Lo primero que hay que tener presente es que a Sacyr se le adjudicó la gestión privatizada del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, durante 25 años, a cambio de que pagara el precio por explotar ese servicio. Sacyr obtuvo el control de EMMASA, la empresa municipal del agua, y logró que el Consejo de Administración de EMMASA decidiera devolverle 59 millones de euros del precio que había pagado. En 2020, Sacyr llevaba indebidamente cobrados 33,6 millones de euros, provenientes de EMMASA. Y, como el dinero no era suyo, el Ayuntamiento exigió a Sacyr que devolviera ese dinero a EMMASA. 

Pues bien, el gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular ha aceptado un acuerdo para que Sacyr devuelva a EMMASA el dinero cobrado de forma indebida. Y, a cambio de que Sacyr devuelva un dinero que no le corresponde, se hace una gran cantidad de concesiones a Sacyr, que son absolutamente incomprensibles desde la perspectiva del interés público.

Creo que es evidente que la devolución de un dinero cobrado indebidamente no debe ser objeto de concesiones. Sacyr no debe obtener nada de nada a cambio de devolver un dinero que no es suyo. Lo cobró indebidamente y deberá devolverlo incondicionalmente y punto. Creo que esta es la lógica que se deriva del más elemental sentido de la justicia. Sin embargo, el gobierno del alcalde Bermúdez avala condicionar la devolución de esos 33,6 millones de euros a una serie de exigencias planteadas por Sacyr.

1. El Acuerdo entre Sacyr y EMMASA, aceptado por el gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular, establece que la devolución de los 33,6 millones de euros “no supone ni revocar, ni siquiera cuestionar la decisión” del pago indebido. O sea, mientras que, a raíz de la denuncia presentada por Unidas Podemos, un Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, de abril de 2021, señala que la decisión de devolver parte del precio de la concesión hace presumir “la posible existencia de una infracción penal” y ordena imputaciones por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, el grupo de gobierno está de acuerdo con un documento que exige no cuestionar la decisión del pago indebido. El alcalde no sólo no persona al Ayuntamiento como acusación particular en este caso sino que, además, avala un Acuerdo que exige no cuestionar la decisión del pago indebido. Esto es una auténtica indecencia.  

2. El Acuerdo entre Sacyr y EMMASA ni tan siquiera exige a Sacyr que retire el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento para no pagar lo cobrado indebidamente. Se trata de otra concesión inaceptable a Sacyr.

3. El Acuerdo condiciona la recuperación del dinero cobrado indebidamente a la subida de la tarifa y las tasas del agua. De hecho, lo que está exigiendo Sacyr es que, con la subida del precio del agua, la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife le pague el dinero que tiene que devolver a EMMASA. En este sentido, es curioso constatar que el Acta del Consejo de Administración de EMMASA, del día 1 de diciembre de 2021, prevé una recaudación adicional por la subida del precio del agua, entre 2022 y 2031, que suma un ingreso extra total de 33,64 millones de euros, lo mismo que Sacyr debe devolver a EMMASA. Es verdad, no obstante, que en el Modelo económico financiero por reformulación del Plan de Inversiones proyectado a fin de concesión, de mayo de 2022, los ingresos previstos por subidas del precio del agua, para 2022—2031, ascienden a un total de 49,03 millones de euros. Este último documento establece las previsiones económicas concretas del Acuerdo. 

Sacyr-EMMASA piden una subida total de las tarifas del agua del 14,2% para este año y el próximo (7,9% desde el 1 de enero de 2022 y 6,3% desde el 1 de enero de 2023). Esto produciría un ingreso extra por tasas y tarifas del agua de 7,16 millones de euros en esos dos años. Al mismo tiempo, el dividendo a repartir previsto, para 2022-2023, asciende a 7,69 millones de euros. Es decir, la subida del precio del agua sirve para garantizar el pago de dividendos.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ya ha limitado la subida de la tarifa al 2,5%. En principio, ni se autoriza la subida del 7,9%, en 2022, ni otro 6,3% para sumar un 14,2% de subidas en 2023. Conviene traer a colación que la subida de la tarifa del agua aprobada por PP y CC, en 2016, la tumbaron posteriormente el Gobierno de Canarias y los tribunales. Sin embargo, ahora el Gobierno del alcalde Bermúdez vuelve a excederse defendiendo los intereses de una empresa privada en contra del pueblo de Santa Cruz. Es más, el Acuerdo estipula que “los ingresos por actualización de tarifas y tasas anuales, en caso de no aprobarse o no materializarse a través de su repercusión al usuario, tendrán que ser objeto de compensación/subvención con cargo al presupuesto municipal”. 

4. El Acuerdo también estipula la subida anual de la tarifa del agua en función del IPC. Afirma que “en relación con las tarifas y tasas referidas al ejercicio 2023 y siguientes tendrán que ser revisadas todos los años, tomando como referente el IPC”. Es decir, le reconoce a Sacyr-EMMASA el derecho a la actualización anual de las tarifas en función del IPC, a pesar de que, en la Sentencia 000260/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestima la subida de la tarifa en 2016, se afirma que “ha de rechazarse la aplicación automática del incremento del IPC anual”. Por ello es realmente increíble que el Gobierno municipal de Bermúdez le reconozca a Sacyr un derecho que se le había negado por Sentencia judicial. Y es que, el Artículo 39.1 de los Estatutos de EMMASA establece que “la cuantía de la tarifa será la que resulte necesaria en cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico de los servicios cuya gestión tiene encomendada la empresa”. Por lo tanto, nada obliga al ajuste anual de la tarifa del agua al IPC.

5. El Acuerdo estipula que Sacyr devolverá, durante los próximos diez años, los 33,6 millones de euros, además de los intereses generados en ese decenio (pero no pagará intereses por los catorce años previos de acumulación de cobros indebidos). Según el Acuerdo, esto supone que la devolución del dinero cobrado indebidamente “se integra, trae su causa y constituye una de las bases del modelo económico financiero presentado por EMMASA, dentro de los flujos de caja que darían soporte a la reformulación del Plan de Inversiones”. Esto quiere decir que la devolución de los 33,6 millones se sumará al flujo de ingresos de EMMASA y acabará sumándose al excedente de tesorería de los diez años de gestión privatizada que quedan. Por lo tanto, según el Acuerdo, Sacyr volverá a recuperar casi el 45% del dinero que aporte, a través del reparto de dividendos. Porque el 45% del excedente de tesorería irá a dividendos (y el 94,6% del dividendo de EMMASA corresponde a Sacyr).

6. El Acuerdo también reformula los compromisos en materia de inversiones que adquirió Sacyr cuando obtuvo la gestión del servicio. La oferta de Sacyr incluía llevar a cabo inversiones por valor de 165 millones de euros, generados por su propia gestión, y, además, indicaba que “hasta que no se acometan [esas inversiones] no se ha planteado en el modelo reparto alguno de beneficios”. Pues bien, en 2021 debía estar ejecutado el 83,5% de esos 165 millones (o sea, 137,8 millones), pero sólo se había ejecutado el 37% (61 millones) de lo previsto. Y, aunque, en 2025, tenían que estar efectuadas esas inversiones, el Acuerdo las retrasa hasta 2031 y, asimismo, acepta que la ejecución sólo llegue al 64,2% de lo acordado (106,1 millones de 165 millones).

Pues bien, el gobierno municipal consiente que se incumpla el calendario de estas inversiones, acepta que se incumpla la cuantía comprometida y que, al final, sólo se ejecute el 64,2% de la oferta de Sacyr. Y, además, sin haber acometido los 165 millones en inversiones, se establece un reparto de dividendos por valor de 80,3 millones de euros hasta 2031. Es decir, Sacyr sólo invertirá 106 millones de los 165 millones de su oferta, aunque ingresará dinero más que suficiente para cumplir con el 100% de su oferta. Pero buena parte del dinero se irá a dividendos. Así que, al final, la ciudadanía, gracias a la privatización de la gestión del ciclo del agua que le regaló Coalición Canaria acaba pagando beneficios multimillonarios y se queda sin las inversiones comprometidas.

En suma, el gobierno municipal acaba aceptando el incumplimiento de lo acordado en materia de inversiones para así asegurar grandes beneficios a la empresa adjudicataria. El objetivo es que Sacyr logre un reparto de dividendos por valor de 80,3 millones de euros, entre 2022 y 2031. De ese modo, una contratación realizada supuestamente a riesgo y ventura del contratista acaba convirtiéndose en concesión a ventura sin riesgo. Pues el Acuerdo blinda los beneficios de Sacyr y eso que estamos hablando sólo de los dividendos. Además, Sacyr obtiene el 5,5% sobre la cifra de negocios, en concepto de know how (1,8 millones en 2021) y, en 2031, la devolución del valor nominal de las acciones. Al final, la empresa beneficiaria de la privatización del agua de Coalición Canaria obtiene el gordo de Navidad, la Bonoloto y la quiniela juntas. Sin embargo, mientras tanto, la ciudadanía obtiene su obligación de cumplir con la condena a pagar beneficios multimillonarios mediante el recibo el agua. Beneficios que no había que pagar cuando la gestión era pública y no había nada equivalente a un impuesto revolucionario patronal. A la ciudadanía le toca seguir escuchando al alcalde del gobierno-para-cuatro presumiendo de sus rebajas de impuestos… 

En octubre de 2021, el Ayuntamiento aportó un informe, sin firmar, de “estimación preliminar del impacto económico” de un Museo Rodin en Santa Cruz. El estudio estimaba que ese museo, que se instalaría en el Parque Viera y Clavijo, recibiría, al menos, 570.690 visitantes al año. Una cifra muy parecida a los 570.650 visitantes que tuvo el Museo Rodin de París en 2019. Habrá quien piense que la magia de esa coincidencia es una buena señal. Pero prosigamos. 

De acuerdo con la memoria anual del Museo Rodin de París, correspondiente al año 2019, la instalación parisina recaudó ese año, por venta de entradas, 3,8 millones de euros. Sin embargo, para una cifra de visitantes casi idéntica, el estudio encargado por el Ayuntamiento prevé unos ingresos por venta de entradas de 7,9 millones de euros. Y, si todo fuera muy bien, los ingresos por venta de entradas podrían ascender a 12,8 millones de euros, es decir, más de tres veces lo que obtiene el Museo de París con la colección más completa de la obra de Auguste Rodin.

En el supuesto menos optimista, con unos 570.000 visitantes, el Museo Rodin de Santa Cruz de Tenerife tendría un impacto económico anual de 61,4 millones de euros. Es decir, un impacto económico de 168.219 euros diarios, o de 107 euros por visitante, o de 432 euros por familia de cuatro miembros que lo visite. Es posible que, a estas alturas, más de un lector no esté ya pensando en un Estudio con mayúsculas, ni tan siquiera en un estudio con minúsculas, sino, simplemente, en un “estudio”.  

Para estimar la cifra mínima de visitantes se tomó como referencia el Museo Picasso de Málaga. Se estableció que los visitantes de ese museo representaban el 8,08% de la suma de la población de la provincia de Málaga y de los turistas que la visitan. Así pues, el Museo Rodin de Santa Cruz tendría, al menos, ese 8,08% de la suma de residentes y visitantes de Tenerife. Sin embargo, además de comparar un museo de originales únicos con un museo de copias, y tratándose de artistas muy diferentes, se apunta que, por ejemplo, en Tenerife el Siam Park alcanza 1,2 millones de visitantes anuales y, por lo tanto, es factible una instalación con afluencia masiva en nuestro territorio. Pero se olvida que, por ejemplo, Disneyland París tiene 9,7 millones de visitas al año. La cuestión es que, en París, conocer el hábitat del Pato Donald moviliza 17 veces más gente que disfrutar de la colección de obras de Rodin más completa del mundo. 

Todo apunta a que este estudio (¿o “estudio”?) debiera ser objeto de evaluación sin sesgo de optimismo y, además, de paso, lograr que alguien lo firme. No obstante, parece ser que existe otra evaluación del impacto económico de este nuevo El Dorado cultural rodiniano con que nos quiere obsequiar nuestra dirigencia ultraperiférica. Pero la falta de transparencia del gobierno municipal ha impedido, al representante público que esto escribe, acceder a toda la documentación. Es más, todo hay que decirlo, tampoco parece haber mucho interés, por parte de distintos medios de comunicación, atiborrados de subvenciones municipales que hacen hibernar el pluralismo y la crítica, por explicar qué está pasando. Una reciente convocatoria de rueda de prensa de Unidas Podemos, tercera fuerza política del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para explicar este asunto, batió un récord Guinness de sillas vacías… 

En fin, descartada la posibilidad de una cultura democrática aceptable, volvamos al ámbito de la cultura a secas. O, para ser más preciso, al ámbito de la turistificación del municipio, en este caso sirviéndose de una herramienta cultural y, asimismo, del contexto de dificultades económicas que atraviesa el Museo Rodin de París, que busca vender copias de esculturas para garantizarse unos ingresos anuales de tres millones de euros. 

El Museo Rodin de París encontró su gallina de los huevos de oro gracias a que hasta doce réplicas de una misma escultura se consideran originales. Por ejemplo, ya existen doce réplicas de El Pensador y, por lo tanto, la que vendría a Tenerife sería una reproducción, por valor de 110.000 euros. Es más, a las ochenta réplicas industriales, originales y reproducciones en bronce de El Pensador, generadas en París, podrían sumarse otras muchas si el artista Cosmo Wenman logra que la Justicia francesa permita el acceso al escaneo 3D, en alta resolución, de las esculturas de Rodin. Esto podría permitir elaborar moldes precisos para hacer esculturas tan buenas como las copias originales. Y, a partir de ahí, obviamente se produciría una devaluación del precio de las colecciones de Rodin. Podría acabar habiendo más réplicas de esculturas de Rodin que del gato chino que mueve el brazo…  

El Museo Rodin de Santa Cruz no se enmarca en ninguna estrategia cultural. A tales efectos es como si la hubiera pensado uno de esos ochenta pensadores de bronce. La estrategia real se explicita en el documento municipal que declara urgente la contratación para dotar al Museo Rodin: “resulta necesario acelerar la adjudicación del presente contrato por razones de interés público, puesto que la adquisición de las obras citadas redundará de forma directa en el tejido productivo, empresarial y turístico del municipio, activando la economía, resultando necesario tener a disposición de esta Corporación las obras cuanto antes”.

