En estos días se cumple el octavo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, en media de una enconada polémica (ver aquí y aquí) entre los actuales responsables de aplicar esta Ley y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que, mediante su Observatorio, se han convertido en el aguijón con el que los profesionales de los Servicios Sociales han intentado –con poco éxito− presionar para evitar la deriva de este sistema. Dejando al margen la guerra de cifras –bastante claras, en cualquier caso−, es sin duda difícil encontrar voces en el sector de la atención a las personas mayores, la discapacidad o la dependencia que se muestren satisfechas por la evolución de esta Ley: si ya en 2009 el grupo de expertos que se constituyó para evaluar la Ley alertaba sobre sus debilidades (ver aquí), desde entonces el CERMI estatal (aquí), el sector de la atención a la dependencia (aquí), los sindicatos (aquí), el Tribunal de Cuentas (aquí), y hasta el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (aquí) han puesto de manifiesto –con mayor o menor virulencia− las debilidades e insuficiencias de este sistema.

No es de extrañar tal insatisfacción: el sistema de atención a la dependencia no ha cubierto las expectativas que generó y cabe hablar de oportunidad perdida de cara a la creación de un verdadero sistema de apoyo a las personas dependientes y a sus familias. Como ha señalado recientemente el CERMI, los propósitos con que nació la Ley se han visto en buena parte malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar. No cabe duda en ese sentido que, frente a lo que mantiene el informe de evaluación publicado por el Gobierno en 2011 (ver aquí), el sistema español no ha “superado el modelo mediterráneo de cuidados para estar plenamente integrado en los modelos europeos más avanzados de protección a la dependencia”. Al contrario, como explica Marga León, “tras unos (pocos) años en los que pensamos que seríamos capaces de desarrollar una política de cuidados equitativa y universal integrada en el seno de nuestro estado de bienestar, volvemos exactamente al punto en el que estábamos: a las familias, que con sus medios y su capital humano hacen frente a un problema que pese a tener magnitud social, lo seguimos considerando privado”.

Los datos de este gráfico ponen de manifiesto en qué medida el gasto español en servicios de atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad no ha dejado de ser muy inferior al de la Europa de los quince, y en qué medida resulta poco perceptible el impacto de la Ley en el gasto público en servicios de atención a personas mayores y con discapacidad. Si bien es cierto que el gasto en este ámbito ha ido creciendo desde 2003, no ha crecido a más velocidad de lo que crecía antes de aprobarse la Ley, ni lo ha hecho a mucha mayor velocidad que en los países de nuestro entorno; de hecho, la brecha respecto a la UE15 vuelve a crecer en 2012, cuando se empiezan a materializar los recortes en este sector.

La actual situación del sistema de atención a la dependencia se debe en todo caso a dos elementos diferentes, que no conviene mezclar. Por una parte, no puede negarse que ha sido una de las víctimas propiciatorias de las políticas de reducción del déficit impuestas desde Bruselas. Escasamente desarrollado antes de la crisis, el sistema de atención a la dependencia –y, en su conjunto, el sistema de servicios sociales− no han tenido la capacidad de resistencia de otros ámbitos más consolidados de la protección social como la sanidad, la educación o las pensiones para oponerse a la política de recortes indiscriminados. La debilidad de los grupos de interés corporativos –tan presentes en otros ámbitos− y la todavía débil asunción por parte de la ciudadanía de sus derechos en este campo son algunas de las razones que explican esta menor capacidad de resistencia a los recortes. Sin embargo, como ocurre en otros ámbitos de las políticas sociales españolas –las políticas de apoyo a las familias o las rentas mínimas de inserción, por ejemplo−, la actual situación del sistema de atención a la dependencia no se explica únicamente por los recortes de los últimos años. Mayor relevancia tiene, si cabe, la desatención de la que fueron objeto estas políticas antes de la crisis, y las debilidades e insuficiencias de su diseño inicial.

Entre ellas, cabe citar básicamente cuatro: la apuesta implícita por un modelo de prestaciones económicas a las familias que ha limitado la capacidad de creación de empleo del sector y ha contribuido a una mayor familiarización, feminización y precarización, si cabe, de los cuidados; el establecimiento de un modelo injusto de copago –calificado de confiscatorio por el CERMI−, que no distingue entre las diversas prestaciones recibidas y aleja a las clases medias y altas de los servicios de provisión pública, reduciendo de facto la universalidad del sistema; la excesiva discrecionalidad en la gestión del sistema por parte de las CCAA –impensable en otros sistemas de protección−, que convierte en papel mojado el carácter de derecho subjetivo del sistema; y la renuncia al establecimiento de un modelo específico de financiación, tal y como han hecho los países de nuestro entorno –como Alemania o Francia− cuando han optado por ampliar derechos sociales.

