El 21 de noviembre de 1912 comenzó a publicarse en Santa Cruz de La Palma un semanario de vida breve –apenas nueve números–, pero con un objetivo claro y concreto: influir en un momento político decisivo para la isla. El periódico se llamaba El cabildo insular y nació en pleno proceso de constitución de los cabildos insulares en Canarias. La ley que creaba estas instituciones se había aprobado unos meses antes, el 11 de julio de 1912, dentro de la reorganización administrativa impulsada por el gobierno Canalejas. Con ella se reconocía a cada isla un organismo propio de administración y gobierno, como propugnaban los próceres canarios Pedro Pérez Díaz (1865-1930) o Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916), sus principales adalides. Pero la ley, por sí sola, no bastaba. Para que los cabildos empezaran a funcionar era necesario elegir a sus consejeros. Ese paso se estaba retrasando. El reglamento provisional aprobado en octubre de 1912 fijaba un plazo de dos meses para celebrar las primeras elecciones, pero la convocatoria se hacía esperar. 

En ese contexto apareció El cabildo insular, decidido a reclamar que el nuevo sistema institucional se pusiera en marcha cuanto antes. El semanario se imprimía en la imprenta del Diario de Avisos, propiedad de Manuel Santos Rodríguez (1875-1958), y tenía un formato modesto: dos páginas a cuatro columnas. La portada estaba dedicada casi por completo a artículos de opinión, mientras que la segunda página incluía noticias breves, correspondencia y algunos anuncios. Aunque su fundador formal fue Pedro Hernández Martín, el auténtico motor del periódico era su director, José Felipe Hidalgo (1884-1971). Personaje singular de la vida cultural palmera. Hidalgo fue periodista, poeta, escultor, pintor y profesor. Autodidacta y de temperamento inquieto, había dirigido poco antes otro semanario, El dictamen, también vinculado al debate sobre los cabildos.

Cuando apareció El cabildo insular, la batalla política por crear estas instituciones ya se había librado en Madrid. Ahora el debate era otro: cuándo y cómo debían constituirse. Desde sus primeros números el periódico insistió en la necesidad de convocar cuanto antes las elecciones insulares. El retraso inquietaba a sus redactores, que consideraban imprescindible poner en marcha el nuevo organismo para que las islas pudieran gestionar sus propios intereses. El semanario era abiertamente autonomista y veía en los cabildos una oportunidad histórica para reforzar la personalidad administrativa de cada isla, como se había demandado en la Asamblea de La Palma de 1910. Para esta isla, en particular, la nueva institución debía significar una mayor capacidad de decisión, de autonomía en definitiva, sobre asuntos propios.

Pero el periódico no solo reclamó rapidez en el proceso. También quiso intervenir en el debate sobre cómo debía nacer el nuevo cabildo palmero. La política de la isla estaba entonces profundamente dividida. Por un lado se encontraba el bloque formado por los partidos dinásticos –conservadores y liberales– que dominaban la vida política local. Sus portavoces en la prensa eran el conservador Isla de La Palma y el liberal dinástico El Nudo. Frente a ellos se situaba una coalición integrada por liberales moretistas (conocidos como “sevillanos” por los falsos duros de la época) y republicanos. También con sus correspondientes periódicos afines: La razón y Diario de La Palma, respectivamente.

Ante ese panorama, El cabildo insular defendió una idea insistente: evitar que el nacimiento del cabildo quedara marcado por una lucha partidista. La nueva institución debía representar a toda la isla, no convertirse en instrumento de una facción. Por eso el semanario propuso la formación de una candidatura de integración, en la que estuvieran representadas tanto las mayorías como las minorías políticas. De ese modo el cabildo podría constituirse sin enfrentamiento electoral y nacer con mayor prestigio. Sus páginas apelaban al sentido de responsabilidad de los dirigentes políticos para que dejaran a un lado viejas rivalidades y permitieran que la nueva corporación surgiera en un clima de concordia.

La propuesta, sin embargo, no prosperó. Las elecciones se convocaron finalmente para el 12 de enero de 1913 y la campaña electoral derivó en una dura confrontación entre los dos bloques políticos de la isla. El resultado dio la victoria a la candidatura formada por conservadores y liberales dinásticos, mientras que la coalición moretista-republicana quedó derrotada. Para el semanario aquello supuso una clara decepción. Durante semanas había defendido la necesidad de un acuerdo de unidad que evitara la lucha política. Tras los comicios lamentó que el cabildo naciera marcado por la confrontación partidista. La paradoja era evidente: mientras en la mayoría de las otras islas los consejeros fueron proclamados sin votación gracias a candidaturas únicas, en La Palma el proceso terminó en un enfrentamiento electoral.

