La negativa del gobierno de Rajoy a dialogar con el gobierno de Cataluña y negociar la posibilidad de que el pueblo catalán pueda expresarse sobre el futuro de Cataluña, ha tenido por respuesta de la Generalitat la convocatoria de una consulta unilateral, que pretenden sirva de base para proclamar en 48 horas la independencia de Cataluña. Esta decisión, lejos de encauzar los legítimos derechos del pueblo catalán, contribuye a potenciar —aún más— la confrontación interna y externa así como potenciar un nacionalismo español de nefasto recuerdo en nuestra historia.

En este sentido, si la intención del gobierno de Cataluña hubiera sido dar la posibilidad de que el pueblo catalán se expresara libre y democráticamente sobre su futuro, se hubiera planteado un proceso en el que se pudieran expresar, tanto en el debate como en la propia votación, todas las posiciones que existen en la actual sociedad catalana, desde la independentista, hasta el mantenimiento de la actual situación, pasando por la propuesta federal y/o la confederal. Pero el gobierno de la Generalitat no busca la libre y democrática expresión de la voluntad del pueblo catalán, sino realizar un plebiscito sobre su propuesta independentista y para ello plantea la cuestión, incluso en la papeleta de la consulta, como una confrontación entre mantener la actual situación o la independencia. Por tanto, la consideración consecuente es la de no participar en esta consulta, porque se esta excluyendo la posibilidad de que se exprese nuestra opción federalista, ya que votar NO en la consulta será respaldar la actual situación, y votar SÍ significaría apostar por una independencia que consideramos negativa para el pueblo catalán. Incluso la abstención no nos sirve, porque vendría a legitimar una consulta de la que ha sido excluida la propuesta federal que según todas las encuestas, tiene un alto respaldo en Cataluña.

Desde esta posición, considero que esta situación esta llevando no solo al pueblo catalán, sino al conjunto de pueblos que configuran el Estado, hacia un callejón sin salida, cuyas consecuencias sufrirán una vez más, la clase trabajadora y las capas populares tanto de Cataluña como del resto del Estado.

En unos momentos en los que se necesita unir esfuerzos para situar en la agenda política la cuestión social, para revertir las consecuencias de las políticas de reformas y recortes que han desarrollado los gobiernos de Rajoy y de Mas-Puigdemont, se puede encontrar con una crisis de Estado en torno a la cuestión de la identidad territorial que tape cualquier otra cuestión social y/o política.

En este sentido, no es casualidad que coincidan tanto el Gobierno central como el de la Generalitat en poner en primer plano la cuestión territorial por encima de la cuestión social, ya que así dividen a la clase obrera y tratan de hacer olvidar que solo las luchas sociales pueden cambiar el modelo económico y social que ha llevado al paro, la precariedad, los desahucios, la pérdida de derechos laborales, sociales y ciudadanos a millones de personas de todo el Estado.

Nada nuevo. Estamos hablando de la alianza de clase sobre la que se han sustentado los diferentes regímenes que han regido el Estado español durante los siglos XIX y XX y que entra en crisis en el siglo XXI, provocando una crisis de régimen, que en este momento todavía puede tener dos salidas: una en clave de ruptura del modelo territorial, en la que tras un momento de fuerte crisis de Estado, se recompongan las burguesías de cada territorio para llegar a un acuerdo de tipo confederal.

En este caso, la tensión independentista catalana es la mejor aliada de quienes quieren conseguir una salida antisocial y autoritaria de la crisis de régimen para consolidar un nuevo modelo institucional, con amplio apoyo social que esté basado en la ficticia salvación de la unidad de la patria, al estilo del consenso sobre el que se configuró la base social del régimen del 78 fue la fingida salvación de la democracia por el Jefe del Estado en un 23-F.

Por el contrario, plantear una salida en clave de que la mayoría social consiga la ruptura, no solamente de un modelo territorial en el que ya nadie cree, sino también del modelo económico, político y social, es la forma de conseguir que la crisis de régimen se resuelva a favor de la clase trabajadora y las capas populares, configurando un nuevo marco institucional más democrático, más igualitario y socialmente avanzado.

Esta es la cuestión que las burguesía nacionalista catalana y española intentan evitar: que la unidad de la mayoría social trabajadora del conjunto del Estado consiga acumular fuerzas en el sentido de una salida social, anticapitalista, democrática y feminista de la crisis. Por eso Esperanza Aguirre recoge en la Gran Vía firmas contra los malvados catalanes que quieren romper España y Puigdemont las recoge en la Plaza Sant Jaume contra los malvados españoles que roban a Cataluña

Querer tapar la realidad que sufren millones de personas en Cataluña, Andalucía, Madrid o cualquier otra zona del Estado con la confrontación entre el “España nos roba” y la llamada a la defensa de la “Unidad de la Patria” es una jugada de las burguesías de cada lugar en la que la izquierda no puede caer.

Romper esta trampa significa plantear una salida que sea nacional, en el sentido de que reconozca todos los derechos al pueblo catalán, empezando por el de poder celebrar un referéndum en el que defina su modelo territorial y, al mismo tiempo de clase, en el sentido que otorgue a la clase trabajadora derechos sociales, laborales y económicos que la burguesía catalana les niega.