La construcción de un modelo viable de atención a la dependencia, que dé respuesta a los retos que el envejecimiento y la crisis de los cuidados están teniendo ya sobre la sociedad española, requiere poner fin a la política de recortes desarrollada en los últimos años pero, también, una revisión profunda de las bases sobre las que se creó el modelo.

El 20% de los hogares con más renta recibe en España el 25% del dinero destinado a prestaciones económicas, mientras que el 20% más pobre apenas recibe el 10%.

El Estado de Bienestar español es muy generoso con los que más tienen cuando éstos recurren a él. Eso decía hace seis meses Pau Marí-Klose comentando un reciente informe de la OCDE y, más concretamente, los datos recogidos en este gráfico. A la misma conclusión se llega cuando se lee el último boletín de ese organismo y se observa este nuevo gráfico, ampliamente comentado en las redes sociales durante la pasada semana.

Porcentaje del total de prestaciones sociales públicas en metálico recibidas por el primer quintil y el último (2011)

En este caso lo que se observa es que el 20% de los hogares con más renta recibe en España el 25% del dinero destinado a prestaciones económicas, mientras que el 20% más pobre apenas recibe el 10%. Los datos no cambian si en lugar de tener en cuenta el conjunto de las prestaciones se tienen en cuenta las orientadas a personas en edad laboral. No se trata en cualquier caso de que el 20% más rico lo acapare todo. El tercer quintil –el situado en la mitad de la escala− también recibe un porcentaje de las prestaciones más elevado que el que le corresponde por su peso demográfico o del que este grupo recibe, por término medio, en los países de la UE15. El sistema de protección español tiene pues problemas de progresividad, y no sólo, o no tanto, de tamaño.

La propia OCDE explica las razones de que el Estado de Bienestar español sea tan poco redistributivo: las prestaciones económicas están muy ligadas al historial contributivo de los trabajadores, y al nivel salarial alcanzado durante su trayectoria laboral. Como señala Luis Sanzo, el modelo de protección social español se ha orientado fundamentalmente a aquella parte de la población más estructuralmente vinculada al sistema productivo (haciendo cierto aquello de que al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado).

También se ha hablado de la menor intensidad protectora de las prestaciones asistenciales, frente a las contributivas, y de que en muchos casos estas prestaciones llegan a hogares con otras fuentes de ingresos. Junto a estas razones, no debería olvidarse la práctica ausencia en España de prestaciones por hijo a cargo, rentas mínimas de inserción y ayudas a la vivienda que –al margen de que estén sometidas al nivel de ingresos− no exigen un paso previo por el mercado de trabajo.

No sólo el sistema de prestaciones es regresivo en España, en cualquier caso. Un reciente artículo de varios investigadores ligados a la OCDE analiza la capacidad de reducción de la desigualdad del sistema fiscal y pone de manifiesto, por una parte, que los hogares españoles se cuentan entre los que destinan un menor porcentaje de su renta al pago de impuestos directos y cotizaciones sociales (el 16% de media, frente al 35%, por ejemplo, en Alemania). Y, por otra, que España está entre los países que obtienen del 20% más pobre un mayor porcentaje de esa recaudación (el 4,8%, frente al 2,6% en Alemania). Cuando se combina escasa progresividad y baja presión fiscal general con un nivel de concentración tan alto de las prestaciones económicas en las clases medias y altas, lo que se obtiene es uno de los menores porcentajes de reducción de la desigualdad de toda Europa.

Si España está a la cabeza de Europa en lo que a pobreza y desigualdad se refiere no es sólo por el deterioro del mercado de trabajo. También se debe a la debilidad del sistema de protección social y a su incapacidad para reducir, como hacen otros países de Europa, la pobreza que genera el mercado laboral. Ello se debe en parte a la ausencia en España de un sistema de garantía de ingresos mínimos sólido y eficaz. Formado por múltiples prestaciones (subsidios de desempleo, prestaciones por hijo a cargo, pensiones no contributivas, rentas mínimas de inserción, mínimos personales y familiares del IRPF…), se trata de un modelo insuficiente, incoherente y desarticulado, incapaz –como señala Ana Arriba− de dar respuesta al volumen e intensidad de las situaciones de pobreza. Son por ello cada vez más frecuentes los llamamientos a la transformación de este sistema, y se suceden las propuestas de cambio. En ese contexto, se plantean en este texto algunas de las bases que podrían regir esa reforma, a partir de las experiencias francesa y británica, y a partir también de la experiencia vasca.

