Hace algo menos de dos años, se firmó en la cumbre de biodiversidad de Kunming-Montreal un acuerdo histórico para frenar la destrucción de la vida en la Tierra provocada por la actividad humana. El Marco Global de Biodiversidad acordado en 2022 establece metas para proteger el 30% del planeta antes de 2030, para reformar subvenciones perjudiciales para el medioambiente por un valor de 500.000 millones de dólares y para restaurar el 30% de los ecosistemas degradados.

La Conferencia de las Partes (COP16) sobre Biodiversidad, celebrada en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre, es la primera COP desde Montreal destinada a implementar el acuerdo alcanzado en esa cumbre. Esta reunión ha servido para evaluar el compromiso global de los países con la conservación de nuestros ecosistemas, como se acordó entre 192 países en la COP15, así como para reflexionar sobre la implementación del Marco Global de Biodiversidad, los compromisos establecidos y los desafíos que aún persisten.

Como presidente de la delegación del Parlamento Europeo en Cali, he tenido la oportunidad de discutir los temas más críticos de estas dos semanas de negociaciones, de reflexionar sobre los instrumentos necesarios para llevar a cabo el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, y de analizar cómo cada país está traduciendo los compromisos internacionales acordados en Montreal en sus planes nacionales para detener la pérdida de biodiversidad.

Precisamente, uno de los temas que más preocupación ha suscitado en la COP16 ha sido la falta de presentación por muchos países de sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad revisados (NBSAP, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, menos de un cuarto de los países ha cumplido con este compromiso, lo que puede plantear dudas sobre nuestra voluntad para detener la pérdida de biodiversidad en 2030. El marco global de biodiversidad que se acordó en Montreal en 2022 establece 23 objetivos ambiciosos a 2030. Sin embargo, a seis años de esa fecha, el camino para alcanzarlos no está del todo claro. Hasta ahora, nunca se han logrado los objetivos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica destinados a frenar la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, en gran parte porque éstos han sido planteados siempre de manera voluntaria. Por ello, es un momento clave para mostrar compromiso y reforzar la confianza entre las partes. Es imperativo que todas las partes presenten sus NBSAP cuanto antes, no solo para cumplir con lo acordado, sino para garantizar un futuro sostenible y para dar la señal adecuada que el mundo necesita. 

Otro de los desafíos de la COP16 ha girado en torno a la financiación. Las discusiones se han centrado en la creación de un nuevo fondo independiente que facilitaría el acceso a recursos financieros por parte de los países en desarrollo o en la reestructuración del actual Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La propuesta de un nuevo fondo se ha enfrentado a la resistencia de muchos países desarrollados, que temen que la creación de un nuevo fondo no movilice más recursos que los ya disponibles. No obstante, lo fundamental es alcanzar la meta de movilizar 200.000 millones de dólares anuales, tal como establece la meta 19 del marco de Kunming-Montreal, y de reasignar 500.000 millones de dólares anuales en subsidios perjudiciales para la biodiversidad, como indica la meta 18. Aunque algunos países desarrollados han anunciado compromisos monetarios, estos son aún insuficientes, y los avances en la identificación de las subvenciones perjudiciales para el medioambiente son aún limitados. Una financiación adecuada y canalizada hacia quienes más la necesitan es clave si queremos implementar de manera efectiva el Marco Global, pero desafortunadamente, las negociaciones han terminado sin acuerdo a este respecto.

 Por otro lado, el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos ha sido otra cuestión de atención urgente. La meta 13 del marco de Kunming-Montreal busca garantizar que las comunidades y los países que conservan estos recursos reciban compensaciones justas por su uso. Esto no solo es un acto de justicia, sino también una forma de generar recursos para financiar el marco global. La propuesta del Grupo Africano de que se aporte un 1% de las ventas minoristas de las empresas y la propuesta de la presidencia, Colombia, de que las empresas de cierto tamaño que utilicen estos recursos contribuyan con el 0,1% de sus ingresos o el 1% de sus beneficios, han sido puntos de partida interesantes, habiéndose finalmente llegado a un acuerdo para que las compañías farmacéuticas y de cosméticos que se beneficien de estos recursos contribuyan de forma voluntaria a un fondo llamado Fondo Cali, destinado a los países de origen de esos recursos.

 Otro punto relevante ha sido la implementación del artículo 8j del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. El fortalecimiento de los derechos de las comunidades indígenas no solo es esencial desde una perspectiva de justicia social, sino que también es crucial para la conservación efectiva de la biodiversidad. Por ello, es de celebrar el acuerdo sobre la creación de un órgano permanente que represente a los pueblos indígenas y que les permita consultar sobre las decisiones de la ONU relacionadas con la conservación de la naturaleza. Es fundamental que estas comunidades tengan un papel protagonista y un acceso real a recursos internacionales.

 El monitoreo y la evaluación de los avances también se han discutido en esta COP, aunque no se ha podido alcanzar un acuerdo sobre el marco de monitoreo. Sin un marco claro que permita verificar el cumplimiento de los compromisos, la efectividad de las acciones sería cuestionable. La discusión sobre indicadores y mecanismos de verificación se ha centrado en asegurar que los países no solo firmen acuerdos, sino que también actúen en consecuencia, esto es, en garantizar que las acciones realmente se traduzcan en resultados. 

A su vez, tras más de ocho años de negociaciones, se ha llegado a un acuerdo para identificar y conservar áreas marinas ecológicamente significativas en aguas internacionales, para lo que se establecerá un grupo compuesto por expertos de diversas regiones del mundo para identificar y describir Áreas Marinas Ecológicamente o Biológicamente Significativas (EBSAs) basándose exclusivamente en criterios científicos y técnicos.

Por último, se ha debatido la innegable conexión entre biodiversidad y cambio climático, así como la necesidad de asimilar el enfoque “Una sola salud”. La restauración de ecosistemas es clave para hacer frente a la crisis climática y para implementar un enfoque que integra la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Por ello, no sólo basta el reconocimiento de esta conexión en la COP16, sino que será fundamental que las decisiones adoptadas en la COP29 del clima en Bakú reconozcan el papel esencial de nuestros ecosistemas en la mitigación y adaptación al cambio climático. Ignorar esta conexión sería un grave error que podría comprometer tanto nuestros esfuerzos de conservación como nuestra capacidad para enfrentar el cambio climático.

El fin de la COP16 ha puesto en evidencia un progreso lento y varios obstáculos que aún persisten. No obstante, aunque el camino que tenemos por delante es desafiante, también ha quedado claro que el compromiso colectivo y la colaboración entre todos los países son la única vía para implementar de manera exitosa el Marco Global de Biodiversidad. Si queremos un futuro sostenible y justo, todos los países deben comprometerse a hacer de la conservación de la biodiversidad una prioridad ineludible. Todos tenemos que demostrar seriedad y construir confianza. La salud de nuestro planeta no es negociable y hay que actuar ahora.

Según la Comisión Europea, nuestra naturaleza se encuentra en un estado de deterioro alarmante. El 80% de los hábitats europeos están en mal estado. El 71% de las poblaciones de peces han disminuido en la última década. Los insectos polinizadores (de los que dependen casi cuatro quintas partes de los cultivos) registran en los últimos años un 40% de especies en peligro de extinción a nivel mundial y una tendencia negativa incontestable en el número de insectos en todo el mundo, incluida Europa. La muerte anual del 1% de nuestra superficie forestal, entre otros criterios técnicos, sugiere que el estado de nuestros bosques no es mucho mejor. Las zonas urbanas, que acogen a casi tres cuartas partes de la población de la UE, no están preparadas, en general, para afrontar los retos del cambio climático (dicho de otra manera, faltan árboles y sobra asfalto).

Podría continuar enumerando ejemplos, pero creo que la importancia de restaurar la naturaleza se entiende incluso mejor con dos datos. Primero, más de la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que nos presta, como la producción alimentaria, la resistencia y mitigación del clima o las innumerables contribuciones a la salud humana. De hecho, según una evaluación preliminar del Banco Central Europeo, el 75% de los préstamos bancarios en la zona del euro son para empresas que dependen en gran medida de, al menos, un servicio ecosistémico. Segundo, solo en la UE y solo entre 1997 y 2011, la pérdida de biodiversidad representó una pérdida anual estimada de entre 3,5 y 18,5 billones de euros.

Por eso, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15) aprobó el año pasado un objetivo de restauración para esta década del 30% de los ecosistemas terrestres, costeros, marinos y de aguas continentales en el mundo. Por eso también, la Comisión Europea presentó -incluso antes del acuerdo de la COP- una propuesta legislativa que se adelantaba a estas obligaciones y fijaba un objetivo de restauración del 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE de aquí a 2030. Como responsable de la Ley de Restauración de la Naturaleza en la UE en el Parlamento Europeo, he negociado durante meses con los demás grupos políticos con el objetivo primordial de sacar adelante esta nueva norma, pionera en el mundo y en nuestra legislación. Es la primera vez en toda la historia comunitaria que nos ocupamos de la naturaleza a través de un reglamento.

