Una de las sesiones que impartía en la universidad en la asignatura de política comparada era sobre la legitimidad de los regímenes. Es uno de los elementos esenciales para que la forma de gobierno se mantenga sin destinar demasiados recursos a la represión. Si un régimen es legítimo, los ciudadanos obedecen al poder porque creen que es lo correcto y no solo por miedo a no ser castigados. La legitimidad, por tanto, es un elemento bastante codiciado por los gobernantes que no lo poseen. Por eso muchas de ellos utilizan diferentes fórmulas para poder conseguirla. Rousseau tenía claro que era importante pasar de la represión a la legitimidad y lo resumía así: “El más fuerte nunca es lo bastante fuerte como para ser siempre el amo, a menos que transforme la fuerza en derecho y la obediencia, en poder”.

Las democracias, generalmente, tienen niveles de legitimación altos, ya que las reglas con las cuales se elige al gobernante son ampliamente aceptadas. No ocurre lo mismo con las dictaduras, por ello emplean diferentes fórmulas para conseguir esa validez:

1) Las dictaduras con gobernantes hereditarios, como las monarquías saudíes, se amparan en las leyes divinas o en la tradición para considerar a los descendientes como gobernantes legítimos.

2) También están aquellas dictaduras que basan su legitimidad en atributos individuales: como el carisma. Jomeini o incluso Hugo Chávez utilizaban este recurso para mantenerse en el poder y convencer a sus ciudadanos de que eran los mejores líderes a los cuales podían aspirar.

3) Otras dictaduras utilizan la defensa ante un enemigo exterior o la voluntad de llegar a una igualdad social para mantener el régimen, como pasa en Cuba. Los ciudadanos pueden estar conformes con esa forma de gobierno ya que pueden considerar que es la mejor para conseguir cierta equidad.

4) Finalmente, existen dictaduras que emplean los buenos resultados económicos para poder aferrarse al poder. Es lo que se llama la “legitimidad basada en el rendimiento”: los ciudadanos aceptan un régimen dictatorial porque consideran que este tipo de régimen beneficia a la economía del país. Es decir, legitiman el régimen por las consecuencias que éste produce.

Con la huida de España del rey emérito se ha puesto en una situación más precaria la legitimidad que tenía la monarquía. Ya desde hace una década va cosechando suspensos en la valoración que le hacen los ciudadanos -a pesar que el CIS no ha querido incluir en sus encuestas la pregunta desde 2015. Aunque la legitimidad de una institución, como la monarquía, es diferente a la de un régimen, estos últimos días me ha sorprendido ver que muchos articulistas y opinadores han utilizado las fórmulas antes mencionadas para incrementar la legitimidad de la corona española. “La monarquía es más barata que la república”, rezan algunos. Este argumento se asemeja mucho a la legitimidad por rendimiento económico. Incluso hay algunos que muestran que las monarquías parlamentarias tienen mejores indicadores sociales y democráticos que las que no lo son. Es decir, aunque fuera así, este argumento da validez a la monarquía por una cuestión de resultado. También hay otros que dicen que “es mejor un rey preparado que uno que tal vez no lo esté”, similar a la legitimidad del agente o del carisma. Ya anteriormente se había legitimado al rey emérito así, y muchos se autodefinían como juancarlistas, dotándole de un carisma especial. La mayoría de estas argumentaciones apelan a las consecuencias, a los potenciales resultados que produce la monarquía. Pero en lo que deberíamos fijarnos no es en aquello que produce, sino en las reglas que mantienen esa institución. Cuando se defiende que una democracia es mejor que una dictadura, no se tiende a argumentar que es mejor porque es una institución más barata que una dictadura, con unos líderes más carismáticos o porque produzca mejores resultados económicos que otros regímenes. Se asume que es deseable porque los ciudadanos pueden decidir quien está al frente de esa institución –con una relación de representación más fuerte- y, además, deben rendir cuentas si no actúan adecuadamente.

La monarquía española, aunque sea dentro de una democracia parlamentaria y con pocos poderes efectivos, acepta la idea de que es una posición hereditaria que pasa de padres a hijos solo por el hecho de tener la misma sangre. Y cuando digo padres e hijos no hago referencia a un masculino genérico, sino que, además, en la Constitución Española, se prioriza los herederos de sexo masculino. Este tipo de reglas no se pueden defender por sí mismas ya que son poco democráticas y sexistas. Legitimar la monarquía por los resultados que produce es una falacia ad consequentiam. Se debe valorar las reglas o la premisa inicial, si no es fácil caer en un juicio erróneo.

Seguramente, en los próximos años, se desarrollará una Ley Orgánica para poder fiscalizar y hacer más transparente la institución y, así, poder mejorar su valoración. Es de los pocos elementos que se podrán modificar, dado el blindaje de la Constitución en esta área. Como está planteada la reforma hace casi imposible que, con la actual correlación de fuerzas, se modifique. Sin embargo, las reglas detrás de la monarquía son indefendibles desde un punto de vista apriorístico.

Cuando hace un par de años la conciencia feminista se extendió y el movimiento feminista fue capaz de organizar movilizaciones masivas e incluso llevó a cabo una huelga multitudinaria, se empezó a teorizar sobre si este nuevo empuje constituía una cuarta ola. Sin embargo, parecía que para establecerse como tal necesitaba un eje vector y, en aquel momento, no estaba claro cuál podría ser. Se habló de que tal vez se iba a caracterizar por la ampliación del sujeto feminista y que la interseccionalidad sería la protagonista de este nuevo impulso. No tardó en asomar el debate que parece centrar esta nueva etapa: ya en el otoño de 2018 se empezó a discutir sobre el sujeto del feminismo, es decir, quién debía estar incluido en el movimiento. En vez de ampliar el sujeto feminista, el debate esta nueva ola se centraba en restringirlo a las personas trans. 

¿Por qué se produce esta disputa ahora? Este debate se cuela por vías globales, pero queda arropado con los incentivos que se daban en el estado. En otras palabras, el debate entre las Radfem y el transfeminismo no es nuevo, existe desde los años 70. De hecho, el concepto TERF (Trans Exclusionary Radical Feminist: “feminista trans excluyente”) se empieza a usar en el 2008 y, en otros países, esta corriente ha tenido su preponderancia. Pero en España, hasta ahora, no se había abierto este melón. A partir de las jornadas que se celebraron en julio del año pasado, en el marco de la Escuela Rosario Acuña de Gijón, algunas de las ponentes como Amelia Valcarcel o Alicia Miyares empezaron a poner en cuestión la inclusión de las mujeres trans en el movimiento. El peso que va adquiriendo Podemos en las instituciones, el cual tiene una tradición más posmoderna que el PSOE, parece uno de los motivos de esta obertura del debate por parte de académicas. Además, la asunción del Ministerio de Igualdad por parte de Podemos y la elaboración de la ley de Garantía Integral de la libertad sexual han provocado que la secretaría de igualdad del PSOE haya comunicado hace un par de semanas un documento titulado “argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres”.

¿Cuáles son los puntos que se discuten? 

Sexo y género: El PSOE en este documento defiende que el sexo es un hecho biológico y el género, una construcción social. Es decir, que a partir del sexo al nacer se te asigna un género determinado y, por ello, se te aplican las discriminaciones aparejadas al mismo. Esto lo argumentan porque dicen que los estudios queer niegan el sexo y, por tanto, la desigualdad que tiene este hecho biológico.  

Sin embargo, los estudios queer no defienden que el sexo no sea biológico, sino que biológicamente el espectro es más amplio que el binomio hombre-mujer. Es decir, defienden esta postura en base a que existen personas intersexuales (cuando los genes no coinciden con los genitales externos (pene o vagina) o con los internos (tejido ovárico o testículos) o bien porque el sexo no solo se limita a los genitales, sino que también se define a partir de una amalgama entre genitales y biología, como las hormonas. Lo que sí que defienden los estudios queer es que no hay una esencia natural de hombre o mujer. Por tanto, diría que los estudios queer no niegan el sexo, sino que lo amplían más allá del binomio.

Autodeterminación de género: Otro de los elementos que las defensoras de este documento han criticado es la autodeterminación de género. Es decir, critican la flexibilización del cambio de identidad de género y defienden que la situación de transexualidad debe estar bien acreditada y tiene que ser estable para que no haya inseguridad jurídica. Por ejemplo, en las redes han reprochado que con la flexibilización alguien pueda cambiar de género solo para obtener beneficios de ser mujer: como aprovecharse de las políticas de paridad o no ser juzgada por violencia de género. Este argumento asume que el cambio de identidad de género es un capricho para obtener beneficios del sistema, cuando en realidad conlleva unos costes sociales y psicológicos elevados por enfrentarse a las normas de género establecidas. Además, este tipo de legislación -como las cuotas o la ley de violencia de género- se aplica para igualar a los dos géneros y no es una norma que beneficie a la mujer por encima del hombre, por ello me parece que el cambio de identidad es difícil que se produzca por estos motivos. 

Por último, y relacionado con el punto anterior, este documento señala los riesgos de incluir a las trans como mujeres en el movimiento feminista, ya que puede afectar negativamente a algunas políticas de género concretas. Consideran que las políticas de paridad (que exista un % de mujeres en las instituciones) o la recogida de datos diferenciando a los hombres y las mujeres para, posteriormente, implementar políticas con perspectiva de género no se podrían llevar a cabo. No veo que incluir a las mujeres trans sea un problema en este aspecto ya que son mujeres, y les aplica el mismo género. Sí que puedo considerar que, asumir una nueva categoría en la elaboración de políticas públicas como puede ser el género fluido - aquellos que no se identifiquen con ninguno de los dos géneros- puede constituir un reto para llevar a cabo políticas que se han basado en las categorías binomiales de hombre-mujer. Pero, actualmente ¿este es un problema real? Porque, tal vez, se tendrían que priorizar otro tipo de problemas como la discriminación que sufren las mujeres trans en el acceso al empleo, a la reproducción o la mayor violencia, pobreza y marginación que tienen. Todas estas exclusiones que sufren son resultado de poner en tela de juicio y retar las normas de género establecidas, por eso creo que es conveniente que el movimiento feminista también las incluya. 

El asesinato de George Floyd a manos de la policía ha provocado un estallido de protestas en contra del racismo en EEUU y que en unos pocos días se han acabado extendiendo a otros países europeos, incluido España. Pero ¿por qué estas manifestaciones se han extendido tan rápido fuera de EEUU?

