“Cada mujer de los barrios residenciales luchaba contra él a solas. Cuando hacía las camas, la compra, ajustaba las fundas de los muebles, comía sándwiches de crema de cacahuete con sus hijos, los conducía en sus grupos de exploradores y exploradoras y se acostaba junto a su marido por la noches, le daba miedo hacer, incluso hacerse a sí misma, la pregunta nunca pronunciada: '¿Es esto todo?'”. (Friedan, 'La mística de la Feminidad').

El pasado día 13 asistimos a otro de los exabruptos a los que cada vez nos tiene más acostumbradas la presidenta Ayuso. En esta ocasión se trataba de una torpe réplica a la jefa de la oposición, Manuela Bergerot, cuando ésta reivindicó lo que, al menos desde hace más de dos décadas, llevan exigiendo organismos internacionales tales como ONU-Hábitat: es urgente intervenir en nuestras ciudades para que éstas sean más habitables y para esto es necesario entender cómo la dimensión de género es una estructura determinante.  

Pensar lo urbano es pensar desde un lugar profundamente inestable que está en constante proceso de des-reconfiguración. Es pensar las prácticas, los signos, los símbolos, el espacio, los lugares, los edificios. Pero es también pensar todo lo que en ellas se contiene, todo lo que tiene de promesas de libertad y de anquilosamiento de los conflictos. En cierto modo y de manera cada vez más aguda, es también pensar lo global. El carácter inacabado, multiescalar y multidimensional de nuestras ciudades es, desde luego, uno de los más apasionantes campos de estudio. 

Las ciudades, decía Lewis Mumford, tienen como función principal convertir el poder en forma. Esta afirmación es tan contundente como expresiva. La morfología de las urbes son la representación en hormigón de un orden social e histórico concreto. Por ello, entender las ciudades es entender también los conflictos que se encuentran en la base de la arquitectura política, económica y cultural de una época y una geografía determinadas. El siglo XXI se alumbra como el siglo de las ciudades. Por un lado, la cada vez mayor concentración de población en las mismas (según estimaciones de ONU Hábitat más de un 80% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050) y por otro, la espacialización de los grandes retos y conflictos que nos atraviesan ahora como sociedades, las convierte en la representación espacio/temporal que va a ordenar el proceso político como antes lo hicieran la forma imperio o la forma estado-nación.

Kim England sostiene que las relaciones de género se incorporan “fosilizadas” en el aspecto concreto del espacio. Es así que la ubicación de las áreas residenciales, de los lugares de trabajo, las redes de transporte y el trazado general de las ciudades reflejan la sociedad y sus expectativas acerca de qué tipos de actividades tienen lugar, dónde, cuándo y en manos de quién.

La forma instituida de ciudad fragmentada que tuvo su epítome bajo la forma de ciudad dispersa, cuando los suburbios residenciales eran la representación espacial de las nociones culturales sobre el ascenso social, tenía mucho que ver con la idea de contener los espacios de juego y cuidados dentro de los hogares. Las consecuencias espaciales de esta morfología, mucho más extendida en las Américas que en Europa, pero de la cual tampoco nos libramos, fueron dramáticas. Desde problemas relativos a formas de articulación de la movilidad, donde el vehículo privado terminaba por afianzar su reinado, hasta problemas de suministros, dotaciones, servicios… Todo lo cual afectaba profundamente a la propia representación de la ciudad y a las formas de vida urbana que se veían totalmente diluidas en determinados espacios constituidos desde la negación consciente de la diversidad, el intercambio, el bullicio o, por supuesto, el conflicto.

Dolores Hayden, en 'Redesigning the American Dream' (2002), señala que estas formas espaciales no fueron nunca las mayoritarias, pero sí fueron las que hegemonizaron los discursos sobre lo deseable en las ciudades. Formas de vida social obsoleta que, sin embargo, permanecen porque la dimensión física del entorno construido sirve como configurador de realidades con vocación de permanencia en el tiempo. 

