Descargan camiones, comen de la basura o mendigan. A menudo, roban y, sobre todo las niñas, se prostituyen. Son niños que sobreviven solos en las calles de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, durmiendo en cartones cerca del mercado Gambela, en los barrios populares o en la rotonda Victoria, la encrucijada donde acaban los caminos que llevan a esta ciudad mastodonte de 12 millones de habitantes.

Les llaman shegué –niños de la calle– y son varias decenas de miles. No hay datos oficiales, pero un estudio de Cáritas de 2015 elevó al menos a 30.000 los menores que viven o trabajan solos en las calles de la capital. De ellos, la inmensa mayoría han sido abandonados por sus familias tras ser acusados de practicar la brujería.

A Benoît, que ahora tiene 13 años, lo abandonaron antes de haber cumplido cinco años. Al fallecer su padre, oriundo de la República del Congo –el país vecino al Congo democrático– , Benoît volvió con su madre a Kinshasa para vivir con su familia materna. La mujer enfermó, murió y, al mismo tiempo, su tío perdió su trabajo.

Este tío relacionó la llegada del niño con todas estas desgracias y concluyó que era él quien había traído un sino nefasto a la familia. Es un esquema que se repite a menudo: el miembro más vulnerable de la estructura familiar es quien termina siendo objeto de la sospecha de practicar el ocultismo y de ser la causa de todos los males. Una creencia que ofreció a los parientes de Benoît una explicación de sus problemas, por irracional que esta fuera.

En palabras de Aleksandra Cimpric, investigadora del fenómeno de las acusaciones de brujería contra niños en África, estas supersticiones que muchos congoleños comparten ofrecen “un marco de interpretación del fracaso, de la desgracia y de la pobreza” en países como Congo, donde la miseria va de la mano con la violencia.

Benoît sobrevivió cuatro años en la calle antes de que el centro Bana Ya Poveda, una institución que acoge, escolariza y reinserta a niños de la calle, asumiera su cuidado. Es un chico inteligente, siempre entre los mejores de su clase, explica Bruno Malala Mata, director del centro, pero está muy triste y habla en voz apenas audible. Su talla es pequeña para su edad. “Cuando los niños llegan aquí muchas veces están malnutridos y algunos sufren retraso cognitivo o del crecimiento”, recalca el director.

Como este adolescente, casi todos los niños “brujos” congoleños son huérfanos: de los dos progenitores o de uno de ellos. En muchos casos, la acusación de brujería parte del nuevo cónyuge del padre o de la madre o, como sucedió con Benoît, de los miembros de su familia extensa para quienes representa una boca más que alimentar.

Algunos de estos menores repudiados acarrean otros estigmas: haber perdido a los padres por una enfermedad “maldita” como el sida, sufrir una discapacidad o padecer una dolencia cuyos síntomas son tomados por los de una posesión demoníaca, como la epilepsia.

Las señales que indican a ojos de sus familiares que el niño es un brujo suelen aunar lo banal con lo absurdo. Además de la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo u otras desgracias, hechos tan irrelevantes como que un menor sea nervioso o se haga pis en la cama pueden desencadenar la acusación. El que un niño o una niña tenga altas capacidades intelectuales, una memoria excelente o hable en sueños puede ser visto como un “síntoma” de brujería.

Exorcismos y sectas del “Despertar”

Como la práctica totalidad de estos niños, Benoît pasó por un exorcismo: las “sesiones de liberación” practicadas por sectas protestantes pentecostales conocidas como “Iglesias del Despertar”. Cuando un pequeño es acusado, el paso siguiente es que la familia lo entregue a un “profeta” de una de estas iglesias que, previo pago, confirma que el niño o la niña es un brujo y que hay que exorcizarlo.

El menor queda así encerrado incluso durante semanas en la iglesia, expuesto a sufrir abusos sexuales, obligado a ayunar y a ingerir purgantes. A veces, los pastores amenazan al niño con objetos punzantes o cuchillos ardientes. Todo para que confiese, algo que, aterrorizados, muchos de ellos hacen. Otros resisten.

“Aquí tuvimos un niño que se negó a confesar y que tenía la marca de una plancha en el muslo. A los niños incluso los encadenan”, explica la encargada de formación del Bana Ya Poveda, Jacinthe Nkongolo Mbiya. Este centro, que alberga a 41 niños varones, pertenece a la Institución Teresiana, un instituto católico laico, y se financia con aportaciones del propio instituto, de la cooperación alemana, del grupo empresarial sevillano IC, de un grupo de particulares de Sevilla y Cantabria, así como de instituciones como la fundación asturiana El Pájaro Azul.

Las sesiones de “liberación”, un lucrativo negocio al alcance de cualquier charlatán, no rehabilitan al niño. Incluso si el pastor lo declara “exorcizado”, la familia no lo vuelve a acoger. Además, la confirmación, por parte del pastor, de que el niño practica las artes ocultas legitima a la familia para abandonarlo.

Así, el menor es arrojado a las calles, donde para sobrevivir termina uniéndose a bandas de menores conocidas como écuries (caballerizas o escuderías en francés). Para entrar en ellas, el niño sufre ritos de iniciación que, sobre todo en el caso de las niñas, a menudo incluyen una violación por parte de adolescentes de más edad.

De cualquier manera, según las asociaciones que trabajan con ellos, incluido el centro Bana Ya Poveda, prácticamente todos sufren abusos sexuales, físicos y psicológicos mientras están en la calle. Estos menores solos son, además, presas fáciles para las redes de tráfico, que los obligan a cometer delitos en beneficio de los delincuentes bajo pena de ser severamente castigados.

Víctima de traficantes y tuerto

En la cancha de baloncesto del Bana Ya Poveda, tres niños de entre 13 y 9 años están sentados en el suelo fabricando una cometa con palos y plásticos. Son hermanos y el más joven, Emmanuel, es tuerto. Estos tres niños fueron expulsados de su casa en Tshikapa, en la provincia de Kasai, por su padre, que los acusó de haber matado a su madre con brujería.

Luego cayeron en una red de tráfico que los trasladó a Kinshasa. Los hermanos no cuentan nada de su traficante pero, cuando el personal del centro llevó a Emmanuel a un oftalmólogo, el médico confirmó que su ceguera se debe a un fuerte golpe en el ojo.

El centro Bana Ya Poveda financió una operación para este niño en un hospital local que no dio fruto. El pequeño no ve por ese ojo y “puede que necesite un trasplante de córnea”, un imposible en Congo, explica la educadora Josephine Kahambwe. Su única posibilidad sería un traslado a un país rico que asumiera el coste de la intervención.

Los educadores no saben quién traficó con los tres hermanos. Sí identificaron al traficante de otro de sus niños, un criminal al que denunciaron a la policía. El individuo fue detenido pero entró por una puerta en el calabozo y salió por la otra. Este delincuente, que “debe de tener a alguien poderoso detrás”, deplora Jacinthe Nkongolo, no solo ha quedado impune sino que ha amenazado a algunos educadores de la institución.

En el Bana Ya Poveda los niños vuelven al colegio y se forman al mismo tiempo en un oficio. Benoît ha terminado primaria, está aprendiendo el oficio de zapatero y sueña con ser abogado. Como con el resto de menores, el centro está mediando con su familia para intentar una reinserción progresiva bajo supervisión.

