Hace siete años, el apretón de manos entre el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, marcaba el final de más de 50 años de guerra con la guerrilla más antigua de América Latina.

Fuera de Colombia muchos lo interpretaron como el final del conflicto armado, pero solo era el principio del fin. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente con el objetivo de lograr la “paz total”: conseguir que abandonen la violencia los numerosos grupos armados ilegales que siguen activos y acabar con el conflicto que desangra Colombia desde mediados del siglo XX. Año y medio después de la elección de Petro, ¿cuánto ha avanzado Colombia en ese camino a la paz? 

Voluntad política

El acuerdo de 2016 no implicaba solo el desarme de las FARC, sino también crear una estructura de justicia transicional, de búsqueda de personas desaparecidas y reparación de víctimas, así como medidas sociales como la siempre aplazada reforma agraria o ayudas para que los exguerrilleros inicien proyectos productivos.

La derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe consiguió una estrecha victoria del “no” en el plebiscito celebrado para validar el acuerdo, lo que obligó a renegociar algunos elementos. El siguiente escollo fue la llegada en 2018 a la presidencia del uribista Iván Duque, que “no tuvo la voluntad de hacer una implementación efectiva del acuerdo”, explica Fernando Danza, coordinador de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

Uno de los aspectos que Duque no aplicó correctamente, según Danza, fue el de las “garantías de seguridad para excombatientes”. Más de 300 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo. El gobierno izquierdista de Petro sí tiene la “voluntad” de implementar el acuerdo, según dice el politólogo de la Universidad Nacional Alejandro Mantilla, pero existen “problemas de coordinación y limitación presupuestaria”. El goteo de asesinatos a manos de disidentes de las FARC u otros grupos armados continúa.

Una maraña de grupos armados

El acuerdo negociado en La Habana consiguió la desmovilización del grueso de las FARC, pero entonces se crearon dos grupos disidentes, autodenominados Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. También sigue alzado en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla del país después de la extinción de las FARC.

Además, grupos de paramilitares –bandas promovidas por el Estado para combatir las guerrillas, responsables de numerosos crímenes de guerra– se han unido a narcotraficantes para formar organizaciones como el llamado Clan del Golfo, que ahora es el cartel más poderoso del país.

Para completar el panorama, ciudades como Buenaventura o regiones como Antioquia sufren la violencia de bandas criminales urbanas, con las que el Gobierno también quiere negociar. “Hemos visto un crecimiento de grupos armados organizados desde 2016”, señala Danza, “las FARC dejaron espacios que no ocupó de forma efectiva el Estado y los ocuparon otros grupos” que se financian con el narcotráfico, la extorsión y otros negocios ilícitos como la minería ilegal, el tráfico y la explotación sexual de personas.

En el caso del Clan del Golfo, por ejemplo, controla la mortífera ruta migratoria del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá. La falta de implementación del acuerdo con las FARC durante el Gobierno de Duque permitió la expansión y el reforzamiento de otros actores armados.

Negociaciones a siete bandas

Colombia ha vivido numerosos procesos de paz entre el Estado y los grupos armados –algunos exitosos, como el que llevó en 1990 a la disolución de la guerrilla M-19, a la que perteneció Gustavo Petro–. Sin embargo, ningún gobierno había intentado antes negociar con todos los grupos ilegales simultáneamente, como pretende el presidente.

“Buscar siete procesos a la vez es muy difícil”, señala Alejandro Mantilla. “Creo que hay optimismo y poco conocimiento [por parte del Gobierno] de las capacidades reales del Estado colombiano”. Una complejidad extra de la “paz total” es que “no se hacen las mismas concesiones a los distintos grupos”, señala Sandra Borda, politóloga de la Universidad de Los Andes.

“Al ELN [se le ofrece] un arreglo similar al de las FARC, a los grupos criminales se les pide sometimiento a la justicia con reducción de penas”, dice Borda. “La idea [de negociar simultáneamente con todos] es muy loable, pero la ejecución tiene muchos retos”. Entre otros, los enfrentamientos entre los diversos grupos, que dibujan realidades diferentes en cada territorio, como reflejan los mapas.

Tímidos avances hacia la paz

“La negociación con el ELN va por buen camino”, destaca Danza, “vamos por el quinto ciclo [de conversaciones], están cumpliendo”, pero se ven amenazadas por “la naturaleza federada del ELN”, menos jerárquico que las FARC. En octubre el proceso estuvo cerca de descarrilar por el secuestro durante 12 días del padre del futbolista Luis Díaz.

Con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, se logró un alto el fuego hasta mediados de enero. Sin embargo, las negociaciones con los grupos criminales y las bandas urbanas están paralizadas.

Se han creado mesas de negociación, pero son “estériles”, en palabras de Danza, porque el Congreso –donde la izquierda del Pacto Histórico no tiene mayoría– todavía no ha aprobado la ley de sometimiento que autorizaría al Gobierno a ofrecer rebajas de penas a los grupos que se desarmen e incluso “que se puedan quedar con el 10% de sus bienes”, como explica Danza.

A pesar de las críticas, la “paz total” ha recibido el aval de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada por el Acuerdo de 2016. Un reciente informe señala que durante 2023 se han reducido las muertes de civiles y militares, el desplazamiento forzado y los asesinatos de líderes sociales.

Además, explica Danza, el Gobierno ha abandonado prácticas militares como “los bombardeos, contrarios al Derecho Internacional Humanitario”. “La lógica ahora es darle a la economía de los grupos armados, más que a sus hombres”. La muerte de civiles en bombardeos fue uno de los numerosos escándalos durante el Gobierno de Duque.

Un camino de más de cuatro años

“El Gobierno está llamado a revisar su estrategia de negociación porque se le puede acabar el tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo”, afirma Mantilla, “llegar a agosto de 2026 sin ningún acuerdo sería catastrófico para el Gobierno y para la sociedad”. “Menos es más”, coincide Danza, “hacer tantos procesos en simultáneo no funciona”.

Todos los expertos consultados coinciden en que la paz no se logrará en cuatro años y cuestionan la estrategia de negociación a múltiples bandas. Tanto Mantilla como Danza consideran que un acuerdo con el ELN, alzado en armas desde 1964, ya sería un éxito para el primer Gobierno de izquierdas de la historia de Colombia.

El futuro de la “paz total” dependerá mucho de la orientación del próximo Gobierno. Aunque representantes de la derecha se han incorporado a los equipos negociadores del ejecutivo, un giro conservador en las próximas elecciones podría devolver al primer plano la estrategia militar, que durante el mandato de Duque solo consiguió incrementar la insoportable cifra de víctimas del conflicto, que se cuentan por centenares de miles de fallecidos y millones de personas desplazadas.

Desde la primera Nuit Debout el pasado 31 de marzo se han multiplicado las referencias al “15M francés” y a los “indignados franceses”. Estas etiquetas transmiten la idea de que el movimiento francés es una mera copia del nuestro, y es cierto que entre ambos movimientos hay similitudes pero también importantes diferencias.

El surgimiento

Ambos movimientos comenzaron con la ocupación de una plaza céntrica de la capital -Sol en Madrid y République en París- después de una manifestación. En Madrid fue la marcha convocada el 15 de mayo de 2011 por el colectivo Democracia Real Ya; en París la ocupación de République comenzó tras la huelga general del 31 de marzo y la multitudinaria manifestación convocada por sindicatos y otras organizaciones sociales contra la reforma laboral del gobierno socialista de François Hollande. Tanto el 15M como Nuit Debout se extendieron pronto a otras ciudades; en Francia ya se celebran asambleas en más de cincuenta localidades, y en ambos casos se produjeron réplicas en otros países. Otro elemento en común del surgimiento de ambos movimientos es que sus primeros pasos fueron impulsados por un reducido grupo de personas pero su éxito fue bastante inesperado. Si en el caso español fue el colectivo Democracia Real Ya el que convocó la manifestación del 15 de mayo, en Francia todo empezó el pasado 23 de febrero, cuando el equipo de redacción de la revista Fakir, convocó una reunión para responder a la pregunta “¿Cómo darles miedo?”. El objetivo era buscar la manera de unir las luchas sociales dispersas que han surgido en Francia en los últimos meses (contra la construcción de un aeropuerto en la zona protegida de Notre-Dame des Landes, la represión sufrida por sindicalistas y el estado de emergencia, entre otras). Tras la reunión, a la que acudieron cientos de militantes de diversas organizaciones, un pequeño grupo de personas de diversas procedencias se reunió en un bar muy cerca de la plaza de République. Ahí se puso el germen del colectivo Convergencia de Luchas, que convocó la Nuit Debout del 31 de marzo.

El contexto político

Los dos movimientos surgieron en países con gobiernos socialdemócratas que traicionaron radicalmente sus programas para plegarse a las exigencias austeritarias de la Unión Europea. En el caso español, en mayo de 2010 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había asumido por completo la agenda de recortes y desregulaciones impuesta por Angela Merkel y sus aliados en las instituciones europeas. En Francia, el presidente Hollande ganó las elecciones de 2012 diciendo que el mundo de las finanzas era su “enemigo” y ahora su gobierno está imponiendo unas políticas de privatizaciones, desregulación y recortes sociales que Nicolas Sarkozy nunca se atrevió a proponer cuando estaba en el poder. Esto se une a la deriva autoritaria liderada por el primer ministro Manuel Valls, que ha aprovechado el terrorismo sufrido por Francia en el último año para reforzar el poder de la policía y reprimir a los movimientos sociales mediante la declaración del estado de emergencia.

Los motivos de la protesta

La manifestación del 15 de mayo de 2011 tenía el lema genérico “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y planteaba básicamente tres ejes de demandas: el fin de las políticas de austeridad, la profundización del sistema democrático y la lucha contra la corrupción. Además, el 15M vino precedido por otras movilizaciones como la huelga general de septiembre de 2010 y la manifestación de Juventud Sin Futuro de abril de 2011. Por el contrario, el movimiento Nuit Debout ha nacido en el marco de un ciclo de movilizaciones contra una política concreta: la reforma laboral impulsada por Manuel Valls e inspirada en la que el PP aprobó en España en 2012. Sin embargo, desde el principio las asambleas de Nuit Debout proclamaron que su movimiento no se limita al rechazo de la reforma laboral, sino que pretende una impugnación más amplia de las políticas de austeridad y del sistema político francés. Este es otro importante punto en común con el 15M.