Hablar pues de urbanismo feminista supone la ampliación de los estándares de vida en la ciudad. Una ciudad como Madrid, organizada estructuralmente sobre la superposición de coronas conectadas de forma radiocéntrica se sostiene sobre la clara hegemonía del coche como conector urbano. Los patrones de movilidad que se derivan de esta forma espacial se observan en múltiples dimensiones. Así, por ejemplo, según los datos de la última Encuesta domiciliaria de movilidad de la Comunidad de Madrid publicada (EDM, 2018), existen claras pautas en cuanto a frecuencia, tipologías de desplazamiento, motivos de desplazamiento, utilización de los distintos tipos de transporte por parte de hombres y mujeres. Son las mujeres las que registran un mayor uso del transporte público frente a los hombres, concretamente un 57,9%, frente a un 42,1%. En cuanto al uso del vehículo privado, el 53,2 % de estos desplazamientos los realizan hombres. Pero una dimensión menos visible y, a mi juicio central, derivada de la soberanía del vehículo privado sobre nuestras calles es la expulsión que su presencia provoca del resto de actividades que componen la vida cotidiana. De manera fundamental con aquellas actividades que requieren de ritmos más lentos y patrones espaciales más expansivos, como son aquellas relacionadas con el cuidado, acompañamiento de personas, o el juego como parte fundamental de la vida de las niñas y niños. 

La eliminación de las manifestaciones públicas de los procesos de cuidados es parte sustancial del mantenimiento de modelos y órdenes sociales que pueden conservarse ajenos a la provisión de los mismos. De esta manera, mediante su invisibilización, se elimina la noción de responsabilidad colectiva del cuidado. En tanto más se reiteren los paisajes espaciales de la ciudad como paisajes ausentes de niñas, niños, ancianas, en general re-presentaciones corporales que evidencian nuestras múltiples vulnerabilidades, más se reproducen las ficciones sociales por las cuales los cuidados son atendidos de forma fundamental en los hogares y por los sujetos cuya presencia en ellos se instituye de manera atávica, las mujeres.

La necesidad, de este modo, de un abordaje que interprete sobre el espacio las relaciones entre lo público y lo privado como elementos indisolubles, supone la apuesta por la apropiación de la noción de vida cotidiana como elemento superador de esta distinción. Esto determinaría que la vinculación histórica de todos los trabajos y de todas las esferas en el proceso de consolidación de los órdenes sociales tiene su correspondencia en formas urbanas específicas. Poniendo, una vez más de manifiesto la artificiosidad sobre la cual se re-presenta la falsa noción de igualdad que de forma tan acalorada afirma defender la presidenta Ayuso. 

Que las ciudades se interpretan de forma diferente por hombres y mujeres es también un hecho ampliamente contrastado. La Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid publicada anualmente es clara a este respecto: existe una mayor percepción de inseguridad en los espacios públicos por parte de las mujeres. Percepción que excede con mucho las estadísticas sobre delitos, demostrando que las posibilidades de sentirnos o no seguras no solo tienen que ver con el miedo cierto a ser agredida sino con el impacto que determinadas formas urbanas tienen en cómo nos sentimos. Una calle deficientemente iluminada, o con ausencia o escasez de locales comerciales será, previsiblemente interpretada como más insegura, frente a una con mejor iluminación y mayor bullicio. Con todo y con eso algunos datos que deberían hacernos pensar y que se reflejan en el Informe del año 2023 del Ministerio del Interior sobre Delitos contra la Libertad Sexual, sitúa a Madrid como la segunda provincia con mayor número de abusos y agresiones sexuales con 3066 agresiones en el último año, representando el 14% del total de España. En estas agresiones registradas en el 94% de los casos son hombres los agresores y el 87% de las víctimas son mujeres, dejando una vez más en evidencia el tozudo empeño de la Presidenta Ayuso en negar la realidad.  

Hablar de urbanismo feminista es hablar de cómo queremos vivir, no solo nosotras, sino la comunidad, el conjunto de personas que habitamos las ciudades. Hablar de urbanismo feminista es, desde este punto de vista, hablar de las cosas importantes, aquellas que determinan nuestra calidad de vida, pero también nuestras expectativas y sobre todo nuestra la libertad. 

Hay determinadas cuestiones en torno al gobierno de las ciudades que deben afrontarse de manera inaplazable. Una de ellas es el debate sobre la movilidad y el diseño urbano. Su urgencia es tan perentoria que no cabe ya la posibilidad de seguir mirando hacia otro lado, pues la inacción se convierte en una toma de postura.