El caso de George Floyd no ha sido el primero ni, lamentablemente, será el último episodio de violencia policial contra una minoría racial o étnica. En el 2005, en París, los adolescentes Ziad Benna y Bouna Traoré murieron electrocutados cuando escapaban de la policía, que los perseguía sin motivo alguno. Estas muertes fueron el preludio de los disturbios que duraron semanas en las banlieues de París, donde una gran parte de sus habitantes son descendientes de migrantes africanos, y que se extendieron con rapidez a otras ciudades francesas. De la misma manera, en 2011, estallaron en Londres disturbios después de que un policía matara de un disparo a Mark Duggan, un joven de origen afrocaribeño. Al igual que en el caso francés, los disturbios comenzaron en la capital, pero acabaron extendiéndose por toda la periferia urbana en Inglaterra.

Lo que es común en todas estas protestas es que se iniciaron después de una expresión extrema del racismo institucional, como es el trato que las minorías raciales o de origen inmigrante reciben por parte de la policía. El racismo institucional, a diferencia de las actitudes racistas individuales, se manifiesta a través de un conjunto de políticas, prácticas o procedimientos que mantienen en una situación de subordinación a las minorías raciales o de origen inmigrante. Muchas veces este tipo de racismo actúa de forma muy difusa, pero se encarga de legitimar el racismo individual.

El racismo institucional se concreta de diferentes formas. Por ejemplo, las conductas discriminatorias de los funcionarios, como puede ser el hecho de que las personas racializadas tengan más posibilidades de ser paradas por la policía que el resto, o que se ejerza mucha más violencia contra ellas (en Londres las personas negras tienen cuatro veces más probabilidades de usar la fuerza contra ellos) o sean criminalizadas de una manera preventiva. También se considera racismo institucional el etnocentrismo cultural que estructura las políticas sociales y orienta la intervención social ya sean en el ámbito social, sanitario o educativo.

Este etnocentrismo provoca que desde los poderes públicos no se haya pensado en vías para que personas con otro idioma, otra cultura y de entornos pobres puedan acceder a la información de ayudas u otro tipo de servicios. Los prejuicios racistas de los trabajadores sociales también pueden contribuir a este racismo, ya que pueden hacer que se valore negativamente a la persona racializadas o de otras culturas y que consideren que no son legítima para recibir ayudas o para la crianza de sus descendientes. En tercer lugar, hay muchas medidas o normas que limitan los derechos sociales, políticos o económicos de las personas según su lugar de nacimiento, raza o etnia. Éstas pueden ir desde la restricción de derechos para acceder a la sanidad o prestaciones sociales, hasta la prohibición del acceso a espacios por llevar hiyab, como sucede en algunos países europeos. En este sentido, han sido muy comentadas las políticas llevadas a cabo en el Reino Unido llamadas de “ambiente hostil”, cuyo objetivo era dificultar la vida de los inmigrantes. Una de las medidas era que los arrendadores debían controlar el estado migratorio de los inquilinos. Esto, aparte ser una barrera explícita para los migrantes, afectó también a los ciudadanos británicos racializados, a los cuales se les redujo la oportunidad para alquilar viviendas. 

En España el racismo institucional también está presente. Se manifiesta en las barreras para poder acceder a servicios sociales o en la violencia policial que sufren las personas racializadas o de origen inmigrante. Idira, el centro por la defensa de derechos humanos, recogía algunos de los casos. En España, sin embargo, la discriminación a minorías étnicas o inmigrantes ha tenido hasta ahora menos protagonismo en el debate público. A diferencia de los países nombrados, España no comenzó a recibir flujos migratorios internacionales hasta finales de los 90 y, con la excepción de la minoría gitana, la presencia de otras minorías étnicas ha sido menor. Los inmigrantes racializados han llegado, en términos históricos, hace relativamente poco, mientras que en otros países llevan décadas recibiendo migrantes, si es que no formaban parte de la génesis del país como, por ejemplo, los afrodescendientes en el caso de EEUU.

Esto tiene implicaciones ya que es justo ahora cuando ciudadanos españoles con ascendencia de otros lugares empiezan a tener mayoría de edad. Éstos además, tienen sentimientos de pertenencia y ciudadanía fuertes, con lo cual el sentimiento de agravio si su país sistemáticamente les discrimina por su raza o su etnia puede ser mayor que el de las personas inmigradas. Esto puede hacer que este tema sea uno de los ejes en la esfera pública y se movilice mucho más en relación a este aspecto. Además, estas acciones pueden estar auspiciadas tanto por organizaciones y sindicatos que los inmigrantes se han encargado de tejer en todos estos años, como por el movimiento feminista que aboga por la interseccionalidad.

Aunque diversas encuestas muestran que el racismo percibido por las minorías de origen migrante en España es menor que en otros países, este racismo individual puede verse incrementado por la movilización de partidos de extrema derecha xenófobos como lo es Vox, que hasta ahora se han centrado, principalmente, en el tema catalán. Es importante, por tanto, que los poderes públicos apliquen esta mirada antirracista en todas las políticas públicas que elaboren y fomenten la formación antirracista de todos los funcionarios para que de esta manera también se vaya deslegitimando el racismo y la mirada que aún acarreamos.

Uno de los efectos colaterales más directos de la pandemia de la COVID-19 es la crisis económica. Sin embargo, existen otros efectos colaterales, uno de ellos ha sido abrir una ventana de oportunidad para realizar algunos cambios en el sistema político como, por ejemplo, la introducción del ingreso mínimo vital. Esta crisis sanitaria ha hecho emerger una transversalidad en el apoyo a esta medida: casi la totalidad de los votantes a PSOE y UP apoyan esta política pública, pero, lo sorprendente es que más de un 60% de los votantes del PP y el 50% de los votantes de Vox también lo hacen, según el CIS. Esta amplia aceptación, seguramente, ha ayudado a que esta semana se dé luz verde a esta propuesta. Ésta tiene muchos puntos positivos y algunas reticencias:

En primer lugar, esta medida puede reducir la desigualdad entre generaciones. En la crisis del 2008, aquellos que sufrieron más las consecuencias fueron los jóvenes. En tres años, los hogares encabezados por menores de 35 años perdieron un 25% de la renta, mientras que la renta de los hogares encabezados por mayores de 65 años subió un 5%, según Eurostat. El motivo de este efecto diferenciado se debe a que los jóvenes dependen principalmente de su trabajo –el cual está menos protegido por los sindicatos- y los pensionistas cuentan con una renta casi asegurada y una vivienda, en muchos casos, pagada.

Además, el estado del bienestar español redistribuye poco y, cuando lo hace, beneficia especialmente a los mayores dejando de lado a niños y jóvenes. Debido a la crisis, muchos de esos jóvenes cayeron en la pobreza y, los que tuvieron suerte, pudieron volver a casa de sus padres (en España casi un 50% de los jóvenes de 25 a 35 años vive con sus padres). No sin antes truncar el desarrollo de su vida diaria y las expectativas futuras, como tener una vida independiente y formar una nueva familia. Este ingreso mínimo vital puede acolchar el impacto negativo hacia los jóvenes, ya que se podrían beneficiar de esta ayuda. Así, puede evitar que caigan en pobreza y puedan seguir sus planes de futuro. Es importante, no solo para estos jóvenes que ya habrán sufrido las consecuencias de dos crisis en 10 años, sino para que la sociedad no pierda el potencial de toda una generación.

En segundo lugar, este ingreso mínimo vital ayuda a ir a hacia una universalización del estado del bienestar, y asimilarse a los estados del bienestar nórdicos. Algunos utilizan la parábola de San Mateo para describir el estado del bienestar español “a quien más tiene más se le dará”. Otros lo han calificado como el Sheriff de Nottingham que, al contrario de lo que hacía Robin Hood - quitar a los ricos para dar a los pobres, da a aquellos que más tienen. Esto se debe a que es un estado del bienestar contributivo, es decir, los servicios y prestaciones, se encuentran ligados a las cotizaciones que previamente el ciudadano ha hecho a la Seguridad Social. Así, la cantidad de la pensión depende de cuánto has cotizado anteriormente, como también pasa en la cantidad y duración de la prestación de desempleo. Esto provoca que aquellas personas con menor sueldo o que tengan unas trayectorias laborales más intermitentes, como los jóvenes y las mujeres, que normalmente se encuentran en situaciones económicas más empobrecidas, reciben menos. El ingreso mínimo vital ayuda a romper esta inercia de dar a los que más tienen. El ingreso está desligado a las contribuciones hechas o la trayectoria en el mercado laboral que el ciudadano ha tenido, con lo cual es más probable que ayude a aquellos que más lo necesitan. Se amplía, de esta manera, a aquellas personas que se consideran ciudadanos sociales de un país.

Sin embargo, uno de los contras que se puede percibir del ingreso mínimo vital, según como está planteado, son los condicionantes para llegar a tenerlo, ya que no se trata de un ingreso que puedan percibir todos los ciudadanos. Por un lado, cuando se tenga toda la información, se deberá estudiar quiénes son aquellos que puedan acceder a esta prestación para ver si se amplía el grupo que pueda disfrutar del ingreso, dado que solo va a ser efectiva si va mucho más allá de un porcentaje marginal de los que se encuentran en situaciones de pobreza. Por decirlo en otras palabras, que vaya mucho más allá que el programa de la renta mínima de inserción que ya está en vigor.

Por otro lado, el establecimiento de muchas condiciones para llegar a tenerlo puede disminuir mucho aquellos que lo solicitan, aunque tuvieran derecho a percibirlo. Las condiciones obligan a que se tenga que solicitar y transitar por un proceso de burocratización que acredite que se cumplen los criterios. Esto es una barrera, ya que aquellos que se encuentran en peores situaciones económicas normalmente tienen menos acceso a la información, tanto para saber cómo se realizan los trámites como por la dificultad de completar las gestiones, como ya bien demuestra la experiencia con la renta mínima de inserción. También el ingreso mínimo vital plantea un problema de conflicto de competencias, ya que algunas comunidades autónomas ya tenían implantada políticas públicas similares. Así, se tendrá que ver el encaje y qué administración la debe gestionar.

La introducción de la política de ingreso mínimo vital genera algunas esperanzas para no caer en los mismos errores de la crisis de hace una década y universalizar más el estado del bienestar. Sin embargo, se debe estar atento a que no sea una política de la que solo se pueda beneficiar sectores muy limitados y concretos.

En 2009, cuando la crisis económica estaba en pleno auge, Zapatero remodeló el Gobierno para hacer frente a la situación económica. Esta reestructuración consistió, entre otros cambios, en eliminar el Ministerio de Igualdad mientras creaba una nueva Vicepresidencia de Economía y Hacienda. La decisión de Zapatero tuvo más parte de simbólica que de material: el Ministerio de Igualdad quedaba degradado en el organigrama -ya que pasaba a ser una Secretaria de Estado-; sin embargo, conservaba el mismo presupuesto. El mensaje que lanzaba era que, en plena crisis, lo importante no era la igualdad de género. Es decir, que ésta solo es relevante cuando las cosas van bien, como una cuestión de segundo orden. Esta crisis ha vuelto a enfatizar que, cuando las cosas van mal, la igualdad de género no es primordial.