Sin embargo, a pesar de las proclamas retórico-administrativas de activación económica, pese a las invocaciones al tejido productivo, hay un pequeño gran indicio de que el gobierno municipal tiene serias dudas sobre el éxito económico que atribuye a su Museo Rodin. Y ello se evidencia cuando observamos cómo un gobierno yonki de las privatizaciones se plantea, en este caso, crear una empresa pública municipal que se encargue de la gestión. Esta vez no invitan a un actor privado a hacer la inversión millonaria, que luego recuperaría ese inversor a través de la explotación del servicio (como ocurre con el Pabellón Municipal de Deportes Paco Álvarez), sino que ahora la inversión y la gestión serán públicas. Es decir, parece que se vislumbran pérdidas y, por lo tanto, es la hora de la gestión pública ante la ausencia de beneficios que privatizar. 

En suma, no presagian nada bueno la opacidad y ausencia de debate con las que se está imponiendo el Museo Rodin. Es más, es extremadamente grave la urgencia por dejar atado y bien atado un gasto de 16 millones de euros para materializarlo entre 2022 y 2026. Es un despilfarro enorme para una institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es completamente falso que vaya impulsar la economía de un municipio con tantísimas necesidades reales insatisfechas. El alcalde sabe que su propuesta no prosperará si es objeto de debate público, si se desarrolla con transparencia y si se fundamenta en estudios rigurosos. 

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Los medios de comunicación articulan un importante espacio de socialización política, de construcción de la opinión pública, de transmisión de información, de reflejo de la pluralidad existente en la sociedad y, por lo tanto, de realización de la vida democrática. Pero ese espacio ha sido en gran medida confiscado por empresas de comunicación, propiedad de personas adineradas, que deciden qué voces de la política silencian y a qué voces le suben los decibelios. Deciden a qué partidos acallan y a cuáles dan un altavoz privilegiado. Esos propietarios de medios de comunicación son ese poder feudal que censura e invisibiliza a una parte de la sociedad y convierte en papel mojado lo que quiera que sea el derecho constitucional de la ciudadanía a la información.

Mi experiencia como portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife me ha mostrado que nuestros adversarios políticos son, más que el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, los medios de comunicación que nos censuran un día sí y otro también. Pese a ser tercera fuerza política del municipio, la mayoría de los medios oculta nuestras propuestas, nuestras iniciativas y nuestras críticas. O les dedica espacios liliputienses para fingir ser ese espejo del pluralismo que no son. 

¿Por qué sólo vemos la censura cuando proviene de un poder público, pero no cuando proviene de un poder privado que, además, carece de todo control democrático? ¿Por qué aceptamos que un pequeño grupo de propietarios de medios de comunicación decida qué se le muestra y qué se le oculta a la ciudadanía? ¿Acaso no sabemos que la percepción de la realidad transmitida por los medios contribuye a que, por ejemplo, la gente decida cuál será su voto? Y cuando sabemos que tienen una función tan importante, ¿no debiera haber algún tipo de control democrático? ¿Cómo algo tan esencial para el buen funcionamiento de la democracia puede estar en manos de unas pocas personas adineradas que imponen el filtro de sus intereses particulares a la (des)información?

No es muy difícil entender el autoritarismo privado que hemos normalizado en materia de medios de comunicación.  Y lo podemos entender si hacemos algunas comparaciones. Por ejemplo, sabemos que un taxista es un actor económico privado que presta un servicio público. Sin embargo, aunque el taxi sea suyo, no se le reconoce la libertad de negarse a transportar a simpatizantes de Unidas Podemos. Tampoco le reconocemos a la empresa que recoge los residuos la libertad de negarse a prestar sus servicios a quienes votan a Unidas Podemos. Y no lo hacemos porque discriminar no es un ejercicio legítimo de ninguna libertad. Sin embargo, las empresas de medios de comunicación sí tienen reconocida de facto la libertad de censurar a quienes representan a los votantes de Unidas Podemos. Curiosamente, esa discriminación no se llama discriminación, sino libertad de información. A George Orwell le habría impresionado este totalitarismo real de libre mercado.   

Los medios de comunicación que censuran degradan la democracia. Su censura daña nuestra democracia. Pensemos, por ejemplo, en un partido de fútbol en el que tu equipo juega en una portería que es el doble de ancha que la del equipo rival y que, además, está en una hondonada que hace que los balones vayan hacia ella. Con un terreno de juego así la pregunta es de Primero de Obviedad: ¿tu adversario es el equipo rival o el terreno de juego? ¿Nuestros adversarios políticos son el gobierno de CC-PP o los medios de comunicación que pervierten el terreno de juego de la comunicación política? Seguramente, lo son ambos. 

Hoy, en Santa Cruz de Tenerife, el resultado de este partido es Caciquismo 2, Democracia 0. Muchas empresas de comunicación están combatiendo el pluralismo y conculcando el derecho de sus periodistas a ejercer su trabajo con profesionalidad. Es evidente que hay un interés común de una parte del empresariado propietario de los medios -y de muchos de sus homólogos adinerados- en invisibilizar a quienes defendemos propuestas políticas que rechazan. Es decir, el manifiesto interés que comparten en quebrar el pluralismo no necesita de ninguna conspiración, ni de ningún acuerdo concreto. El poder feudal que les otorga el mercado de la comunicación les convierte en titiriteros de unos políticos que asumen con gusto el papel de títeres.

Por tal motivo, ese poder privado mediático está recibiendo el apoyo del caciquismo remozado que se atrinchera en nuestras instituciones y les inyecta recursos públicos. En Santa Cruz de Tenerife el gobierno municipal otorga 12.000 euros a una radio para un programa sobre la Navidad en el que se entrevista al alcalde como si esa entrevista fuera una entrevista profesional y no publicidad encubierta. Y es que al oyente no se le informa de que está escuchando una entrevista pagada con dinero público.

En 2021 no hubo Carnaval en la calle, pero si una campaña del Ayuntamiento en una emisora, por 14.500 euros, sobre el Carnaval virtual; otra campaña de 65.000 euros en medios para promoción de ese Carnaval virtual como producto turístico; otra de 14.900 euros en otra emisora con finalidad parecida; otra de 14.900 para recordar carnavales pasados… Otra para pagar por noticias de prensa sobre carnaval, sin indicar el carácter publicitario… También está la Navidad y hay otras decisiones publicitarias demasiado dependientes de la voluntad subjetiva del gobierno de turno que, en algunos casos, podrían generar un “cariño mediático” hacia el grupo de gobierno y una cierta hostilidad hacia sus oponentes. De hecho, algún medio nos ha silenciado a la oposición desde que es beneficiario de estas campañas publicitarias. Seguro que es pura coincidencia. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 14.999,26 euros a un periódico para patrocinar noticias de Carnaval (sin advertir a quienes lo leen). En la memoria justificativa presentada por el periódico aparecía, por ejemplo, la noticia titulada: “Fiestas paga por primera vez a Televisión Canaria por la producción del Carnaval”. Incluso hubo un patrocinio informativo autoflagelante: “Indignación entre los diseñadores porque grabaron el desfile y todavía no han cobrado”. Se trata del tipo de patrocinio que uno esperaría encontrar en el País de Nunca Jamás… O en el cacicato ultraperiférico que Coalición Canaria ha montado en Santa Cruz.

El gobierno municipal pagó 4.900 euros a Radio Club Tenerife por un “programa especial relativo al Día Internacional del Deporte y la Paz en la Playa de Las Teresitas”, emitido el  24 de junio del año pasado. En ese programa se entrevistó al alcalde del municipio, sin indicar a la audiencia que ese programa estaba patrocinado con dinero público por el gobierno del alcalde. En la entrevista, el alcalde criticó a lo que describió como la “izquierda sectaria” y también ciertas medidas adoptadas por otras administraciones. Es realmente inaudito que se use dinero público para criticar a adversarios políticos en una publientrevista camuflada de entrevista.

El caso de la Cadena Ser, en Santa Cruz de Tenerife, es particularmente grave porque ha liderado la censura contra Unidas Podemos en el municipio, a raíz de nuestra denuncia de las irregularidades detectadas en dos conciertos financiados por el Ayuntamiento y vinculados a esa empresa. El propio oficial mayor del Ayuntamiento apuntó las posibles causas de nulidad de las contrataciones y, en una de ellas, apuntó que podía llevarse a la Fiscalía. En la actualidad son objeto de un expediente de revisión de oficio. ¿Imaginan a una clínica negándose a atender a un paciente porque previamente denunció mala praxis en ella? Obviamente, es inconcebible. Pero establecer una censura propia de una dictadura es algo por lo que la Cadena Ser no tiene que dar la más mínima justificación.

Desde luego, las instituciones democráticas debieran cuestionarse otorgar contratos a empresas de comunicación que discriminan y ejercen la censura. Y, yendo un poco más lejos, es preciso adoptar mecanismos como el que planteaba  recientemente el economista Thomas Piketty cuando abogaba por “una verdadera ley de democratización de los medios de comunicación, que garantizase a los empleados y a los periodistas la mitad de los puestos en los órganos de dirección, sea cual sea su forma jurídica, que abriese la puerta de par en par a los representantes de los lectores y que limitase drásticamente el poder de sus accionistas”.

Lo que está en juego es la democracia, ni más, ni menos. Igual que hoy no aceptamos que el derecho al voto dependa del poder adquisitivo, tampoco podemos aceptar que la materialización de la libertad de expresión y del derecho a la información esté en manos precisamente de quienes tienen mayor poder adquisitivo. Los derechos fundamentales no pueden estar subordinados, ni directa, ni indirectamente, al poder adquisitivo de nadie. 

Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife.

En 2002, el Gobierno de Canarias declaró de interés público el puerto de Granadilla aduciendo que el de Santa Cruz no era ampliable. Falso: después de esa declaración la Dársena del Este se amplió en 123.000 metros cuadrados y se construyeron 690 metros más de línea de atraque.

En 2003, la Declaración de Impacto Ambiental dictaminó otro embuste. Se afirmó que el tráfico de contenedores congestionaría el puerto capitalino, en 2007-2008, si no hubiera puerto alternativo y, en 2023, aunque lo hubiera. Jamás el puerto de Santa Cruz se aproximó a esa congestión y, de hecho, hoy le sobra tanto espacio que el concejal de Urbanismo del municipio ha pedido a la Autoridad Portuaria que ceda a la ciudad amplias zonas del muelle.

Las mentiras de políticos, empresarios y medios de comunicación provocaron la construcción del inútil puerto granadillero, que nunca absorbió un aumento del tráfico de contenedores inexistente, ni tampoco sirvió para introducir el gas natural, tal y como habían afirmado sus defensores. Asimismo, las condiciones meteorológicas encarecen las reparaciones navales, por lo que ese uso sobrevenido no parece prometedor. Tampoco sustituirá al muelle de los Cristianos porque alarga los trayectos. Incluso hay personas imputadas por la percepción de comisiones ilegales durante su construcción…

Pasado el tiempo, en 2011, hasta el presidente de los constructores, que tanto había defendido el puerto de Granadilla, declaró que las obras de ese puerto “no crean puestos de trabajo, son grandes infraestructuras que lo que necesitan es maquinaria”. Y, en 2018, también el alcalde granadillero declaró que su predecesor “estaba engañando a la ciudadanía y jugando con las ilusiones de muchas personas cuando hablaba de los miles de puestos de trabajo que iba a traer” el puerto. En suma, un muelle inútil y un gran despilfarro de dinero público que no creó empleo y por el que no se le han pedido responsabilidades a nadie.

Por supuesto, no es un caso aislado. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, escribió que “ejemplos de inversiones en puertos que no han cubierto ni mínimamente las previsiones por desgracia tenemos muchos: Arinaga, Tazacorte, Gran Tarajal, Granadilla…”. Ginés de Rus, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó, en el Parlamento de Canarias, que en nuestro país sólo se usa el 50% de la capacidad portuaria. 

Otro intento de sablazo a las arcas públicas, por valor de 200 millones, era construir el puerto de Fonsalía, en Tenerife, frustrado por razones legales debido a que sería un atentado medioambiental. La ex alcaldesa de Granadilla con CC declaró recientemente que “Fonsalía es el puerto de las mentiras, como fue en su día Granadilla”. Así que “sólo” se despilfarraron 35 millones de euros al construir una carretera que va al no-puerto. Por supuesto, nada de exigir responsabilidades.

Sin embargo, en cuanto cayó Fonsalía, surgió el “consenso” de políticos, empresarios y medios de comunicación para construir una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto del Sur por 400 millones de euros. ¿No querían un puerto en Fonsalía? Pues muy bien. Pero entonces ahora toca despilfarrar el precio de dos puertos de Fonsalía. Por lo tanto, se ha iniciado la campaña que denuncia la “cochambre” de la terminal del Aeropuerto del Sur y el “agravio” de Madrid a Tenerife, que es que no nos entienden. Según el presidente de los constructores, nos tratan “como si fuéramos una colonia”.

Han vuelto con las mentiras de siempre para dar un sablazo de 400 millones de euros a AENA. Sin embargo, las encuestas a viajeros, que comparten la metodología usada para aeropuertos europeos, dan una alta valoración al Aeropuerto del Sur, por encima de los aeropuertos de Estocolmo, Helsinki, Londres-Gatwick o Venecia. No, la terminal no es un “agravio” a Tenerife.

