Que las mujeres que están en la industria del sexo ‘trabajan’ con su cuerpo no cabe ninguna duda. Que su sexualidad es su herramienta de trabajo es indudable. Que sacan poco dinero de esa actividad y que son sobreexplotadas económica y sexualmente es incuestionable. Que los proxenetas –o empresarios del sexo, como ellos mismos desean autodenominarse para blanquear su actividad criminal– extraen mucho dinero de los cuerpos de las mujeres no puede dudarse. Entonces la cuestión es esta: si las mujeres que están en prostitución ganan un ‘salario’ de pobreza con su cuerpo ¿por qué no considerar trabajo a esa actividad? ¿Por qué no regular la prostitución y articular alrededor de esta actividad asociaciones sindicales?

El primer argumento sin el que sería imposible entender la propuesta política abolicionista de la prostitución es que no toda actividad a través de la que se obtiene beneficios debe ser considerada un trabajo. Millones de niños y niñas trabajan por salarios de pobreza en el mundo. ¿Hay que pedir sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo o hay que abolir el trabajo infantil? En estos momentos se estima que existen algo más de 30 millones de personas que trabajan en condiciones de esclavitud en nuestro planeta. ¿Hay que acabar con esa organización económica o humanizar las condiciones de existencia de las personas esclavizadas?

El segundo argumento pone el foco en la radical objetualización de los cuerpos de las mujeres en la industria del sexo. Tiene que ver con la deshumanización a la que están sometidas las mujeres en prostitución por puteros y proxenetas. Tiene que ver con la ‘extinción del yo’ que les exige la industria y los consumidores. Y tiene que ver con la renuncia de sus deseos en beneficio de los masculinos. Los deseos de las mujeres en prostitución no cuentan; solo es relevante dar cumplida satisfacción a los deseos de los varones. La prostitución socava la subjetividad de las mujeres y las convierte en medios para el deseo masculino. ¿Se debe considerar un trabajo la institucionalización de la satisfacción sexual masculina?

El tercer argumento persigue irracionalizar la idea de que es lo mismo trabajar en el servicio doméstico que en la prostitución. Amelia Tiganus lo dice muy bien: no es lo mismo vender un producto a que tu propio cuerpo sea el producto.  Una cosa es que con el cuerpo hagamos un trabajo y otra muy distinta a que nuestro cuerpo sea el lugar de trabajo. No es lo mismo: el servicio doméstico es un espacio de explotación económica, pero la prostitución es un espacio de explotación económica y de explotación sexual. Es un lugar de dolor infinito para las mujeres prostituidas. La prostitución, tal y como señala Ingeborg Kraus, destroza su salud: todas ellas tienen dolores abdominales permanentes, gastritis e infecciones frecuentes, no solo vaginales y bucales; muchas de ellas padecen enfermedades de transmisión sexual e intentan silenciar el trauma psicológico con alcohol y fármacos. ¿Se debe considerar un trabajo la conversión de la sexualidad de las mujeres en mercancías?

El cuarto argumento intenta explicar un hecho ampliamente investigado: las mujeres en situación de prostitución son receptoras de violencia por parte de los consumidores de sexo. Se ha observado que una parte significativa de los puteros erotizan la violencia sexual en la prostitución. En aquellos países en los que se ha reglamentado la prostitución, por ejemplo, Alemania u Holanda, han crecido las prácticas sexuales violentas de los demandantes. ¿De qué forma se puede eliminar la impunidad de la violencia sexual en la prostitución cuando en realidad es parte constitutiva de esa institución? ¿Se puede considerar trabajo una actividad que incluye prácticas sexuales violentas?

El quinto argumento explora una realidad: quién consume sexo y quiénes son ofrecidas como producto para ser consumidas. No es una casualidad que los puteros sean varones y las prostituidas sean mujeres. La prostitución es una institución fundacional del patriarcado y hace legible una poderosa estructura social en la que los varones tienen una posición de poder y las mujeres una posición de subordinación. Por eso ellos consumen y ellas son objeto de consumo. Por eso ellos persiguen sus deseos y ellas renuncian a los suyos para poder sobrevivir a la pobreza y a la falta de recursos que marcan su vida. ¿Se puede considerar trabajo que un grupo de mujeres sea un objeto de consumo para una parte de la población masculina: los puteros?

El objetivo de este artículo no es explicar que el crecimiento de la prostitución es necesario para los procesos de acumulación capitalista ni que es una de las modalidades de economía criminal que operan como estrategias de desarrollo en ciertas zonas del mundo. Ni tampoco que la sindicación de las mujeres en prostitución interesa sobre todo a los propietarios de la industria del sexo que así adquieren legitimación social y seguridad jurídica. Tampoco es intención de este artículo explicar por qué un sector de la izquierda no conceptualiza la prostitución como un proceso capitalista y patriarcal de privatización de los cuerpos de las mujeres. Solo he creído necesario hacernos algunas preguntas: ¿Debe ser considerado trabajo una fellatio? ¿Y tragarse el esperma, la penetración anal con puño, la penetración doble, el sexo en grupo o la eyaculación en la cara de la mujer prostituida?

Las sociedades definen en cada momento histórico lo que es lícito como trabajo y lo que no lo es. En el siglo XIX, en EE UU, sectores importantes de la población consideraban que la esclavitud era moralmente aceptable hasta que se decidió que era inadmisible porque devaluaba la propia definición de lo que es humano. En el siglo XXI debemos decidir si nuestras sociedades amparan la esclavitud sexual o deciden abolirla. Y esta decisión marcará la calidad de la democracia y el respeto y la posición que las mujeres tendrán en las sociedades democráticas. La regulación o la abolición de la prostitución será un capítulo fundamental del libro de los derechos humanos. La prostitución solo puede ser entendida como un asunto político que socava la igualdad y debilita la democracia. Las políticas que se hagan sobre la prostitución serán un indicativo de la calidad de nuestros sistemas políticos y del control que tienen sobre el mercado.