Uno de los principales hechos que llama la atención en la gestión de esta crisis sanitaria es la baja presencia de mujeres en los comités. Algunos, en relación a cuestiones médicas, sí que han sido más paritarios, pero aquellos que gestionan la transición hacia un nuevo escenario están muy masculinizados. Del comité a nivel nacional que se ha dedicado a esto, presidido por el ministro Pedro Duque, solo forman parte tres mujeres de un grupo de 15 expertos. Sorprende que solo sean el 20% de mujeres, cuando el Gobierno ha intentado liderar el nombramiento de mujeres en posiciones de poder. El Gobierno central no es el único, tampoco lo cumplen otros comités de expertos de diferentes comunidades autónomas: como los que se han hecho públicos en Andalucía o Catalunya. El nivel internacional tampoco ha dado ejemplo, la OMS contaba solo con un 26% de mujeres en el comité de emergencia para el coronavirus.

Además, la puesta en escena para gestionar la crisis sanitaria ha sido muy masculinizada. En las ruedas de prensa, que han sido diarias desde mediados de marzo, junto a Fernando Simón y María José Rallo, han estado presentes los portavoces de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Esta puesta en escena era importante, no solo por la simbología que transmitían, sino por los discursos o análisis que realizaban estos portavoces. Por ejemplo, en una de las primeras comparecencias, ellos establecían que la violencia de género se había reducido porque habían descendido las denuncias. Este mensaje sin ningún tipo de perspectiva de género era preocupante, y establecía una diagnosis de la situación sesgada. Además, esta imagen reforzaba la metáfora bélica que algunos líderes habían intentado establecer: relacionando la erradicación del virus con una guerra. Ya son ampliamente conocidas las frases del jefe del Estado Mayor cuando decía “sin novedad en el frente” o hablando a los ciudadanos como si fueran soldados. En realidad, un paralelismo más acertado hubiera sido con el mundo de la enfermería. Esta crisis tiene mucho más que ver con los cuidados a los enfermos y con la empatía hacia el resto de la ciudadanía para evitar los contagios, que con una confrontación violenta.

Y, por último, pero no menos importante, esta invisibilidad de la perspectiva de género se ha hecho evidente en las políticas públicas en esta crisis. Es verdad que el Ministerio de Igualdad ha implementado algunas medidas para que la brecha de género en estas circunstancias se atenúe. Las ayudas a las empleadas del hogar, que ni en circunstancias normales tienen derecho a la prestación de desempleo, es una de las medidas. También se han aplicado nuevos protocolos para intentar paliar la violencia machista en esta nueva situación. Sin embargo, estas medidas han quedado ensombrecidas por la falta de perspectiva de género en muchas otras decisiones. El cierre de servicios educativos o la limitación de asistencia en espacios sanitarios, produce que la educación de los niños, el cuidado de los enfermos o personas dependientes recae en la familia. Esto es lo mismo que decir que recae el peso sobre la mujer. No es solo importante para tener mucha más carga, sino que afecta en el mercado laboral. Es llamativa la falta de servicios para tratar de solventar esta situación. Especialmente relevante en aquellas familias monoparentales, que mayoritariamente son encabezadas por mujeres. Por no hablar de las ayudas a ocupaciones feminizadas que con esta situación se han tenido que ver suspendidas. Además, muchas de estas situaciones interaccionan con otras desigualdades como la clase, o incluso la migración. Al final, las políticas pueden tener impactos diferenciados en cuestiones de género, y parece que no se ha tenido en cuenta.

Tener un Ministerio de Igualdad es esencial para poder aplicar la perspectiva de género en las políticas, pero no siempre suficiente. El ministerio no tiene que gestionar solo temas de su área, sino que es importante que también pueda hacer un trabajo transversal en el resto de ministerios. En un gobierno de coalición, la transversalidad es un asunto mucho más arduo de establecer, pero no por ello debe de ser olvidado y dejar que la igualdad de género se tire por la ventana.

Virgina Woolf publicaba en 1929 el conocido ensayo titulado Una habitación propia. La conclusión final es que, para que las mujeres tengan la oportunidad de escribir, necesitan una habitación propia. Es decir, necesitan, además de independencia económica y personal, tiempo y espacio. Desde que empezó el estado de alarma, hace casi dos meses, vemos que este espacio tiende a escasear en las casas, sobre todo en aquellas en la que hay descendencia de corta edad. Cuando los colegios cerraron y los padres tuvieron que trabajar desde la vivienda, estos se deben encargar de cuidar a los hijos, pero también de su educación. Sin embargo, como ya pueden intuir, muchas de estas tareas se ocupan mayoritariamente las mujeres. Y esta sobrecarga ya está haciendo mella en sus carreras laborales.

En el mundo académico estamos muy acostumbrados a tener horarios flexibles, este hecho tiene sus ventajas, pero, normalmente, suele implicar largas jornadas de trabajo. Con el confinamiento, las horas dedicadas a cuidados de hijos o gente mayor a cargo aumenta y eso, evidentemente, reduce mucho las horas que se pueden dedicar a trabajar. El desigual reparto de estas tareas en las parejas de distinto género ya se ha notado. En poco menos de dos meses, los editores de las revistas académicas ya han notado un descenso de los artículos que les han mandado las mujeres. Así, en el ámbito de la astrofísica ha habido un decrecimiento del 50%, en el área de la economía ha pasado de 26% al 18%. En otros ámbitos, como las ciencias políticas, no ha seguido un patrón muy claro, pero algunas editoras han expuesto que los artículos presentados por las mujeres no han descendido, pero se han incrementado el doble los de los hombres.

Es difícil observar los efectos del confinamiento en las mujeres, porque, de momento, no tenemos indicadores para otros ámbitos, aunque se puede esperar que seguirán el mismo patrón. Es probable que el rendimiento laboral de las mujeres pueda haberse resentido por esta sobrecarga en las tareas domésticas o de cuidado. No obstante, aquellas que pueden estar mucho más perjudicadas son las que deben acudir a su lugar de trabajo, ya que normalmente se corresponden con trabajos manuales y con pocos ingresos. ¿Quién se hará cargo de los hijos si los dos trabajan o en familias monoparentales? Seguramente estas familias tendrán que replantearse reducir la jornada laboral o dejar el trabajo y, casi siempre, afectará a la mujer. Además, especialmente en familias en las que que ninguno de los miembros ha podido acceder a educación superior, es donde existe una distribución más desigual del cuidado y las tareas domésticas, con lo cual, les va a afectar mucho más a ellas este confinamiento. Los estudios muestran que los hogares en los cuales ninguno de la pareja tiene estudios, los estereotipos de género y el seguimiento de las normas sociales de género se cumplen con mayor intensidad. Aun así, la distribución desigual de las tareas del hogar no es resultado solo de que no se haya producido una ruptura de los valores tradicionales a través de la educación, sino que está influida por la capacidad de negociación económica de la mujer, e incluso la externalización de esas tareas.

Tal vez algunos puedan pensar que el confinamiento puede haber modificado la distribución de las tareas entre las parejas del mismo sexo. Si ambos miembros de la pareja se encuentran en casa todo el día sería probable que se produjera un mayor equilibrio. Los estudios preliminares no apuntan hacia esa dirección, las mujeres continúan cargando con la mayor parte de las tareas. Sin embargo, sí que se aprecian ciertos cambios. En el confinamiento los hombres se dedican en mayor medida a ir a la compra y estar con los niños, especialmente, en actividades de ocio. Esto no es nada sorprendente, concuerda con la investigación previa que muestran que los trabajos más rutinarios como fregar, planchar o cambiar pañales lo realizan principalmente las mujeres, y aquellas actividades que pueden ser más puntuales o más creativas, o que reportan cierta satisfacción, como jugar con los hijos o comprar se encargan por igual hombres y mujeres.

El confinamiento está afectando al rendimiento de las mujeres en su trabajo por la carga que asumen en el ámbito doméstico y de cuidados, y eso puede afectar a sus promociones posteriores. Pero no solo eso, sino que aquellas que trabajan fuera de casa, pueden incluso replantearse su participación en el marcado laboral. Eso va a producir que la brecha de género aún sea mayor. No solo hace falta una habitación propia, es necesario que las políticas que se apliquen a partir de ahora tengan perspectiva de género.

Estos días, el chat que tengo con mi familia extensa, estaba más animado que de costumbre. Provenimos de ideologías, edades o lugares diferentes, sin embargo, parece que había cierto consenso en algunos aspectos relacionados con la crisis sanitaria que estamos atravesando. Casi todos decían cosas como “la mayoría de políticos son unos incompetentes que no han gestionado nada en su vida”, “no son expertos en lo que gestionan” o “no están escuchando a los expertos”. Por momentos pensaba que volvíamos a estar en 2011 en medio de la crisis de representación y retomábamos discursos de la antipolítica.

Parece que no es un sentimiento aislado de mi familia. Un estudio realizado por Amat y otros muestran que el brote de la COVID-19 parece haber causado un cambio en las preferencias tecnocráticas. Desde que se ha producido la pandemia, los ciudadanos prefieren estar gobernados por expertos en lugar de políticos o prefieren que los políticos aborden los problemas desde un punto de vista técnico. También este estudio observa que para combatir esta pandemia los ciudadanos están dispuestos a sacrificar derechos y libertades, pero esto sería otro artículo.

La visión tecnocrática considera que es mejor tener expertos como decisores públicos. Se asume que cuanta mejor formación tengan, más competencia habrá en la elaboración de las políticas públicas. Lo que obvia muchas veces esta visión es que prácticamente no hay situaciones donde solo haya una solución correcta, tampoco neutral o que no tenga implicaciones ideológicas.

Naturalmente, los epidemiólogos tienen diferentes recetas para paliar la COVID. Creo que es lógico pensar que el Gobierno y otras instituciones públicas han requerido informes o han valorado opiniones de los expertos. Sin embargo, la respuesta que se está dando, efectivamente no solo depende de las decisiones técnicas, sino de la respuesta a diferentes dilemas o intereses contrapuestos. Simplificando mucho, las preguntas que se han podido hacer son: ¿cuántos muertos estamos dispuestos a permitir para reactivar la economía? ¿cuántos muertos estamos dispuestos a permitir para la buena salud mental/educación de los niños confinados?