Pero es que, además, ya se está construyendo una terminal en el Aeropuerto del Sur, por valor de 54 millones de euros, que incrementará la superficie en un 50%, al sumarse a otra terminal nueva, que costó 39 millones de euros, pero que no se usa desde 2009. La Asociación de Líneas Aéreas afirmó públicamente que la terminal que se está construyendo es suficiente y que no quiere un megaedificio porque la Ley 18/2014 obliga a las compañías a pagar, a través de tarifas, esas inversiones. Es decir, la terminal de 400 millones podría dañar la competitividad del sector turístico por repercutir sus costes en los billetes de avión. Casi nada.

Si se evita el despilfarro de otra nueva terminal volverán a pedir la segunda pista del Aeropuerto del Sur, un despilfarro de 200 millones al que no renuncia el liderazgo político-empresarial local. ¿Recuerdan al presidente del Cabildo tinerfeño diciendo, en 2004, que el Aeropuerto del Sur colapsaría en 2015? ¿Alguien recuerda las previsiones de AENA de 16 millones de viajeros para ese año (frente a los 9 millones que realmente hubo)? Mintieron tanto con la necesidad de una segunda pista que, en junio de 2005, una encuesta del Cabildo de Tenerife señalaba que la segunda pista era la gran infraestructura mejor valorada por la ciudadanía. En 2018, AENA informó que en el período de mayor tráfico de la historia del Aeropuerto del Sur la pista había estado sólo al 46,2% de su capacidad (de 7:00 a 23:00 horas). Nadie se preguntó por qué el Aeropuerto de Gatwick, en Londres, podía mover 35 millones de viajeros anuales, con una sola pista, pero el Aeropuerto del Sur necesita dos pistas para mover la tercera parte.

Todo apunta a que numerosos representantes políticos, empresariales y medios de comunicación van a seguir engañando sin escrúpulos a la ciudadanía para despilfarrar dinero público en obras innecesarias. Y que, además, suponen no ejecutar obras necesarias: con la terminal de 400 millones se podrían construir 4.600 viviendas. En fin, tenemos la responsabilidad de desenmascarar a los del NO al NO al despilfarro del dinero público. 

Se trata de un debate que tenemos que abrir en nuestra sociedad: evaluar qué daños está causando en nuestros niños y niñas y en nuestra juventud el uso excesivo de Internet, a través de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Y plantear qué medidas debemos llevar a cabo para garantizar una buena utilización de esos dispositivos. Un uso que no perjudique el desarrollo de la infancia, ni perjudique tampoco la formación y el crecimiento personal durante la adolescencia.

Nos hemos acostumbrado a hablar de otras brechas digitales que también son importantes: ese 10% de alumnado sin acceso a Internet, la brecha digital de género, o el ciberacoso… Pero el uso prolongado de los dispositivos digitales está pasando relativamente desapercibido y no estamos actuando.

Hoy la población de 5 a 11 años pasa 711 horas anuales conectada a Internet, un poco menos que el tiempo anual que pasan en el aula. Los menores y las menores de 12 a 17 años dedican 1.058 horas anuales a Internet, más horas que las que pasan en clase. Y, en el Estado, Canarias lidera la cantidad anual de horas que la juventud pasa conectada a Internet. Los datos oficiales estiman que un 20% de la población adolescente usa Internet de forma compulsiva.

En tal contexto es preocupante que el sistema educativo esté contribuyendo también a convertir el medio digital en un fin en sí mismo. Parece que casi todos los objetivos de la educación deben adaptarse a la mediación digital, en vez de, en todo caso, adaptar la digitalización a los fines de la enseñanza, independientemente de lo que es el aprendizaje  del manejo de las herramientas digitales. Herramientas que, obviamente, hoy son necesarias y beneficiosas. Lo que aquí se cuestiona es que se usen también cuando no se acredita su eficacia o, peor aún, cuando su uso pudiera ser contraproducente.  

Un informe realizado por la OCDE, en el marco del programa PISA, valora el efecto de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos de los países de la organización: “A pesar de las considerables inversiones en ordenadores, conexiones a Internet y programas informáticos educativos, existen pocas pruebas sólidas de que un mayor uso de los ordenadores por parte de los estudiantes conduzca a una mejora de las puntuaciones en matemáticas y lectura”.  Y añade: “aquellos países que han invertido menos en la introducción de ordenadores en el colegio han avanzado más rápido, de media, que los países que han invertido más”. Y, “en los países en los que los estudiantes utilizan de forma más habitual Internet en la escuela para sus tareas, de media los resultados de lectura han empeorado. De igual modo, la competencia en matemáticas suele ser inferior en los países o economías en los que la proporción de alumnos que emplean ordenadores durante las clases de esta asignatura es mayor”. En ese mismo sentido apunta el reciente estudio de la Fundación COTEC, que muestra que utilizar dispositivos tecnológicos en clase, a diario o casi a diario, hace que los estudiantes de matemáticas rindan menos en los 22 países analizados. Y esta pauta se repite en todas las comunidades autónomas españolas. 

Andreas Schleicher, responsable del programa PISA, va más allá cuando escribe en la introducción al mencionado informe de la OCDE: “Las nuevas tecnologías no son de gran ayuda a la hora de resolver la brecha de competencias entre los alumnos de entornos privilegiados y los de entornos desfavorecidos. En pocas palabras: garantizar que cada niño adquiera un nivel básico de competencias en comprensión escrita y matemáticas parece mucho más útil para aumentar la igualdad de oportunidades en nuestro mundo digital que ampliar o subvencionar el acceso a los equipos y servicios de alta tecnología”.

En realidad, hay multitud de aprendizajes en los que carece de sentido aplicar tecnologías avanzadas. Todo el mundo entiende, por ejemplo, que, en los niveles más básicos de enseñanza de las matemáticas, no deben usarse las calculadoras porque aportan el resultado de las operaciones sin haber aprendido antes cómo se hacen. O, por poner otro ejemplo, los niños y niñas que aprenden a escribir con un teclado tienen más dificultades para memorizar y reconocer las letras que quienes aprenden con lápiz y papel. Una vez que aprenden a escribir presentan un déficit de comprensión y de memorización en clase, en comparación con quienes aprendieron con lápiz y papel. Tratar de introducir la mediación digital en gran parte de los saberes no digitales no parece ser siempre una buena idea. 

El neurocientífico Michel Desmurget, que ha abierto un gran debate en Francia con su libro La fábrica de cretinos digitales, ha recopilado una gran cantidad de estudios científicos, realizados en varios países, que evidencian que cuanto mayor es la cantidad de tiempo diario que pasan los adolescentes delante de todo tipo de pantallas, menor es su rendimiento escolar. Hay estudios que muestran cómo el incremento del tiempo pasado ante pantallas por niños y niñas de primaria aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos importantes de atención durante la educación secundaria. En general, se acredita una vinculación entre el ocio proporcionado a través de pantallas y el déficit de atención. Por ejemplo, un estudio sobre individuos de 12 a 20 años mostró que disponer de smartphones multiplicaba casi por tres el riesgo de padecer déficit de atención.

La práctica de la multitarea en ordenadores y teléfonos, o sea, atender simultáneamente redes sociales, mensajes, etc., se considera que debilita la memorización y la comprensión de los contenidos. También se ha documentado que la estimulación generada por las pantallas reduce el sueño y que, por ejemplo, en niños y niñas de 10 años, el dormir menos provoca 2,7 veces más riesgos de sufrir retrasos en el lenguaje. Las disfunciones del sueño se vinculan asimismo a mayores niveles de obesidad.

Michel Desmurget resume así el efecto del mal uso de los dispositivos digitales en la infancia y la adolescencia: “disminución en la calidad y cantidad de interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional; disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras (tareas, música, arte, lectura, etc.); interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente; sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad; subestimulación intelectual, que impide que el cerebro despliegue todo su potencial; y un estilo de vida sedentario excesivo que, además de en el desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral”.

No obstante, quizá el mejor indicador de los perjuicios que puede conllevar el mal uso de la tecnología lo encontramos en el hecho de que quienes la diseñan, en Silicon Valley, alejan a sus hijos e hijas de sus creaciones tecnológicas. En el Waldorf of Península, el costoso colegio privado al que envían a su descendencia quienes dirigen Apple, Google y otros gigantes tecnológicos, no se utiliza ninguna pantalla hasta que el alumnado llega a la secundaria. Por el contrario, en el cercano colegio público Hillview se publicita un programa por el que cada estudiante cuenta con un iPad. La paradoja es que son los hijos e hijas de los sectores sociales más modestos los que pasan más tiempo diario delante de pantallas mientras que la descendencia de los sectores adinerados se halla mejor protegida de los efectos negativos de tal exposición excesiva. Todo apunta a una nueva brecha digital que consiste en carecer de los recursos necesarios para reducir el uso abusivo de dispositivos digitales. 

La barriosesamización de la política vacía de calidad deliberativa el espacio democrático. ¿Imaginan a los conductores de las guaguas de la ciudad francesa de Dunkerque, que son gratuitas, sin cobrar sus nóminas, sin pagar el combustible y, además, sus guaguas embargadas por los impagos? Tiene gracia que quienes caricaturizan a Unidas Podemos, atribuyéndole adicción a la demagogia, deban ser diagnosticados por tal dolencia.

Todos los grupos políticos representados en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazaron estudiar la viabilidad de la propuesta de gratuidad de las guaguas municipales que, si fuera viable, se aplicaría después de la crisis económica actual. Una propuesta que, por cierto, sólo tenía sentido acompañada por la implementación de los 26 kilómetros de carril bus-taxi previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la prioridad semafórica, la reorganización de líneas y el incremento de frecuencias, entre otras medidas.

La medida tendría un coste de seis millones de euros adicionales al año, si se asumiera una gratuidad completa. Esta cifra representa el 2% del aumento de la subvención para vuelos de residentes al 75%. O, mejor aún, la podemos comparar con los 4,4 millones de euros perdidos por Santa Cruz, entre 2016 y 2021, a raíz de la bajada del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, una medida fiscal que incentiva la movilidad insostenible. Por supuesto, nunca hemos cuantificado a cuánto asciende el dinero que destina el municipio a la movilidad privada.

El problema es que la movilidad insostenible sí crece de manera sostenida y, pese a la retórica oficial (o gracias a sus efectos sedantes), jamás se adoptan medidas contundentes para empezar a cambiar de modelo. Pensemos que, entre 2014 y 2018, el tráfico de entrada a Santa Cruz de Tenerife aumentó en 7.232 vehículos diarios. Lo que supone un consumo energético anual adicional de más de 500 toneladas equivalentes de petróleo. Para entender lo que esto significa, en términos de sostenibilidad, pensemos que la propuesta del Ayuntamiento de dotar con placas fotovoltaicas y aerogeneradores una parte de la Avenida de Anaga para suministrar alumbrado, semáforos y tomas para vehículos eléctricos ahorraría 473 toneladas equivalentes de petróleo al año. Es decir, sólo el aumento del tráfico neutraliza el ahorro energético de una medida estrella de sostenibilidad que, sumada a otras cinco propuestas, ahorrarían menos del 1% del consumo energético total del municipio.

Los datos muestran que los discursos oficiales de sostenibilidad son poco más que el homenaje que el vicio rinde a la virtud: las medidas prácticas tienen poco alcance y, en cualquier caso, es el modelo de movilidad insostenible el que de verdad crece. Santa Cruz tiene 798 vehículos por cada mil habitantes, frente a los 683 de la otra capital canaria y los 770 del Archipiélago. En el municipio sólo se realizan 45,3 viajes por habitante en guagua pública urbana al año, frente a los 93,3 de Las Palmas de Gran Canaria. Se mire como se mire, Santa Cruz de Tenerife es más competitiva en materia de insostenibilidad. Aunque en la jerga del día a día político esto último se traduce como “apuesta por la sostenibilidad”.

Por supuesto, el modelo de movilidad insostenible es regional y goza de muy buena salud: en el período 2015-2019 el parque de coches de Canarias creció en 28.633 unidades cada año (37.812 vehículos anuales). Si pusiéramos en fila esos 143.166 nuevos coches, acumulados en cinco años, ocuparían más de 420 kilómetros… 

No es casualidad que, en marzo de 2019, el Parlamento de Canarias aprobara un Dictamen Sobre la situación del transporte en las islas en el que afirmaba que “el transporte privado tiene un crecimiento desmedido”, constataba que no hay medidas de “potenciación del transporte público” y señalaba que “Canarias posee infraestructuras relativamente mejores que otros territorios más desarrollados”. Es más, el Parlamento criticaba la constante construcción de nuevos viarios que crean “un circulo vicioso: más coches, se saturan las carreteras, se hacen más carreteras, que atraen a nuevos coches, en una espiral que resulta insostenible”.

En realidad, esa “espiral que resulta insostenible” va a seguir aumentando: el área metropolitana contará con una nueva autopista de seis carriles al sur del Aeropuerto de Los Rodeos. Más aún, en el pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife del pasado mes de enero, se evidenció un apoyo mayoritario a otra autopista de cuatro carriles, que se construiría con posterioridad y tendría un trazado con menos impacto que la vieja propuesta de la Vía Exterior. Y eso que, ya en 2005, el Avance del Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Comarca del Área Metropolitana indicaba que “no existe escasez [de carreteras] en el área metropolitana, ya hay una alta densidad si se compara con otros territorios”. Pues bien, parece que habrá más de 300 millones de euros para esas autopistas y parece que no habrá financiación para impulsar de manera contundente las guaguas públicas. Sigue la cotidiana “apuesta por la sostenibilidad”.

