Canarias debate, en este momento, una nueva ley sobre la autoridad docente. Impulsada por los partidos políticos que sostienen al actual Gobierno -CC, PP, ASG, AHI-. Soy de las que creo que la educación no debe estar sujeta a los vaivenes políticos, y mucho menos de forma partidaria, ni ser un instrumento para adoctrinar. Por eso es especialmente importante que cualquier norma que afecte a la educación, a la vida escolar, parta de un amplio consenso social, educativo y político. El camino de esta ley ha comenzado torcido al no contar con esta participación de la comunidad educativa, ni de su máximo órgano, el Consejo Escolar de Canarias (CEC) ni de aquellos a los que, según dice el texto, que quieren proteger: el profesorado.

Por eso hemos reivindicado, en el trámite parlamentario, antes de su aprobación definitiva, la necesidad de escuchar a la comunidad educativa. Representantes del profesorado canario, de las familias, asociaciones de alumnos y alumnas y la opinión de los diferentes sectores representados en el CEC.

El consejero de Educación, en declaraciones públicas, decía que esta ley de autoridad docente viene a respaldar y a proteger al profesorado. Sin embargo, los dictámenes del Consejo Consultivo de Canarias y del Consejo Escolar de Canarias introducen un elemento que obliga a situar la discusión en términos más serenos y rigurosos: la ley no aporta novedades jurídicas sustanciales. 

Ambos órganos recuerdan que el ordenamiento vigente ya reconoce al profesorado el principio de veracidad en el ejercicio de sus funciones, así como el derecho a la asistencia jurídica y psicológica. Además, el propio Decreto canario de convivencia escolar contempla mecanismos de protección, protocolos de actuación ante conflictos y respaldo institucional. Es decir, desde el punto de vista estrictamente legal, el reconocimiento formal de la autoridad docente ya existe. Por tanto, estamos ante una norma simbólica, repetitiva y declarativa, sin ningún efecto real, salvo que la modifiquemos en el trámite parlamentario.

Entonces, cabe preguntarse: ¿qué añade realmente esta nueva norma?

Si la ley no modifica el marco jurídico de manera significativa, su valor parece situarse más en el terreno simbólico y político que en el estrictamente normativo. Y aquí es donde el debate debe ser especialmente cuidadoso. Porque cuando se legisla sobre educación, no basta con enviar mensajes. Es necesario transformar realidades.

El profesorado canario merece respaldo. Nadie discute eso. La complejidad creciente de las aulas, la diversidad de necesidades educativas, el aumento de problemas de salud mental en edades tempranas y la sobrecarga burocrática generan un desgaste evidente. Pero si el diagnóstico es estructural, la respuesta no puede limitarse a una reafirmación declarativa de autoridad.

El Consejo Escolar de Canarias ha sido claro: la mejora de la convivencia escolar depende de múltiples factores. Ratios adecuadas, estabilidad de plantillas, refuerzo de equipos de orientación, formación en convivencia y mediación, donde la coordinación con servicios sociales y el apoyo psicológico es fundamental. Sin estas medidas, cualquier ley corre el riesgo de convertirse en papel mojado que no altera el día a día de los centros.

Desde una perspectiva democrática e inclusiva además, conviene evitar debates que puedan interpretarse como una contraposición entre profesorado y alumnado. La convivencia no se construye reforzando trincheras, sino fortaleciendo la comunidad educativa. La autoridad pedagógica no nace del Boletín Oficial del Estado (BOE) ni del Boletín Oficial de Canarias (BOC), nace del reconocimiento social, del vínculo educativo y de la coherencia profesional.

El término autoridad proviene de auctoritas: poder moral y prestigio socialmente reconocido. Esa es la clave. La autoridad docente no es poder sobre el alumnado, sino responsabilidad para acompañar su desarrollo. No es imponer silencio; es generar condiciones positivas hacia el aprendizaje. Y ese tipo de autoridad se fortalece con condiciones laborales dignas, tiempo para la coordinación, apoyo institucional real y reconocimiento social efectivo.

Si ya existe el principio de veracidad y la asistencia jurídica está garantizada, quizás el verdadero debate no sea jurídico, sino político y presupuestario. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en prevención de conflictos? ¿Estamos reforzando la atención a la diversidad? ¿Estamos apoyando emocionalmente a nuestros docentes? ¿Estamos escuchando a los equipos directivos cuando alertan de la falta de recursos?