Con esta información objetiva, contrastable y fidedigna, y con los datos científicos en la mano, he trabajado durante meses para alcanzar un acuerdo amplio que contara con el apoyo mayoritario de los miembros de la Comisión de Medioambiente en la Eurocámara, a la que pertenezco y en donde se ha completado la primera parte de la tramitación de este dosier. Desafortunadamente, también he pasado este tiempo enfrentando la frustrante tarea de refutar bulos y burdas mentiras que se repiten en un bucle sin fin que no atiende a razones. “La propuesta está, en muchas partes, en contra de nuestros objetivos climáticos y en contra de depender menos de Rusia y Qatar”. “[Esta ley] socava la seguridad alimentaria en la UE”. “Es un ataque a la agricultura, la silvicultura y la pesca de la UE”. “Hay un artículo completo para restaurar los ríos, lo que significa eliminar la energía hidroeléctrica”.

Esta ola de negacionismo y delirios ha ido a peor desde que el Partido Popular Europeo (PPE) decidió levantarse de la mesa de negociación a falta de una sola reunión para cerrar el acuerdo político. A sus diputados y diputadas pertenecen las afirmaciones anteriores, aunque cueste creerlo. Y es que, lamentablemente, esta propuesta legislativa se ha convertido en un arma arrojadiza para las derechas europeas con la complicidad de los conservadores en la Eurocámara. Su líder, el alemán Manfred Weber, fue candidato a presidente de la Comisión Europea en 2019, cargo que acabó ocupando su compatriota, compañera de filas y responsable última de la Ley de Restauración de la Naturaleza, Ursula von der Leyen. Este giro de guion, que tiene atragantado Weber desde entonces, explica, en buena medida, el origen de la oposición irracional que mantiene el PPE en la actualidad. El resto es pura estrategia política: asociarse a la extrema derecha para perpetuarse en el poder. Lo hemos visto en Finlandia, en Italia, en Suecia... y en España con los últimos pactos regionales y municipales. El PP ha pasado del cordón sanitario al abrazo reaccionario.

A menos de un año de las elecciones europeas, la Ley de Restauración de la Naturaleza, un texto esencial para completar el Pacto Verde Europeo y garantizar un futuro sostenible para todos y todas, es víctima de una táctica electoralista y personalista. La buena noticia es que, a pesar de la intensa campaña, abiertamente hostil, capitaneada por el Partido Popular Europeo, las derechas no han podido evitar que la propuesta llegue al pleno, donde se debatirá y someterá a votación de todos los miembros del Parlamento Europeo. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurrió en la votación en comisión, Weber no podrá sustituir a sus compañeros de filas discordantes con su línea política. Nada menos que un tercio de los populares de la comisión de medioambiente fueron sustituidos por miembros de otras comisiones.

A ellos apelo de cara a la votación final esta semana en Estrasburgo. Olviden los cuentos que les repiten machaconamente. Léanse la ley. Sigan el ejemplo del Consejo de la UE, donde los Estados miembros ya han aprobado una posición común sobre la norma y están listos, esperándonos, para poder comenzar las negociaciones interinstitucionales que alumbrarán el texto definitivo. Escuchen a los científicos, a los jóvenes, a las organizaciones de la sociedad civil. Atiendan al Banco Central Europeo que declaró, hace unos días, de manera contundente que “esto no va de abrazar árboles. Estamos hablando de riesgos financieros materiales derivados de la pérdida de biodiversidad (...): si destruimos la naturaleza, destruimos la actividad económica”. Lo dije hace unos días y lo repito: la primera ley de naturaleza y biodiversidad de la historia de Europa no puede depender de una trifulca política interna de los conservadores europeos. Es demasiado grande, demasiado importante. El futuro nos observa.

¿Sabía que los bosques moderan la temperatura, protegen nuestro suelo de sequías e inundaciones y contribuyen a su fertilidad, purifican el agua y son el hogar seguro de millones de especies animales y vegetales? Sin olvidar que producen la materia prima de una buena parte de nuestros muebles, ropa y medicinas. En resumen, son fundamentales para nuestra vida y desarrollo. Y, aun así, seguimos obstinados en perderlos. Sobre todo, los más importantes: los tropicales (con la Amazonía a la cabeza) y los primarios (las escasas áreas boscosas vírgenes que todavía quedan en el mundo, también en Europa). Para que se haga una idea, entre 1990 y 2020 perdimos una cobertura arbórea más grande que la UE.  

¿Y? ¿Qué tiene esto que ver con usted? Si se hace esas preguntas es porque desconoce la relación directa que existe entre lo que come cada día y la deforestación. Es normal. Ningún paquete de galletas, tableta de chocolate o bandeja de carne picada lleva en su etiqueta el logo de un árbol gigante cortado por la mitad o quemado. Lo mismo ocurre con el escritorio de madera en el que trabaja o los neumáticos que sostienen su coche. Sin embargo, la relación existe y es completamente causal. Según la propia FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la agricultura y la ganadería son el principal motor de la pérdida de bosques. Es más, al menos el 50% de la deforestación mundial se produce por el cultivo de palma aceitera (con múltiples usos en la industria alimentaria actual) y de soja (que se vende para alimentar el ganado, principalmente). Sume a estos el cacao, el café, la madera, el caucho y sus derivados y podrá hacerse una idea de la importancia que tienen nuestros patrones de consumo. 

La UE es muy consciente del papel que desempeñamos en este asunto. Después de China (24%), nuestras importaciones de productos agrícolas y ganaderos son las principales responsables de la deforestación tropical (representan el 16% del total). Por eso, la Unión se hace responsable del problema en lo que le corresponde y lidera el proceso para resolverlo. Y lo hace sabiendo que nuestro principal valor es abrir camino, ser ejemplo. Como en el caso de la lucha contra el cambio climático, nuestro impacto sobre el total global es limitado (en torno a un 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales), pero nuestro alcance puede ser planetario (el objetivo comunitario de neutralidad climática para mediados de siglo ya ha sido replicado en otros países como China o Estados Unidos).  

Con el nuevo Reglamento aprobado en Bruselas, la UE es pionera en la lucha contra la deforestación. Además, el acuerdo interinstitucional alcanzado esta semana da impulso a la recién iniciada cumbre mundial por la biodiversidad (COP15). La Comisión Europea acudirá a esta cita con un mandato claro: conseguir un acuerdo ambicioso de protección de la naturaleza con objetivos concretos y vinculantes. En paralelo, deberá seguir trabajando para tejer alianzas con otros grandes países y arrancarles un compromiso firme similar al nuestro. Por eso, el Reglamento es un punto de inflexión en la lucha contra la deforestación.

Hasta ahora, la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas ilegalmente no tenía ninguna consecuencia. La impunidad con que se han talado y quemado miles de hectáreas de bosque tropical en los últimos años puede, por fin, acabar. A partir del momento en que la ley entre en vigor el año que viene, las empresas que venden o comercializan en el mercado interior los productos clave ya comentados (aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como derivados como la carne de res o el chocolate) estarán obligadas a hacerlo con una etiqueta que verifique su origen —la denominada “diligencia debida”—. Es decir, deberán demostrar que han sido producidos en tierras que no han sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020 y que también cumplen con todas las leyes relevantes al respecto en el país de producción. 

En caso de no cumplir con las normas establecidas, habrá fuertes multas que podrían ir hasta el 4% de la facturación de la empresa. Además, la proporción de controles aplicados a los operadores se establecerá de acuerdo con el nivel de riesgo del país, fijado por la Comisión Europea. El Ejecutivo también evaluará la necesidad de obligar a las instituciones financieras comunitarias a que solo presten servicios financieros a sus clientes si consideran que existe un riesgo insignificante de que estos servicios no conduzcan a la deforestación o degradación forestal (un término que, en sí mismo, amplía la capacidad de acción y ambición de la ley). 

En definitiva, esta ley representa un salto cualitativo muy relevante, único en el mundo. Gracias a él, dentro de muy poco tiempo usted podrá seguir comiendo galletas con la tranquilidad de saber que ello no le está costando al planeta parte de su pulmón verde. No crea que es un asunto menor. La capacidad de influencia de la UE es enorme. Al igual que ha sucedido con la ley del clima o la protección de datos, se espera que el impacto normativo comunitario acabe modelando cambios a nivel global. En este sentido, la aprobación del Reglamento es solo el siguiente paso. Combatir la deforestación es una tarea urgente para esta generación. Y un gran legado para la siguiente. Es el principio del fin de la impunidad.