Respecto al modelo vasco, se benefician de él en torno al 7% de las familias vascas y, con un coste del 0,64% del PIB, reduce la extensión de la pobreza en un 40% y su intensidad en un 80%, de acuerdo a las estadísticas sobre pobreza del Gobierno Vasco. Este modelo ha concitado durante años un amplio apoyo social y político, y ha contribuido, como explica Luis Sanzo, a que Euskadi sea uno de los territorios europeos con menos desigualdad y pobreza. Sin embargo, la presión de la crisis y la utilización electoralista por parte de algunos partidos (véase la polémica promovida por el alcalde de Vitoria) cuestionan la viabilidad política y social de un sistema que, como hemos dicho aquí, representa uno de los principales logros de las políticas públicas vascas. El modelo vasco incorpora elementos de interés de cara a una eventual reforma del modelo estatal: se trata de un derecho subjetivo, no limitado por la discrecionalidad política o la disponibilidad presupuestaria; está abierto tanto a personas sin ingresos como a trabajadores de bajos salarios y a pensionistas con pensiones inferiores al SMI, e incluye, para familias con gastos de alquiler, una prestación de vivienda, así como ayudas para casos de emergencia. Siguiendo al menos sobre el papel el paradigma de la activación, su gestión se ha traslado de los servicios sociales a los de empleo.

La refundación del modelo español de garantía de ingresos debería también extraer algunas conclusiones de las reformas realizadas recientemente en otros países de Europa y, particularmente, de la experiencia del RSA francés (pese a su relativo fracaso) y del nuevo Crédito Universal británico. Como hemos explicado aquí, ambas reformas comparten elementos de interés: por una parte, la simplificación del sistema, unificando en una sola prestación varios subsidios preexistentes (en el caso británico se fusionan seis ayudas). Por otra, la voluntad de facilitar la combinación de ingresos salariales y asistenciales. Ambos modelos se inscriben decididamente en la filosofía del making work pay (hacer que el trabajo compense), promovida desde organismos como la OCDE en respuesta a la emergencia de los trabajadores pobres y a los presuntos efectos desincentivadores de unas prestaciones consideradas demasiado elevadas en relación a los salarios disponibles. Su funcionamiento se articula a partir de una prestación básica, de no muy elevada cuantía, para quienes carecen de ingresos y un complemento salarial, que se reduce a medida que crece el salario, para las personas con un cierto nivel de participación laboral, haciendo estructural y permanente la posibilidad de combinar empleo y prestación. En ambos países existen además ayudas familiares y de vivienda de amplia cobertura.

A partir de esas experiencias, ¿sobre qué bases podría refundarse el sistema español de garantía de ingresos? La primera premisa sería la de un modelo más simple y mejor articulado. La idea no es necesariamente la de establecer una sola prestación, pero sí la de tender a un diseño común más integrado y a un menor número de prestaciones. En segundo lugar, sería conveniente avanzar hacia un modelo más universal, que garantice unos ingresos mínimos a todas las personas que quieren y no pueden trabajar, y a aquellas que, trabajando, no alcanzan unos ingresos suficientes. Para ello hay que evitar la exigencia de un historial laboral previo así como el establecimiento de límites temporales. La tercera premisa sería la de la normalización, tanto desde el punto de vista de la gestión como de la propia concepción de la ayuda. Ello implica disociar el derecho a la garantía de ingresos del derecho a los apoyos para la inclusión social y laboral, así como gestionar las prestaciones desde los dispositivos más normalizados y con funcionamiento más automatizado.

En un país con tasas de pobreza laboral muy elevadas, como indican los datos de la Fundación 1º de Mayo, la protección del empleo de bajos salarios es esencial: el objetivo de cualquier reforma debe ser proteger a los trabajadores pobres sin desproteger a los pobres que no pueden trabajar. Si bien no tiene sentido hoy en España invocar el riesgo de desincentivación, la protección de los trabajadores pobres resulta esencial desde la lógica de la redistribución, la legitimidad social –la viabilidad de estas ayudas se resiente si la población ocupada con dificultades económicas no percibe que también se puede beneficiar de ellas−, y la propia coherencia de las políticas de inclusión: como señala Víctor Renes, es incoherente plantear el empleo como el mecanismo fundamental de integración social y, al mismo tiempo, desatender sus condiciones y su calidad.