En marzo de 2019, Miguel Becerra, director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife declaraba que “el problema de las colas no se va a solucionar haciendo más carreteras. Habrá un par de años que se aligerará el tráfico, pero en tres o cuatro volveremos a la misma situación”. Este tipo de declaraciones son frecuentes entre nuestros (ir)responsables públicos. De hecho, hay un consenso en que la solución pasa por el transporte público colectivo y no por más y más vías para más y más coches. Sin embargo, las propuestas para dar pasos sustanciales en tal dirección siempre naufragan. ¿Por qué?

La respuesta nos remite a un viejo problema con mucho porvenir: quienes gobiernan nuestras instituciones tienen el gobierno. Pero el poder lo tienen los grandes empresarios del cemento, de la importación de vehículos, de las empresas de comunicación… Y esos empresarios tratan a nuestros gobernantes como medianeros. Que, curiosamente, aceptan comportarse como medianeros.

Se trata de una medida que ha beneficiado más a los grupos sociales más acomodados y menos a los menos acomodados. Que ha incentivado los medios de transporte que consumen más energía y contaminan más. Que no ha llegado a la población beneficiaria con toda su intensidad porque ha inducido un aumento de las tarifas. Que ha reforzado un mercado aéreo interinsular sin competencia, articulado sobre una fuerte inyección de fondos públicos y sobre la captura de un regulador, de unas autoridades públicas, que asumen que su papel es tan sólo dar dinero para un monopolio aéreo interinsular que, además, se ha construido sobre la privatización de una empresa aérea pública. Más aún: sin haber sido evaluados los efectos del aumento del descuento para residentes al 75%, ya está blindada esa medida, a través del artículo 6 de la Ley 8/2018 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Veamos sus efectos.

1. Subida de precios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) calcula que los precios de los vuelos entre Canarias y la Península aumentaron un 12,3%, en los doce meses posteriores a la implementación del descuento del 75%, y que, asimismo, el 81% de ese incremento se debe al aumento de la subvención (esto implica que más de 30 millones de euros de la subvención de 2019 fueron capturados por la subida de precios). La subida de precios contrasta con el período previo. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala que las tarifas medias de los vuelos Canarias-Península habían caído un 19% entre 2008 y 2018.

Por su parte, durante ese mismo período, las tarifas medias habían crecido un 10% en las rutas interinsulares canarias. Sin embargo, esas tarifas se mantuvieron a raíz del aumento de la subvención al 75%, si bien los precios finales bajaron. De modo que, en los vuelos interinsulares, no crecieron las tarifas después del aumento de la bonificación. No obstante, sí se había producido una evolución ascendente en el decenio previo que contrasta con la tendencia opuesta en los vuelos Canarias-Península.

2. Más gasto público. El aumento de la subvención ha incrementado el gasto público un 142%. En 2016, la subvención para vuelos interinsulares supuso 84,09 millones de euros y, en 2019, 201,5 millones. Para las rutas Canarias-Península se pasó de 132 millones (2017) a 322 millones (2019). O sea, el gasto aumentó en 307,4 millones hasta alcanzar los 523,5 millones de euros. A ello hay que añadir otros 56,3 millones por las bonificaciones aplicadas a los aeropuertos canarios.

3. Más desigualdad. Según los datos de la AIREF, el descuento de residente beneficia especialmente a la población más adinerada. El 10% más pobre de la población canaria recibe 44 euros de media anual para rutas Canarias-Península (y 35 euros para rutas interinsulares). Y el 10% más rico recibe 327 euros para trayectos Canarias-Península (y 234 para desplazamientos interinsulares). En 2018, el 33,4% de la población canaria se benefició de la bonificación para viajar a la Península y el 28% para viajar entre islas.

4. Menos movilidad sostenible. En marzo de 2018, Germán Blanco, experto en movilidad, explicó en el Parlamento de Canarias que, entre 2006 y 2016, el Archipiélago  pasó de 125,5 millones de viajeros en transporte público terrestre regular a 97,3 millones de viajeros. O sea, cuando ha retrocedido el transporte público más sostenible, que recibe unos 90 millones de euros públicos al año, lo que se hace es aumentar en 300 millones la financiación del transporte público más insostenible (también a los fast ferry, que consumen 7,2 kilos equivalentes de petróleo por 100 personas, por kilómetro, frente a 3,7 del avión). Pensemos que, por ejemplo, sólo con aportar otros 6 millones de euros, una ciudad como Santa Cruz de Tenerife podría hacer totalmente gratuito su transporte regular urbano en guagua. Los recursos destinados al aumento del descuento para residentes podrían financiar un cambio real hacia la movilidad terrestre sostenible, afectando a mucha más gente, en muchos más desplazamientos y, asimismo, beneficiando especialmente a sectores con menos renta.

5. Consolidación del monopolio. Los 523,5 millones de euros anuales destinados a subvencionar los viajes en avión de la población residente multiplican, por casi diez veces, los 52,6 millones de euros por los que el Estado vendió Binter Canarias. Una empresa creada por el Estado acabó en manos de un sector privado al que se inyectan subvenciones multimillonarias en unas rutas interinsulares en las que el 86% del pasaje es población residente. Y, además, obtiene beneficios fiscales a través de la Zona Especial Canaria y se beneficia de otras deducciones fiscales por la compra de aviones para vuelos regionales. Llama la atención que, pese al enorme papel del Estado en estos vuelos regionales, se haya descartado la posibilidad de contar con una aerolínea de titularidad pública, que minimice el impacto de los desplazamientos interinsulares sobre las arcas públicas. Las administraciones han rechazado disponer de una empresa pública, pero han organizado un monopolio privado financiado públicamente.

La CNMC afirma que, entre 2008 y 2018, hubo entre cuatro y cinco operadores de vuelos interinsulares en Canarias. Pero añade que, cuatro de esas empresas, “pertenecen de facto, o están estrechamente relacionadas, con el mismo grupo empresarial (Grupo Binter)”. Por lo tanto, después de la salida del mercado aéreo interinsular de Air Europa e Islas Airways (ambas condenadas por fraude en el descuento a residentes) no hubo competidores en ese mercado regional. Y esto lo dice la CNMC.

Es indudable que Canarias necesita que se subvencione la movilidad de la población residente. Pero debemos cuestionar que el Estado construya monopolios privados, que no pueda impulsar una aerolínea propia o que no pueda evitar que una parte de sus ayudas a la movilidad sean apropiadas en forma de beneficios empresariales abusivos. También hay que cuestionar el coste de oportunidad que supone incrementar los recursos asignados al transporte menos sostenible (avión y fast ferry) mientras el transporte terrestre sostenible (fundamentalmente guaguas) languidece ante el crecimiento de un modelo de movilidad insostenible (más coches, más energía, más infraestructuras…). Es la baja calidad democrática de nuestras instituciones lo que explica que este necesario debate apenas exista. 

Ni 2006 ni 2020 han visto incrementos significativos de la población inmigrante de origen africano en Canarias. Tampoco hay evidencia alguna de que la afluencia de pateras dañe la actividad turística. Lo que sí se ha producido es una especie de racismo preventivo, o de xenofobia preventiva, que no se corresponde con ningún aumento significativo de la presencia de inmigración africana, sino con mensajes alarmistas sobre supuestos efectos negativos atribuidos al flujo de africanos. Las personas de  procedencia africana suponen sólo el 1,3% de la población de las islas y representarían el 6% de la población si quienes llegaron en patera, durante los últimos 20 años, residieran en Canarias. Sin embargo, pese a su escaso peso demográfico, son objeto del discurso antiinmigración más beligerante. Y ello nos muestra la facilidad con la que una parte de nuestra dirigencia política y de nuestros medios de comunicación nos pueden montar un Ku Klux Klan ultraperiférico.

En los últimos 15 años la población africana residente en el Archipiélago ha representado alrededor de 1 de cada 10 inmigrantes afincados en las islas. En 2010, eran 31.498 personas que, para 2019, se habían reducido a 28.833 y representaban el 10,4% de la población inmigrante. Y, en 2020, no se alterará esta realidad, pese a ser el segundo año con más llegadas de africanos en pateras. Recordemos que 2006 fue el año con mayor cantidad de personas llegadas en patera (31.678) y que, sin embargo, entre 2005 y 2007, la población africana residente en Canarias se redujo en 1.680 personas (de 26.732 a 25.052). Curiosamente, ese período de reducción de la inmigración africana asentada en las islas fue el de los mensajes alarmistas que hablaban de “invasión”, “avalancha” o “emergencia”.

En realidad, la llegada de pateras influye muy poco en el aumento de la inmigración de origen africano residente en Canarias. Porque la inmensa mayoría son derivados a otros territorios peninsulares, o europeos, o, simplemente, son  deportados. La inmigración africana no es un factor de superpoblación del Archipiélago, ni las pateras han repercutido nunca negativamente en nuestra economía turística. 

Las declaraciones que han señalado a quienes llegan en patera como un peligro para la actividad turística son falsas y alimentan la xenofobia y el racismo contra los africanos. En este sentido, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas hizo un planteamiento xenófobo cuando afirmó que la crisis migratoria, que vive el Archipiélago, es una de las causas de la caída de la actividad turística. En el transcurso de una entrevista, Oramas preguntó: “¿irías de vacaciones a Lesbos o a Moria?” Pues bien, la oleada de refugiados que llegó a Lesbos, en 2015, supuso el 588% de su población. Las personas llegadas en patera a Canarias, en 2020, suponen el 1% de la población del Archipiélago. Esto quiere decir que, para que Canarias hubiera experimentado una afluencia de inmigrantes comparable a la de Lesbos, tendrían que haber llegado 13.000.000 de personas (y no 23.023). La comparación efectuada por Oramas es intelectualmente fraudulenta y profundamente racista porque sirve para despertar hostilidad contra personas identificables por sus rasgos físicos.

Arturo Ortiz, director de Turespaña en Berlín, declaró, a finales de noviembre de 2020, que las televisiones alemanas habían mostrado la llegada de inmigrantes en pateras y que él había preguntado “a los touroperadores sobre la incidencia de este hecho en la imagen de Canarias como destino y su preocupación es cero”. Nada nuevo, por otra parte. En agosto de 2006, la Consejería de Turismo estudió la reacción de los turistas ante la llegada de pateras a Los Cristianos y no hallaron efectos negativos. Y Rafael Gallego, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Las Palmas de Gran Canaria, declaró que la llegada de pateras no interfería en la “normalidad” de los turistas, pero advertía que lo único que podía hacer peligrar al sector turístico canario eran los discursos “partidistas y alarmistas” empleados por “ciertos representantes institucionales de las islas para hablar de inmigración”. Y esas declaraciones las hizo en un año en que llegó mucha más gente en patera que en 2020.

Por supuesto, en 2006, hubo cargos públicos de Coalición Canaria con el mismo nivel de irresponsabilidad que en 2020. El presidente Adán Martín pidió la reunión de “un gabinete de crisis del gobierno central” para abordar la situación “insostenible”. El diputado Mardones habló de “situación explosiva” por la llegada de pateras y Paulino Rivero advertía que si persistía el “abandono” del Estado habría “un conflicto social e institucional”. Y, según el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior: el “Estado español debería asumir la responsabilidad de defender sus fronteras para impedir que sigan siendo invadidas impunemente”. ¿Invadidas impunemente? ¿Así debe expresarse un dirigente de Coalición Canaria o, más bien, un dirigente tribal de Sentinel del Norte, la isla del Índico donde disparan flechas a los forasteros? 

Desde el Partido Popular, José Manuel Soria, con su característico desprecio por la inteligencia del prójimo, denunciaba el “efecto llamada” del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias porque aludía a los orígenes norteafricanos de la población del Archipiélago, algo con lo que “damos a las mafias el recado de que ésta es su tierra”. Todos hicieron cuanto pudieron para desencadenar una histeria colectiva antiafricana y contra el Gobierno central. Se constituyeron temporalmente en un Ku Klux Klan ultraperiférico ante la “amenaza” de que aumentara la inmigración africana. Nunca hablaron del color de la piel, pero siempre señalaban a los de la piel más oscura. Hicieron eso que, en el resto del mundo, se llama racismo.

Mientras uno de cada trece inmigrantes que viajaron en patera a Canarias, durante el pasado año, perdía la vida en la travesía, el senador Fernando Clavijo afirmaba que “las mafias y la migración van a seguir existiendo gracias a la actuación del Gobierno” de Madrid. Al portavoz de CC en el Parlamento autonómico, José Miguel Barragán, le preocupaba que el “ninguneo e indolencia” de Madrid pudiera “derivar en brotes de xenofobia que no podamos controlar”. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, José Ortiz, rechazaba derivar inmigrantes a la Península por tratarse de un mensaje “equivocado” a las mafias. Declaró que el Gobierno de Madrid es “cómplice” de las mafias y lo “toman como el pito del sereno a nivel internacional”.

Llegados a este punto, la dirigencia ultraperiférica no pudo evitar entrar en éxtasis victimista. El senador Clavijo denunció que, al Gobierno de Madrid, “no les importamos nada” y “no es que no nos dejen atrás, sino que nos dejan abandonados”. Los ministros de Madrid “se ríen de Canarias, se ríen de nosotros…”. Barragán afirmó que “el trato que da a Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez es colonial y para ellos nosotros no somos españoles ni europeos, somos extranjeros que dan la lata”. Alguien tendrá que explicar a la gente de las pateras que su paso por Canarias nos convierte en víctimas de Madrid… Que África nos ayude…

El repunte migratorio de 2020 (con 8.655 inmigrantes menos que en 2006) apenas tendrá influencia en el aumento de la población inmigrante y, por supuesto, no perjudicará al turismo. En noviembre, el portavoz del Gobierno canario afirmó que, de 18.000 personas llegadas en patera hasta ese momento, 10.000 ya estaban fuera de las islas. En octubre, la pandemia había reducido la ocupación de las plazas hoteleras al 22,8% y, sin embargo, había voces indignadas porque el 2,6% de los hoteles estaban ocupados temporalmente por inmigrantes. En Mogán, mientras su alcaldesa echaba leña al fuego de la xenofobia, con su ruidoso rechazo al uso provisional de hoteles, la criminalidad caía un 30%, en comparación con el mismo período del año previo. No obstante, hubo vecinos que protestaron indignados, ante inmigrantes africanos, para recriminarles un altercado confuso y que había sido distorsionado. Pues bien, el desenlace de la crisis migratoria lo veremos dentro de unos meses: no habrá inmigrantes en los hoteles, volverán los turistas a medida que se vaya superando la pandemia, crecerá la criminalidad en Mogán hasta los niveles normales y quedará el poso de racismo que se ha alimentado irresponsablemente en estos meses pasados. 