La negativa a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, cuestión básica para superar las tensiones territoriales que se producen en un Estado que es plurinacional, multicultural y plurilingüístico, agrava la situación provocando cada vez más una sensación de agravio que viene a facilitar las campañas independentistas. Repetimos una vez más que en la práctica Rajoy y sus políticas autoritarias y recentralizadoras son el mejor aliado que pueden tener las fuerzas independentistas catalanas.

Por lo tanto, es urgente conseguir una mayoría social y política que permita rectificar la política de bloqueo y cerrazón centralizadora que permita abrir un proceso de negociación y diálogo para buscar la celebración de un referéndum en el que se pueda expresar libremente el pueblo catalán. En tal sentido planteamos la necesidad de que las fuerzas progresistas y de izquierdas de Cataluña, junto a las del resto del Estado, no contribuyamos ni por activa ni por pasiva a esta escalada de la tensión territorial que nos lleva a un callejón sin salida.

Desde la toma de posición y haciendo una reflexión sobre los debates que se están teniendo en torno a la consulta del 1 de octubre, es fundamental que pongamos en primer plano lo que considero fundamental, que no es otra cuestión que trabajar en el desarrollo de la propuesta que formulamos para el día 3 de octubre, cuando se cumplan las 48 horas que ha dado el gobierno de Cataluña para la aplicación del resultado de la consulta o para cuando intervenga el Gobierno Central provocando una crisis de Estado.

Por lo tanto, debemos emplear más tiempo en hablar del futuro que en discutir sobre si votamos o no votamos el día 1 de octubre, dedicar el tiempo a prepararnos para una situación de crisis institucional que, como decía, pueda ser aprovechada por las fuerzas del agotado régimen del 78, para cerrar la crisis que lleva años arrastrando y consolidar una nueva forma de expresión del bloque dominante, con formaciones políticas emergentes, nuevas caras y, sobre todo, que se legitime desde la salvación de la unidad de España, al igual que el 23 de Febrero legitimó al régimen del 78 en torno a la “salvación de la democracia”.

Para ello tenemos que trabajar sobre una propuesta que rompa el sándwich que nos atrapa, entre los nacionalismos catalán y españolista, donde referenciar a una amplia parte del pueblo de Cataluña que no se encuadra en ninguno de los dos bloques.

De esta manera, tanto si el gobierno central interviene antes del 1-O como si la intervención se produce después, tenemos que tener elaborada una propuesta para presentar al pueblo catalán, sobre la base de una puesta en común de las izquierdas de todo el Estado, que proponga los cambios legales necesarios para hacer posible que el pueblo catalán sea consultado en un marco de normalidad democrática, algo que es imposible con el gobierno de Rajoy.

Al mismo tiempo, nos ayudaría a solventar una cuestión fundamental ¿Qué hacemos hasta el día 1 de octubre?, en el sentido de empezar a defender la necesidad de reformas constitucionales que hagan posible el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, aunque es evidente será muy difícil de hacer visible este debate antes del 1-O. Sí tendría posibilidad de aparecer con fuerza cuando se produzca la crisis de Estado, tanto si antes del 1 de octubre interviene el Gobierno central frenando la consulta, como si una vez producida esta se produce el choque entre Estado central y gobierno de la Generalitat.

Una propuesta que plantee la alianza de las fuerzas que defienden la necesidad de un nuevo marco jurídico que permita la celebración de una consulta al pueblo catalán, desde una interpretación inclusiva del actual marco jurídico, como en algún momento ha planteado la propia Generalitat, esta alianza de carácter Estatal podría tener mayoría en el Congreso e incluir a las fuerzas sociales y sindicales que tanto nos jugamos en los próximos meses.

Desde este análisis, lo que vengo a plantear es no estar callados, salirnos de la lógica que se nos puede pretender imponer y hacer campaña sobre la propuesta a desarrollar a partir del 3 de octubre para decirle a los pueblos del Estado que hay salidas, que no caigan en la trampa de la fractura social, todo ello sin centrarnos en la cuestión de la propia votación, sobre la que debemos manifestar nuestra posición sin hacer de ello el centro del debate.

Para ello, desde el reconocimiento de que España es una realidad plurinacional, multilingüística y pluricultural, es necesario que esa realidad se plasme en el marco institucional, mediante su reconocimiento constitucional, lo que solamente puede ser posible a través de un proceso constituyente en todo el Estado, en la forma que se quiera —que tampoco este tiene que ser el debate— un proceso que constitucionalice los derechos sociales, laborales y políticos, y que permita la expresión libre del pueblo catalán sobre la cuestión territorial.

Por todo ello, es necesario que quienes consideramos que esta es la mejor opción para el pueblo de Cataluña, seamos capaces de trabajar por abrir un espacio para la definición de una salida nacional y de clase para los problemas del pueblo catalán: desde la cooperación entre las clases populares de todo el Estado, problemas que no son sólo los territoriales sino fundamentalmente los sociales, laborales y económicos en los que el gobierno de la Generalitat no se ha diferenciado del Central y que necesitan una alternativa democrática y socialmente avanzada.