La escuela canaria enfrenta desafíos profundos, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Allí, el profesorado no solo enseña contenidos, sino que es un verdadero sostén de la comunidad. Y esa labor no se protege únicamente con declaraciones, sino con políticas públicas integrales y con inversión.

Desde una perspectiva inclusiva, es fundamental que la ley no genere desconfianza hacia el alumnado ni refuerce una visión estigmatizadora de la infancia y de la juventud. La inmensa mayoría de estudiantes convive con respeto y desea aprender en un entorno seguro. Las medidas deben centrarse en proteger derechos y fortalecer vínculos, no en crear climas de confrontación. Se trata de prevenir conflictos, de dotar a los centros y a las familias de herramientas y medios para gestionar el conflicto y favorecer una convivencia desde una escuela que educa en valores democráticos.

La autoridad docente es importante. Pero más importante aún es que esa autoridad esté respaldada por hechos, recursos y coherencia institucional. Si la nueva ley sirve para abrir un debate serio sobre cómo mejorar la convivencia y dignificar la profesión docente, será positiva. Si se queda en una reafirmación simbólica de algo que ya estaba reconocido, su impacto será nulo y solo generará frustración en profesorado y familias.

Escuchamos decir al presidente Clavijo en el Debate de la Nacionalidad Canaria, que cumplir la Ley Canaria de Educación e invertir el 5% de nuestra riqueza, suponía “deprimir” la economía canaria. Resulta muy preocupante y una evidente miopía política pensar que invertir en educación es malo para la economía. Es justamente lo contrario. Invertir en educación no solo es fundamental para el desarrollo individual, sino que, como sociedad, es una apuesta estratégica, es la única garantía del avance y desarrollo de los pueblos del mundo. 

Sin recursos, sin inversión, la mejora educativa es pura propaganda. Canarias necesita menos gestos y más compromiso verdadero con su educación pública. Porque la convivencia escolar no se decreta: se construye cada día en las aulas, con apoyo real, con participación y con una visión democrática que entienda que educar es, ante todo, acompañar, contribuir al camino hacia la vida adulta.

Si la pandemia del Covid-19 nos dejó alguna lección, fue el papel de lo público cuando las cosas se complican en momentos de crisis, y especialmente el papel crucial de la ciencia para salvar vidas. De nuevo hemos podido comprobar, de forma indiscutible, que los avances científicos nos han permitido encontrar respuestas a los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo, siempre con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida.

La ciencia es una herramienta profundamente transformadora. Nos permite comprender el mundo que nos rodea, encontrar soluciones innovadoras y afrontar retos que van desde la cura de enfermedades hasta la aparición de nuevas tecnologías que han revolucionado nuestras vidas en el último siglo, y lo sigue haciendo en el primer cuarto del siglo XXI.

En este momento, Canarias tramita en su Parlamento una nueva Ley de Ciencias promovida por el actual Gobierno de Canarias de CC y PP. Un proyecto de ley que se enmarca en la necesidad de adaptarnos al marco normativo estatal en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es, por tanto, un buen momento para reflexionar sobre el papel que desempeñan las universidades públicas, la comunidad científica y la ciudadanía en el ecosistema investigador canario.

La política científica, tecnológica y de innovación se sitúa como una de las políticas públicas más relevantes tanto a nivel estatal como internacional. No hay duda: el progreso de una sociedad va ligado a su apuesta por el conocimiento, la investigación y la innovación. Invertir en conocimiento es una inversión segura, de presente y de futuro, y es apostar por una sociedad más sólida y resiliente.

Canarias, con su dependencia del monocultivo turístico, es especialmente vulnerable a las fluctuaciones económicas mundiales. Esta realidad convierte a la tan cacareada diversificación económica no en un eslogan político, sino en una necesidad urgente. Apostar por la economía del conocimiento no es una cuestión opcional o de voluntariedad del gobierno de turno, sino que debe ser una apuesta obligada para garantizar un modelo económico canario sostenible.

Un hito importante en esta dirección fue la firma, en 2022, del Pacto Canario por las Ciencias e Innovación, un acuerdo rubricado por las confederaciones de empresarios de ambas provincias, las principales centrales sindicales, las dos universidades públicas canarias y todos los grupos parlamentarios, en un ejemplar consenso de toda la sociedad canaria de reconocimiento al papel estratégico de las ciencias para nuestro archipiélago.