El 16 de enero de 1913, apenas cuatro días después de celebrarse las elecciones, apareció el último número de El cabildo insular. Con el cabildo ya elegido, el periódico parecía haber agotado la razón de su existencia. En realidad, su breve vida refleja muy bien el clima político de aquellos meses. Fue un periódico nacido para intervenir en un momento concreto y para defender una idea: que el primer Cabildo de La Palma debía surgir con el mayor consenso posible. Más de un siglo después, aquel efímero semanario sigue siendo un testimonio revelador de los debates que acompañaron el nacimiento de una institución que hoy forma parte esencial del autogobierno insular.

Este 16 de marzo se cumplen 113 años de la constitución de los cabildos insulares, creados por Ley de 1912 y puestos en marcha en 1913. Hoy forman parte indiscutible del paisaje político canario, pero cuesta imaginar hasta qué punto su existencia estuvo en entredicho apenas una década después de nacer. Hace un siglo, en los años centrales de la dictadura de Primo de Rivera, Canarias vivió uno de esos momentos en que su estructura institucional volvió a ponerse patas arriba, y los cabildos rozaron su desaparición. La Diputación Provincial de Canarias llevaba años dando señales de agotamiento: la misma, en 1924, reconocía que no había podido funcionar con normalidad desde 1913. En paralelo, desde Gran Canaria se insistía en que la autonomía insular solo sería real si se suprimía ese “inútil organismo” que, desde hacía décadas, era escenario de rivalidades y recelos.

El Directorio Militar vio en esa debilidad una oportunidad para rediseñar la administración canaria. Pero la idea de disolver los cabildos –especialmente los de las islas menores– generó inquietud en varias islas. Los rumores de una reforma profunda, que podía barrer de un plumazo las instituciones insulares creadas en 1912, encendieron las alarmas. El Ministerio de la Gobernación decidió entonces un movimiento calculado: disolver provisionalmente los cabildos, pero pedir a sus presidentes una memoria sobre cómo reorganizar su régimen administrativo y económico. La jugada buscaba tantear el terreno y medir resistencias.

Las memorias fueron claras y mayoritariamente coincidentes (José López y Martín-Romero lideró la de La Palma): conservar los cabildos, reforzando su personalidad y su hacienda, crear una mancomunidad interinsular voluntaria para coordinar servicios, suprimir la Diputación Provincial, cuyas funciones ya ejercían los cabildos (planteamiento del que se desmarcaron Tenerife y Fuerteventura) y subordinar los delegados del gobierno al poder central evitando duplicidades. El mensaje era inequívoco: los cabildos eran ya el corazón del autogobierno insular y no estaban dispuestos a renunciar a ello.

En este contexto, una delegación palmera de próceres residentes en Madrid –Pedro Pérez Díaz, Pedro Poggio y León de las Casas–, que actuó también en representación de otras islas como La Gomera, logró entrevistarse con José Calvo Sotelo, entonces director general de Administración. El futuro ministro de Hacienda no ocultaba su intención de suprimir los cabildos de las islas menores, cuyos presupuestos consideraba demasiado exiguos y absorbidos por el gasto de personal. Los comisionados palmeros defendieron con firmeza que los servicios de beneficencia y enseñanza debían seguir en manos del cabildo, y que ninguna isla debía perder su institución insular. Aquella defensa, hoy casi olvidada, fue decisiva para que La Palma y el resto de las islas menores conservaran su cabildo. Quizá sea buen momento para homenajear a aquellos tres representantes, y añadir al propio José López y Martín-Romero.

Finalmente, el 20 de marzo de 1925, el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo certificó la muerte de la Diputación Provincial. El preámbulo no dejaba lugar a dudas: era un “organismo sin vida real ni funcionamiento eficiente”, incapaz de superar las rivalidades interinsulares. En su lugar se creó una mancomunidad interinsular obligatoria, formada por un representante de cada cabildo. Su misión era coordinar servicios, repartir cargas y, en palabras del propio Estatuto, “amansar las encrespadas pasiones locales”. La sede se fijó en Santa Cruz de Tenerife y su primer presidente fue el palmero José López y Martín-Romero. Pero el intento de armonizar el pleito insular duró poco. En septiembre de 1925, el Cabildo de Gran Canaria, aunque con reticencias del de la isla de Lanzarote, impulsó una mancomunidad voluntaria con las islas orientales, gesto que evidenciaba que la desconfianza seguía intacta. El proyecto unificador volvía a naufragar.

Pese a ello, el Estatuto de 1925 fortaleció a los cabildos: les otorgó las funciones y obligaciones de las diputaciones provinciales y les aplicó su régimen organizativo. En la práctica, cada isla pasó a funcionar como una pequeña provincia, y cada cabildo como una diputación. Era, en el fondo, la idea que Pérez Díaz había defendido desde 1906. Los cabildos quedaron compuestos por consejeros directos y corporativos, elegidos como los diputados provinciales. Su número variaba según la isla: 14 en Tenerife y Gran Canaria, 12 en La Palma, 10 en La Gomera y Lanzarote, 8 en Fuerteventura y 6 en El Hierro.