Este dilema también se puede ver reflejado en un anuncio que hizo la DGT hace unos años. Se preguntaba a un ciudadano/a ¿qué cifra de víctimas en la carretera sería la ideal? Normalmente el encuestado respondía un número. Y le mostraban a su familia para recordarle que entre el número de víctimas que había dicho podría estar su familia. Entonces, rectificaba y decía que el número ideal sería ningún muerto en la carretera. Con la respuesta a la primera pregunta se esconde el dilema ético de cuántas víctimas está dispuesto a asumir para poder circular en coche, y son dilemas difíciles de dar respuesta.

El Gobierno puede cometer errores en la toma de decisiones, porque en los tiempos recientes no habíamos vivido una situación similar, ni tampoco se tiene una información perfecta de cómo evoluciona el virus. Sin embargo, no podemos obviar que los poderes se enfrentan a dilemas, y la resolución de esos dilemas, o el equilibrio de los mismos, se hace a través de la ideología y de las priorizaciones políticas/éticas. Así, permitir que algunos ciudadanos vayan a trabajar responde a una decisión ideológica de equilibrar la salud y el impulso de la economía. Que el gobierno autonómico haya recurrido a Telepizza para asegurar los menús de los niños más vulnerables es una decisión ideológica, por no confiar en las decisiones que puedan tomar estas familias. No haber dispuesto medidas para el cuidado de hijos o personas dependientes de las personas que deben ir a trabajar también responde al lugar donde se ha puesto el foco. Se ha considerado la posibilidad de abrir antes terrazas y bares que centros educativos, haciendo evidente la priorización de la economía a la educación. A todo esto se le debe sumar las posibles medidas acerca de cualquier forma de ingreso mínimo vital, cómo el Gobierno va a gestionar los autónomos o el pago de los alquileres. La mayoría de estas respuestas no dependen de cuestiones técnicas, sino de cómo equilibrar o priorizar algunos sectores.

No sé si en el chat de mi familia pude convencer a alguno, tampoco sé si lo he hecho aquí. El mensaje que quería transmitir es que el debate no debe girar en torno a si los políticos son expertos en sanidad o no: lo que deberíamos evaluar es si las prioridades del Gobierno en este tipo de dilemas complejos se ajustan a nuestro sistema ético o ideológico. Posteriormente, si ha sido una buena gestión. Sin embargo, como los poderes públicos muchas veces no exponen los dilemas a los que se enfrentan, o qué sectores está priorizando, pueden quedar como políticos que no atienden a criterios técnicos o de expertos.

El eslogan del Gobierno “esto lo paramos unidos” nos interpela a todos los ciudadanos y hace referencia a que con un sacrificio de cada uno de nosotros vamos a poder superar esta situación. Todos vamos a tener que contribuir, pero parece que unos van a tener más consecuencias que otros. Este virus sí que parece que entiende de clases y los efectos del confinamiento lo van a sufrir más aquellas familias vulnerables, especialmente las que tienen hijos.

Un amigo me comentaba que una trabajadora del hogar que está empleada en su casa algunas horas semanales le había preguntado si podía utilizar su impresora para poder imprimir algunos de los deberes de sus hijos. Como bien explica Eloi Mayordomo, el confinamiento va a tener efectos desiguales para las familias con hijos. Aquellas con menos recursos van a sufrir un entorno más estresante porque económicamente van a estar en una situación más vulnerable, con una comida de menos calidad… pero a todo esto también es necesario pensar en cómo el confinamiento va a tener efecto en el acceso a la educación de los niños. Ya hay muchos estudios que muestran que el número de libros en casa tiene un efecto tanto en las altas expectativas educativas de los niños como en su desempeño educativo. Pero la interrupción de las clases va a sumar algunos efectos específicos.

La brecha digital va a afectar en el derecho a la educación que tienen los niños. El cierre de los centros educativos exige que esta educación se realice por vía digital. Según datos que publica el Alto Comisionado contra la pobreza infantil, un 9% de hogares con menores y con menos de 900 euros mensuales no disponen de internet, y un 4% de aquellos de 1.600 euros mensuales tampoco tiene acceso. Sin embargo, el hecho más preocupante no es el acceso a internet, ya que ahora se puede tener desde muchos dispositivos, por ejemplo, desde el teléfono móvil, sino hasta qué punto pueden disponer de internet para realizar las actividades educativas. Así, según los datos de PISA, uno de cada cinco niños con pocos ingresos no disponen de ordenador en casa para hacer los deberes. Concretamente, más de un 20% de los hogares más vulnerables no tienen tablets para estas finalidades, y un 15% tampoco tienen ordenador. Esto es importante porque estos recursos están relacionados con un mejor rendimiento del alumnado. Además, aquellos con una exposición a internet moderada obtienen, de media, mejores resultados que el que no accede a la red.

Por otro lado, no es solo importante tener dispositivos con acceso a internet, sino hasta qué punto lo pueden utilizar con finalidades educativas. Los datos muestran que existen diferencias entre clases en este aspecto. Según PISA, el 16% las familias más desfavorecidas nunca utilizan dispositivos digitales para hacer deberes, sin embargo, un 52% de los menores de estas familias están entre 4 y 6 horas frente a las pantallas. De aquellas familias más acomodadas, solo un 6% no utiliza estas tecnologías para tareas educativas y, además, solo un 34% está más de cuatro horas al día delante de las pantallas, un 20% menos que las desfavorecidas. Se sabe que la exposición excesiva a internet tampoco es beneficiosa (seis o más horas diarias) ya que repercute en peores resultados de rendimiento. En otras palabras, es habitual que todas las familias dispongan de dispositivos digitales, pero la diferencia va a ser el número del que dispongan y, por tanto, para qué las van a utilizar. Así, muchas familias económicamente vulnerables van a disponer de alguno de estos dispositivos, pero no van a poder tenerlo exclusivamente para realizar deberes, sino para uso de ocio de toda la familia. Esto reduce mucho el tiempo que pueden tener los menores para utilizarlos en cuestiones educativas.

Si el confinamiento se alarga mucho, tal vez podremos ver una polarización a nivel educativo entre las familias más vulnerables económicamente y las que no se encuentran en esa situación. Es decir, que los niños de familias con pocos recursos pueden finalizar el curso con menos estímulos educativos que los de otras familias. Por tanto, estos niños pueden acabar atrapados más fácilmente en un ciclo de precariedad perverso que se inicia con el fracaso escolar o la repetición y acaba en perpetuar desigualdades sociales para el resto de su vida. Es cierto que aún el Gobierno está pendiente en atajar problemas muy urgentes y muy graves de salud pública. Pero cuando la urgencia sea menor no debemos olvidarnos de todos aquellos que van quedando atrás. De momento, el estado de bienestar protege menos a los niños y jóvenes y está basado en las cotizaciones a la seguridad social que complica el acceso a prestaciones sociales a aquellos que han tenido vidas laborales más precarias e intermitentes. Así que en un futuro será necesario plantearse la reforma del acceso a estos servicios.

Este lunes se ha empezado a aplicar el estado de alarma que va a estar vigente durante mínimo 15 días, para poder gestionar la pandemia. Exceptuando cuando en el 2010 se decretó el estado de alarma para reducir el efecto de la huelga de los controladores aéreos, nunca se había aplicado esta medida para que tuviera una incidencia de una forma tan intensa y extensa sobre toda la ciudadanía.  ¿Qué efectos puede tener sobre el gobierno?

Los estudios sugieren que los gobiernos son castigados por los desastres naturales que no se encuentran bajo su control, es decir, la ciudadanía valora negativamente al gobierno cuando se produce una circunstancia que no podía prever. Sin embargo, también, se pueden ver compensados según la gestión que hagan de ese suceso. Diferentes análisis en el contexto estadounidense han estudiado cómo han afectado los huracanes a la reelección de los presidentes de EEUU. Mientras Bush fue muy penalizado por su manera de gestionar el Katrina, Obama tuvo ciertas recompensas electorales en los comicios del 2012 por el papel que jugó en el control del huracán Sandy. Un caso diferente pero más cercano fueron los atentados del 11-M. Es verdad que se produjeran no fue un hecho aleatorio, pero la gestión del PP produjo que muchos de sus votantes se abstuvieran, y otros abstencionistas lo hicieran para el PSOE, produciendo un cambio de gobierno.

La supervivencia de este gobierno, por tanto, puede estar ligada a la valoración de los ciudadanos en relación a la gestión que se están haciendo de la misma. No obstante, de momento, la oposición no ha criticado frontalmente la gestión del gobierno, y se ha creado un cierto relato nacionalista y unitario frente a la amenaza del virus. Sin embargo, tal vez, el punto más débil al que se enfrentan es la posible gestión de una crisis económica. La suspensión de congresos, ferias o reuniones y el cierre de muchos negocios pude tener un impacto en la economía, que ya se pronostica que no va a ser muy halagüeña. Como se gestione esta crisis económica va a ser clave para que el gobierno. Otros países prevén la implantación de una variante de renta mínima universal. Así, Hong Kong o Japón intentaran conceder algunos pagos a todos los mayores de 18 años para mitigar las posibles consecuencias negativas de la crisis del coronavirus. La introducción de un “ingreso mínimo vital” que el gobierno planea introducir en España si se aprueban los presupuestos puede ser relevante para que sea bien valorado.

Cómo se gestione la crisis del coronavirus va a ser importante para que el gobierno salga reforzado. Sin embargo, el principal reto que le queda por delante es cómo va a afrontar la crisis económica que está en ciernes.

La mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat echó a andar hace unos días. Ha habido un cambio drástico de estrategia territorial. En los últimos años, el PSOE se había orientado a tener una posición beligerante con Catalunya. Muchas veces ha priorizado una posición más centralista, dando por perdidos votos de ese territorio, con el objetivo de no perder votos del resto de España.

No son los únicos, el PP con la apuesta de Cayetana Álvarez de Toledo en Catalunya o Carlos Iturgaiz en el País Vasco han jugado la misma carta: sacrifican votos en estos territorios en favor de conservar o ganar votos en el resto. Actualmente PSOE y UP necesitan que ERC vote a favor de los presupuestos y, ante este escenario, ambas formaciones son mucho más partidarias de establecer una negociación con Catalunya.

Pero ¿este cambio de posición puede perjudicar el apoyo al gobierno central? ¿Qué opinan de este tema los ciudadanos? Los resultados de la encuesta realizada por el CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) a finales de 2019 para toda España, con una muestra de más de 3600 entrevistados, ofrecen un panorama positivo a este escenario. La mayoría de ciudadanos del Estado priorizan el diálogo entre Catalunya y España para resolver el problema territorial.