La nueva ley de la ciencia, por tanto, representa una oportunidad única para dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de conocimiento e innovación. Elementos esenciales para afrontar de manera transversal todos los grandes retos que tenemos como sociedad. La competitividad de nuestra economía depende del patrimonio intelectual, de la transferencia de conocimiento y de la apuesta decidida por la I+D+i.

Y llegados a este punto, las dos universidades públicas canarias juegan un papel crucial. No solo porque en sus laboratorios y departamentos se genera la práctica totalidad de la investigación científica de Canarias, sino porque la transferencia de conocimiento en el archipiélago se aglutina en ambas universidades públicas.

Recientemente, como miembro de la Comisión de Universidades y Ciencias del Parlamento de Canarias tuve la oportunidad de visitar diversas instalaciones de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), como el Servicio General de Apoyo a la Investigación (Segai) y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Comprobé, de primera mano, que la capacidad y calidad investigadora de nuestras universidades no son palabras huecas, que Canarias está a la vanguardia de la investigación, de la innovación y que la transferencia de conocimiento es un hecho del que se benefician las empresas canarias y la sociedad en su conjunto.

En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria somos un referente, tanto a nivel internacional como estatal, en investigación en Ciencias Marinas. Este liderazgo en ciencias marinas se ve claramente reforzado por la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), como infraestructura de vanguardia para la realización de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito marino y marítimo.

Por tanto, es inaudito e inconcebible que el Proyecto de Ley de la Ciencia se haya redactado sin la participación activa de ambas universidades. Así lo han denunciado ambos rectores en una carta dirigida al Parlamento de Canarias donde reclaman, entre otras cuestiones:

Aunque el proyecto habla de “atracción, retención y retorno de talento”, tal y como hemos venido denunciando en varias ocasiones en el Parlamento de Canarias, tanto la actual consejera de Universidades y Ciencias como el presidente Clavijo utilizan esta frase como muletilla vacía de contenido, ya que en la práctica no se ha impulsado medida alguna concreta que, efectivamente, resuelva la precariedad laboral y la falta de estabilidad de estos investigadores. Lo que provoca que muchos de nuestros científicos y científicas, formados en nuestras universidades con recursos públicos, terminen siendo expulsados de Canarias con lo que esto significa para nuestro potencial innovador y nuestra mejora productiva.

Otra omisión llamativa de este proyecto de ley es un apartado específico sobre la transferencia de conocimiento, y eso a pesar de las reiteradas manifestaciones de este gobierno acerca de la prioridad de que el conocimiento, que se genera en nuestras universidades, retorne a la sociedad. Por ello es fundamental que se reconozca la transmisión de conocimiento como una misión esencial del sistema público de I+D+i, en el mismo plano que la investigación y la docencia.

La financiación pública debe quedar garantizada por ley, con incrementos reflejados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sin duda, estas y otras reivindicaciones de ambas universidades reflejan un marco legal que verdaderamente cree en la ciencia y en el conocimiento como motores de transformación y progreso; un marco jurídico que combine de forma inteligente el realismo de una ley que debe ser aplicable y la ambición de un pueblo que anhela un modelo económico más sostenible y que suponga un gran impulso a la diversificación económica de alto valor añadido, empleos de alta retribución y la viabilidad del tejido empresarial tradicional.

En definitiva, que la ciencia suponga mayor bienestar para nuestro pueblo.

Los últimos acontecimientos en relación a la asignatura de Historia de Canarias me han sorprendido consejera, y me convencen de que hoy es más necesaria que nunca la reflexión a la que nos invitaba Manuel Alemán.

No hace falta ser un experto para saber que tener identidad propia es clave para tener autoestima, y la autoestima se forja con el propio conocimiento y valoración de lo que somos como individuos. Ocurre exactamente lo mismo cuando hablamos de la identidad de una comunidad, de un país, de un pueblo.

Canarias necesita conocer su historia para auto-reconocerse, para valorarse y quererse, para saber de dónde viene y hacia dónde va.

Y si todo esto podría ser reconocible y legítimo para cualquier comunidad, es precisamente todavía más importante para Canarias. Nuestro archipiélago posee unas condiciones históricas y geográficas singulares, ni mejores ni peores que las del resto del Estado, pero sin duda, singulares.

Es vital que conozcamos nuestras singularidades: ¿Hay alguna comunidad en el Estado donde se haya pasado directamente del neolítico a la Edad Moderna, tras una guerra de conquista de casi un siglo? ¿Hay alguna otra comunidad que no tuviera Edad Media? 

