La expresión “en el filo de la navaja” hace referencia a una situación complicada, frente a la que las alternativas que se elijan tienen dificultades y resultados radicalmente diferentes.

Como se muestra en la investigación realizada, ésta es la situación en la que se encuentra el planeta a comienzos del 2022. El crecimiento poblacional, el incremento de la ocupación y transformación de tierras con la destrucción de ecosistemas y biodiversidad, la promoción de una sociedad de consumo capitalista globalizada con un sector financiero-especulativo dominante, el grave aumento de las desigualdades territoriales y sociales, una revolución científico-técnica puesta básicamente al servicio del beneficio de multinacionales (con la incidencia expansiva del capitalismo de vigilancia), y un crecimiento continuo del malestar en las clases medias y más desfavorecidas, unidos a los efectos negativos crecientes del calentamiento global (con su incidencia sobre la inseguridad alimentaria, potenciando migraciones ambientales), no dejan margen para el optimismo sobre la evolución de la sociedad y del planeta, si no se reacciona mucho más radicalmente ante los problemas existentes.

A esto se sumaría un clima global de fragmentación política y el incremento de tensiones geopolíticas, en un marco en el que se hacen más probables conflictos militares. Y un malestar social, incrementado por las restricciones para prevenir contagios, por el deterioro de las condiciones de vida pre-pandemia (ocio, relación social directa...); así como por un aumento de precios ligado a la fragilidad actual de la logística global, derivada de los efectos de la pandemia, y de la presión sobre materias primas, minerales y energía.

La pandemia originó, en 2020, una crisis de dimensiones desconocidas en los últimos setenta años. Como en todas las crisis históricas del capitalismo, los poderes públicos y las élites han reaccionado para reproducir y mantener el sistema. Pero en ésta, la respuesta pública ha más que triplicado las ayudas producidas en la crisis financiero-especulativa iniciada en 2008. Sus principales beneficiarios, en términos absolutos, han sido –directa o indirectamente- las grandes multinacionales, el capital riesgo y la especulación financiera, porque la extraordinaria liquidez generada por los Bancos centrales, con muy bajos tipos de interés, ha potenciado alzas en los mercados bursátiles con muy fuertes plusvalías para los especuladores y los accionistas, lo que ha incrementado fuertemente las desigualdades personales en ingresos y en riqueza.

Complementariamente, han provocado un aumento de los déficits y del endeudamiento público, con un alto riesgo de inestabilidad si el repunte de la inflación, con un importante peso de intereses geopolíticos y especulativos en el precio de la energía, da lugar al alza de los tipos de interés y a la reacción financiero-especulativa contra países y monedas con tasas record de déficit público y elevados niveles de endeudamiento público y privado, como es el caso español.

La Unión Europea aprobó, en 2019, el “European New Green Deal” para abrir un ciclo expansivo de “capitalismo verde” compatible con el objetivo de descarbonización socioeconómica para el 2050. La irrupción de la Covid-19, en marzo de 2020, implicó un cambio radical en sus políticas de contracción del gasto público, estableciendo mecanismos de respuesta (NEXT GENERATION EU y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia –MRR-, fundamentalmente) orientados prioritariamente a una transición energética y digital, y a una recuperación socioeconómica más justa y cohesionada, aunque con una excesiva confianza en los avances científicos para solventar los problemas de insostenibilidad que nos han traído hasta aquí.

En este marco, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español (PRTRE), aprobado y valorado muy positivamente por la CE, permite el acceso a 140.000 millones de euros procedentes del MRR, entre 2021 y 2026, y es una gran oportunidad para la trasformación del modelo de desarrollo español: España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva.

Su éxito depende de una gestión eficaz y eficiente, dificultada por una administración pública española con demasiadas rigideces, y por la oposición de una derecha española, cuya radicalidad va creciendo según se acercan las elecciones, esperando hacer fracasar su aplicación.

El PRTRE potencia las actuaciones públicas en el fomento de la transición ecológica, insuficiente en muchos aspectos, pero que puede suponer un claro avance desde el punto de vista de la descarbonización, de la emergencia de comunidades energéticas renovables y de la protección del patrimonio natural. Y también lo hace en la mitigación de los efectos socioeconómicos más negativos de las medidas para proteger la salud frente a la pandemia, promoviendo el empleo y la actividad económica, en gran parte recuperando procesos productivos previos no precisamente óptimos ecosocialmente, pero enmarcados, en todo caso, en las grandes líneas de las políticas y objetivos europeos.