Así, como se puede observar en la tabla 1, una mayoría consideraría necesario una política de diálogo dentro de la Constitución (51,4%), y hasta un 18% optaría por una política de diálogo sin límites. Estos datos son llamativos porque solo se refiere a la opinión de ciudadanos excluyendo a los catalanes. Estos últimos, sin embargo, preferirían un diálogo sin límites (46%) frente a aquellos que lo preferirían dentro de la constitución (35,1%).

Además, casi un 43% (excluyendo a los catalanes) considera que se debería reformar la Constitución Española (CE) para dar más autogobierno a las diferentes CCAA. En la tabla 2 se muestra que un 48% de ciudadanos que habían votado al PSOE en las elecciones de abril del 2019 serían partidarios de esta reforma. Un 69% de votantes de UP también optarían por esta iniciativa. Así, se vislumbra que los ciudadanos ubicados en el espectro ideológico de la izquierda son bastante proclives a realizar incluso cambios institucionales para tener una mayor descentralización.

Pero ¿qué aspectos suscitan mayores consensos para reformar esta norma? En la encuesta se pregunta por el grado de acuerdo para modificar la CE en función de diversos ámbitos. El primero que se consulta es si la CE debe reconocer el derecho a la autodeterminación. El segundo, si debe establecer que las lenguas oficiales de las CCAA también tengan un uso oficial y habitual en las instituciones centrales del estado y, por último, preguntan sobre la reforma de la CE en relación al modelo de financiación.

Así, examinan sobre si la CE debe establecer un sistema donde las CCAA recauden los impuestos principales y después transfieran una parte al gobierno central para la financiación de gastos comunes y la solidaridad interterritorial. Estos tres indicadores pueden ofrecernos una idea de hasta qué punto la ciudadanía tanto la catalana, como la del resto del estado prefieren una modificación de la CE para una acomodación territorial diferente, ya que son medidas que se pueden encontrar en otros países que cuentan con un modelo federal.

Tanto en la tabla 3 y 4 sorprende que más de un 40% de los ciudadanos estén de acuerdo en introducir el derecho de autogobierno en la CE, que es una reivindicación que actualmente está haciendo en ERC en la mesa del diálogo. También, los encuestados, se encuentren en una posición a favor de introducir otras lenguas en la administración territorial del estado, como también tienen en otros países con diferentes nacionalidades, por ejemplo, Canadá.

Menos sorprendente, pero igual de relevante es que más de un 70% de los catalanes también se encuentren a favor de esas dos medidas. Más consenso, sin embargo, produce la modificación del sistema de financiación. Así, un 61% está a favor de esta descentralización fiscal frente a un 27% que está en contra. No obstante, entre los catalanes, pese a tener un 70% de apoyo, no genera tantos apoyos como el derecho de autodeterminación o la inclusión de la lengua en las administraciones centrales.

Parece que los españoles apoyan la opción de diálogo para resolver las tensiones territoriales, y además estarían de acuerdo en reformar la Constitución Española para que el encaje territorial entre las diferentes CCAA y el estado central fuera mejor.

Desde que han empezado a surgir partidos de extrema derecha con fuerza en toda Europa se ha hablado como se podía combatir esta expansión. Algunos pensaron que hacer un cordón sanitario y excluirlos de las instituciones era una buena idea para mostrar que no se pueden normalizar estos partidos. Otros, se han planteado si era mejor rebatir los postulados de la extrema derecha para cuestionarlos o no hacerlo para reducir su visibilidad. Hasta ahora no hay una posición clara.

Dentro de este debate, la semana pasada saltó una polémica sobre la publicación de un reportaje sobre los votantes del partido Vox. Había dos bandos, aquellos que defiende la información y consideran imprescindible saber y conocer qué pasa en la sociedad. Y aquellos que asumían que la publicación de determinadas noticias sobre partidos de extrema derecha solo publicita esta formación política e incluso la blanquea.

Lo que concluyen las investigaciones es que cuando los medios cubren en mayor medida a estos partidos y publican más noticias, aumenta el voto a los mismos. Se podría pensar que la relación causal es a la inversa, es decir, que a medida que estos partidos van teniendo apoyos, los medios de comunicación se hacen eco. Sin embargo, queda claro que los medios ejercen una influencia en los ciudadanos, ampliando o reduciendo el apoyo a determinadas formaciones.

Los resultados de estos estudios muestran que, en el Reino Unido, los medios de comunicación dieron una mayor cobertura a partido de UKIP de lo que le correspondía por su peso en el sistema. Eso tuvo consecuencias en la visibilización, conocimiento y, en última instancia, en su apoyo. También, otros estudios muestran que los medios de comunicación que se centran en temas que los partidos de extrema derecha los lleva como bandera, también aumenta su apoyo. Por ejemplo, en Flandes, temas relacionados con la inmigración y el crimen recibieron una atención extensa por parte de la televisión, y esto conllevó a un aumento del crecimiento electoral del Vlaams Blok (partido de extrema derecha). También en Países Bajos encuentran que la cantidad de cobertura mediática de temas relacionados con la inmigración se asocia con un aumento posterior en los votos de los partidos antiinmigrantes. Además, este tipo de foco ayuda a considerar a los políticos como convencionales dentro del sistema.

Así, publicar sobre estos temas pueden incrementar el apoyo electoral hacia ese tipo de partido. Sin embargo, limitar las noticias sobre formaciones de extrema derecha o reducir la publicación de estudios sobre estos temas también puede resultar peligroso. El debate debe estar más en el cómo se abordan determinados temas, más que qué temas se pueden publicar o no. La forma de publicar estas informaciones, es decir, el marco en el cual se insertan, la contextualización o la reducción de la difusión de bulos o fake news son de vital importancia para encuadrar e influir a la población. De esta manera, que los ciudadanos tengan la mayor información posible sin validar el retroceso de los derechos humanos.

Los medios de comunicación son una parte esencial de la democracia y hacen de transmisores y altavoces entre los partidos o el poder y la ciudadanía. Así que, como se ha demostrado, ejercen un poder en cómo se entiende la realidad. Los medios deben poder hablar de todo, pero creo que cada vez más los medios deben estudiar cómo se presentan las noticias.

Quim Torra ha anunciado la convocatoria de elecciones después de que se aprueben los presupuestos catalanes. Ante esta situación, el gobierno central aprovechó para intentar marcar los tiempos y cancelar la mesa de diálogo entre los dos ejecutivos. Sin embargo, no se acordaron de un pequeño detalle: que para aprobar los presupuestos estatales –y aprobar la primera medida de aumentar las pensiones- aún les hace falta el apoyo de ERC, y para que esto sucediera el inicio de diálogo era imprescindible. Así que rectificaron. Este solo es un ejemplo de lo importante que va a ser la situación política catalana en el gobierno central. ¿Qué va a pasar en Catalunya? Es incierto, pero hay diferentes ámbitos para analizar.

De momento, las encuestas muestran que los bloques entre independentistas y no independentistas se mantiene similar. Sin embargo, hay muchos cambios dentro de los bloques. Como decía Woody Allen, en el cuento del lunático, estar mucho tiempo juntos sirve para odiarse mejor, y eso es lo que ha pasado entre las fuerzas soberanistas, las cuales han empezado a competir.

ERC lideraría este bloque. Este partido tiene algunos retos: ampliar la base, es decir, recibir el apoyo en las urnas de ciudadanos que previamente no habían votado partidos independentistas, mientras mantiene a los votantes previos. De momento, según las encuestas –CEO y GESOP-, parece que ERC lo puede estar consiguiendo. El “nuevo” votante independentista prefiere este partido, ya que consigue atraer a antiguos votantes del PSC y de CeC. Además, este votante parece que es mayor en volumen al exvotante de ERC (que decide optar por otro partido). Así se ampliaría el perímetro independentista. Para ERC, por tanto, es importante que los pactos a los cuales ha llegado con el PSOE se cumplan para no quedar ante sus votantes como el que ha cedido todo y no ha conseguido nada.

JxC tienen un escenario un poco diferente. De momento se queda segundo en el bloque, y las encuestas muestran que esta formación gana algunos votantes que previamente habían votado a ERC y la CUP, pero el saldo de aquellos que le van a dejar de votar parece que es mayor. Así que su éxito va a depender de hasta qué punto puede movilizar algunos exvotantes de ERC, la CUP y los posibles abstencionistas. Es una tarea complicada cuando muchos ciudadanos pueden estar descontentos con la gestión realizada. Sin embargo, aún quedan muchos meses para las elecciones y, dado el ritmo vertiginoso de la política y, claro, también de la justicia, nada se puede dar por sentado.  Además, como se vio en las anteriores elecciones a JxC se le da bien jugar a corto plazo. De momento, JxC ha querido aprobar presupuestos antes de ir a elecciones porque, seguramente, entre otras cosas, puede dar una imagen de partido estable, a la vez que gana tiempo para presentar posibles candidatos como Presidente de la Generalitat. Se barajan diferentes nombres para esta contienda: Damià Calvet, Laura Borràs, o Jordi Piugneró. Cada uno tiene una trayectoria dentro del partido diferente, así que la elección de uno u otro también va a tener implicaciones en la construcción de la estrategia partidista.

La CUP puede salir reforzada de estas elecciones, ya que pude recoger voto descontento con las formaciones previas. Las encuestas revelan que puede duplicar su representación: de 4 escaños a 8. No obstante, como sus vecinos de bloque va a ser necesario que establezcan claramente cuáles son sus objetivos a corto plazo. La ventaja de todo este bloque es que los votantes que optan por estas formaciones normalmente son electores más implicados políticamente que los del bloque no independentista, y en un contexto de desmovilización, pueden acudir más a las urnas, a pesar del posible descontento generalizado. 

Los partidos independentistas no son los únicos perdidos, en el bloque “no independentista” también han perdido la brújula. Cs va a sufrir una gran caída. En las antiguas elecciones se habían aprovechado del marco polarizador de la misma para liderar y aglutinar el voto del “no”. Pero ahora ese voto se vuelve a dispersar principalmente hacia el PSC, pero incluso hacia el PP o Vox. Se habla de una posible candidatura conjunta de Cs y PP para tener más fuerza en el Parlament. Pero esto aún puede alejar más aquellos votantes con posiciones más de izquierdas. También va a ser un reto para ellos como PP y Cs van a conjugar las diferentes organizaciones de partido y si va a ser una coalición con dos actores de la misma fuerza o si uno de los dos va a absorber al otro. Por otra parte, nueva coalición preelectoral puede incrementar aún más la fuerza de Vox que seguramente va a entrar en el consistorio con 7 o 8 diputados.

