a modo de recortes de La Troika, empezando por la quiebra del estado social, democrático y de derechos que supuso y supone la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Bajo ese marco Rajoy anuncia al Primer Ministro británico, la semana siguiente al 20D, que vamos a segunda elecciones; lo tenían previsto.

Pero tampoco el 26J los deja satisfechos: el PSOE paga su pacto con C's y saca, otra vez, el peor resultado de su historia; C's pierde 8 escaños que van a parar al PP. Bajan y suben, pero siguen sin salirles las cuentas. No hay, con este resultado, restauración del bipartidismo y sus políticas continuistas. Unid@s Podemos mantiene el número de escaños, pero no alcanzamos ese millón de votos más que esperábamos, aunque seguimos siendo tercera fuerza del país, con más de cinco millones de votos. Quieran o no, para constituir un Gobierno de Progreso hay que contar inexorablemente con esos cinco millones de votos. Nuevamente, el PSOE tiene la oportunidad histórica de regresar a las políticas sociales que forman parte de su génesis, si no lo hace, quedaría al descubierto como parte interesada de este tercer intento, formaría parte de la estrategia urdida para manipular otra vez a la ciudadanía con relatos cargados de lamentaciones retóricas: “serían un desastre las terceras”; “España no se lo merece...”; “la gente está cansada de votar”... Sin embargo, nos están abocando a ellas interesadamente, y con la torticera intención de fomentar el cansancio y el hastío, y por tanto, la elevada abstención que les permitiría con la actual Ley Electoral aumentar el número de escaños, aunque no suban en número de votos.

Mientras, hay un Gobierno en funciones que no se avergüenza de seguir desarrollando sus políticas, nombran a Soria para el Banco Mundial, siguen saqueando la caja de las pensiones, siguen con nombramientos de confianza, siguen maquillando la realidad -el paro sube “pero es el mejor agosto”- etc.

En definitiva, nos mienten, una y otra vez, y como dice el dicho, nos mean encima y dicen que llueve. Manejan como nadie las mentiras y el fango, que lanzan a través de los medios de comunicación que les son afines, utilizan los poderes del Estado para sus intereses partidarios y personales.

Llamar a esto Estado Social Democrático y de Derecho como anuncia el artículo 1 de las Constitución es casi una burla. Nuestra obligación como pueblo es luchar por la recuperación de ese Estado y distinguir bien, aunque nos lo pongan difícil con sus medios de propaganda, quiénes forman parte de la solución y quiénes del problema. Esperemos que el PSOE sea parte de lo primero.

Estamos sin duda, ante el proceso electoral más importante desde 1978. Se trata de una transcendental batalla política que debe llevar a un cambio de ciclo

Por fin conocemos la fecha de la gente: el 20 de diciembre. Consciente del desapego y hartazgo que le produce su gobierno a la mayoría de la sociedad española, Rajoy ha querido apurar hasta el último minuto confiando que su aparato de propaganda, repitiendo una y mil veces el milagro de la recuperación económica, lo convierta en verdad. Como si la realidad no fuera un testigo sólido del tremendo sufrimiento social que la mayoría de nuestro pueblo sufre y de quiénes son los culpables .

La recuperación anunciada no solo no está creando riqueza en la mayoría de la población, por el contrario, reparte miseria. Así, aun con trabajo, dada la devaluación de sueldos y derechos laborales practicada por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, hay miles de trabajadores y trabajadoras pobres. El mantra “jornadas más altas, sueldos más bajos”, que ha repetido desde el inicio de la crisis la jefatura de la patronal y la Troika, y que han aplicado sus gobiernos obedientes, lo ha hecho posible: trabajando, miles y miles de familias no llegan a final de mes, no cubren sus necesidades vitales. Y ahora, en época electoral, como no, nos sacan el conejo de la chistera ¡eh, voilá¡, nos dicen: “nosotros hemos hecho el milagro de la recuperación”.

No hay tal milagro para la mayoría social. Detrás de esta propaganda no hay sino el deseo y la necesidad de la minoría opulenta, de esa que ha visto crecer sus ingresos a costa del sufrimiento ingente de millones de personas, de perpetuarse en el poder, y lo hacen vendiendo humo, engañando … no puede ser de otra manera.

