Ahora que mandatarios y delegados de toda la sociedad internacional se reúnen en Nueva York para intentar dar un nuevo impulso a las políticas destinadas a mitigar el cambio climático, es razonable preguntarse por la postura que adoptan los ciudadanos españoles frente al medio ambiente. Aunque pudiera parecer lo contrario, se trata de datos de difícil sistematización, debido a la ausencia de trabajos de campo específicos y a la discontinuidad en las series temporales correspondientes. No obstante, mediante la combinación de datos de distinta procedencia es posible hacerse una idea cabal de cuál sea la conciencia medioambiental de los españoles.

Eso fue precisamente lo que hicimos mis colegas Ángel Valencia Sáiz, Rafael Vázquez y yo, en una investigación que publicó el CIS en el año 2010. Mucho más concisamente, me propongo ahora presentar un rápido retrato-robot del ciudadano ecológico español -o constatar su inexistencia- a través de cuatro tablas, tres de las cuales han podido ser actualizadas gracias al barómetro del CIS de septiembre de 2012, que incluye una batería de preguntas sobre el particular.

Sirva de prólogo a esta representación gráfica una observación general sobre la relación del ciudadano con los problemas medioambientales. Es característica de la misma la existencia de una amplia brecha entre los valores y preferencias declarados, por una parte, y los comportamientos y prácticas sociales. No es lo mismo decir que hacer, tampoco hacer uno mismo que hagan otros. De ahí que las preferencias medioambientales de los ciudadanos hayan de ser tomadas cum grano salis mientras no se vean refrendadas por sus hábitos de vida. Por cierto que el votar es también un hacer, siendo reveladora en este sentido el escaso peso de los problemas medioambientales en la agenda política española y la ausencia de partidos ecologistas con representación parlamentaria.

A este respecto, pues, es conveniente distinguir entre tres distintos tipos de disposición ciudadana hacia el medio ambiente: (a) adhesión moral, o expresión de un grado variable de conciencia medioambiental, sin que esta encuentre expresión directa en su estilo de vida o sus preferencias políticas; (b) cooperación voluntaria, consistente en la adopción de conductas sostenibles y medioambientalmente responsables en la vida doméstica y el ámbito privado, con un grado variable de intensidad. No se trata del cumplimiento de las leyes que obligan a todos, sino de acciones voluntarias que implican un cuidado del medio ambiente; y (c) participación activa, el desarrollo de un compromiso activo con la causa medioambiental, mediante distintas formas de participación política y cívica (ya sea formal o informal). Naturalmente, se trata de disposiciones compatibles entre sí, que admiten distintos grados de implicación.

Sea de ello como fuere, ¿cuál es el grado de interés de los ciudadanos españoles hacia el medio ambiente? La Tabla 1 nos señala la medida en que los ciudadanos españoles dicen seguir las noticias relacionadas con el medio ambiente.

Tabla 1: Grado de interés con el que sigue noticias relacionadas con el medio ambiente

Las variaciones desde 1996, como puede verse, son muy escasas; algo que, empero, puede tener una lectura positiva si tenemos en cuenta el impacto de la crisis, que, en buena lógica, habría debido desplazar el medio ambiente todavía más en la lista de las prioridades informativas de los ciudadanos. En este mismo barómetro, el aumento de la temperatura de la tierra (algo anticuada forma de referirse al cambio climático) es el tema medioambiental que más preocupa a los ciudadanos (un 58%). Sin embargo, conviene añadir que el mismo ciudadano que se declara bastante informado (40.1%) obtiene esa información masivamente a través de los medios de comunicación (84.9%), lo que, a la altura de 2007, significaba sobre todo la televisión (un 68.7%). En cualquier caso, si hablamos de una jerarquía de problemas sociales, el más reciente barómetro del CIS de noviembre de 2013 indicaba que los problemas medioambientales constituyen el primer problema del país solamente para el 0.1% de los ciudadanos, y el segundo para el 0.2%. Aquí sí se nota, mucho, el impacto de la crisis.