La violencia contra las mujeres es un hecho social global. Nuevas formas de violencia se añaden a las de siempre, y unas y otras se suceden dolorosamente en todas las regiones del mundo. Desde las violencias más aparentemente inocuas hasta los brutales asesinatos, las sociedades patriarcales han creado una cadena de violencias en la que todas las mujeres sin excepción estamos atrapadas. No es bastante con tener cuidado, ni siquiera basta saber que la violencia forma parte de la vida de las mujeres. Estas violencias tienen un carácter sistémico, anidan en las entrañas de las sociedades patriarcales, beben de la desigualdad y se alimentan de esa ideología de la inferioridad de las mujeres que está inscrita en la mente de muchos varones. No se puede separar la violencia patriarcal de la masculinidad hegemónica. Los hombres son socializados en un modelo de masculinidad en el que el dominio es un componente fundamental de su educación. A veces, incluso, a pesar de ellos mismos.

Cada ocho horas una mujer es violada en España; dos millones y medio de mujeres sufren violencia en la pareja; y un millón y medio padece violencia sexual fuera de la pareja. El colofón a semejante horror es el asesinato de cinco menores y 32 mujeres en nuestro país en lo que va de año, según el cálculo realizado por la feminista Herme Castro (superior a las cifras oficiales aportadas por el Gobierno).

Con esas cifras parecería que el Gobierno debería tener como objetivo político prioritario combatir la violencia machista. Sin embargo, no es así. A la hora de la verdad, a la hora de destinar recursos para frenar y desactivar esa violencia, el Gobierno del PP ha decidido de facto no apoyar ese pacto de Estado. La cantidad de dinero destinada a cubrir las necesidades que genera la violencia contra las mujeres es irrisoria: solo el 0,0001% de los gastos del Proyecto de Presupuestos del Estado para 2017, es decir, casi un 11% menos que en 2011. En otros términos: solo 6,9 euros al año se destinan a cada mujer que sufre violencia.

¿Dónde están los recursos para la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación? ¿Dónde están los recursos para prevenir y atender la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul? ¿Dónde están los recursos para mejorar la respuesta judicial y cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales?

Acabar con la violencia patriarcal requiere políticas públicas de igualdad, tanto para la prevención como para la atención y protección de las mujeres agredidas. La educación es un dispositivo fundamental para desactivar esa masculinidad hegemónica tan hondamente arraigada en las sociedades patriarcales. Por eso son necesarias políticas públicas de igualdad en las aulas y por eso es más necesario que nunca llevar la coeducación a los centros escolares.

Además, ni las políticas de prevención ni las de atención pueden estar dirigidas por políticos inexpertos y en algunos casos incluso por quienes no tienen conciencia de la desigualdad. Tanto en el diseño como en la ejecución de estas políticas debe ser escuchada la voz del feminismo. Las mujeres feministas fueron las primeras que atendieron a mujeres maltratadas, las que enseñan en los cursos sobre violencia machista, las que detentan el conocimiento sobre este gravísimo fenómeno social y en muchas ocasiones las que primero reciben a las mujeres maltratadas. Dejar fuera de las políticas sobre violencia machista a las feministas es tan irracional como diseñar políticas sobre sostenibilidad y medio ambiente al margen del movimiento ecologista.

El movimiento feminista ha identificado el problema, lo ha colocado en la opinión pública y ha luchado para detener esta tragedia. Ha movilizado a cientos de miles de personas y ha presionado a los partidos políticos para que entiendan que la violencia es tan sistemática y persistente que debe ser considerada un asunto de Estado. Todos los partidos se han mostrado de acuerdo en hacer de ello un asunto de Estado. Sin embargo, el Gobierno del PP no acaba de entender el significado de la violencia patriarcal. Asumir que la violencia contra las mujeres debe ser objeto de un pacto de Estado requiere recursos y voluntad política para comenzar a resolverlo, pero el PP no parece estar dispuesto a casi nada.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado en una plaza de la ciudad una escultura como homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista. Sin embargo, las buenas intenciones del ayuntamiento se han frustrado porque la escultura –una mujer arrodillada– en realidad representa la imagen de una mujer vencida y arrasada por el dolor. El movimiento feminista de Zaragoza ha protestado por el significado simbólico que entraña esa imagen.

En efecto, los sectores de población discriminados –las feministas lo hemos dicho una y otra vez– necesitan representaciones que pongan de manifiesto su opresión. La sociedad debe entender la compleja situación de las mujeres: en una gran parte del mundo viven sin derechos y expuestas a múltiples violencias diarias; y en otras, como en Occidente, tienen los derechos formales, pero no los materiales. Y también son objeto de la violencia masculina. Desde el punto de vista formal, tienen el derecho a ejercer los derechos de los que son titulares, pero en la práctica existe un conjunto de mecanismos simbólicos y materiales que hacen imposible el ejercicio de esos derechos. La inacabable cadena de agresiones cotidianas, que en algunos casos acaban en asesinatos, es una muestra rotunda de que las mujeres viven en condiciones de desigualdad y de violencia.

Para decirlo de otra forma, las mujeres son algo más de la mitad de la población y están sometidas a estructuras que las subordinan y oprimen, aunque no a todas de la misma forma. La pertenencia racial, cultural, sexual o de clase introduce elementos que potencian la opresión. Sin embargo, las mujeres, además de vivir desigualdades y violencias, también luchan por desactivarlas. La otra cara de la opresión es la emancipación. Las mujeres han luchado por derechos y se han convertido en un sujeto político de liberación. El feminismo es básicamente eso: un movimiento social y una tradición intelectual que desde hace tres siglos lucha para que las mujeres sean consideradas seres humanos con los mismos derechos y libertades que tienen los varones.

En consonancia con esta idea, es necesario mostrar los múltiples rostros de la opresión, pero también hay que destacar los de la emancipación. Las mujeres no son seres pasivos que aceptan con fatalidad un destino que no han elegido. No están vencidas. No son solo víctimas. También luchan y participan en la vida política y económica.