Pese a los avances esperables, la investigación concluye que es inviable una transición ecosocial (ambientalmente sostenible, socioeconómicamente cohesionada y territorialmente equilibrada) en el marco de la actual sociedad capitalista global de consumo, que se está viendo reforzada tras la crisis del Covid-19, con claras inercias y resistencias (sobre todo de las élites) al cambio necesario.

La transición hacia la sostenibilidad solo es viable si se producen grandes cambios en el consumo y en el estilo de vida occidental, que complementen los potenciales avances tecnológicos en descarbonización y desmaterialización (ingeniería/economía circular y eficiencia en el uso de recursos). Pero estos cambios son contradictorios con la actual sociedad, regida por intereses centrados en el beneficio individual y en la especulación financiera, que promueve una economía y una cultura que incitan a la expansión del consumo y al crecimiento del PIB, inhibe el cambio social necesario y hace insuficientes globalmente los avances programados en la eficiencia de los recursos, en la protección ambiental o en el uso de nuevas tecnologías.

Nos enfrentamos a un futuro global complejo, volátil y tremendamente inestable. El calentamiento global ya se sitúa en 1,2ºC por encima de los niveles preindustriales. El Pacto Climático de Glasgow, de noviembre de 2021, y los nuevos compromisos climáticos asumidos, son insuficientes para evitar el riesgo de incrementos de temperatura científicamente reconocidos como críticos.

Si no se enfrentan globalmente los riesgos ambientales y estos se superponen con una mayor fragmentación y desigualdad social, los resultados finales pueden ser fuertemente dramáticos para el devenir global, con el riesgo de que se pierda la confianza en las instituciones económicas y políticas actuales, se deteriore la democracia y aumenten las soluciones autoritarias.

El nuevo libro que publica Foro Transiciones sobre la reconstrucción del país tras la pandemia, que da título a este artículo, sintetiza las conclusiones de la investigación realizada sobre las políticas públicas puestas en marcha por la UE y el gobierno de España, constatando que nos encontramos “en el filo de la navaja”. Las decisiones que se tomen en estos años marcarán el devenir de nuestra sociedad de una forma determinante, por lo que el Foro Transiciones plantea la urgencia de abrir un debate que llegue a todos los rincones del país. Necesitamos impulsar una actitud informada, proactiva y exigente por parte de la ciudadanía, porque sin ella será prácticamente imposible alumbrar los nuevos paradigmas y relatos que lo excepcional de la situación requiere.

Los datos se conocen: desde 2015, con un record en 2016, y los cinco años más cálidos en la historia escrita del planeta hasta 2020, se ha superado el calentamiento medio global en 1,1ºC respecto a la media preindustrial. Siguiendo la tendencia actual, en 2030 estaríamos en el entorno de los 2ºC. Los informes científicos prevén que los efectos de ese calentamiento, y del cambio climático asociado, crezcan exponencialmente con el incremento de temperatura, concretándose en España en fenómenos meteorológicos extremos del tipo de los que desde el verano de 2019 estamos teniendo buena cuenta, con las consecuencias de la borrasca Gloria como último ejemplo paradigmático.

Sociedad capitalista de consumo, calentamiento global, ruptura de equilibrios ecosistémicos, desigualdades, incremento del malestar de la población y auge de la extrema derecha son factores cada vez más interrelacionados en este principio de década, en los que el transporte aparece como nexo imprescindible: es responsable del orden del 28% del consumo de energía global y del orden del 23% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), con un crecimiento sostenido en estos porcentajes. Es también la base y sustento de la globalización y de las exportaciones/importaciones de GEI, con el transporte marítimo, aéreo y de mercancías por carretera como principales orígenes de los mismos. Además, desde el año 2000 el número de muertos por accidentes de tráfico se mantiene en el entorno de 1,24 millones de personas, y sus efectos sobre las emisiones contaminantes le hacen responsable de unos siete millones de muertes prematuras al año en el planeta, con unas 10.000 muertes prematuras al año en España, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); estimándose, además, que el ruido causa cada año en Europa 16.600 muertes prematuras y más de 72.000 hospitalizaciones, especialmente por culpa del tráfico. Riesgos que inciden fundamentalmente sobre niños y tercera edad, de número creciente en nuestras ciudades envejecidas.