Por su parte, la Tabla 2 explora las percepciones ciudadanas de la relación entre crecimiento económico y protección medioambiental, evidenciando algo acaso imprevisible, a saber, que una mayoría de ciudadanos descarta la existencia de un vínculo necesariamente negativo entre crecimiento y sostenibilidad. Entre corchetes aparece la actualización, a fecha de 2012, de la única pregunta de las tres que el CIS ha incluido en su barómetro de 2012.

Tabla 2. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades)

Si pasamos al más espinoso terreno de los sacrificios que el ciudadano está dispuesto a hacer en favor de la sostenibilidad medioambiental, presentados en una Tabla 3 que incluye separadamente las respuestas en 2004 y 2012 (repitiéndose literalmente sólo una de ellas en los barómetros correspondientes), resulta sobre todo significativo que el sacrificio más aceptado sea el más vago (“dedicar más recursos al medio ambiente”), reduciéndose el apoyo cuando aquél se concreta (por ejemplo, pagando precios mucho más elevados o muchos más impuestos). Cabe añadir aquí que los ciudadanos han venido apoyando con claridad (en torno al 74% en 1996 y 2005) la noción de que ni los gobiernos ni los ciudadanos son responsables en exclusiva de la protección medioambiental, sino que es una responsabilidad compartida entre ambos y el resto de los agentes sociales.

Tabla 3: Sacrificios concretos 2004-2012

Finalmente, la Tabla 4 trata de ofrecer un dibujo de los esfuerzos concretos que hacen los ciudadanos en perspectiva comparada europea. Previsiblemente, España se sitúa ligeramente por debajo de la media y muy lejos de los países medioambientalmente más virtuosos, algunos de los cuales, como Eslovenia o Malta, resultan acaso inesperados. Si completamos estos datos con los que ofrece el referido barómetro del CIS de 2012, comprobamos que las prácticas concretas de los ciudadanos españoles en favor de la sostenibilidad medioambiental son bien escasas: mientras el 96% nunca ha pertenecido a una asociación ecologista y sólo el 2.5%% ha trabajado como voluntario medioambiental, a cambio el 21.8% de los ciudadanos ha comprado bienes -o dice haberlo hecho- pensando en el medio ambiente y el 18.2% los ha dejado de comprar por la misma razón.

Tabla 4. Conductas individuales pro-ambientales en Europa

En este contexto, no es de extrañar que un grupo de notables, entre los que se cuentan ex-primeros ministros y académicos tan relevantes como Nicholas Stern o Daniel Kahneman hayan impulsado una suerte de manifiesto titulado “Better Growth, Better Climate” que, abandonando el catastrofismo climático, apuestan por impulsar el crecimiento a través de políticas orientadas a mitigar el cambio climático o facilitar la adaptación al mismo, y viceversa. A la vista de las preferencias ciudadanas y de su verdadera disposición hacia la sostenibilidad medioambiental, quizá sea la única forma de lograr el suficiente apoyo global a la lucha contra el cambio climático cuando se trata de pasar de las grandes declaraciones a la letra pequeña de las medidas necesarias para preservarlo.

En cualquier caso, tal como concluíamos en aquel trabajo tras examinar los datos disponibles, parece claro que la conciencia medioambiental de los españoles se caracteriza por su debilidad. Y de hecho, si consideramos como tal aquél en quien concurren no sólo el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales, sino también un cierto número de virtudes morales y disposiciones prácticas hacia el entorno, puede afirmarse que el ciudadano ecológico español –todavía– no existe. Ausencia que constituye un evidente obstáculo para la transición de la sociedad española hacia la sostenibilidad.