Desde esta posición es necesario que, tanto desde Cataluña como desde el resto del Estado, se haga un llamamiento a las fuerzas sociales y políticas que comparten esta propuesta y plantear formalmente la creación de un espacio plural en el que puedan coordinar esfuerzos quienes entendemos que es más fácil cambiar la Constitución del Estado español que alcanzar unilateralmente la independencia de Cataluña. Por muy difícil que sean ambas cuestiones, y por más que se pinte un mundo idílico, creer que a las 48 horas de celebrada la consulta el Estado español y la comunidad internacional van a reconocer a una Cataluña independiente, es más voluntarista que pensar en la posibilidad de que la acumulación de fuerzas pueda provocar abrir un debate del que salga una reforma de la Constitución del Estado Español que permita que el pueblo catalán sea consultado libre y democráticamente.

No mantenemos, por tanto, una posición equidistante en relación a las fuerzas políticas catalanas, sino que mostramos la posibilidad de un entendimiento con las fuerzas nacionalistas de izquierdas que se realice en torno a lo señalado en el Pacto por el Referéndum y que plantee al mismo nivel la cuestión nacional y la cuestión de clase, y que sitúe en primer plano la contradicción entre el capital y el trabajo.

Defender esta posición con antelación al 1 de octubre nos legitimará para ofrecer una puerta de salida a la situación de bloqueo que se produzca en las 48 horas siguientes a la consulta o una posición de defensa de la democracia, en el caso de que el gobierno de Rajoy trate de impedir por la fuerza la celebración de la consulta.

El debate sobre la transición al que estamos asistiendo en estos tiempos no debe cirscunscribirse solo a un debate académico, tiene una relación directa con la coyuntura que se vive en España. De forma concreta con lo que se ha venido a llamar “segunda transición”, como una repetición del proceso que entre 1975 y 1982 se vivió en España. Esta cuestión para el bloque dominante tiene todo el sentido, ya que en la primera fue capaz de conseguir cambiar el modelo institucional franquista sin tocar los poderes fácticos (ejército, banca, iglesia, y sobre todo respetando la base oligárquica que lo sustentó). De esta forma se pasó del franquismo a un sistema homologable al entorno europeo occidental con el mínimo coste.

Ahora, una vez agotado el ciclo político del régimen surgido tras la transición, que algunos llaman régimen del 78 por referenciarlo en la Constitución de ese año, los poderes económicos intentan repetir tan exitosa operación. En este marco es en el que sitúo el análisis del papel que jugó el PCE en aquel momento de un modo dialéctico, nada parecido a un ajuste de cuentas, para referenciar una posición sobre el papel que tiene que jugar la izquierda anticapitalista en estos momentos.

Empezaría por plantear que en 1975 la mayoría del capital nacional e internacional era consciente de la necesidad de finiquitar el régimen político constituido en torno al franquismo y sustituirlo por una sistema equiparable con el entorno europeo occidental.

La cuestión era cómo se producía esa homologación, si mediante la reforma del régimen franquista, lo que significaba entre otras cosas no cuestionar la monarquía, no tocar lo que se llamaban “poderes fácticos” y, por supuesto, al sistema económico; o bien se producía la ruptura democrática, la ruptura con la legalidad y legitimidad emanada de la Guerra Civil y, por tanto, ponía en cuestión las bases de legitimación de los poderes económicos, así como las bases mismas del sistema económico. En este sentido no olvidemos que, para preocupación del bloque dominante, la Revolución de los Claveles estaba muy cercana y aún sin definir el sistema económico hacia el que se encaminaba.

En esta confrontación que se dirimió entre 1974 y 1976 pronto se vio que no había hegemonía para conseguir la ruptura, entre otras cuestiones porque las fuerzas de la llamada “oposición democrática”, a las que preocupaba un proceso de ruptura hegemonizado por el PCE, preferían pactar con los restos del franquismo.

Esa falta de hegemonía se produjo a pesar de la permanente movilización general de los trabajadores, estudiantes, gentes de la cultura, de las huelgas, de los enfrentamientos con la policía, de las detenciones, encarcelamientos de luchadores y luchadoras y de los numerosísimos asesinatos cometidos por las fuerzas represivas y organizaciones de extrema derecha.

El Movimiento Obrero, fundamentalmente las Comisiones Obreras, movilizó con carácter general y de forma permanente a todas las personas trabajadoras con reivindicaciones laborales, pero en un marco de exigencia de ruptura con el Régimen franquista.

Así, el PCE pasó de la defensa de la ruptura democrática a asumir lo que se llamó la ruptura pactada (mayo 1976, declaración del Comité Ejecutivo: la ruptura hay que negociarla con la iglesia, el ejército y la banca) y de ahí, para no quedarse fuera de juego, a la vía abierta tras el referéndum de 1976. Es decir, directamente a la vía de la reforma, una vez que fue consciente de que el resto de fuerzas políticas estaban decididas a acordar la exclusión del PCE del proceso que se abría con la Ley para la Reforma política.

