Cuando Margaret Thatcher se convirtió en Primera Ministra de Gran Bretaña en el año 1979, llevó a cabo lo que algunos analistas educativos británicos llamaron la “modernización conservadora” en educación. Margaret Thatcher fue previamente Ministra de Educación entre 1970 y 1974, pero fue siendo Primera Ministra cuando consolidó una verdadera revolución en la forma de diseñar, implementar y gestionar las políticas sociales y la política educativa en particular. La modernización conservadora combinó, entre varias reformas, el back to basics (el énfasis en el conocimiento instrumental) como reacción a la “frivolidad” igualitarista de los gobiernos laboristas, con una apuesta clara por políticas de privatización exógena y endógena de la educación. Favoreció por ejemplo políticas que permitieran un mayor acceso de los alumnos desfavorecidos a escuelas privadas y, sobre todo, apostó por políticas de liberalización tanto de la demanda educativa (con mayor libertad de elección) como de la oferta escolar (a través de sistemas que otorgaban mayor autonomía de gestión económica y pedagógica a las propias escuelas a la vez que mayores exigencias en la rendición de cuentas). La modernización conservadora se caracterizó pues por una combinación de ingredientes ideológicos neoconservadores y neoliberales, una combinación a priori contra natura. Un modelo capaz de hacer compatible simultáneamente elevados niveles de intervención y control público de la enseñanza, con sistemas altamente liberalizados de gestión escolar.

En los años en los que Thatcher impulsaba la modernización conservadora en la educación británica, los países del sur de Europa, como España o Portugal, estaban embarcados por primera vez en su historia en intentar construir una educación de masas, con suficiente calidad y apertura democrática para escapar del oscurantismo de sus largas dictaduras. En España, la batalla de la política educativa se situaba en la lucha entre sectores que pretendían consolidar o terminar con los privilegios del sector privado de la enseñanza, y en particular de la Iglesia católica. La política educativa se dirimía entre fuerzas progresistas y conservadoras, con poco margen para los planteamientos liberales en la gestión educativa que no fuesen el mantenimiento de una supuesta “libertad de elección” (sólo disponible para sectores acomodados) y sobre todo, la libertad de creación de escuelas. Un modelo liberal, en definitiva, que no tenía nada de neo en sus planteamientos y dirigido a legitimar privilegios derivados del carácter subsidiario de la intervención pública. Los intentos por construir un sistema educativo más orientado al mercado de trabajo, definidos en la Ley General de Educación de 1970, fueron pura retórica. Nunca se planteó una verdadera política de modernización de la formación profesional ni se establecieron los puentes necesarios con el sector empresarial para la reforma.

Con la puesta en marcha de la LOMCE este curso escolar es cuando se puede adivinar la definitiva llegada de la modernización conservadora a España. La derecha parece no contentarse ya con simplemente mantener los privilegios de las élites, sino que busca intervenir en el conjunto del sistema, imponiendo mecanismos de mercado en el acceso y la gestión de la educación y reforzando el papel regulativo y evaluador del Estado para asegurar la supuesta calidad de la enseñanza.

Por un lado, la ley incluye un mayor protagonismo del mercado no sólo en la provisión de la educación sino en la misma planificación educativa. Por primera vez vamos a tener en España una ley orgánica de educación que manifestará explícitamente la obligación de los poderes públicos de planificar en base al comportamiento de la demanda. El cambio es sustancial, puesto que hasta ahora se asumía que el Estado planificaba en base al principio de satisfacción de necesidades educativas y que el sistema de concierto debía entenderse como mecanismo complementario y subsidiario a la provisión pública. Esta no es la única medida pro-mercado de la nueva ley. El gobierno central llevará a cabo evaluaciones estandarizadas en todo el territorio español, con la más que probable publicación de resultados para favorecer la competición entre escuelas. La LOMCE abre también la posibilidad de aplicar fórmulas de financiación competitiva de las escuelas basadas en los resultados de las evaluaciones o en “acciones de calidad educativa” definidas por los centros. La misma OCDE, a menudo invocada por el propio ministro Wert para legitimar sus decisiones, ha recomendado no aplicar este tipo de políticas porque no hay evidencias de que favorezcan la efectividad escolar y sí en cambio de que incrementen la segregación y la estigmatización de algunas escuelas. Las políticas de mercado favorecen la selección adversa: generan incentivos a las escuelas para seleccionar a alumnos que provienen de entornos familiares más favorables y facilitan la concentración de los estudiantes más vulnerables en determinados centros, normalmente de titularidad pública.

El segundo gran cambio que incorpora la ley es el intento de liquidar la comprensividad del sistema, es decir, la enseñanza común en secundaria. Uno de los mayores logros de la LOGSE de 1990 fue terminar con el sistema de doble titulación al finalizar la educación básica, el cual daba acceso a itinerarios académicos y profesionales diferenciados. La LOMCE, sin alterar la estructura del sistema educativo, sí modifica los objetivos y funciones de esta etapa, al tiempo que pretende “flexibilizar” los itinerarios de aprendizaje para llegar a un cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) completamente diferenciado en función del acceso a la formación profesional o al Bachillerato. A ello deben añadirse las numerosas pruebas que los alumnos van a sufrir desde la enseñanza primaria y que sin duda van a determinar la ubicación de los alumnos en la jerarquía del conocimiento. Por más que el ministro distorsione la realidad asegurando que éste es el modelo que funciona, lo cierto es que lo que nos muestran los análisis de la propia OCDE es que los sistemas internamente más diferenciados no son en absoluto los de mejor rendimiento y sí en cambio los más desiguales.

Malos augurios pues respecto a los previsibles efectos de una ley que busca modernizar a costa de la selección y la exclusión educativa. Esperemos que a corto plazo se imponga el sentido común y el cambio político permita rectificar una regulación que pone en jaque el mismo interés público de la educación.