“El acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna”. El Parlamento Europeo aprobó en enero una resolución que analiza las dificultades que existen para acceder a una vivienda digna y propone a los Estados medidas para atajarlas. Desde el inicio, el texto deja claro que “las autoridades nacionales, regionales y locales tienen la obligación de definir su propia política de vivienda y adoptar las medidas necesarias para garantizar que este derecho fundamental se respete en sus mercados de vivienda”.

En la teoría, la vivienda es un derecho reconocido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). En la práctica, la especulación y la precariedad impiden que amplios sectores de la población puedan ejercerlo: jóvenes, familias monomarentales, trabajadores y trabajadoras pobres (tener empleo ya no garantiza salir de la pobreza)… La resolución salió adelante con el voto en contra de la extrema derecha y la abstención de la derecha, y aunque no va todo lo lejos que nos gustaría, tiene muchos elementos positivos.

El texto pide que la vivienda sea reconocida como “un servicio social de interés general”; fija el objetivo de acabar con el sinhogarismo para 2030 (una situación que ha crecido un 70% en Europa en la última década); demanda una acción a escala europea para establecer moratorias contra los cortes de calefacción en invierno y para luchar contra la pobreza energética. Además, insta a los Estados a establecer “normativas de alquiler claras” y “medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas”.

Sobre la actividad de los fondos buitre, el Parlamento “observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano”. Y denuncia que “el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, y puede tener un impacto negativo en la habitabilidad de centros urbanos y turísticos”, por lo que pide acciones para “evitar la turistización”.

Lamentablemente, las familias políticas de Ciudadanos, PP y Vox se han alineado para sacar del texto otras demandas relevantes: votaron en contra de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y de pedir expresamente a los Estados medidas legislativas para frenar la especulación inmobiliaria. Los liberales han presumido en las últimas semanas de que el Parlamento no ha pedido regular el precio de los alquileres 'gracias' a que lograron eliminar esa frase de la resolución final. Sí, como lo leen: están orgullosos de impedir que las administraciones puedan “corregir el alquiler cuando sea necesario para facilitar una vivienda asequible para todos”. Menudo retrato de los voceros de los grandes propietarios.

En cualquier caso, ¿es cierto que la Eurocámara “rechaza” regular el precio de los alquileres? Para llegar a esa conclusión hay que hacer una lectura muy maniquea del texto aprobado. Aunque ningún artículo pide palabra por palabra esa medida, la resolución señala que “no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado” para garantizar el acceso a una vivienda asequible para todos significaría que los Estados “incumplen sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda”. Con o sin mención expresa a la regulación de precios, el espíritu de la resolución es bastante claro.

Emergencia social en pandemia

En la Unión Europea, 80 millones de personas tienen dificultades para pagar su vivienda y casi el 10% de la población destina, al menos, el 40% de sus ingresos para ello. Esta sobrecarga es mayor entre las personas en riesgo de pobreza y los hogares con bajos ingresos. Los datos hablan también de precaridad juvenil: el 28% de los jóvenes no puede independizarse. La falta de una vivienda digna a un precio asequible es una pieza crítica de la emergencia social que viven muchas familias en España y en Europa. Nuestro país ha sido durante décadas el paraíso del ladrillo, y la crisis de 2008 tuvo consecuencias desgarradoras en ese modelo. Los desahucios son un trauma social persistente desde entonces.

Por supuesto, no se puede abordar la cuestión del acceso a la vivienda atendiendo únicamente al precio del suelo o del alquiler: hay que poner el foco en las condiciones de vida de las personas. La precariedad laboral, los bajos salarios, la conciliación imposible… En fin, la ausencia de estabilidad para proyectar una vida. Todos estos factores se suman a los recortes de derechos y de servicios públicos que sufrió nuestro país a partir de 2010. La urgencia social se ha agravado con la Covid-19, pero el problema viene de lejos. El escudo social activado por el Gobierno de coalición para amortiguar el impacto inmediato de la pandemia (suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, prohibición de cortes de suministro a personas vulnerables, moratoria de hipotecas…) debe completarse ahora con iniciativas a largo plazo. Y esto hay que decirlo claro: si Unidas Podemos no hubiese estado en el Gobierno, la protección social no habría sido la misma.