Hace casi tres años, el Parlamento Europeo declaraba -en una resolución política- la emergencia climática, y la Comisión Europea publicaba el Pacto Verde Europeo, su hoja de ruta para conseguir una Europa climáticamente neutra de aquí a 2050, que tuvo su primera traslación legal en la aprobación de la Ley Europea del Clima el año pasado.

Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática a largo plazo, la Ley del Clima recoge la obligación de que la UE reduzca sus emisiones en un 55% para 2030 en comparación con 1990. El “Paquete Objetivo 55” o “Fit for 55”, que es como comúnmente se le conoce y que fue presentado en julio de 2021, es el conjunto de propuestas legislativas y reformas necesarias para alcanzar ese objetivo a 2030 y tiene como misión principal convertir la década de 2020 en una década de trasformación para la acción climática. Sin este nuevo paquete, con la actual legislación climática de la UE, Europa solo lograría una reducción de emisiones del 60% para 2050.

En los plenos de junio, el Parlamento Europeo, tras casi un año de largas y arduas negociaciones, ha dado luz verde a la mayor parte de dosieres que componen este paquete legislativo, que marcan la entrada de la política climática en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y empresas. Entre los múltiples dosieres destaca la reforma del sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) que engloba a sectores industriales altamente contaminantes y cuyas normas se ven reforzadas para conseguir una reducción del 63,2% de sus emisiones en 2030 en comparación con los niveles de 2005. Esta cifra es superior al 61% de la propuesta original de la Comisión.

La creación de un mecanismo de ajuste en frontera del carbono o CBAM, que gravará el contenido de carbono de las importaciones de varios sectores en riesgo de fuga de carbono, es otro de los dosieres clave. Este nuevo mecanismo garantizará la igualdad de condiciones para las empresas de la UE que podrían verse en desventaja competitiva a medida que Europa profundiza en su descarbonización, y se aplicará progresivamente desde 2027 a 2032, año en el que sustituirá completamente a los derechos de emisión gratuitos que disfrutan estos sectores.

El trasporte también ocupa un lugar destacado en las reformas. Además de aprobar los ambiciosos objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y vehículos ligeros nuevos para 2030, el Parlamento ha respaldado el objetivo de la propuesta de la Comisión para que todos los coches y furgonetas nuevos sean de cero emisiones en 2035, lo que de facto supone el fin del motor de combustión interna para este tipo de vehículos, y que los grupos conservadores intentaron diluir. A su vez, el transporte marítimo se ha incorporado al ETS, y desaparecerán las asignaciones gratuitas para el sector de la aviación en 2025, frente a la fecha de 2027 de la propuesta de la Comisión, aunque se mantiene una cantidad de derechos de emisión para los operadores que usen combustibles de aviación sostenibles o SAF por sus siglas en inglés.

Un caballo de batalla ha sido la propuesta de la Comisión de extensión del ETS al transporte por carretera y a la edificación en una suerte de ETS2, que tras el voto en el Parlamento se aplicará a partir de 2025 a los operadores comerciales y, solo en 2029, a operadores no comerciales, previa evaluación y nueva propuesta legislativa de la Comisión en la que se deberá tener en cuenta la mejora o no de la situación de movilidad y pobreza energética en la UE. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo hemos sido determinantes para evitar que el ETS2 entre en vigor en la actual crisis de precios de la energía, a través de esta pausa de emergencia que pospondrá el ETS2 para los hogares hasta que los precios sean más bajos.

La Comisión Europea, conocedora de las inevitables repercusiones sociales de esta extensión, propuso crear un Fondo Social para el Clima ligado a la existencia del ETS2, en un intento de amortiguar el impacto del sistema en los ciudadanos por el aumento de los precios del combustible en transporte y de las facturas de calefacción. Dado que a medida que la descarbonización se extienda a toda la economía, la equidad social será crucial, los socialdemócratas hemos conseguido garantizar un Fondo Social del Clima fuerte a pesar del retraso en la introducción del sistema en los hogares, que apoyará sustancialmente a los hogares más vulnerables mucho antes de que tengan que pagar más por CO2.

Por otro lado, más allá de las emisiones, las absorciones también son reguladas en este paquete normativo a través de la revisión del reglamento que regula el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, que fija un objetivo de absorciones vinculante de la UE de 310 millones de toneladas de CO2 con los correspondientes objetivos nacionales que han sido respaldados por el Parlamento.

Aunque aún están en discusión otras medidas, como el aumento de los objetivos de energía renovable y eficiencia energética, la reforma de la fiscalidad energética, o los dosieres que regulan las infraestructuras de combustibles alternativos y el uso de combustibles renovables por los sectores marítimo y aéreo, las medidas recién aprobadas en junio constituyen el grueso de las emisiones y convierten a la UE en la primera gran economía global que empieza a traducir el objetivo de neutralidad climática en políticas reales.

Tras la aprobación en Pleno de estos dosieres comienzan las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo, donde esperamos que los dos pilares de guía sean la ambición climática y la transición justa, que son además los elementos más importantes para que las medidas tengan el éxito medioambiental y social esperado a largo plazo.

El planeta se está calentando. El calentamiento y la alteración del sistema climático está provocado por la acción de la humanidad. El cambio climático, de hecho, ya ha alterado los sistemas naturales y humanos. Todas estas afirmaciones son hechos demostrados por la ciencia, donde destaca el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), también conocido por sus siglas en inglés, IPCC. Creado en 1988 en el seno de las Naciones Unidas, el GIEC evalúa los efectos e impactos del cambio climático basándose en los datos científicos disponibles. 

A finales de febrero, el Grupo de Trabajo II - dedicado a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación, publicó su contribución al informe del IPCC, cuya versión final se hará pública a finales de 2022. Su conclusión es que la evidencia científica es inequívoca: el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y para la salud del planeta. Un hecho que se suma a los mencionados anteriormente y que ratifica, a su vez, otros como que los cambios del clima han causado “impactos en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y en los océanos”. 

El aluvión de conclusiones científicas devastadoras no para de crecer. Los expertos han analizado si los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos son atribuibles al cambio climático. Y la respuesta a esta cuestión ha hecho subir el nivel de alarma en este informe: los incendios forestales que arrasaron más de 24 millones de hectáreas en Australia hace un par de años; la gran sequía de Somalia en 2017, la peor de los últimos 60 años; o la ola de calor en el oeste de América del Norte en 2021, que dejó temperaturas en Canadá de hasta 49,6ºC; son fenómenos que han ocurrido debido al nuevo clima. Es más, los expertos indican que la probabilidad de que hubiesen ocurrido habría sido menor de no ser por el cambio climático, o incluso no habrían tenido lugar en absoluto. 

El informe apunta también a que el cambio climático ha causado daños sustanciales y pérdidas irreversibles en los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y de alta mar. Además, más de 3 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático, que se ve exacerbado por las desigualdades entre y dentro de las distintas regiones. Los expertos avisan que, a medio y largo plazo, el cambio climático provocará numerosos riesgos para los sistemas naturales y humanos. No obstante, su magnitud y ritmo dependerán de las acciones de mitigación y adaptación que se implementen en el corto plazo. Aun así, alertan de que los impactos son cada vez más complejos y difíciles de gestionar, debido a que estos fenómenos extremos interactúan entre si y se extienden en cascada por distintos sectores y regiones.

La buena noticia es que no todo está perdido todavía. La mala es que nos estamos quedando sin tiempo. El informe no deja lugar a dudas: tenemos que superar las limitaciones financieras y de gobernanza y atajar el problema que supone el cambio climático para nuestros sistemas naturales y humanos. Las acciones que pongamos en marcha ahora serán clave para evitar una mayor pérdida de biodiversidad, un empeoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional y un aumento de los riesgos para infraestructuras claves. Además, evitarán muertes prematuras causadas por el cambio climático, que según la ONU es ya responsable de una de cada cuatro.

La Unión Europea, teniendo como estandarte el Pacto Verde Europeo, lidera el trabajo a nivel global para evitar que la situación climática de nuestro planeta empeore todavía más. Por eso, el año pasado el Parlamento Europeo respaldó mi propuesta dentro de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030 para exigir que la UE cuente con una Ley Europea de Biodiversidad. El objetivo, naturalmente, es garantizar que antes de 2050 los ecosistemas se hayan recuperado, sean resilientes y estén adecuadamente protegidos. Este punto cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que el informe del IPCC señala que menos del 15% de la tierra, 21% del agua dulce, y el 8% de los océanos son áreas protegidas. 