La promulgación del decreto que convoca la llamada consulta sobre la independencia catalana, que el gobierno español se apresurará a recurrir ante el Tribunal Constitucional por razón de su falta de encaje en nuestro sistema constitucional, resume a las claras el conflicto que plantea la vocación separatista de una parte de la sociedad catalana: una recusación de la legalidad (española) en nombre de una presunta legitimidad diferenciada (catalana), que es también, simultáneamente, una denegación de legitimidad (la del Estado español) que aspira a constituir una legalidad propia (la de un hipotético Estado catalán). Este conflicto había quedado asimismo explicitado en el llamamiento de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, a la desobediencia civil, así como en la afirmación de que el Tribunal Constitucional carecía de legitimidad para decidir sobre el Estatuto de Autonomía una vez que el 'pueblo' catalán lo había sancionado en referéndum.

Lo mismo sucede con los dirigentes de Podemos y una buena parte de sus bases cuando descalifican el régimen político salido de la Transición a la democracia en virtud de su falta de legitimidad -de origen y de ejercicio- y la consiguiente necesidad de fundar una nueva legitimidad.

De modo que, acaso inadvertidamente, la sociedad española se encuentra últimamente embebida en un debate permanente sobre asuntos fundamentales de la filosofía y la teoría políticas. Sólo así cabe calificar el problema de la legitimidad del poder, la relación entre legitimidad y legalidad, la definición de qué sea justo o la licitud de la desobediencia civil en un contexto democrático. Eso no quiere decir que el secesionismo catalán plantee solamente esos problemas, ni que sea éste el único ángulo desde el que deba contemplárselo. Pero sí parece útil detenerse un momento a pensar en esos términos, pertrechados con algunas de las herramientas conceptuales que proporciona la teoría política.

Individuo y autoridad

Individuo y autoridad¿Cuándo es legítimo un régimen político, cuándo lo son sus mandatos? ¿Cuándo está obligado el ciudadano a obedecerlos y cuándo es permisible la desobediencia? ¿Basta la legalidad como criterio para la legitimidad? ¿Y cuál es el contenido de la legitimidad, de qué depende ésta?

En última instancia, subyace aquí un problema sencillamente insoluble, que es la conciliación de los órdenes individual y colectivo. La legitimidad se convierte en un tema sustantivo en la filosofía política a partir del siglo XVII, una vez afirmados los derechos naturales de los súbditos, que, andando el tiempo, se convertirían en los modernos derechos civiles y políticos de los ciudadanos de los regímenes democráticos. Richard Flathman ha escrito que, en este nuevo contexto, “la única autoridad no problemática es la que ejerce cada persona sobre sí misma. Los gobiernos de cualquier clase, y desde luego los gobiernos con una autoridad que no depende del contenido [particular de sus leyes], demandan justificación”.

Nada sorprendente si pensamos en la dificultad de conciliar el principio de autonomía individual con el sometimiento de ese mismo individuo auto-normado a un orden colectivo. Y así, basta con que un individuo recuse su organización política, no importa cuán democrática sea, para que el consentimiento del que depende la legitimidad plena del Estado -y con ello la obligación política de obedecer sus mandatos- se vea resquebrajado. Se objetará a esto que los Estados democráticos sobreviven a las disidencias individuales. Y así es. De hecho, la obligación política funciona en la práctica mejor que en la teoría. Pero eso no empece el hecho de que ninguna teoría del consentimiento sea, en sentido estricto, impecable.

Legitimidad, legalidad, consenso

Legitimidad, legalidad, consensoHay varias formas de abordar el problema de la legitimidad. Max Weber, clásico del pensamiento político, lo redujo a su esencia cuando constató que es legítimo aquello que las personas creen legítimo. Pero en los regímenes democráticos ni la legitimidad tradicional ni la carismática que el autor alemán identificaba constituyen un fundamento válido para la legitimación del poder: las sociedades son pluralistas y contienen distintas concepciones del bien, que hacen imposible la sola apelación a las tradiciones, mientras que el sometimiento de los ciudadanos al líder carismático es incompatible con la esencia misma de la democracia (aún cuando el carisma siga jugando su papel en la contienda electoral o sirva para generar consensos alrededor de determinadas leyes: atañe más al gobierno que al Estado en nuestros días). En una democracia, la legitimidad legal-racional, donde es el respeto a los procedimientos racionales que dan luz a las leyes lo que viene a legitimarlas, parecería ser la única posible. Y desde luego, la legalidad es un elemento esencial de la democracia constitucional y el Estado de Derecho. Sin embargo, se plantea aquí un problema evidente, que es la potencial reducción de la legitimidad a la legalidad: sería legítimo aquello que es legal con independencia de su contenido.