Ante este panorama, las políticas europeas, y ahora la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno Español, marcan pautas imprescindibles para corregir esta situación y tratar de viabilizar un 2050 “neutro en carbono” y de contaminación urbana mínima. Pero, aunque imprescindibles, son manifiestamente insuficientes; y, además, van a generar un fuerte rechazo práctico e instrumental desde sectores como las multinacionales del petróleo o desde la industria del automóvil, obligada para lograr un parque automóvil de cero emisiones para el 2050, a que los vehículos con motor de combustión interna dejen de comercializarse antes de que termine esta década. Por otra parte, existen sectores cuya descarbonización completa va a resultar virtualmente inviable en el plazo de los 30 años que derivan del Acuerdo de París.

Dentro de la Emergencia Climática del Gobierno Español se recogen políticas como la promulgación de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, o la obligatoriedad de que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente. Deberán ser completadas con medidas para frenar el crecimiento del transporte aéreo y modificar emisiones en este sector, en el marítimo y en el de transporte de mercancías a larga distancia, que son los sectores con mayores dificultades para la descarbonización y para los que se propugnan, como única vía, la compensación de sus emisiones con compras de carbono, reforestación o puesta a punto de tecnologías de eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera, cuya eficiencia actual es discutible.

Pero la transición no va a ser fácil. En la industria del automóvil las medidas inciden sobre un sector en crisis y tienen repercusiones sobre el empleo y la renta de una parte muy importante de la población, por lo que la transición debería atender a no incrementar las capas de malestar y el auge de los movimientos extremistas entre las muchas familias españolas afectadas. La producción de las multinacionales del automóvil en este país (4,7 millones de unidades, 9% del PIB y casi el 10% de empleo directo, y mucho más de los indirectos a través de las fábricas de componentes) representa la tercera parte de los automóviles europeos, y continúa en descenso desde 2016, en parte por la reducción de las exportaciones (del 13%) que representan del orden de un tercio de su producción. Ni las sedes matrices de las fábricas están en España, ni sus decisiones responden a los intereses de los españoles, en un sector en proceso radical de transformación, y que exige grandes inversiones en tecnologías que lo adapten a las normas anticontaminantes y de descarbonización. El mantenimiento de la sociedad capitalista de consumo obliga a apostar por el vehículo eléctrico, las ciudades inteligentes, los nuevos combustibles, … ¿Viables para el 2050? ¿A qué coste? ¿Con qué consecuencias ambientales y sociales?

Los avances tecnológicos para el mantenimiento del negocio y la descarbonización del transporte se centran, principalmente, en el desarrollo de nuevos combustibles sostenibles (hidrógeno, combustibles sintéticos y biocombustibles sostenibles para modos difíciles de descarbonizar, como la aviación a larga distancia), cambios en los combustibles actuales, con el uso directo de la electricidad (automóvil eléctrico, ferrocarriles electrificados y sistemas de carreteras eléctricas), y estrategias inteligentes para reducción de la demanda, ajuste intermodal y mejora de la eficiencia por pasajero-km y tonelada-km. Para cada alternativa es fundamental analizar y evaluar las aportaciones a la descarbonización y desmaterialización de su ciclo de vida, así como el resto de sus efectos ambientales, socioeconómicos y territoriales.

El parque de vehículos es de lenta trasformación por la incapacidad económica de muchos propietarios que son dependientes del automóvil para sus desplazamientos cotidianos y no pueden cambiar a vehículos que cumplan con normas más exigentes; y ello, como consecuencia del modelo territorial de desarrollo propugnado durante casi un siglo, en el que el automóvil era la base del “zoning” y de la nueva distribución de actividades en el territorio. Modelo que hace ineficiente, por ahora, al transporte público para resolver esa situación en zonas rurales de baja población envejecida, o en grandes áreas metropolitanas.