Ante esta coyuntura, la dirección del PCE, valorando la correlación de fuerzas, sitúa en primer plano conseguir la legalización, para lo que era necesario conjugar la presión con la negociación, siendo conscientes de que el resultado final tendría que suponer concesiones, y que la ruptura no se produciría en los términos planteados en el Comité Central de Roma 1976.

La realidad es que, a la muerte del dictador, las fuerzas del sistema y los aparatos del régimen franquista como el ejército, la policía y los jueces disponían de una amplísima hegemonía para garantizar el consenso social sobre la reforma del régimen político y para excluir su ruptura. Esta realidad no había sido cabalmente percibida o no se quiso aceptar por una dirección del PCE residente en el exterior, que no parecía hacer mucho caso de los informes que llegaban del interior en este sentido.

Entrar a debatir si las concesiones fueron mayores de las que se tenían que haber realizado en función de la fuerza que tenía el PCE es una cuestión difícil de dilucidar, sobre todo sin conocer todos los datos de la coyuntura, presiones de los militares incluidas, y la geopolítica, no olvidemos como la URSS dejó sola a la Revolución de los Claveles por una cuestión de mantener el reparto de zonas de influencia.

La tema fundamental para mí, es considerar si lo que debió ser una cuestión táctica, como la aceptación del terreno de juego de la reforma para conseguir la legalización y un marco social y político más avanzado que el que presentaba el franquismo, se convirtió en un momento determinado y sin debate, al menos formal, en una cuestión estratégica y se olvidó el objetivo de la ruptura en lo que significaba plantear un Proyecto Global de Nuevo País, no sólo en lo institucional, sino fundamentalmente en lo social y en lo económico, tal y cómo planteaba el manifiesto programa aprobado en 1975.

De esta manera, la Constitución de 1978, que como todas, era producto de una determinada correlación de fuerzas concretas, se convirtió en un punto de llegada y no en un paso intermedio que permitiera una mejor posibilidad de seguir luchando por el objetivo de alcanzar no sólo una democracia política, sino también una democracia social, incompatible con mantener intocable el sistema económico. Estas cuestiones debían plantearse como inseparables, ya que como planteaba el PCE en su Manifiesto Programa de 1975, no era posible construir una democracia política sin construir al mismo tiempo una democracia social, porque desde la desigualdad social no puede surgir la igualdad de derechos y de deberes sobre la que formalmente debe sustentarse toda democracia. Esto significaba que se dejaba de mantener en la práctica política diaria la coherencia con lo que se decía en los propios documentos del PCE.

Si para las fuerzas del sistema el objetivo era conseguir la homologación con el entorno europeo en lo político, lo económico y lo militar, para el PCE debería haber sido unir sus fuerzas con la de otros Partidos Comunistas, desde el portugués, hasta el griego, pasado por el francés y el italiano, para romper con el capitalismo y plantear la posibilidad de construir el socialismo en el oeste europeo, que evidentemente no podía ser una copia del que existía en el este.

Esta cuestión nunca apareció con rotundidad en las reuniones mantenidas por los Partidos Comunistas Europeos, más preocupados en mitigar los efectos de la crisis de 1973 y el papel a jugar en el proceso de integración en la Comunidades Europeas (1974 Conferencia de Bruselas, con la participación de 28 Partidos Comunistas) que en la vía concreta para acabar con el capitalismo.

Los partidos encuadrados en el llamado “Eurocomunismo” cometimos el error de convertir la táctica de sumar fuerzas y reformas en una estrategia que nos alejaba del objetivo central, que significaba desarrollar en lo concreto un proyecto político que no se planteaba la ruptura con el capitalismo, sino tratar de reformarlo para hacerlo más social precisamente cuando, como decía, se sufría la mayor crisis del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial.

Por lo tanto, situar al PCE en la estrategia de la reforma no era ya una cuestión táctica que buscaba conseguir la legalización, tratar de consolidar una democracia política, manteniendo el objetivo de construir una democracia política y social que rompiera con el capitalismo y abriera el paso a la construcción del socialismo. Es decir, se abandona lo planteado en el Manifiesto Programa de 1975 y todo se supedita a lucha institucional y el PCE deja de tener un proyecto estratégico de futuro para el país.

Al mismo tiempo el PCE, desde el Comité Central de Roma, cambia su estructura para hacerla plenamente territorial, con lo que se centra en la preparación del trabajo institucional, abandonando la estructura sectorial de frentes de lucha, lo que en la práctica 'retira' al Partido de los Centros de Trabajo y de estudio.

La derecha económica y política, por el contrario, lo tuvo claro y nunca consideró la Constitución como un punto de llegada. Así, desde el día siguiente a su aprobación, se planteó modificarla y ningunearla en la práctica para anular los elementos más sociales que contenía y desarrollar lo que significaba de consolidación del modelo social, económico y militar capitalista. De esta manera los artículos que parecían justificar el apoyo de la izquierda, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la planificación democrática de la economía, o la prioridad del bien común sobre la propiedad privada fueron devaluados hasta quedar en papel mojado.