Las mujeres se han organizado colectivamente para defender sus derechos, colaboran con otras organizaciones y partidos no feministas, militan en partidos y sindicatos, sacan adelante a sus familias, investigan en la universidad, trabajan en maquilas, fábricas u oficinas, algunas ocupan puestos muy cualificados… Han movilizado a grandes sectores de la sociedad para que no se recortase el derecho al aborto y para que se hagan políticas que acaben con la violencia patriarcal. El feminismo se ha convertido en un movimiento de masas, signo inequívoco de que las mujeres no se dejarán arrasar por el sufrimiento y el dolor de la violencia. Es un mensaje de que no están solas.

Precisamente por eso es necesario que las representaciones sobre violencia machista muestren a mujeres activas, luchadoras, que no aceptan resignadamente la humillación y la violencia. Es preciso enviar el mensaje de que las mujeres no están solas frente a la desigualdad y las agresiones. Se necesitan representaciones que nos empoderen y que sean reflejo de las luchas por cambiar las estructuras de desigualdad.

Hay muchas imágenes que pueden servir de inspiración para crear representaciones, pero para eso es necesario conocer la historia de las luchas de las mujeres: las marchas de las sufragistas reclamando el derecho al voto o las recientes movilizaciones de masas que se han hecho en España en estos últimos años. La emancipación se construye con luchas políticas pero también con luchas culturales que incluyen la creación de representaciones que muestren que las mujeres estamos oprimidas, pero no vencidas.

Más de medio millón de mujeres se manifestaron en Washington contra la misoginia, el racismo y la intolerancia que exhibe Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, como elemento central de su programa ideológico. No se recuerda otra manifestación de tal magnitud como la celebrada en la capital de Estados Unidos. Sin embargo, para comprender el significado político de esta movilización es preciso contextualizarla históricamente, mirando al pasado, pero también con la vista puesta en el futuro.

La Marcha de las Mujeres de Washington –replicada en otras ciudades con el resultado de un millón y medio de mujeres en las calles de muchos lugares del mundo- tiene precedentes y referentes ideológicos que no conviene olvidar. Se inscribe en la larga lucha de las mujeres por la conquista de la igualdad. Es un eslabón más en la genealogía de las luchas feministas por alcanzar derechos civiles y políticos vinculados a la libertad y a la igualdad.

En 1915 más de 20.000 mujeres desfilaron en Nueva York reclamando el derecho al sufragio; en los años setenta del siglo XX se celebraron decenas de manifestaciones en distintas ciudades del mundo reclamando derechos civiles y políticos; en 1997, en Filadelfia, miles y miles de mujeres afroamericanas se manifestaron exigiendo el fin de la discriminación racial; el 7 de noviembre de 2015 cientos de miles de mujeres reclamaron el fin de la violencia machista en las calles de Madrid. Y estos son solo ejemplos de un movimiento mucho más amplio. La lucha por el sufragio convirtió por primera vez al feminismo a comienzos del siglo XX en un movimiento de masas. En los años setenta, con el feminismo radical, por segunda vez en la historia, el feminismo vuelve a convertirse en un movimiento de masas. Y en el siglo XXI, el feminismo no solo se ha globalizado y extendido por todo el planeta sino que de nuevo ha reaparecido como un movimiento de masas. La Marcha de las Mujeres de Washington no ha surgido de la nada, tiene raíces que han ido creciendo a lo largo de siglos de lucha política y de muchos más de desigualdad.

Sin embargo, también conviene tener presente a propósito de esta marcha no solo la gran capacidad de convocatoria del movimiento feminista, sino también la lucidez política que ha mostrado al comprender que la lucha ideológica entre los sectores progresistas y ultraconservadores en Estados Unidos, y en el mundo, se comienza a librar sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.

No es una casualidad que la derecha ponga en el centro de su agenda política la lucha contra el aborto, que no es otra cosa que expropiar a las mujeres de la capacidad de decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. Lo vimos en España con Gallardón. Y lo volvemos a ver ahora con Trump. El programa de la derecha conservadora es restaurar los códigos patriarcales del pasado, encadenar a las mujeres en los estrechos límites de la familia patriarcal y de la maternidad más opresiva, privarlas de su capacidad de decidir. La lucidez del movimiento feminista ha sido decir 'no' en el momento más oportuno, avisar a los sectores conservadores de la sociedad estadounidense de que no van a permitir que se cuestionen los derechos conquistados. El mensaje ha sido claro: no hay marcha atrás.

Una vez más el feminismo ha estado a la altura de la historia, encabezando la lucha contra el proyecto reaccionario de la derecha más conservadora en Estados Unidos y poniendo de manifiesto la capacidad de aglutinar intereses de colectivos y minorías oprimidas, que no siempre han mostrado la misma solidaridad con las luchas feministas. La legitimidad política del feminismo cada día es más incuestionable. Y la izquierda no debe seguir tratando las vindicaciones feministas como una cuestión secundaria.

La violencia contra las mujeres fue convertida en objeto de investigación teórica y de práctica política por el feminismo radical en los años setenta. Si bien la violencia patriarcal ha estado presente como preocupación política en toda la historia del feminismo, será a partir de los años setenta del siglo pasado cuando este tema se convierta en una pieza fundamental de la agenda feminista. El feminismo radical puso la lupa en la familia patriarcal y descubrió que esa institución no era el mundo de amor y felicidad que nos habían contado sino que su interior albergaba abusos sexuales, violencia y explotación económica. La familia fue conceptualizada como la institución en la que se desarrollaban microsocialmente las relaciones de poder entre hombres y mujeres que después se reproducirían macrosocialmente en el espacio público y político. Desde ese momento, el movimiento feminista ha luchado ininterrumpidamente para que el estado asumiese que las vidas de las mujeres tienen valor. Y también para que la sociedad tomase conciencia de que la violencia patriarcal vulnera los derechos humanos de las mujeres y pone en cuestión la legitimidad de la democracia.