Muchas veces, los educadores convencen a las familias de que el pequeño no es un brujo; otras, la superstición pesa demasiado. La familia de Benoît no ha reconocido su error. En Congo, un país de cultura mayoritariamente bantú, el individuo es secundario y lo que importa es la familia y la comunidad. Quizás por ello, pese al recuerdo vago y doloroso que pueda tener de sus parientes, Benoît dice querer “vivir en familia”. El director del centro recalca cómo estos niños “perdonan siempre; quieren siempre. No son rencorosos”.

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Nota: Los nombres utilizados en este artículo son ficticios con el fin de preservar la identidad de los menores.

Los más de 3.300 muertos documentados por la Iglesia Católica en la región histórica de Kasai en República Democrática del Congo; las 42 fosas comunes halladas por Naciones Unidas; los civiles decapitados o masacrados con ametralladoras y lanza-granadas en la guerra desigual que desde agosto de 2016 enfrenta al Ejército congoleño con la milicia Kamuina Nsapu, compiten este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la solidaridad entre dictadores africanos y la convicción de algunos de sus Estados miembros de que la soberanía nacional es un bien más precioso que la vida humana.

Reunidos en Ginebra en su 35 periodo de sesiones, los 47 Estados miembros del principal órgano de Derechos Humanos de Naciones Unidas debían optar este viernes entre imponer a Congo una comisión de investigación internacional e independiente -una propuesta apoyada inicialmente por los miembros europeos del Consejo, con el respaldo de la Unión Europea- o abrazar la impunidad aceptando las tesis del régimen congoleño. El Gobierno se niega a aceptar esta comisión arguyendo que su Justicia ya está investigando unas masacres en las que sus fuerzas armadas y de seguridad están implicadas. 

En este combate, Kinshasa ha contado con el apoyo del grupo de Estados africanos que se sientan en el órgano de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre los que hay dictaduras como Burundi, Angola y Egipto, y regímenes como Sudáfrica y Togo. También Estados miembros de otras latitudes, como China y Venezuela, apoyan al régimen congoleño.

Desde el pasado martes, estas dos visiones enfrentadas, la europea y la africana, mantenían una pugna en la que, según Radio France Internacional (RFI), el grupo de países europeos en el Consejo de Derechos Humanos ha claudicado. La emisora francesa informó este jueves desde Ginebra de que los Estados miembros europeos han retirado su propuesta inicial y aceptado un borrador que ni siquiera obliga a Congo a aceptar en su territorio a los investigadores de Naciones Unidas, sino sólo a facilitar su “llegada”.

Fuentes diplomáticas en la ciudad suiza consultadas por eldiario.es confirmaron que la propuesta europea ni siquiera se votará. Las delegaciones africana y europea han decidido en su lugar aprobar una propuesta de consenso, cuyos detalles concretos se desconocen, pero que se teme consista en una misión de investigación descafeinada y con pocas garantías de hacerse realidad.

Las fuentes diplomáticas resaltaron que este acuerdo sí contempla el envío de un equipo de observadores internacionales que informarán al Consejo de Derechos Humanos pero no precisaron si su presencia se impondrá a las autoridades congoleñas, un aspecto fundamental, dados los continuos incumplimientos del régimen de Kinshasa, que lleva meses prometiendo en vano asociar a investigadores de la ONU a sus supuestas pesquisas sobre las masacres de Kasai.

José María Aranaz, el director de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Congo (UNJHRO por sus siglas en inglés), el organismo que ha documentado las 42 fosas comunes en Congo, considera que los Estados africanos que se oponen a una investigación independiente “han hecho un gesto hacia su soberanía nacional que solo sirve para cubrir los crímenes contra la población en Kasai”.

El miércoles, en una entrevista con eldiario.es, el director de la UNJHRO aseguró a su vez que fuese cual fuese el resultado del Consejo de Derechos Humanos, su oficina, “seguirá documentando los crímenes e identificando criminales. Y si continúa la pasividad de las autoridades congoleñas, la información será remitida a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad”.

Niños mutilados y embarazadas abiertas en canal

La actitud del régimen congoleño que Aranaz define como “obstruccionista” viene de lejos. Ya en marzo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein había instado a Congo a que garantizara una investigación independiente en la que estuviera asociada Naciones Unidas. Kinshasa aceptó pero nunca ha honrado su promesa y además ha impedido el acceso a las víctimas y a la zona del conflicto a los investigadores de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos en Congo.

Tres meses después, el 6 de junio, Zeid lanzó un ultimátum al gobierno congoleño instándole a aceptar esa investigación en 48 horas, so pena de exigir “un mecanismo internacional de investigación”. El Alto Comisionado anunció también el envío de un equipo de expertos para entrevistar a los desplazados que habían huido de Kasai.

Aunque las atrocidades cometidas tanto por el grupo armado como por el Ejército y la policía congoleños ya se conocían, el relato que estos desplazados hicieron y del que Zeid dio cuenta el martes es tan espantoso que el propio Alto Comisionado dijo estar “en shock”. Según sus datos, el régimen de Kabila incluso ha creado y armado una nueva milicia para luchar contra los Kamuina Nsapu. En los últimos dos meses, este nuevo grupo ha tiroteado, asesinado a machetazos, mutilado y quemado vivos a cientos de aldeanos. También ha arrasado pueblos enteros.

“Los miembros de mi equipo ha visto a niños de dos años con los miembros cortados; a bebés con heridas de machete y graves quemaduras. También a un bebé de dos meses que, a las cuatro horas de nacer, recibió cuatro disparos. Su madre también resultó herida. Al menos dos mujeres embarazadas habían sido abiertas en canal y sus fetos mutilados. En la localidad de Cinq, decenas de hombres, mujeres y niños fueron asesinados con armas de fuego, a machetazos o quemados vivos”.

Estos crímenes siguen un criterio étnico: las víctimas son lubas y luabas, etnias consideradas como el vivero de los Kamuina Nsapu, lo que constituye “un salto cualitativo gravísimo en un conflicto que está lejos de resolverse”, recalca José María Aranaz.

En realidad, la inseguridad en Congo no ha hecho sino empeorar desde que el presidente Joseph Kabila se negara a organizar las elecciones y a abandonar el cargo que debería haber cedido a un sucesor el pasado 20 de diciembre al término de su segundo y último mandato constitucional.

La ilegitimidad de su permanencia en la jefatura del Estado ha catalizado la violencia de los grupos armados y ofrecido argumentos a milicias de nuevo cuño, como los Kamuina Nsapu, un grupo que surgió como una expresión de descontento por parte de una población ahíta de miseria y abusos de los agentes del Estado- el líder de la revuelta, el jefe tradicional Kamuina Nsapu, fue abatido por la policía el pasado 12 de agosto- pero que desde entonces ha ido adquiriendo un discurso más político alineado con los postulados de la oposición a Kabila.

Ni los miles de muertos en Kasai, ni las cifras que indican que 1.300.000 personas no han tenido otra salida que huir de la violencia, ni el espantoso relato del Alto Comisionado Zeid lograron conmover a los miembros africanos del Consejo que sostienen que se puede confiar en la investigación de la Justicia congoleña sobre lo sucedido en Kasai.