Por otra parte, con la Ley Europea del Clima, la UE se ha comprometido a reducir al menos un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Este será el primer hito en la meta fijada para 2050 que pasa por convertirnos en el primer continente climáticamente neutro. Además de estas medidas, la UE también se ha preocupado de aprobar en 2021 su Estrategia sobre adaptación al cambio climático ya que resulta imperativo prepararse para los efectos inevitables a los que Europa se está enfrentando y se va a enfrentar en los próximos años. Por último, me gustaría recordar la acción exterior de la UE. Europa lidera también el apoyo a terceros países a través de distintos programas y acciones, entre las que destaca su compromiso de aportar 100 millones de euros - la mayor aportación, al Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas para países en vías de desarrollo vulnerables al impacto del cambio climático. 

El tiempo apremia y el coste de no tomar medidas lo pagaremos todos. Necesitamos más ambición en nuestras políticas, incluyendo de forma transversal la lucha contra el cambio climático en todos los sectores. Es necesaria la colaboración y acción conjunta de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, y abogar por la cooperación internacional para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos. 

La transición ecológica no puede esperar más. Y el informe del IPCC es una muestra más de que, si no actuamos ahora, pronto será muy tarde. 

Desde la construcción en 1951 de la primera planta de energía nuclear experimental en Estados Unidos y de la primera central nuclear de uso comercial en Obninsk, en la antigua URSS, en 1954, la controversia sobre la necesidad de usar la energía nuclear para la alimentación eléctrica se ha mantenido en el tiempo. Leyendo un artículo que se publicó veinte años después de la puesta en funcionamiento de la central del Obninsk, me llama la atención cómo los autores escribían en respuesta a los escépticos que desde los años 50 venían expresando sus dudas, que “la energía nucleoeléctrica ha demostrado ser fiable, sin riesgos y económica”.

Sin embargo, setenta años después de las primeras centrales nucleares, esa aseveración de las bondades de la energía nuclear queda en entredicho. Desde entonces, tres accidentes nucleares de consecuencias devastadoras (Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima) han puesto en evidencia los riesgos de un desastre nuclear, el armamento nuclear ha proliferado de manera alarmante y el coste de construcción de las centrales nucleares ha resultado ser bastante elevado. 

El gran reto al que hacemos frente en las próximas décadas, más allá del aumento de los precios del carbono y del gas y la consecuente subida de los precios de la energía, es sustituir los combustibles fósiles e ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que las temperaturas aumenten más de 1.5ºC con respecto a los niveles de 1990, hasta alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este reto no es sólo un reto de Europa. Nuestro sistema climático global no entiende de fronteras y si la neutralidad climática no se alcanza a nivel planetario, el clima quedará gravemente desestabilizado y las consecuencias devastadoras de ello ya han sido ampliamente explicadas por el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 

¿Podría ser la energía nuclear la solución a este reto? La respuesta es no, y por muchos motivos 

En primer lugar, el alcance. Para que la opción nuclear tenga un impacto global en el cambio climático tendrían que construirse centrales nucleares por todo el planeta de manera que se pudiera cubrir la demanda eléctrica mundial, lo que es no sólo inviable sino también no deseable. Por ejemplo, la reactivación por parte de Francia de su programa nuclear tendrá un impacto mínimo en la reducción de las emisiones globales y en el aumento de los precios del gas o el carbono. 

En segundo lugar, los costes. A nivel global, producir energía nuclear fue en 2020 un 33% más caro que en 2009, mientras que, en el mismo periodo, el coste de producción de la solar disminuyó un 90% y el de la eólica un 70%. La construcción de las centrales nucleares es lenta y tiene unos costes altísimos. 

En tercer lugar, la complejidad tecnológica y la escasez de recursos. Producir energía nuclear es un proceso complejo desde el punto de vista tecnológico. El principal combustible nuclear de los reactores nucleares es el uranio. Los reactores nucleares comerciales que utilizamos actualmente recurren a la fisión, basada en uranio, y no a la fusión nuclear, y aunque la inversión y experimentación sobre esta última no cesa, la realidad es que no contaremos con centrales nucleares de uso comercial basadas en la fusión nuclear en las próximas tres décadas, que es el periodo clave para la descarbonización de la economía. Con esto en mente, y teniendo en cuenta que ya hay dudas sobre la disponibilidad de uranio para alimentar un parque nuclear ligeramente superior al actual, se puede afirmar con rotundidad que es totalmente inviable un modelo energético mundial basado en la fisión nuclear.  

Por lo tanto, la energía nuclear es un tipo de energía que no está ni puede estar al alcance de todos los países, de modo que no puede ser una energía de transición hacia la descarbonización y mucho menos la solución para alcanzar la neutralidad climática. 

En cuarto lugar, la seguridad. Una energía que plantea dudas sobre la seguridad de las centrales nucleares, que genera residuos que siguen siendo radiactivos durante varios miles de años y que aumenta el riesgo de proliferación de armamento nuclear no puede ser ni una energía verde ni de futuro. La energía nuclear es una tecnología de alto riesgo. Al determinar su riesgo, debemos evaluar tanto el funcionamiento normal de las centrales nucleares como su riesgo nuclear residual, esto es, los potenciales accidentes graves de los reactores nucleares y su coste en vidas, salud y territorio inhabitable. De la misma forma, no podemos ignorar las grandes cantidades de residuos peligrosos que generan las centrales nucleares. De hacerlo, estaríamos comprometiendo a nuestras generaciones futuras con cargas indebidas y estaríamos ignorando el principio de no causar daños significativos.

La descarbonización de la economía necesita de soluciones globales y limpias y la solución se llama “energías renovables”. En el mix energético español la energía eólica ha superado ya a la energía nuclear y las renovables suponen en la actualidad casi la mitad del total energético. Tanto a nivel global como a nivel europeo con el Reglamento de Taxonomía, los esfuerzos, las políticas y las inversiones tienen que centrarse en el desarrollo de energías renovables, porque son las más limpias, porque son las más verdes, porque no se agotan, porque pueden desplegarse a nivel planetario y porque son las únicas que pueden garantizarnos nuestra transición sostenible a la neutralidad climática. 

La energía nuclear es una energía del pasado, no del futuro.

Existen muchos problemas en el mundo, pero cuando uno dirige su atención hacia Palestina, esa zona del mundo tan compleja como apasionante, siente la más absoluta desolación.

Recientemente, Israel ha rechazado cooperar en la investigación requerida por el Tribunal Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra en Palestina por ataques desproporcionados contra civiles y también a las milicias palestinas Hamás y otras por el lanzamiento masivo de cohetes de forma indiscriminada contra población civil israelí. Pero el Gobierno en funciones de Netanyahu (investigado por corrupción múltiple) niega la jurisdicción del TPI sobre el Estado de Israel. 

Mientras tanto, Israel es el país del mundo que más está vacunando a su población, pero se la niega a la mayoría de la población palestina, que está a expensas de la solidaridad internacional, entre la que se encuentra la europea. 

La realidad en Palestina es compleja y resulta del cruce de tres factores principales: el territorio (la franja de Gaza controlada por el ultraconservador movimiento islamista Hamás versus la Cisjordania moderada de Al Fatah), el grupo socioeconómico y, por supuesto, la Zona (A, B o C) en la que uno viva y que determina quién tiene el control civil, el militar o el total. Porque, aunque la teoría diga que la Zona A está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (menos del 18% del territorio), lo cierto es que su autonomía se ve extremadamente limitada, entre otras cosas, por la necesaria coordinación con la potencia ocupante (Israel). 

Calculen lo que debe ser entrar y salir, recibir y enviar mercancías, todos los días, para cualquier trámite, a través de los checkpoints. Añádanle a eso episodios de violencia, abusos, intimidaciones, etc. No por nada organizaciones internacionales y ONGs israelíes como Paz Ahora, B’Tselem o Breaking the silence han denunciado los puestos de control y lo que sucede en ellos en repetidas ocasiones. La vida diaria, la cotidianeidad, fluye en los territorios ocupados con dificultades constantes que hacen imposible el desarrollo personal de sus ciudadanos, no digamos ya el político. Y eso sin hablar del bloqueo marítimo, aéreo y terrestre que Israel ejerce sobre Gaza desde 2007.

Por si fuera poco, a la intersección de factores ya mencionada, hay que sumar también un elemento clave común a todo el Medio Oriente: la religión. Palestina no es inmune a la radicalización del islam y también sufre internamente la división de su sociedad. Ejemplo de modernidad: Sama Abdulhadi es una DJ palestina oriunda de Ramala que ha llenado salas en ciudades tan cosmopolitas como Beirut, Berlín, Dubái o Barcelona. Hasta que se cruzó con los ultras en su camino y acabó detenida durante ocho días en prisión, de la que salió bajo fianza, acusada de profanar un lugar de culto. Que todo haya podido ser un “malentendido”, como ella afirma, no le resta un ápice de importancia al hecho en sí mismo.