La composición social del movimiento

Tanto el 15M como la Nuit Debout tuvieron al principio una composición básicamente urbana y de clase media; las clases populares eran minoría en Sol y lo son en République. Sin embargo, la diversidad social del 15M se fue incrementando con su extensión territorial y la clase trabajadora y migrante acabó convirtiéndose en protagonista de los movimientos sociales españoles, gracias sobre todo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En Francia, la extensión de las ocupaciones de plazas a los suburbios de París y otras grandes ciudades es una obsesión de los impulsores del movimiento Nuit Debout. Por eso, en el multitudinario mitin del 9 de abril en République no hablaron solo sociólogos y sindicalistas, sino también Almamy Kanouté (activista negro de un suburbio de París) y Amal Bentounsi, hermana de un joven muerto por un disparo de un policía que luego fue absuelto y símbolo de la lucha contra la violencia policial racista en Francia. Además, intervino un representante de una asociación de apoyo a refugiadas y refugiados, mostrando la clara apuesta de Nuit Debout por la defensa del derecho al asilo en una sociedad en la que hasta ahora la xenofobia del Frente Nacional parecía imparable.

La relación con los sindicatos

Una diferencia fundamental entre España y Francia es que allí los sindicatos siguen siendo organizaciones poderosas, capaces de sacar a la calle a millones de personas en ciclos de movilización que se suelen extender durante varios meses. El movimiento Nuit Debout tiene el reto de mantener una compleja relación de autonomía y colaboración respecto a los sindicatos, lo que se plasmó en la presencia de militantes sindicales en el mitin del 9 de abril. Habría sido impensable imaginar en Sol un acto de este tipo teniendo en cuenta la fuerte deslegitimación de los sindicatos en la sociedad española, pese al efímero resurgimiento que vivieron con las huelgas generales contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Al menos por ahora, Nuit Debout no puede pretender sustituir a los sindicatos como principal actor de la movilización y no tiene ningún interés en enfrentarse a ellos, pero sí puede conseguir radicalizar las protestas tanto en su contenido como en su forma, pasando de unas manifestaciones ritualizadas y centradas exclusivamente en la derogación de la reforma laboral a movilizaciones más espontáneas y frescas, como la concentración frente al domicilio del primer ministro Manuel Valls que se produjo el pasado fin de semana. Nuit Debout también podría aprovechar su potencial movilizador para incrementar la presencia y visibilidad de la gente de las afueras en las manifestaciones contra la reforma laboral, mostrando a los sindicatos que no son rivales sino movimientos distintos que pueden unir sus fuerzas para derrotar al gobierno.

La relación con los partidos de izquierda

El 15M nació poco antes de unas elecciones municipales y autonómicas, pero apenas tuvo impacto en ellas, ya que no había ningún partido con capacidad de beneficiarse electoralmente del movimiento (recordemos que los principales líderes de Izquierda Unida recibieron la movilización con escepticismo o desprecio, aunque muchos militantes participaron en las asambleas de sus ciudades). En Francia, las organizaciones a la izquierda del Partido Socialista han sufrido en los últimos años una serie de durísimas derrotas electorales, la última en las regionales de diciembre de 2015. El anuncio de la candidatura del controvertido Jean-Luc Mélénchon a las presidenciales del año que viene ha causado enfrentamientos entre sus seguidores y aliados pero también cierta esperanza de que la izquierda llegue a 2017 con una alternativa sólida al siniestro trío compuesto por el PS, la derecha heredera de Sarkozy y el Frente Nacional. Mélénchon ya ha ido a République pero, aunque quisiera, no tiene la capacidad de cooptar el movimiento. Lo que sí es probable es que la deslegitimación del Gobierno socialista que está consiguiendo el movimiento popular tenga un impacto positivo en las perspectivas electorales de Mélénchon si se confirma que es el único candidato importante a la izquierda del PS en las elecciones de 2017.

"La sorprendente victoria de Corbyn frente a los candidatos del 'establishment' laborista ha sido posible gracias a una masiva movilización ciudadana", sostiene Castaño

La elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista ha sido la mayor transformación de la política británica desde hace décadas: uno de los dos grandes partidos está dirigido por un histórico activista por los derechos sociales y por la paz, que rechaza tajantemente la siniestra herencia del llamado “Nuevo Laborismo” de Tony Blair. La sorprendente victoria de Corbyn frente a los candidatos del 'establishment' laborista ha sido posible gracias a una masiva movilización ciudadana, en la que se mezcla gente de su generación (tiene 66 años) y jóvenes politizados en las movilizaciones contra la austeridad, ansiosos por unirse a los aires de cambio político que se respiran en otros países de Europa. La gran mayoría de la militancia laborista apoya el proyecto de Corbyn, pero el grupo parlamentario sigue dominado por los herederos de Blair, que en muchos casos se niegan a aceptar que su partido ha cambiado y ellos han envejecido de repente, como decía El Roto en una brillante viñeta.

Esta compleja situación ha quedado patente en la votación en el Parlamento de la propuesta del Gobierno de David Cameron de bombardear posiciones de Daesh en Siria. Corbyn, miembro destacado de la coalición ciudadana “Stop the War”, se oponía a los bombardeos, argumentando que es imposible evitar que mueran civiles y que la única forma de terminar la guerra en Siria y destruir a Daesh es un proceso de paz. Unos días antes de la votación, la dirección laborista hizo una consulta por internet sobre qué postura deberían adoptar respecto a los bombardeos; respondieron más de cien mil personas, de las cuales más del 70% apoyaron la postura de Corbyn.

Este resultado reforzó la posición de Corbyn dentro de su partido y sirvió para limitar la magnitud de la rebelión parlamentaria: solo votaron a favor de los bombardeos 66 diputados laboristas (de 232), en una sesión en la que estaba muy presente el fantasma de la guerra de Irak impulsada por Blair. Para un partido español sería una catástrofe que tantos parlamentarios se rebelasen contra la dirección pero en Reino Unido es habitual –también hubo conservadores que votaron contra Cameron- y este resultado muestra que Corbyn, apoyándose en las rejuvenecidas y ampliadas bases laboristas, ha conseguido disciplinar a la mayoría de los diputados 'blairistas', que no le votaron en las primarias del verano.

Desde el principio Jeremy Corbyn y se equipo han sido conscientes de que su única posibilidad de sobrevivir a la cabeza del Partido Laborista es mantener la enorme movilización ciudadana que atrajo a decenas de miles de personas al partido y le hizo ganar las primarias. Por eso han impulsado la creación de Momentum, un movimiento ciudadano inspirado en los círculos de Podemos que responde al proyecto corbynista de convertir el viejo Partido Laborista en una organización más democrática y abierta a la participación de toda esa gente progresista a la que las traiciones de Blair alejaron de la política.

Momentum ha tenido un papel importante en las movilizaciones contra la nueva oleada de recortes que preparaba el gobierno conservador, esta vez contra los beneficios fiscales de las familias más pobres. Ante la dura oposición del Partido Laborista, la movilización ciudadana y (¡sorpresa!) el rechazo de la Cámara de los Lores, el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás a sus planes, que amenazaban con reducir en miles de libras al año los ingresos de sectores sociales ya empobrecidos por años de austeridad. Además, la presión de los activistas de Momentum ha sido fundamental para convencer a muchos diputados laboristas de que votasen contra el bombardeo de Siria.

El sistema electoral de Reino Unido hacía prácticamente imposible el surgimiento de un partido como Podemos, por lo que el cambio se está produciendo dentro del Partido Laborista (que históricamente ha sido mucho más diverso que los partidos socialdemócratas europeos). Sin embargo, en el proyecto de Corbyn se reconocen los principales elementos que caracterizan el cambio político en otros países de Europa: activistas que dan el salto a la política institucional, una amplia participación ciudadana y un programa político centrado en la defensa de los derechos sociales, que rechaza la austeridad light defendida y aplicada por los partidos socialdemócratas.

"Durante décadas se ha impuesto la idea de que los temas medioambientales no son realmente políticos sino más bien éticos", señala Castaño

El fraude de Volkswagen, que trucó millones de coches durante años para esquivar los límites legales de emisiones de dióxido de nitrógeno, podría haber causado la muerte de más de 10.000 personas, según Greenpeace. Hasta ahora, el escándalo ha tenido dos consecuencias: la primera, el director de la multinacional ha dimitido con una indemnización de 29 millones de euros. Por otro lado, la Comisión Europea ha decidido aumentar un 50% el nivel máximo de emisiones de dióxido de nitrógeno bajo la presión de un grupo de gobiernos amigos de los fabricantes de coches, entre los que destacan el español, el alemán, el francés y el italiano. La excusa es que hasta ahora los tests de contaminación no se hacían en condiciones reales de conducción, por lo que el resultado era inferior a la cantidad de gases que los vehículos emiten realmente, y a partir de ahora se supone que se van a hacer tests de verdad. En resumen, nunca se han cumplido las normas europeas que limitan las emisiones de este gas y, en vez de garantizar que a partir de ahora se cumplan, los gobiernos europeos han decidido cambiar las reglas para que las empresas fabricantes no se tengan que gastar ni un céntimo en hacer motores menos contaminantes. Nada sorprendente teniendo en cuenta que la Comisión Europea conocía el fraude generalizado desde hace al menos dos años y no hizo nada para evitarlo.

El nuevo presidente ejecutivo de Volkswagen ha amenazado con despidos masivos para hacer frente a la crisis de la compañía. Nuestro ministro de Industria, José Manuel Soria, ha caído de lleno en el chantaje y ya ha anunciado que le concederá más ayudas públicas a la empresa alemana, y no parece que tenga intención de hacerle devolver los millones de euros que le regalamos a Volkswagen a través del plan PIVE, como dijo en un primer momento. Como siempre que una empresa comete algún atropello -probable delito- contra el medio ambiente y contra la salud pública, se plantea el dilema entre empleo o protección del medio ambiente, según el cual imponerle a una gran empresa las sanciones que merece implica necesariamente despidos masivos.