Unestudiante de 17 años, juzgado

Una afirmación difícil de sustentar. Pese a que la Oficina Conjunta de Derechos Humanos ha comunicado al gobierno congoleño el emplazamiento de las 42 fosas comunes halladas en Kasai, ninguno de esos enterramientos ha sido exhumado ni se ha abierto investigación alguna. Tampoco se ha encausado a ningún militar de alta graduación responsable de esas operaciones militares en la que se podrían haber cometido crímenes de guerra.

Nada extraño toda vez que Kinshasa ha puesto la represión contra los Kamuina Nsapu en manos como las de Eric Ruhorimbere, considerado responsable de numerosas masacres en el este del país durante la II Guerra del Congo (1998-2003). Ruhorimbere no sólo no ha sido nunca encausado pese al aluvión de pruebas en su contra sino que, en 2014, Kabila le ascendió a general.

La Justicia congoleña sí ha sido sorprendentemente veloz en la instrucción del crimen de los dos expertos de la ONU asesinados en marzo cuando investigaban las fosas comunes en Kasai. Cuando no habían transcurrido ni dos meses del hallazgo de los cadáveres a finales de marzo, el 20 de mayo la Justicia militar congoleña daba carpetazo a las pesquisas y anunciaba la apertura del juicio. Sólo dos personas están siendo juzgadas. Su perfil es llamativo: un vendedor de aceite y un estudiante de bachillerato de 17 años.

Muchos congoleños han expresado estos días en redes sociales su esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableciera una comisión de investigación independiente en Kasai. Si ésta no se aprueba o no cumple sus expectativas, el sentimiento de abandono que padecen por parte de la comunidad internacional no hará sino aumentar.

En Congo, las masacres duran ya más de 20 años. Como en el caso de Kasai, algunas tienen sospechosos; otras directamente verdugos cuyos nombres y apellidos la comunidad internacional conoce. Y en la inmensa mayoría de los casos matar en este país ha salido gratis. Ante una violencia que nadie ha sido aún capaz de atajar, colectivos como los movimientos juveniles prodemocracia congoleños LUCHA y Filimbi han movido estos días en redes sociales el hashtag #Congoleselivesmatter (las vidas de los congoleños importan), que habla del sentimiento de muchos ciudadanos de este país de que sus vidas valen menos que las de otros seres humanos.

Femme au Fone (Mujeres al teléfono), es un programa de radio que nació para luchar contra un silencio impuesto: el de las mujeres de Kivu Sur, la provincia oriental de Congo y campo de batalla de las dos guerras que vivió el país entre 1996 y 2003.

Esa falta de voz resultó clamorosa cuando en 2012 un proyecto de la radio comunitaria Maendeleo y de la organización Worldcom-LolaMora Producciones puso a disposición de los clubes de oyentes de la emisora unos números de teléfono a los que podían enviar mensajes de texto para informar de amenazas a la seguridad.

A pesar de que las mujeres son el blanco de violencias de todo tipo en Congo, muy pocos de estos mensajes tenían su nombre: los clubes de oyentes estaban dominados por hombres.

El retrato de desigualdad que pintó este sistema de alertas convenció a sus promotoras de que era necesario poner en marcha una plataforma que diera voz a esas mujeres reducidas al silencio por una cultura férreamente patriarcal en la que tradicionalmente ellas “ni siquiera tienen derecho a expresarse”, explica la periodista Tatiana Miralles, una de las fundadoras de LolaMora Producciones y de las madres este proyecto.

Así, en noviembre de 2013, esta asociación centrada en justicia transaccional y derechos de las mujeres y radio Maendeleo proponen a dos organizaciones femeninas congoleñas, la Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación del Sur de Kivu (Afem) y Sinergia de mujeres por la Paz y la Reconciliación (SPR), que se unan a ellas. Tras implicar a los grupos de mujeres de base en las zonas rurales de estas dos asociaciones, nace Femme au Fone (FAF), el programa de radio que se ha convertido en el altavoz de las mujeres de Kivu Sur.

Bukavu, la capital de la provincia, se asoma al lago Kivu desde sus calles de asfalto roto. No hay un taxista en la ciudad que no sepa dónde está Radio Maendeleo, la emisora desde la que todos los sábados se emite en directo Femme au Fone. En una pequeña habitación oscura, el equipo del programa trabaja en un ambiente similar al de otra redacción, con periodistas concentradas ante sus portátiles y una becaria a la que sus compañeras mandan en broma a comprar comida.

Lo que diferencia a esta redacción son las fuentes. En los ordenadores no hay teletipos de agencia sino los mensajes que envían las oyentes desde toda la provincia. Como el proyecto original del que surgió, FAF ha puesto a disposición de las mujeres unos números donde pueden enviar alertas de seguridad o denunciar agresiones mediante mensajes de texto. Con varias diferencias, los sms se centran ahora exclusivamente en las amenazas contra la población femenina y la mayoría de quienes los mandan son mujeres.

Cómo funciona el sistema de alertas

“Desde que empezó el proyecto, hemos recibido más de 6.000 mensajes. Para facilitar su envío, formamos a mujeres líderes en todos los territorios de Kivu Sur. A estas líderes les entregamos un teléfono para que pudieran enviar sus sms y los de las otras habitantes de sus pueblos. En los móviles se instaló también una aplicación con una encuesta que las mujeres responden dos veces al mes y que recoge unos indicadores sobre los diferentes tipos de violencia física, sexual o económica que sufren”, explica Yvette Mushigo, una de las dos juristas del equipo FAF.

Un programa informático categoriza estos mensajes en función de su urgencia y mediante palabras clave en dos idiomas, swahili y francés. Los mensajes entran después en un proceso de comprobación. Cuando una alerta proviene de un único sms, las periodistas llaman al teléfono desde el que se ha mandado, solicitan la identidad de la mujer y tratan de comprobar la información con otras fuentes. Los sms dudosos se descartan.

Si un mensaje advierte, por ejemplo, de un ataque de un grupo armado contra un pueblo, la radio alerta inmediatamente a las autoridades o las ONG para que acudan en auxilio de las víctimas.

Una vez analizados los sms, las periodistas eligen el tema más evocado –violencia física, derechos económicos, etc.- y le dedican el programa semanal a cuyo debate invitan a abogados, psicólogos o sociólogos. El equipo recoge en el terreno testimonios de mujeres, invita a las oyentes a que expresen sus dudas, formulen preguntas y, algo inédito en Congo, propongan ellas mismas soluciones para sus problemas.

El programa invita a su vez a representantes de las autoridades concernidas por el problema tratado en la emisión, que escuchan las propuestas de las mujeres. De esta manera, explica Tatiana Miralles, “se puede hacer un seguimiento de los compromisos que estos representantes contraen en directo”. La emisora emite una cuña de radio diaria sobre el mismo asunto al que se consagra el Femme au Fone semanal.

“Nuestras oyentes tienen una enorme sed de conocimientos. Muchas son analfabetas y, por citar un caso, no saben que la ley congoleña les permite heredar, algo de lo que muchas veces se ven privadas porque en Kivu prima el derecho de la costumbre, muy discriminatorio hacia la mujer. Nuestra razón de ser es informarlas de sus derechos y de los recursos a su alcance, por ejemplo, las clínicas jurídicas que dan asistencia legal gratuita”, explica Mushigo.