Si bien con Trump en la Casa Blanca era evidente que no cabía esperar nada (bueno), con Biden al frente del ejecutivo americano hay espacio para algo más. La decisión anunciada esta semana de colaborar de nuevo con la UNRWA (Agencia de la ONU para refugiados palestinos) viene a revertir la decisión de su predecesor que a punto estuvo de costarle la existencia a la agencia. Aunque no hay que hacerse muchas ilusiones. Los 150 millones de dólares anunciados (126,2 millones de euros) están muy lejos de los 360 previstos en 2018 (antes de la reducción de Trump a 65 millones). No obstante, las necesidades son tan grandes (piensen que la tasa de desempleo en la franja gazatí supera el 70% entre los jóvenes) que, por supuesto, cualquier ayuda recibida es crucial.

Pero no podemos conformarnos con eso. La situación israelo-palestina es una anomalía de la historia moderna que debemos solucionar. Debemos seguir defendiendo una solución pacífica, estable y permanente en el tiempo que permita la coexistencia de dos estados autónomos e independientes. 

La presencia de intelectuales en el poder o su cercanía o influencia en el mismo constituye un objeto de estudio siempre de enorme interés para los historiadores, máxime cuando se dispone, para su investigación, estudio y análisis, de documentos históricos de primera mano a partir de los cuales podemos elaborar una reflexión histórica, serena y con la suficiente y necesaria perspectiva. 

La puesta a disposición del archivo creado por la Fundación Felipe González de las cartas que José María Maravall Herrero escribió y envió a Felipe González durante la década de los 80 del siglo pasado nos ha permitido investigar los entresijos de una época ya con una historiografía muy considerable y aportar al conocimiento histórico una panorámica distinta y complementaria de aquella época. Trabajo que tendrá su continuación con la publicación, a lo largo del año próximo, de la primera biografía histórica de José María Maravall. 

El sociólogo y político, militante ugetista y socialista, opositor al franquismo, académico de Oxford y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ministro y amigo del presidente, puso en marcha en esas cartas, verdaderos escritos políticos, una manera de mostrar su personal visión del cambio. De manera que su epistolario permite iniciar una suerte de diálogo histórico, establecido entre su personal prospectiva y el pasado más reciente.

En este caso, al valor añadido del análisis de la correspondencia entre políticos, un clásico ineludible de la historiografía por la riqueza de datos de primera mano e intrahistóricos que aporta, hay que sumar —como fuentes primarias cuya interpretación se aporta en este ensayo— el propio testimonio consciente, lúcido y con un fuerte sentido moral que proporciona la potente mirada subjetiva de un destacado y comprometido intelectual, en sentido estricto, un reputado sociólogo que comprendía muy bien la dinámica y la conciencia históricas. En el análisis contextual de sus cartas, por añadidura, hay que tener en cuenta que, “cuanto más recientes son, más aumentan los problemas y contenidos discursivos de las mismas”. 

Por ello, se ha elaborado una panorámica caleidoscópica que ha sido posible enriquecer, en buena medida, gracias al testimonio y las reflexiones del propio protagonista, efectuadas en una muy extensa entrevista, concedida ex profeso para la elaboración de este trabajo de investigación, el 17 de enero de 2020. 

En suma, a través de las misivas de José María Maravall a Felipe González —quien, como jefe del gobierno y secretario general del PSOE, tras obtener su tercera mayoría electoral consecutiva, ya había dejado dicho que “hay que renovar el PSOE para no morir de éxito”, se ha podido determinar la visión interior que, sobre los principales problemas del cambio tenía uno de los colaboradores más cercanos —y de mayor confianza personal— con el entonces presidente del gobierno. 

Alguien que se veía a sí mismo, por otro lado, más como un científico social que como político al uso, quien reflexionó ampliamente, durante siete largas cartas, escritas entre marzo de 1984 y septiembre de 1990, sobre asuntos políticos de gran calado, tales como la estrategia, la política de comunicación, los problemas en torno a la unidad del partido, las fallas en la coordinación interna con el PSOE, entre ministerios o con las Comunidades Autónomas, las políticas a priorizar y uno de los asuntos más controvertidos del primer mandato del PSOE: la permanencia en la OTAN. 

No en vano, la denominada década del cambio (1982—1992) estuvo sometida, desde su mismo desarrollo histórico, a un juicio político, mediático y social muy vehemente, propio de la trascendencia y expectativas generadas por el primer triunfo que un partido socialista había obtenido en España, al menos desde las elecciones constituyentes de 28 de junio de 1931. En palabras de Álvaro Soto y Abdón Mateos, “el cambio implicó una esperanza y una ilusión no sólo para los votantes socialistas, sino para una gran mayoría de españoles”, formando parte ya de la historia, pues, en su conjunto, “la etapa socialista entre 1982 y 1996 es un proceso acabado, aunque sigue influyendo en el presente” .

La presente investigación nos ha permitido identificar tres grandes grupos de problemas: la gestión de la economía y de las cuestiones sociales por parte de los poderes públicos, la comunicación institucional y las luchas de poder. 

El problema de la economía y cómo afrontar la adecuada planificación de su redistribución social ocupaba, sin duda, el primer plano. Y es que, más allá de la resolución puntual de los hechos sobrevenidos, día a día, además de la propia rutina de la administración y de la gestión ordinaria —que con frecuencia arrastraba y paralizaba la iniciativa política, adormeciendo los proyectos ideológicos y programáticos—, constituyó uno de los asuntos que más preocupó a Maravall, quien alertaría reiteradamente de esta problemática a Felipe González, ante el temor a defraudar las expectativas generadas, sobre todo en materia de política social, a un sector muy amplio de la ciudadanía. 

En cuanto a la comunicación política y su gestión, con elementos tan fundamentales como la coordinación, el discurso, la estrategia y el control de la narrativa, ocuparon también de forma considerable sus reflexiones. El sometimiento de la iniciativa política a la burocracia administrativa y la consiguiente incapacidad para marcar la agenda de comunicación fue para Maravall uno de los principales problemas del gobierno durante su larga singladura. 

Por último, las luchas de poder en un partido con una vida interna muy intensa y convulsa, a lo largo de toda su historia, desde que se fundara en 1879, se constituyó como el problema, quizá, más acuciante y doloroso para los protagonistas, por cuanto que se prolongó en el tiempo y produjo, como corolario, la división irreconciliable entre varios dirigentes y facciones del partido, comenzando por sus números uno y dos, Felipe González y Alfonso Guerra, división que no se zanjaría hasta la renovación generacional y política que trajo el XXXV Congreso del PSOE, celebrado en el año 2000.

Las cartas, cuyo contenido recoge un pensamiento estratégico y analítico —ligado a un profundo sentimiento de pragmatismo, en clara consonancia con el socialismo reformista que preconizaba el propio Felipe González—, demuestran, sobre todo, cómo se impusieron unos problemas comunes, constantes en los gobiernos democráticos occidentales que dominaron los sistemas políticos de partidos desde la postguerra mundial y ante los que la reacción de los liderazgos contó con el soporte de los análisis y reflexiones de una suerte de consejeros políticos, ajenos al organigrama oficial e institucional de los mismos (de la Presidencia del Gobierno en este caso), pero que sin embargo formaron parte del gobierno y fueron influyentes y decisivos en numerosas ocasiones y en varios ámbitos políticos y organizativos, como queda demostrado con esta visión interior de la década del cambio de José María Maravall. 

* El presente texto es una referencia anticipada del trabajo “Un intelectual en la Moncloa. Cartas y consejos de José María Maravall a Felipe González en la década del cambio”, de los mismos autores y aceptado para su publicación en el número 70 de la revista Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Forma parte de los resultados del Proyecto de Investigación (2019—2021) “Historia, Memoria y Sociedad Digital. Nuevas formas de transmisión del pasado. La transición política a la democracia”, orientado al análisis de la representación del periodo 1975—1986 (programa Retos del Conocimiento, financiado por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con referencia RTI2018—093599—B—I00 MCIU/AE/FEDER, UE).

Es de sobra conocido el artículo que da título a este texto. Y también su autor, Alfonso Guerra, quien lo publicó en 1972 en El Socialista. Recomiendo su lectura combinando, para su correcta interpretación y mejor análisis, una mirada actual y la necesaria perspectiva histórica.

En síntesis, el autor defendía en ese momento lo que ya se estaba imponiendo en las filas del PSOE: una profunda, incluso radical, renovación en el proyecto político y estratégico del partido, un cambio en las formas de funcionar y un nuevo liderazgo, el de Felipe González, que ya entonces comenzaba a ser indiscutible.