Debemos abrir bien los ojos. Estamos sin duda, ante el proceso electoral más importante desde 1978. Se trata de una transcendental batalla política que debe llevar a un cambio de ciclo, y con tres contendientes en liza en la oficialidad, pero políticamente, realmente, es una lucha a dos: PPSOE/ PODEMOS. El bipartidismo, culpable directo y hacedor de las políticas del austericidio y el terrorismo económico que ha matado a mucha gente desde el inicio de eso que se dio en llamar crisis, anda ya con sus estrategias electorales: unos a maquillarse de podemistas hasta el punto de plagiar sin pudor ni rubor alguna parte del programa de PODEMOS, al menos aparentemente; otros tratan de emparejarnos con el guapo “Barón”, cuando en realidad quienes están ennoviados y con celestina incluida a modo de expresidente, son ellos. Véase Cataluña o, claramente en Europa , por ejemplo en la votación del TTIP, Grecia , etc. A modo de hermanos siameses unidos por la espalda, uno mirando a la izquierda y otro a la derecha, la columna vertebral del bipartidismo, es decir, sus políticas económicas y sumisión a los dictados de la Troika, es la mismas.

Se intenta vender, encuesta tras encuesta, la subida de ellos ( PPSOE) y la caída de PODEMOS, pero ni la una ni la otra lo son tanto. En la última encuesta de la Cadena Ser, PODEMOS está a la cabeza en intención de voto. Pero el rasgo que va a singularizar y que está caracterizado ya en buena medida con trazo muy grueso, la cercana confrontación electoral no es tanto que se trata de facto de unas elecciones a la presidencia del gobierno, lo que no sería muy novedoso. Lo nuevo realmente es que, seguramente, por primera vez desde la llamada transición política, resulta posible y probable el triunfo de las fuerzas que representan el sentir de la democracia real.

La posibilidad de esta perspectiva puede determinar una dinámica de agrupamiento en torno al referente PODEMOS, de progresión creciente en la medida que se acerque la hora de la decisión en las urnas. Tanto más próximas, más simplificadas las cosas y más polarizados los bloques en lucha. Los trabajadores y trabajadoras, y las capas democráticas, incluso sectores que se han podido alejar de PODEMOS, terminarán subjetivizando lo que es un presupuesto objetivo concreto aquí y ahora: La necesidad tiene al alcance su realización y sólo PODEMOS puede hacerlo.

Cuando en la conciencia se asocia la necesidad con la posibilidad se despierta y reactivan grandes energías transformadoras. Es nuestra tarea potenciar esta posición movilizadora y facilitar los cauces para que nos reconozcan y se despliegue en torno a PODEMOS.

Millones de personas en España, millones de personas en Europa, están pendientes de nosotros y nosotras. Nos toca escribir La Historia con mayúsculas, caminar hacia ese otro mundo posible donde la economía esté al servicio de la mayoría. Sin cambio político no habrá cambio de ciclo. Que esta vez el presidente del Gobierno de verdad, lo sea del pueblo.

No existe, ni ha existido nunca en Canarias una organización política tan profundamente democrática como Podemos. Trece asambleas en un plazo de poco más de cinco meses es algo elocuente.

Un día de agosto, de agosto con solemnidad, el primer domingo a las 11 h. de la mañana, en un local situado en una de las esquinas más apartadas de nuestra ciudad, se celebro la XIII Asamblea Insular de Podemos. Comparecieron aproximadamente 400 personas. Ese dato y su sufrido contexto son de por si sugerentes de la capacidad de movilización de Podemos.

En esta fase inicial de Podemos todo suscita muchas reflexiones. Por lo pronto nosotros queremos expresar algunas de ellas:

Primera: No existe, ni ha existido nunca en Canarias una organización política tan profundamente democrática como Podemos. Trece asambleas en un plazo de poco más de cinco meses es algo elocuente. Asambleas, por otro lado, marcadamente horizontales y abiertas. Conviene adelantar esta reflexión y conviene asimismo tenerla presente a la hora de debatir sobre la democracia interna y su posible mejora. El tono del debate y el propio enfoque de este, resulta muy oxigenado si se desarrolla partiendo de aquel presupuesto.

Segunda: No existe, ni ha existido, ni existirá organización política que prescinda de un nivel de coordinación entre sus partes y miembros, cuanto menos un partido engendrado por la lucha y concebido para la lucha transformadora de la sociedad. La coordinación es, por definición, sustancial a la organización que aspire al poder político, sin ella se podrá estar ante un club de discusión, una hermandad o una cofradía, en ningún caso ante esa organización política.