Sin embargo, se trata de una falsa disyuntiva. Primero, porque la necesaria transformación ecológica de la economía puede ser una fuente de abundantes empleos de calidad, según la Organización Internacional del Trabajo. Y segundo, porque empresas como Volkswagen tienen beneficios de sobra para pagar todas las multas e indemnizaciones que haga falta sin despedir a nadie. La multinacional alemana ganó el año pasado 11.068 millones de euros, un 21% más que el año anterior. Los Estados europeos y la Comisión podrían, por ejemplo, condicionar todas las ayudas públicas que recibe Volkswagen al pago de las indemnizaciones y sanciones que correspondan con parte del beneficio de los accionistas, garantizando que no se pierde ni un solo puesto de trabajo. Pero este tipo de soluciones ni se plantean en Bruselas, territorio dominado por los ‘lobbys’ empresariales a los que la gran coalición de socialdemócratas, liberales y conservadores suele obedecer.

Durante décadas se ha impuesto la idea de que los temas medioambientales no son realmente políticos sino más bien éticos. Según el pensamiento dominante construido a través de miles de campañas de publicidad institucional, la solución a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación atmosférica es individual, depende esencialmente de que cada ciudadana y cada ciudadano adopte unas costumbres ligeramente más ecológicas. La idea es que si me ducho en vez de bañarme y reciclo la basura en mi casa puedo tener la conciencia tranquila porque he puesto mi granito de arena para salvar el planeta. Por supuesto que es muy necesario que se generalicen hábitos de vida más ecológicos que los actuales, igual que es bueno comprar productos de comercio justo, pero escándalos como el de Volkswagen nos demuestran que no es suficiente: Los problemas medioambientales son colectivos, y por lo tanto políticos, tanto como el paro o los servicios públicos, en los que los intereses de una minoría enriquecida suelen oponerse a los de la mayoría de la sociedad.

Hace tiempo que nos dimos cuenta de que la limosna no es suficiente para conseguir la justicia social y de que para garantizar unas condiciones de vida dignas para todo el mundo es necesario organizarse colectivamente y luchar para construir y defender ese invento maravilloso llamado Estado de bienestar, contra los intereses de los que tienen colegios y seguros médicos privados y no quieren soltar ni un céntimo para que los demás también puedan acceder a esos servicios. Ya es hora de que apliquemos el mismo principio al medio ambiente y nos demos cuenta de que a los directivos de Volkswagen, al ministro José Manuel Soria y a Miguel Arias Cañete no hay informe científico que les convenza de que es necesario un compromiso político serio para combatir el cambio climático y el resto de problemas ambientales. Les da igual que les digas que ya se están hundiendo islas del Pacífico, que una de las principales causas materiales de la guerra de Siria es el incremento de las sequías o que cada año van a morir más personas mayores de calor en España. Ellos defienden los intereses de la minúscula élite propietaria de las empresas más contaminantes y seguirán defendiéndolos mientras la ciudadanía se lo permita.

Dentro de dos meses se celebra en París la Cumbre internacional del Clima más importante de los últimos años, en la que debería firmarse un nuevo acuerdo para reducir drásticamente las emisiones de los gases causantes del cambio climático. Es una estupenda ocasión para repolitizar los temas medioambientales, organizando una movilización ciudadana lo suficientemente fuerte como para obligar a los gobiernos a impulsar una profunda transformación ecológica de la economía que evite el desastre ecológico que ya estamos sufriendo.

El PSOE y sus homólogos europeos se han convertido en una muleta útil para las fuerzas políticas que defienden con descaro el desmantelamiento del modelo social europeo

El futuro del PSOE y el resto de partidos socialdemócratas del conteniente dependerá sobre todo de la capacidad de fuerzas políticas alternativas como Syriza, Podemos

No, no voy a vaticinar la desaparición del PSOE en los próximos meses o años, como les gusta hacer a algunos politólogos aficionados a las profecías impactantes, ni siquiera su caída en la irrelevancia (la famosa “pasokización”). Pero sí tengo claro que el Partido Socialista ha dejado definitivamente de ser una alternativa política al PP, como muestran sus últimos posicionamientos respecto a Grecia y el tratado de libre comercio (TTIP) que negocian en secreto la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos.

La postura del PSOE sobre el TTIP quedó clara el pasado 8 de julio, cuando sus eurodiputados votaron junto al resto de socialdemócratas, conservadores y liberales europeos a favor del mecanismo de arbitraje entre empresas multinacionales y Estados que incluye el borrador de Tratado. El compromiso de la socialdemocracia europea con el TTIP es tan firme que la ponencia del acuerdo votado por el Parlamento fue redactada por el socialista Bernd Lange. Como explica el eurodiputado Ernest Urtasun, “el mecanismo de arbitraje que prevé el TTIP supone la creación de tribunales privados donde los inversores podrán denunciar a los estados si consideran que una inversión realizada se ve afectada, por ejemplo, por un cambio legislativo”. Aunque en el documento aprobado por el Parlamento Europeo se abre la posibilidad de que los Estados designen a los jueces, Estados Unidos exige que los tribunales sean privados, por lo que probablemente acabe imponiéndose este modelo. Esto significa que cualquier legislación laboral, ambiental o de otro tipo adoptada por un país de la Unión Europea se vería amenazada por la posibilidad de que una empresa considere que perjudica sus intereses y que un tribunal (compuesto en muchos casos por árbitros provenientes de empresas multinacionales) le dé la razón, obligando al Estado a cambiar sus leyes. Resulta particularmente sorprendente que el PSOE, que se presenta en España como el partido defensor del Estado del bienestar y la transparencia en la gestión pública, rechazase incluir en el informe votado una relación de servicios públicos que no pueden ser privatizados en ningún caso y el levantamiento del secreto de las negociaciones, como cuenta la eurodiputada Lola Sánchez. No se me ocurre mejor muestra de la hipocresía en la que está instalado el partido de Pedro Sánchez y la poca credibilidad que merecen sus discursos contra los recortes del Partido Popular.

El PSOE también se ha cubierto de gloria con sus posicionamientos en las negociaciones entre Grecia y las instituciones europeas (la antigua Troika, compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo). Ante el atasco de las negociaciones entre el gobierno griego y las instituciones europeas, el primer ministro Alexis Tsipras decidió celebrar una consulta popular sobre la propuesta de la troika, que consistía básicamente en otra ración de la austeridad que la Unión Europea lleva imponiendo a Grecia desde hace años, una versión agravada de los recortes y privatizaciones que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han realizado en nuestro país. La ciudadanía griega ya mostró su oposición a estas políticas cuando eligió a Syriza en enero, y lo volvió a hacer con la aplastante victoria del “no” en el referéndum del pasado 5 de julio sobre el nuevo plan de recortes, pero el PSOE criticó que el gobierno griego defendiese el “no” a la austeridad, una postura “irresponsable” según Pedro Sánchez. Sin embargo, el secretario general del PSOE no dijo nada de la palabras de su compañero alemán Martin Schultz, presidente del Parlamento Europeo, que el mismo día de la consulta trató de influir en el voto amenazando a Grecia con la expulsión del euro si ganaba el “no”. Atrapado entre su fidelidad a los dictados neoliberales de las instituciones europeas y un electorado contrario a la austeridad, Pedro Sánchez ha intentado poner al mismo nivel al gobierno de Alexis Tsipras, que con errores y aciertos ha intentado aplicar el programa progresista con el que ganó las elecciones, y al de Rajoy, que lleva cuatro años haciendo todo lo contrario de lo que prometió en 2011.

Pero el Partido Socialista español no está solo en su deriva ideológica. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, aprobó hace poco una reforma laboral más dura que la de Rajoy, que le costó una huelga general. Por su parte, los socialdemócratas alemanes llevan años gobernando con Angela Merkel, cuyo ministro de economía (del SPD) se ha opuesto a la reestructuracion de la insostenible deuda griega, una medida tan necesaria que ha sido defendida incluso por el FMI. Pero la Gran Coalición alemana funciona de facto desde mucho antes: hace más de diez años que el socialdemócrata Peter Hartz inventó los minijobs, empleos a menos de 400 euros que permiten a Alemania maquillar sus cifras de desemplo, igual que los empleos de cero horas creados por los laboristas en el Reino Unido.

En Francia el gobierno de François Hollande, también socialista, acaba de aprobar la conocida como “ley Macron” (apellido del ministro de economía), un mix de desregulación del mercado de trabajo y privatizaciones que ha sido celebrado con entusiasmo por la Comisión Europea y la canciller alemana. Por cierto, la ley Macron no ha sido votada en el Parlamento, gracias a una disposición constitucional extraordinaria que el propio Hollande calificó hace unos años de “brutalidad”. La aprobación de reformas regresivas esquivando el Parlamento se ha convertido en práctica frecuente en la época de la austeridad, también en España. No hay más que recordar esos viernes de 2012 en los que el Consejo de Ministros nos bombardeaba con Decretos-Leyes llenos de recortes y reformas laborales que pasaban de puntillas por el Congreso, una práctica antidemocrática heredada de los últimos gobiernos de Zapatero.

El gobierno francés también ha mostrado su cara más neoliberal en las negociaciones de la UE con Grecia. Si alguien podía pararle los pies a Merkel en su empeño de humillar al pueblo griego por haber votado contra la austeridad, ese era François Hollande, que llegó a hablar en algún momento de la necesidad de reestructurar la deuda griega. Pero el presidente francés volvió a apoyar a su homóloga alemana, participando en la imposición a Grecia de un plan de recortes que agravará la situación de emergencia humanitaria que sufre el país y que incrementará la deuda pública en lugar de reducirla, como ha sucedido desde los primeros “rescates”. Además, el ahogamiento de la economía y la población griegas puede reforzar al partido neonazi Amanecer Dorado, como ya ha sucedido en Francia con el xenófobo Frente Nacional, que fue el partido más votado en las elecciones europeas del año pasado y cuenta con una aceptación cada vez mayor en la sociedad francesa.