La emergencia sanitaria ha puesto encima de la mesa algo el movimiento popular viene denunciando desde hace tiempo: que la vivienda es un elemento fundamental para la salud pública. En un momento de emergencia sanitaria como este nadie puede quedarse en la calle. Por eso, el Ejecutivo ya ha empezado a legislar, en línea con las recomendaciones europeas, con normas como el Real Decreto antidesahucios aprobado el 22 de diciembre. En Unidas Podemos tenemos claro que el Gobierno debe estar al servicio de la mayoría social y seguir avanzando en la garantía de derechos. Este Real Decreto debe ser un primer paso para blindar, de una vez por todas, el derecho a la vivienda en nuestro país.

Sin embargo, aunque se trata de una medida fundamental para miles de familias y una victoria para el movimiento popular, el derecho a la vivienda no puede depender de una situación excepcional como esta pandemia. Nuestro país ha firmado tratados internacionales de obligado cumplimiento en esta materia que hoy por hoy se vulneran. A partir de ahora, todos nuestros esfuerzos estará puestos en la próxima Ley de Vivienda, para hacer de ella un verdadero derecho social y no un mero activo especulativo, como denuncia el propio Parlamento. Conviene recordar también el fracaso absoluto de la gestión privada del patrimonio inmobiliario resultante de la crisis y la entrega a precio de saldo a los fondos buitre. Debemos empujar hasta conseguir que los grandes tenedores estén obligados a dedicar una parte de sus viviendas al alquiler social, y prohibir permanentemente los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables.

Aunque la Unión Europea no tiene un mandato directo en materia de vivienda, las políticas impulsadas desde ella –ayudas estatales, normas fiscales y programas e instrumentos de financiación– tienen un gran impacto en el mercado inmobiliario. Aún le queda un largo camino por recorrer, pero la resolución aprobada en enero es un primer paso. Europa debe entender que sin el Pilar Social que durante tanto tiempo ha abandonado no puede seguir avanzando. Ahora es el turno de los Estados. En España, la Constitución Española establece en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y la futura y tan necesitada Ley de Vivienda debe garantizarlo. Son muchos los retos que tiene: asegurar alquileres asequibles, acabar con la especulación y con el negocio de quienes se lucran con la posibilidad de tener un hogar. Es hora de asegurar la dignidad de un techo para todos. La dignidad de todos los techos.

La última modificación del procedimiento de ejecución hipoecaria realizada por el Gobierno lejos de mejorar la situación la agrava y para más inri les invita a ustedes, Señorías, a prevaricar

Acaben de una vez con los procedimientos de ejecución hipotecaria porque son ilegales y no respetan las mínimas garantías

Estimadas Señorías:

El 17 de julio de 2014 la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “Sanchez Morcillo contra BBVA” declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). El artículo 47 de la CDFUE se corresponde con artículo 24 de la Constitución Española. Traducido al lenguaje de los mortales: el TJUE dice que se ha violado el derecho a un juicio justo. En la medida, en que esa vulneración es fruto de la aplicación reiterada de una norma del Estado por parte de sus tribunales podemos afirmar que se han violado los derechos humanos de forma sistemática.

No se les escapa a Sus Señorías que esto no es nuevo. La citada Sentencia del TJUE no es la primera: el 14 de marzo de 2013 fue dictada la Sentencia del caso “Aziz contra Caixa Catalunya”, que declaraba incompatible las ejecuciones hipotecarias en España con la Directiva 93/13 en materia de consumidores, por no contemplar recurso efectivo de defensa del deudor y por no garantizar el control del juez del contenido del contrato. El préstamo hipotecario que se ejecuta es un contrato en el que la entidad financiera impone las condiciones. Entre otras, en las hipotecas, los bancos impusieron la responsabilidad universal recogida en el artículo 105 de la Ley Hipotecaria. Esto supone que el deudor responde no solamente con su vivienda sino con el conjunto de sus bienes presentes y futuros. Por tanto, en caso de ejecución se podría condenar al deudor a una deuda perpetua. La posición dominante de la banca impidió la posibilidad de utilizar la responsabilidad limitada a la vivienda hipotecada, que recoge el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.

Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la legislación europea con afectación a los derechos fundamentales de las personas que quedan en una situación de especial vulnerabilidad como resultado de procedimientos judiciales ilegales.