La violencia patriarcal está hondamente anclada en las estructuras materiales y simbólicas de cada sociedad. Niñas y niños, jóvenes adolescentes de ambos sexos, mujeres y hombres, reciben mandatos socializadores que están en la raíz de la violencia patriarcal. Estos mandatos socializadores están impregnados de una ideología de la superioridad masculina que desemboca en formas de control y violencia sobre las mujeres. De la misma forma, todas las estructuras materiales y todos los entramados institucionales esconden en su interior una poderosa jerarquía patriarcal que sitúa a los varones en una posición de poder.

El poderoso curriculum oculto de género en la escuela, la brecha salarial, el trabajo gratuito de las mujeres en el hogar o la expulsión de las mujeres de los espacios de decisión, recursos y poder muestra que las mujeres son consideradas en las sociedades patriarcales como el segundo sexo. Y en esta consideración se encuentra el origen de la violencia masculina. De modo que hay que identificar una violencia invisible, estructural, oculta, que ha sido conceptualizada como si formarse parte de un orden natural de las cosas y también una violencia más visible, imposible de negar, que es sobre la se articulan las leyes contra la violencia patriarcal. En otros términos, no puede haber cambios estructurales si no se aplican políticas en las dos direcciones.

La aplicación de la ley estatal –que no su intención original- se orienta más a penalizar al agresor y apoyar a una parte de las mujeres agredidas que a transformar las raíces de la violencia machista. Esta ley debe ser transformada por insuficiente, pues solo considera violencia machista la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. Y, sin embargo, también la calle, los centros de trabajo y educativos, las instituciones, las guerras, los procesos migratorios y los itinerarios que siguen las refugiadas se han convertido en ámbitos en los que las mujeres son objeto de la violencia masculina.

El movimiento feminista ha movilizado a cientos de miles de personas reclamando que el estado garantice una vida libre de violencia para las mujeres cómo también ha exigido que la sociedad no mire hacia otro lado frente al agresor. Las calles de Buenos Aires, México o India se llenaron de gente que reclamaba el fin de la violencia contra las mujeres. Hace un año, el 7 de noviembre, una multitud de mujeres y hombres procedentes de diversas ciudades españolas salieron a las calles de Madrid para decir basta a la violencia masculina.

Sin embargo, la política del PP es la de no escuchar y no actuar. A pesar de que la movilización del año pasado en Madrid ha convertido al feminismo español en un movimiento de masas y con una capacidad de movilización insólita, el gobierno español solo ha respondido con un minuto de silencio en el Parlamento y con una retahíla de consejos a las mujeres agredidas. Dicho de otra forma, ha rehusado poner encima de la mesa recursos para desactivar esta violencia y ha rechazado hacer políticas que transformen estructuralmente las condiciones de posibilidad de la violencia machista.

Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno no tenga una política sobre la violencia contra las mujeres. La tiene. La tiene cuando considera la violencia machista como un hecho no político, como un fenómeno individual vinculado a las condiciones personales de los agresores y cuando desplaza la responsabilidad colectiva sobre las mujeres. Es la vieja política patriarcal que consiste en despolitizar los hechos sociales que oprimen a las mujeres.

El curriculum oculto de género muestra que niños y niñas reciben mandatos socializadores diferentes, que suelen ser una prolongación de lo que viven en sus entornos familiares

Los uniformes son un elemento de diferenciación entre los colegios públicos y los privados. Llevar uniforme en nuestro país tiene connotaciones de clase y de estatus, pues pone de manifiesto la pertenencia a un colegio privado o concertado. El uniforme es la marca de lo no público.

Sin embargo, el uniforme también tiene connotaciones de género, pues se asigna falda a las niñas y pantalón a los chicos, de la misma forma que el calzado suele ser distinto para unos y para otras. Los uniformes no son unisex, son sexuados, y en sí mismos constituyen un elemento fundamental de lo que la pedagogía crítico-feminista denomina curriculum oculto de género. En efecto, esta categoría se ha acuñado para identificar aquellos valores sexistas que recibe el alumnado junto a los contenidos teóricos y que resultan invisibles para la mayoría del profesorado y para la sociedad en general. El curriculum oculto de género muestra que niños y niñas reciben mandatos socializadores diferentes, que suelen ser una prolongación de lo que viven en sus entornos familiares y que se refuerzan con los mensajes que reciben a través de series de TV, publicidad, juegos de ordenador o juguetes, entre otras instancias socializadoras.

Niños y niñas reciben permanentemente mandatos de género que les conducen a formas distintas de estar en el mundo. Los niños son socializados en la actividad, mientras que las niñas reciben mandatos socializadores dirigidos a la no actividad. Se da por sentado, por ejemplo, que los niños son mejores en las matemáticas y las niñas en asignaturas de letras. Este prejuicio tan anclado en el sistema educativo tiene su parte de responsabilidad en que los estudios universitarios de ciencias ‘duras’ estén masculinizados y los de ciencias ‘blandas’ estén feminizados.

También el uso del espacio en los patios de los colegios es un buen exponente de una socialización sexuada. El centro es para los chicos, donde juegan al fútbol o a otros deportes ocupando casi todo el espacio. Por el contrario, los márgenes del patio son para las chicas, condenadas a convertirse en espectadoras de los juegos de sus compañeros. Y estos ejemplos son una pequeña parte de los efectos que sobre unos y otras tiene la socialización de género.

Pues bien, las faldas de los uniformes tienen como efecto que las niñas no puedan moverse con la misma libertad y comodidad que sus compañeros. Sus movimientos están más restringidos, como lo están la mayoría de las vidas de las mujeres. La restricción a los movimientos que impone el uniforme de las niñas en realidad es una metáfora de la vida que las sociedades patriarcales asigna a las mujeres.

Por eso, precisamente, desde el feminismo se propone la coeducación como la práctica educativa idónea para desactivar los mandatos de género. En efecto, la pedagogía crítico-feminista parte del supuesto de que la escuela es utilizada por los sectores dominantes como una herramienta al servicio de la reproducción de las relaciones sociales, pero también puede y debe ser un medio para interrumpirlas y crear nuevas relaciones que no estén marcadas por desigualdades ni refuercen desventajas sociales.