Bajo nuestro punto de vista hay dos elementos fundamentales, profundamente interrelacionados entre sí, que deben situarse en el debate. En primer lugar debemos interrogarnos acerca del uso del espacio público. En este sentido nos preguntamos sobre qué entendemos por vida urbana, quién y de qué manera accede al espacio público y qué tipo de relaciones se establecen. El segundo elemento tiene que ver con la salud pública de manera más directa que el anterior, con la calidad del aire, el cambio climático y sus afecciones sobre la salud.

Ambas cuestiones están íntimamente relacionadas y han de afrontarse como piezas de una misma estrategia. El modelo urbanístico imperante durante los últimos 60 ha pivotado sobre el automóvil privado como paradigma del modelo de desplazamiento. El coche se convierte así, no sólo en el medio de transporte para el que se planea la ciudad, si no en un signo de estatus y de ascenso social, en un elemento clave para las políticas económicas gubernamentales. Ambas industrias: la industria urbana –compra/venta de tierra urbana, construcción de viviendas e infraestructuras, transporte de materiales, etc.– y la industria del automóvil han evolucionado por caminos coincidentes.

No es esto, sin embargo el tema que nos ocupa, aunque parece importante señalar, y recoger al hacerlo el guante a Esperanza Aguirre, cuando dice eso de que las medidas de movilidad y reducción del vehículo privado responden a un planteamiento ideológico. Desde luego responden a un planteamiento ideológico, no a la caricatura que ella pretende transmitir de algo así como un decálogo hippy de la cochofobia, sino que de lo que se trata ahora es de afrontar que ese modelo de desarrollo ha generado ciudades invivibles, en las que no sólo se perciben como hostiles muchos de sus espacio públicos, sino que además está generando problemas de salud pública que deben ser atajados con carácter inmediato.

Decía Winston Churchill “Those that fail to learn from history, are doomed to repeat it” (quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla) y hay algo que el tiempo de estos días y el estreno de la televisiva serie The Crown nos han recordado. El 5 de diciembre de 1952 la ciudad de Londres sufrió el mayor episodio de contaminación de su historia. La aparición de una densa niebla sobre la ciudad generó, en contacto con los contaminantes de las chimeneas de carbón, una nube tóxica que fue bautizada como the great smog. Durante los cuatro días que duró se registraron 4.000 muertes por problemas respiratorios y durante los años siguientes se estima que 8.000 muertes más, también relacionadas con la gran niebla de esos días.

En la mencionada serie de televisión de Netflix se especula acerca de cuál pudo ser la actitud de Churchill frente a la crisis. Si bien sabemos que la alerta sanitaria y el colapso hospitalario que nos presenta la ficción no fue tal –la alerta sanitaria se decretó posteriormente, al evaluarse e investigarse los efectos–, la serie nos sitúa en la siguiente tesitura: un Winston Churchill ya muy envejecido ha de escoger entre tomar una medida drástica y prohibir el uso de chimeneas de carbón o esperar a que el tiempo cambie.

Frente a la primera posibilidad, no es difícil imaginarse las consecuencias: una medida profundamente impopular que, por un lado, tendría un impacto directo sobre todos los londinenses al no poder encender la calefacción en los meses de más frío (pocos años después de haber pasado por una guerra), y por otro lado afectaría a la economía de manera determinante al suponer el paro en la actividad de una parte importante de la industria. Una oportunidad para la oposición laborista para debilitar al gobierno, teniendo en cuenta el juego de lógicas de pesos y contrapesos sobre la que se articula el sistema parlamentario. La serie nos interpela a nosotras mismas sobre cuál creemos que debe ser la decisión del gobierno, ¿arriesgar su propia posición como gobierno a costa de implementar medidas de esas características o esperar a que sople el viento?

Si esa fue la realidad en la que se debatió Churchill no lo sabemos, sí sabemos que hasta 1956 no se aprobó la Clean Air Act (ley de aire limpio) que prohibió las calefacciones de carbón en las áreas urbanas, entre otras medidas. Y que el episodio de niebla acabó el 9 de diciembre de 1952 sin que hubiera intervención gubernamental.

El arquitecto danés Jan Gehl nos habla de la necesidad de construir las ciudades desde la escala humana. Este planteamiento no sólo supone tener en cuenta patrones de movilidad, desplazamiento, accesibilidad… supone responder a la pregunta ¿a ti cómo persona cómo te gustaría vivir? La mayoría de sus trabajos se centran en intervenciones sobre el espacio público desde lo que él mismo llama la recuperación de la ciudad.