En nuestro país, el tribunal encargado de la protección de los derechos fundamentales frente a los abusos de jueces y legisladores es el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, en la materia a la que nos referimos, lejos de proteger los intereses de los ciudadanos frente a las entidades financieras, el Alto Tribunal se ha convertido en la vergüenza internacional declarando mediante el Auto 113/2001, de 19 de julio, que “al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentánea disminuida”. El Tribunal Constitucional, más que un Tribunal de Garantías con semejante afirmación, parece el tribunal de un régimen de excepción que necesita asegurar los privilegios de las entidades financieras al precio que sea. Uno de los elementos más básicos que configura un Estado de Derecho es el reconocimiento del derecho a un juicio justo sin que, por supuesto, se pueda ver diminuido por firmar un contrato de hipoteca con una corporación financiera que participa del control de acceso al derecho a la vivienda.

El Gobierno del PP aprobó el 5 de octubre de 2014 el Real Decreto-Ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal. Escondida en su Disposición final tercera y Disposición transitoria cuarta, se encuentra la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según se recoge en su exposición de motivos, “para adaptarla a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. Con ello, el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución”.

A los ojos de los legos, o personas no familiarizadas con el derecho, pudiera pasar inadvertida una modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria si no fuera por los más de medio millón de procesos seguidos ante los juzgados en España desde 2008 y la lucha incansable de las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca (PAH) que han convertido las ejecuciones hipotecarias masivas en un grave conflicto social en el que se denuncia que en los juzgados de todo el país se han violado los derechos humanos.

La modificación realizada por el Gobierno lejos de mejorar la situación la agrava y para más inri les invita a ustedes, Señorías, a prevaricar.

Vaya por delante que todos conocemos que las Sentencias del Tribunal de Luxemburgo son de obligado cumplimento por parte de los juzgados y tribunales del Reino de España. Que la Sentencia Simmenthal del TJUE de 1978 obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar las leyes contrarias al derecho europeo y que en caso de duda en su aplicación el tribunal nacional planteará cuestión prejudicial ante el TJUE.

Asimismo y como bien saben, ante la duda de que una norma aplicable por ustedes en un procedimiento judicial pueda violar el articulo 24 de la Constitución en vigor deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros el 5 de septiembre de 2014 dice que existe un mes para presentar recurso de apelación, sirviendo como notificación la publicación en el BOE. De esta forma, el Gobierno despacha a las personas que han sufrido una violación del derecho a un juicio justo. Por si no fuera suficiente, las personas que fruto de la mencionada violación hubiesen perdido su vivienda y hubiesen visto vulnerado su derecho la inviolabilidad del domicilio, al ser desahuciados se encontrarán a su vez privados de su derecho a recurrir.

El Gobierno una vez más sale al rescate de las entidades financieras pisoteando los derechos de las personas que firmaron préstamos hipotecarios, la mayoría, para acceder al derecho a la vivienda.

Echando las cuentas, el ocho de octubre supuestamente se cierra la puerta y ustedes serán los encargados de decirlo. Pero una vez más debemos decir lo evidente: el emperador está desnudo. La norma aprobada por el Gobierno es ilegal y viola derechos fundamentales.

Como sabe, cualquier alumno de derecho constitucional, una resolución judicial que viole el articulo 24 de la Constitución o el 47 de la CDFUE es nula de pleno de derecho. El juez que tenga conocimiento que una de sus resoluciones viola un derecho fundamental, tiene la obligación de declararla nula de oficio de acuerdo al artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario que sea alegado por el justiciable.

La gente afectada por las ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca y otros colectivos sociales. La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera.

La pelota está botando al pie de la judicatura. La inmensa mayoría de la población desea el fin de la locura de las ejecuciones hipotecarias masivas. Ustedes lo saben y está en su mano hacer justicia.

Acaben de una vez con los procedimientos de ejecución hipotecaria porque son ilegales y no respetan las mínimas garantías. Acaben con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque suponen un trato inhumano y degradante cuando además amparan el acaparamiento de viviendas vacías en manos de las entidades financieras y los fondos buitre. Acaben con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios porque son ilegítimas y suponen una condena a la pobreza y la exclusión social. Persigan, juzguen y castiguen a los estafadores, a quienes introdujeron miles de productos financieros tóxicos, como los préstamos hipotecarios aprovechando su control sobre el mercado de la vivienda.

Pero por encima de todo, si me permiten que les pida algo: no prevariquen, aunque se lo pida el Gobierno. No apliquen el Real Decreto-Ley. Cesen la violación de derechos humanos. Háganse dignos del respeto de su pueblo.