Este miércoles por la mañana, durante mi intervención en una conferencia sobre energía y cambio climático en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un rumor de gran onda expansiva corrió por toda la sala. A su paso levantó exclamaciones de sorpresa e indignación. ¡Sí, Cañete ha sido elegido comisario de Acción Climática y Energía!

Ante esta noticia no puedo más que mostrar mi perplejidad y escándalo.

Desde una óptica europea, se nos muestra un ejemplo de cómo las políticas pactadas por la socialdemocracia y la derecha, lejos de interpretar adecuadamente el signo de los tiempos, producen giros retrógrados que no podemos asumir, en materias tan sensibles y de impacto tan global, como el cambio climático y las políticas energéticas.

En la coyuntura de grave crisis ambiental, con la amenaza del cambio climático sobrevolando nuestras cabezas, nos encontramos con que la dirección general de Acción por el Clima pierde entidad y se fusiona con otra cartera. Y esta cartera no es otra que la de Energía, que debería cobrar un peso capital durante la próxima legislatura. Entre otras cosas, porque la insostenibilidad económica del modelo energético europeo, con gran dependencia de las importaciones del exterior, hace necesario apostar por una cartera fuerte y decidida que sirva como locomotora económica de la Unión. Asimismo, se hace más necesario que nunca liderar la urgente transición energética que alumbre una cultura de la energía basada en el ahorro, en la eficiencia energética y en fuentes autóctonas y renovables. Si la voluntad de la Comisión fusionando ambas carteras fuese dotar a las políticas energéticas y climáticas de una herramienta coherente, imbatible e incontestable, que pusiera la energía al servicio del clima, no tendríamos nada que objetar. Pero, desgraciadamente, supone lo contrario: descapitalizar ambas direcciones generales. La evidencia palmaria la encontramos en el hecho de poner al frente a un hombre de paja. Tristísima noticia. El largo brazo de los lobbies energéticos ha extendido sus dedos en la composición de la Comisión, y el cierto parapeto que ésta suponía frente a los desmanes de las energéticas de un plumazo se ha volatilizado. Para más inri, el señor Cañete, por implicaciones personales directas en el sector de los hidrocarburos, debería renunciar a su nombramiento en el cargo por conflicto de interés. Por supuesto, que esta decisión de política pequeña va a tener en frente a todos los que, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, defendemos una política energética alineada con el planeta y las personas.

Angela Merkel visitó nuestro país el pasado mes de agosto. Fueron poco más de 24 horas, aunque los medios de comunicación se empeñaron en hablar de los dos días de visita. Del seguimiento sistemático que estos mismos medios hicieron de los pasos de la canciller por nuestro país, todo recordaba a uno de esos viajes del primer ejecutivo o ejecutiva de una multinacional a la filial en otro país. El director en España, Mariano Rajoy, actuó como corresponde en esas ocasiones. Primero, rindió cuentas de las bondades de su gestión y resultados, para, a continuación, sacar su breve pero asertiva lista de peticiones. Y, ¿qué es lo que trascendió de la agenda del presidente español?, ¿cuáles eran sus prioridades para nuestro país? En una situación normal, con un Gobierno normal, lo lógico hubiera sido haberle sacado los colores a la canciller alemana. Alinearse con la posición de los gobiernos francés e italiano, para que tan germánica dama destensara las cuerdas del corsé del austericidio que nos tiene axfisiados. Asimismo, exigir un cambio en la política interior de su país. Del mismo modo que la demanda de países como el nuestro sacó a Alemania de la profunda crisis en que se encontraba en los primeros años del siglo, es el momento de que la demanda germana tire de la economía europea y abandone su modelo volcado en la exportación.