También resulta fundamental que este nuevo modelo apuesta por una mayor integración entre impuestos y prestaciones sociales, como defienden Hermida y Noguera. De hecho, el relativo éxito de la estrategia británica de reducción de la pobreza, especialmente la infantil, se ha apoyado en el refuerzo de los créditos fiscales reembolsables (tax credits). Estos créditos se diferencian del resto de las deducciones fiscales en que no están limitadas a la deuda tributaria del contribuyente: la deducción reembolsable reduce la deuda fiscal (en su caso hasta cero, como ocurre con el resto de las deducciones), y se convierte en una transferencia neta si la deducción es superior a la cuota fiscal. Como hemos señalado aquí, los tax credits tienen un potencial importante en nuestro entorno, pues podrían reducir el carácter regresivo de muchas de las actuales deducciones fiscales, además de normalizar y automatizar el acceso a las prestaciones de garantía de ingresos, especialmente para la población vinculada al mercado laboral.

Finalmente, resulta también esencial que cualquier nuevo modelo contemple dos elementos básicos: por una parte, el coste de acceso a la vivienda (los tres modelos señalados incorporan, con distintas modalidades, prestaciones que permiten a las familias con menos recursos afrontar sus gastos en este aspecto); por otra, la necesidad de crear un sistema más amplio de prestaciones familiares, siguiendo por ejemplo las propuestas de Ayala y Cantó, que reduzca la pobreza infantil y permita reorientar las políticas sociales españolas hacia la lógica de la inversión social.

Así, en la línea de lo apuntado por Luis Sanzo, cabría pensar en un sistema que combine:

Además cabría pensar –aunque sería más discutible− en la orientación de las actuales rentas mínimas de inserción autonómicas, gestionadas desde los Servicios Sociales, a las personas no cubiertas por las anteriores prestaciones y/o a personas con necesidades intensas de apoyo para su inclusión social.

Un sistema de estas características requeriría de una verdadera reforma fiscal que revise y adapte las actuales deducciones y desgravaciones (incluyendo los mínimos familiares y personales), revierta la regresiva reforma tributaria realizada por el Gobierno, reduzca el fraude e introduzca una nueva tributación del patrimonio y el capital (incluyendo sucesiones). El objetivo es conseguir que parte de los fondos necesarios para la financiación de este sistema se obtenga de una reorientación del actual modelo de impuestos y prestaciones, reduciendo su regresividad y modificando el balance entre ganadores y perdedores que se deriva de las últimas reformas.

Para terminar: si bien es imprescindible que exista una voluntad política clara para la ejecución de un modelo de estas características, la voluntad política no es suficiente. Se requiere también un modelo productivo que genere crecimiento económico sólido, reduzca la demanda de prestaciones y genere ingresos para su financiación. Pero, al mismo tiempo, un buen sistema de garantía de rentas es condición necesaria para el desarrollo de un sistema económico productivo, aunque sólo sea porque contribuye a la estabilización de este sistema, alejándole de crisis cíclicas con muy fuerte impacto sobre el empleo.

El paquete de ayudas a las familias es insuficiente, especialmente a las familias con bajos salarios y a las de rentas medias con dos o más hijos

La razón de que España esté a la cabeza de Europa en cuanto a pobreza infantil no se debe tanto a la desigualdad salarial o al desempleo como, sobre todo, al mínimo desarrollo de las políticas públicas que en otros países consiguen reducir la pobreza que afecta a las familias con hijos. Cuando se comparan las tasas de pobreza infantil en Europa antes de prestaciones –es decir, con las rentas propias de las familias− la situación española es similar a la media UE. La posición española empeora drásticamente cuando se tiene en cuenta el efecto de las prestaciones económicas distintas de las pensiones, que reducen en España menos que en Europa la pobreza que genera el mercado de trabajo.

Efectivamente, como corresponde a un Estado de Bienestar que tiende a privilegiar a los grupos de mayor edad, el gasto social que España destina a la infancia es muy bajo. Si se tienen en cuenta las políticas directamente orientadas a las familias con hijos –prestaciones económicas, atención infantil y desgravaciones fiscales−, España apenas gasta el 1,7% del PIB, frente a porcentajes superiores al 3% en muchos países de Europa, como indica la OCDE.