La escuela es uno de los ámbitos privilegiados en los que se pueden aplicar políticas de intervención y de prevención. Es necesario que el alumnado en su totalidad reciba el mandato social de que hay que poner en cuestión y rechazar las relaciones sociales y personales que apuntalan o refuerzan la desigualdad y la violencia. Por eso es necesaria una asignatura obligatoria de educación para la igualdad. Y por ello mismo también es necesario que el profesorado sea formado en feminismo.

Una teoría de la educación crítica que desconoce la coeducación, que minimiza el análisis del currículo oculto de género y que niega las prácticas de intervención coeducativas, es una teoría ciega a la desigualdad de género. Y las teorías pedagógicas que practican la ceguera con ciertas estructuras de poder y desigualdad refuerzan la hegemonía patriarcal.

Por eso es necesario que la escuela se articule en torno a la idea de la igualdad de género y asuma que la igualdad civiliza las relaciones humanas. Una escuela que no conceptualiza la desigualdad entre los niños y las niñas, o los y las adolescentes, no formará a nuestra sociedad en valores de justicia y libertad y, por ello, perderá legitimidad. Ha llegado la hora de que la escuela, la familia y la sociedad entera comprendan que una sociedad sin desigualdad de género es una sociedad mejor.

"El carácter civilizatorio de nuestro continente, sobre el que se asienta una ideología de la superioridad de occidente, sin embargo, no ha erradicado la violencia patriarcal", apunta Cobo

En lo que va de año se han producido algunas violencias contra las mujeres nada frecuentes en el entorno europeo: en Nochevieja, en varias ciudades alemanas, –Colonia, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, Francfort, Bielefeld-, cientos de varones agredieron sexualmente a mujeres, incluidas violaciones, aprovechándose de la escasa luz y de las aglomeraciones propias de las fiestas. Estos hechos, inesperados y sorprendentes, fueron acompañados de la pasividad de la policía. La característica de los agresores reside en su origen árabe y norteafricano. La policía alemana, después de algunas dimisiones y poca autocrítica, advirtió que existía algún tipo de conexión en las acciones que tuvieron lugar al mismo tiempo en las diferentes ciudades y llegaron a hablar de “un nuevo tipo de criminalidad organizada”. En una nueva vuelta de tuerca parece que quieren denominar ‘crimen organizado’ a la violencia patriarcal.

Estos hechos nos ponen delante de los ojos algunos interrogantes: ¿Estas acciones podrían haber sido inspiradas por la extrema derecha para crear un clima de opinión contra inmigrantes y refugiados árabes y del norte de África? ¿O habrá sido una decisión autónoma de esos varones que no soportan la libertad y autonomía de las mujeres? ¿O por medio de esas agresiones los varones inmigrantes están mostrando su malestar por el lugar secundario que se les asigna en la sociedad alemana? ¿Podría interpretarse que a través de esas mujeres están enviando un mensaje a los hombres europeos? ¿Es posible que ese ataque sea simbólicamente una agresión al territorio alemán? ¿O cabe pensar que consideran que las mujeres son propiedad de los varones y a través de ese ataque les están agrediendo a ellos? ¿Sentirán que no son bien tratados en Alemania y que deben responder con violencia y para ello eligen a las mujeres porque ellas son un flanco mucho más débil que el masculino?

El pasado mes de febrero, seguidores de Daryush Valizadeh, bloguero estadounidense, se reunieron en diversas ciudades del mundo con el objetivo de conocerse entre sí y formar tribus masculinas ‘donde los hombres pueden ser hombres’. En una de esas ciudades, Barcelona, se les prohibió la reunión. Roosh V, así se denomina este bloguero, no solo es partidario de la violación sino que su objetivo es restablecer el viejo patriarcado en aquellos países en los que se ha erosionado. La doctrina de Roosh V es que los hombres tienen no solo el derecho a conquistar a las mujeres que les gustan sino también a vencer su posible resistencia. En su doctrina parece que el abuso y la fuerza son herramientas útiles para el ejercicio de este derecho que creen se les ha arrebatado.

En marzo, un grupo de hinchas holandeses humillaron a mendigas rumanas en la Plaza Mayor de Madrid lanzando monedas y migas de pan al suelo para que ellas se inclinaran y las recogiesen. Mientras esto sucedía, ellos se reían a carcajadas de estas mujeres. Días después, en Roma, otro grupo de hinchas checos simularon orinar sobre una mendiga hasta el punto de que uno de ellos orinó realmente sobre una de las mujeres que pedía limosna.

Es necesario analizar algunos elementos de estos hechos para comprender su significado. El primero es que los agresores son hombres y las agredidas son mujeres. El segundo es que las agresiones masculinas se han realizado en grupo. Y el tercero es que estos repugnantes acontecimientos han tenido lugar en Europa, un continente ‘civilizado’ y al que creíamos ajeno a este tipo de actos de violencia.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural en Europa y en el resto del mundo. El carácter civilizatorio de nuestro continente, sobre el que se asienta una ideología de la superioridad de occidente, sin embargo, no ha erradicado la violencia patriarcal. En gran medida este fenómeno tiene lugar en las relaciones de pareja, bien porque las mujeres quieren abandonar la relación o la han abandonado o porque no se someten a los parámetros de obediencia y sumisión requeridos por los agresores. Sin embargo, existen otras muchas formas de violencia contra las mujeres menos nombradas y que no tienen lugar en el ámbito de la pareja. La característica de todas ellas es que son acciones individuales de varones que no pueden aceptar el hecho de que las mujeres no son de su propiedad. Lo inédito es que se produzcan agresiones colectivas de varones en países de la UE. En nuestro imaginario, parecía que esos hechos tenían lugar en otros contextos culturales y sociales menos ‘civilizados’. Y, sin embargo, esas agresiones colectivas se están produciendo en nuestro entorno político. La pregunta insoslayable es la función que cumplen estas agresiones masculinas que indudablemente son un mensaje para las mujeres. Probablemente el objetivo es que se sientan vulnerables, que tengan miedo y que se vayan acostumbrando que el espacio público no es seguro para ellas.