En Times Square, en una intervención que realizó en el año 2008, por ejemplo, da algunos datos acerca de la correlación entre coches y peatones. Tales como que el 90% del espacio público ocupado en dicha plaza correspondía a los coches, estos a su vez, representaban sólo el 10% de los ocupantes del mismo espacio. Es decir, el 10% de los ocupantes, necesitan el 90% del espacio disponible. 400.000 metros² han sido recuperados del tráfico para las personas tras las dos intervenciones sobre la ciudad. Cumpliéndose la máxima de que el espacio que se gana para la gente es ocupado rápidamente, recuperándose una vida urbana que deja de existir en el momento en el que la ciudad es una sucesión de carreteras llenas de coches.

En Madrid se calcula que el 70% del espacio público total de la ciudad (descontando los grandes parques) es ocupado por coches, entre circulación y aparcamiento. Estos datos no sólo nos advierten acerca de la calidad del aire y el impacto sobre nuestra salud, también nos hablan de las prioridades de las administraciones y de la necesidad de cambiar el modelo de ciudad en el que queremos vivir. Es importante recordar que este no es el estado natural de las cosas: fue distinto y será distinto.

En 1908 el Conde de Peñalver publicó un bando que supuso un cambio de paradigma en la ciudad y comenzaba así: “El automóvil no debe circular por una población a velocidades excesivas, produciendo molestias y peligros al vecindario; pero éste, por su parte, no tiene tampoco derecho a disputar a los vehículos, la posesión y disfrute del centro de las calles y plazas”. Actualmente solo una minoría –en torno a una cuarta parte– usa el coche a diario en nuestra ciudad, no tiene sentido que ocupe una parte tan mayoritaria del espacio público, por encima del transporte público, el peatón o la bici juntos.

La intervención sobre el eje de Gran Vía es importante no sólo porque reduce el número de vehículos privados por los efectos contaminantes que estos tienen, sino porque al reducir el espacio para el coche estamos ganando espacio para los peatones, para que la vida urbana tenga lugar. Mientras que en el cada vez más reducido arco mediático madrileño pareciera que Manuela Carmena estuviera librando una batalla contra su gran niebla particular, la realidad es que la mayoría de capitales están interviniendo en el sentido de mejora de la calidad de vida urbana mediante la recuperación del espacio público y la eliminación progresiva del vehículo privado.

Nueva York, Londres, Berlín, Copenhague, Lisboa o Barcelona son algunos de los ejemplos. En el caso de Barcelona la puesta en funcionamiento de las Superilles está suscitando el interés internacional como recoge el magnífico suplemento sobre ciudad del periódico Guardian o The New York Times, mientras que en nuestro país la noticia ha pasado desapercibida. Acaso sea también, por esa gran niebla mediática que lleva tantos tiempo posada en nuestra capital.

Hace falta mucha más audacia para ser capaces de revertir un desarrollo urbano que durante décadas ha entendido la ciudad desde escalas que poco o nada tienen que ver con el bienestar de las personas. La vida moderna es vivir en ciudades en las que caminar no es posible para ir a correr a las cintas de un gimnasio de pago, podría escucharse en el hilo radiofónico.

Entre los días 13 y 19 de febrero, tendrá lugar el proceso de votación sobre la remodelación de Gran Vía y Plaza de España, es una oportunidad para esa audacia, para intervenir en el planeamiento de la ciudad sobre la especificidad de dos espacios centrales en Madrid. No se conocen, hasta la fecha, proyectos de apertura democrática sobre la base del diseño urbano tan ambiciosos como este, por lo que es un buen momento para plantear estas y otras cuestiones.

Tenemos la tarea de empezar a repensar los espacios urbanos, como espacios donde se desarrolla la vida y priorizar la intervención gubernamental bajo este paradigma. Esto sin duda, significará cambios en lo inmediato, en lo cotidiano.