¿Hay alguna comunidad donde su situación y condiciones geográficas hayan condicionado  tanto la economía o la política?

¿Hay alguna comunidad donde las condiciones naturales sean tan diversas y singulares?, ¿hay alguna que sea macaronésica, volcánica o que tenga una fauna y una flora con más de 4000 endemismos?

No puede ser optativo conocer las respuestas a estas preguntas.

Como no es optativo saber que 4 + 4 son 8, o que “corazón” lleva tilde.

Exigimos a la Consejería de Educación que rectifique, que Historia de Canarias se mantenga como asignatura obligatoria en 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que, además se apoye al profesorado para que cuenten con formación y materiales para impartir los contenidos canarios de toda la educación Secundaria. Y también que ejerzamos un control sobre su desarrollo, ya que, por desgracia, en demasiadas ocasiones los y las docentes, ante tanto contenido, priorizan otros por encima de los propios.

Les pido, les ruego, que rectifiquemos esto. Sé que, aunque digan que es de sabios, no está de moda eso de rectificar. Estoy segura de que seremos singulares también en esto.

Debemos prestar a la lengua la atención que merece porque, en base a la palabra, construye el ser humano sus conceptos e ideas. El lenguaje nunca es inocente y plenamente objetivo, resultando incuestionable su peso en nuestras vidas y en las relaciones en comunidad.

Esa mencionada defensa del habla canaria, que nuestra organización considera un asunto de especial relevancia, comporta la necesidad de continuar avanzando en la conciencia, por parte de los canarios y canarias, de que el español que se habla en nuestro Archipiélago es tan correcto como el practicado en cualquier otra latitud, como por ejemplo el castellano.

Tal y como recoge el profesor catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna, Gonzalo Ortega, la modalidad lingüística hablada en el Archipiélago canario se inscribe en el llamado español atlántico o meridional. Nuestra variedad forma grupo común con el andaluz y con el español de América.

El seseo que se da de manera generalizada, la aspiración de la s, la pronunciación relajada de la j o de la ch. La no utilización del término vosotros, el empleo preferente del pretérito perfecto simple (yo comí en vez de yo he comido) y el empleo de guanchismos, portuguesismos, americanismos y arcaísmos son algunos de los rasgos fónicos, gramaticales y léxicos que conformar la particularidad de las hablas canarias.

La Academia Canaria de la Lengua (ACL), creada en 1999 por mandato del Parlamento -con Román Rodríguez como presidente del Gobierno de Canarias y con José Miguel Ruano como consejero de Educación, Cultura y Deportes- nació con el objetivo fundamental de “promover el estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española, sin olvidar la producción literaria desarrollada en el Archipiélago a lo largo de los últimos cinco siglos”. 

Desde su inicio, la ACL ha venido demostrando su utilidad y su valía, por lo que entendemos que las administraciones públicas canarias deben reforzar su apoyo para fortalecer la trascendental labor que la academia realiza en este ámbito, proveyéndola de los medios materiales y humanos necesarios. 

El prestigioso catedrático de Filología Española en la Universidad de la Laguna, Marcial Morera, señala en su libro En defensa del habla canaria, -una de las obras de máxima referencia en la materia-, que “la reconciliación de los canarios con su patrimonio cultural y lingüístico, su reconocimiento y asunción orgullosa, es absolutamente imprescindible para que este pueblo pueda desarrollarse libremente y sin complejos”. Esta reflexión, en la que coincidimos plenamente, vuelve a subrayar la trascendencia, no solo de abordar el tema de manera profusa, sino también de otorgar a la expresión oral la fuerza y la importancia que requiere.  

La defensa y el fomento del habla canaria, que nos diferencia y nos enriquece, demanda la conciencia y la participación de todas y todos los que vivimos y amamos esta tierra, requiriendo el esfuerzo aunado de las instituciones públicas, de los maestros, de los escritores, de los periodistas, de los investigadores y de todas aquellas personas que sientan algún interés por contribuir al fomento de esta parcela de nuestra cultura.

Debemos preservar la modalidad del español que se habla en Canarias, con especial atención a su conocimiento entre la población infantil y juvenil, por lo que estimamos que la sociedad canaria, en todos sus ámbitos, debe adquirir un compromiso para dignificar y revitalizar el habla canaria y todas las variedades que se dan en cada una de las islas.