La imprescindible trasformación para no afectar a la salud de la mayoría exige políticas de transporte público conocidas desde hace mucho tiempo pero no puestas en marcha (sobre las que además, las nuevas tecnologías posibilitan grandes eficiencias con medios no contaminantes), cambios radicales en las políticas territoriales, urbanísticas y de vivienda que favorezcan minimizar los viajes obligados de la población (trabajo, educación y otros servicios básicos) y, por supuesto, también exigencia, control y disciplina en línea con los requerimientos de la fiscalía de medio ambiente y urbanismo española a las ciudades contaminadas, o con el ejemplo de las demandas en los tribunales que pueden terminar con la condena a los Gobiernos (caso del Tribunal Supremo holandés que obliga al Estado a actuar con mayor contundencia contra el cambio de clima para proteger los derechos humanos de sus adversos efectos) por no tomar las medidas suficientes contra la contaminación o el calentamiento global, afectando al derecho a la vida. Los acuerdos internacionales (como el Acuerdo de París, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, etc.) que se ratifican se integran en el ordenamiento jurídico de los Estados y, por tanto, deben respetarse, o pueden ser reclamados en los tribunales.

La política de gestión de la demanda por la vía de incrementar el precio de los combustibles fósiles hace viable la internalización de las emisiones sobre los usuarios. Pero éstas están en la base de los incidentes que se han registrado en distintos países (Francia, Chile Uruguay, Irán, …) que gravitaban sobre una población descontenta, para la que el incremento del coste del transporte se convertía en la última gota que desbordaba el vaso de su paciencia ante las desigualdades y degradación progresiva de su situación. Pero sí se pueden gravar determinadas actividades que son pagadas en su mayoría por empresas o por personas de rentas medias-altas o por turistas, como son los viajes en avión o crucero y, en particular, los viajes cortos de avión que cuenten con medios de transporte alternativos eficientes energética y ambientalmente.

Las alternativas son muchas pero la solución para las grandes áreas metropolitanas es clara: movilidad no motorizada, complementada con transporte público y con un “carsharing” con energías renovables. Para el transporte de mercancías del último kilómetro, en los que la incidencia de Amazon, o similares, es abrumadora y difícil de corregir, por ahora, protegiendo al comercio local, obligación total de utilización exclusiva de vehículos descarbonizados. El transporte de larga distancia en vehículos eléctricos (hasta 1500 km) tiene, por ahora, un coste del doble de los vehículos diésel comunes; y no se espera que los camiones eléctricos de larga distancia sean competitivos en costos con el diésel hasta la segunda mitad de la década de los 20. Mientras, la medida más eficiente es el cambio modal o el biodiesel, sin olvidar el minifundismo y duras condiciones laborales de los camioneros que les sitúan en el margen de la protesta generalizada.

Como conclusión, una sociedad de consumo capitalista, como referente a la que parece aspirar una humanidad que se dirige hacia los 9.500 millones de habitantes para 2050, es imposible que sea capaz de frenar el proceso de calentamiento global a través de los cambios derivados de las nuevas políticas globales, incluidas las líneas de negocio definidas en el campo del transporte. Lo que nos lleva a una segunda conclusión fundamental para un país como España: lo perentorio de políticas de adaptación y de resiliencia socioeconómica, en el marco de una transición justa ante la previsible intensidad del Calentamiento-Cambio Climático que nos afectará. Por último, hay que felicitarse por la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno Español y su defensa de una “transición justa”; pero es complejo conseguir que en un marco de fortísimo endeudamiento público y de la obligación de mantener controlado el déficit, puedan disponerse de presupuestos públicos para compensar los efectos negativos para las clases de ingresos más reducidos, y no incrementar su malestar y el consiguiente resurgimiento de partidos autoritarios, cuando no directamente fascistas.