El turismo es un fenómeno en alza desde hace décadas. En el mundo hemos pasado de 25 millones de turistas en el año 1950, a 1087 millones en 2013. Con unas previsiones que ascienden a unos 1.800 millones para 2030. En algo más de 60 años el tránsito de turistas se ha incrementado en un 4.284% [“La ciudad negocio. Turismo y movilización social en pugna” de China C. Cabrerizo, 2016. Cisma Editorial]. Si ponemos en relación determinados sucesos históricos como el aumento en los precios del petróleo, el atentado contra las Torres Gemelas o crisis sanitarias como la gripe aviar, observaremos que tienen un impacto y duración muy limitada. Los mayores impactos los observamos sobre patrones geográficos, esto es, no desciende significativamente el número de turistas, sino que se modifican los destinos. Pero incluso estos cambios son limitados en el tiempo, no suponiendo una alteración definitiva sobre un territorio.

En nuestro país, en la actualidad el tránsito turista se ha visto incrementado debido a los conflictos en los países del Mediterráneo, así como los atentados en Francia. El número de turistas ha crecido un 4,95 %, llegando a 68 millones de pernoctaciones. En Madrid cada año batimos récord de visitantes y pernoctaciones, en 2015 fueron 8,9 millones de visitantes según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE y seguimos creciendo en torno al 6% anual.

Limitar el incremento del turismo a través de regulaciones de ámbito municipal no parece una opción viable dado que sus causas son profundas y tienen un carácter global. En cierto sentido, estamos hablando del derecho a la libre circulación de las personas que en una de sus manifestaciones lo es también para las turistas. La incorporación de muchos millones de personas al fenómeno turístico ha venido para quedarse. Dicho esto, defenderemos como necesaria la intervención pública sobre el turismo: desde enfoques urbanísticos y ecológicos, operando sobre las consecuencias para la ciudad en términos de ocupación y explotación del territorio urbano, así como en el impacto y la transformación en las dinámicas de los lugares, patrones de ocio y de consumo, etc…

Primera consecuencia: la burbuja en los precios de alquiler en las grandes capitales, especialmente en los centros de las ciudades. Tomaremos como referencia los casos de Madrid y Barcelona aunque encontraremos situaciones análogas en ciudades como Ámsterdam, París, Nueva York, San Francisco... Los precios de alquiler de ambas ciudades se encuentran en la actualidad en máximos históricos, ya por encima de la época del boom inmobiliario [Para una información más detallada se puede consultar el último informe elaborado por Idealista.es del cual se extraen los datos], elaborado por Idealista.es con fuertes diferencias entre barrios, siendo en los del centro el incremento de precios mucho más acusado. En Barcelona, el precio por m² es de 17,4 € (18,5% más que doce meses antes) y el de Madrid es de 13,8 € (un 14,6% de crecimiento anual).

Este fuerte aumento responde a diversos factores. Para empezar, ante un mercado tan estrecho, con falta de oferta, cualquier incremento de la demanda produce fuertes efectos sobre los precios. El aumento de la precariedad vital, en términos de salarios y derechos laborales, condiciona la capacidad de acceso a una vivienda en propiedad para grandes capas de la sociedad, al imposibilitar el acceso al crédito hipotecario. Otra dimensión de la precariedad es el arraigo sobre el territorio: la hipermovilidad en el mercado laboral y la falta de oportunidades en determinados territorios, conlleva una transformación en la formación de los hogares. Hogares con más incertidumbre y lazos menos estables sobre el lugar concreto suponen un aumento del alquiler como patrón de acceso a la vivienda.

Dicho esto, consideramos que determinados regímenes de tenencia o acceso, como el alquiler frente a la compra, pueden ser deseables. Sobre todo si detrás de ese cambio se encuentran diferentes intervenciones públicas sobre el mercado inmobiliario. Cada vez se hace más necesario ampliar sustancialmente el parque residencial público en alquiler y otras modalidades de acceso a la vivienda de carácter cooperativo.

El número de hipotecas firmadas confirma estas tendencias. A pesar de que está creciendo desde hace 25 meses, según el INE, lo hace desde totales muy bajos. En base a estos mismos datos, en 2015 se firmaron 244. 827 hipotecas sobre viviendas. En el año en el que la burbuja inmobiliaria comenzó a desinflarse, el 2006, fueron 1.768.198. Si no hay cambios drásticos en la situación económica, la tendencia será al incremento de hipotecas aunque sin llegar a cifras de antes de la crisis.