El enemigo, en casa

“Una mujer fue golpeada por su marido que la acusaba de serle infiel. La golpeó hasta la muerte. Camino al hospital, la mujer sangraba por todos los lados y murió”, dice uno de los sms recibidos por la radio. “A una mujer, que sólo tuvo hijas, su marido la puso en la calle diciendo que las niñas no son hijos”, dice otro mensaje. “Cuando [mi marido] volvía a casa, me molía a palos y no me daba dinero ni para comer”, explicaba otra oyente.

Estos mensajes están recogidos en el documento Ecos II sobre la seguridad de la mujer y la niña en Kivu Sur, uno de los tres informes elaborados por FAF a partir de los sms y de entrevistas con mujeres de toda la provincia.

Estos documentos arrojan conclusiones que tienen poco que ver con el discurso dominante sobre las congoleñas en los medios de comunicación occidentales, centrado en la violación como arma de guerra destinada a permitir la explotación de recursos minerales. Según los datos aportados por ellas mismas en sus mensajes, esa no es la principal amenaza que pesa sobre las mujeres del este de Congo.

El enemigo, según los datos de Femme au Fone, está muchas veces más en casa que emboscado en la selva. El informe “Ecos II” precisa: “La seguridad física, la económica y la violencia doméstica son los principales problemas de las mujeres. En este sentido, nuestras conclusiones van más allá de las de Naciones Unidas quien, a través de Margott Wallström, su representante especial en materia de violencia sexual en período de conflicto, calificó a Bukavu como ”capital mundial de la violación“ en 2010 (…) Los incidentes denunciados [en los sms] ponen de relieve casos de mujeres quemadas, ahorcadas, apuñaladas, asesinadas a golpes o halladas mutiladas en fosas o masacradas en sus propios hogares”.

“La seguridad en su vida cotidiana, en su casa, en el mercado, en los campos, al ir a la fuente y el acceso a los recursos, por ejemplo que no se las prive de su herencia o que el marido no las expulse de casa ni las maltrate, es lo que más preocupa a estas mujeres, no las violaciones como arma de guerra, que siguen existiendo pero en mucha menor medida que en la pasada década”, confirma Tatiana Miralles, la cofundadora de LolaMora y de Femme au Fone.

Miralles recalca que “a día de hoy se producen más agresiones sexuales cometidas por un vecino, por el marido o por un pariente, en general por civiles, que por miembros de grupos armados”. Los datos de UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, le dan la razón: en 2013, el 77% de las violaciones registradas en Congo fueron cometidas por civiles.

Esta periodista que desde hace tres años vive en Bukavu explica que esta violencia sexual es en parte “un legado de la guerra y de los traumas de una población expuesta a unos niveles de violencia inimaginables” pero también el producto de una sociedad patriarcal en la que, en algunas culturas, las mujeres “tienen menos valor que las vacas”.

Femme au Fone lucha para acabar contra esta violencia ampliamente tolerada. Y de nuevo tomando en cuenta los sms recibidos en la radio, en los que las oyentes dicen que son otras congoleñas las más capacitadas para representarlas, este proyecto de mujeres y periodismo estuvo en la génesis del movimiento “Nada sin las Mujeres”.

Esta plataforma tiene como objetivo arrancar la paridad en las instituciones de Congo forzando un cambio en la ley electoral que obligue a los partidos a incluir a candidatas en sus listas electorales. Si ese deseo se hace realidad, esas mujeres estarán encargadas de llevar la voz silenciada de las congoleñas al parlamento del país.

Pobres y olvidadas, pero hasta el pasado verano en paz, la provincia congoleña de Kasai Central y otras tres provincias vecinas viven desde entonces sumidas en una guerra desigual que ya ha causado al menos 400 muertos y forzado a la huida a 216.000 personas. Esta guerra enfrenta al Ejército y la policía de la República Democrática del Congo con la milicia Kamuina Nsapu, formada por grupos de campesinos, desheredados y menores de edad armados con machetes, palos y, solo a veces, con viejos kalashnikov robados a la policía.

En julio de 2016 esta milicia empezó a atacar comisarías, iglesias y edificios oficiales, los símbolos de la autoridad y del Estado. Fue el principio de una guerra que ahora se sabe que tiene más muertos de esos 400 contabilizados.

Son los que están en las diez fosas comunes cuyo hallazgo ha confirmado Naciones Unidas. Un registro macabro al que este martes se sumaron tres nombres: los de Michael J. Sharp, coordinador del Grupo de Expertos de la ONU para Congo, su colega sueca Zaida Catalán y el intérprete del equipo, Betu Thsintela, todos hallados muertos en un agujero de poca profundidad cerca de Ngombe, en Kasai Central, el escenario del conflicto.

Los tres, junto con otros tres acompañantes congoleños de los que no se sabe nada, desaparecieron el 12 de marzo cuando se dirigían a Tshimbulu, el pueblo en el que se encuentran tres de los enterramientos documentados por el organismo internacional.

Las otras siete fosas comunes están en el cercano territorio de Demba, explicó el 22 de marzo en una rueda de prensa en Kinshasa Barbara Matasconi, de la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNJHRO) en Congo. Esta funcionaria precisó además que “existen serias alegaciones” de la existencia de otros siete enterramientos clandestinos que la organización internacional está tratando de confirmar.

Tres días antes de esta confirmación de Naciones Unidas, dos periodistas de la agencia Reuters y de la emisora francesa Radio France Internationale (RFI), respectivamente, habían denunciado la existencia no ya de tres fosas, sino de ocho en Tshimbulu. En una de ellas, huesos humanos habían aflorado de la tierra. No muy lejos, un jirón de tela roja fotografiado por los periodistas yacía entre la hierba. Los Kamuina Nsapu ciñen su frente con una banda de tela de ese color.

Las ocho fosas las han descubierto desde el mes de enero los habitantes del pueblo. Un día, al volver de su trabajo en los campos, los lugareños se toparon con una zona de tierra removida donde afloraban brazos, piernas e incluso cadáveres enteros de hombres, mujeres y niños. Una mujer que vive cerca había visto un camión militar en ese mismo lugar pocas noches antes. Este testimonio fue corroborado por otros testigos que aseguraron haber visto hombres de uniforme junto a la carretera.

En un conflicto en el que, como ha documentado Naciones Unidas, el Ejército congoleño incluso ha utilizado ametralladoras contra jóvenes armados con lanzas, los milicianos y simples civiles sospechosos de simpatizar con el grupo armado se han llevado la peor parte de la violencia. Incluso antes de hallar las fosas comunes, la ONU había calificado la respuesta del Estado congoleño ante esta rebelión de “desproporcionada”.

De acuerdo con los datos de la propia organización internacional, las tres fosas comunes documentadas en Tshimbulu datan de febrero, el mismo mes en que su oficina de derechos humanos en Congo recibió informes que alertaban de la muerte de 50 milicianos a manos del Ejército en Kasai Central entre los días 6 y 8.

Otros 101 congoleños perecieron en enfrentamientos entre miembros del grupo armado y militares en los cuatro días que siguieron, entre el 9 y el 13 de febrero. De ellos, 39 eran mujeres atrapadas en el fuego cruzado.