La otra cuestión sobre la que merece la pena reflexionar es el contexto en el que se producen estas acciones, es decir, el caldo de cultivo en el que crecen estas agresiones. Estos actos han tenido lugar en Europa: en la Europa de la insolidaridad que cierra sus fronteras a la gente refugiada de la guerra; en la Europa austericida que impone la filosofía del sálvese quien pueda; en la Europa que no frena el crecimiento de una extrema derecha que usa el racismo para asustar a electorados vulnerables por el recorte del estado de bienestar; en la Europa de las instituciones comunitarias que legislan para los poderosos; en suma, en la Europa dominada por la reacción patriarcal. El huevo de la serpiente está creciendo en nuestro continente ante la pasividad de nuestras élites. Y las mujeres son una vez más las primeras en recibir ese aviso. Por si nos cabía alguna duda: las mujeres no están libres de la violencia masculina en ningún continente.

Me pregunto si Amnistía Internacional ha analizado y valorado las consecuencias de despenalizar la prostitución y si le parece éticamente aceptable la mercantilización de la sexualidad de las mujeres

La reciente decisión de Amnistía Internacional de proponer a los gobiernos la despenalización de la prostitución ha colocado en el centro de la agenda política un debate ya antiguo. El argumento decisivo de Amnistía Internacional es que con la despenalización se defienden mejor los derechos humanos de las mujeres prostituidas. Sin embargo, desde sectores mayoritarios del movimiento feminista y desde sectores ideológicos críticos de la sociedad civil se considera que la despenalización no es la mejor forma de proteger a las mujeres que están en la prostitución. Desde estas posiciones se considera que es una institución fundacional del patriarcado y, desde hace más de tres décadas, también un sector económico crucial para el capitalismo neoliberal.

En efecto, en sus inicios la prostitución se ha configurado como una de las piedras angulares de las sociedades patriarcales, pues ha garantizado a los varones el acceso sexual al cuerpo de las mujeres. La prostitución es una práctica social en la que se intercambia sexo por dinero. Sin embargo, no parece casual el hecho de que los demandantes sean varones y quienes ejercen la prostitución sean mujeres. En otros términos, esta institución no solo desvela la profunda desigualdad social entre hombres y mujeres sino que contribuye a su reproducción.

Lo nuevo de esta realidad social es que se ha convertido en un sector económico crucial para el capitalismo neoliberal. La prostitución nos devuelve la imagen de varones de todas las clases sociales que acceden sexualmente a los cuerpos de mujeres pobres, inmigrantes y pertenecientes a culturas y regiones del mundo que el occidente etnocéntrico ha conceptualizado como inferiores. La idea que quiero destacar es que la transformación de la prostitución está vinculada a la existencia de los ‘mercados desarraigados’, sin regulación estatal ni control social, y cuya lógica económica depredadora ha mercantilizado no solo la naturaleza, el dinero y el trabajo sino también los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. En otros términos, la prostitución está unida a otras dinámicas de la globalización, como la formación de mercados globales, la intensificación de las redes transnacionales y la economía criminal.

En esta línea, hay que subrayar que la prostitución es el máximo exponente de la deslocalización neoliberal, pues las mujeres son trasladadas desde países con altos niveles de pobreza a países con más bienestar social para que los varones demandantes de todas las clases sociales accedan sexualmente al cuerpo de esas mujeres. Si bien el cuerpo de las mujeres prostituidas siempre ha sido una mercancía, en esta época de globalización neoliberal, se ha convertido en una mercancía muy codiciada por los traficantes y proxenetas porque proporciona altos beneficios con bajos costes.

La prostitución es una industria esencial para la economía capitalista, para la economía criminal, para los estados que ven en esta institución una fuentes de ingresos públicos, pero también para las instituciones del capitalismo internacional, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que ven, en lo que denominan eufemísticamente industria del entretenimiento y ocio, unos ingresos que pueden garantizar la devolución de la deuda.

Es imprescindible defender los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución. En eso coincidimos con Amnistía Internacional. ¿Cómo no defender los derechos humanos de aquellas mujeres que, además, están marcadas por la pobreza, la falta de recursos y, en la mayoría de los casos, por el abuso sexual en su infancia y adolescencia? La pregunta es cómo se defienden mejor esos derechos: ¿despenalizando una actividad económica que cabalga sobre el tráfico de mujeres, el blanqueo de dinero y la economía criminal o desactivando una industria que mercantiliza el último reducto de soberanía y libertad de las mujeres, que es su propia sexualidad? La despenalización de la prostitución en realidad a quien beneficia es a los dueños de los burdeles y a los proxenetas. Es un balón de oxígeno para los empresarios del sexo que así se librarán de algunos obstáculos legales que dificultan el incremento de sus beneficios. Me pregunto si Amnistía Internacional ha analizado y valorado las consecuencias de esta propuesta y si le parece éticamente aceptable la mercantilización de la sexualidad de las mujeres.

Por último, el argumento de que se protegen mejor los derechos de las mujeres prostituidas despenalizando la prostitución es una propuesta peligrosa porque parte tácitamente de la idea de que hay que aceptar lo instituido en lugar de acabar con ello. Sin embargo, quienes nos situamos en el ámbito de las teorías críticas de la sociedad consideramos que se pueden eliminar aquellas instituciones y prácticas sociales que promueven la desigualdad y se puede poner fin a esas nuevas clases de servidumbre que con tanto ahínco defiende el neoliberalismo y entre las que ocupa un lugar central la prostitución.

No solo necesitamos mujeres expertas en políticas de igualdad, también precisamos que esas mujeres especializadas en igualdad tengan una concepción distinta de hacer política

Por primera vez en muchos años la ilusión se ha instalado en sectores de la sociedad y también por primera vez mucha gente está soñando con otras formas de hacer política y con erosionar esas viejas maneras de gestionar lo público, en el mejor de los casos para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía.