Dije al principio que no voy a profetizar el fin del PSOE ni su caída en la irrelevancia porque no sé si va a suceder alguna de estas dos cosas. El partido de Pedro Sánchez podría sobrevivir como una marca amable del neoliberalismo que hoy es hegemónico en Europa, pero lo que está claro es que la socialdemocracia europea ha perdido definitivamente su posición como alternativa a la derecha neoliberal; el PSOE y sus homólogos europeos se han convertido en una muleta útil para las fuerzas políticas que defienden con descaro el desmantelamiento del modelo social europeo. El futuro del PSOE y el resto de partidos socialdemócratas del conteniente dependerá sobre todo de la capacidad de fuerzas políticas alternativas como Syriza, Podemos y las que surjan en otros países para ofrecer un proyecto progresista solvente e ilusionante que defienda los intereses de las clases media y trabajadora. Los socialdemócratas ya han hecho casi todo lo que estaba en su mano para suicidarse políticamente, ahora le toca a la ciudadanía y los movimientos sociales europeos dar un paso al frente para ocupar el espacio político que han dejado. Si no lo ocupamos nosotras y nosotros, se lo repartirán la derecha de siempre y la nueva extrema derecha xenófoba que florece en Europa.

"Después de décadas de gobiernos municipales alejados de la ciudadanía, la implantación del presupuesto participativo en Madrid supondrá un cambio radical en la gestión de la capital", afirma el autor

El nuevo Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto convertir la participación ciudadana en una de las prioridades de su mandato. Uno de los principales proyectos de la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Pablo Soto, es la creación de un presupuesto participativo en la capital. Este mecanismo, que se ha implantado en cientos de ciudades de países como Brasil, Francia, Portugal o España, consiste en que una parte del presupuesto del Ayuntamiento se asigna a proyectos decididos directamente por la ciudadanía en asambleas populares.

Los presupuestos participativos suponen una oportunidad para acercar la gestión pública de la ciudad a sus habitantes y garantizar que el Ayuntamiento atiende a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía. El plan del gobierno municipal de Manuela Carmena es un presupuesto participativo que incluya entre el 5 o el 15% del total. Aunque no parece demasiado, hay que tener en cuenta que más de las tres cuartas partes del gasto de un Ayuntamiento se dedica a la gestión (pago a proveedores, salarios, etcétera), por lo que en principio sólo es susceptible de gestión directa el presupuesto de inversión.

Pero el presupuesto participativo no sólo facilita la implicación directa del conjunto de la ciudadanía en la administración de la ciudad, sino que además fomenta la participación política de dos sectores infrarrepresentados en otras formas de acción política: las mujeres y las clases populares. Hace ya décadas que politólogos como Lester Milbrath demostraron que existe una correlación negativa entre la clase social y la participación política, es decir, que los ricos votan en mayor proporción que la clase trabajadora y también se implican más en otras formas de acción política (manifestaciones, recogidas de firmas, boicots...). Aunque hay excepciones, esta es la tendencia general. Por otro lado, las mujeres participan menos que los hombres en prácticamente todas las formas de acción política porque suelen tener menos tiempo libre y menos recursos económicos, ya que la mayoría se ven obligadas a asumir casi todas las tareas domésticas y de cuidados, aunque también tengan un empleo remunerado, y sufren en mayor medida la precariedad laboral. Además, en todas las sociedades siguen existiendo prejuicios sexistas que pretenden mantener a las mujeres apartadas de la vida política.

Los presupuestos participativos son una excepción a estas tendencias. En su análisis de varias ciudades que han implantado esta forma de participación en Europa, Yves Sintomer y Ernesto Ganuza llegan a la conclusión de que las mujeres están más representadas en las asambleas de presupuestos participativos que en los parlamentos. En las experiencias estudiadas por estos autores, entre un 30 y un 50 por ciento de los participantes eran mujeres, mientras que la media mundial de parlamentarias está en el 22 por ciento. En los emblemáticos presupuestos participativos de Porto Alegre, las mujeres participaban más que los hombres y las personas de clases populares más que las de clase media y alta. Además, cuanto más tiempo dura una experiencia participativa de este tipo, más protagonismo adquieren estos colectivos, tradicionalmente infrarrepresentados en otras formas de participación.

No obstante, el estudio del caso de Porto Alegre revela también que las personas de alto nivel educativo y socioeconómico ocupan con mayor frecuencia los puestos de delegados, es decir, los intermediarios entre las asambleas populares y el gobierno municipal, lo que incrementa su poder. Probablemente también existe una diferencia de género en este ámbito y hay más delegados que delegadas, ya que en todos lo espacios de poder la brecha de género suele ser más amplia en la parte alta de la jerarquía.

Por eso el presupuesto participativo de Madrid debería incluir mecanismos dirigidos a evitar que las mujeres y las personas de clase trabajadora se encuentren un techo de cristal que les impida implicarse en esta forma de participación al menos con la misma intensidad que el resto de la ciudadanía. Algunas medidas útiles serían establecer cuotas de género en la elección de los cargos intermedios que existan entre las asambleas y el Ayuntamiento, decidir los horarios de las reuniones teniendo en cuenta la menor disponibilidad de tiempo libre de las mujeres y las personas de clase trabajadora y cursos formativos que faciliten que cualquier persona pueda ser delegada de su asamblea, sea cual sea su nivel educativo. Además, si bien los medios telemáticos son una oportunidad para ampliar la participación, también pueden suponer una barrera para las personas de mayor edad, por lo que deben combinarse de forma equilibrada con encuentros presenciales.

Después de décadas de gobiernos municipales alejados de la ciudadanía, la implantación del presupuesto participativo en Madrid supondrá un cambio radical en la gestión de la capital. Pero además, si se toman las medidas necesarias para favorecer la participación igualitaria de toda la ciudadanía, con especial atención a las mujeres y a las clases populares, el presupuesto participativo de Madrid puede convertirse en un ejemplo para todos aquellos Ayuntamientos que se toman en serio el principio de mandar obedeciendo, dentro y fuera de nuestro país.

"Sólo una fuerte presión ciudadana va a conseguir cambiar la orientación de la política migratoria y de fronteras europea, pero para ello es necesario huir del enfoque meramente humanitario y pensar en las causas de la actual situación, cuestionando la propaganda oficial que presenta a las mafias como la única causa de todos los males", afirma el autor

El 19 de marzo de 2011, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó por teléfono a Jean Ping, antiguo ministro de asuntos exteriores de Gabón, para advertirle de que la OTAN iba a bombardear Libia. El día siguiente estaba previsto que Ping y otros dirigentes africanos viajasen a Libia para mediar entre el gobierno del dictador Gadafi y la oposición para llegar a un acuerdo de paz que detuviese la guerra civil y garantizase una transición democrática. Lo que vino después de los bombardeos de la OTAN ya lo sabemos: acabó la dictadura de Gadafi pero con ella se derrumbó el Estado libio y el país quedó en una situación de permanente guerra civil que dura hasta hoy, provocando la huida de decenas miles de personas. Son muchos de los que mueren tratando de llegar a Italia. Otros escapan de otras guerras, de regímenes represivos a menudo apoyados por los gobiernos occidentales o de la pobreza causada por un orden mundial profundamente injusto. Pero todos se ven obligados a jugarse la vida en barcos destartalados porque la política migratoria europea impide llegar de forma legal y segura.

El pasado 23 de abril se celebró una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, poco después de que miles de personas se ahogaran frente a las costas italianas en el peor naufragio que se recuerda. Una de las propuestas de la Comisión Europea para ese encuentro era que los Estados de la Unión se comprometiesen a acoger a 5000 refugiados al año. Cinco mil en toda Europa. En Turquía hay actualmente dos millones de refugiados sirios y en Líbano, un país con menos habitantes que Madrid, un millón. Pues bien, los presidentes europeos se negaron a comprometerse ni siquiera con esa ridícula cifra. También se negaron a financiar una verdadera operación de salvamento marítimo. David Cameron, el primer ministro británico, ofreció un barco y un helicóptero para reforzar los sobrepasados equipos italianos de rescate, pero con la condición de que las personas a las que salvasen se quedasen en Italia ¡Nada de llevarlos a Reino Unido! Eso sí, todos los dirigentes expresaron su horror ante la situación (un “espectáculo horrendo”, decía nuestro ministro Margallo mientras votaba no hacer nada para evitarlo) y guardaron un minuto de silencio por sus víctimas.

La vergonzosa inacción de los gobiernos europeos ante la emergencia humanitaria en el Mediterráneo no muestra su incapacidad para llegar a un acuerdo ni la complejidad del asunto, como se suele decir después de cada cumbre europea decepcionante; lo que demuestra la reunión del 23 de abril es que los gobernantes de la Unión Europea han alcanzado tal grado de alejamiento de la ciudadanía que son capaces de mantenerse indiferentes ante la muerte de miles de personas. Es el resultado de décadas de políticas construidas en torno a la idea de que los inmigrantes y refugiados no merecen los mismos derechos que el resto de la población europea, ni siquiera el derecho a la vida. Esta es la única forma de justificar centros de internamiento en los que se encierra a personas que no han cometido ningún delito, vuelos de deportación en los que las víctimas son maltratadas -a veces con resultado de muerte- antes de ser abandonadas en un país que muchas veces no es el suyo, redadas racistas y un largo etcétera de prácticas contrarias a los Derechos Humanos. Como no podía ser de otra manera, el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho sus aportaciones a esta siniestra lista, intentando legalizar las llamadas devoluciones en caliente y denegando el derecho a la asistencia sanitaria a cientos de miles de migrantes que trabajan y pagan impuestos en nuestro país.

