El 18 de septiembre los escoceses acudirán a las urnas para votar en el referéndum sobre la independencia de Escocia. El actual proceso es el resultado de la victoria mayoritaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP), liderado por Alex Salmond, en las elecciones al Parlamento de Escocia en 2011. En reconocimiento de este resultado, el Primer Ministro Británico, David Cameron, aceptó que los ciudadanos escoceses podían votar para decidir sobre su futuro constitucional dentro del Reino Unido. Pero fue una aceptación con condiciones. Desde el inicio, el Gobierno Británico cuestionó la competencia del Parlamento Escocés, creado mediante la Scotland Act 1998, para legislar para el referéndum, proponiendo su propio modelo para la regulación y desarrollo del proceso.

El Gobierno Escocés respondió defendiendo la competencia del Parlamento Escocés y que debería ser este órgano el que legislara para el referéndum. Se abrió así la posibilidad de que la cuestión terminara ante los tribunales, hecho muy poco común en el Reino Unido, y a pesar de que ambas partes manifestaron claramente su preferencia por una resolución política de la cuestión. Tras un periodo de negociación, ambos gobiernos firmaron el ‘Acuerdo de Edimburgo’ en Octubre del 2012, que estableció el marco para que el Parlamento Escocés legislara para el referéndum. El acuerdo incluyó además la transferencia expresa de las competencias necesarias, para evitar dudas futuras.

Es destacable que una de las condiciones que impuso el Gobierno Británico en la negociación es que fuera un referéndum con una única pregunta sobre la independencia de Escocia. De esta manera, eliminó la posibilidad que había planteado el Gobierno Escocés de celebrar un referéndum con dos preguntas: una sobre más autogobierno (opción a la que los sondeos iniciales daban un apoyo significativo), y otra sobre la independencia. A partir del Acuerdo de Edimburgo, el debate ha quedado restringido a argumentar en favor y en contra de la independencia, aunque ambas partes han matizado sus posiciones para atraer a los votantes favorables a la opción intermedia.

Así, el modelo de independencia defendido por el Gobierno Escocés presenta una mezcla de ruptura y continuidad de sus lazos con el resto del Reino Unido, y como consecuencia ha sido llamado de ‘independencia-light’. Por una parte, propone la elaboración de una Constitución escrita para Escocia, que incluya la protección de derechos económicos y sociales, del medio ambiente, y la prohibición de armas nucleares, en claro contraste con el actual marco del Reino Unido. Por otra, Escocia mantendría lo que ha definido como cinco ámbitos de unión con el resto del Reino Unido: una unión monárquica, con la Reina como jefe de Estado (la actual corona también lo era de la Escocia independiente); una unión social, basada en la historia, lengua y cultura comunes; una unión como parte de la Unión Europea; una unión de defensa, como miembros de la OTAN; y una unión monetaria, conservando la libra como la moneda de Escocia.

El Gobierno Británico, junto con el resto de partidos unionistas, se ha negado a iniciar cualquier tipo de negociación sobre una posible independencia de Escocia, pero ha dejado claro que no aceptaría una futura unión monetaria. A su vez, en respuesta a lo que interpreta como un deseo de cambio por parte de los ciudadanos, ha propuesto el inicio de un proceso de substanciales reformas para transferir más competencias de autogobierno a Escocia, en el caso de que voten mayoritariamente ‘no’. Es destacable que cada uno de los tres principales partidos (Conservador, Laborista y Liberal-Demócrata) ha creado su propia comisión de investigación que ha publicado un informe con un plan de transferencia de competencias significativas para Escocia si permanece en el Reino Unido.

En este contexto, el debate se ha centrado en las oportunidades e/o incertidumbres que presenta la independencia para Escocia. El Gobierno Escocés argumenta que la independencia les aseguraría un gobierno votado siempre por los ciudadanos/as escoceses/as, evitando situaciones como la del actual Gobierno Británico liderado por el Partido Conservador, con poquísimo apoyo electoral en Escocia. También argumenta que la independencia sería una oportunidad para crear un modelo de sociedad más justa y con más protección social, frente a la actual política de recortes de Westminster. Por su parte, el Gobierno Británico se ha centrado en desacreditar las propuestas del Gobierno Escocés y en destacar los peligros, en particular económicos, de la independencia.

La cuestión del acceso de una Escocia independiente a la Unión Europea (UE) también ha sido un tema central. El Gobierno Escocés confía que, debido a la naturaleza particular de la UE, y a que se trata de un proceso de independencia negociado, podrían llegar a un acuerdo que les permitiría cambiar su situación sin necesidad de salir temporalmente de la Unión. El Gobierno Británico, en cambio, alega que una Escocia independiente quedaría fuera de la Unión y debería iniciar un proceso de accesión desde el inicio, como el resto de nuevos Estados. Esta cuestión presenta especial complejidad en este contexto porque el Partido Conservar ha anunciado un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE para el 2017. De esta manera, votar para la independencia de Escocia podría ser la manera de asegurar que Escocia efectivamente permanecerá en la UE en el futuro.

Hasta hace pocas semanas, los sondeos daban una clara y constante victoria para el ‘no’. El apoyo al ‘si’ permaneció sobre el 35% de los votos, con un número también importante de indecisos. Sin embargo, los últimos sondeos han dado unos resultados mucho más ajustados, y algunos incluso han dado una victoria del 51% para el ‘sí’. Parece que esto se explica por la intensa actividad de la campaña de Salmond en la calle, pero también en parte por la gran negatividad de la campaña unionista, llamada en ocasiones ‘project fear’ (proyecto miedo), que ha empezado a cansar a los votantes. Estos últimos sondeos destacan que el resultado del referéndum es ahora imposible de prever. Los partidos unionistas han reaccionado intensificando su campaña, y comprometiéndose incluso a llegar a un acuerdo entre ellos sobre la transferencia de más competencias a Escocia a finales de este año, que podría así incluirse de modo conjunto en sus programas para las elecciones generales del 2015. Parece entonces que, sea cual sea el resultado, habrá un cambio significativo para el modelo de autogobierno de Escocia después del referéndum.