Me gustaría que estas palabras diesen entrada a una cuestión que ha estado presente en la vida política española desde que en el año 1983 se crease el Instituto de la Mujer y se pusiese al frente de ese organismo a Carlota Bustelo, una persona cualificada para esa responsabilidad y de firmes convicciones feministas. Ese momento histórico, en el que se funda el Instituto de la Mujer, marca el inicio de las políticas institucionales de igualdad.

Mi preocupación ante este nuevo escenario político que se está gestando desde hace pocos años es quién va a diseñar y aplicar las políticas públicas de igualdad entre hombres y mujeres, que tan persistentemente se ha ocupado de desmantelar la derecha española. No es una preocupación irrelevante a la vista de lo que ha ocurrido a lo largo de la democracia en España. Y me explico: en múltiples ocasiones se ha puesto al frente de los organismos de igualdad municipales, autonómicos y centrales a personas que no eran expertas en políticas de igualdad, que apenas sabían de la existencia del movimiento feminista en nuestro país, que desconocían que fue el feminismo quien puso en el centro del escenario social y político la desigualdad de género o la violencia contra las mujeres y que, además, gestionó las primeras casas de acogida a mujeres maltratadas o puso en funcionamiento los primeros centros de salud sexual y reproductiva. En esa primera época de la democracia, el poder político no tenía en su lista de prioridades las necesidades y los intereses de las mujeres y fue, precisamente, por eso que el movimiento feminista asumió algunas de las funciones que le correspondían al estado.

No dejo de preguntarme si los nuevos gobiernos municipales y autonómicos volverán una vez más a colocar en los organismos de igualdad a mujeres que no solo no son expertas sino que ni siquiera tienen convicciones feministas. ¿Volveremos a tener una responsable en el Instituto de la Mujer que no sabe nada de políticas de igualdad y que desconfía del feminismo? ¿Volverán a colocar directoras generales de la mujer o concejalas de igualdad que ejercen esa responsabilidad de igual forma que podrían ejercer otra? ¿O estarán esperando que ese cargo ‘de segunda’ sea un trampolín para acceder a responsabilidades más ‘respetables’? ¿No merecemos las mujeres que las políticas de igualdad sean diseñadas, aplicadas y defendidas por personas que conocen a fondo los mecanismos que crean la desigualdad entre hombres y mujeres?

¿Y las nuevas responsables que sean elegidas para presidir estos organismos se separarán de la vieja política y entenderán que deben escuchar las voces plurales de la sociedad civil? ¿Y que no pueden hacer políticas de igualdad sin escuchar y trabajar codo a codo con el movimiento feminista? ¿Serán capaces de trabajar más para las mujeres que para sus partidos? ¿Podremos deshacernos de esa forma de hacer política que consiste en “para las mujeres, pero sin las mujeres”?

Sin embargo, no solo necesitamos mujeres expertas en políticas de igualdad, también precisamos que esas mujeres especializadas en igualdad tengan una concepción distinta de hacer política. Esta nueva época que se abre tiene que deshacerse de esa concepción ensimismada y un tanto despótica de gestionar los asuntos públicos. Y tiene que tomarse en serio las políticas de igualdad. Por eso no deben ocupar cargos en organismos de igualdad quienes no tienen formación y cualificación profesional en esas políticas ni tampoco quienes carecen de convicciones feministas. Las políticas de igualdad requieren de especialidad técnica, pero también de voluntad política. Las buenas políticas tienen que estar sustentadas en análisis precisos y exactos de la realidad que se quiere transformar y para eso es imprescindible que las responsables conozcan a fondo tanto los análisis teóricos como las propuestas feministas Sería tan absurdo que las políticas de igualdad de género no fuesen diseñadas y aplicadas por expertas feministas como que las políticas de medioambiente fuesen ajenas a los análisis ecologistas. La izquierda que ha estado en el poder y la que aspira a conseguirlo deben hacer de la igualdad uno de los ejes fundamentales de su política y para eso no deben ofrecer responsabilidades a mujeres que no tienen ni preparación ni convicción por la igualdad entre hombres y mujeres.

La falta de sintonía entre el movimiento feminista y las mujeres responsables de la acción política institucional reduce la eficacia de las políticas de igualdad y contribuye a despolitizar la sociedad civil. Por eso, es necesario que las políticas de igualdad se hagan para las mujeres y con las mujeres, es decir, imaginativas políticas públicas y nuevas y participativas formas de hacer política. Así, la democracia adquirirá la dimensión transformadora de la que ahora carece.

El feminismo es un movimiento social interclasista, pues todas las mujeres, de todas las clases sociales, de diferentes culturas o razas y con distintas orientaciones o identidades sexuales pueden ser abusadas sexualmente, agredidas, explotadas en el hogar y en el mercado laboral y discriminadas en aquellos ámbitos en los que hay recursos y poder. Las estructuras simbólicas y materiales sobre las que está edificada la desigualdad afectan en mayor o menos medida a todas y cada una de las mujeres y ninguna de ellas puede sustraerse a algunos de los rostros de esa desigualdad.

En sus tres siglos de historia, el feminismo ha sabido identificar los nudos de la opresión y ha luchado políticamente para deshacerlos. En el siglo XVIII, el feminismo se articuló como una interpelación moral a los privilegios masculinos y en ese contexto las mujeres reclamaron la consideración de sujetos racionales como base para conseguir otros derechos que ya tenían los varones. En el siglo XIX, el feminismo exigirá el estatuto de sujeto político para las mujeres y se articulará políticamente en torno al derecho al voto. En el siglo XX, las feministas pondrán de manifiesto el dominio masculino en el marco doméstico y familiar y el feminismo subrayará el carácter político de aquello que había sido definido por el liberalismo y el socialismo como privado.

El feminismo del siglo XXI, en medio de intensos cambios sociales, se interroga acerca de las vindicaciones sobre las que articular la lucha bajo una poderosa reacción patriarcal y neoliberal. En efecto, como hemos podido ver en España recientemente con el derecho al aborto, ninguno de los derechos que hemos conquistado está plenamente consolidado. La reacción patriarcal pesa como una losa sobre las vidas de las mujeres debido a los intentos de restablecer los antiguos códigos patriarcales.