Hace falta, pues, algo más. De acuerdo con la teoría del consentimiento -que va de Hobbes a Kelsen y Oakeshott- el gobierno debe basarse en el consentimiento de los gobernados. Se trata de un consenso tácito, renovado a diario en la normal aceptación del marco legal estatal. Pero el gobierno, investido de autoridad, no es la autoridad: el ciudadano conserva el derecho de resistirse a ella en caso de grave violación de sus derechos. La desobediencia civil que responde a una tal violación, por ejemplo la auspiciada por el movimiento en favor de los derechos civiles en la Norteamérica de los 50 y 60, encaja en esa descripción. Más dudoso es que lo haga la reclamada por el líder de ERC, porque no se ve bien cuál sea esa violación.

Sucede que la combinación de procedimentalismo legal y consenso tácito puede ser también insuficiente. Para autores como Rawls o Dworkin, la legitimidad del gobierno no puede desligarse de la justicia o bondad de la sociedad en su conjunto. Si la sociedad se encuentra desfigurada por desigualdades injustificables u otras formas de injusticia y el gobierno no las combate, su legitimidad entra en cuestión. Naturalmente, se abre aquí una segunda puerta para el disenso: ¿quién decide cuál es el programa de justicia para una sociedad? Dicho de otra manera, si las leyes no se obedecen porque posean autoridad (nos gusten o no: ahí está la ley antitabaco para un fumador empedernido, la ley del aborto para una persona religiosa, etc.), sino según si sean apropiadas o no para cumplir un programa sustantivo, la autoridad corre el riesgo de desaparecer como tal. Así, la legalidad española podría ser conculcada por aquellos ciudadanos catalanes que entendiesen que la independencia es un fin que esa legalidad obstaculiza, sin entrar en mayores consideraciones.

Dicho de otro modo, desligar la legitimidad de la legalidad también plantea problemas: En el fondo, son los problemas contenidos en la afirmación weberiana de que la legitimidad depende de la creencia en la legitimidad. Si un gran número de ciudadanos catalanes percibe la legalidad española como ilegítima, con independencia de (i) las razones que explican la generalización de esa percepción y (ii) de la legitimidad de origen de esa legalidad, se plantea un problema aparentemente insoluble. O quizá no.

La legitimidad democrática en el Estado de Derecho

La legitimidad democrática en el Estado de DerechoDos son, llegados a este punto, las soluciones disponibles, que a su vez pueden resumirse en una: la combinación de elementos democráticos y liberales en el proceso político de creación de las leyes.

Cabe así apelar por un lado, como hacía el malogrado Rafael del Águila, a la concepción deliberativa del poder propia de autores como Hannah Arendt y Jürgen Habermas. De modo que una acción, norma o institución será legítima si ha sido justificada como tal en un procedimiento de deliberación pública que se rija por reglas tales como la libertad e igualdad de las partes, la ausencia de coacción y el principio del mejor argumento. Se trata, obviamente, de un ideal cuya consecución práctica no resulta sencilla, pero que subraya las virtudes del marco liberal-democrático como espacio para una conversación pública de la que emana la legitimidad de las normas.

No obstante, la configuración democrática de la legitimidad no es suficiente por sí sola. ¿Qué sucede si los ciudadanos acuerdan, mediante un procedimiento democrático impecable, limitar o vulnerar los derechos de las minorías? ¿Está la voluntad de los ciudadanos catalanes expresada en referéndum (dejemos al margen el porcentaje de participación) por encima del Tribunal Constitucional? Sartori es contundente al respecto: “Quien dice regla de la mayoría olvidándose de los derechos de las minorías no promueve la democracia, la sepulta”. Y cita a Kelsen, quien sugería que la veracidad de esta afirmación la comprobaba inmediatamente quien, habiendo votado con la mayoría, cambia de opinión.