A propósito del acceso de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en el año 2018 y del impulso refundador que ha introducido en el PSOE desde el periodo 2014-2017, se reproducen reacciones en forma de crítica (legítima, por supuesto, como también discutible) y de resistencia al cambio radical que en proyecto, estrategia y liderazgo se han impuesto en el PSOE, con evidente apoyo mayoritario en el seno de la militancia y de los votantes, desde el año 2014.

Era complejo y difícil hacer ver en 1972 a Rodolfo Llopis que el partido debía adaptarse a la nueva realidad si quería convertirse en un actor transformador de la misma, y adoptar unos nuevos enfoques de la praxis. Puede que la percepción ciertamente desfasada de Llopis con respecto a la España real de aquel entonces (no en vano vivía en el exilio desde hacía décadas) le impidiera modificar su visión, aunque también, como puede verse en su cartas con Andrés Saborit, había en él una dosis de obstinación y de deseo de permanencia en el poder orgánico.

En mi opinión, ni esa percepción desfasada (a no ser que pensáramos en una suerte de exilio interior), ni esa obstinación o deseo (después de dos Congresos con voto directo de la militancia mediante sería extraño) se dan en la actualidad en ninguna de las compañeras y compañeros que discrepan de la actual línea política del partido y del Gobierno.

Sin embargo, creo oportuno recordar algunos nuevos enfoques de la praxis que son condiciones de necesidad para que el PSOE siga siendo un partido mayoritario y hegemónico en la izquierda. Son también condiciones de adaptabilidad en función de la transformación social y generacional de España y de los cambios que ha conocido nuestro sistema político desde el año 2011, principalmente. Sin comprender bien esas nuevas realidades, puede correrse el riesgo de que las visiones distintas sean en realidad percepciones desfasas y de que opciones sinceramente moderadas, se conviertan en involuntariamente conservadoras.

Esas condiciones de las que hablo son bien conocidas. Veamos.

El partido ha cambiado y ha recuperado prácticas de sus momentos fundacionales, como son la elección directa de sus cargos internos o candidaturas, la apertura y la transparencia. Es indiscutible que la profundización democrática del PSOE beneficia no solo al PSOE, sino a la sociedad española.

La fragmentación electoral ha liquidado, al menos desde 2014 y hasta la actualidad, el bipartidismo y la nueva política parlamentaria y partidista se sustenta en un juego multipartidista y bibloquista que obliga a establecer coaliciones en todos los niveles y a establecer pactos cooperativos con actores que a la vez son directamente competidores. En este sentido y en el actual contexto, es también evidente que la experiencia de gobierno en coalición está siendo un éxito.

En relación con esto, las opciones que tiene el PSOE de establecer pactos en todos los ámbitos territoriales se redujeron bastante en el momento en el que la anterior dirección del partido Ciudadanos vetó cualquier forma de entendimiento con el PSOE. Por otro lado, y contrariamente a lo ocurrido en el periodo 1993-1996, el mayor posicionamiento a la izquierda de la actual dirección del PSOE está conllevando una coherencia con los nuevos marcos programáticos que el PSOE ha adoptado en sus últimos Congresos y Conferencias.

La España federal que, por precauciones excesivamente celosas con el pasado, llamamos autonómica, también forma parte de este nuevo condicionante y enfoque. El PSOE, que sufre en ocasiones los embates de derivas confederales en su seno interno, es, en cambio, el partido que mejor comprende los beneficios de la descentralización política y administrativa. Y también el juego político que el sistema federal introduce en el conjunto del sistema político. Por contra, y a pesar de haber sido los impulsores decisivos del sistema, anteriores generaciones dirigentes perciben, en mi opinión, el mayor desarrollo del estado federal más como un riesgo que como una oportunidad.

Por último, la polémica sobre el trato y nivel de relación que ha de recibir una organización como Bildu (lo que ha dejado a ERC en una fuerza casi del “sistema”…) ha sembrado la polémica en los últimos días, como ya lo hizo durante un debate sobre el estado de alarma en la primera ola de la pandemia, y representa también un ejemplo sobre la necesaria actualización hacia nuevos enfoques. Tan evidente es lo que esa organización tiene en el debe para con nuestra democracia, como que el camino que está recorriendo es el que se le venía exigiendo de manera insistente (“o votos o bombas” resumió Rubalcaba).

La normalización de Bildu por parte del sistema será una constante en adelante, lo que no deja de ser un éxito del propio sistema. Que el PSOE tenga que ver con esa normalización no es sino una constante en nuestra historia, en la que los deseos y las fuerzas de impulsos renovadores siempre han sido mayores que los instintos y reacciones de resistencia o inadaptación. Así fue en los 70 y 80, así fue en los 2000 y así está siendo ahora. Esta tendencia permanente en nuestra historia constituye el mejor servicio posible a la sociedad española. Quizá dentro de 20 o 30 años una nueva generación de dirigente recuerde a las actuales generaciones en el poder que de nuevo han cambiado los enfoques de la praxis. Será la señal de que el partido sigue vivo y cumpliendo con su labor de transformación social e igualitaria.

El Parlamento Europeo ha votado esta semana su postura sobre la Ley del Clima previa a las negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea en los diálogos tripartitos, de donde saldrá el texto definitivo de la futura ley. 

La Ley del Clima aprobada por la Eurocámara es un instrumento legal decisivo e histórico en la lucha contra el cambio climático, que representa uno de los mayores retos de nuestra historia. Es además un texto ambicioso a la altura de la transición ecológica, energética y justa que necesitamos. 

Esta ley, que fue una iniciativa impulsada por los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, establece el marco jurídico y la trayectoria que la Unión Europea ha de seguir para alcanzar la neutralidad climática en 2050, a la que se ha comprometido.

Con la fijación de un objetivo de reducción de emisiones de un 60% a 2030, que va más allá de la propuesta de la Comisión Europea de un 55% y que aumenta considerablemente el actual objetivo del 40%, el texto aprobado da la respuesta que la sociedad, los científicos y los activistas medioambientales estaban esperando: los compromisos políticos de actuar de manera urgente, coherente, ambiciosa y sin dejar a nadie atrás, han de ser obligaciones jurídicamente vinculantes.

Con el texto aprobado, el Parlamento Europeo envía un claro mensaje a la Comisión Europea y al Consejo de la UE ante las próximas negociaciones: queremos que la futura Ley del Clima obligue a todos los Estados miembros a ser climáticamente neutros de aquí a 2050, queremos objetivos intermedios ambiciosos en respuesta a la emergencia climática y medioambiental que declaramos en noviembre de 2019 y a las demandas científicas y ciudadanas, y queremos un control efectivo y robusto de la evolución de las trayectorias y de las medidas políticas adoptadas al efecto.

Son muchos los logros socialistas de este informe. Además de objetivos intermedios ambiciosos, los socialistas hemos conseguido introducir la creación de un presupuesto de carbono y hemos logrado adoptar las bases para la creación del Consejo Europeo del Cambio Climático (ECCC) que irá evaluando el progreso de la UE en el camino a la neutralidad climática teniendo en cuenta en cada momento los conocimientos científicos más actualizados al establecer las medidas para alcanzarla.

Asimismo, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles a más tardar en 2025, sin repercutir en los esfuerzos por combatir la pobreza energética, y la interconexión entre las crisis climática y medioambiental con el fortalecimiento de las disposiciones para la adaptación al clima y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, son principios recogidos en el texto aprobado.

La aprobación del informe del Parlamento supone un paso firme en la fijación de los contenidos y objetivos de esta futura ley. No obstante, tras su aprobación por el Parlamento comienza la etapa más determinante para el futuro climático de Europa y del planeta: las negociaciones con el Consejo y la Comisión. El texto final que se apruebe ha de marcar las pautas para alcanzar una economía europea sostenible, un continente climáticamente neutro y verde y una sociedad consciente y concienciada con los límites de nuestro planeta. Esperemos que las otras dos instituciones comunitarias estén a la altura de la ambición necesaria para revertir el peligroso aumento de temperaturas y sus devastadores impactos. 

Si nada o nadie lo impide, el próximo 1 de julio el nuevo Gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu ocupará unilateral e ilegalmente Cisjordania. Numerosos países y organismos internacionales han levantado la voz para advertir de las dramáticas consecuencias que este hecho tendría, así como para insistir en que sería totalmente contrario al derecho internacional (al igual que los más de 500 asentamientos de 850.000 colonos en territorio palestino, cabe recordar). La ONU, la Unión Europea, la Autoridad Palestina, los Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Tierra Santa, el Vaticano, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica, Alemania, Francia, España, Suecia, Irlanda, Bélgica y otros muchos se suman a los miles de ciudadanos anónimos que se manifestaron la semana pasada en Tel Aviv “contra la ocupación, contra la anexión y en favor de la paz y la democracia”.