Los movimientos sociales que se oponen a estas políticas han sido la mayoría de las veces minoritarios y hubo poca gente en las concentraciones que se convocaron después del último naufragio en el Mediterráneo. Pero esto no significa que a la gente le den igual estos temas; a las personas normales les da mucha pena ver en la tele día tras día cómo se ahogan mujeres y hombres inocentes, aunque se les dedique menos atención informativa que a cualquier catástrofe en la que las víctimas son blancos de clase media. Pero naufragios como los de las últimas semanas son percibidos como una fatalidad, como si fuesen accidentes o desastres naturales ante los que sólo cabe la ayuda humanitaria. Los partidos que han gobernado en Europa en las últimas décadas han conseguido normalizar una política migratoria inhumana e ineficaz, que estigmatiza a los migrantes en vez de gestionar los flujos migratorios de forma racional, concibiéndolos como una oportunidad para los que vienen y para las sociedades de acogida. Facilitar la entrada legal de migrantes y refugiados es la única forma de evitar a medio plazo tragedias como las de las últimas semanas. Otros países lo hacen y Europa lo hacía antes. Es lo normal.

Sólo una fuerte presión ciudadana va a conseguir cambiar la orientación de la política migratoria y de fronteras europea, pero para ello es necesario repolitizar esta cuestión, huir del enfoque meramente humanitario y pensar en las causas de la actual situación, cuestionando la propaganda oficial que presenta a las mafias como la única causa de todos los males. Tenemos que demostrar que la actual política migratoria europea es sólo una opción entre tantas otras, y que las otras opciones son mejores. Ya lo hemos hecho en otros ámbitos; hace poco tiempo nadie se planteaba si era normal echar a la gente de su casa por no poder pagar la hipoteca, ahora son muy pocos quienes siguen poniendo los intereses bancarios por delante del derecho a la vivienda, gracias al trabajo que han hecho movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es hora de hacer lo mismo con la política migratoria y de fronteras. La actual política de criminalización de la inmigración y desprecio por la vida humana no es inevitable, es sólo la opción de las mismas élites despiadadas que se niegan a legislar contra los desahucios. Mientras tanto, los habitantes de la isla italiana de Lampedusa hacen siguen rescatando náufragos y la ciudadanía de nuestro país sigue parando desahucios. Lo normal.

"Somos mayoría quienes pensamos que lo ingenuo es pretender cambiar la realidad haciendo las cosas de la misma manera que se han hecho siempre", afirma el autor

El pasado uno de abril se proclamaron las candidatas y candidatos de Podemos a las elecciones autonómicas de mayo. Es la última etapa de un largo proceso de primarias internas en el nuevo partido, que comenzó con la Asamblea Ciudadana “Sí se puede” de otoño, en la que las personas inscritas en la web de Podemos eligieron el modelo organizativo y los cargos internos estatales del partido. Después se celebró el proceso de constitución municipal y autonómico y las primarias para formar la lista que se presentó a las pasadas elecciones andaluzas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que un partido elige mediante primarias tanto sus candidaturas electorales como las personas que ocupan los cargos internos de la organización e incluso sus Estatutos. Además, las primarias de Podemos están abiertas a toda la ciudadanía, es decir, puede participar cualquier persona que se inscriba en la web de la organización. Más del 70% de los votantes del PP y más del 80% de los del PSOE querrían que sus partidos también eligiesen a sus candidatos mediante primarias abiertas a militantes y simpatizantes, pero las cúpulas de ambas organizaciones no parecen estar por la labor. Más allá de los resultados concretos de cada votación, se pueden señalar tres efectos que las primarias de Podemos han tenido sobre la política española.

Primero, se ha puesto una gran atención pública y mediática en el funcionamiento interno de los partidos, unas instituciones que, pese a tener carácter semipúblico porque desempeñan un papel fundamental en el sistema político democrático, hasta ahora han estado muy poco reguladas legalmnete y en general han sido opacas. Recordemos que uno de los elementos principales de la crisis política que estalló en 2011 era (y es) la enorme desconfianza de la mayoría de la población en los políticos y en los partidos. Podemos ha tomado la arriesgada decisión de crear una estructura partidista innovadora, en la que las primarias son la norma. Sin duda hay elementos criticables en las dinámicas creadas en los últimos meses dentro del partido, pero es innegable que el mero hecho de innovar en la organización interna ha puesto en el centro del debate político la necesidad de que los partidos tengan un funcionamiento democrático, principio olvidado en las últimas décadas a pesar de que está plasmado en la Constitución.

En segundo lugar, la apuesta de Podemos por las primarias ha elevado los estándares democráticos del sistema de partidos español. Mientras en otros países es normal hacer primarias abiertas (en Argentina son obligatorias para todas las candidaturas electorales, por ejemplo), en España apenas se hablaba del tema hasta hace poco. Ahora ha calado en la sociedad la idea de que para que un dirigente o un candidato de un partido tenga toda la legitimidad necesaria, debe haber pasado por un proceso de primarias. Esto explica la elección de Pedro Sánchez mediante votación directa de los militantes del PSOE (pero no los simpatizantes), algo inédito en la historia del partido, o el empeño de Alberto Garzón por celebrar algún tipo de proceso participativo que lo ratifique como candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida, aunque ya lo es oficialmente porque nadie consiguió los avales necesarios para disputarle la candidatura. Lo que es más difícil de entender en este marco son episodios como la ruidosa defenestración de Tomás Gómez de la candidatura madrileña, un folclórico ejemplo de vieja política difícil de justificar en un PSOE que quiere hacernos creer que lleva haciendo primarias desde el siglo XIX.

La tercera y probablemente más importante consecuencia del método de funcionamiento interno elegido por Podemos es que se ha erosionado la idea de que un partido eficaz debe ser un partido monolítico, en el que las críticas internas son silenciadas e ignoradas. Desde el debate y la votación de los documentos que rigen el funcionamiento de Podemos, en otoño del año pasado, han sido evidentes las diferencias entre varios sectores del partido sobre el modelo organizativo y la estrategia política, que han producido agrios debates. Como no podía ser de otra manera, muchos medios de comunicación han presentado estas discusiones como irresolubles divisiones internas que, con un poco de mala suerte, llevarían a la destrucción prematura del nuevo proyecto político. Sin embargo, según las encuestas, la ciudadanía percibe a Podemos como el más unido de los grandes partidos. Los enfrentamientos por el liderazgo en el PSOE protagonizados por Susana Díaz y Pedro Sánchez no escapan a los ciudadanos, que sitúan a este partido como el menos unido. Los politólogos suelen decir que una imagen de división interna perjudica electoralmente a los partidos pero estos datos invitan a precisar que los electores castigan las luchas personalistas por el poder, no los necesarios debates políticos que se producen en cualquier organización.

La apuesta de Podemos por la democracia interna es arriesgada. Todo el tiempo, dinero y esfuerzo que se ha dedicado a la organización de esta serie de votaciones se ha quitado de otras tareas más rentables electoralmente a corto plazo, como la difusión de las propuestas del partido. Esto prueba la sinceridad del compromiso de la gente de Podemos por democratizar la política. Para algunos amantes de series como Juego de Tronos o House of Cards y malos intérpretes de Maquiavelo la política es una actividad sucia y despiadada por naturaleza, en la que pisotear a adversarios y compañeros es inevitable. Para esta gente el proyecto de democratizar el funcionamiento de los partidos políticos es ingenuo. Pero creo que dentro y fuera de Podemos somos mayoría quienes pensamos que lo ingenuo es pretender cambiar la realidad haciendo las cosas de la misma manera que se han hecho siempre.

Está claro que hay que rechazar las leyes represivas del PP, pero también es necesario pensar qué modelo de Derecho penal y de seguridad ciudadana queremos, escuchando a los expertos para diseñar el mejor sistema posible

La aprobación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal es un ataque a la democracia. Una de las medidas más escandalosas del nuevo Código Penal es la cadena perpetua, encubierta bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”. Pero hay otras, como la eliminación de las faltas penales, que reduce las garantías procesales de las personas acusadas de infracciones leves como las relacionadas con el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación. En otras palabras, la reforma penal y la Ley de Seguridad ciudadana son dos piezas complementarias del sistema represivo que está construyendo el gobierno del Partido Popular.

Nunca antes en democracia se había llegado a este nivel de represión de la protesta y la disidencia. Lo que no es nuevo es la utilización propagandística de la política penal y de seguridad ciudadana, conocida como “populismo punitivo”. El gobierno de Mariano Rajoy está haciendo lo mismo que hacen el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobiernan: utilizan el Derecho penal como un instrumento propagandístico, aprobando reformas penales innecesarias con la intención de distraer la atención de la opinión pública de temas incómodos, como el paro, la corrupción o la pobreza.

En España hay menos delincuencia que en la mayoría de países de Europa y tenemos uno de los Códigos Penales más duros, con larguísimas penas de prisión y un uso mínimo de medidas alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad, que son más humanos y más efectivos, ya que reducen la tasa de reincidencia. Los penalistas de todas las ideologías repiten datos como estos cada vez que se les pregunta, pero el PP y el PSOE desprecian sus consejos una y otra vez. La realidad es lo de menos cuando legislan sobre Derecho penal, lo que importa es la conveniencia política. El gobierno de Aznar aprobó una reforma penal en el mismo Consejo de Ministros en el que se trató la crisis del Prestige. Cuando era ministro del Interior, Rubalcaba promovió un incremento de penas poco después de presumir de lo que había bajado la tasa de criminalidad. Si había menos delincuencia, ¿por qué había que aumentar las penas?

Ya es hora de que nos planteemos la necesidad de legislar de otra manera. Está claro que hay que rechazar las leyes represivas del PP, pero también es necesario pensar qué modelo de Derecho penal y de seguridad ciudadana queremos, escuchando a los expertos para diseñar el mejor sistema posible. Los objetivos están claros: reducir la delincuencia y construir una sociedad más segura para toda la ciudadanía, en la que se respeten los derechos de todos.