La dirigencia ultraperiférica ha sacado la peor cara de su nacionalismo victimista cuando se ha transformado en Ana Oramas-Trump y Fernando Clavijo-Bolsonaro y, además, se han puesto a sembrar para que Vox recoja la cosecha. El inacabable guión de victimización frente a Madrid acaba alimentando el racismo y la xenofobia cuando se mezcla con el naufragio en patera de África. 

Sin embargo, el nuevo gobierno municipal ha iniciado su andadura con un triple déficit: no existía ningún rechazo popular al año de gestión de la alcaldesa, el nuevo-viejo alcalde no aportó propuestas concretas que justificaran su regreso a la alcaldía y, sobre todo, depende de una tránsfuga que traicionó a Ciudadanos y las promesas de regeneración que hicieron a la ciudadanía.

El portavoz de Coalición Canaria había afirmado, en el pleno municipal celebrado en julio de 2019, que gobernar con tránsfugas es “la peor perversión que se puede dar del sistema democrático”. Pero, un año después, en julio de 2020,  desde CC justifican gobernar, gracias al transfuguismo, negando que la concejala tránsfuga sea tránsfuga, o, si no, acusando a otros de hacer lo mismo. El menosprecio a la inteligencia de la ciudadanía es marca de la casa nacionalista ultraperiférica.

CC y PP pretenden que el apoyo de dos concejales de Cs a la alcaldesa fue igual al apoyo de la tránsfuga al nuevo-viejo alcalde (es decir, que todos serían iguales porque todos violarían por igual los principios antitransfuguismo que dicen defender). Pero no es así: la candidata de Ciudadanos prometió públicamente, en 2019, una regeneración que pasaba por desalojar a CC del poder. Y, después de las elecciones, Cs exigió a sus concejales en Santa Cruz violar sus promesas electorales y engañar a sus votantes (aunque acabaron honrando esas promesas electorales con posterioridad). El dilema estaba claro: acatar al partido y engañar a los votantes o cumplir con los votantes y desacatar al partido. Es obvio que lo que estaba en juego era el respeto al núcleo del “contrato electoral” y que, además, sí se podía cumplir con ese contrato.  

Curiosamente, esto no tuvo nada que ver con las motivaciones turbias habituales en el transfuguismo que, precisamente, lo que hace es romper los compromisos electorales previos e imponer decisiones particulares. Justamente, la concejala tránsfuga, que apoya al ganador de la moción de censura, vulnera las promesas electorales de su partido, la voluntad de su partido y su propio discurso de rechazo a las políticas de CC. Es el caso típico de transfuguismo que todas las fuerzas políticas dicen condenar y que, sin embargo, CC-PP legitiman a través de sus actos en Santa Cruz. Y, además, con la pretensión justificativa de que los demás hacen lo mismo (lo cual no justificaría nada, aunque fuera cierto) pese a que, simplemente, se niegan a discutir las diferencias con lo sucedido un año antes en Santa Cruz, dentro de una estrategia de embarrar e igualar en el lodo conductas opuestas.  

Todo este asunto no es irrelevante porque apunta a un déficit de legitimidad democrática en la constitución del nuevo gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife. Ése déficit está en el hecho de que el gobierno se sustente en una tránsfuga, pero no en que no gobernara el grupo más votado durante el primer año de mandato, como también se ha insinuado reiteradamente. De hecho, en el mandato 2011-2015, CC evitó que gobernara el grupo más votado en Santa Cruz y, lógicamente, nadie cuestionó la legitimidad de aquella situación. Y la vara de medir debiera ser siempre la misma.  

A la deslegitimación de un alcalde sustentado por el transfuguismo se unen la inconsistencia de sus críticas a su predecesora y la ausencia de nuevas propuestas concretas. El texto de la moción de censura diagnosticó una “parálisis evidente” del municipio, aderezada con “una situación de absoluta ingobernabilidad”, pese a que el grupo de gobierno nunca perdió ninguna votación en el Pleno referida al ámbito municipal.

José Manuel Bermúdez se comprometió a “la generación de las condiciones” que posibiliten “la creación de puestos de trabajo”. Sin embargo, los últimos nueve meses de gobierno de Bermúdez constataron un aumento de 1.713 afiliaciones a la Seguridad Social, en Santa Cruz de Tenerife, frente a 2.507 nuevas afiliaciones registradas durante los primeros nueve meses de su sucesora. Es decir, en la única etapa de gobierno de Patricia Hernández comparable con el de su predecesor se había creado un 46% más de empleo en el municipio. Pero Bermúdez se presentaba como campeón del empleo a pesar de los datos. Ni ingobernabilidad, ni creación de empleo: simplemente, retorno de la maquinaria propagandística.

Otros hitos del no-legado de los ocho años de gobierno del alcalde Bermúdez incluían no haber construido ni una sola vivienda para el alquiler social y no haber puesto en marcha ni una sola escuela infantil, pese a que, en 2012, anunció dos. Por su parte, el año de gobierno de Hernández se saldó con la puesta en marcha de la construcción de más de 300 viviendas para el alquiler social y dos escuelas infantiles, en parte como cumplimiento de sus acuerdos con Unidas Podemos.

Sin embargo, el texto de la moción de censura arremetía contra “la ralentización de muchas infraestructuras”. Por ejemplo, criticaban el retraso en la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo, que Coalición Canaria fue incapaz de poner en marcha durante más de quince años, pero que ahora cuenta con una propuesta de adjudicación. O criticaban que la rehabilitación del Templo Masónico se había ralentizado aunque, en 2017, anularon el proyecto, mientras el concejal de Urbanismo denunciaba públicamente que había habido un interés en que ganara el concurso un arquitecto determinado. Ahora el proyecto está casi concluido.

Durante el año de mandato de Hernández se llevaron a cabo obras de mejora en dieciocho polideportivos. Los trabajos en los parques de La Granja y Las Indias están casi terminados y la rehabilitación de la Casa Mascareño está en marcha. Hay nuevos proyectos de parques infantiles y se ha dotado un millón de euros para equipar de ascensores a edificios con graves problemas de accesibilidad. Y, asimismo, hay otras iniciativas en marcha o terminadas. Pero para Coalición Canaria todo esto era una “paralización” del municipio. Seguramente porque dejaron el listón muy alto: en 2018, ejecutaron el 24% de las inversiones presupuestadas. Y, en 2020, el Tribunal Supremo anuló definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana que habían aprobado en 2013.

El gobierno de Hernández deja un convenio para recuperar los 95 millones del saqueo de Las Teresitas gracias a que interpuso una querella, por presunto alzamiento de bienes, contra uno de los condenados. CC no había ni reclamado los casi 40 millones de euros de intereses, ni una ejecución provisional, y sin subasta, de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tampoco recuperaron, en 18 años, el aparcamiento de la Avenida Tres de Mayo, ilegalmente cedido por uno de los condenados del caso Las Teresitas. En 2016, habían abierto dos expedientes sancionadores que caducaron felizmente. Pero bastó con un solo año sin CC en el gobierno municipal para recuperar esa concesión. Quizá sea por esto por lo que el actual concejal de Servicios Públicos -y portavoz municipal del Partido Popular- declaró que su predecesor “no lo hizo mal”. Apreciación que contrasta con lo que afirmaba, unas semanas antes, sobre sus socios de gobierno de CC: son “malos gestores”. 

En efecto, los ejemplos de mala gestión de CC son muy numerosos: los propietarios de una residencia de mayores exigen al Ayuntamiento 19 millones de euros por el daño causado por una licencia ilegal; están en Fiscalía los pagos efectuados, sin las facturas preceptivas, por el concierto de Juan Luis Guerra o los pagos por el no-concierto de Sebastián Yatra; el Ayuntamiento ha sido condenado por los tribunales a pagar casi 1,5 millones a Elecnor y a pagos diversos a Cetensa; se ha descubierto que se abonaban 2,3 millones anuales a Sacyr, para devolverle lo que pagó por la concesión del agua municipal, sin amparo en el contrato de adjudicación. Asimismo, se adjudicó la limpieza a la única empresa que incumplía sus propios criterios de calidad y la que menos empleo aportaba.

En suma, ni Santa Cruz de Tenerife estuvo paralizada durante el último año, ni Coalición Canaria recuperó el poder gracias a un historial impecable de buena gestión y a su capacidad para aportar nuevas propuestas. CC regresó al poder gracias al voto de una tránsfuga y a una impresionante campaña de erosión de la imagen de la alcaldesa y su gobierno impulsada por varias empresas de comunicación. Lo novedoso es que nunca antes fue tan evidente y tan notorio el acceso de Coalición Canaria a un gobierno municipal aupada por mecanismos de tan baja calidad democrática. 

Sin embargo, harían falta 455 años para crear las 13 escuelas públicas infantiles necesarias para que Santa Cruz llegara a la ratio de escuelas públicas infantiles por habitante de nuestro país. Sólo Matusalén, que vivió 969 años, podría esperar por los plazos bíblicos implícitos en la pachorra ultraperiférica de Coalición Canaria en materia social.

Los datos son elocuentes: Santa Cruz tiene seis escuelas infantiles públicas municipales, dos del Ayuntamiento y cuatro del Gobierno de Canarias. Tendríamos que llegar a 19 escuelas públicas para estar en la media de España. Recordemos que Unicef criticó, en un informe de 2017, que Canarias sea la comunidad autónoma con menor porcentaje de población infantil en escuelas de 0 a 3 años (12% frente al 34% estatal) y que, además, tenga el menor porcentaje de escuelas infantiles públicas de toda España.

Entre 2010 y 2019, Santa Cruz de Tenerife ha reducido su oferta total de plazas públicas en escuelas infantiles, al pasar de 608 a 486. El municipio tiene 953 plazas en escuelas infantiles (públicas y privadas), que suponen el 16,3% de las 5.843 personas de 0 a 3 años que residían en él en 2018. Para llegar a la media estatal necesitaríamos disponer de plazas para el 34% de esos menores, es decir, necesitaríamos un total de 1.986 plazas en escuelas infantiles. Y, asimismo, poco más de la mitad de esas plazas, debieran ser públicas para alcanzar la media estatal. Las políticas de Coalición Canaria han colocado a Santa Cruz y a Canarias a la cola en materia de escuelas infantiles.

La creación de escuelas infantiles es una competencia de la Comunidad Autónoma. Pero nada impide a un municipio llegar a acuerdos con la Consejería de Educación y crear nuevas escuelas con financiación propia.

Hay que recordar que los estudios PISA muestran países en los que haber pasado por una escuela infantil mejora los resultados educativos un 10% a los 15 años. Y mejora las oportunidades de quienes viven en hogares con desventajas socioeconómicas. O, como se ha documentado en Dinamarca, las escuelas infantiles de calidad, gratuitas o con un coste bajo, inducen el aumento de la participación laboral de las mujeres. Son motivos por los que es importante tomarse en serio la necesidad de incrementar las escuelas infantiles públicas.

El gasto en infraestructuras innecesarias obviamente no ocurre sólo en Canarias. En 2008, antes de sufrir los efectos de la crisis, España dedicó el 1,62% del PIB a infraestructuras. Ese mismo año Alemania destinó el 0,7% de su PIB, Francia el 0,5% y Estados Unidos el 0,49%. En realidad, países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos nunca han dedicado el 1,6% de sus PIBs a infraestructuras en tiempo de paz. Esto nos da la medida de nuestra desmesura.

En marzo de 2018, Ginés de Rus compareció en el Parlamento de Canarias y propuso crear una agencia de evaluación de proyectos de infraestructuras, independiente de la administración que promueva el proyecto. Explicó que España sólo usa el 50% de su capacidad portuaria. Afirmó que el Puerto de Arinaga no tenía viabilidad (recordemos que recibió tres barcos en sus cuatro primeros años) y añadió que el Puerto de Tazacorte se hizo después de remitir tres informes de coste-beneficio a la Comisión Europea que fueron rechazados. Dieciséis años después de su inauguración, el Puerto de Tazacorte recibió su primer crucero y, de inmediato, las autoridades locales han exigido su ampliación.

Ahora se plantea gastar más de 40 millones de euros en ampliar el muelle de Agaete, pese a que sólo se cubre el 30% de las plazas que oferta. Luis Ibarra, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, rechazó la ampliación de ese muelle y lo comparó con los que “no han cubierto ni mínimamente las previsiones […]: Arinaga, Tazacorte, Gran Tarajal, Granadilla…”. Sobre este último, el pasado mes de junio, el alcalde Granadilla declaró que su predecesor “estaba engañando a la ciudadanía […] cuando hablaba de los miles de puestos de trabajo que iba a traer este puerto” y que no trajo. Más aún: en julio, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirmó, sobre la implantación de instalaciones para el gas natural, que “nosotros sólo nos sentimos incómodos cuando se intentan socializar las pérdidas” y señaló que ese era caso de Granadilla.

En Tenerife se plantea destinar 200 millones de euros a la construcción de un puerto en Fonsalía, aduciendo la saturación del cercano puerto de Los Cristianos. Sin embargo, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, declaró, en septiembre, que al puerto de Los Cristianos “no le pasa nada porque el problema está en el acceso” debido a los atascos de tráfico. Y la solución al atasco no es construir otro puerto.