Es aquí donde entran en juego los contrapesos liberales presentes en autores como Kant, Rawls o Raz. Desde este punto de vista, un componente de la legitimidad es la neutralidad del gobierno en relación a las concepciones sustantivas del bien en sociedades posmetafísicas y por ello plurales. De hecho, esta pluralidad de concepciones del bien explica en gran medida la necesidad de autoridad y gobierno: defensores y críticos del derecho al aborto nunca se pondrán de acuerdo. De ahí también la necesidad de un conjunto de limitaciones institucionalizadas a la autoridad: la primacía de la Constitución, los derechos fundamentales, el imperio de la ley, la democracia representativa.

Así pues, la legitimidad democrática depende del respeto a un conjunto de principios, normas y procedimientos que garantizan las condiciones en que se desarrolla el proceso político y regulan su desarrollo. Naturalmente, hay un elemento tautológico en esta conclusión, porque esa legitimidad democrática no deja de depender de la creencia de la mayoría en la mayor razonabilidad o justicia de la misma por encima de otras concepciones -tradicional, carismática, legal- de la legitimidad. Y esto, a su vez, debe llevarnos a pensar en algo que, en el caso catalán, parece tener su importancia: el hecho de que la creencia en la legitimidad o ilegitimidad no es independiente de las condiciones de surgimiento de esa misma creencia; porque los contextos sociales cuentan. Es aquí donde se ve reforzada la importancia de los contrapesos descritos, porque difícilmente podría considerarse legítima una “voluntad popular” que emane de un marco social cuyas instituciones no respeten el principio de neutralidad, incluida la necesaria pluralidad de la esfera pública.

Y de hecho, es interesante constatar que -salvo que tuviese lugar una proclamación unilateral de la independencia que fundase ex novo una legitimidad específicamente catalana, difícilmente democrática a la vista de la pluralidad que todavía exhibe esa sociedad- una concepción democrática de la legitimidad abre la posibilidad de que los ciudadanos crean legítimo aquello que no lo es, contraviniendo así la intuición weberiana sobre el origen de la legitimidad.

Conclusión

ConclusiónEn definitiva, si empleamos estas herramientas conceptuales para interpretar el caso catalán, resulta difícil estar de acuerdo con la idea de que presenciamos un “choque de legitimidades” entre dos presuntas legitimidades, la española y la catalana, que la legalidad española posea un déficit de legitimidad, o que la desobediencia civil de los ciudadanos catalanes pueda estar justificada. Hay procedimientos a la vez legales y democráticos para la modificación de las normas legítimas que los españoles -catalanes incluidos- se han dado a sí mismos. Más aún, el debate al respecto debería llevarse a cabo en un marco que garantizase la neutralidad institucional y el respeto a las voces de las minorías. Siempre y cuando sigamos prefiriendo la legitimación democrática de nuestra organización política a la ficción rousseaniana de una unánime voluntad general legitimada en el propio acto de su enunciación mística.

Siempre media una cierta distancia entre los titulares periodísticos y la realidad; el peligro es que esa distancia sea tal que provoque una distorsión de esa misma realidad. Algo de eso sucedía hace unas semanas, cuando, al hilo de la última encuesta del CIS, vino a subrayarse que los votantes declarados de Podemos están “informados y conectados”, aludiéndose así con ello implícitamente a su calidad superior frente a otros menos sofisticados. Pero, ¿es el caso? Y sobre todo, desde un punto de vista más general, ¿qué significa exactamente estar informado y conectado?