“Última llamada” es el título de un manifiesto hecho público en julio de 2014, en el que se reclaman propuestas de cambio audaces para hacer frente a la grave crisis ecológico-social que llevamos sufriendo desde hace décadas, y que en los últimos años ha llegado a alcanzar dimensiones extremas. Una crisis que compromete todas nuestras posibilidades de vida buena –y que puede amenazar hasta las mismas posibilidades de supervivencia de la especie humana-. En sólo dos meses (y no los más propicios: los del verano de 2014) casi siete mil académicos, intelectuales, científicos, políticos y activistas de base firmaron este documento, dirigido especialmente a potenciar modificaciones en los nuevos proyectos sociales y políticos que se están presentando en nuestro país, porque hoy hacemos frente a “la mayor discontinuidad de la historia humana” (como indica Ian Morris en su recién traducido estudio ¿Por qué manda Occidente… por ahora?), y ya no valen recetas antiguas ni ambiguas. Lo que necesitamos es una Gran Transformación.

“Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible”, explica el manifiesto. Pues se agotan los recursos naturales y energéticos, se desorganizan y destruyen los ecosistemas, se perturban los metabolismos entre sociedades y naturaleza, se cierran las “ventanas de oportunidad” para las trayectorias de sustentabilidad que probablemente teníamos hasta ahora. El calentamiento global entraña riesgos -ya inminentes- que pueden poner en cuestión la propia supervivencia de la humanidad (ya sabemos que en el pasado, en otras ocasiones, los cambios climáticos dieron lugar a grandes transformaciones históricas). La crisis ecológica ni puede esperar ni es un tema parcial. En el manifiesto “Última llamada” se subraya la necesidad de romper con las inercias de los modos de vida de una sociedad capitalista, basados en el consumismo y subordinados a los intereses de grupos privilegiados, que representan menos del 1% de la población.

Evolución demográfica y contradicciones productivas y energéticas llevan a una situación de creciente insostenibilidad ecológica, desigualdad social y cambio climático que, de no corregirse radicalmente, pueden conducir a un colapso brusco de la sociedad, con altísimos costes en términos humanos y sociales. Reparemos sólo en el enorme asunto del calentamiento climático. Según el último informe del IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change, de Naciones Unidas (septiembre de 2014) caminamos a paso firme hacia un genocidio preprogramado (aunque previsible y evitable), y ello incluso si sólo consideramos los efectos devastadores del cambio climático. El cuerpo humano puede adaptarse a un aumento de 4 o 6 °C en la temperatura promedio del planeta, pero en muchas regiones los cultivos y los agrosistemas que utilizamos para la producción de alimentos no pueden adaptarse a esos cambios. De hecho, no hay adaptación posible a un planeta 4-6ºC más cálido para una población de 8 ó 9.000 millones de personas.

Una reciente publicación del investigador australiano Graham Turner, posterior a la publicación del manifiesto “Última llamada”, muestra hasta qué punto el Escenario Base o tendencial (business as usual-BAU) del ya clásico informe Los límites del crecimiento, elaborado hace más de cuarenta años, ha sido capaz de prever, con bastante exactitud, la evolución real de las dinámicas mundiales. Y muestra, en paralelo, cómo si continuamos con esta dinámica el colapso social, económico y ambiental podría llegar hacia el decenio de 2030.

El 23 de septiembre de 2014, se celebra en Nueva York una Cumbre del Clima convocada por el Secretario General de Naciones Unidas, que pretende servir como catalizador para las dos COP (Conferencias de las Partes) sobre Cambio Climático que deberían culminar en París 2015, con acuerdos globales vinculantes que puedan torcer la dinámica actual (la cual lleva hacia situaciones irreversibles de muy alto riesgo para la humanidad). La sociedad, y especialmente los partidos de izquierda y los nuevos proyectos alternativos que han logrado devolver la ilusión por la política a mucha gente, tienen que tomar conciencia del hecho de que nuestro modelo de desarrollo es insostenible y que, con las formas de vida actuales, no puede generalizarse a la totalidad de la población del planeta.

Como decía Michel Jarraud, Secretario General de la OMM (Organización Meteorológica Mundial), en la reciente presentación del Boletín anual de 2014 elaborado por este organismo de Naciones Unidas (y que incluye nuevas y sombrías evidencias sobre las emisiones de gases de efecto invernadero): “Las leyes de la física no son negociables”. Hemos de poner en marcha, urgentemente, alternativas socioeconómicas que armonicen el bienestar de la población con los límites ecológicos al crecimiento. No valen antiguas recetas, porque “la crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica”.