Este septiembre hará un año que trabajo de personal de administración y servicios en la Universidad de Granada. Un año sin redactar notas de prensa, sin gestionar entrevistas ni 'colocar' artículos en medios de comunicación, ni tan siquiera escribir algún texto. Un año en el que me he enfrentado a mí misma y a mis decisiones, alejada de la que ha sido mi profesión desde que terminé mis estudios universitarios. Este ha sido mi primer año de certidumbre.

 “¿Has pensado en opositar alguna vez?”, me preguntaban mis padres en plena vorágine universitaria. Por aquel entonces, tenía 22 años y la convicción absoluta de que me iba a comer el mundo. La vocación más inocente se adueñaba de mí mientras estudiaba periodismo en Sevilla. Una profesión que tiene mucho que ver con la forma de ser de las personas que la estudian. Dicha pregunta era como sentir que nadie confiaba en tus capacidades para desarrollarte profesionalmente. Prácticamente se sentía como un insulto.

En esa dinámica tan intensa en plena juventud es imposible forzar a una persona a que tome decisiones contrarias a las ideas y sentimientos que experimenta en esos momentos. La desilusión no aparece de la noche a la mañana. Está relacionada con la edad y con la capacidad de aguante y de sobreponernos. Cuando nos sumergimos en un sistema precario a la espera de encontrar siempre una oportunidad mejor, con la esperanza intacta, empezamos a ser conscientes de que los años pasan sin que asome alguna salida profesional medianamente digna. Es cuando nos damos cuenta de la necesidad de considerar que quizá haya que plantearse de nuevo la vida. Un cambio que, a veces, ya no tiene relación con lo que has estudiado, con tu vocación. Conforme vamos acumulando experiencias profesionales frustrantes, sobreviviendo a trabajos temporales con sueldos angustiantes sin seguridad laboral alguna, atrapados en precios de alquileres imposibles, nos vamos minando por dentro y consumiendo. Estamos ante una incertidumbre cronificada en el tiempo como forma de vida que no te permite hacer planes de ningún tipo.

Estamos privatizando e individualizando miserias sin ser conscientes de que nos encontramos ante un problema social, económico y político que atañe a muchas más personas que están en la misma situación

Ya no solo se trata de no poder hacer planes sino que empezamos a sentir una serie de malestares relacionados con la salud. No dormimos, sentimos dolor general de todo el cuerpo, ansiedad, cansancio diario acumulado, tristeza, frustración y culpabilización. Nos preguntamos qué es lo que hemos hecho mal, dónde ha estado el fallo o la mala decisión tomada durante nuestra juventud, si no nos hemos esforzado lo suficiente, sin ser conscientes de que formamos parte de un sistema perverso. Es en este punto cuando nos recomiendan que visitemos a un/a psicólogo/a. Y aquí comienza a dar la cara la parte más inhumana del sistema capitalista en el que nos intentamos desarrollar. Tú y tu actitud es el origen del problema. Tenemos que aprender a ser resilientes ante la estafa más grande de nuestras vidas que nos impide vivirla. Un problema estructural que va a seguir acechándonos cuando acabemos nuestra terapia. Disfrazamos la cruel realidad a través de eufemismos y nuevos anglicismos. Por ejemplo, “Job hopping” vendido como la aventura de pasar de trabajo en trabajo de manera voluntaria como si fuera una moda porque hay que reinventarse, cuando lo que esconde es un salto de empleo en empleo debido a una temporalidad estructural que caracteriza a nuestro sistema laboral y su precariedad. Ya lo reflejó muy bien el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su libro, La expulsión de los distintos, cuando hacía referencia a la “alineación de uno mismo” señalando a que ahora uno se explota a sí mismo y se cree que está realizándose.

Esta incertidumbre cronificada junto con la sensación de que nunca tenemos tiempo para nosotros, no se “cura” a base de ansiolíticos ni antidepresivos. Ni siquiera con libros de autoayuda. Estamos privatizando e individualizando miserias sin ser conscientes de que nos encontramos ante un problema social, económico y político que atañe a muchas más personas que están en la misma situación. El diputado Íñigo Errejón en una entrevista hace poco lo apuntaba: “El mejor ansiolítico es saber que vas a tener vivienda propia o que vas a llegar a fin de mes”.