Ambos, PSC y CeC, aumentarían en diputados. Con lo cual parece que se puede volver a abrir un espacio entre los dos principales bloques, ya que se ha distendido la polarización de las anteriores elecciones.  Sin embargo, ante aquellos que apuntaban que el apoyo de ERC en el Congreso de los diputados obedecía a una estrategia a largo plazo donde PSC y CeC apoyarían a ese gobierno, parece de momento improbable ya que no es posible materialmente; ERC, PSC y CeC no alcanzan la mayoría necesaria, según las encuestas disponibles. A la espera de cómo va a evolucionar el reparto de escaños, tal vez aún es cabe esperar que después del divorcio vuelva a haber, de nuevo, campanadas de boda.  

Esta semana el “pin parental” ha sido la noticia central, parece que la escuela vuelve a ser un campo de batalla. Este pin parental o veto parental ha sido una iniciativa de Vox, para que los padres den consentimiento de asistencia a los hijos para ir a clases o talleres relacionados con feminismo, identidad de género o LGTBI. Ya algunas articulistas han defendido que los niños tienen derechos y además es beneficioso que tengan la libertad de escuchar charlas más allá de aquello que piensen sus padres.

Sin embargo, desde un punto de vista empírico, se ha intentado explicar recurrentemente cómo se forma o se modifica la ideología. Es un ámbito en el cual ha sido difícil de establecer conclusiones sólidas, pero cada vez se tienen más claves para saber cómo se generan las prioridades de los ciudadanos.

La mayor parte de la investigación concluye que las actitudes políticas y la identificación partidista de los padres es la que prevalece en la visión política de los hijos. De hecho, aquellos padres que más hablan y discuten de política en casa, tienen unos hijos con una similitud ideológica mayor. Los padres son el principal agente socializador de su descendencia, ya que son los que tienden a pasar más tiempo con ellos a lo largo de su juventud; este es el principal motivo por el cual se asemeja tanto la visión política de padres e hijos.

La educación política no solo ocurre de una manera explícita a través de la educación formal, sino que mayoritariamente se traslada de una manera implícita. De esta manera, los líderes de los partidos no deberían tener tanto miedo al adoctrinamiento por parte de la escuela, ya sea en Murcia o en Catalunya.

Como decía, es bastante habitual que las preferencias partidistas de los padres se transmitan a los hijos y duren para toda la vida. Pero sí que es verdad que hay algunos casos que cambian la identificación de partido respecto a sus padres. Sin embargo, esta transformación se produce en edades adultas o casi adultas.

¿Por qué se produce? Aquellos que tienen más probabilidad de modificar su ideología en relación a sus padres son los que en la niñez estuvieron en familias muy politizadas, donde se discutía mucho de política. Así, estos hogares producirán dos efectos: por una parte, los padres influirán ideológicamente de manera más intensa a los descendientes a edades tempranas, pero es más probable que cuando estos niños lleguen a una edad adulta revisen su posición.

La razón por la cual ocurre es que, al facilitar las discusiones políticas en el hogar, hacen que estén más atentos a los mensajes políticos. Los hijos de familias politizadas son ciudadanos más predispuestos y expuestos a información política, y esta información puede desafiar los puntos de vista previamente sostenidos. Normalmente no se plantea como una lucha entre la visión concebida y la nueva, sino que la acumulación de información puede hacer mella, cuestionando la visión política previa.

Es verdad que tendemos a exponernos selectivamente a determinada información. Así, aquellos que se consideren de derechas van a leer o ver noticias en determinados canales y los de izquierdas en otros, que harán más difícil exponerse a otro tipo de estímulos, con lo cual puede ser difícil cambiar de ideas. Pero hay ámbitos donde la gente no puede decidir con quién se socializa como, por ejemplo, el trabajo. De hecho, algunos estudios muestran que el contexto social más fuerte para influenciar políticamente a alguien es el lugar de trabajo. También, los eventos políticos que ocurren cuando estamos en la adolescencia afectan en la configuración de nuestras actitudes o en la participación de actividades que pueden moldear nuestra ideología. Y a los politizados estos eventos les va afectar más. Fue el caso del “No a la Guerra” o el “15M” que marcó políticamente a una generación de jóvenes, haciéndoles más interesados en la política y estar muy expuestos a mensajes que, tal vez, en su casa no se escuchaban.

En definitiva, lo más probable es que los hijos tengan la misma visión política que los padres durante el resto de su vida. Sin embargo, a veces ésta cambia debido al entorno laboral o los eventos políticos vividos. Tal vez, en vez de establecer el veto parental, podrían empezar por abolir el trabajo.

Cuando Adriana Lastra ha subido al estrado, Inés Arrimadas ha aprovechado la ocasión para mostrar, desde su escaño, una hoja dónde se leía “CV Adriana Lastra”, intentando afear que esta diputada no posea ningún título universitario o que no hubiera trabajado fuera de la política y, por tanto, se entreveía un cierto cuestionamiento de la posición que ocupa.

En este aspecto existen dos corrientes ideológicas contrapuestas en la concepción de la democracia: por una parte, una visión más tecnocrática de la política y por la otra un enfoque que da más importancia a la representación con la sociedad. La visión tecnocrática considerará que es mejor tener políticos con niveles educativos elevados. Se asume que cuánta mejor formación académica tenga un político, mejor competencia en la elaboración de las políticas públicas va a tener.

Sin embargo, otras tradiciones consideran que la calidad de los políticos está más ligada al grado de semejanza que tenga éste con la sociedad. En otras palabras, un político o política será bueno si sabe detectar o priorizar los problemas de la sociedad. Las características de los políticos –ya sean de clase, de género o de edad–, pueden afectar al tipo de contenido de las políticas públicas que se proponen o se aprueban por parte de estos miembros.

Tras la crisis de representación que se vivió en 2011, se crearon nuevos partidos que se enfrentaron a este hecho de diferente manera. Mientras Podemos reclamaba una mayor participación de la población en las decisiones públicas, los dirigentes de Ciudadanos siempre se han caracterizado por asumir una visión tecnocrática de la política. Sin embargo, esta última visión tiene algunos límites. En primer lugar, España, junto a Grecia y Portugal, tienen unos políticos en el poder con un nivel de formación reglada muy alto. En cambio, otros países, como Dinamarca, Noruega o Islandia poseen niveles mucho menores de formación de sus ministros. Por tanto, a nivel agregado, en España no existe un problema en este aspecto.

En segundo lugar, tener políticos con menor formación política puede implicar más obertura de estas instituciones hacia los diferentes estratos sociales. De hecho, muchos políticos de países del norte de Europa llegan en mayor proporción desde organizaciones u otras experiencias asociativas, como son los sindicatos, sin que tengan estudios reglados.

Se ha hablado bastamente del caso de Stefan Löfven, primer ministro sueco, soldador y con una carrera sindicalista amplia, pero sin estudios. No es el único ejemplo: en este mismo país, Sven-Erik Österberg, ex ministro de finanzas sueco, proviene del sindicalismo forestal, pero sin tener una formación académica anterior. Jóhanna Sigurdardottir sigue el mismo patrón, fue primera ministra de Islandia, sin estudios universitarios, pero una prolongada experiencia sindical. Todo esto muestra que este tipo de políticos pueden tener una mayor facilidad para elaborar políticas públicas desde una perspectiva de clase.

En tercer lugar, cuando se elaboran políticas públicas desde una visión tecnocrática se asume que solo existe una solo solución correcta a los problemas sociales y, por tanto, las decisiones son técnicas y no ideológicas. La realidad es que existen muchas variedades de soluciones posibles, y la solución “correcta” muchas veces pasa por escoger aquella opción que se aproxime más a las prioridades ideológicas que se tengan.

Los votantes de Ciudadanos tienden a preferir una visión tecnocrática de la política y muchas veces se ha asumido acríticamente esta visión del mundo político, pero este enfoque también tiene sus contras que se deben tener en cuenta.

Por estas fechas, ya sea para celebrar la navidad o el solsticio de invierno, es habitual juntarnos con la familia para comer, beber e incluso para cantar villancicos. Sin embargo, como explica la fábula, no todo lo blanco es harina. Es, especialmente, en estas épocas del año cuando se perciben de una forma más descarnada las desigualdades en las responsabilidades y el desempeño de tareas domésticas dentro de una familia.

Estas desigualdades se apoyan, en parte, en el tipo de estado de bienestar que ha adoptado cada país. Normalmente los expertos han establecido tres tipos del estado de bienestar: el liberal, el escandinavo y el continental. El estado español se inserta dentro de este último, por tanto, se caracteriza por el hecho que los ciudadanos reciben derechos sociales en función de la contribución en el mercado laboral que se haya tenido.

Así, en términos generales, dependiendo de las cotizaciones a la seguridad social, se puede acceder en mayor o menor grado a las prestaciones de desempleo o de jubilación (por poner un ejemplo). Además, un pilar fundamental de este tipo de estado es la familia. En otras palabras, muchos de los servicios relacionados con el cuidado de las criaturas o de las personas mayores son inexistentes o muy limitados y, por tanto, se debe hacer cargo la familia.

En definitiva, como puso de relieve Carol Pateman en la obra titulada El Contrato Sexual, la construcción de este tipo de estado de bienestar ha sido ciego al género. Ella argumenta que se asume implícitamente que las mujeres no son consideras sujetos de derechos sociales. Tradicionalmente han sido los hombres los que han podido participar de una forma más intensa en el mercado de trabajo, ya que ellas se han quedado realizando el trabajo doméstico.

Además, dado los pocos servicios que presta el estado relacionados con el cuidado, las mujeres tenían un incentivo mayor de encargarse de este tipo de tareas. Con lo cual, mayoritariamente los hombres podían cotizar y, por tanto, recibir más prestaciones sociales, mientras que no se ha considerado el trabajo reproductivo como generador de beneficios. La situación ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, y cada vez más las mujeres han entrado en el mercado laboral, pero el estado aún sigue confiando en las familias para proveer servicios de cuidados a otras personas, y son ellas las que asumen gran parte de la carga.

Otros modelos, como el escandinavo, asumen una perspectiva más universalista de los derechos sociales. Es decir, se puede acceder a las diferentes prestaciones sociales, no por la relación que tengas con el mercado laboral –es decir, no por cuanto hayas cotizado-, sino solo por el hecho de ser ciudadano del país. Además, como este tipo de estado del bienestar ha priorizado el gasto en de escuelas infantiles, subsidios para las familias y de atención a la población con más edad; esto ha permitido una participación más intensa de las mujeres en el mercado laboral.