Asimismo, en su comparecencia parlamentaria, Ginés de Rus afirmó que “no hay ni una sola evaluación económica que justifique la construcción de trenes en las Islas” y el consiguiente gasto de 5.000 millones de euros. Es llamativo constatar, por ejemplo, que el consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife declarara, en julio, que gastar 2.600 millones en trenes en la Isla “a lo mejor no es lo más idóneo”. Sin embargo, en noviembre, el presidente del Cabildo pedía a AENA que la futura terminal del Aeropuerto del Sur se coordine con el futuro tren del Sur. Por otra parte, un informe técnico del Cabildo señalaba que los ingresos del futuro tren del Norte sólo cubrirán el 26% de los costes.

Hay más infraestructuras previstas que debieran ser objeto de evaluación independiente. Por ejemplo, la construcción de una tercera pista en el Aeropuerto de Gran Canaria y de una segunda pista en el Aeropuerto de Tenerife Sur. En 2018, movieron respectivamente 13 y 11,2 millones de pasajeros. Ya que no llegan a utilizar ni la mitad de la capacidad de sus pistas es lógico preguntarse si hay que construir más pistas. ¿Por qué el aeropuerto londinense de Gatwick llegó a mover 35 millones de viajeros con una pista y, sin embargo, en Canarias hacen falta tres pistas para mover 13 millones?

Podríamos poner muchos más ejemplos para mostrar que necesitamos un debate sobre infraestructuras sereno e informado. Canarias merece un debate honesto para priorizar racionalmente el uso de los recursos públicos.

¿Y si, en lo que a dilapidar recursos colectivos se refiere, no hay tanta diferencia entre los faraones egipcios y los gobernantes de la Canarias ultraperiférica?

Uno se pregunta cómo era la mentalidad de aquellos antiguos egipcios que empleaban una gran cantidad de trabajo y recursos para construir pirámides que servirían de tumbas a sus faraones. Es más, ¿cómo pudo un pueblo dedicar grandes esfuerzos colectivos a algo socialmente tan estéril como la construcción de la tumba del rey?

Quizá suspiramos con alivio por creer que vivimos en una época en la que un derroche tan absurdo de las energías colectivas no es posible. Pero, ¿y si, en lo que a dilapidar recursos colectivos se refiere, no hay tanta diferencia entre los faraones egipcios y los gobernantes de la Canarias ultraperiférica? ¿Cuáles podrían ser los equivalentes ultraperiféricos de las pirámides de los faraones egipcios? ¿Es Paulino Rivero comparable a Ramsés II? ¿Las pirámides ultraperiféricas paulinitas generarán un flujo turístico dentro de algunos milenios? Por sus obras los conoceréis…

Las pirámides ultraperiféricas no tienen vocación de eternidad. Por ejemplo, en 2013, se decidió el desguace de la desaladora Las Palmas II, que costó 75 millones de euros y jamás fue utilizada. Recientemente, se publicó que la balsa de Maneje, en Lanzarote, es una infraestructura “mal proyectada y completamente inútil”, que será desmantelada. En esa misma isla, el no-monumento de Tindaya costó 12.7 millones de euros y, en otra muestra de dispendio inmaterial de recursos colectivos, el Gobierno de Canarias se obligó a pagar 5.2 millones de euros, a cambio de nada, por avalar a una empresa de catering. Por su parte, entre 2004 y 2013, cinco de los siete ayuntamientos lanzaroteños perdieron más de siete millones de euros por invertir en productos financieros especulativos. ¿En qué parte del programa electoral anunciaban que irían al bingo con dinero público?

En Gran Canaria, el puerto de Arinaga recibió tres barcos en sus primeros cuatro años. Tenerife construye el puerto de Granadilla, pese al dictamen pericial que determina que la fuerza del viento impediría la carga y descarga de buques durante más de cien días al año. Los faraones ultraperiféricos ven la botella medio llena y sólo reparan en los más de doscientos días aptos para la actividad portuaria. Y, con el mismo optimismo cementófilo, piden 471 millones de euros para 10.8 kilómetros de autovía, entre Santiago del Teide y La Guancha, que permitirán convertir en rambla un tramo de la autopista que discurre junto a La Laguna. ¿Tiene sentido sembrar asfalto en un lugar para arrancarlo en otro?

La mentalidad neofaraónica y ultraperiférica asume que siempre es deseable construir más y más infraestructuras. Así, en 2004, el Gobierno canario y CEOE-Tenerife coincidieron en que la isla “está todavía al 40% de su capacidad en cuanto a las infraestructuras que necesita”. La idea de sustituir a toda costa la repetición tediosa de árboles y plantas por la diversidad del cemento y el asfalto constituye la versión remozada de cómo veía sir Walter Raleigh la Guayana: “una tierra que tiene todavía intacta su virginidad; jamás saqueada, arada o trabajada; la faz de la tierra sin romper; la virtud y la sal del suelo sin gastar por el abono; las tumbas sin abrir para sacar el oro; las imágenes de los dioses aún por derribar de lo alto de los templos”.

Los faraones ultraperiféricos quieren terceras pistas aeroportuarias como futuras pirámides. Así, se proponen construir una nueva pista en el Aeropuerto del Sur de Tenerife pese a que, en 2013, sólo se usó el 25.8% de la capacidad de la pista actual. Aunque las previsiones infladas auguraban 16 millones de viajeros para 2015, lo cierto es que, el pasado año, sólo hubo 8.7 millones de pasajeros, una cifra inferior a la de 2000. Sin embargo, en enero de 2004, el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, declaraba que, si no se construía otra pista, el Aeropuerto del Sur se colapsaría en 2015. Y la prueba del buen funcionamiento de los embustes institucionales es que, en junio de 2005, se divulgó una encuesta del propio Cabildo que señalaba a la segunda pista como la gran infraestructura pendiente mejor valorada por la ciudadanía tinerfeña.

También en Gran canaria está prevista la construcción de una tercera pista para un aeropuerto que utiliza sólo el 40.3% de la capacidad de sus dos pistas actuales y que, en 2012, movió 9.8 millones de pasajeros, frente a los 15 millones previstos. Es más, parece que nadie se ha preguntado cómo se las arregla el aeropuerto londinense de Stansted para mover 17.4 millones de pasajeros con una sola pista o, mejor aún, cómo ha hecho el aeropuerto de Gatwick para atender a 35 millones de viajeros con una pista.

El economista Ginés de Rus explica que las infraestructuras innecesarias “reducen el nivel de bienestar social, al constituirse en una carga, en sus gastos de construcción, explotación y mantenimiento para el conjunto de la sociedad, que no recibe a cambio beneficios que compensen la renuncia a consumo presente, a otros proyectos de inversión pública o privada, y a otros gastos sociales que necesariamente han dejado de acometerse”. Las pirámides ultraperiféricas son una oportunidad perdida para atender necesidades reales.

Pero el ultradespilfarro ultraperiférico prosigue en tiempos de crisis: los presupuestos del Estado para 2015 anticipan una partida de 71 millones de euros para el puerto-monumento de Granadilla. Y no puede ser de otra manera mientras siga habiendo un pequeño grupo de grandes empresarios de la construcción que ha capturado las decisiones de los representantes públicos. Y es que Canarias sufre a gobernantes ultradespilfarradores, ultravictimistas, ultraperiféricos y ultradeficitarios en prácticas democráticas, propios de un estado depredador.

Si Canarias hubiera hecho proporcionalmente el mismo esfuerzo que Francia, hoy dispondría de 113.400 viviendas de alquiler social y no de tan sólo 11.512

Nos decían que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, para recortar más y más derechos, y la realidad es que, cuando prestamos atención a los datos tercos y fríos, constatamos que hemos vivido muy por debajo de nuestras posibilidades. Y, en Canarias, aún más por debajo.

En materia de vivienda esta realidad es incontestable en cuanto salimos de la propaganda oficial y nos preguntamos cuál es el balance final de varias décadas de autogobierno. Sabemos que la herramienta clave en la Unión Europea, para garantizar el derecho a un techo digno, ha sido el parque público de viviendas en alquiler social. La comparación entre Canarias y algunos de nuestros vecinos europeos, con similar nivel de renta, es demoledora para Canarias y evidencia el legado de gobiernos incapaces de servir al interés público. Veamos.

Canarias tiene 5.4 viviendas de propiedad pública en alquiler por cada mil habitantes, en comparación, por ejemplo, con las 80 de Gran Bretaña, las 86 de Francia, o las 138 de Holanda. Esto quiere decir que en el Archipiélago tenemos el equivalente al 6.7% de las viviendas de alquiler social de Gran Bretaña, al 6.2% de las viviendas sociales de Francia y al 3.9% de las de Holanda.

Sin embargo, si, por ejemplo, hacemos la comparación, con Francia veremos que la renta por habitante de Canarias no es el 6.2% de la francesa, sino que la renta media canaria supone el 62.9% de la renta media de la ciudadanía francesa. Por lo tanto, para preguntarnos si los gobernantes canarios han tenido la misma sensibilidad que los gobernantes franceses, en materia de vivienda, tendremos que evaluar si el esfuerzo ha sido proporcionalmente similar. De modo que la pregunta pertinente es: ¿cuántas viviendas en alquiler social habría en Canarias si contáramos con una ratio de viviendas por habitante equivalente al 62.9% de la de Francia?

Pues bien, si, en relación a nuestra renta, hubiéramos hecho el mismo esfuerzo en Canarias que en Francia hoy tendríamos 54 viviendas, por cada 1.000 habitantes, destinadas al alquiler social y no tan sólo 5.4. Esto supone que el francés medio tiene un 58.9% más de renta que el canario medio pero, sin embargo, tiene a su disposición un 1.000% más de viviendas en alquiler social.

Si Canarias hubiera hecho proporcionalmente el mismo esfuerzo que Francia, hoy dispondría de 113.400 viviendas de alquiler social y no de tan sólo 11.512. Al Archipiélago le faltan 101.000 viviendas en alquiler social para converger con Francia en sensibilidad social en materia de vivienda. Se trata de una cifra parecida a la que obtendríamos al hacer la comparación con otros estados europeos. Así que, en este asunto, los datos muestran que, no sólo no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sino que se nos ha impuesto vivir muy por debajo de nuestras posibilidades.

Canarias ha padecido varias décadas de malos gobiernos que se han atrincherado en el recurso masivo a la propaganda. Sin embargo, el repaso informado a las realidades sociales de las Islas evidencia que las graves carencias que padecemos no encuentran justificación en nuestro nivel de renta. Es obvio que, con lo que tenemos, las cosas se podrían hacer mucho mejor. Y también, a estas alturas, es obvio que ya debiéramos tener claro quiénes no lo van a hacer mejor.

Cuando un servicio público tiene un funcionamiento deficiente siempre aparecen los voceros de la privatización como solución infalible

Durante muchos años nos han repetido una y otra vez que lo privado siempre funciona mejor que lo público y que lo público es ineficiente y costoso. La repetición permanente de la misma cantinela ha servido para justificar innumerables privatizaciones de servicios públicos. Sin embargo, hoy la evidencia disponible nos muestra muchos casos en los que recuperar lo público nos proporcionaría más recursos, menos despilfarro y mayor eficiencia.

Así, por ejemplo, el informe de fiscalización del sector público local que realizó el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 2011, muestra que el servicio de limpieza viaria municipal es un 71% más caro si lo gestiona una empresa privada que si lo presta la administración directamente. En el caso de la recogida de residuos sólidos urbanos, el coste medio por habitante es de 42.5 euros cuando lo gestionan los ayuntamientos y de 53.9 euros cuando se encomienda a una empresa privada. Por eso, cuando la ciudad de León recuperó la titularidad municipal de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras el ahorro fue de casi 8 millones de euros al año.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo que poner fin a la gestión privada e ilegal del cobro de impuestos en período voluntario y, según el concejal de Hacienda del municipio, el retorno a la gestión pública supondrá un ahorro de 2 millones de euros anuales para la ciudad. Nadie ha exigido responsabilidades por el despilfarro que han supuesto 21 años de gestión privatizada del servicio.

Tampoco han quedado claros los motivos por los que el Gobierno de Canarias abona 15.7 millones de euros al año a la empresa concesionaria del servicio del 012, pues en Madrid ese mismo servicio se presta por 6 millones de euros, en Cataluña por 9.3 millones y, obviamente, no hace falta decir que atienden a una población mucho mayor en los dos últimos casos.

Cuando un servicio público tiene un funcionamiento deficiente siempre aparecen los voceros de la privatización como solución infalible. Sin embargo, cuando un servicio privatizado funciona deficientemente rara vez se plantea la necesidad de que vuelva a manos públicas. Y es que, por desgracia, hay políticos que usan la confianza depositada en ellos para beneficio de algunas empresas a costa del interés público. Y esto es corrupción, tanto si es legal como si no.

En Las Palmas de Gran Canaria, la empresa concesionaria del mantenimiento de soportes publicitarios ha visto cómo el Ayuntamiento le ha perdonado el pago de 2.5 millones de euros, correspondientes a 2012 y 2013, y, además, le ha rebajado el canon que debe abonar al municipio. El informe de Intervención señaló que la reducción del canon “no parece responder al interés público”, sino “más bien al interés particular del concesionario”.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria multó a la empresa responsable del mantenimiento de parques y jardines por facturar horas de trabajo de más y por otros incumplimientos. Es más, la empresa que, con anterioridad, se ocupaba de las mismas funciones fue requerida en 446 ocasiones, durante el mandato de Jerónimo Saavedra, por incumplir lo acordado. Y, en 2008, el entonces edil de Desarrollo Sostenible acusó a las concesionarias de facturar 1.4 millones de euros por el supuesto cuidado de unos jardines que, al parecer, nunca fueron atendidos.