Nueva Canarias, convencida de la necesidad del impulso de una política lingüística, ha pedido en el Parlamento que el Gobierno canario refuerce el apoyo y la colaboración ofrecidos a la Academia Canaria de la Lengua. También que la Consejería de Educación trabaje para la consecución de una normativa legal que comprometa a las editoriales a la adaptación de los libros de texto, manuales académicos, etc, así como su material digital, al español de Canarias.

En este mismo sentido, hemos solicitado iniciativas para que la forma de expresión del habla canaria sea la que se utilice en la señalización de los edificios de las administraciones públicas, así como en formularios, material audiovisual y documentación administrativa en general, e igualmente en infraestructuras culturales y/o turísticas, tales como museos o cualquier otro emplazamiento con afluencia de público.

La construcción del lenguaje es un elemento vivo. Así, además de lo reseñado, resulta fundamental el fomento y la difusión de la literatura hecha en Canarias, tanto de la producción precedente como de autores y obras contemporáneas. Resulta incuestionable el refresco que suponen autores como Alexis Ravelo o Andrea Abreu, que deshacen ataduras y nos muestran que el reconocimiento de la crítica y las ventas no están reñidos con el uso literario de nuestra forma de hablar. Con obras aclamadas dentro y fuera de las Islas, no solo se expresan de manera auténtica sino que además nos brindan interesantes reflexiones sobre lo que, también, es hoy Canarias.  

Otro aspecto capital y que hemos llevado a la Cámara canaria pasa por el papel de los medios de comunicación y su influencia central en la cultura popular. De ellos demandamos que contribuyan en el fomento de las hablas canarias, con especial exigencia a los dependientes de la Radio Televisión Canaria, dado su carácter público.

Porque, como hemos dicho, esta cuestión atañe al conjunto de la sociedad canaria. Con el liderazgo de las instituciones públicas, sí, pero con la participación decisiva del sector privado, por lo que debemos encontrar y animar las vías de colaboración y trabajo en común, con medidas e iniciativas como, por ejemplo, la instauración de galardones -con la participación de la ACL- que reconozcan a aquellas empresas que destaquen en la defensa y el fomento del habla canaria.

Pocas cosas, si es que existe alguna, nos distinguen tanto y nos enorgullecen tanto como nuestra forma de hablar. Ese “vocalismo fuerte” y ese “consonantismo relajado”, en palabras del imprescindible Marcial Morera, a quien volvemos para terminar: “Difícilmente se puede amar lo que no se conoce. Sólo así podremos decir que, para nosotros, no hay mejor patrimonio lingüístico que el nuestro, porque en él vimos por primera vez la luz del sol, en él nos arrullaron en nuestra infancia, en él crecimos, en él nos alimentamos y en él tenemos nuestros amigos y nuestros muertos”.

Focalizar los grandes objetivos no resulta comlplicado. Lo difícil es desviar la mirada de los más de 15.000 teldenses que no tienen empleo y de la desarticulación social que eso ha supuesto. De los datos de Cáritas denunciando que se ha cuadruplicado la pobreza y la exclusión social en el municipio. De una urbe sucia y descuidada. De unos ciudadanos asfixiados por los impuestos. De un tejido empresarial que se siente abandonado. De un descrédito insostenible de la actividad política. De la nefasta imagen general que se tiene de un lugar maravilloso como Telde.

Uno de los grandes retos que tenemos por delante es la perentoria modernización del Ayuntamiento. Desde hace demasiado tiempo, Telde padece un Ayuntamiento alejado de la gente, sumido en guerras intestinas de un Gobierno de tres cabezas, cada una de las cuales piensa en salvar su trozo del pastel, olvidando su función: la de servir a las y los teldenses. Un Gobierno sin rumbo en un Ayuntamiento arcaico y lleno de vicios por su anquilosamiento.

Necesitamos un Ayuntamiento eficaz, que tenga por bandera la transparencia y la participación real de los ciudadanos. Un Ayuntamiento pensado por y para ellos. No como una frase hecha, vacía de contenido, sino una gran verdad como única fórmula de regeneración política del municipio. Además, centralizar toda la actividad del Consistorio en un mismo edificio, el situado en El Cubillo, representa una magnífica oportunidad para maximizar sus recursos, crear sinergias entre las diferentes áreas y, por fin, instalar nuestro máximo órgano de gobierno y gestión en el siglo XXI, con una apuesta inequívoca por las tecnologías de la información y de la comunicación. Indispensable.