Sin duda, la premisa teórica relaciona la calidad de la información que manejan los votantes con la calidad de la democracia correspondiente parece sostenerse sin mayores dificultades. Así como un público desinformado es más fácilmente manipulable, otro que posea elevados índices de información política tenderá a ponderar más serenamente sus preferencias electorales y contribuirá de manera más razonable -al argumentar de forma más razonada- al debate público. Esto último es importante, porque, si bien hasta hace bien poco el ciudadano de a pie no era más que un receptor pasivo de información, ahora, a través de las redes sociales, ese mismo ciudadano puede emitir su opinión sobre los asuntos públicos. Y la calidad del intercambio correspondiente incide también sobre la calidad de la democracia en la que se inscribe.

Que los ciudadanos estén informados y conectados, en lugar de lo contrario, en una medida suficiente, guarda así relación con el funcionamiento de la democracia representativa. ¡No digamos si la democracia fuese directa! En términos generales, ese será más probablemente un swing voter, o sea, un votante que no se adscribe a un partido concreto, sino que vota a unos u otros en función de su desempeño en el gobierno y las políticas que propone. Este votante estaría más inclinado a formarse una opinión mediante el contacto con la información.

Ahora bien, este dibujo ideal se complica cuando descendemos a los divinos, acaso malditos, detalles. ¿Qué grado y tipo de información basta para ser considerado un votante informado? ¿Cuántas conexiones digitales, usadas de qué manera y con qué frecuencia?¿Está informado un votante que ojea el periódico local en la cafetería de su barrio? ¿O quien solamente lee, pero a fondo, ese diario local? ¿Y quien consume con avidez el periódico, la cadena de radio y la televisión de un único grupo de comunicación, pero rechaza el contacto con cualquier otro? ¿Es lo mismo leer titulares que noticias completas?

El giro digital en que estamos inmersos viene a complicar todavía más el asunto. Sobre todo, dificulta la medición de los hábitos informativos de los ciudadanos, en especial de aquellos, por lo general jóvenes, que se adentran en una maraña de vínculos cruzados provinentes de distintas fuentes, sobre cuya lectura y asimilación resulta difícil sacar conclusiones precisas. No olvidemos que el uso expresivo de las redes sociales, a menudo bajo el disfraz de la argumentación racional, predomina sobre el informativo. Y mucho se ha hablado de las redes sociales como “cámaras de resonancia” donde uno sólo escucha el eco de su propia voz, es decir, donde no se accede a opiniones plurales, sino que se traba contacto con las afines.

Si algo muestran desde siempre los datos estadísticos comparados, es que las opiniones públicas de las democracias occidentales se sostienen sobre una gran cantidad de ciudadanos desinformados, oscilando entre el 10% y el 20% el número de los verdaderamente informados. Parafraseando a Cesare Pavese, informarse cansa: tiene un coste de oportunidad que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Más bien, el votante medio busca la información mínima sobre la que apuntalar su creencia política previa; somos, en expresión de Aaron Popkin, “avaros cognitivos”. Más aún, el conflicto entre la creencia y la información suele decantarse a favor de la primera. Tal como explica Giovanni Sartori, quienes nutren la “opinión pública en negativo” se defienden de la información que amenaza a sus creencias, procediendo a recodificarla o rechazarla. Así, se condena la corrupción en el bando político enemigo, mientras se disculpa en el propio; o se buscan razones para justificar que Obama haya expulsado a más inmigrantes ilegales que George Bush.

A este respecto, ¿es el votante de Podemos un votante de calidad? Los datos de la encuesta del CIS plantean un interesante problema al respecto: son los propios votantes los que evalúan su grado de información política. Hablamos, en fin, de “autopercepción de grado de información”. Pero que un votante se perciba a sí mismo como bien informado no nos dice nada sobre su verdadero grado de información; tampoco sobre la calidad de esa información. Algunos lo estarán, su autopercepción será correcta; pero muchos otros serán, como solemos, benevolentes consigo mismos, mayormente por falta de referencias para la comparación.