Tal vez ocurra que tras el debate sobre la coordinación, en alguno de los planteamientos, esté latiendo el deseo de revivir el 15M, pero ello no es Podemos por mucho que el 15M pueda ser un antecedente de notable significado. 15 M y Podemos son dos creaciones históricas del movimiento por la democracia real que responden a momentos distintos en la maduración del mismo movimiento.

Puede suceder también, con mayor probabilidad, que tras ciertas posiciones reacias a la coordinación se encuentre un localismo que agota sus horizontes en las fronteras del municipio. Con esa perspectiva ven en Podemos una franquicia que es llave para abrir la puerta de acceso particular a los poderes locales. Por eso mismo perciben la coordinación/organización del conjunto de Podemos como una amenaza de control y una injerencia. Se equivocan de sitio.

Tercera: Podemos es una organización que se plantea la conquista del poder político, ello implica, necesariamente, la elaboración de una estrategia y de una táctica que defina los objetivos y los medios para alcanzarlos. Eso presupone actividad política que vincule al conjunto. Como es natural la estrategia que implica la lucha por el poder para su transformación conforme a los intereses de las clases populares y de la democracia real tiene como vértice el poder político del estado, núcleo central del poder.

Sin esa estrategia y esa táctica que hacen de la organización un esfuerzo común, un conjunto coherente y operativo, estaríamos a merced o bien, de tendencias corporativistas, o bien de posiciones localistas, o bien de ambas a la vez. De ocurrir esto, la organización se disolvería en una suerte de taifas absolutamente impotente para la consecución de sus objetivos cardinales.

Cuarta: Podemos desde su proclamación, estableció las líneas rojas que le definen y distinguen en la estrategia y en la táctica. Sin duda planteamientos iniciales que necesariamente el movimiento social y político continuará elaborando y enriqueciendo.

Hasta las elecciones europeas Podemos agrupaba, con mucho, a varios millares de militantes en todo el estado. El acierto al interpretar y expresar los sentimientos y las aspiraciones de las clases y grupos sociales democráticos de la sociedad, transformó esa batalla electoral en una formidable impugnación del sistema en su conjunto. En este punto no está demás subrayar como la práctica ha desmentido a quienes subestiman la trascendencia de las contiendas electorales.

Tras aquellas elecciones, Podemos se convirtió, de súbito, en un gran agrupamiento político de masas. Se ha producido un fuerte viraje, de posiciones defensivas frente a las brutalidades del sistema se ha pasado a una fase ofensiva contra el sistema en si. El escenario será el mismo pero son muy distintas, ahora, las escenas que se suceden para cambiarlo. En el cambio de tendencia Podemos ha desempañado un papel decisivo y se ha situado en la posición mas avanzada

Quinta: La transformación de Podemos en una organización de masas y la forma en que se ha producido también comporta sus riesgos. De no fortalecer coordinación política y orgánica, la acción conjunta, Podemos puede sufrir tensiones disolventes que desdibujen sus señas de identidad, colapsen la iniciativa política como partido y paralicen su desarrollo orgánico. Habrá que prevenir entonces el riesgo de que Podemos se empantane en un agregado de mezquinas conveniencias gremiales, localistas y personales. Ese riesgo no solo existe, sino que hoy representa el riesgo principal, poner los medios para descartarlo es la cuestión.

Pero somos más los que luchamos por un futuro solidario , por eso hemos dado un paso adelante hacia la creación de ese frente amplio de solidaridad y lucha y decidimos en asamblea presentarnos a estas elecciones con compañeros de otras islas, Tenerife, La Gomera, Lanzarote. Aquí en Gran Canaria nos presentaremos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, Agaete, al Cabildo y, cómo no, al Parlamento de Canarias. Queremos aprovechar la batalla electoral para poner el proyecto en la calle, para gritar alto, bien alto, que hay otro mundo posible, otra Canarias posible.

La tarea es ardua, los medios de comunicación en manos de los mercaderes y el propio sistema electoral diseñado por el poder, no harán sino ponernos obstáculos, tratar de ocultarnos, por eso confiamos que esta cadena funcione, que tú remitas a tus compañeros y amigos esta carta abierta para que se conozca este proyecto colectivo y si así lo consideras, des tu apoyo al mismo. En nuestras páginas web podrás ver los nombres de las mujeres y los hombres que irán en las candidaturas, el programa electoral, así cómo la manera en que puedes participar en el proyecto y el logo de la coalición electoral que lleva el nombre de ALTERNATIVA CIUDADANA SÍ SE PUEDE.

INDIGNÉMONOS, REACCIONEMOS Y COMPROMETÁMONOS

Meri Pita