Plantear, como algunos dicen en estos tiempos, que al no existir en las instituciones una correlación de fuerzas favorable a la ruptura hay que cambiar de objetivos y aceptar integrarse en el proyecto de reforma, significa renunciar a ser una fuerza transformadora. De la misma manera, asumir que en 1977 no había capacidad política para conseguir imponer un referéndum entre monarquía y república no debió significar que había que enterrar la reivindicación de la república, defender la reconciliación nacional no debía significar equiparar jurídicamente a las víctimas con los verdugos, ni mucho menos dejar que cientos de miles de demócratas continuaran enterrados en las cunetas y fosas comunes mientras el dictador seguía enterrado en el Valle de los Caídos. De la misma forma que no tener fuerza parlamentaria para acabar con el tratado que sustentaba a las bases de los EEUU en España no podía significar renunciar a movilizarnos contra ellas planteando su cierre inmediato.

Pero sobre todo, el abandono de la estrategia de ruptura significó la renuncia a utilizar el conflicto y la movilización como instrumento político. Ahora aparecen informaciones sobre que lo que interesaba a Adolfo Suarez, más allá de la aceptación de la bandera y la monarquía, era sobre todo la renuncia del PCE a utilizar su enorme potencial movilizador. La aceptación de la estrategia reformista significó en la práctica reducir su actividad a lo institucional, primero en el Parlamento y luego en los ayuntamientos, lo que influía claramente en la capacidad de lucha del sindicalismo, que no convocó ninguna huelga general hasta 1984, a pesar de que las denuncias del propio PCE y de CCOO sobre los incumplimientos de los Pactos de la Moncloa por el gobierno, la hubieran más que justificado. No olvidemos que también enterraba el potente movimiento vecinal, pero sobre todo, no cuestionaba el sistema económico.

Sin entrar en calificativos, la cuestión central es que el PCE, como otros partidos de la izquierda europea, renunciaron en la practica en la década de los 70-80 a la ruptura con el sistema económico capitalista, planteando como objetivo su reforma para hacerlo más justo y social, ilusión que se mantuvo hasta que en el siglo XXI vemos claramente que el capitalismo no sólo no es reformable, sino que cada vez es más evidente que es incompatible con una democracia social.

Estas son las cuestiones fundamentales de contradicción entre reforma y ruptura en la transición de 1974-1982 de las que tenemos que aprender, porque en este momento, en el que ya nadie duda que el ciclo que abrió la Constitución de 1978 está agotado, tanto por causas internas, como externas, y que es necesario abrir un nuevo ciclo, se vuelve a plantear la disyuntiva entre reforma y ruptura. De esta manera en los últimos tiempos se han confrontado dos proyectos, el que defiende reformar la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos pero sin tocar los pilares básicos del sistema, y quienes defendemos la necesidad de una ruptura con la Constitución de 1978, que hay que dejar claro ha sido violentada y reformada por el PP y el PSOE bajo presión de la Troika europea. Lo hacemos precisamente para poder cuestionar los pilares básicos del sistema capitalista que son los que han llevado a España, y al mundo en general a una crisis que ha supuesto sufrimientos y sacrificios para millones de seres humanos.

Esta confrontación electoralmente se ha saldado en las elecciones de junio con un Gobierno del PP sustentado por una mayoría reformista en el Parlamento, se ha puesto en evidencia que el PSOE, como ocurrió en la anterior transición, era consciente del peligro que tenía la influencia que las fuerzas rupturistas podían tener en un Gobierno Unidos Podemos-PSOE. Unidos Podemos, con todas sus contradicciones y debilidades ideológicas, no es en este momento una fuerza asumible por el sistema y, por esto, el PSOE prefiere dejar gobernar a la derecha. Como elemento clarificador hay que señalar que, en el fondo, Felipe González y lo que viene a representar tenía muy claro que la confrontación no estaba entre derecha e izquierda, como se llegó a creer Pedro Sánchez, sino que estaba entre reforma y ruptura. Felipe González lo volvió a tener tan claro como en 1976 y sitúo al PSOE en el lado de la reforma.

Nada nuevo bajo el Sol, se plantea nuevamente la cuestión de cómo actuar una vez que no se ha conseguido la mayoría parlamentaria para abrir un proceso de ruptura, y también aquí surgen los dos discursos: los que plantean que al no existir hegemonía de las fuerzas rupturistas hay que “aparcar” esta estrategia y centrarnos en la batalla institucional para participar en la nueva transición. Así, en estos días se resalta el papel moderado del PCE en la transición y se nos reclama la necesidad de un nuevo Carrillo capaz de llevar a la izquierda rupturista a la senda reformista.

Este es el debate de fondo, que atraviesa a todas las fuerzas de la izquierda y explica como decía, el golpe interno que sacó a Pedro Sánchez de la dirección del PSOE, y también explica el debate que se produce en Podemos, y el debate interno de Izquierda Unida, que tiene que ser el marco en el que se desarrolle la segunda fase del XX Congreso del PCE.