Los datos agregados de gasto se reflejan en las condiciones de vida de las familias. En ese sentido, es interesante ver qué porcentaje del salario medio reciben las familias de distintos países de Europa mediante tres clases de prestaciones: ayudas familiares, ayudas a la vivienda y rentas mínimas. Para la comparación se han elegido tres configuraciones familiares tipo y cuatro países, más o menos representativos de los diferentes modelos de bienestar. Los datos para el resto de los países se pueden consultar en este documento de trabajo y se han obtenido de la base de datos de políticas familiares de la OCDE.

El gráfico ilustra la insuficiencia del paquete español de ayuda a las familias. En el caso de las familias sin empleo, la suma de las ayudas equivale al 26% del salario medio, sumando la prestación por hijo de la Seguridad Social y la renta mínima de inserción a la que está familia tendría teóricamente derecho. Se trata de una cantidad muy inferior a la de cualquiera de los demás países. España también está a la cola en el caso de las familias con bajos salarios, que solo perciben, vía Seguridad Social, un 2,2% del salario medio. En este caso, España es el país que ofrece a esas familias un menor nivel de apoyo. Y, sobre todo, España se caracteriza por ser uno de los pocos países de Europa que no ofrece ninguna prestación periódica a las familias de rentas medias con dos o más hijos: si bien no muy elevado, casi todos nuestros vecinos ofrecen a estas familias un cierto nivel de apoyo. Ello a cambio, lógicamente, de una presión fiscal más elevada que en España, como hemos señalado aquí.

Desde posiciones progresistas y de izquierda, se tiende a hablar del creciente abismo entre ricos y pobres y se culpa del incremento de la desigualdad a la cada vez mayor concentración de renta y patrimonio en un segmento muy reducido de la población, el famoso 1%. En ese relato, el resto de la población –y muy particularmente las clases medias− estarían sometidas a un proceso general de empobrecimiento y recorte de derechos, y a una creciente presión fiscal. Todo para pagar unos desmanes de los que nunca se beneficiaron. Sin ser del todo falso, este relato no refleja el impacto real de la crisis, oculta la verdadera estructura de la desigualdad en España e impide acometer las reformas sociales y económicas necesarias para la reducción de la desigualdad.

Seis años después de iniciada la crisis, cada vez hay más datos que apuntan a su desigual impacto. Y no han sido, comparativamente, las clases medias quienes más la han sufrido, sino los que ya antes de su explosión estaban instalados en la precariedad, los perdedores en tiempos de bonanza, a los que se refería Sebastiá Sarasa: inmigrantes, jóvenes, familias con hijos pequeños, trabajadores/as con contrato temporal, etc.

Los datos son tozudos: de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE) de la población autóctona ha pasado del 21% en 2007 al 25% en 2012. Entre la población extranjera ha pasado del 32% al 53%. Si antes de la crisis era casi un 50% más alta ahora la multiplica por dos. También de acuerdo a la ECV, el porcentaje de hogares con cuatro o más carencias materiales ha pasado para el 30% más pobre de la población del 11% al 17%. En el caso de las clases medias –las personas que se sitúan en las decilas 4 a 7− el porcentaje ha pasado del 4,1% a 4,3%.

Si en todos los países, de acuerdo a la OCDE, los pobres han padecido la crisis en mayor medida que el resto de la población (clases medias incluidas), España es el país en el que los pobres han sufrido más (su renta cae un 15% al año entre 2007 y 2010, frente a poco más del 2,5% para el conjunto de la población). En ningún país de la OCDE el impacto de la crisis ha sido tan desigual. De hecho, como ha explicado Fernández-Albertos, la desigualdad en España no se explica porque los ricos sean cada vez más ricos, sino porque los pobres son cada vez más pobres: no se escapan los ricos, dejamos atrás a los pobres.

Si hay un ámbito de las políticas públicas en el que este discurso complaciente se ha impuesto con claridad es el relativo a la política fiscal. Aceptada la necesidad de equiparar nuestro nivel de tributación con el de los demás países de la UE15, y asumida la idea de que las clases medias asalariadas soportan el mayor peso recaudatorio, todas las recetas pasan por que paguen más quienes más tienen. Es sin duda una buena idea, pero la escasa tributación de las grandes fortunas no es el único agujero de nuestro sistema fiscal: también debería preocuparnos que las clases medias españolas paguen en impuestos y cotizaciones un porcentaje de sus ingresos brutos muy inferior al que pagan las familias del mismo nivel de renta de otros países. Como se ve en el gráfico, una familia española de ingreso medio (100% del salario medio un cónyuge, 67% el otro) paga en IRPF y Seguridad Social el 18% de su renta bruta inicial, frente a porcentajes que superan el 25% en la mayor parte de los países de Europa occidental.