En mi caso, ante esta situación insostenible y conforme iba cumpliendo años, una mañana me desperté con sensaciones distintas en mi cabeza. Algo hizo “click” y de repente lo vi clarísimo: era el momento de sacrificar la vocación por la estabilidad. Era el momento de tomar decisiones para curar mi salud mental. Decidí opositar. Dejar de ser periodista para ser administrativa en la Universidad de Granada con la única expectativa de que el centro de mi vida lo ocupara la vida misma y no la supervivencia económica. Y en este año he aprendido a encajar las consecuencias de aquel día que decidí anteponer la certidumbre a mi pasión. Y no me arrepiento porque, aunque algunas veces me siento algo vacía, este año de seguridad laboral me ha permitido cuidarme y me ha regalado tiempo. Tiempo para mí y para dedicárselo a la gente que quiero. Y quizá lo más bonito de este año ha sido sentir que me siguen llamando compañeros/as para diseñar campañas en redes o para colaborar en proyectos periodísticos. En definitiva, me siguen reconociendo como una periodista aunque ya no ejerza. La gran paradoja de todo esto es que el día que dejé de ser periodista, ese 28 de septiembre, fue cuando elegí vivir y apostar por mí. Y quizá escribir este artículo me sirva para reconciliarme con el periodismo y asimilar que ha pasado de ser mi profesión a un hobby. Presiento que es el comienzo de disfrutar escribiendo libremente o quizá lo hago para que mi amiga Alejandra no se enfade conmigo cada vez que digo: “Yo ya no soy periodista”.

Desde que Podemos Andalucía constituyó sus órganos de dirección ha transcurrido más de año y medio. Durante todo este tiempo el partido ha estado inmerso en infinidad de iniciativas relacionadas con la sanidad, la educación, la cultura, la justicia, los servicios sociales, los recortes en derechos o con las políticas anticorrupción, desarrollando un trabajo constante, participativo y ejemplar. Ahora, que comienza una nueva etapa para esta formación con la reciente anunciada II Asamblea Ciudadana y que se abre un proceso de debate para encauzar qué Andalucía queremos para vivir y desarrollarnos, es el momento de poner sobre la mesa y concederle el valor que se merece al derecho a la comunicación de todas y todos los andaluces y de definir qué modelo audiovisual queremos para nuestra tierra.

Los principios de política audiovisual recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía no han conseguido plasmarse en las progresivas leyes que se han ido presentando durante años. El desarrollo y concreción de algunos de estos principios dista bastante del artículo 20 de la Constitución en lo referido al derecho a una información independiente, veraz y plural y conviene recordar que el espectro radioeléctrico es público y, por ende, pertenece a la ciudadanía. Tanto los medios privados como los públicos que ocupan dicho espacio deben cumplir con unas condiciones de prestadores de un servicio público y tienen que existir mecanismos eficaces que garanticen que así sea.

Por lo tanto, son necesarias unas políticas públicas de comunicación, cuyo eje central sea dicha garantía de servicio público y bajo cuatro premisas fundamentales: transparencia, participación, pluralismo e independencia. Estas políticas no solo deben contar con el consenso político sino que además tienen que ser participativas que avalen la pluralidad informativa e integren a la ciudadanía y a otros representantes sociales y que aseguren la construcción de un territorio más plural y democrático, donde prevalezca el interés general y el equilibrio de los tres sectores, privado, público y comunitario, para construir una Andalucía para todas y todos.

Este servicio público debe ser universal con independencia del lugar donde vivan las personas y de su nivel socioeconómico. Todos los territorios tienen el mismo derecho a participar en igualdad de condiciones y no solo en recibir la información sino también en emitirla, es decir, si la licencia que se otorga es de ámbito autonómico todos los territorios tienen que poder emitir o aportar contenidos que son de interés para ellos. Garantizar el derecho al acceso es de suma importancia si queremos alcanzar una verdadera pluralidad informativa y no es suficiente solo con hacer llegar la información a los receptores sino que tienen que entenderla y comprenderla para que puedanhacer un análisis crítico de lo que les llega. Por esta razón es fundamental poner en marcha un plan de alfabetización mediática en las escuelas dirigido e impartido por profesionales de la comunicación que sirva para que los contenidos que se consumen en medios sean comprensibles y puedan asumirse de manera crítica.