En abril de 2014, miles de vecinos del Puerto de la Cruz habían sufrido 79 días sin agua potable, a lo largo de dos años, a causa de la mala gestión de la empresa concesionaria del agua. Por su parte, el Ayuntamiento de Candelaria fue condenado a pagar 2.3 millones de euros a la empresa del agua por no haber subido los precios. En Santa Cruz de Tenerife, la privatización del agua ha ido acompañada de incumplimientos en las inversiones acordadas, subidas del precio del agua, despidos y deterioro de las condiciones salariales y judicialización de la gestión.

Por su parte, la gestión privatizada del agua en Las Palmas de Gran Canaria ha pretendido que de los bolsillos de la ciudadanía salieran 31.5 millones de euros para alquilar una sede, durante 35 años, valorada en 11 millones de euros. Se han cobrado varios millones de euros de más a los vecinos por depuraciones no efectuadas, ha habido pagos desorbitados a algunos directivos y se ha judicializado una parte de la actividad.

Los hechos muestran que los ayuntamientos deben recuperar actividades privatizadas para evitar despilfarros, corrupción e ineficiencias, para contar con más recursos económicos y para evitar la destrucción de empleo y la precarización de los puestos de trabajo privatizados. También para evitar “éxitos empresariales” que no se explicarían sin donaciones a partidos políticos, que inducen el favor del gobernante y generan una competencia desleal que excluye a la mayoría de empresarios honestos. Hoy no es creíble una verdadera regeneración democrática que no ponga fin a tantos abusos privatizadores y, a la vez, recupere el protagonismo de lo público cuando genera más bienestar y más eficiencia.

Porque ha provocado que la gente viva muy por debajo de lo que podría permitir el nivel de renta y riqueza

La política ha fracasado en Canarias porque ha provocado que la gente viva muy por debajo de lo que podría permitir el nivel de renta y riqueza. La política de los tres partidos que se han alternado en el Gobierno de Canarias ha hecho que, antes y durante la crisis, el archipiélago haya figurado entre las cuatro regiones de la Unión Europea con mayor nivel de desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos más desempleo si hay 152 regiones europeas con menos renta por habitante que Canarias? ¿Por qué tienen menos desempleo 152 regiones europeas que son más pobres que el Archipiélago?

Los primeros cinco años de la crisis se saldaron con 9.000 desahucios en Canarias. Por cada uno de esos desahucios hay 14 viviendas vacías. En realidad, en el Archipiélago hay tantas casas vacías que, si las pusiéramos todas juntas, tendríamos dos ciudades como Telde y Santa Cruz de Tenerife completamente vacías. Sin embargo, en el período 2008-2012, mientras miles de personas se quedaban sin empleo y sin casa, el número de propietarios de más de 50 inmuebles creció un 18% y los dueños de más de 10 inmuebles aumentaron un 39%. ¿Por qué el derecho a acumular propiedades es más importante que el derecho a la vivienda? ¿Por qué permitimos que haya gente sin casas mientras hay casas sin gente?

Y, por cierto, ¿cuántas personas están pagando cada mes dinero de más en su hipoteca a causa de la corrupción? Porque sabemos que las recalificaciones por las que empresarios corruptos sobornaban a políticos corruptos incrementaban el precio del suelo y, con posterioridad, esto acrecentaba el precio de la vivienda. Y es que, según un estudio elaborado por tres profesores de la Universidad de La Laguna, para el período 2000-2010, mientras que en el 8.3% de los municipios de España hubo casos de corrupción urbanística, en Canarias esa corrupción afectó al 39.8% de los municipios. ¿Por qué en Canarias hubo casi cinco veces más corrupción que en el Estado? ¿Qué hacían los (ir)responsables políticos del Archipiélago ante esta realidad?

Nos dicen ahora que hay que cobrar menos para que haya más empleo. Pero en Canarias tenemos los salarios más bajos de España y los mayores niveles de paro. También nos dicen que hay que bajar impuestos para estimular la economía. Sin embargo, en el Archipiélago la menor presión fiscal sólo ha beneficiado a los más adinerados. El Consejo Económico y Social de Canarias afirmó, en 2010, que las Islas lideran la desigualdad en el Estado. El 0.27% de la población posee un patrimonio equivalente al 42% del PIB. ¿No había alternativa a la generación de tanta desigualdad?

En Canarias nos hemos habituado a tener peores indicadores que la media del Estado en sanidad, educación, atención a personas dependientes y pobreza. Esta situación se ha normalizado tanto que, por ejemplo, no ha habido un gran debate social cuando el Ministerio de Sanidad anunció que la esperanza de vida con buena salud se ha reducido en Canarias en 5.9 años, de 2006 a 2011. ¿Por qué Canarias ha liderado por la cola, antes y durante la crisis, casi todos los indicadores sociales? ¿Tampoco había alternativa a esto?

Nos dicen que tenemos que contratar una pensión privada para cuando nos jubilemos. Pero el 68% de la ciudadanía canaria declara que no ahorra para el retiro porque no puede. Es más, el elevado desempleo y la enorme precariedad laboral son factores que generarán una gran bolsa de miseria y pobreza en las personas mayores del futuro. El propio presidente del Consejo Económico y Social de Canarias afirma que, si no mejora la situación de las Islas, “el 15% de la población se jubilará sin trabajar en la vida”. ¿Por qué la ciudadanía canaria tendrá que ser más pobre en una región que, antes o después, será más rica que en 2007?

¿Por qué se ha fracasado en la implantación prevista de energías renovables? ¿Por qué el Archipiélago no ha conseguido dar pasos significativos hacia una economía sostenible? ¿Por qué se privatizan empresas rentables y se transfieren sus beneficios de las arcas públicas a los bolsillos de los más adinerados? ¿Por qué se pretende que no hay alternativa a todo esto?

El pacto social a la baja impuesto por el bipartidismo en el Estado tendrá consecuencias particularmente graves en Canarias, que ya se hallaba en desventaja cuando se decidió usar la crisis para suprimir derechos. Las encuestas muestran a la mayoría social convencida de que sus hijos e hijas vivirán peor. Sin embargo, la consultora PriceWaterhouse Coopers estima que el PIB por persona de España, entre 2012 y 2033, pasará de 19.575 euros a 31.370. ¿Es realmente inevitable vivir peor en un país que será más rico? ¿No hay alternativa a los recortes de derechos?

Hoy está claro que los tres partidos que han gobernado Canarias comparten diversos grados de responsabilidad por el fracaso de la política en el Archipiélago. Es decir, por haber provocado que la gente vivamos por debajo de nuestras posibilidades para que algunos vivan por encima de nuestras posibilidades. Pero no se ha tratado de una política equivocada, sino de una política que, en primer lugar, ha buscado satisfacer los intereses de sectores minoritarios adinerados. Por ello, Canarias necesita romper el maridaje entre el poder político y el poder económico si quiere salir del ciclo de pobreza y precariedad que se ha abierto. Y, para evitar que el poder político siga en manos del poder económico, el Archipiélago necesita un importante retroceso de PP, CC y PSOE y el crecimiento de organizaciones que no estén sometidas al poder económico.

Muchos de los políticos y creadores de opinión pública que apoyaron el modelo económico generador de la crisis nos convocan, una y otra vez, al homenaje que el vicio rinde a la virtud. Nos dicen que hay demasiados políticos y que ello constituye un despilfarro insostenible. Que hay demasiados ayuntamientos liliputienses y suponen un gasto inasumible. Veamos la realidad de los datos.

En España hay 4.855 municipios de hasta mil habitantes, que albergan al 3.2% de la población y han contraído el 1.2% de la deuda pública municipal. Sin embargo, en el lado opuesto, encontramos que los seis municipios de más de 500.000 habitantes albergan al 16.2% de la población y acumulan el 36.5% de la deuda. Sólo Madrid, con el 6.9% de la población, acumula el 22.5% de la deuda de los 8.116 ayuntamientos españoles. Es obvio que los municipios más pequeños generaron menos deuda por habitante que los más grandes. Si atendiéramos al endeudamiento por persona no hay razón alguna para reducir la cantidad de ayuntamientos pequeños.

Las administraciones locales son responsables de tan sólo el 3.5% del endeudamiento público. Efectúan el 14.7% del gasto público y, para 2012, sólo se les permite generar el 4.7% del déficit acordado con la Unión Europea. Las administraciones locales se hacen cargo de un porcentaje del gasto público similar al de sus homólogas de Alemania, Austria o Bélgica y muy inferior al gasto público que realizan las administraciones locales en Dinamarca (59%), Finlandia (37%) o Noruega (31%). Nuestros ayuntamientos, no sólo no son responsables del endeudamiento público, sino que gestionan una parte pequeña de un gasto público que, a su vez, es más pequeño que el de muchos estados europeos con similar nivel de riqueza.

Asimismo, la cantidad de políticos existente en España tampoco parece excesiva. Algunos medios de comunicación afirmaron que hay 445.000 políticos, pero la cifra real es 73.515, de los que 68.462 son alcaldes y concejales. Pues bien, el 90% de estos representantes municipales no tiene sueldo.

Según Naciones Unidas, Noruega es el país con mayor índice de desarrollo humano del mundo. Su Parlamento cuenta con un escaño por cada 29.739 habitantes. Si España tuviera la misma ratio de congresistas por habitante que Noruega, tendríamos un Congreso con 1.581 escaños, en vez de los 350 actuales. Si Noruega tuviera la misma ratio de escaños por habitante que España, tendría que reducir el número de escaños de su Parlamento de los 165 actuales a 36 y, por lo tanto, reducir su capacidad de reflejar la pluralidad y la calidad de su democracia.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda o Bélgica son países con más parlamentarios por habitante que España y todos ellos tienen menos desempleo y mayor desarrollo del estado del bienestar que nuestro país. Sus parlamentos son más representativos que el nuestro, proporcionalmente más numerosos y parece que sus economías van mucho mejor que la nuestra.

Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, en España varios dirigentes del Partido Popular abogan por reducir la cantidad de cargos públicos. Las propuestas que hacen no tienen nada que ver con ningún criterio de eficiencia económica y, simplemente, responden al propósito de reducir aún más la limitada representatividad de nuestras deficientes instituciones democráticas. El PP quiere hacer menos democráticas aún nuestras instituciones para salvar al bipartidismo de la creciente desafección ciudadana, derivada de las políticas profundamente antisociales que se están aplicando. Y piden el apoyo de la ciudadanía perjudicada por la crisis para reducir el número de políticos y salvar así a los políticos que han desprestigiado la política y que gobiernan contra el bienestar de la mayoría.

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que no hace mucho cobraba 240.000 euros anuales, ejemplifica a la perfección la realidad de la política convertida en privilegio y derroche. Sin embargo, hoy propone reducir el número de diputados autonómicos y que, además, no cobren sueldo alguno, de modo que, la actividad política quedaría reservada a los adinerados. En suma, se trataría de conseguir instituciones menos plurales y con más privilegiados.

El discurso de la antipolítica favorece a los que han degradado la política, a los corresponsables de la crisis y a los benefactores de la corrupción. El PP apela al discurso antipolítica para que las víctimas de sus políticas, que están cabreadas con la situación actual, toleren nuevas reformas antidemocráticas. Asimismo, el discurso antipolítica se dirige a la ciudadanía cabreada para que, si no van a apoyar al bipartidismo y a sus complementos nacionalistas, se vayan a la abstención, o al voto en blanco, motivados por el discurso de la antipolítica. Y así lograrán que muchas personas, mientras se ven a sí mismas como críticas y contestatarias, piquen en el anzuelo y contribuyen a provocar que haya más de lo mismo.

*Coordinador de Izquierda Unida Canaria

Ramón Trujillo*

Para El País, una formación democrática como Syriza y otra neonazi son ejemplos de quienes “complican el escenario político”. La crónica electoral señala que antiguos partidarios de las formaciones del bipartidismo “se decantaron ayer por los extremos” y ello ha contribuido “al Parlamento más fraccionado de la historia”. El País citó a un diario griego que habló de “urnas bomba” para referirse al escenario creado por un Parlamento integrado por siete partidos, en un contexto de fuertes divergencias sobre qué hacer ante la crisis helena.

Sin embargo, cuando se habla de la aparición, o el crecimiento, de “partidos extremistas” es obvio que, implícitamente, se está señalando a otros que no lo son, que seguramente son moderados y sensatos y que, además, no recibieron el apoyo de quienes votaron “con el corazón y las vísceras”, sino, más bien, el de quienes votaron con el cerebro. Obviamente, se trata de Nueva Democracia y Pasok, que pasaron de sumar el 77% de los sufragios, en 2009, a sólo el 32% el pasado domingo.

El País dibuja dos escenarios políticos posibles en Grecia: el de los sacrificios que comparten el Gobierno heleno y la Unión Europea, o el de los partidos extremistas. Y, para representar el segundo escenario, se escoge al partido menos representativo de lo que son los supuestos “partidos extremistas” y, de ese modo, se magnifica, se publicita y se asusta a los lectores con la opción neonazi del 7% de los votantes griegos.

En realidad, en las elecciones griegas del domingo hubo un escándalo antidemocrático aún mayor que el de los 21 escaños obtenidos por Aurora Dorada y que, sin embargo, no motivó ni el más mínimo reproche en las páginas del principal diario de información del Estado. Me refiero al hecho de que la ley premiara con 50 escaños al partido más votado y que, por tal motivo, a Nueva Democracia se le haya regalado el equivalente al 86% de los escaños que sí obtuvo con el respaldo de votos, pasando de 58 a 108. Es decir, el 16.6% de los parlamentarios griegos son diputados-zombi de Nueva Democracia, dado que no les respalda ningún ser viviente.