En plena escalada de las protestas sociales con motivo del asesinato de un joven negro a manos de la policía en Minneapolis, no debemos ignorar que estos hechos deleznables se producen más allá de las fronteras americanas. El racismo institucional y los abusos policiales también parecen estar detrás de la muerte de Iyad Halak, un joven palestino autista al que la policía de frontera disparó y mató la semana pasada en la ciudad vieja de Jerusalén estando él desarmado. Ni su muerte ni la de George Floyd fueron justas ni mucho menos democráticas.

Al presidente Trump le parece que con la fuerza bruta todo se puede ganar (y lo que no, ya lo comprará con dinero). Debería escuchar a sus asesores (el tiempo que le duran antes de dimitir o de que los eche) cuando recomiendan prudencia y rebajar la tensión. ¿Será que esta vez sí lo ha hecho? Hace unos días supimos que incluso la Administración estadounidense había sugerido al gobierno hebreo “aplazar la anexión más allá del 1 de julio”. Parece que hasta en Washington tienen dudas acerca de la visión para la paz del presidente, ese calamitoso plan rechazado por los palestinos en bloque y por los principales actores internacionales (incluida la UE) que proporciona, sin embargo, carta blanca a Netanyahu para proceder ahora. ¿Escuchará el Primer Ministro israelí?

Ojalá me equivoque, pero parece que las llamadas a la ley y a la prudencia no resuenan en el Ejecutivo israelí. En estas condiciones, cabe preguntarse “¿y entonces qué?”. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar como Unión Europea que somos? Israel es un socio clave para la UE y al contrario (somos su primer socio comercial): cualquier medida punitiva o sancionadora debe ser justa y proporcionada, como con cualquier otro socio, qué duda cabe. Pero debe haberlas. Dejar pasar esta nueva ilegalidad internacional sin consecuencias sería un error estratégico que minaría, además, la credibilidad de la UE pues, ¿qué diferencia la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol en marzo de 2014 de una posible anexión del 30% de Cisjordania en 2020? ¿Por qué la UE sí impone contra Rusia medidas y sanciones de carácter diplomático, individual, comercial y económico, pero no habría de hacerlo contra Israel?

Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante ya reconfirmó que la UE es una firme defensora de la solución de dos Estados y que la Unión y sus Estados miembros “no reconocerán ningún cambio en las fronteras de 1967 a menos que lo acuerden israelíes y palestinos”. Al mismo tiempo ha subrayado que la seguridad de Israel “no es negociable”. Porque no lo es, recordémoslo. La UE está comprometida con “una paz justa, duradera y global para el Oriente Próximo”. Para lograrlo las dos partes tienen que estar de acuerdo. Es en este marco en el que debemos oponernos con fuerza a esta anexión sin menoscabo de nuestra relación con el Gobierno de Israel. Somos socios y queremos seguir siéndolo, pero somos la Unión Europea. Somos un referente mundial en diplomacia y por eso mismo debemos actuar.

Dice un famoso ecólogo norteamericano y profesor de la Universidad de Arizona, Donald Falk, que “las especies son como ladrillos en la construcción de un edificio. Podemos perder una o dos docenas de ladrillos sin que la casa se tambalee, pero si desaparece el 20% de las especies, la estructura entera se desestabiliza y se derrumba”. Es de esta manera como se explica el funcionamiento de la biodiversidad, de las especies y de los ecosistemas.

La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto relativamente reciente que se respaldó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la llamada “Cumbre de la Tierra”, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, en la que se impulsó el llamado Convenio de Diversidad Biológica.

En síntesis, podría decirse que la biodiversidad no es otra cosa que la variedad de la vida, comprendiendo especies, su variedad genética, los ecosistemas y sus procesos.

En la actualidad muy pocos ponen en duda los efectos devastadores del cambio climático sobre nuestro planeta y la concienciación política, institucional y ciudadana es generalizada hacia el problema, habiéndose plasmado la necesidad de acción en un acuerdo mundial vinculante para frenar el calentamiento del planeta, el Acuerdo de París.

Pero ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Acaso su pérdida no pone en peligro la vida de y en nuestro planeta? Bastan solo algunos datos para darnos cuenta de la magnitud del problema que supone la actual y acelerada pérdida de biodiversidad sin precedentes que estamos viviendo y provocando.

Según el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, organismo independiente auspiciado por la ONU, un millón de especies, de los 8 millones que habitan actualmente el planeta, están en peligro de extinción. Asimismo, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de 2019, considerada el barómetro de la vida en la Tierra, de las 105.732 especies que han evaluado este año, 28.338 están amenazadas de extinción, lo que supone casi el 27% de las especies analizadas.

Nuestra “casa” se tambalea. Muchos “ladrillos” se están perdiendo y nuestro planeta, pues, se derrumba. Se necesita una acción internacional urgente equivalente al Acuerdo de París para revertir la pérdida de biodiversidad, esto es, la pérdida de vida en nuestro planeta.

El próximo año se reunirán en China, en su decimoquinta edición - COP 15- las 193 partes o países que en la actualidad forman parte del Convenio de Diversidad Biológica, con la finalidad de adoptar un marco internacional sólido que proteja la biodiversidad mundial, detenga su actual declive y la recupere en la medida de lo posible. Los compromisos que se adopten en la COP15 de Pekín serán determinantes para salvar la vida en nuestro planeta.

En este marco asumo el reto, como responsable socialdemócrata de la resolución del Parlamento Europeo, de ayudar a conformar la posición que Europa defenderá en la COP 25 y así lograr que la Unión Europea lidere las negociaciones de la COP 15 para lograr que se alcance un Acuerdo Mundial por la Naturaleza, que establezca los límites más allá de los cuales la pérdida de diversidad biológica será un proceso irreversible.

Los compromisos que se adquieran el próximo año en la COP15 son determinantes y una de las últimas oportunidades que nos quedan para salvar nuestra naturaleza.

En los últimos 20 años se han hecho esfuerzos para parar la destrucción de los hábitats naturales, pero no han sido suficientes. Necesitamos adoptar contribuciones determinadas en los niveles nacional, regional y local, compromisos financieros, garantías de creación de capacidades, una gobernanza mejorada de las áreas protegidas y medidas de conservación más efectivas.

Los socialistas españoles y europeos somos conscientes del enorme reto. No hay otra opción que actuar urgentemente para preservar lo que aún no hemos destruido.

La contaminación en Europa provoca 400.000 muertes prematuras al año, multiplica la posibilidad de desarrollar enfermedades y afecta al crecimiento de los más pequeños. Un fenómeno que impacta especialmente en los grandes núcleos urbanos.

En consecuencia, la Unión Europa lleva más de una década desarrollando una normativa que exija mínimos estándares de calidad del aire y promueva estrategias que permitan una drástica reducción de la contaminación atmosférica. Un esfuerzo que debe implicar al conjunto de las administraciones y que requiere de acciones en la gestión de nuestra energía, infraestructuras o transporte.

En este sentido, las grandes ciudades europeas están promoviendo zonas de bajas emisiones en sus centros y núcleos históricos con el objetivo de reducir las congestiones y acompañar una estrategia de reducción de la contaminación, que es hoy un imperativo europeo y forma parte del propio sentido de la Historia.

Es dentro de este marco que hay que entender y analizar la puesta en marcha de Madrid Central en 2019. Una reciente medida que perseguía reducir la contaminación y la emisión de dióxido de nitrógeno a la atmósfera para proteger la salud pública. Una medida que estaba consiguiendo con las primeras mediciones el objetivo que perseguía en una comunidad en la que se producen 15 muertes prematuras al día por la contaminación.

Sin embargo, mientras podemos exhibir en el ámbito comunitario exigentes medidas en favor de la sostenibilidad y de lucha contra la emergencia climática, el nuevo gobierno municipal de Madrid, conformado por Populares y Ciudadanos con el necesario apoyo de la extrema derecha, ha decidido revertir Madrid Central como medida estrella en su aterrizaje en la cabina de mando de la ciudad. En términos comparados, también cabe recordar que la inexistencia en España de cordones sanitarios hace posible que hoy gobiernen la derecha y la ultraderecha en la capital.

En el último pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la delegación de los socialistas españoles hemos defendido ante la Comisión Europea la necesidad de imponer una cláusula de no reversión posible ante las medidas de carácter medioambiental en la necesaria revisión de la Directiva de calidad del aire. Es decir, que decisiones y prácticas como Madrid Central, una vez han demostrado su rendimiento y efectividad en favor de la salud pública, ya no puedan ser revertidas por ninguna administración.