“Mira, mueren como animales”

A estos informes se sumó el 17 de febrero un vídeo colgado por un internauta anónimo en las redes sociales. En ese vídeo grabado con un móvil, militares congoleños masacran a sangre fría a un grupo de personas tocadas con la banda roja de los Kamuina Nsapu, cerca de la localidad de Mwanza Lomba, en Kasai Central.

En las imágenes los soldados abren fuego sin provocación alguna y luego rematan en el suelo a sus víctimas mientras se mofan de su agonía: “Mira, mueren como animales”, se regocija uno de ellos. En esta grabación, trece personas, varias de ellas mujeres muy jóvenes y también niños, mueren entre estertores. Las únicas armas que llevaban eran palos y tirachinas.

A este vídeo han seguido otros cuatro similares. Al divulgarse el primero, el portavoz gubernamental, Lambert Mende, calificó las imágenes de “grosero montaje”. Sin embargo, la creciente presión internacional que insta a Congo a investigar estos hechos ha obligar a Kinshasa a ceder en parte. El 18 de marzo la justicia militar congoleña anunció que siete militares habían sido acusados de “crímenes de guerra” por la masacre de Mwanza Lomba. Esta presión ha venido sobre todo de la ONU, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Lo que las autoridades congoleñas no han aceptado es la comisión de investigación internacional reclamada por Naciones Unidas para aclarar lo que está pasando en el centro del país. Tras el hallazgo de los cuerpos de los dos investigadores de la ONU, el gobierno congoleño se ha limitado a atribuir los asesinatos a los Kamuina Nsapu, mientras que no pocos habitantes de este país se preguntaban este martes si el equipo de la ONU había descubierto algo que hizo de ellos unos testigos incómodos.

¿Quiénes son los Kamuina Nsapu?

“Kamuina Nsapu” era el título del jefe tradicional Jean-Pierre Nsapu Pandi, abatido en agosto por las fuerzas de seguridad congoleñas. Este médico de 50 años llamó a sus paisanos a alzarse contra el Estado después de que las autoridades no reconocieran la jefatura del territorio de Dibaya, en Kasai Central, que debía haber heredado de su padre.

El desencadenante final de su enfrentamiento con el Estado fue un registro policial, en abril de 2016 mientras se encontraba de viaje en Sudáfrica, en el que, según dijo, unos sicarios a sueldo del gobernador de Kasai Central habían saqueado su casa e intentado violar a su mujer.

Fue entonces cuando Pandi llamó a sus conciudadanos a la revuelta. En una de las provincias más pobres del ya paupérrimo Congo, en la que pese a un subsuelo que rebosa de oro y diamantes sus gentes malviven con menos de 200 dólares (185 euros) anuales, sus diatribas pronto obtuvieron eco. Sus críticas al hambre, el dolor y el abandono que soportan la mayoría de los congoleños describían demasiado bien su realidad como para no provocar una reacción.

Los discursos que se le atribuyen en tshiluba, la lengua local, muy pronto azuzaron la ira incubada a la sombra de la miseria, la injusticia y los abusos de un Estado cuyos agentes estuvieron detrás del 64% de las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en 2016. Incluidas 480 ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con el último informe del secretario general de la ONU sobre Congo.

Los primeros ataques de la milicia tuvieron lugar a finales de julio de 2016. El 12 de agosto, Jean-Pierre Nsapu Pandi murió en un enfrentamiento con la policía en Tshimbulu. Sus partidarios sostienen que en realidad fue ejecutado y su cadáver, emasculado.

“Atrocidades” de ambos grupos, según la ONU

Sus adeptos redoblaron entonces la violencia. El 23 de septiembre atacaron el aeropuerto de Kananga, una ciudad de más de un millón de habitantes. Naciones Unidas dice que tanto ellos como el Estado congoleño han cometido “atrocidades”. El grupo armado ha reclutado, por ejemplo, a muchos menores, incluso de cinco años, según International Crisis Group.

El gobierno de Kinshasa eleva a más de un centenar los policías muertos en enfrentamientos con este grupo armado y tilda a estos milicianos de terroristas. Incluso ha llegado a compararlos con Al Qaeda y la somalí Al Shabab, una acusación que pareció casi corroborada por un anuncio del pasado sábado. Según las autoridades, los Kamuina Nsapu habían matado y decapitado a 39 policías el día anterior.

Algunos congoleños se preguntan cómo unos milicianos armados con machetes y palos y solo en escasas ocasiones con armas de fuego, pudieron reducir y decapitar a agentes armados con fusiles kalashnikov. La versión oficial sostiene que los agentes fueron asesinados tras caer en una emboscada.

Llegó moribunda, con las entrañas que se habían desgarrado en alguna pista enfangada entre su pueblo y Rubaya, en el territorio de Masisi, en la región oriental de Kivu Norte, esa tierra marcada por los rescoldos de la guerra en Congo. Tenía 35 años, seis hijos y su útero se había roto durante el parto del séptimo.

Cuando los hombres que la llevaban en unas parihuelas entraron en el hospital, ya estaba en shock: su sangre se había quedado por el camino. Era julio de 2016 y esta madre había llegado al hospital cuando ya nadie podía ayudarla.

“No sé cuántas mujeres he visto morir así durante años. Mujeres que llegaban con el útero roto cuando ya era demasiado tarde”, dice el doctor Leonidas Banyuzukwabo, uno de los médicos del centro hospitalario de Rubaya.

Parir en la República Democrática del Congo, sobre todo en las zonas rurales, no es muchas veces una elección, sino un deber, como ocurría en Europa cuando se consideraba que los hijos eran una riqueza, la única a la que podían aspirar los pobres. Una visión que en Congo sigue viva, impuesta por un patriarcado que alcanza su paroxismo en territorios como el de Masisi, un lugar en el que sólo cuatro de cada diez niñas sabe lo que es sentarse en un banco de escuela, según Naciones Unidas.

La belleza de postal suiza de esta tierra, sus colinas verdes y sus vacas frisonas sirven de paradójico escenario de abundancia para la honda miseria y la violencia que padecen las personas que allí habitan.

Sobre todo, las mujeres. Ser mujer en Masisi es ser madre y además es serlo pronto y cada año. Y si quien nace es un varón, mejor, pues las niñas valen poco para la cultura local. “No basta con tener dos o tres hijos. Lo que se espera de la mujer es que tenga nueve o diez vástagos”, explica el médico, un número que supera con creces la media congoleña de 6,1 hijos por mujer. Si la esposa no cumple estas expectativas, “se arriesga al repudio por parte del marido” y a verse en la calle sin nada y separada de los hijos que ya ha tenido.

Por esa razón y porque ellas mismas han interiorizado que su obligación es tener muchos hijos, las mujeres de Masisi siguen engendrando incluso si para ello tienen que poner en peligro sus vidas. Y eso sucede no pocas veces, pues los matrimonios y embarazos precoces, y esas gestaciones numerosas y sin respiro entre ellas, son factores de riesgo de diversas complicaciones obstétricas.

Una de ellas es la rotura de útero, la misma a la que sucumbió la mujer que llegó en shock al hospital de Rubaya, rara en Occidente, pero que en Congo sigue matando. La misma que sufren cada mes “tres o cuatro mujeres” solo en el pequeño centro de salud de Kibabi, que depende de Rubaya, asegura otro médico congoleño, el doctor Emmanuel Kasole.