En este sentido, las políticas públicas de comunicación deben centrar el foco en la ciudadanía y crear un sistema de comunicación horizontal y participativo, que no solo se facilite la información sino que se proporcionen las herramientas necesarias para que la ciudanía pueda participar del derecho a la comunicación y sirva para una verdadera cohesión y vertebración del territorio andaluz. Unas políticas que estén a la altura del papel encomendado por nuestro Estatuto de Autonomía y ayuden a construir un territorio andaluz más justo, inclusivo, igualitario y más democrático, donde no haya vacíos ni silencios y todas y todos los andaluces seamos visibles.Necesitamos medios que generen territorio desde la cohesión social, indaguen la realidad y fomenten la opinión pública, solo de esta manera se conseguiremos contar con el respaldo de la ciudadanía, que podrá ver así razonada la existencia de estos medios en el futuro.

Andalucía tiene que estar orgullosa de iniciativas pioneras en España como el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía como ejemplo de empoderamiento ciudadano ante la futura Ley Audiovisual andaluza y Podemos, como herramienta útil para la ciudadanía que debe de ser, tiene que estar a la vanguardia de estos debatesy no limitarse solo a pedir las plazas que le corresponde en el Consejo de Administración de RTVA o Consejo Audiovisual. Al mismo tiempo, hay que abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y con la ciudadanía y consensuar el marco donde desarrollar el modelo audiovisual que queremos para nuestra tierra. Lo que garantiza la verdadera diversidad territorial e informativa no es el pluralismo político, sino la existencia de un pluralismo social que construya una agenda ciudadana sobre los derechos humanos como son la educación, la vivienda o la sanidad y esto se cimenta a través de los medios de proximidad, barrio a barrio. En esta nueva etapa, Podemos Andalucía tiene la oportunidad de colocar el derecho a la comunicación de los andaluces y andaluzas en el lugar que le corresponde y sólo de esta manera lograremos que Andalucía sea realmente como la que más.

Joaquín está muy “tocado”. Lleva cinco años ejecutando lanzamientos en Granada, entre ellos alguno de la Casa del Aire. Él y otros dos funcionarios de Justicia están cansados de asistir a desahucios y, sobre todo, de ver reflejado en su trabajo el sufrimiento de las familias afectadas. Por eso, han puesto en marcha un particular “gabinete” a través del cual se ha conseguido que diez familias, con orden de lanzamiento y en situación certificada de exclusión social, puedan encontrar acomodo temporal a sus circunstancias y no se queden en la calle de un día para otro.

La iniciativa, que parte de Joaquín Martínez, Miguel Esteban y Miguel Ángel Herrera, a los que les han sumado varios funcionarios más, cuenta con el apoyo del juez decano, Jesús Rodríguez Alcázar, y del secretario coordinador provincial, Daniel de la Rubia Sánchez. El protocolo de colaboración en materia de lanzamientos de primera vivienda, que firmaron con el alcalde de Granada, ofrece en una primera fase una labor informativa al ciudadano sobre los Centros de Servicios Sociales Comunitarios a los cuales la familia puede acudir. En una segunda fase, cuando el lanzamiento tiene día y hora señalados, se agotan todos los recursos administrativos y sociales que se les pueda ofrecer.

Con este protocolo pretenden mitigar el largo y complicado camino, muchas veces convertido en un peregrinaje imposible, que sufren las familias ante este tipo de situaciones. “Cuando a una persona le empiezan a llegar deudas y como culmen le llega la orden de lanzamiento, debido a la desesperación se niega a abandonar su casa porque no tiene un sitio adonde ir”, comenta Miguel Ángel. Ante esto, “la respuesta de la Administración no puede ser mandarle furgonetas de la Policía como si se fuera a desarticular una célula yihadista. Nosotros proponemos informar al ciudadano y recabar su autorización para que, desde el primer momento, los juzgados podamos empezar a actuar, ahorrarle parte de ese largo camino y buscar juntos soluciones, de manera que el protocolo firmado no quede en papel mojado”, añade.

Es el caso de Estefanía y de su pareja, que llevan dos años en paro, tienen dos hijos de 7 años y 4 meses y la fecha de lanzamiento de su vivienda para el próximo mes de diciembre. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la inmobiliaria que le alquila su vivienda VPO, se encontraron una mañana con que tenían una citación en los juzgados, con día y hora de su desahucio. Estefanía, a través de la plataforma Stop Desahucios Granada, contactó con los funcionarios, quienes le ofrecieron varias alternativas que todavía no se han podido materializar pero que ella califica de “esperanzadoras”.