Apenas dos años después, el 21 de septiembre de 1927, el ministro Martínez Anido firmó el decreto que dividía Canarias en dos provincias. La medida, sorprendentemente, apenas generó contestación pública, aunque más por respeto (o temor) al régimen que por convicción. El decreto garantizó la continuidad de los cabildos insulares y mantuvo la Mancomunidad Interinsular, ahora como órgano representativo de cada provincia. En 1928 y 1929 se completó la nueva estructura administrativa, atribuyendo a las mancomunidades competencias sobre servicios interinsulares.

Hoy, cien años después, aquellos episodios siguen siendo una pieza clave para entender la Canarias actual. La supervivencia de los cabildos no fue un proceso natural ni inevitable: fue el resultado de tensiones políticas, negociaciones discretas y la defensa firme de las islas menores frente a un poder central que veía sus instituciones como prescindibles. Hoy, cuando los cabildos gestionan carreteras, servicios sociales, cultura, medio ambiente o transportes, conviene recordar que su existencia estuvo a punto de truncarse al poco de nacer. Y que, paradójicamente, fue una dictadura centralista la que, pese a sus primeras intenciones y gracias al desvelo de algunos de nuestros próceres, terminó consolidando el modelo insular que aún define la vida política y administrativa del Archipiélago.

La Quinta Verde es también un tema con cierta recurrencia en nuestra particular 'agenda-setting', aunque los avances que se publican no terminen nunca por ser definitivos. Hace tres años volvió a estar de actualidad porque el Ayuntamiento pretendía ubicar en la antigua casona de los Massieu-Monteverde, construida en el siglo XVII (entre 1672 y 1690), con portada de cantería, el futuro Museo de la Bajada de la Virgen, y se anunciaban nuevos trabajos para facilitar la accesibilidad. Y la idea, en principio, no era mala. Es más, todo lo que sea poner en valor la hacienda y sus aledaños debe ser bueno 'per se'. Y así lo entendió también Luis Morera, líder del popular grupo musical y defensor a ultranza de este enclave desde los años ochenta. Supuestamente, desde 2009 un convenio con el Cabildo Insular había convertido el caserón en sede de un aula abierta de educación ambiental, pero el proyecto -por lo que parece- nunca llegó a desarrollarse suficientemente. Ahora bien, debemos tener claro que tampoco un restaurante sería una opción equivocada en torno al patio central ni, por supuesto, un centro temático o de interpretación ligado a la riqueza botánica de la finca, como ha propuesto el polifacético artista palmero, aunque debemos tener en cuenta las pequeñas dimensiones del inmueble. Cualquier iniciativa en esta dirección no hace más que sumar.

Sin embargo, lo que no puede perderse es la perspectiva correcta del asunto. Lo más significativo de la Quinta Verde no es la hacienda, aunque haya sido declarada Bien de Interés Cultural (2005), sino su entorno, su medio natural. La defensa de este espacio emblemático durante los años que lo amenazó la especulación inmobiliaria, y a la que se incorporó con acierto el Ayuntamiento, no pretendía otro cosa que proteger un entorno natural de primer orden en una ciudad acogotada por la construcción en altura y su orografía caprichosa. Su palmeral superior, sus huertas dispuestas en terrazas, sus angostos senderos y escalinatas, sus bellas portadas almenadas (últimamente la primera de ellas sostenida por tablones y vigas), su magia y el alma imperecedera de Leocricia Pestana (aún recuerdo cómo este lugar era una de las excusiones fijas de nuestra niñez para escuchar -de madrugada- el espíritu de la dama de blanco)... configuran un paraje hermoso y natural que urge poner al servicio de la ciudad y de sus visitantes. Santa Cruz de La Palma necesita imperiosamente respirar con cierto desahogo so pena de morir por hipoxia severa. Así que más que abandonarnos en la discusión sobre el destino de la casona -que tiene su recorrido-, lo que la ciudad reclama es que se habilite y acondicione, de una vez, el entorno como un gran parque urbano para solaz y disfrute de nuestros vecinos y turistas, y que puede “proyectar” el propio Luis Morera (si no lo ha hecho ya), porque no hay otro profesional que la conozca más ni que la haya defendido con tanto tesón. Eso es, en definitiva, lo que espera la población más temprano que tarde.

El pasado 16 de junio, Morera publicaba en Facebook un alarmante “SOS por la Quinta Verde” tras una casi clandestina visita a la finca. Yo sigo sin entender cómo en una ciudad como la capital insular este proyecto tan necesario no es una prioridad desde hace casi treinta años. Hoy siento, en fin, que este artículo apenas sea un trasunto del que publiqué en mi blog personal en noviembre de 2011, pero es que –tres años después- su contenido es más actual que nunca.