“Una buena mujer es la que no cuesta dinero”

Tanto ese centro de salud como el hospital del que depende son de propiedad estatal pero, hasta hace poco, eran de pago, pues en Congo no existe una sanidad pública. Una cesárea costaba unos 66 euros y para reunir esa suma las familias debían vender lo poco que tenían. Eso si poseían algo, pues muchos habitantes de la región viven de trabajos precarios en las minas de coltán y manganeso que dominan Rubaya. Esa pobreza está detrás del hecho de que muchas de esas mujeres que el doctor Leonidas ha visto morir durante años acudieran al hospital “demasiado tarde”.

Pero la miseria no lo explica todo. Otro factor remite de nuevo a una terrible desigualdad de género: “Aquí, una buena mujer es la que no cuesta dinero: la que pare en casa y por abajo. Una mujer que pare en el hospital es tachada de vaga e inútil. La religión es otro aspecto. Hace poco, escuché a un pastor protestante que decía que si las ratas paren naturalmente, no veía razones para que las mujeres se sometieran a cesáreas”, se indigna el médico.

Esta “mentalidad empezó a cambiar hace cuatro años y medio”, asegura el facultativo, cuando una ONG italiana, Cooperazione Internazionale (COOPI), con financiación de ECHO, la agencia humanitaria de la Unión Europea, empezó a apoyar con proyectos de cooperación al hospital de Rubaya y varios centros de salud de la zona. Desde entonces, de acuerdo con los cálculos de la ONG, unas 200.000 personas del territorio de Masisi han disfrutado de atención sanitaria gratuita

Anticonceptivos con permiso del marido

La joven doctora Gracia Ndimi Kabwe representa otro de los rostros de la mujer congoleña: formada, políglota e independiente. Cuando llegó a Rubaya para trabajar en el proyecto de la ONG, los niños la llamaban “Mzungu” (blanca, en swahili). Ella lo atribuye a sus vaqueros, que probablemente los críos sólo habían visto llevar a las pocas occidentales que pasan por la ciudad.

La gratuidad de los partos, la puesta en marcha de dos bancos de sangre y la construcción de un quirófano en el centro de salud de Kibabi han contribuido a una reducción “drástica” de la mortalidad materna, asegura la doctora. Pero el riesgo ligado a los embarazos repetidos y la mentalidad que hace que “cuando una mujer se casa, su cuerpo pase a ser propiedad de su marido”, siguen ahí.

La mujer pobre y rural en Congo no sólo “no puede negarse a mantener relaciones sexuales con su pareja”; tampoco tiene control sobre su fertilidad, una situación amparada por una legislación en la que coexisten un derecho consuetudinario que sigue primando en las zonas rurales y unas igualmente misóginas leyes heredadas en parte del colonizador belga.

Una de ellas, que data de 1920, así como el artículo 178 del Código Penal, prohíben la venta de anticonceptivos. Pese a ello, los métodos de control de la natalidad se venden libremente desde hace décadas y el gobierno hace campañas en favor de la planificación familiar. Para completar este panorama esquizofrénico, una decisión ministerial de 2009 –arrancada por las feministas congoleñas– autorizó los anticonceptivos con la promesa aún no cumplida de abrogar la norma de 1920.

Ninguna de estas leyes exige el permiso marital para que la mujer utilice métodos anticonceptivos ni para que se someta a una cesárea o a una ligadura de trompas. Sin embargo, el carácter contradictorio de la legislación nacional, unido a un Código de la Familia que define al hombre como “jefe de la familia”, ha provocado que en la práctica las mujeres con pareja tengan que pedir permiso a sus compañeros para utilizar anticonceptivos o someterse a operaciones relacionadas con su fertilidad.

En las zonas rurales, el “hombre tiene la última palabra”, subraya el doctor Leonidas. De ahí que muchos profesionales sanitarios exijan dichas autorizaciones maritales para protegerse de posibles demandas en los tribunales.

Antes de practicar una cesárea, los médicos de Rubaya presentan al padre una autorización para que la firme. Si el marido no ha venido con la parturienta, el consentimiento se reclama a la persona que la acompaña, que “normalmente es su suegra”, dice el médico mostrando uno de esos documentos firmado con una huella digital.

“El 80% o más de nuestras pacientes son analfabetas”, añade. En casos extremos, el personal sanitario ha tenido que amenazar a algún padre con “arrastrarlo a los tribunales” para obtener ese consentimiento y salvar la vida de su mujer, si bien la información de que sin la cesárea madre e hijo pueden morir “suele bastar”.

Los anticonceptivos suscitan todavía más resistencias, a causa de la religión y del mito extendido en Congo de que utilizarlos provoca esterilidad definitiva: “Recuerdo a una paciente de 38 años, madre de 14 hijos, el último por cesárea, otro grave factor de riesgo para la rotura de útero. Le advertí de que el próximo embarazo sería la muerte y, aun así, no nos permitió ligarle las trompas. Cuando le propusimos un implante anticonceptivo, dijo que lo pensaría y se marchó. No ha vuelto. Ve a saber si era ella o el marido quien se negaba”, recuerda el médico.

En el centro de salud de Kibabi, Gentille come con su bebé al lado. Tiene 18 años y es su primer hijo. Ha nacido por cesárea y el doctor Kasole le explica que debe evitar un embarazo en los próximos 18 meses. Su útero podría romperse y ella vive a 20 kilómetros del centro. “Tengo que hablar con mi marido”, susurra la chica. Cuando se insiste en preguntarle su opinión, dice: “Estoy de acuerdo… pero hay que esperar a ver qué dice mi marido”.

A sus cuatro años cumplidos en diciembre, Samuel Kabamba era un niño más: le gustaba disfrazarse, poner morritos en los 'selfies' y jugar al fútbol. Su equipo era el Real Madrid. Un crío como otro; el pequeño de seis hermanos. Su familia le hacía fiestas de cumpleaños y su colegio fotos cursis vestido con el uniforme escolar.

Samuel no había conocido ni la guerra ni el hambre. Tampoco la desgracia, que llegó toda de un golpe. Fue el 14 de enero, cuando él y su madre, Véronique Nzazi, murieron ahogados en el estrecho de Gibraltar, a 6.000 kilómetros de su casa. El cuerpo que se cree es el suyo recaló hace dos semanas en una playa de Barbate, en Cádiz. Las olas arrastraron a Véronique hasta la costa de Argelia. Allí apareció el jueves pasado, a cientos de kilómetros del niño aún sin identificar al que ya llaman el “Aylan español”.

La tragedia se empezó a esbozar otro 14 de enero, justo un año antes, cuando la Maison Schengen (Casa Schengen), la institución que gestiona los visados de la mayor parte de países de la Unión Europea en la República Democrática del Congo –no los de España-, comunicó a Véronique que el visado turístico que había pedido para viajar a Europa le había sido denegado, como publicó El Periódico.