Esto posibilitó cierta igualdad de género en estas sociedades. Pese a que algunas académicas, como Hernes, ha tenido una visión optimista de estos tipos de estado en relación al género, otras, como Nancy Fraser, consideraban que igualmente tenían ciertas debilidades, ya que adoptaban una visión androcéntrica. La crítica que hacían respecto a este tipo de estado de bienestar era que las políticas sociales se dirigían a convertir a las mujeres en trabajadoras como los hombres, trasladando la responsabilidad del trabajo doméstico al estado.

Sin embargo, las mujeres, en menor medida que países de su entorno, continuaban haciéndose cargo de las tareas de los cuidados dentro de la familia. Por tanto, consideraban que era necesario añadir otra perspectiva para llegar a la igualdad de género: poner en valor todas aquellas tareas domésticas que, generalmente, realizan las mujeres. Y las políticas diseñadas en estos países en los últimos años intentan adoptar esta medida basada en el principio de compartir tanto la participación en el mercado laboral, pero también la contribución en el trabajo de cuidados.

Un ejemplo claro es que en 1993 Noruega se convirtió en el primer país a dedicar una “cuota de padre” intransferible, que ha ido aumentando e incentivando. Se habla que este tipo de estados del bienestar ha pasado de un modelo de “sustentador universal” al de “cuidador universal”.

La navidad es solo el síntoma de una desigualdad de género que se teje en las estructuras institucionales y de valores, continuando a lo largo de todo el año. Por eso es importante que se avance , cada vez más, hacia el modelo de cuidador universal.

El partido Vox ha sido noticia por la intervención de Ortega Smith cuestionando la existencia de la violencia machista, en un acto del Ayuntamiento de Madrid en contra de la violencia de género. Son unas declaraciones que van en consonancia con su ideología: en los programas electorales pedían claramente la derogación de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, es un problema muy grave. El 25 de noviembre de 2019, día internacional contra la violencia de género, se contabilizan 52 mujeres asesinadas en lo que va de año, según cifras oficiales. La cifra aumenta hasta 94 si tenemos en cuenta aquellas mujeres asesinadas que no tenían una relación afectiva con el agresor (dato de 2019 de feminicidios). Los asesinatos son el hecho más brutal, pero son solo la punta del iceberg de la violencia machista que se encuentra sustentado por el maltrato físico, psicológico o a través de las agresiones sexuales (de 2016 a 2017 se incrementó en más de 1000 mujeres que denunciaron por agresión sexual o contra otro tipo de libertades sexuales).

Autoras como Bosch y Ferrer ya advertían en sus investigaciones en el año 2000 que había un “nuevo sexismo” o un “sexismo moderno” que trataba de negar la discriminación que padecen las mujeres. Es decir, a diferencia del viejo sexismo, éste es mucho más sutil. Parte de la idea de que los hombres y las mujeres ya son iguales, negando la existencia del patriarcado y, por ende, encuentran legítimo rechazar todas aquellas leyes que protegen y que reconocen derechos a las mujeres. Este partido quiere obviar que este tipo de violencia es el resultado de las relaciones de poder que se dan entre géneros, negando, al mismo tiempo, el acceso a las víctimas a tribunales especializados. Es preocupante que se haga este discurso porque estudios previos han mostrado que del año 2017 al 2018 había incrementado el grado de sexismo de aquellos ciudadanos que se situaban en posiciones de derecha o centro-derecha en la escala ideológica, y que podría ser el resultado de este tipo de planteamientos (no los ciudadanos en general que han reducido el sexismo moderno).

Lo cierto es que aún es necesario avanzar en las políticas dirigidas en contra de la violencia machista. Como comentaba al inicio, a excepción de algunas leyes autonómicas, la ley estatal solo reconoce como violencia de género la que se ejerce dentro de una pareja. No obstante, es necesario que también se considere violencia de género la que se produce fuera de una relación sentimental, para que el caso pueda pasar a un tribunal especializado, y que la mujer pueda gozar de las medidas y ayudas de las que disponen las víctimas de violencia de género. Esto es importante porque, con la ley actual, la violación o asesinato de una chica por parte de un desconocido, la práctica de la ablación, ser víctima de trata o el asesinato de una prostituta por parte de su cliente no son considerados violencia de género. Aunque en todos los ejemplos anteriores ellas han sido violadas, asesinadas, mutiladas y maltratadas con el único móvil de la desigualdad de género, la ley no las considera víctimas de violencia de género. A pesar de que los tratados internacionales, como el Convenio de Estambul, fuerzan a esta modificación.

Además, en 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero tiene muchos puntos débiles. Este pacto ni es vinculante, ni es una ley. Esto implica que no se puede aplicar o poner inmediatamente en marcha. Hay muchas medidas que tienen que modificar otras leyes o tienen que ser aplicadas por otros niveles de gobiernos, que pueden no querer llevarlas a cabo. Tampoco existe financiación específica para dotar las diferentes acciones, ni hay presupuestos concretos para cada medida, con lo cual no queda garantizado su cumplimiento. Desde 2018, se han impulsado algunas medidas dentro de este marco y se destinaron 1000 millones distribuidos entre diferentes niveles administrativos durante 5 años. Pero la caída acumulada desde 2004 en este ámbito es del 26%. Ha pasado de los 34,3 millones presupuestados en el 2004 a los 25,2 millones para el 2016.

Las mejoras en la legislación y en el presupuesto son necesarias, pero cada uno de nosotros podemos revisar nuestros comportamientos sexistas que tenemos día a día, que es lo que, finalmente, cimienta y mantiene las estructuras patriarcales que, en última instancia, son la base para la normalización de las violencias machistas.

En estas últimas elecciones, Catalunya fue la segunda comunidad con una participación más alta (72,1%), después de Madrid. La explicación a este hecho podría ser que los ciudadanos pueden considerar el Congreso como una institución fundamental para poder resolver el conflicto entre Catalunya y España

Uno de los pocos países donde se produce lo que tradicionalmente se conoce como voto dual, es el Estado español. El voto dual tiene dos componentes: el abstencionismo diferencial y el cambio de voto. Así, tradicionalmente, se ha producido un nivel más elevado de abstención en las elecciones autonómicas que en las generales. También los ciudadanos suelen votar un partido de implantación estatal en las elecciones generales y otro autonómico en las regionales. En este artículo me voy a centrar en el caso catalán, pero merecerían un texto aparte el caso de la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana porque tienen otras lógicas.

Abstencionismo diferencial: La incertidumbre en el nivel de participación electoral que se iba a registrar en las elecciones del 10N ha sido un elemento clave en estos comicios. Como se trataba de una repetición electoral y tras haber conseguido una participación alta en abril (71,7%), se preveía que podía fluctuar el nivel. La participación en las elecciones de noviembre ha sido de un 69,8 % (a las 20:00h). Por tanto, este dato compite con uno de los peores datos de participación de la historia de la democracia.

Pero ¿en qué consiste el abstencionismo diferencial? Ocurre cuando se produce un nivel de abstención más alto en las elecciones autonómicas que en las generales o viceversa. En el caso catalán siempre se producía una abstención mayor en las autonómicas que en las generales. Sin embargo, a partir de 2012, la participación electoral en las elecciones catalanas incrementa, como podéis observar en el gráfico. Esto se explica, sobre todo, por la importancia que empiezan a dar los votantes a las elecciones catalanas. Es lógico que cuando las preferencias en la organización territorial del Estado empezaron a virar, también, con ello empezaran a dar más importancia a cuestiones nacionales. Además, no debemos olvidar que diversas elecciones al Parlament fueron asumidas como plebiscitarias, lo que incentivaba la participación a este nivel. Además, la participación en las elecciones estatales empieza a descender, hecho que podía indicar una desconexión de los catalanes con estas instituciones estatales. No obstante, es curioso que, a partir de las elecciones del 2019, los votantes vuelven a participar en las elecciones estatales en mayor medida que los años previos. Así, se observa que, en estas últimas elecciones, Catalunya fue la segunda comunidad con una participación más alta (72,1%), después de Madrid. La explicación a este hecho podría ser que los ciudadanos pueden considerar el Congreso como una institución fundamental para poder resolver el conflicto entre Catalunya y España. Pero, también podría estar indicando que, algunos votantes se han podido animar a participar por poder escoger opciones políticas más cercanas a su ideología, como las CUP, que antes no se presentaban.

Cambio de voto: Además, el voto dual implica un cambio de voto según el tipo de elecciones. Tradicionalmente, los votantes de Catalunya escogían un partido de implantación estatal en las elecciones generales, y uno autonómico para las elecciones catalanas. Estos hechos han explicado que mientras CiU ha sido el partido más votado para gobernar la Generalitat, el PSC se mantuvo como primera fuerza política en la competición estatal. Esto se produce porque en cada una de las elecciones se activa un eje de competición. Así, para las elecciones estatales, los ciudadanos votan en función del eje izquierda-derecha, mientras que para las elecciones al Parlament se activa el eje nacional. Otros académicos, como Pedro Riera, complementan esta argumentación con la valoración de la gestión que hacen los ciudadanos. Así encuentra que los votantes duales de PSC-CiU valoraban casi tan bien la gestión del ejecutivo de CiU, como lo podían hacer los votantes que solo votaban a CiU. También, Laia Balcells expone que la proximidad ideológica (izquierda-derecha) puede afectar a los comicios estatales, mientras las valoraciones de la gestión, a los autonómicos.

En 2015, el escenario cambió de actores: mientras que, anteriormente, el votante dual lo hacía entre PSC y CiU, en las elecciones de 2015 bascularon entre En Comú Podem y Junts pel Sí. Además, en el 2019, no solo han cambiado los actores implicados en el voto dual, sino también el escenario. Tanto en las elecciones de abril, como en las del pasado domingo, parece que aquellos votantes duales cada vez son menos. Es necesario analizar con datos más refinados este hecho para establecer quién es ahora el votante dual, pero da la impresión que cada vez más, los votantes ya no eligen un partido de implantación estatal para que les represente en el Congreso. ERC es el partido que más diputados manda al Congreso, y eso puede estar indicando un cambio en el comportamiento político de los catalanes.

Las futbolistas de la liga Iberdrola han decidido ir a huelga a partir del día 16 y 17 de noviembre. Reclaman, entre otras cosas, que sean reconocidas como profesionales, tener un convenio colectivo, un salario mínimo de 12.000 euros, jornada completa, y que se respeten los derechos laborales. En definitiva, solo exigen derechos básicos como poder cobrar en caso de lesión o maternidad, y se percibe crudamente como dista esta situación de la de sus homólogos masculinos. La desigualdad de género en el fútbol no es una excepción, sino otra muestra más de que las profesiones feminizadas tienen un reconocimiento menor, y con ello una retribución económica más pequeña.