Pero esta confrontación explica la ofensiva del imperio PRISA y sus terminales mediáticas y sociales, porque PRISA quiere jugar el mismo papel influyente que jugó en la primera transición. Lo vimos en su intervención en provocar la salida de Pedro Sánchez y lo estamos viendo en su implicación en el debate interno de Podemos. En ambos casos ha sobrepasado los límites de la información para tomar partido como lógica. Como decía al principio, no estamos en un debate académico, estamos en una confrontación dialéctica que determinará cómo se va a configurar la España y Europa del futuro, y en este debate no se puede ser neutral.

En este momento es fundamental tener claro que el que no exista hegemonía parlamentaria rupturista no nos puede llevar al abandono de la estrategia de ruptura, al contrario, nos debe llevar a reafirmar esta estrategia y a adecuar la táctica para conseguir tener esa hegemonía, pero, sobre todo, nos debe llevar a no legitimar el marco reformista como el único posible. Nos debe llevar a no legitimar el proceso limitado, cerrado, opaco, de reforma de la Constitución que las fuerzas reformistas quieren realizar, y no legitimar este proceso significa no caer en el error de situar el Parlamento como el único terreno de juego. Significa no renunciar a la movilización, a la lucha social como parte de la configuración de una correlación de fuerzas que no puede ser solo parlamentaria, que tiene que ser también social, como venimos planteando desde el PCE e IU.

Debe significar acompasar los discursos políticos con una práctica política coherente, significa tener claro que hay que evitar la ruptura de las fuerzas que hoy por hoy están fuera de los límites del régimen, como lo consiguieron en los años 77-82 con el PCE, aquí aparece otra vez el papel de PRISA. Pero sobre todo hay que construir una gran alianza entre todas las fuerzas rupturistas, construyendo un programa de mínimos que dé respuesta a los problemas concretos que sufren millones de ciudadanos de empleo, vivienda, sanidad, educación, derechos sociales, libertades públicas, etc. Un programa que se defienda al mismo tiempo desde la calle y desde el Parlamento, que sirva para dar coherencia a las luchas parciales que llevan a cabo miles de trabajadoras y trabajadores que sufren diariamente la agresión del sistema.

Pero este programa de lo concreto debe hacerse desde una visión estratégica de ruptura para ir ganando la hegemonía ideológica que suponga que la mayoría del pueblo trabajador, de las capas populares, entiendan que hay que cuestionar la legitimidad ética, moral e institucional de un sistema que podrá ser legal, pero es injusto, insolidario, provoca paro, desahucios, desigualdades, pobreza energética, pérdida de derechos sociales y cívicos, genera insolidaridad y nos lleva a la guerra como forma de dominio de las materias primas por parte de las multinacionales. Nos lleva a plantear la necesidad de Construir un Proyecto de Nueva Sociedad más justa, igualitaria, solidaria, defensora de la convivencia pacífica y el justo aprovechamiento de los recursos naturales del planeta para la mejora de la calidad de vida de los pueblos. En definitiva, nos lleva a defender una sociedad socialista como la salida a la situación que vive España y el planeta en este Siglo XXI.

Se nos ha ido. Maldita sea la muerte. Se nos ha ido Marcos Ana, un hombre que resume, como pocos, la historia reciente de nuestro país en su trayectoria vital. Poeta de la calle y la lucha, símbolo de lo mejor de nuestra tradición emancipadora y ejemplo constante para las personas que militamos en el Partido Comunista.

Habrá, aún así, quien no sepa quién fue Marcos Ana, habrá quien nunca lo haya leído y desconozca que ha sido uno de los presos políticos que más años pasó en la cárcel en el planeta. Habrá también quien no sepa que Marcos fue un comunista convencido, un demócrata activo y un representante imprescindible de la mejor parte de la historia de lucha contra la dictadura y por el advenimiento de las libertades y derechos en nuestro país.

Habrá incluso quien desde la pluma de la extrema derecha vierta tinta sucia y envenenada para tratar de desmitificar a este referente indiscutible para las personas decentes. Porque Marcos era, es y será eso exactamente: un mito, un héroe, una leyenda que es un caso individual (una historia humana de resistencia y lucha) pero que también es un resumen en sí mismo de la vida de miles de hombres y mujeres del Partido Comunista de España que se dejaron la vida, la libertad y la salud por conseguir un mundo mejor y más justo.

Desde el PCE, su partido, lloramos al hombre bondadoso, tranquilo, irreversiblemente optimista. Lloramos a una de esas personas que dan sentido al término camarada. El país y sus instituciones, si realmente son democráticas y decentes, honrarán junto a nosotros y nosotras al héroe que fue. Un minuto de silencio no bastará. Porque si ese fuera nuestro homenaje deberíamos pasar décadas enmudecidos. Nuestro homenaje más sincero, como comunistas, será recoger la antorcha del ideal comunista y continuar luchando por los ideales que siempre defendió Marcos Ana. Es lo que él siempre quiso.

Se nos ha ido, sí, pero no podremos olvidarlo. Ni querremos. Su poesía continuará animando corazones a la lucha. Su ejemplo se mantendrá como un faro para las generaciones futuras que aspiren a lograr un mundo más justo y más libre.