La puerta a la Unión Europea se cerró así ante esta mujer que no había pedido el visado por capricho ni para hacer turismo. Véronique estaba enferma; tenía un tumor en el cuello desde hacía 18 años, explica su marido, Aimé Kabamba. Un tumor “muy doloroso” y que ya había sido operado en Congo dos veces. Sin éxito, la masa tras su oreja izquierda seguía creciendo y su médico le dijo que debía ir a Europa, “a Francia o a España”, a operarse.

Su primera idea no fue pedir un visado turístico, sino un visado médico. En su casa de Kinshasa, el padre saca dos presupuestos de una carpeta. Uno es del hospital La Paz, en Madrid; el otro de un centro de París, el Saint Joseph. Los dos ascienden a varios miles de euros.

Las exigencias de un visado médico europeo

Con estos presupuestos en la mano, los Kabamba se informaron de los trámites para viajar a Francia “por razones médicas”. Lo que descubrieron fue desalentador. En la web de la “Maison Schengen” de Kinshasa, la documentación y los requisitos económicos y de todo tipo que se exigen para este visado, el “C”, parecen imposibles de cumplir, no ya para un congoleño que no pertenezca a las élites, sino para cualquier español medio.

Además de poder demostrar que había pagado por adelantado parte de los gastos médicos en un hospital francés –sin haber sido anteriormente examinada allí–, Véronique debía proporcionar un sinfín de documentos: la reserva de un billete de avión de ida y vuelta, reservas y justificante del pago de un hotel, un certificado de “acogida” del ayuntamiento en el que fuera a residir, un seguro médico y de viaje con todas las coberturas, las tres últimas nóminas y una declaración jurada. A ello se añade un certificado del médico de la Embajada de Francia que determinase que su dolencia no podía ser tratada en Congo, entre otros trámites. Todo con tres meses de antelación.

Por último, se le exigía que justificara, a través de los movimientos de su banco y de sus tarjetas bancarias, poseer “medios de subsistencia suficientes y regulares”, no solo en Congo sino también para el viaje y la estancia. La web de la Maison Schengen no precisa una cantidad.

Aimé Kabamba, el marido de Véronique, recuerda muy bien a cuánto ascendía la cifra mínima: “Entre 20.000 y 30.000 dólares” (entre 18.700 euros y 28.000 euros) en el banco.

A un diplomático europeo consultado por eldiario.es y que ha exigido anonimato, esa cantidad le parece coherente con lo que se suele reclamar, sólo para que las autoridades europeas se planteen siquiera poner la pegatina de ese visado “por razones médicas” en un pasaporte congoleño.

“Pensamos que lo mejor era tratarse en Europa”

Abrumados, los Kabamba renunciaron a pedir el visado médico y pidieron uno turístico, algo menos exigente. En vano, pues este documento les fue denegado con dos razones. La primera, el hecho de no acreditar medios económicos suficientes –la mujer no tenía una nómina pues ayudaba a su marido en la iglesia en la que ejerce como pastor– y dos, un supuesto riesgo de que esta madre de seis hijos y 44 años abandonara a su marido y a su prole para quedarse en Europa.

Poco importó que su perfil no tuviera nada que ver con el congoleño tipo que, según las estadísticas, entra o se queda en Europa sin papeles: hombre, joven y sin cargas familiares.

Aimé recuerda: “Fue entonces cuando decidimos que Véronique viajara por su cuenta y se llevara a Samuel, que también estaba enfermo, pues tenía problemas pulmonares, por lo que pensamos que era mejor que lo trataran en Europa”. Tras llegar a Argelia en avión en abril y entrar en Marruecos, “todo iba bien”, sostiene. La mujer “estaba intentando obtener un visado” desde allí.

A mediados de enero, el silencio; la madre que llamaba a su hija mayor, Jemima, todos los días para preguntarle “qué habían comido” los pequeños, dejó de llamar. El 16 de ese mes, dos días después del naufragio, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea no estaba Véronique, sino “un desconocido desde Marruecos”, que le contó a Aimé que su mujer y su hijo habían desaparecido en el mar.

Ni hambre ni guerras: una familia de clase media

Los Kabamba viven en una casa adosada de dos plantas en el barrio de Gombele, en la comuna de Lemba, en Kinshasa. El padre es pastor de una iglesia evangélica y los cinco hijos que le quedan visten vaqueros y miran un televisor de plasma mientras decenas de familiares siguen llegando para pasar la noche en colchones dispuestos en el salón de la casa, como es costumbre en los duelos en Congo.

Los Kabamba son una de esas familias de la incipiente –e invisible para los medios occidentales– clase media congoleña, que manda con esfuerzo a sus hijos a la universidad, se compra Mercedes de segunda mano y acude al médico cuando están enfermos.

Pagándolo todo, porque en Congo –un país cuyo Estado ha sido definido como “una máquina para saquear”- no existe una sanidad pública. En esta tierra tan rica que reposa sobre una cueva de Ali Babá –oro, diamantes, tantalio, estaño, cobre, entre otros minerales– los enfermos deben incluso comprar el hilo con el que el cirujano los cose.

Véronique “temía por su vida”, recuerda su marido ante una foto de ella y otra de su hijo colgadas de una tela lila en una especie de altar improvisado. Sin alzar la voz, se indigna: “No es justo que incluso en casos reales, en casos humanitarios, sea tan difícil obtener un visado. Nos lo negaron diciendo que mi mujer podía quedarse en Europa. No era verdad. Ella amaba a su marido y a sus seis hijos. ¿Cómo iba a dejarnos aquí? Sólo queríamos que la operaran, pagar la operación y que volviera a casa”.

Este hombre parece no comprender esa política de todo o nada de la Unión Europea. El todo para esos ricos de fortunas demasiado grandes como para no ser opacas, que obtienen sin problemas los visados de la UE. La nada para los demás congoleños; gente como Véronique, la mujer que intentó entrar legalmente en esa Europa esquiva antes de tratar de atravesar el Estrecho con su hijo pequeño.

Hoy, Aimé Kabamba tiene la pegatina de un visado europeo en su pasaporte. Se lo ha dado la embajada de España en Kinshasa para que viaje a Cádiz y reconozca el cuerpo de un niño que yace en una morgue de la ciudad. El niño que se cree es su hijo Samuel.

Boukhalef, el barrio tangerino donde vivían la mayor parte de los más de mil subsaharianos que llegaron el lunes y el martes a España en lanchas de juguete, es un horizonte de edificios blancos concebido para realojar a marroquíes que habitaban los mares de chabolas que rodeaban la ciudad. La población del vecindario es humilde y, muchas veces, conservadora. Con los inmigrantes comparten poco más que las dificultades para acceder al transporte en este suburbio situado a 12 kilómetros del centro y no muy lejos de unas playas que se asoman al Estrecho de Gibraltar que se intuye tras el Cabo Espartel.

De estas dos comunidades, la más vulnerable, la inmigrante, ha sido y es objeto de ataques racistas y constantes redadas, en ocasiones dos veces al día, de la policía marroquí, cuyos brutales modos desmienten la nueva política migratoria, en teoría respetuosa de la dignidad humana, anunciada por Mohamed VI en otoño de 2013.