El elemento más novedoso que influye directamente en la burbuja del alquiler en los centros de las ciudades es la silenciosa reconversión de hogares en apartamentos turísticos. La opacidad y la invisibilidad del fenómeno han permitido una implantación muy agresiva, saliendo a la luz cuando barrios enteros ya se habían visto transformados en grandes complejos de apartamentos turísticos. Sólo en Airbnb podíamos encontrar 19.000 anuncios en Barcelona este verano. Los distritos de l'Eixample y Ciutat Vella concentran más de la mitad de la oferta, siendo más de la mitad de ellas –además– viviendas enteras. Madrid no va a estar a salvo del fenómeno, en los próximos meses el Ayuntamiento presentará un estudio de impacto de las viviendas turísticas en el centro de la ciudad que –creemos– no se alejará mucho de las tendencias de Barcelona.

Para ser conscientes del papel que la invisibilidad ha jugado en su implantación, hagamos el ejercicio de imaginarnos lo que habría supuesto en términos de noticias, trámites administrativos, decisiones urbanísticas municipales y contestación social, el anuncio en algunos de los mencionados barrios de la transformación del número de viviendas en plazas hoteleras, en hoteles. Los trámites administrativos –informes, estudios, planes especiales, licencias, etc.– necesarios hubieran servido para modificar y limitar las propuestas. Además, la lógica contestación social también podría haber supuesto un impedimento y una limitación a este tipo de operaciones. La invisibilidad del fenómeno no sólo dificulta la capacidad de controlarlo sino que es una condición para que su crecimiento sea tan rápido.

La transformación de los barrios de los centros de las ciudades que opera tras la proliferación de los apartamentos turísticos, pone de manifiesto algo fundamental y es que la ciudad no son sólo los flujos, los mercados, sus calles o, en general, el espacio público. La ciudad está compuesta, en igual medida, por hogares que no pueden entenderse únicamente como una sucesión de espacios privados, inmutables y estáticos frente a lo que en la ciudad ocurre. Los hogares constituyen una dimensión central de lo urbano, en tanto que espacios donde la vida se desarrolla, pero también, y sobre todo, por su relación en las dinámicas de la ciudad. Este fenómeno, como decíamos, supone un ejemplo paradigmático de ello pues pone de manifiesto elementos fundamentales de los lugares que tienen que ver con la identidad y con un entramado de anclajes que generan sentidos fundamentales en la vida urbana.

La sustitución de una población arraigada en un territorio por otra flotante, transforma sustancialmente los barrios. Quien va a estar en una ciudad unos pocos días busca la localización, la existencia de tiendas donde abastecerse con horario comercial amplio, alternativas de ocio, restauración y bares... Al interior de los bloques su carácter temporal e intercambiable genera incomodidad y cierta sensación de inseguridad. Gente no conocida entrando y saliendo de las viviendas contiguas a la propia transforma esa percepción de intimidad, donde antes había un patio de vecinos ahora hay un hall de un hotel.

El incremento de viviendas de uso turístico lleva asociado cambios en el zócalo comercial de los barrios más afectados y un efecto rápido de expulsión al interno de los portales. Los patrones de vida de las poblaciones permanentes entran en contradicción con los ritmos más despreocupados de los turistas. La hostilidad del espacio, unido a la oportunidad económica de convertir tu vivienda en un apartamento turístico, retroalimentan el fenómeno.

El sociólogo Daniel Sorando y el arquitecto Álvaro Ardura llaman la atención sobre el proceso de sustitución de población, transformación productiva y apropiación de determinados espacios, que afecta sobre todo a los centros de las grandes ciudades y que conocemos como “gentrificación”. Un elemento fundamental que explica este fenómeno es la existencia de un parque inmobiliario deteriorado que hace más suculenta su rehabilitación, pues la diferencia de precio que se genera debido a su ubicación es muy elevada. Esa subida de precios acelerada es la que genera la expulsión de los anteriores habitantes, en favor de otros cuyas rentas y gustos culturales van modificando las dinámicas, negocios y precios del conjunto del barrio.

Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de sustitución de una población por otra la sustitución es de una población por una no-población permanente? ¿Es parte del mismo fenómeno o es otra alternativa capitalista a la propia gentrificación? Frente a procesos observados anteriormente, la actual dinámica puede estar expulsando población debido a una burbuja de precios de alquiler pero esta población no está siendo necesariamente sustituida por pobladores con mayor renta, quizá, sencillamente, está siendo sustituida por turismo.