En su magnífica autobiografía, Decidme cómo es un árbol, cuyo título es homónimo al de uno de sus mejores poemas, nos contaba el sufrimiento de estar veintitrés años encerrado entre las paredes de una prisión franquista. Escalofriante es comprobar su actitud siempre reconciliadora, su entrega a la causa democrática y comunista, la vitalidad para empaparse de cultura, de sabiduría, de solidaridad y de literatura desde la privación de uno de los bienes más preciados en la vida: la libertad.

Marcos escribió en aquel poema Decidme cómo es un árbol… porque la sinrazón fascista le había arrebatado la posibilidad de ver o de sentir los árboles, el mar, las montañas, el beso de una mujer y tantas cosas…

Nosotros y nosotras, sus camaradas, tuvimos la suerte de ver gracias a él otra cosa: un héroe… Y si alguien, algún día, se propusiera escribir un libro titulado Decidme cómo es un héroe, sin duda alguna el protagonista sería un comunista íntegro y combativo, un hombre bueno y coherente. Un hombre como Marcos Ana.

"Es el momento de ganar la batalla contra el bipartidismo monárquico desde la unidad, desde la conciencia de que somos poderosos si vamos juntos", afirma el autor

Un fantasma recorre los despachos de los poderosos, de los que creían tenerlo todo atado y bien atado, un fantasma recorre las sedes del bipartidismo monárquico que se creía eterno, que pensaba que podía culminar una segunda transición para renovar un régimen agotado y reemplazarlo por un nuevo orden social e institucional, que mantuviera los privilegios y la tasa de beneficios, en manos de los mismos de siempre durante décadas, hasta el próximo plan Renove.

Un fantasma que silba a la monarquía, que vota candidaturas de unidad, que rechaza las reformas educativas, que se revela contra el intento de consolidar un patriarcado que hace retroceder décadas en derechos conquistados por la mujer, un fantasma que se moviliza y consigue frenar la privatización de la sanidad madrileña y se niega a admitir que la vivienda es un negocio en lugar de un derecho. Que confronta con las reformas laborales con las que el PSOE y el PP han puesto a la mayoría social trabajadora a los pies de los empresarios, un fantasma, en definitiva, que en forma de una gran marea reclama Pan, Trabajo y Techo.

Pero no nos engañemos, el sistema, el que impulsó la reforma del artículo 135 para asegurar el beneficio de la banca por encima de cualquier otra cosa, el que transforma derechos como la sanidad o la educación en negocios, el que no duda en expulsar a las personas de su vivienda y prefiere ver casas vacías y seres humanos en la calle para mantener sus balances bancarios, el mismo sistema que nos entrega a la OTAN y convierte las bases de Rota y Morón en territorio colonizado por los EE.UU. y punta de lanza para acciones de ataque militar. Este sistema esta tocado, esta temeroso, pero no esta derrotado, y reacciona, siempre reacciona, para intentar frenar la marea de cambio, para asumir una derrota parcial, pero prepararse ganar la próxima batalla, la de mantener el gobierno central, el que decide sobre los grandes temas, sobre las relaciones laborales, el que puede decidir sobre la vida de las mujeres, el que nos puede sacar de la OTAN o situar la educación como el instrumento para hacer mujeres y hombres libres.

No se puede frenar ahora, hay que continuar la tarea en un doble sentido. Por una parte hay que mantener la movilización, frente a una crisis que no solo no ha terminado, sino que sigue provocando dolor, desesperación, en millones de personas que no ven posibilidades de encontrar un trabajo, que no pueden pagar la hipoteca, la luz o el agua, que no pueden acceder a las mínimas condiciones de vida digna. No se puede olvidar que un pueblo que no lucha es un pueblo derrotado de antemano y que las medidas sociales que impulsen los gobiernos locales salidos de las urnas el pasado 24 de mayo solo podrán ser efectivas si tienen un activo respaldo popular.

Pero al mismo tiempo hay que preparar la próxima batalla electoral, la que decidirá el gobierno del Estado, es el momento de que una marea unitaria recorra cada pueblo y ciudad, con el objetivo de ganar las próximas elecciones generales, porque se ha demostrado que es posible, porque cada vez es mas evidente que es necesario: es el momento de ganar la batalla contra el bipartidismo monárquico desde la unidad, desde la conciencia de que somos poderosos si vamos juntos.

Como decía Xosé Manuel Beiras, no hay lugar para gallos de gallinero, no es el momento de personalismos ni prepotencias, es el momento de la unidad, de buscar como decía Julio Anguita, unos puntos de encuentro programáticos que ilusionen a la mayoría social, trabajadora en la posibilidad de alcanzar La Moncloa para devolver derechos robados, para rescatar a las personas que sufren la crisis y poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social.

No hay ser ilusos, son muchas las dificultades, hay que superar personalismo, algún sectarismo y bastantes desencuentros, pero la perspectiva es tan ilusionante, la posibilidad de que por primera vez desde 1977, el pueblo sea protagonista de las decisiones que le afectan directamente, hace que cualquier otra cuestión se deba ver como menor, casi como ridícula. La lógica defensa de espacios de pensamiento diferenciados, la natural necesidad de mantener perfiles propios, tienen que tenerse en cuenta, tienen que valorarse en su justa medida, pero desde la certeza de que es mucho, muchísimo más lo que nos une que lo que nos puede diferenciar.