Cuando la semana pasada los barcos de la Gendarmería y de la Marina Real dejaron de patrullar las costas por lo que el ministro marroquí de Interior, Mohamed Hasad, calificó como “disfunciones”, el efecto en Tánger fue como el de una olla exprés a la que se le quita la espita durante un minuto. Boukhalef quedó “vacío”, explica por teléfono Helena Maleno, investigadora de Caminando Fronteras -colectivo que apoya a los subsaharianos en Marruecos y que denuncia de forma constante las vulneraciones de derechos humanos en la frontera-, para luego volver a llenarse en los días posteriores con inmigrantes llegados de Rabat y Casablanca.

La calma duró muy poco: durante la noche del viernes 15 de agosto una turba de marroquíes atacó de nuevo con machetes a los subsaharianos. Cinco resultaron heridos por arma blanca. Según la activista, la policía no hizo nada para evitarlo y abandonó el barrio. Maleno cree que el ataque estuvo planificado, quizás para amedrentar a los subsaharianos y vaciar definitivamente de inmigrantes esta conflictiva barriada, en la que son frecuentes las redadas de la Gendarmería marroquí. En una de estas redadas, en diciembre, un chico camerunés de 16 años, Cedrick Bété, se precipitó al vacío desde un cuarto piso cuando trataba de esconderse de la policía. El colectivo de apoyo a las redes migrantes Caminando Fronteras denunció entonces que el adolescente cayó cuando estaba forcejeando con los agentes estaba forcejeando con los agentes.

¿Meras “disfunciones”?

En Marruecos, las fuerzas de seguridad están férreamente controladas por el Majzen, el aparato de poder semifeudal cuya cumbre ocupan el rey, su camarilla y los generales que controlan las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tras su salida, los inmigrantes explicaron a Maleno que fueron los gendarmes quienes les indicaron que no habría vigilancia durante 48 horas, una voz que pronto corrió por el barrio. No parece probable que este escenario obedezca a una “disfunción” sino más bien a una orden explícita de Rabat.

El intento de vaciar de inmigrantes Boukhalef, considerado un foco de conflicto por las autoridades marroquíes, probablemente buscaba dar un respiro a Marruecos en varios frentes.

Para empezar, porque el discurso de la excepcionalidad de Marruecos, su fachada de país democrático, difícilmente se puede conciliar con las constantes denuncias de asociaciones de derechos humanos y con las portadas, incluso en la prensa marroquí, que dan cuenta de los ataques racistas en este barrio, escenario de buena parte de los abusos policiales y de las tensiones entre comunidades en Tánger. Y Marruecos no es inmune a su imagen pública. Un buen ejemplo tuvo lugar en 2013, cuando tras la publicación de un demoledor informe de MSF y de denuncias de otras asociaciones sobre el trato dispensado a los migrantes, incluso el oficialista Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció abusos en el informe que estuvo en el origen de la nueva política migratoria marroquí. Boukhalef es, en realidad, otra demostración, junto con lo que sucede en Ceuta y Melilla, de que el cambio que el rey anunció a bombo y platillo no está siendo tal.

“En Tánger ha habido muchísima represión y tres asesinatos; las redadas son continuas. Marruecos estaba entre la espada y la pared. Por un lado, Europa exigiéndole que controle la inmigración y, por otro, las ONG que no paraban de denunciar la represión”, explica el expreso político y activista social Boubker Khamlichi.

La presión que soporta Marruecos al haber asumido “una responsabilidad que no le corresponde, la de gendarme de la Unión Europea”, denuncia el profesor universitario y secretario de la Asociación Marroquí de Estudios e Investigación sobre Migraciones (AMERM), Mohamed Khachani, no se ha visto además aliviada por el proceso de regularización de sin papeles que Rabat presentó como el hito de su nueva política.

Esta iniciativa, dirigida a los entre 25.000 y 40.000 sin papeles que viven en el país, no ha tenido los resultados esperados. De acuerdo con datos ofrecidos por Marcel Amiyeto, secretario general del sindicato Organización Democrática de los Trabajadores Inmigrantes (ODT), en una entrevista con el diario Al Bayane, entre el 1 de enero y mediados de junio, 15.600 personas se acogieron al proceso de regularización. Solo 1200 han tenido una respuesta positiva.

“La regularización está siendo un fracaso y el rumor que corre es que una vez que concluya, en diciembre, la Unión Europea quiere que Marruecos expulse a los no regularizados, por lo que los inmigrantes tienen urgencia por cruzar”, recalca Maleno.

África, España y el trasfondo del Sáhara

En el preámbulo de la constitución marroquí, se proclama que Marruecos tiene como uno de sus objetivos la unidad africana, una vocación asumida con entusiasmo por Mohamed VI. En marzo, el soberano efectuó una gira que le llevó a Costa de Marfil, Gabón y Senegal. Un mes antes, había visitado Mali.

El rey no sólo volvió con decenas de acuerdos comerciales y de cooperación en diversas áreas, sino que, en Dakar, Mohamed VI obtuvo una declaración tajante según la cual Senegal reafirmaba su apoyo a la “marroquinidad” del Sáhara Occidental. Muchos de los inmigrantes de Boukhalef son senegaleses. También hay un colectivo importante procedente de Camerún, otro país alineado con Marruecos en la cuestión de la excolonia española.

El profesor Khachani recalca cómo su país está haciendo equilibrios entre el papel de “gendarme” exigido por Europa y su necesidad de quedar bien con sus socios africanos. Si cuando concluya la regularización, Rabat expulsa de forma masiva a sus ciudadanos, estos Estados lo tendrán más difícil para fingir que no sucede nada, como hacen ante los abusos policiales y los ataques racistas a sus inmigrantes en Marruecos. El enfriamiento de la relación de Rabat con esos países africanos podría repercutir negativamente sobre sus intentos de acercarse a la Unión Africana- siempre con el Sáhara en la mente- una organización que abandonó en 1984 en protesta por la aceptación del Frente Polisario como miembro.

En septiembre, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Cristopher Ross, tiene previsto iniciar una nueva gira en el Magreb para tratar de desbloquear el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. En un contexto en el que las relaciones con Francia, su principal valedor, no pasan por su mejor momento, para Marruecos es crucial no sólo recabar todos los apoyos africanos posibles, sino también que Madrid mantenga su tradicional neutralidad -que en la práctica le beneficia- sobre la cuestión. España fue la potencia colonial y su voz tiene peso en Naciones Unidas en lo relativo a esta descolonización inconclusa. ¿La decisión de permitir la salida de subsaharianos ha sido también un aviso de que Marruecos puede abrir el grifo de la inmigración si España presiona por la autodeterminación de los saharauis? La respuesta es otro de los arcanos del Majzen.

La oleada de lanchas de juguete no sólo podría dirigirse a aliviar algo la tensión migratoria en Boukhalef, uno de los focos de conflicto de la región norte de Marruecos, que afecta también a Ceuta y Melilla -los inmigrantes van y vienen entre Tánger y los alrededores de las dos ciudades- sino que además la permisividad marroquí no puede sino ser bien acogida por los países de origen de los subsaharianos cuya importancia para Rabat va en aumento. La decisión de dejar cruzar a más de mil inmigrantes no ha conllevado además reproche público alguno por parte de España, pues el gobierno ha contemporizado esperando que se trate de un episodio aislado, Madrid no ha llamado a consultas al embajador -como sí se hizo en 2001 ante una oleada de pateras algo más reducida- e incluso ha resaltado los “estrechos contactos” con Rabat.