En este punto llegamos a otra consecuencia: el despoblamiento. En Barcelona, Ciutat Vella ha perdido un 11% de sus habitantes en diez años de boom turístico, mientras la población de la ciudad se mantenía estable. El fenómeno de los apartamentos turísticos genera una dinámica que se retroalimenta así misma: cuántos más hay, más habrá. El aumento en los precios hace que para muchas personas los alquileres sean impagables y para los propietarios de vivienda residentes cada vez resulta más rentable reconvertirla en apartamento turístico y cambiar de barrio.

Así, los grandes inversores –incluidas las cadenas hoteleras– cada vez se van a ver más incentivados para entrar en este mercado. Además, los cambios en el zócalo comercial y los problemas de convivencia y de gestión del ocio nocturno incentivan el abandono del centro y la conversión de viviendas en plazas hoteleras.

La concentración es otra clave fundamental pues la ubicación prima frente a cualquier otra consideración. Pongamos por caso un apartamento de 30 m² en el barrio de Lavapiés. Mientras que reconvertido en apartamento turístico ese tamaño parece adecuado para una pareja durante un fin de semana, como hogar permanente resultaría pequeño, la rentabilidad en uno y en otro caso será muy distinta. Si no lo ordenamos, este fenómeno tendrá –ya está teniendo– más intensidad en barrios como el Raval o Lavapiés que en otros.

Entonces, ¿se puede influir de alguna manera en el fenómeno? ¿Qué papel juegan las administraciones? ¿Qué hay que regular?

En los últimos años la práctica totalidad de las grandes ciudades europeas han regulado, con mayor o menor fortuna, distintos aspectos del alquiler de viviendas turísticas. Nos encontramos desde enfoques que buscan nítidamente acabar con este tipo de alquileres hasta otros que buscan ordenarlo y establecer unos mínimos ingresos y controles fiscales.

En nuestra opinión, el papel de la regulación no debe ser otro que el de intentar garantizar que el número de hogares en los distritos centrales se mantenga estable y el mercado de vivienda en alquiler funcione con normalidad. Es decir, entender las viviendas como derecho fundamental, que sigan cumpliendo la función de vivienda y no pasen a ser plazas hoteleras por la puerta de atrás. Debe además evitar la acumulación de viviendas dedicadas a esta actividad en ciertas zonas, buscando una mejor distribución por la ciudad, evitando subidas artificiales en los precios de alquiler en algunos barrios que pueden llevar a la expulsión de buena parte de las vecinas y vecinos y al despoblamiento.

Para eso podemos establecer cuatro líneas de intervención o buscar una combinación de las cuatro:

 — Establecer un número máximo de días anuales en los que una vivienda se puede alquilar con fines turísticos. Ámsterdam sitúa el máximo en 60 días, por encima de esto el negocio debe registrarse como un Bed & Breakfast.

— Establecer una duración mínima para cualquier tipo de alquiler residencial. Nueva York ha situado el mínimo en 30 días y con su nueva regulación parece buscar un mayor grado de cumplimiento.

— 'Zonificar' la ciudad y establecer restricciones en los espacios más colmatados. Quizá este tipo de enfoque sea el más interesante para una ciudad como Madrid.

— Desincentivar fiscalmente la actividad. Acordar con las plataformas comercializadoras el cobro de tasa turística municipal –como en la práctica totalidad de capitales europeas– y compartir los datos fiscales con la Agencia Tributaria.

Nuestra ciudad no puede aplazar más tiempo este debate. Nos encontramos ante un fenómeno de crecimiento exponencial que puede echar por tierra cualquier otra política pública de vivienda, sobre todo en algunos barrios. Debemos enfrentarlo desde enfoques situados en cada realidad específica, para ser capaces de articular una inteligencia social que genere respuestas concretas. El peor escenario sería abordarlo desde grandes discursos que tal vez puedan reconfortarnos, pero que no permiten desplegar estrategias que vayan recuperando la ciudad.

Sara Porras Sánchez. Politóloga, investigadora en temas urbanos

Jorge García Castaño. Concejal de Centro y Chamberí en el Ayuntamiento de Madrid

Las calles de más de cuarenta ciudades se llenaron de vida y de alegría en lo que fueron multitudinarias manifestaciones por el derecho al aborto libre. En la ciudad de Madrid tuvo lugar la más populosa de todas ellas, alternando reivindicación y festejos por lo que ha sido una de las mayores victorias de los movimientos sociales: la dimisión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y la retirada del anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada.