Lo que está en juego

Lo que está en juego en Grecia es si se aplican o no políticas alternativas al sometimiento a las políticas económicas del bipartidismo griego, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esas políticas están provocando recesión económica, pobreza, desigualdad, desempleo, el desmantelamiento del estado del bienestar y un deterioro extremo de los derechos laborales. Esas políticas de ajuste son un castigo tan duro contra la ciudadanía que, como señalaba recientemente un dirigente sindical europeo, recuerdan a las cláusulas punitivas del Tratado de Versalles, que avivaron la frustración nacionalista que dio alas al nazismo. Ante esto, gran parte del pueblo griego ha entendido que el bipartidismo sólo conduce a más de lo mismo y que la resignación hace que las cosas vayan a peor.

El problema de Grecia ?y, cada día más, también el de España- es que el bipartidismo, la UE y el FMI sólo ofrecen un empobrecimiento de larga duración y el desmantelamiento del estado del bienestar. La UE ha dejado caer una economía, que sólo representa el 3% de su PIB, para así imponer una reestructuración regresiva de la economía, que permita obtener mayores beneficios privados de la desaparición de una parte del sector público y de la reducción de la masa salarial. La negativa del Banco Central Europeo a comprar deuda pública dejó a Grecia a merced de la especulación de los mercados financieros y, al final, la república helénica ha terminado dedicando más del 6% de su PIB al pago de la deuda pública.

Sufrimiento griego

Las políticas económicas del bipartidismo, la UE y el FMI han impuesto un terrible sufrimiento al pueblo griego. Durante la crisis el desempleo ha pasado del 7.7% al 21%, las pensiones han caído un 15%, el salario mínimo se redujo un 22% y se prevé despedir a uno de cada cinco empleados públicos, antes de 2015. En dos años, la tasa de suicidios ha aumentado un 40% y casi se han duplicado las de homicidios y robos.

El FMI estima que Grecia perderá el 14.4% de su PIB entre 2007 y 2012. Para 2013 y 2014 se han previsto nuevos recortes, que incluyen pensiones y gasto social, y se cuenta con obtener ingresos provenientes de las privatizaciones, que equivalen al 15.4% del PIB. Sin embargo, la caída de los precios de las empresas destinadas a ser privatizadas, sumada a los efectos recesivos de los recortes, obligarán a nuevos sacrificios. El objetivo del FMI es que, en 2020, el gasto primario del Estado se haya reducido al 33.6% del PIB (frente al 42.8% de 2007). Esto supondrá la destrucción del estado del bienestar.

No debe extrañarnos que el pueblo griego rechazara el bipartidismo y que, en su lugar, optara por lo que la crónica electoral del diario El Mundo describía como “una oposición fanática y fervientemente contraria a las políticas que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional exigen a Grecia”. Por su parte, ABC colocaba el titular “Grecia, rota en pedazos” sobre el texto en que constataba la caída electoral del bipartidismo. La información se acompañaba con tres fotografías dedicadas a Amanecer Dorado, una a un sacerdote ortodoxo emitiendo su voto y tres pequeñas imágenes con los rostros de los candidatos más votados.

Dos salidas

Grecia tiene dos posibles salidas reales de la crisis. La primera exige modificar las funciones del Banco Central Europeo, renegociar la deuda pública, poner fin a los déficits democráticos de la UE y a sus políticas encaminadas a socavar los estados del bienestar. Asimismo, Grecia tendrá que combatir el fraude fiscal, incrementar la progresividad fiscal y nacionalizar sectores económicos estratégicos, entre otras medidas.

La segunda salida de la crisis la han planteado Mark Weisbrot y Juan Antonio Montecino, en un reciente informe del Center for Economic and Policy Research de Washington (More Pain, No Gain for Greece: Is the Euro Worth the Costs of Pro-Cyclical Fiscal Policy and Internal Devaluation?). Estos dos economistas nos recuerdan que Argentina sufrió una crisis aún más profunda que la de Grecia y logró salir de ella al negarse a pagar parte de la deuda, desvincular el peso del dólar y rechazar los ajustes impuestos por el FMI. Cuando Argentina cambió de política económica sufrió una nueva recesión y, a partir de ahí, experimentó el mayor crecimiento económico de Latinoamérica, durante la última década, e importantes mejoras sociales.

Por ello, Weisbrot y Montecino proponen que Grecia abandone el euro, renuncie al pago de la deuda y a las políticas de ajuste. Esto permitirá ver una luz, al final del túnel, que no sea la de un tren que se nos aproxima a toda velocidad. Si el euro y las políticas de la UE sólo sirven para empobrecer a los pueblos, sólo hay dos alternativas: cambiar las políticas económicas que acompañan al euro o salirse de la eurozona.

Por supuesto, todo este debate está ausente de la mayoría de los medios de comunicación. Y está ausente a pesar de, o más bien porque, nos afecta al resto de los europeos y, en particular, a los españoles.

*Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife

Ramón Trujillo*

El proceso unitario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se dividió en dos bloques: por un lado Sí Se Puede-Socialistas por Tenerife-Equo y los seis partidos que les apoyan y, por otro, Izquierda Unida Canaria-Iniciativa por El Hierro-Los Verdes. Estos dos bloques sumaron, el 20 de noviembre, 30.258 votos, de los cuales, el 66.4% los recibieron IUC y sus aliados y el 33.6% SSP-SxT-Equo y los seis partidos que les apoyaron.

¿Qué condiciones puso para pactar la formación que recibiría más de seis de cada diez votos? En primer lugar, IUC renunció a encabezar las candidaturas al Congreso y al Senado en esta provincia. Aceptamos que la candidatura al Congreso la encabezara un independiente que, por cierto, había firmado un manifiesto de apoyo a SSP. También acordamos que las siglas de IUC no aparecieran en primer lugar y que, de obtenerse diputado, no tuviera que integrarse en el grupo de IU en el Congreso. Quedó claro que sería un diputado de obediencia canaria.

Asimismo, IUC también aceptó que se rechazara al independiente que propusimos para encabezar la candidatura al Congreso por la provincia oriental y que, en su lugar, estuviera un candidato de la coalición en que participa SSP, que, en mayo, obtuvo en Gran Canaria la mitad de votos que IUC.

Lo que IUC rechazó es que los votos de la provincia tinerfeña se sumaran a Equo (que, por no sumarse a la coalición estatal de IU, no aportó diputados a la izquierda), en vez de sumarse a la coalición de trece partidos en que participó IU, pues se trataba del mayor esfuerzo unitario de las izquierdas en la etapa democrática. Tampoco aceptamos dejar que los votos los adscribiera, después de las elecciones, la Mesa del Congreso porque ello supondría que el PP tendría la potestad de decidir qué hacer con los votos progresistas de la provincia.

Tras las elecciones, la suma de los votos de Equo, en la provincia oriental, y los de SSP-SxT-Equo, en la occidental, aparece atribuida a Equo en los datos oficiales. Ello podría significar que los votos de SSP-SxT-Equo se adscribieron a Equo en el Estado y que, por lo tanto, después de las elecciones ya no podrían readscribirse a otra formación, aunque se ha dicho lo contrario. Si no fuera así, los 10.153 votos obtenidos en la provincia tinerfeña podrían ser llevados a la Mesa del Congreso y pedir al PP que los adscriba a alguna formación, aunque no tiene obligación de hacerlo. Y, por último, si no se da ninguno de los supuestos anteriores, esos votos no sumarían a ninguna coalición estatal.

Sería bueno que se aclarara qué pasó con los votos a SSP-SxT-Equo porque fue la cuestión que impidió que hubiera mayor unidad. No se trata de buscar culpables, sino de entender bien lo que ha pasado para hacer mejor las cosas en el futuro. Y, en este aspecto, me preocupa que algún dirigente de la izquierda alternativa haya hablado de la “rigidez” de IU y que otro menospreciara el resultado de IUC, advirtiendo que fue producto del tirón estatal e implicando, por lo tanto, que aquí IUC es una organización más o menos irrelevante.

IU incrementó sus votos un 73% en el Estado y un 223% en Canarias. Hubo tirón estatal y también mucho trabajo de una militancia creciente, que empieza a ver frutos de su esfuerzo (en mayo, IUC fue en solitario a los comicios locales en Gran Canaria y duplicó el porcentaje de votos). Me preocupa que se pueda decir que IUC ha sido “rígida” en sus exigencias y que se ningunee el esfuerzo de su militancia. Porque a cualquier partido siempre se le podrá pedir algo, en cualquier negociación, que no pueda aceptar y luego tildarle de intransigente. Sobre todo cuando su conducta, extremadamente generosa, es descrita como “rígida” y cuando los logros del esfuerzo militante no se reconocen.

*Coordinador de Izquierda Unida en Tenerife

Ramón Trujillo*

Un reciente estudio de Ernst & Young Abogados, que compara los principales impuestos en la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y China, nos ha advertido de nuestros supuestos excesos fiscales. Los medios de comunicación se han hecho eco del estudio de Ernst & Young que sitúa a España entre los países con impuestos directos más altos en la UE.

El estudio señala que el tipo marginal máximo del IRPF es del 45% en nuestro país, frente al 37.1% en la UE. Sin embargo, si la comparación la hacemos con la Unión Europea de los Quince, el grupo de estados ricos en que se halla España, encontramos un tipo máximo del 48.2%. Los tres estados de la UE con tipos más altos del impuesto sobre la renta son Suecia (56.4%), Bélgica (53.7%) y Holanda (52%), cuyas respectivas tasas de desempleo son del 7.4%, 7.5% y 4.3%, todas ellas muy inferiores a la tasa española de desempleo del 21.2%.

Si prestamos atención a los datos de la Comisión Europea sobre el porcentaje que representan los impuestos directos sobre los ingresos fiscales totales, vemos que España, con el 32.8%, está exactamente en la media de la UE. Los tres estados en donde los impuestos directos representan mayor porcentaje de los ingresos fiscales son Dinamarca (62%), Reino Unido (46.1%) y Suecia (42%). Las respectivas tasas de desempleo de estos estados son 7.2%, 7.8% y 7.4%. Vemos que los estados con tipos máximos del impuesto de la renta muy superiores a los de España y, asimismo, con mayor peso de los impuestos directos, tienen niveles de desempleo que rondan la tercera parte de los nuestros.

Otro de los impuestos que analiza el estudio de Ernst & Young Abogados es el de Sociedades, que, en España, se sitúa en el 30%, el quinto país de la UE con el tipo más alto. Eduardo Sanfrutos, responsable del estudio, ha asegurado que esta situación puede perjudicar la competitividad de las empresas españolas. El mensaje es obvio: vendría muy bien una rebajita del Impuesto de Sociedades.

La comparación que hace el estudio carece de sentido porque se refiere al tipo nominal del impuesto y no al tipo efectivo. De modo que, en 2009, las empresas pagaron por el Impuesto de Sociedades el 9.9% de sus beneficios, pese a que el tipo nominal del impuesto oscilaba entre el 25 y el 30%. Un estudio, publicado por Funcas, sobre la diferencia entre el tipo nominal y el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (la diferencia entre lo que se pagaría si no hubiera exenciones, deducciones, etc., y lo que se paga cuando las hay) muestra que, entre 1995 y 2005, en la Unión Europea de los Quince, el tipo efectivo estuvo 1.36 puntos porcentuales por debajo del tipo nominal y en España 10.4 puntos por debajo. Es decir, en nuestro país los descuentos acaban restando al Impuesto de Sociedades mucha más capacidad recaudatoria que entre nuestros vecinos.

Por último, el estudio de Ernst & Young señala que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) supone el 18% en España, frente al 20.7% en la UE. Por ello, Sanfrutos ha señalado que en este tipo de impuestos es donde existe “mayor margen de maniobra”. El aumento de la fiscalidad indirecta es la única vía destacada por el responsable del estudio para incrementar los ingresos fiscales.

Sin embargo, es importante entender que los ingresos fiscales de España son comparativamente bajos y que, además, los países de la UE con ingresos fiscales altos juegan un papel en sus economías que aumenta el nivel de vida y reduce el desempleo. El sesgo ideológico habitual contra la fiscalidad elevada y progresiva impide sacar las conclusiones obvias de los datos disponibles y aplicar en nuestro país lo que ha funcionado en otros. La ideología oculta los datos de la realidad y el PP y el PSOE nos condenan a un atraso social relativo porque no lucharán en serio contra el fraude fiscal, ni adoptarán las medidas que nos permitirían converger con los modelos fiscales de los estados más avanzados de la UE. Padecemos un exceso de demagogia, propaganda e ideología y un déficit de debate político racional.

*Portavoz de Por Tenerife (IU, LV, SxT)

Ramón Trujillo*

Una parte del pueblo tinerfeño me ha elegido consejero al Cabildo y la ley electoral ha perpetrado un fraude para que no lo sea. Detrás de cada escaño de CC, PP y PSOE hay una media de 10.436 votantes, es decir, el 2.67% de los votos. En un sistema democrático real, con el respaldo de 18.513 votantes, el 4.75% de los votos, no se le podría negar a todas esas personas su derecho democrático a estar representadas. Aquí sí.

CC, PP y PSOE niegan el derecho a la representación democrática a esa parte de la ciudadanía tinerfeña que quiere contar en las instituciones con personas comprometidas con la democracia real.

Sin embargo, en estas elecciones casi hemos superado la antidemocrática barrera del 5% y, por lo tanto, la dinámica de crecimiento en que estamos inmersos nos permitirá acceder al Cabildo la próxima vez. Por lo pronto, nos quedamos con 18.513 razones más para seguir trabajando.

Los demócratas progresistas debemos constatar que el crecimiento de la izquierda con programa de izquierdas se está produciendo de forma lenta e imparable. Pues bien, del compromiso de cada demócrata progresista que lea estas líneas también dependerá que ese crecimiento sea menos lento y más imparable.

*Candidato de XTf al Cabildo

Ramón Trujillo*