“Buscando alternarivas”

Ahora mismo, el proceso de esta familia está paralizado a la espera de que le designen un abogado de oficio. Mientras, sigue “buscando alternativas”. El servicio funcionarial le ha ofrecido poder contactar con el asesor jurídico de los Servicios Sociales municipales para que estudien en profundidad su caso. Estefanía y su pareja tienen un hijo con una minusvalía del 59% y la Junta de Andalucía todavía no le ha ingresado la prestación que le corresponde ni la ayuda de alquiler durante tres meses que ha solicitado.

A través del protocolo, casos como el de Estefanía pueden estudiarse con más detenimiento y, sobre todo, las familias pueden sentir que agotan todos los recursos posibles ante la fecha de lanzamiento de su vivienda. “Me llaman casi todos los días para contarme las gestiones que van haciendo y adonde tengo que dirigirme para pedir las ayudas que me corresponden. Ahora mismo son mi segundo apoyo junto a Stop Desahucios”.

Este servicio, que también cuenta con el beneplácito del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no tiene coste alguno. Por esta razón, otro de los funcionarios, Miguel Esteban, no consigue entender por qué en la Consejería de Justicia e Interior se produce “un tapón” y no impulse la creación definitiv de este tipo de servicio. “Nosotros somos sensibles ante esta problemática y crear esta especie de manual de urgencia podría ayudar a muchas familias que van a ser desahuciadas. Pretendemos que este servicio se institucionalice y no quede al buen criterio de cada funcionario o responsable, que en un momento dado pueda negarse a llevarlo a cabo”.

El pasado 17 de junio, la parlamentaria de IU Alba Doblas presentó una proposición no de ley en la Cámara andaluza que recogía las líneas de actuación del protocolo, solicitando la implantación de este servicio, a través de la Consejería de Justicia, en todas las provincias de Andalucía. Además, apostaba por establecer una primera experiencia piloto en el partido judicial de Granada capital. La proposición no de ley salió adelante con los votos de IU y PP, votando el PSOE en contra del primer punto y a favor de una experiencia piloto previa. Este hecho sorprendió a los funcionarios impulsores de la misma puesto que, tal y como afirman, “destacados cargos públicos y responsables políticos del PSOE en Granada nos habían dado su apoyo sin paliativos”.

Objetivo: “institucionalizar” la iniciativa

Desde el Centro Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Granada aplauden la iniciativa ya que les ha permitido trabajar con un margen de tiempo mayor tanto en la primera fase como en la segunda. “En muchos casos, las familias no acuden a nosotros por vergüenza o por desconocimiento, y este protocolo lo que permite es la coordinación entre distintas administraciones para que nuestro trabajo sea efectivo”. Desde mediados del año 2012 han atendido más de 600 casos de familias afectadas por problemas relacionados con la vivienda. El protocolo, según comentan, “por un lado nos permite tener tiempo para estudiar la situación real de cada familia y, por otro, podemos asesorar e informarles de los recursos disponibles para su ayuda”.

Fruto de la situación social que ha generado la crisis económica y de la gran cantidad de personas que han perdido su vivienda, según explica Miguel Ángel Herrera, “surge la necesidad de crear este tipo de servicio de atención al ciudadano para que situaciones como la vivida recientemente en Sevilla se puedan evitar ofreciendo acompañamiento e impulso, desde el primer momento, con las distintas administraciones, agotando todas las vías existentes previas al desahucio, ya sea con Delegación de la Vivienda, con Servicios Sociales o con el Colegio de Abogados, intentando evitar todo el sufrimiento posible”. Miguel Esteban aclara que con este servicio “no sabemos si podremos acabar con la desesperación que llevó a Gustavo a suicidarse pero sí podemos exprimir todos los recursos disponibles para evitar que se llegue a ese extremo”.

Los funcionarios siguen ofreciendo este servicio de forma voluntaria y están a la espera de que se le dé luz verde desde la Consejería de Justicia e Interior, después de haberlo presentado también a la Diputación de Granada para que las familias que vivan en la provincia, y no solo en Granada capital, puedan solicitarlo. A día de de hoy no han recibido comunicación alguna para poder, de alguna manera, institucionalizarlo.