Desde ese Ayuntamiento refundado, que mantendrá sus puertas y ventanas abiertas de par en par como antídoto frente a la corrupción, reactivaremos la economía de Telde. El Consistorio tiene que apostar decididamente por el desarrollo económico de la ciudad, siendo un verdadero catalizador en la generación de empleo. Esta tarea es inasumible sin el concurso del tejido empresarial -pequeños y medianos empresarios, comerciantes, autónomos, emprendedores- y sin la modernización y reconversión de nuestros polígonos industriales en auténticas zonas empresariales. Apostar por el empleo no es un brindis al sol, sino una realidad ya plasmada en otros municipios de Gran Canaria.

Recuperar la esencia de la política, colocando a las personas en el centro mismo de todas nuestras acciones se convierte hoy en una urgencia social. Las familias con dificultades para cubrir sus necesidades básicas –de alimentación, de suministros como el del agua y la electricidad, de vivienda- encabezan la lista de nuestras preocupaciones. La calidad de vida de los habitantes de Telde y la solución a sus problemas debe ser el fin último de nuestra actividad diaria.

La vertebración social, tan golpeada en nuestra ciudad en estos últimos años, se muestra como fundamental para ello. Resulta capital recuperar el tejido asociativo. La cultura, el deporte o la lucha por la igualdad de género son solo algunas de las manifestaciones que cohesionan la vida de una comunidad, siendo esta cohesión el elemento que impulse el desarrollo y la prosperidad, siempre sostenibles, desde un sentimiento de pertenencia y orgullo.

Ese camino de progreso que queremos recorrer no se entiende de otra forma que no sea abrazando la sostenibilidad, entendida en la más amplia acepción del término. Cuidando siempre a las personas, y por ende nuestro territorio. Telde, en su gran extensión y su enorme riqueza natural, debe pelear por convertirse en bandera del respeto medioambiental, atrayendo una actividad turística responsable en esta materia. Aquí, la senda está clara: la Mancomunidad del Sureste.

No estoy en la política para engañar a nadie. Alcanzar estas metas, del todo irrenunciables, no es una tarea sencilla, ni existen soluciones mágicas. Depende del empeño de todos y de la conformación de un Gobierno, por fin, fuerte y estable. Trabajaremos mejor y creceremos antes con un respaldo amplio de la ciudadanía. Nos acercamos al momento clave en el que nuestra decisión puede ser de utilidad práctica para mejorar nuestras vidas y el estado de la ciudad que habitamos y queremos, desterrando tantas cosas de las que no podemos estar ya más hartos. Suelo visualizar una escalera que subiremos peldaño a peldaño, y cada uno de ellos reforzará la acometida del siguiente. Juntos, con humildad, honradez y esfuerzo, recuperaremos la autoestima colectiva y el orgullo de ser teldenses.

Otro año más, el Día Internacional de la Mujer vuelve a provocarnos a muchas personas sensaciones encontradas

Otro año más, el Día Internacional de la Mujer vuelve a provocarnos a muchas personas sensaciones encontradas. Por una parte, la alegría del camino recorrido, de los incuestionables avances logrados en materia de igualdad de género, del aumento de la visibilidad y el reconocimiento. Por otro lado, claro, la tristeza, la indignación y la incomprensión de lo mucho que queda por hacer, y de los datos abrumadores acerca de tantas y tantas injusticias, desde la violencia machista hasta las inexplicables brechas salariales.

Las teldenses vivimos en este 2015 el 8 de marzo con todo esto muy presente y con la bandera de la igualdad más asida que nunca. Pero es que además tenemos estos días un motivo más para celebrar la efeméride: el Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria. Esta entidad deportiva de nuestro municipio acaba de lograr el primer título de su dilatada trayectoria, ganando en Castellón la Copa de la Reina el pasado 22 de febrero, fecha ya grabada con letras de oro en el deporte canario. Las mieles del éxito encienden y atraen muchos focos, pero no debe caerse en el error de olvidar ni por un instante los años que el club presidido por Antonio Moreno ha estado en la élite del balonmano español, cercando desde hace mucho un gran triunfo que afortunadamente ya ha llegado. La gran cantidad de valores que transmiten estas deportistas con su esfuerzo diario se ha convertido en el mejor espejo posible para que las teldenses y los teldenses no cejemos en nuestro empeño de conseguir un mundo justo, un mundo igual en oportunidades y derechos para mujeres y hombres.