Los enormes progresos que han experimentado las mujeres en todos los ámbitos los han conseguido ellas con sus luchas, desde el sufragismo hasta el inacabado combate por acceder al empleo remunerado

Se acerca el 8 de marzo y los hombres progresistas se revuelven en sus asientos. Decirse feminista se ha convertido en requisito indispensable para cualquiera que esté en un movimiento social o partido de izquierdas, por lo que se supone que el Día de la Mujer es motivo de celebración y movilización. Lo que pasa es que hay muchos que no se lo acaban de creer; muchos hombres se contentan con introducir en sus intervenciones públicas y sus conversaciones algún comentario en el que muestran su preocupación por los problemas de las mujeres. Y ya está. Por eso hacen falta  argumentos para convencer a los hombres de que se impliquen de forma más intensa en las luchas de las mujeres. Se me ocurren dos: que a los hombres también nos conviene vivir en una sociedad más igualitaria y que nuestro compromiso es imprescindible para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres

Es cierto que los hombres obtenemos enormes beneficios de la desigualdad de género: ganamos más dinero trabajando lo mismo (o menos) que las mujeres, accedemos más fácilmente a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad, sufrimos menos violencia, la gente nos hace más caso cuando hablamos aunque digamos tonterías... Estas son realidades tan profundamente injustas que ningún hombre decente se alegrará de ellas, pero además la desigualdad también nos perjudica a nosotros. Por ejemplo, se penaliza socialmente que los hombres cuiden a sus hijos o a otros familiares. El permiso de paternidad que existe en España es raquítico; dos semanas de descanso cuando tenemos o adoptamos un niño y de vuelta al trabajo. Más de un millón y medio de hombres lo han disfrutado desde que se implantó en 2007, el 85% de los padres. Parece que, a pesar de las fuerza de los prejuicios y los incentivos legales y económicos que favorecen que las mujeres se ocupen del trabajo doméstico y de cuidados, los hombres también quieren cuidar. El ejemplo de Islandia, donde cada progenitor tiene cinco meses de permiso que no se pueden transferir al otro, muestra cómo la igualación de permisos favorece la erosión de los roles de género, ya que los padres que han tenido más tiempo para cuidar de sus hijos recién nacidos o adoptados también los cuidan más durante el resto de sus vidas.

La exclusión de los hombres de los cuidados es solo una de las formas en que sufrimos los estereotipos de género. No solo tenemos que poner nuestra carrera profesional por delante de cualquier otra consideración sino que además tenemos que ser fuertes, no llorar, no interesarnos demasiado por los demás, ser extremadamente creativos y estar seguros de nosotros mismos. Estos y otros muchos estereotipos afectan a los hombres de cualquier orientación sexual; todos conocemos a hombres heterosexuales de los mucha gente piensa que son homosexuales porque su personalidad no encaja en los estrechos estándares dominantes. El género es un corsé que nos impide vivir como queramos, como explica la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIG).

El segundo argumento que debería animarnos a los hombres a comprometernos por la igualdad es que somos necesarios para la lucha feminista. La historia demuestra que los enormes progresos que han experimentado las mujeres en todos los ámbitos las han conseguido ellas con sus luchas, desde el sufragismo hasta el inacabado combate por acceder al empleo remunerado. Sin embargo, estamos en un momento histórico en el que el feminismo no pretende sólo cambiar las leyes y la economía (que no es poco) sino también modificar los roles y estereotipos de género que llevan siglos establecidos en todas las sociedades. Y ahí es imprescindible la colaboración de los hombres, reflexionando sobre cómo nuestros comportamientos perpetúan estos estereotipos y corrigiéndolos. Este artículo explica de forma muy sencilla cómo los hombres (los gays también) contribuimos inconscientemente al mantenimiento de una cultura de tolerancia hacia las agresiones sexuales contra las mujeres y nos da algunos consejos para combatir esta cultura de la violación: mostrar rechazo ante los comentarios machistas, evitar expresiones que degradan a las mujeres o a las minorías sexuales y respetar el espacio ajeno, por ejemplo. Son cosas de sentido común que nos ayudarían a avanzar hacia una sociedad más igualitaria, en la que todas y todos seríamos más libres.

Es necesario hacer un diagnóstico global y concienzudo de la situación de las minorías sexuales en nuestro país y ponernos a trabajar para acabar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual, en cualquier ámbito

Hace unas semanas, una pareja de adolescentes fue expulsada de un Burger King de Madrid por el encargado de seguridad del establecimiento, atendiendo la petición de unas familias muy respetables que consideraban que unos chicos besándose eran un mal ejemplo para los niños allí presentes. A pesar de las protestas de varias personas, que defendieron a la pareja, el jefe de seguridad los echó a la calle. Unos días después, un grupo de neonazis le dio una paliza a otra pareja como castigo por estar sentados en un banco cogidos de la mano. Son solo dos ejemplos de los numerosos casos de agresiones verbales o físicas sufridas por personas LGTB en los últimos meses en varios lugares de nuestro país.

En 2013 se denunciaron en España 452 delitos homófobos o transfóbicos, más aún que delitos racistas o xenófobos. Esta cifra es solo “la punta del iceberg” de las agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, según la Federación Estatal de LGTB (FELGTB). La mayoría de las veces las víctimas no denuncian, por miedo, por considerarlo inútil o por la falta de sensibilidad de la policía ante este tipo de delitos. Pero los ataques violentos son solamente la manifestación más brutal de una discriminación que sigue existiendo en todos los ámbitos de la vida: en la calle, en las familias, en el sistema educativo o en el trabajo.

Según un informe de la asociación COGAM, dos tercios de los alumnos y alumnas pertenecientes a minorías sexuales1 han sufrido algún tipo de acoso o violencia en su centro escolar. La mayoría del profesorado no sabe cómo tratar la diversidad sexual de sus alumnos y el desconocimiento fomenta la falta de respeto a los alumnos LGTB por parte de sus profesores y compañeros. Habrá quien piense que el acoso homófobo es una cosa de críos, pero lo cierto es que la discriminación homófoba y transfóbica también es sistemática en el mundo del trabajo. Un 75% de los trabajadores y trabajadoras LGTB ocultan su orientación o identidad sexual en su centro de trabajo, lo que significa que mucha gente sale del armario para su familia y amigos pero no en el trabajo, donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. La creciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación, ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras; es más difícil rebelarse contra un ambiente hostil en el trabajo con la amenaza del despido a la vuelta de la esquina. La situación laboral y económica de las personas transexuales es la más alarmante: un tercio vive con menos de 600 euros al mes y la mayoría están en paro.

Todos estos datos corresponden a un país en el que el 88% de la población dice aceptar la homosexualidad, un país que ha sido pionero en la extensión de los derechos de las minorías sexuales. El matrimonio igualitario y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo en 2006 o la Ley de Identidad de Género de 2007, que permite cambiarse el nombre y el sexo legal sin necesidad de operarse, constituyeron avances innegables. En nuestra sociedad la igualdad jurídica es un valor fundamental, por lo que era necesario acabar con injusticias como la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y esto sin duda ha contribuido a normalizar la diversidad sexual.

Pero no podemos seguir viviendo de las rentas, no basta con seguir alegrándonos de lo que logramos hace siete u ocho años. Las asociaciones LGTB siguen consiguiendo avances legislativos, como la ley catalana para la erradicación de la homofobia o el protocolo de intervención policial contra los delitos de odio. Pero no nos podemos conformar con pequeños avances o concesiones de un gobierno que se siente más cercano de las respetables familias que echaron a los chicos del Burger King que de las víctimas de la agresión, el mismo Gobierno que niega a las lesbianas y a las mujeres solteras el derecho a la reproducción asistida. En este nuevo año de grandes esperanzas de cambios políticos, es necesario hacer un diagnóstico global y concienzudo de la situación de las minorías sexuales en nuestro país y ponernos a trabajar para acabar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual, en cualquier ámbito. Es una tarea infinita, como terminar con la violencia de género o con el racismo y la xenofobia, pero debe ser una prioridad de cualquier gobierno que se quiera llamar demócrata.

Sigue habiendo una importante brecha de género en la participación política, aunque estas diferencias son mayores en el sistema representativo que en la democracia directa

La democracia participativa está de moda. Desde el No nos representan del 15M, el tema de la participación democrática ha ocupado un lugar central en la agenda política, hasta el punto de que Podemos basa su exitoso discurso en la necesidad de que la ciudadanía se empodere y se implique directamente en la vida política. Además de la proliferación de cientos de círculos en los que rige la horizontalidad asamblearia, el nuevo partido está siendo pionero en la utilización de Internet para realizar votaciones, tanto para su organización interna como para la confección de listas electorales. El ejemplo de Podemos nos permite imaginarnos algunos rasgos de un Estado en el que las instituciones representativas se viesen complementadas por mecanismos de democracia directa... y algunos problemas que acompañan a esta novedosa forma de hacer política.

En los últimos meses muchas feministas de Podemos han mostrado su preocupación por las diferencias de género en la participación efectiva en la organización. Si bien el partido proclama la participación igualitaria de toda la ciudadanía, los primeros análisis que se han hecho apuntan a que las mujeres van menos a las asambleas que los hombres y, cuando van, hablan menos.  Esta brecha de género no es exclusiva de Podemos sino que es un elemento estructural de la vida política. En el ámbito institucional, si bien es cierto que la política de paridad ha conseguido que nuestro país tenga una de las mayores proporciones de mujeres parlamentarias del mundo, sigue habiendo una enorme diferencia en los gobiernos autonómicos y estatal y el 88% de los alcaldes son hombres.

Pero es que las diferencias de género en la participación política no son solo cuantitativas, sino también cualitativas. Los estudios muestran que los hombres se especializan en las actividades sociales y políticas que exigen más tiempo y proporcionan más poder, como la militancia en partidos y sindicatos, mientras que las mujeres son mayoría en las peticiones de firmas o las donaciones. Es probable que esta diferencia tenga que ver con que las mujeres siguen asumiendo la gran mayoría del trabajo doméstico y de cuidados, lo que se añade a su jornada laboral, dando lugar a la denominada “doble jornada” (triple, para las mujeres activas en política). A esta desigualdad se suman los prejuicios machistas: el 20% de los ciudadanos de nuestro país sigue pensando (y diciendo) que, en general, los hombres son mejores líderes que las mujeres.