Es tanto lo que nos jugamos, que quien prefiera mantener su chiringuito, por amplio, reluciente y moderno que parezca será responsable ante el pueblo y la historia de haber permitido la recuperación de quienes hoy ven en peligro sus privilegios de clase.

Una propuesta que, respetando la diversidad de espacios, sociales, políticos, ciudadanos y de activismo social, trabaje por un acuerdo básico que permita configurar una alternativa para la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Una convergencia que se organice de una forma participativa, plural y abierta y que busque una concreción electoral que confronte en las próximas elecciones generales, de forma unitaria, frente a los partidos del sistema, con posibilidades reales de ganar. El objetivo es claro, ganar las próximas elecciones eenerales para romper los candados del actual marco constitucional y forzar un proceso social e institucional que devuelva a la ciudadanía los derechos laborales y sociales robados durante estos años, un marco institucional que dé garantía de poder ejercer el derecho a decidir en todos los sentidos de la vida a las personas y los pueblos del Estado y que sitúe la gestión de la economía y de los recursos naturales en función del ser humano.

Por todo ello, quienes tengamos alguna responsabilidad política o social tenemos la obligación de ponernos al servicio de impulsar ese espacio de unidad en el que puedan referenciarse quienes sufren la crisis. Esto significa construir unidad en torno a un programa común y sustentado en una amplia movilización popular.

Este es el reto, esta es la esperanza de que el fantasma que hoy recorre los despachos de los poderosos se materialice el próximo noviembre en un gobierno de la mayoría social trabajadora para una salida social de la crisis.

Agradeciendo la carta abierta en la que Rafael Reig me interpelaba sobre el sentido del significado de mi llamamiento a construir la más amplia alianza social y política de la izquierda, no quiero dejar de aclarar que nada más lejos de mi intención dar una interpretación joseantoniana o de acercamiento al PSOE a la propuesta de llevar la convergencia más allá de la izquierda política... La explicación es simple y no exenta de autocrítica, se trata de reconocer que muchas personas de izquierdas no se sienten representados por las fuerzas políticas de izquierdas. Por lo tanto, cualquier llamamiento a constituir un Bloque Social y Político de carácter alternativo tiene que tener en cuenta a los sindicalistas, y a los activistas sociales que en las mareas, en las marchas por la dignidad o en la lucha contra los desahucios defienden los derechos de la mayoría social trabajadora, que hoy no está vinculada a ninguna fuerza política.

Solo desde este reconocimiento, de que la izquierda no cabe en un solo movimiento, o en una sola fuerza política, es posible avanzar en la constitución de esa unidad tan necesaria en estos momentos de la mayor agresión del capital que conoce la historia y constituir un Bloque Social y Político que pueda dar la batalla en la calle, en la movilización, en las instituciones.

No se trata solamente de organizar una operación electoral. Al contrario, el verdadero reto es avanzar en la construcción de un nuevo modelo de sociedad, desde el máximo respeto a las características de cada colectivo, desde el mantenimiento de los distintos perfiles, anteponiendo lo que nos une a las legítimas diferencias que existen, acordando un programa de mínimos que ilusione a la mayoría social trabajadora.

Por eso, por encima de aclarar la pregunta que formulaba Rafael Reig –¿Qué significa “superando a la izquierda”?–, lo importante es ratificar que asumimos el reto que se nos plantea, el reto de preparar una alternativa para demostrar que es posible gobernar de otra manera, creando empleo estable y de calidad, auditando la deuda externa para no pagar la que no tenga relación con gastos sociales o de interés publico, cambiando el modelo productivo para acabar con la especulación, configurando un modelo de democracia participativa que permita a la ciudadanía decidir directamente sobre los temas que le afectan directamente, culminando la igualdad de género y permitiendo a las mujeres ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo, y que configure un Estado Multicultural, plurilinguístico y plurinacional.

Hay que combatir la reforma educativa de Wert, hay que revocar las reformas laborales de Rajoy y de Zapatero, hay que conseguir que se celebre un referéndum para decidir entre monarquía o república.

No sé si esta breve reflexión puede responder no solo a la pregunta, sino sobre todo al reto que Rafael Reig planteaba. En todo caso, espero que sirva para dejar sentada la voluntad y el compromiso, voluntad que no es personal, sino colectiva, en los procesos de convergencia y hacerlo desde nuestra propia identidad, desde nuestros perfiles para trabajar de forma sincera y leal a la construcción de una salida democrática y social a la crisis. No se trata ni de sumar siglas, ni de que nadie se diluya en la nada, el reto es construir un Bloque Social y Político de carácter alternativo que tenga vocación de mayoría, y para ello el llamamiento del Frente Cívico es un buen instrumento. Ahora toca a cada fuerza política o social pronunciarse y asumir su propia responsabilidad ante los millones de ciudadanos y ciudadanas que reclaman esa unidad.