Lo que está ocurriendo en Madrid está felizmente siendo paralizado por organismos jurisdiccionales nacionales y contestado por la Comisión Europea, al haberse convertido en el desencadenante de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva de la calidad del aire. De hecho, la UE está hoy exigiendo mayores y más drásticas medidas a España para mejorar la calidad del aire en Madrid y Barcelona.

En ese sentido, conviene tener presente uno de los autos emitidos por la justicia española estos días pasados. Dice: “Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente, como es Madrid Central, el acuerdo municipal [que la suspendía] no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”. Y sigue el juez: “La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos”.

Defendemos que esta situación a la que nos ha llevado un Gobierno municipal reaccionario y negacionista no pueda volver a repetirse. No puede volver a repetirse ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad de la Unión. Porque medidas como las de Madrid Central son un buen ejemplo para Europa y para el mundo: hay que protegerlas y defenderlas.

Desde los años 2000, y especialmente a partir del 2011, el PSOE ha sido muy consciente de que debía profundizar en medidas democráticas de calado, tanto en su estructura orgánica como en su funcionamiento interno. Buena parte de nuestra credibilidad como proyecto político dependía de esas reformas. Así lo hicieron distintos responsables de la dirección del Partido, y así lo entendimos también en la etapa 2014-2016, donde el PSOE adoptó varias decisiones pioneras en este sentido, tales como el primer reglamento interno que desarrollaba los procesos de primarias del PSOE a todos los niveles, el primer proceso de primarias abiertas para elegir a nuestros candidatos a la Presidencias Autonómicas y a la Presidencia del Gobierno, el primer proceso de primarias internas del PSOE para elegir a nuestros candidatos municipales en las ciudades de más de 20.000 habitantes, la realización de la primera consulta a la militancia para decidir algo tan importante como un pacto de gobierno y, por último, hicimos realidad el voto telemático con plenas garantías, con una primera experiencia en la consulta a la militancia para decidir sobre nuestros acuerdos de gobierno.

En el último Congreso Federal del Partido del pasado verano se impulsó un nuevo proceso de modernización y profundización democrática. Un paso necesario, porque procesos vanguardistas llevados a cabo como la consulta a la militancia debían ser reglamentados para convertirlos en normalidad, y porque procesos normalizados como las primarias para elegir nuestros candidatos debían avanzar para consolidarse dentro de la vida del partido más abierto y democrático de España, pasos que el PSOE viene dando desde su fundación. Los procesos participativos y su compatibilidad con la democracia representativa y con las estructuras de dirección del partido han sido siempre una constante, lo que ha permitido consolidar la participación de la militancia y de los simpatizantes del PSOE.

Algunas medidas se han comentado estos días, pero me gustaría respaldarlas públicamente a través de estas líneas. Me refiero a reglamentar el poder de la militancia, al igual que siempre hemos reglamentado el poder de los distintos órganos de dirección del Partido entre sus congresos. Porque si aprobamos un derecho directo a los militantes para elegir a sus órganos de dirección, los mismos tienen que tener un papel para retirar la confianza a los representantes de dichos órganos. En definitiva, era necesario compatibilizar el poder de la militancia con los órganos de control del partido, y en ese sentido es un gran avance que el nuevo reglamento recoja a la militancia como el máximo órgano entre congresos a estos efectos, otorgándole el poder con su voto para constituirse en la última estancia para censurar a un secretario general.

Que el reglamento que se aprueba recoja con detalle el método de las consultas vinculantes a la militancia es un gran avance, porque la que fue una práctica pionera en el anterior mandato necesitaba ser reglamentada para que no haya dudas de su utilización. Las reglas del juego quedan escritas y no hay lugar para utilizarlas a conveniencia. Tanto los órganos de dirección como la militancia ya saben qué se somete a consulta de los militantes y qué queda exento de consulta. Un gran avance que consolida esta práctica y da plenas garantías en la profundización democrática del PSOE.

Sobre el voto telemático, creo que el PSOE debe hacerlo realidad. Porque tiene las herramientas para hacerlo con plenas garantías, y porque es una necesidad en los tiempos en los que vivimos. El 39 Congreso no lo tuvo en cuenta, pero estoy seguro de que pronto será una realidad su puesta en marcha.

El PSOE puede presumir de una trayectoria histórica coherente. También en lo que a su adaptación a la realidad cambiante de cada momento histórico se refiere, combinando siempre la democracia representativa con la democracia directa. El Comité Federal que va a ratificar la propuesta de la dirección va a acertar a mi juicio, porque la profundización democrática en el funcionamiento de nuestro partido, reforzando el papel de los militantes y de nuestro sentido y esencia federal, solo puede traer ventajas, no solo para los socialistas, sino para toda la sociedad española, que es de lo que se trata.

Dicho y hecho. Expresión usada “para explicar la prontitud con que se hace o se hizo algo”, define el diccionario de la Real Academia Española. El pasado 13 de julio, los socialistas unieron ilusión y ganas para protagonizar un cambio lleno de esperanza en el PSOE. Legitimado por la fuerza del voto directo de los militantes, Pedro Sánchez fue elegido dos semanas después secretario general del Partido Socialista. Comenzaba así un proceso histórico de apertura que se acabará extendiendo, como proponemos, al resto de formaciones políticas.

Desde entonces ha transcurrido un mes. En este tiempo, sin perder un solo día, la nueva dirección del PSOE se ha esforzado para traducir en acciones concretas las propuestas lideradas por Pedro Sánchez antes incluso de ser elegido secretario general. “Me han criticado que pidiera votar en contra de Jean-Claude Juncker a los eurodiputados socialistas. No ha sido un error. Fue coherencia”, reivindicó el líder del PSOE un día después de ganar las primarias y en vísperas de la votación en la Eurocámara. Dicho y hecho. La coherencia se materializó horas después en el rechazo de los socialistas españoles del Parlamento Europeo al nombramiento del luxemburgués como presidente de la Comisión Europea. “Quizá alguien crea que las campañas electorales y lo que decimos en los mítines se lo lleva el viento, que una cosa son las promesas y luego viene la política real. Pues bien, para mí está claro: si prometemos votar 'no' a Juncker, votamos 'no' a Juncker”, explicó Pedro Sánchez en su intervención de clausura del Congreso Extraordinario. Sí, se llama coherencia.

Ese mismo día, en ese mismo discurso, el líder socialista levantó una bandera de identidad que pretendemos mantener izada en este tiempo nuevo en el PSOE: un compromiso inequívoco con la ejemplaridad. “El único patrimonio que exigiré a los responsables políticos será el patrimonio de la honradez y la transparencia”, advirtió Pedro Sánchez. Y lo que eran palabras, se convirtieron en hechos un día después, al publicar en la web del PSOE las cuentas del Partido de 2012 y 2013. Prologamos así un ejercicio de transparencia que se ampliará en breve con la publicación de una completa declaración de bienes, rentas e intereses de los miembros de la comisión ejecutiva federal del PSOE, la dirección de los grupos parlamentarios en Europa, Congreso y Senado y del director gerente del Partido.

Son algunas muestras de una forma de hacer que queremos que nos diferencie. Los socialistas estamos “en marcha”, como nos reclama Pedro Sánchez y pide la ciudadanía. Tenemos ilusión, capacidad y fuerza para devolver la mirada y ofrecer esperanza a los que están a punto de perderla, a los que no pueden más con la crisis y a las clases medias y trabajadoras ahogadas por las políticas de la derecha que encabeza Mariano Rajoy.

Por eso, sólo 48 horas después de ser elegido secretario general, Pedro Sánchez llevó a La Moncloa su primera propuesta formal al Gobierno: crear un subsidio de 426 euros para desempleados sin prestaciones y con cargas familiares. Dicho y hecho. Esta necesidad apremiante está ya registrada en el Congreso para su próximo debate.

Acabo de repasar sólo algunos ejemplos que me gustaría que se entendieran como el prólogo de un proyecto lleno de ganas. Hemos hecho más. En este tiempo hemos combatido también la reforma fiscal de Rajoy y demostrado que hay una alternativa justa, hemos plantado cara al cambio unilateral en la ley electoral que pretende el PP para beneficiar sus expectativas menguantes en víspera de las elecciones municipales y hemos arrancado una intensa agenda social al lado de los colectivos desahuciados por los recortes de la derecha. Sólo hemos comenzado.

He aludido ya al discurso de clausura de Pedro Sánchez en el pasado Congreso Extraordinario socialista. Una buena forma de cerrar este repaso apresurado es la cita con la que el líder del PSOE concluyó su intervención. Ahí acabaron las palabras y comenzaron los hechos: “Aquí estamos, en pie, en marcha para cambiar España una vez más. Lo hemos hecho dos veces. Vamos a hacerlo una tercera. A vuestro servicio”. Lo estamos. Dicho queda. Vamos a hacerlo.