El salario medio de aquellas ocupaciones donde las mujeres son mayoría –más de un 66% de trabajadoras mujeres– es menor que en aquellos trabajos donde los hombres representan una proporción alta –más de un 66%–. Como explica Marga Torre, esta brecha se mantiene cuando se comparan ocupaciones equivalentes en términos de experiencia, formación y número de horas trabajadas. Además, la diferencia de salario es mucho mayor cuando las ocupaciones requieren menor nivel educativo. Es habitual observar que aquellos que se dedican a conducir camiones tienen un sueldo mucho más alto que aquellas que se dedican a la limpieza o de asistente de cocina, por ejemplo.

Anteriormente, esta diferencia en el salario se explicó porque se asumía que los trabajos masculinizados tenían niveles de productividad mayor. También, se pensó que era resultado de la mejor organización sindical de las ocupaciones masculinizadas. Sin embargo, los estudios recientes muestran que la teoría que tiene más capacidad de explicación es la teoría de la devaluación. Según la cual, el trabajo de las mujeres sufre discriminación porque los rasgos y habilidades identificados con la feminidad se valoran mucho menos que aquellos relacionados con la masculinidad. Los empleadores subestiman este tipo de tareas, y por tanto pagan mucho menos.

También se muestra que la entrada de mujeres en una ocupación dominada por los hombres disminuye el valor de esta ocupación y, en consecuencia, su salario relativo. Es el caso de ocupaciones como la de médico, abogados o de recursos humanos, entre otros. Por eso, Claudia Goldin, una de las más prestigiosas economistas en el estudio de las brechas salariales, describía que una de las causas de discriminación de género en la contratación tiene el objetivo de mantener fuera a las mujeres de ese ámbito profesional y evitar así un declive del estatus y de los ingresos de esa ocupación.

Las ocupaciones feminizadas no solo se encuentran peor remuneradas, sino que muchas veces no gozan ni de los mismos derechos laborales. Los sindicatos de las empleadas domésticas (donde el 88% son mujeres) reclaman hace años que se les reconozca dentro del régimen general. De momento, estas profesiones están reguladas por un sistema especial para empleados del hogar donde no cotizan por su remuneración real, ni tienen un mecanismo para amortiguar las lagunas de cotización –como tienen la mayoría de trabajadores, ni tienen derecho a paro–.

El deporte presenta enormes desigualdades en salarios o en las dotaciones económicas de los premios en función del género. Estos días, muchos van a ser los que van a argumentar que las jugadoras de fútbol no tienen tanta calidad o espectacularidad. De hecho, José María García ya declaraba hace unos días que el “fútbol femenino es una mentira”. Estas palabras no hacen más que apuntalar la teoría de la devaluación; es decir que ese trabajo está menos valorado o tiene menos valía solo por el hecho de que lo realizan las mujeres. Es necesario que se reconozca y se protejan los derechos laborales de las jugadoras, y de todas las ocupaciones feminizadas.

El descontento no solo afecta negativamente a aquellos que se identifican como más cercanos al independentismo, sino a una parte amplia de la ciudadanía. Un 50% de aquellos que se sienten tan catalanes como españoles, considera que los encausados en el juicio del procés no tuvieron un juicio justo.

El pasado lunes 14 de octubre, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Esta institución condenó a los principales líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años. La sentencia ha sido considerada bastante dura, y eso puede provocar distintos efectos en diferentes ámbitos. Por una parte, jurídicos, ya que la argumentación para condenar a los independentistas por sedición implica que muchas protestas calificadas como resistencia pasiva se consideren en un futuro al mismo nivel que las protestas con la violencia activa. Diferentes expertos y magistrados ya se han encargado de desgranar estos aspectos. Sin embargo, me voy a centrar en los efectos que puede tener la sentencia en la ciudadanía en relación a la legitimidad de las instituciones.

Sánchez compareció tras la sentencia del Tribunal Supremo, explicando que el problema de la relación entre Catalunya y España quedaba zanjada, sin dejar la puerta abierta a la concesión de los indultos. Sin embargo, los ciudadanos catalanes parece que tienen otra visión en relación a la sentencia. De hecho, ya se han producido diferentes movilizaciones como respuesta.

El descontento no solo afecta negativamente a aquellos que se identifican como más cercanos al independentismo, sino a una parte amplia de la ciudadanía. Como muestra el gráfico 1, un 50% de aquellos que se sienten tan catalanes como españoles, consideran que los encausados en el juicio del procés no tuvieron un juicio justo. Esta cifra se eleva a un 94% entre aquellos que se sienten solo catalanes o más catalanes que españoles. Sorprende que un 35% de aquellos que se consideran más españoles que catalanes también crean que no se está celebrando un juicio justo.

Porcentaje de grado de acuerdo con “Los encausados están teniendo un juicio justo” en relación al juicio del procés que se estaba celebrando en el Tribunal Supremo, según identidad nacional. Catalunya, 2019.

Se puede observar la misma tendencia en el gráfico 2, donde es importante resaltar que un 80% de los votantes de Catalunya en Comú Podem, o un 40% de los votantes del PSC consideran que los encausados no han tenido un juicio justo. Menos sorprendente es que más de un 95% de los votantes independentistas (CUP, ERC y JxCat) tengan la misma percepción. En cambio, el 90% de votantes de Cs o el 78% de votantes del PP considera que sí lo están teniendo.

Porcentaje de grado de acuerdo con “Los encausados están teniendo un juicio justo” en relación al juicio del procés que se estaba celebrando en el Tribunal Supremo, según partido votado. Catalunya, 2019.

De los datos previos se desprende que el descontento con la sentencia no solo aglutina a ciudadanos que previamente se consideraban independentistas, sino que es mucho más transversal. Engloba a otros sectores de la población que, aunque no defiendan posturas independentistas, pueden haber considerado el juicio y, posteriormente, la sentencia como un mecanismo de represión desproporcionado ante los actos del 1-O y 20S .

De momento no se sabe hasta qué punto se va a producir un proceso de movilización amplio y transversal. Parece que se van a producir dos lógicas de movilización: aquellas lideradas por Tsunami Democràtic, el cual puede apostar por acciones de protesta menos transversales pero más costosas. Y, por otra parte, aquellas movilizaciones lideradas por los partidos políticos y la sociedad civil que busquen una movilización más puntual pero transversal. Sin embargo, más allá de que la población independentista se movilice, el descontento aglutinará una parte de la ciudadanía que está alejada de esas tesis, pero que no ha visto con buenos ojos el proceso judicial celebrado en el Tribunal Supremo.

La publicación de la sentencia no marca un fin de ciclo, ya que las problemáticas territoriales continúan candentes, e incluso se pueden avivar en el periodo preelectoral. Pero para abrir un nuevo ciclo antes requerirá más diálogo y más política.

La detención de siete independentistas a los cuales se les imputa delitos relacionados con el terrorismo ha producido ya titulares que vinculan el movimiento independentista y el gobierno de la Generalitat con la violencia. Políticos como Lorena Roldán no han desaprovechado la situación y la semana pasada mostraba en el Parlament de Catalunya fotografías de un atentado de ETA en Vic en 1991, haciendo un claro vínculo entre el terrorismo vasco y el movimiento catalán. Se ha empezado así a crear un marco donde el independentismo se vea como una lucha violenta y, por tanto, ilegítima. Sin embargo, el movimiento independentista siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia, y nunca la ha justificado. Además, debe seguir vigente la presunción de inocencia de los acusados. De hecho, dado el secreto de sumario, las filtraciones que se publican resultan en muchas ocasiones contradictorias. Es prudente esperar a tener mucha más información para no caer en la trampa de asociar el movimiento independentista a la violencia, sobre todo dados los antecedentes producidos en los últimos años.

En la ley antiterrorista de 2/2015 se amplía el delito de lo que se considera terrorismo. Se define como tal si se subvierte el orden constitucional o se desestabiliza el funcionamiento de las instituciones políticas. Con esta modificación producida en el 2015, se englobarían como terroristas una amplitud de acciones que, de entrada, poco tendrían que ver. Por ejemplo, las acciones realizadas en la marcha de “Rodea el Congreso” serían consideradas delitos terroristas, ya que desestabilizaría el funcionamiento de las instituciones. También se tipifica el delito de desórdenes públicos, delito de sedición y el de rebelión como actos terroristas (aunque las cometan individualmente, si se cometen amparados por una organización). De esta manera, por ejemplo, cualquier acto organizado para cortar una carretera en el marco de una manifestación, estaría clasificado como tal. Esto es lo que les ocurrió a Tamara Carrasco y Adrià Carrasco, detenidos en 2018 por orden de la Audiencia Nacional, a los cuales se les acusaba de rebelión, terrorismo y desordenes públicos.

Estos desórdenes consistían en bloquear vías de comunicación en el contexto de una manifestación organizada por los CDR. En este caso, se filtró a la prensa que Tamara Carrasco tenía mapas de la caserna de la Guardia Civil y material para hacer cócteles molotov. Sin embargo, nada de esto se pudo probar y se retiraron los cargos, no sin antes estar confinada 14 meses. También la operación Lago, también llamada “operación Dixan”, ha sido un punto oscuro en la guerra contra el terrorismo. En el 2003, se produce una acción contra el terrorismo islamista, en la cual se detuvo a 23 personas a las que se les acusó de planear un atentado con armas químicas. Al final, el material incautado resultó ser jabón en polvo, de ahí el nombre de la operación. Más allá de si había base para intervenir, esta acción se produjo cuando más pudo convenir al Gobierno, ya que Aznar la utilizó para justificar la participación en la Guerra de Irak.

Con estos precedentes no quiero insinuar que los actos que se están investigando actualmente no estén bien fundamentados o que no pueda existir alguna persona que pudiera estar planeando algún acto violento. Pero habría que ser prudentes antes de realizar algunos paralelismos entre el terrorismo vasco y el movimiento catalán. El independentismo siempre ha apelado a la democracia y a la no-violencia y, estratégicamente, no tendría sentido que fuera de otra forma si quiere tener una base amplia que lo apoye. Que algunas formaciones políticas se esfuercen en insinuar esta relación, asumiendo un marco de criminalización preventiva de todo el movimiento –como apuntaba el politólogo Jordi Muñoz–, o del gobierno de la Generalitat, puede tener una implicación clara: la deslegitimación del independentismo. Si se asume ese relato, se anula la capacidad de negociación de un bando, ya que con la violencia nunca se puede pactar. Y en el contexto actual, con la sentencia del Tribunal Supremo a las puertas y el consiguiente tensionamiento del ambiente, el diálogo va a ser más necesario que nunca.