Tampoco conviene soslayar que estas campeonas esparcen su buen ejemplo para mujeres y niñas de toda la isla, de toda Canarias, pero que lo hacen en Telde, ciudad como pocas golpeada por las crisis, la económica y la institucional. La labor social que con el deporte base lleva a cabo el Club Balonmano Remudas es impagable para Las Remudas y para todo Telde. Desde todas las niñas que se han enganchado al deporte a través del balonmano hasta la gran Marta Mangué –remudense también y nominada a mejor jugadora del mundo de 2014-, el maravilloso universo del Rocasa es hoy un motivo de satisfacción para todas y todos los teldenses.

El deporte es a menudo fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, y también nos ofrece la cara y la cruz en cuestiones de género. Aquí tenemos el caso del Remudas, y en el ámbito estatal la palmaria explosión del deporte femenino, plagado de éxitos en diversas disciplinas. Triunfos que obedecen por supuesto al trabajo diario de muchas mujeres pero que se han alcanzado, según opinión de las propias protagonistas, cuando la Administración ha comenzado a apostar económicamente por el deporte femenino.

El otro lado de la moneda, sin embargo, nos recuerda mucho más asiduamente de lo que nos gustaría que el objetivo de avanzar en igualdad nos queda lejos a pesar de todo. En apenas unos días, dos botones rotundos, uno con los gritos machistas en el campo del Real Betis alentando a un presunto maltratador. El otro, menos sonoro pero tal vez más sangrante por la inaceptable respuesta de una institución pública, con los brutales insultos recibidos por una árbitra asistente en un encuentro de fútbol de celebrado en Cádiz, pero sobre todo con los 50 euros que la Federación de Fútbol –que además prohibió a la colegiada expresarse públicamente- decidió que eran bastante para sancionar a los aficionados y jugadores que vejaron gravemente a Laura, la joven en cuestión, y que resumió el fondo de la cuestión perfectamente en su perfil de Facebook: “Los insultos provenían tanto de hombres como de mujeres, lo que me parece algo más lamentable aún. Durante los 90 minutos no escuché ni un solo insulto por cómo estaba arbitrando, todos se limitaban a descalificarme como mujer. Señores, estamos en pleno siglo XXI, año 2015. ¿Cómo puede haber gente que siga viviendo en la prehistoria? El hecho de ser mujer no me hace menos que nadie, a ver si os enteráis de una vez”. Poco que añadir a sus palabras.

Al igual que en el mundo del deporte, en la lucha por la Igualdad se han producido grandes avances pero todavía quedan duros obstáculos por superar que, no podemos dejar de recordar, se han acentuado con esta crisis económica y con las retrógradas políticas sociales del actual Gobierno del Partido Popular; sí, la Ley del Aborto que Mariano Rajoy intentó perpetrar contra las mujeres y sus derechos fundamentales se quedó aparcada, pero el paro se está cebando entre el género femenino y las diferencias de salario, cuando hay trabajo, se acentúan, por no hablar de las dificultades para la conciliación, claramente visibles en Telde con el cierre de las Escuelas Infantiles.

Pero mejor acabar en positivo. Porque si uno repasa la historia, las mujeres y su capacidad de lucha han sido claves para el avance de la sociedad, y estoy convencida de que ante estos nuevos retos nuestro papel va a ser fundamental. Porque esa sociedad más justa con la que soñamos millones de personas solo es posible si caben todas nuestras diferencias y los mismos derechos y oportunidades para todas y todos.

La política y su ejercicio tienen que salir de la recesión democrática a la que su propia vorágine les ha llevado

Las crisis han sido vistas por muchas culturas y civilizaciones de todas las épocas, no ya sólo como momentos difíciles o de adversidad, sino como puntos de inflexión, de cambio, de tránsito, como una oportunidad de mejorar.

Tal vez, el hecho de que la que estamos viviendo se haya dado con tanta crudeza y haya sobrepasado el escenario económico, nos ha permitido alcanzar el punto que necesitábamos para darnos cuenta de cuántas otras respuestas éramos capaces de crear, articular y poner en marcha. Para superar problemas nuevos pero también otros de siempre.

La última encuesta del CIS revela que la corrupción es -obviamente junto a la crisis económica y el desempleo- uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía española y canaria. Y que un 41,5% de los encuestados la sitúen como el segundo problema de España, demuestra que la crisis económica y la incapacidad de los gobiernos del PP y PSOE para afrontarla no son las únicas razones que explican la gran desafección de la ciudadanía hacia sus representantes políticos.