¿Fue esa la petición de Rajoy? Por supuesto que no. Lo único que tenía apuntado en el cuaderno era lo de Cañete (primer punto) y lo de De Guindos (segundo y último punto). Cañete se fue arrastras a Europa. Solo accedió porque se le garantizó una silla en la Comisión. Pero no se le ocurrió nada mejor que evacuar en la campaña electoral un inaceptable comentario sobre la candidata socialista al Parlamento Europeo. Lograr su lugar en la Comisión ha supuesto por ello un desgaste mucho mayor del que hubiera sido preciso sin su torpeza. Nuestro país ha tenido, por tanto, que ofrecer más y renunciar a pedir lo realmente importante, para que Rajoy pudiera cumplir con la palabra dada. Cañete primero, De Guindos después y luego, cuando toque, si es que toca, lo de la crisis económica.

7 millones de personas en España tienen serias dificultades para pagar sus facturas energéticas.

La Organización Mundial de la Salud publica que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno están relacionadas con la pobreza energética.

Un asunto, que no es nuevo, ha saltado en los últimos meses a la parrilla mediática: hablamos de pobreza energética. Probablemente nos planteemos por qué poner apellidos a la pobreza, tales como “pobreza infantil”, como si existieran niños pobres en hogares ricos, pero en este caso, el energético, nos ayuda a profundizar y observar que además se concitan causas particulares del sector eléctrico.

Podemos definir la pobreza energética como la dificultad, e incluso la incapacidad, de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, así como no poder contar con otros servicios energéticos tales como agua caliente, electrodomésticos, iluminación, internet e incluso el acceso a los medios de transporte.

Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales del año 2014 (con datos del año 2012), 7 millones de personas en España tienen serias dificultades para pagar sus facturas energéticas. Está ampliamente documentado que vivir de manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada genera y agudiza enfermedades e incluso puede causar la muerte. La Organización Mundial de la Salud publica que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno están relacionadas con la pobreza energética. Si echamos las cuentas, en nuestro país, la cifra es demoledora. Aproximadamente 7.000 personas mueren al año por no poder vivir en un hogar acondicionado. Y aunque estos datos hacen palidecer cualquier otra consideración, hay que resaltar que la falta de servicios energéticos incrementa la brecha social y provoca una pérdida de oportunidades en diferentes sectores de la población afectada. Estudiantes, enfermos, demandantes de empleo, trabajadores precarios…ven mermada su disponibilidad a los servicios básicos como la higiene, la cocción de los alimentos, el acceso a servicios sanitarios y a las ofertas de empleo. Además, las estadísticas demuestran que vivir en situación de pobreza energética afecta directamente al rendimiento escolar. El frío, la falta de iluminación o la falta de acceso a internet generan exclusión en unas edades fundamentales para la integración de las personas en la esfera social. Por ello, para dar salida a esta situación, organizaciones que trabajan para paliar y solucionar la pobreza y la exclusión social, han habilitado aulas de estudio.

La pérdida de poder adquisitivo de las familias, el incremento continuado del precio de los suministros energéticos y la mala calidad de la edificación, que hace que nuestros hogares sean enormes devoradores de energía a fin de mantener un mínimo de confort térmico, son el coctel perfecto para que la lista de ciudadanos en situación de pobreza energética no deje de engrosar. Soluciones hay, y recursos para poder implementar estas medidas también. Pero lo que desgraciadamente, hasta la fecha no hay, es voluntad política para solucionar esta inadmisible lacra social.

Sin ir más lejos, España por ser Estado miembro de la Unión Europea, tiene mandato normativo según la Directiva de mercado interior de la electricidad (del año 2009), de implementar un plan nacional para solucionar la pobreza energética. Entre las medidas urgentes y paliativas, está reconfigurar el deficiente bono social y habilitar ayudas a las familias vulnerables. Pero, sin lugar a dudas, en lo que se debe trabajar, tal y como  indica la Directiva, es en instaurar medidas de solución estructural, como es reducir la demanda energética en los hogares a través de costear a las familias medidas de ahorro y eficiencia energética.

Por la inacción del Gobierno en este asunto y por la indecente acción de las compañías energéticas, que no les tiembla la mano para cortar el suministro en caso de impago, en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético trabajamos activamente para visibilizar el problema y para que se reconozca un derecho universal a un uso básico de energía que permita a todas las personas tener una vida decente.