Nadie se ha puesto todavía a estudiar sistemáticamente las diferencias de género en las formas de democracia directa pero un estudio sobre los presupuestos participativos en 17 ciudades europeas  llegó a la conclusión de que las diferencias de género son algo menores en ese ámbito que en la democracia institucional. Hay más porcentaje de mujeres en las asambleas populares que gestionan los presupuestos participativos que en los parlamentos, aunque los hombres copan la gran mayoría de los puestos de responsabilidad también en ese mecanismo de democracia directa. La buena noticia es que cuanto más tiempo se mantiene en una ciudad esta forma de participación ciudadana, menor es la brecha de género, y en los emblemáticos presupuestos participativos de Porto Alegre llegaron a implicarse más mujeres que hombres. Por lo tanto, parece que esta forma de democracia directa tiende a corregir la desigualdad de género.

Internet es otro tema. Muchas autoras feministas llevan décadas discutiendo si los progresos tecnológicos suponen una oportunidad para la emancipación de las mujeres o un instrumento más de la dominación patriarcal2, y el debate ha resurgido con Internet y las redes sociales. Lo cierto es que no hay precedentes de una organización como Podemos, construida a partir de votaciones online abiertas a la ciudadanía, y los datos de las personas inscritas y votantes no están desagregados por género, así que no podemos conocer a ciencia cierta si hay una gran diferencia cuantitativa entre mujeres y hombres. Sí que se puede intuir que los participantes en Plaza Podemos, la plataforma de debate virtual del partido, son hombres en su mayoría, y muchos de ellos muy interesados por las nuevas tecnologías. No puede ser casualidad que cuando se hizo en Plaza Podemos una pre-votación sobre las resoluciones políticas que debía aprobar la asamblea constituyente del partido, muchas de las primeras se refiriesen a temas como el software libre o el voto electrónico, mientras que estas resoluciones cosecharon un resultado mucho peor en la votación definitiva, en la que participaron cerca de 40.000 personas inscritas en Podemos. De nuevo, esta brecha digital no es exclusiva de Podemos. La tradicional exclusión de las mujeres del mundo de la tecnología sigue existiendo, como muestra el hecho de que cada vez hay menos mujeres en carreras informáticas en Estados Unidos. Datos como este no animan a ser excesivamente optimistas sobre la capacidad de Internet para paliar la desigualdad de género en la participación política.

En resumidas cuentas, sigue habiendo una importante brecha de género en la participación política, aunque estas diferencias son mayores en el sistema representativo que en la democracia directa. Por otro lado, Internet es una herramienta ineludible si se quiere introducir mecanismos de democracia directa a la escala de un Estado del tamaño de España pero nos enfrentamos al reto de que la “brecha  digital” de género es aun más ancha que la analógica. Mientras permanezca la actual división sexual del trabajo remunerado y reproductivo, y la socialización de hombres y mujeres tenga componentes machistas, permanecerán las diferencias en la participación política. Sin embargo, no podemos esperar a acabar con el patriarcado para empezar a paliar estas desigualdades.

Por lo tanto, si Podemos quiere estar abierto de verdad a la participación igualitaria de toda la ciudadanía, no bastará con hacer talleres de formación en nuevas tecnologías. Los círculos del nuevo partido tendrán que poner ordenadores a disposición de quien quiera participar en las votaciones y debates telemáticos y no sepa cómo hacerlo, deberán potenciar liderazgos femeninos y hacer cosas tan simples y tan importantes como organizar guarderías durante las asambleas. Y todo esto sin hablar de las diferencias de clase, de edad, de formación...

En los últimos años ha cundido en el mundo del empleo la idea de que todo vale, de que ya no hay normas que limiten el poder de dirección de los empresarios

Las reformas laborales aprobadas respectivamente por el PSOE en 2010 y por el PP en 2012 tuvieron como principales efectos el abaratamiento del despido, la reducción del poder negociador de los trabajadores y la precarización general de las condiciones laborales, con reducciones salariales que han hecho que se multiplique el número de trabajadores pobres y mayores facilidades para que los empresarios cambien de lugar o de función a sus empleados. Sin embargo, estas reformas han tenido otra consecuencia que ha sido menos comentada: en los últimos años ha cundido en el mundo del empleo la idea de que todo vale, de que ya no hay normas que limiten el poder de dirección de los empresarios. En un país con una altísima tasa de economía sumergida que viene de antes de la crisis, el incumplimiento del Derecho laboral es sistemático en los sectores más precarizados, como la hostelería y el turismo (precisamente en aquellos en los que nuestros gobernantes quieren que España se especialice). Y, aunque desde 2011 no se publica la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, un informe de la Fundación 1º de Mayo confirma que las citadas reformas laborales no han hecho más que agravar esta situación.

Más allá de las cifras de temporalidad y empleo a tiempo parcial, pobreza laboral, desigualdad social y demás indicadores de la catástrofe social que sufrimos, la experiencia de dos años de asesoría jurídica de la Oficina Precaria nos permite hacernos una idea de algunas de las violaciones del Derecho laboral que sufren más frecuentemente los trabajadores jóvenes y precarios: los contratos temporales en fraude de ley y los falsos autónomos. Según datos de la Inspección de Trabajo citados por el sindicato CGT, el 95% de los contratos de duración determinada son ilegales. El Estatuto de los Trabajadores permite hacer este tipo de contratos solo cuando el trabajo que se va a realizar tiene carácter temporal pero las empresas los utilizan para todo tipo de tareas. A pesar de las últimas reformas del Estatuto, la ley sigue protegiendo al trabajador en este ámbito: una persona que haya estado cierto tiempo trabajando con uno de estos contratos en fraude de ley tiene derecho a que la empresa la contrate de forma indefinida.

Otra ilegalidad que está muy de moda últimamente es la de los falsos autónomos: las empresas contratan a trabajadores con la condición de que se den de alta en la Seguridad Social como si fuesen autónomos, así que pagan ellos su cuota de la Seguridad Social aunque en realidad trabajan regularmente para una sola empresa. Si el trabajador interpone una demanda, el juez debe reconocer la existencia de una relación laboral, lo que obliga a la empresa a pagarle según el convenio colectivo aplicable y sufragar la parte correspondiente de la cuota de Seguridad Social. El fenómeno de los falsos autónomos está legitimado por el discurso político que basa en el emprendimiento la recuperación de empleo en nuestro país, repetido machaconamente por la Comisión Europea y el Gobierno.

En la asesoría de la Oficina Precaria hemos constatado que incluso entre las personas que dan el paso de acudir a informarse, es frecuente el sentimiento de indefensión ante los atropellos que cometen cotidianamente las empresas. Organizarse con los compañeros de trabajo para constituir un comité de empresa o simplemente apoyarse mutuamente para protestar, acudir a un sindicato o recurrir a la justicia son ideas remotas para la mayoría de los trabajadores jóvenes. Por supuesto, con más de un 50% de paro juvenil y una tasa de temporalidad que supera el 60%, es perfectamente comprensible que casi todo el mundo prefiera soportar condiciones de trabajo ilegales que arriesgarse a perder el empleo.

Lo malo es que el sentimiento de resignación ante las violaciones de los derechos laborales es tan fuerte que muchas personas renuncian a denunciar incluso cuando ya han sido despedidas y no tienen nada que perder. El mundo del Derecho da miedo, mucha gente no sabe que en el ámbito laboral no se pagan tasas, da pereza embarcarse en un larguísimo proceso por unos cientos de euros... y sobre todo, muchos trabajadores no saben de la existencia de ninguna asesoría jurídica gratuita. Una persona que alterna el desempleo con trabajos precarios no puede permitirse pagar a un abogado, quizá ni siquiera la cuota de un sindicato. Por eso es fundamental que haya más instrumentos como la asesoría de la Oficina Precaria, que se esfuercen por sacar a los trabajadores jóvenes de la resignación en la que los ha sumido el mensaje transmitido continuamente por el poder de que no hay alternativa, que hay que resignarse a la precariedad para reducir el paro y para ser competitivos. Está claro que hay que seguir luchando por la derogación de las reformas laborales regresivas y por una política económica que prime la creación de empleo de calidad frente al pago de la deuda, pero mientras conseguimos todo esto también podemos dar la batalla en los tribunales.

En esta época en la que el empleo no es suficiente para garantizar el bienestar de las personas se hace más necesario que nunca unir la lucha sindical a las movilizaciones por el derecho a la vivienda o por unos servicios públicos de calidad

Un par de meses antes de las elecciones europeas de mayo, el sociólogo César Rendueles decía que “estamos obsesionados con juntar un partido y realmente lo que necesitamos con urgencia es un sindicato”. Ahora que tenemos un nuevo partido-movimiento en construcción, el vacío sindical que sufrimos se hace más patente que nunca. Una gran parte de la ciudadanía ha recuperado la ilusión por la política institucional en los últimos meses, trabajando para que Podemos se convierta en una organización que satisfaga los anhelos de participación política y transformación social de nuestra sociedad. Sin embargo, el lema “No nos representan” sigue vigente para millones de trabajadores y trabajadoras, que se sienten abandonados por los sindicatos en un contexto de altísimo desempleo y creciente precariedad laboral.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT llevan meses prácticamente desaparecidos de la escena mediática, quizá una muestra de lo desorientadas que están las cúpulas de los dos principales sindicatos ante el terremoto político iniciado en las elecciones del 25 de mayo. En los últimos años, su silencio las han convertido en cómplices de las políticas antisociales del PSOE y el PP, a lo que se suman las graves y fundadas acusaciones de corrupción que está recibiendo UGT. El resultado ha sido la pérdida de miles de afiliados y el desprecio ciudadano (según el CIS los sindicatos son de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, con una nota más baja que las organizaciones empresariales).