Había muchos motivos para celebrar, tras más de dos años sosteniendo un pulso con el Partido Popular, los movimientos feministas consiguieron provocar la mayor crisis del Gobierno hasta la fecha. En el país de los desahucios y las reformas laborales, de las privatizaciones sanitarias y los colegios segregados, la lucha de las mujeres ha abierto una brecha difícil de superar, poniendo sobre la mesa la potencia de estos movimientos y su participación indispensable en cualquier proceso de transformación que pretenda ser victorioso.

No obstante es necesario analizar la situación con frialdad para evitar caer en la confusión de que la batalla ha terminado. Si bien es cierto que la propuesta del ya exministro ha sido retirada, aún estamos pendientes de la resolución del recurso presentado por el Partido Popular al Tribunal Constitucional en el año 2010. Dicho recurso ha estado paralizado a expensas del desenlace del anteproyecto y, una vez desechado, cabe la posibilidad de que el gobierno pretenda aprobar por la puerta de atrás y por vía judicial lo que no han conseguido políticamente.

El magistrado encargado de la ponencia base es el miembro del Opus Dei Andrés Ollero, conocido por sus posiciones radicales frente al aborto y al matrimonio homosexual. No es de extrañar que el Partido Popular no vea incompatibilidad en que dicho magistrado participe en la causa, como tampoco vieron incompatibilidades en la financiación ilegal de su propio partido destapada por la trama Bárcenas, entre otras. Desde el punto de vista ético el magistrado debería haberse abstenido por la existencia de un evidente conflicto de intereses, pues el que fuera diputado durante 17 años del Partido Popular ha hecho de la prohibición del aborto una quimera personal.

¿Qué justicia cabe esperar en este asunto cuando el encargado de la ponencia pertenece al grupo ultrareligioso del Opus Dei? Lejos de preocupaciones infundadas hay que recordar una de sus declaraciones a este respecto en las que hace pocos meses afirmaba: “Si no hay ley, habrá sentencia”.

Es indispensable, desde este punto de vista, continuar movilizándonos, demostrar a aquellos que nos gobiernan que no vamos a permitir ningún retroceso en esta materia. No es un asunto de limitación de nuestras libertades –que lo es– , ni es tampoco un problema de negación de la autonomía de las mujeres para decidir sobre nuestras propias vidas –que también–. La existencia de un marco legal que garantice la interrupción del embarazo de manera segura es un problema de salud pública, como así lo denuncian diversos organismos internacionales, entre otros la OMS. La terrible realidad es que allí donde no se garantiza este derecho las mujeres ponen su vida en riesgo, 80.000 vidas al año se pierden por este motivo, según este mismo organismo.

El problema real, aquél sobre el que los poderes públicos deben intervenir, es en la reducción de los embarazos no deseados. La interrupción de los mismos es una medida de urgencia frente a esa situación de partida. Por eso es indispensable la educación sexual o garantizar el acceso a anticonceptivos. Por ello debemos trabajar para erradicar la violencia machista que entiende los cuerpos de las mujeres como objetos de los que disfrutar. Prohibir o dificultar el acceso a estas intervenciones no hará que se reduzcan, el único efecto será obligar a las mujeres a arriesgar su integridad física, por no hablar de las condiciones de clandestinidad en la que deban hacerlo.

Garantizar el aborto como un derecho es por tanto un problema del conjunto de la sociedad y se trata de decidir si queremos vivir bajo un sistema que garantice que todas las personas tendremos derecho a una atención sanitaria de calidad o si por el contrario estamos dispuestas a asumir que aquellas que tengan recursos asegurarán el mejor de los servicios y aquellas que no los tengan arriesgarán su salud. 80.000 vidas son demasiadas, no podemos tolerar que nuestro país se sume a esa terrible lista negra.

No podemos parar en nuestra reivindicación y desde aquí hago un llamamiento a los otros 11 magistrados que hace apenas una semana rechazaron el recurso interpuesto por UPN y el PP en relación al registro de los médicos objetores. No sólo está en juego la salud de las mujeres, también está en juego la credibilidad de nuestro sistema judicial. Las mujeres seguiremos movilizadas y volvemos a repetir que, frente a leyes injustas que violan los derechos humanos nuestro deber es desobedecer.