La política y su ejercicio tienen que salir de la recesión democrática a la que su propia vorágine les ha llevado.

Está más claro que nunca, me parece, que a propuestas eficaces y de calado humano para salir de la crisis tenemos que unir una regeneración de nuestro propio sistema democrático. Una regeneración que pasa ineludiblemente por una participación real y activa de los ciudadanos y por más transparencia por parte de todas las instituciones: abrir puertas y ventanas de gobiernos, parlamentos e instituciones judiciales, eso es lo que hace falta.

Es posible que por tener todos tan claro que la democracia era el mejor sistema de convivencia colectiva que se había dado la humanidad, un día perdimos la perspectiva de que era necesario enriquecerla, desarrollar todo su potencial, evolucionar gracias a ella hacia otros modelos que la alejaran de una posible decadencia de su idea primigenia; el gobierno del pueblo, el gobierno de todos.

La participación de la ciudadanía en sus asuntos ya no puede estar circunscrita a unas elecciones cada cuatro años, o a su representación institucional. La participación debe ser considerada como mucho más que un derecho escrito en un papel, porque a día de hoy resulta ya una necesidad ineludible e ilusionante. Quien crea que se puede reducir a una 'pose', al cada vez más irritante arte de lo decorativo en la política, no sólo estará faltando el respeto e insultando la inteligencia de la ciudadanía, sino perdiendo una oportunidad colectiva.

En mi anterior reflexión esbocé lo que creo que es y no es la participación ciudadana. No sólo desde una visión ideal sino desde el convencimiento al que he llegado a partir de la experiencia y puesta en práctica de procesos participativos. Sé que en una sociedad como la nuestra, tan maleada por promesas vacías y poses que nunca fueron más allá de las palabras, el hecho de poner encima de la mesa propuestas concretas, serias y consecuentes puede hacer desconfiar a muchos, pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Con honestidad, sentido común y mucha pedagogía sobre el horizonte que pretendemos construir con todos y entre todos.

¿Que si existen verdaderas políticas de participación ciudadana? Mi respuesta es que deben existir. Son imprescindibles para tener credibilidad ante la ciudadanía, demuestran que al gobierno de turno le interesa que ésta participe en los asuntos y decisiones comunes y generan confianza en las instituciones; pero también lo son para que la ciudadanía haga un ejercicio de responsabilidad, ejerciendo sus derechos pero asumiendo con ellos compromisos y obligaciones.

Como decía en la anterior reflexión sobre la participación, para que ésta sea real, por ejemplo, en el ámbito local, es necesario poner en marcha mecanismos concretos que la canalicen, para que el ciudadano pueda opinar y decidir en los temas que le afectan directamente, desde las infraestructuras que considera prioritarias en su barrio a aquellas otras de carácter estratégico; desde las prioridades en el presupuesto municipal a lo que afecta al modelo territorial, de servicios a la comunidad, etc.

En este sentido, la constitución del Consejo Social de la Ciudad y la elaboración de un Libro Blanco sobre Democracia y Participación Ciudadana para Telde son dos de los objetivos que creo prioritarios para avanzar hacia un municipio más democrático y participativo.

Un consejo Social entendido y constituido como un órgano de participación amplio y plural, con foros de discusión abiertos, propositivos, multidisciplinares, pero también conscientes de que su papel no va a ser testimonial sino de empoderamiento de abajo hacia arriba.

Y un Libro Blanco sobre Democracia y Participación Ciudadana para Telde que supondría un avance en la gobernanza y en la gobernabilidad de la ciudad, una reformulación y democratización de las relaciones entre la administración y la ciudadanía. Un documento que debe elaborarse de manera colaborativa, adaptado a la realidad teldense, en el que reflexionemos de manera conjunta en torno a la participación ciudadana.

Soy consciente de que así entendida, la participación se convierte en un proceso complejo, que requiere de tiempo y de aprendizajes compartidos. Pero estoy convencida de que es el mejor camino para profundizar en la democracia que muchos queremos. Un proceso de diálogo con la ciudadanía para abordar los problemas, escuchar y compartir las soluciones; también de transparencia, para que estén informados en todo momento de las políticas públicas. Con un espíritu de mejora constante, desde la autocritica y la humildad.