La buena noticia es que la tasa de afiliación sindical en España no es tan baja: el 20% de la población asalariada española pertenece a algún sindicato (tres puntos por debajo de la media europea), a pesar de la creciente precarización del mercado laboral y las consiguientes dificultades para organizarse en el trabajo. Pero la mayoría de esos casi tres millones de personas forman parte de CCOO o UGT, organizaciones cuyos dirigentes han renunciado a combatir los continuos ataques del gobierno contra las mayorías sociales. Como consecuencia estamos en un impass en el que la movilización de miles de personas en los círculos de Podemos y en iniciativas de convergencia de partidos y movimientos sociales como Ganemos no se ve acompañada por un resurgir paralelo de la combatividad en el trabajo. A pesar de recientes y ejemplares huelgas como la del servicio de limpieza viaria de Madrid, Panrico o Coca-Cola.

Cada vez parece más difícil creer en la capacidad de transformación de CCOO y UGT, entre otras razones debido a su grave dependencia económica del Estado. ¿Qué hacer entonces? Al calor del 15M surgieron iniciativas como la Oficina Precaria, centrada en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras precarias de Madrid; por otro lado, sindicatos hasta ahora minoritarios como CGT están experimentando un crecimiento que podría acelerarse en las elecciones sindicales de 2015. Por su parte, un grupo de simpatizantes de Podemos provenientes de diversos sindicatos han creado un Círculo de Sindicalistas y quieren promover la creación de una nueva organización sindical. Todavía no sabemos por dónde va a venir la necesaria regeneración sindical, pero mientras tanto podemos ir pensando qué sindicalismo queremos.

En su libro Ciudades rebeldes, el geógrafo crítico David Harvey señala la importancia de la ciudad en las luchas obreras de los siglos XIX y XX, tomando el ejemplo de la Comuna de París, cuyas dos primeras decisiones fueron abolir el trabajo nocturno en las panaderías (una cuestión laboral) e imponer una moratoria sobre los alquileres (una cuestión urbana). Tiene razón Harvey cuando afirma que la creciente precarización del mundo del trabajo nos urge a combinar las demandas estrictamente laborales con la reivindicación de unas condiciones de vida dignas. En esta época en la que el empleo no es suficiente para garantizar el bienestar de las personas se hace más necesario que nunca unir la lucha sindical a las movilizaciones por el derecho a la vivienda o por unos servicios públicos de calidad.

Además, Harvey destaca la necesidad de superar el modelo tradicional de sindicato dominado por hombres blancos, sordo ante las demandas feministas y cerrado para las minorías étnicas y culturales, que son precisamente las que sufren una mayor precariedad laboral y vital. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha construido con la valiosa participación de miles migrantes que han pasado de ser víctimas de la estafa inmobiliaria a activistas por el derecho a la vivienda. Este ejemplo nos muestra que es posible la activación política de colectivos tradicionalmente excluidos de la participación en la esfera pública. En un contexto de crecimiento de la xenofobia y el racismo en Europa, esta integración de la diversidad debería ser una prioridad para cualquier sindicato. En lo que respecta a los derechos de las mujeres, es cierto que los sindicatos españoles han asumido formalmente el feminismo, pero es necesario un compromiso con el conjunto de los análisis y reivindicaciones feministas más allá de lo estrictamente laboral. Aquí Harvey incluye con gran acierto el derecho a pasear de forma segura por la calle, demanda común a las mujeres y las minorías sexuales que debería ser defendida por un sindicato que entienda que los derechos laborales no pueden separarse del derecho a la ciudad. Del derecho a una vida digna, en definitiva.

Fletcher y Gasapin lo explican muy bien en su libro La solidaridad dividida: la crisis de la organización obrera y un nuevo camino hacia la justicia social: “Si la lucha de clases no se restringe al lugar de trabajo, tampoco deberían hacerlo los sindicatos. La conclusión estratégica es que los sindicatos deben procurar organizar las ciudades y no solamente los lugares de trabajo (o sectores industriales). Y organizar las ciudades solo es posible si los sindicatos buscan aliados en los bloques sociales metropolitanos”.

• Respuesta al artículo Testimonio único o denuncia falsa: gran polémica, publicado en eldiario.es por Isabel Elbal

La polémica suscitada a partir de la denuncia de violación en la feria de Málaga y el casi inmediato archivo de la causa nos ha dejado artículos como el publicado por Isabel Elbal en este medio el pasado 31 de agosto, que utiliza los principios del Estado de Derecho para defender la decisión de la jueza de archivar la denuncia de la chica, que afirmó haber sido agredida sexualmente por un grupo de hombres. La ventaja de citar principios tan venerables como in dubio pro reo es que da la impresión de que el que se oponga a la tesis del autor no comparte su defensa de la presunción de inocencia y el resto de las garantías del procedimiento penal. Esto no es así, creo que todas las feministas que han mostrado su indignación estos días por la decisión de la jueza de archivar la causa, el tratamiento mediático del suceso y los comentarios de personajes incalificables como el alcalde de Valladolid son tan conscientes de la importancia de las garantías constitucionales como cualquier jurista. Así que aclaro mi postura desde el principio: no pido que condenen sin juicio a los acusados y ni siquiera doy por hecho que son culpables. Me limito a afirmar que los datos que se han conocido del suceso son suficientes para motivar una investigación penal concienzuda, y que si la jueza decidió archivar el caso en setenta y dos horas fue por tener una concepción estereotipada y alejada de la realidad de los delitos contra la libertad sexual. La misma concepción que sigue teniendo la mayoría de la sociedad, como prueba el tratamiento mediático del asunto (la mayoría de los medios solo cita a la jueza, al abogado de los acusados y a sus familiares, sin explicar por qué no refleja la versión de la otra parte).

Como bien afirma Isabel Elbal en su artículo, la jurisprudencia sobre agresiones sexuales admite la posibilidad de considerar probado el delito basándose solo en el testimonio de la víctima, ya que no suele haber otros medios de prueba que su relato y el del acusado. Evidentemente, este testimonio ha de tener coherencia suficiente para convencer al juez. En el caso de Málaga la jueza archivó el caso porque la chica no dijo la verdad sobre la hora de salida de su trabajo y no declaró ante la policía que había estado bebiendo y bailando con los acusados. ¿Pero de verdad alguna mujer declararía ante la policía que acaba de estar de fiesta con varios hombres que después la han agredido, aunque fuese verdad? Parece lógico que ocultase esto a los agentes, ante el miedo de que su testimonio perdiese toda credibilidad. La visión que siguen teniendo la mayoría de las personas de las violaciones es que las comete un hombre desconocido en un callejón oscuro tras superar con violencia una desesperada resistencia física de la víctima. En realidad, lo más frecuente es que los autores sean familiares, amigos o conocidos de la víctima. No sé si esta jueza y este fiscal son particularmente machistas o no, lo importante es que tanto ellos como los policías son personas sometidas a los mismos prejuicios que el resto de la ciudadanía, y por lo tanto pueden tomar decisiones equivocadas con consecuencias graves basadas en estas idas preconcebidas. De la misma manera, resulta sorprendente para el sentido común dominante que una persona empiece manteniendo una relación sexual deseada que acaba convirtiéndose en una agresión, una realidad que reflejó un informe del Gobierno vasco. El Código Penal castiga cualquier relación sexual que no sea plenamente consentida porque supone un atentado a la libertad sexual, un bien jurídico tan protegido por la Constitución como las garantías del procedimiento penal.

El artículo de Elbal comete un error frecuente entre los juristas: considerar que las decisiones judiciales deben estar exentas de crítica pública y que opinar sobre un procedimiento penal siempre es caer en el “tertulianismo”. Pues bien, una cosa es la independencia judicial, que prohíbe la interferencia de los demás poderes del Estado en la actividad judicial, y otra cosa es el derecho de periodistas y ciudadanos a criticar las decisiones judiciales. No son lo mismo los juicios paralelos celebrados en un plató televisivo para condenar por adelantado y sin fundamento a cualquier acusado que las críticas razonadas de las decisiones judiciales. Lo primero es sensacionalismo, lo segundo forma parte del control popular de los poderes del Estado, imprescindible en democracia. En este caso, lo que se cuestiona es la decisión de la jueza de archivar la denuncia en tres días pese a haber indicios razonables de delito como la declaración de la chica denunciante y el examen médico que detectó un desgarro vaginal y anal. La jueza podría haber continuado la instrucción, lo cual no implica ni siquiera imputar a los denunciados, sino realizar una investigación profunda para determinar si el delito se ha cometido o no. Como bien advierte Elbal, esta decisión habría supuesto una estigmatización para los acusados, al margen de que fuesen encarcelados con carácter provisional o liberados con cargos, y habría existido el riesgo de que finalmente no se probase suficientemente que cometieron la agresión. Como en cualquier otro delito, es un riesgo que asume el sistema judicial a cambio de proteger bienes jurídicos tan importantes como la libertad sexual y la integridad física.

La decisión de archivar la causa implica que la jueza no cree en absoluto la versión de la chica. Es decir, que cuando se la encontraron los policías llorando, esto formaba parte de un teatro montado para acusar en falso de un delito gravísimo a unos chicos, por razones que desconocemos. Siguiendo con esta versión, si el abogado de la chica no recurrió el archivo fue porque no había funcionado su plan para inventar una violación. Desde luego, la decisión no es fácilmente explicable, quizá la chica tuvo miedo de la presión social que sufriría si seguía con el asunto o el abogado decidió que ya no había nada que hacer. En todo caso, la versión de que la chica se inventó la agresión es suficientemente improbable como para abrir una investigación seria que determine si lo sucedido en Málaga fue una denuncia falsa o un grave delito que ahora seguro que quedará impune. Los estudios más solventes revelan que las denuncias falsas de agresiones sexuales son muy poco frecuentes, igual que en los demás tipos de violencia de género. Resulta revelador que cada vez que adquiere transcendencia pública un delito contra la libertad de las mujeres resurja el debate de las denuncias falsas, cosa que no ocurre con ningún otro tipo de infracción penal.

El mensaje que manda la justicia está claro: mujer, si sufres una agresión sexual te va a costar mucho probarlo así que igual no vale la pena denunciar. Hombre, si violas utilizando el modus operandi adecuado, es probable que no te pase nada malo.