No en vano, los ciudadanos suelen creer que están suficientemente informados, igual que casi todos creemos salir a la calle bien vestidos cada mañana. Por otro lado, si cabe suponer que el votante medio de Podemos se adhiere a un ideario político más o menos radical, hablamos de ciudadanos que, por estar ya de antemano más politizados, propenden a la búsqueda de información, pero difícilmente de una información plural. Probablemente, de hecho, el votante radical cree que sus medios informan mejor por ser más honestos que los mayoritarios, y, por tanto, que sus hechos con más concluyentes que los de su oponente. Finalmente, por añadidura, estar más informado que la media en un país como España, a la cola europea en la información política de los ciudadanos, tampoco significa gran cosa.

Si, en 2002, 97 de cada mil españoles leían algún periódico, esa cifra había descendido a 64 de cada mil en 2012, caída que nos sitúa en el penúltimo lugar de Europa. Países como Finlandia (330 por cada mil), Austria (235) o Suecia (228) nos superan amplísimamente; de hecho, España ocupa el último lugar de entre los países europeos en el índice de penetración de la prensa en la sociedad. Este dato puede correlacionarse fácilmente con los relativos a lectura de libros o nivel de competencias, para dibujar una sociedad relativamente atrasada, cognitivamente hablando, en el marco continental. No en vano, España no superó hasta 1992 la tasa de lectura de prensa que la Unesco considera propia de los países desarrollados.

Digamos entonces que la autopercepción no nos sirve para medir el grado de información de un sujeto. Sería necesario cruzar esta evaluación reflexiva con otros datos, relativos a los hábitos concretos de consumo de información: qué se lee, por cuánto tiempo, con qué frecuencia. A su vez, aunque la presencia en redes sociales pudiera ser indicio de una mayor conexión con los flujos de información, ésta no puede darse por supuesta, por la misma razón por la que resulta bien poco noticioso que un grupo de votantes situado mayoritariamente entre los 18 y los 54 años (como es el caso de los de Podemos) esté conectado digitalmente, ya que, ¿quién no lo está hoy en día? ¡Si el 73% de los españoles tiene un smartphone!

En este contexto, aunque el paulatino relevo generacional esté provocando un gradual desplazamiento de los medios tradicionales a los digitales, parece aventurado pensar que ese tránsito pueda comportar una transmutación del ciudadano medio, que pasaría de apenas leer siquiera el periódico a informarse con avidez a través de las redes sociales. Más bien empieza a confirmarse la reproducción digital de los patrones tradicionales de información política, si no su empeoramiento. Un estudio reciente señalaba que que sólo el 4% de los usuarios de internet norteamericanos son activos consumidores de noticias, definidos estos como aquellos que leen al menos diez artículos y dos piezas de opinión en un período de tres meses. Y entre nosotros, sólo el 8% de los ciudadanos paga por obtener noticias online. Y así como comprar un periódico es, o era, un signo inequívoco de tensión pública y de interés por la realidad política, entrar varias veces a la web de ese mismo medio es un signo equívoco, porque no sabemos qué hace exactamente el lector ahí (aunque, si atendemos a la lista de noticias más leídas de cada web, podemos hacernos una desoladora idea). Asunto distinto es el valor estético que se atribuye a la conectividad del ciudadano, que parece ser más moderno por el solo hecho de frecuentar las redes sociales, cuando es bien sabido que éstas pueden emplearse para tratar asuntos estrictamente privados o extrapolíticos.

En suma, hay que ser precavidos ante hipótesis como la propagada a raíz de la última encuesta del CIS, donde se presentaba al votante de Podemos como especialmente “informado y conectado”. Para alcanzar una conclusión así, parece necesario hilar mucho más fino, cruzando datos adicionales que nos permitan saber cuán plural es la información a la que tiene acceso ese ciudadano, con qué profundidad la consume, qué grado de reflexión acompaña su consumo. Y lo mismo cabe decir de su conectividad, así como de la relación entre conectividad e información. Por desgracia, la brecha que describe Sartori entre el votante ideal (informado y reflexivo) y el votante real (poco o mal informado, emocional, ideologizado) de las democracias representativas realmente existentes parece difícil de salvar. Pero en ningún caso lo lograremos si preferimos los titulares a la realidad.