Tampoco se insiste lo suficiente en el impacto diferencial de la presión fiscal sobre la población pobre en relación al resto de la población: de acuerdo al estudio realizado por Onrubia y Rodado para Intermón Oxfam, la presión fiscal efectiva a la que está sujeta, en 2011, la decila más pobre alcanza el 35% de su renta (sumando IVA, IRPF, impuestos especiales y cotizaciones sociales), mientras que en las demás decilas la presión fiscal oscila entre el 19% de la segunda y el 29% de la última. El IRPF de la quinta decila implica una presión fiscal del 7%, frente al 14% en el caso de la población más pobre y el 17% en el caso de la más rica.

Del mismo modo, al explicar los recortes en las políticas sociales –por ejemplo en el ámbito de la dependencia− pocas veces se alude al pecado original del sistema de atención a las personas dependientes: la mayor parte de los países de nuestro entorno (Francia y Alemania, por ejemplo) crearon cotizaciones específicas para financiar este derecho, sufragadas por los trabajadores y los empresarios. En España no se consideró necesario explicar a la población de que los derechos sociales tienen un coste, y que todos debemos contribuir a su financiación. Por dinero será.

Esta reducida presión fiscal se traduce, entre otros aspectos, en la práctica inexistencia de prestaciones económicas para las personas sin recursos o para las familias con hijos/as, lo que perjudica especialmente a los grupos de menos renta y constituye la principal anomalía del sistema de protección español en relación a los del resto de Europa. No es por tanto de extrañar que el sistema de impuestos y prestaciones españoles esté entre los que menos reducen la pobreza en Europa y sea uno de los más regresivos. Son datos de la OCDE.

Por resumir, no se puede negar que las clases medias han sufrido el impacto de la crisis, en términos de reducción de su capacidad adquisitiva, que sus seguridades vitales se han visto erosionadas y que sectores de esas clases medias hayan caído en la pobreza. Pero es también obvio que se ha instalado en la opinión pública un discurso sesgado, acomodado y complaciente, que evita señalar las causas reales de la desigualdad en España, tal y como apunta Roger Senserrich: un mercado de trabajo profundamente dual, con diferencias siderales en términos de salario y de protección frente al despido, en el que el ajuste se realiza prescindiendo del empleo temporal y precario. En ese marco, la destrucción de empleo castiga especialmente a colectivos vulnerables, outsiders, precarizados ya antes de la crisis, y no a toda la población asalariada por igual. Todavía hay clases.

A ello se le suma un sistema de protección social de honda raíz católica, que no protege de los nuevos riesgos sociales, ajeno al discurso de la inversión social, regresivo y muy dependiente de apoyos corporativistas. Y, como se ha dicho, una presión fiscal que se sitúa entre las más bajas de Europa, muy dependiente además de los ingresos tributarios que se derivaban de la burbuja inmobiliaria, con niveles muy elevados de fraude y poco progresivo. Sin olvidar una apuesta generalizada, no siempre impuesta por las élites, por un modelo productivo low cost (bajos salarios, crédito barato, poco valor añadido).

Frente al relato de la Troika, se ha impuesto entre nosotros un relato alternativo no exento de riesgos. Un relato complaciente, que no cuestiona actitudes y comportamiento de amplias capas de la sociedad y se limita a echar balones fuera (“que pague más quien más tiene”). Un discurso que plantea dicotomías falsas (abajo ≠ arriba; ricos ≠ pobres; élite ≠ ciudadanía; casta ≠ pueblo), frente a dicotomías más reales (dentro ≠ fuera; protegidos ≠ precarios; excluidos ≠ incluidos; derecha ≠ izquierda). Sin duda, ese discurso alternativo permite visibilizar ciertas desigualdades e injusticias, pero oculta otras, quizá más graves. En última instancia, se trata de un discurso conservador y populista, que erosiona lo público y contribuye a debilitar el pacto sobre el que se asienta el Estado de Bienestar. Pero ya se sabe que, como dice Ovejero Lucas, no se ganan elecciones, ni se hacen amigos, “recordando verdades amargas y retos fatigosos, enfrentando a los ciudadanos con dificultades hondas, sobre todo, si para resolverlas exigen cambios en sus comportamientos o en sus creencias”.