La idea que quiero desarrollar es que en este comienzo de siglo, el capitalismo neoliberal se ha convertido en el dispositivo de mayor opresión para las mujeres. Todos los datos ponen de manifiesto que las políticas de austeridad son devastadoras para ellas. La idea, asentada entre la izquierda, de que las políticas económicas neoliberales afectan negativamente a las clases trabajadoras y medias es cierta, pero es una idea insuficiente. Hay una parte en esta afirmación que no se suele contar y es que las políticas de austeridad empobrecen y subordinan más a las mujeres que a los varones.

La economía feminista subraya que uno de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estructural es el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar, resultado directo de los recortes de las políticas sociales por parte del estado. En efecto, aquellas funciones de las que el estado abdica, vuelven a recaer invariablemente en la familia y una vez más son asumidas por las mujeres. Si bien los trabajos reproductivos y de cuidados han sido asignados históricamente a las mujeres, las políticas de austeridad aumentan el trabajo en el hogar, pues algunas tareas que estaban ‘externalizadas’, ahora vuelven a la familia.

Por otra parte, la entrada de considerables contingentes de mujeres al mercado global de trabajo en unas condiciones de sobreexplotación difíciles de imaginar es un requisito necesario para la supervivencia del nuevo capitalismo neoliberal. La alta participación de mujeres en las maquilas o zonas francas vinculadas al vestido y al montaje electrónico pone de manifiesto que hay sectores económicos ocupados mayoritariamente por mujeres. Como también puede apreciarse que las maquilas más descualificadas son las más feminizadas.

Los nuevos sistemas de producción flexible requieren un nuevo perfil de trabajador. Deben ser personas flexibles, capaces de adaptarse a cambios rápidos, a los que se puede despedir fácilmente y que estén dispuestos a trabajar en horas irregulares. Este segmento del mercado laboral se está convirtiendo en mano de obra heterogénea, flexible, temporal y con salarios de pobreza. Estos grupos de trabajadores, que Manuel Castells denomina ‘genéricos’, son mayoritariamente mujeres. El perfil del trabajador sin derechos y sobreexplotado tiene rostro de mujer. Este hecho es el que ha hecho que el feminismo se haya comprometido y movilizado políticamente junto a la izquierda en la lucha contra el neoliberalismo.

Sin embargo, hay que precisar que el objetivo político feminista no debe ser la crítica a la austeridad en sí misma: debe ir más allá e identificar la política patriarcal del neoliberalismo. El feminismo del siglo XXI ha entendido que el capitalismo neoliberal, en estrecha alianza con los diversos patriarcados, está privando de derechos conquistados a las mujeres, está articulando nuevos espacios de subordinación, incrementando la explotación y feminizando la pobreza. El resultado es un creciente e instrumental aumento de la violencia contra las mujeres con el objetivo de que acepten su nuevo rol en las nuevas sociedades capitalistas y patriarcales. Cualquier estrategia feminista debe articularse en torno al trabajo y al empleo debido a su carácter fuertemente opresivo para las mujeres. Y, además, esta estrategia desembocará en la construcción de diferentes espacios de encuentro entre las feministas y las mujeres que no se encuentran dentro del movimiento feminista. Las políticas neoliberales y patriarcales deben convertirse en uno de los objetivos de la lucha feminista porque se han convertido en la causa fundamental de la feminización de la pobreza.

La sociedad tiene una deuda con el feminismo y la izquierda tiene la obligación ética y política de asumir ese legado político para hacer otra sociedad

Podemos ha despertado muchas esperanzas en un sector significativo de la izquierda española, fundamentalmente por cuatro razones: la primera, porque ha cuestionado los déficits de representación del sistema democrático español, proponiendo un modelo de democracia más participativo. La segunda, porque ha cuestionado las políticas económicas neoliberales. La tercera, porque afirma que los partidos políticos tienen un funcionamiento orgánico antidemocrático y no escuchan las voces de la sociedad civil. Y la cuarta, porque creen necesario acabar con la corrupción y establecer un procedimiento más transparente y con mecanismos de control democrático. Me siento próxima a esos argumentos, pues el sistema político que se gestó en 1978 debe ser reformado y debe abrirse un proceso constituyente. Además, las políticas económicas neoliberales deben desactivarse y hacerse políticas de redistribución con la participación activa de los diversos sectores críticos de la sociedad. Asimismo, los aparatos de los partidos deben democratizarse para que los más mediocres no transiten casi en exclusivo por las élites y hagan de la política su profesión. Y, sin duda, la corrupción debe ser eliminada para que no gangrene la sociedad y pueda así imponerse un modelo de comportamiento de honestidad en el uso de los recursos públicos.

También me siento próxima al proyecto político de IU, que desde los albores de la transición propuso a la conciencia de nuestra sociedad un modelo social basado en políticas de redistribución que transformasen las jerarquías de clase. Y no podemos olvidar que el PSOE hizo políticas de igualdad a instancias del feminismo y del movimiento LGTB, que, lejos de detenerse, deben profundizarse hasta que alteren de verdad las jerarquías heteropatriarcales. Esas políticas de igualdad no han sido suficientes, pero sí han sido las primeras que se hicieron desde el poder político. No empezamos de cero. Tenemos una historia de luchas, pero también de conquistas.

Sin embargo, es preciso tener presente que las mujeres estamos en el corazón de esas realidades sociales que la izquierda interpela críticamente. Me preocupa que esta izquierda no sea capaz de hacer de la igualdad entre hombres y mujeres uno de los elementos centrales de su proyecto político. Esa preocupación se origina fundamentalmente por dos cuestiones: la primera, porque las mujeres estamos pagando los costes más inhumanos de esta crisis. Somos mayoría en los salarios de pobreza, en el trabajo sumergido y en el trabajo a tiempo parcial, nuestros salarios son más bajos y nuestra tasa de paro es mayor que la masculina. Pero, además de esta desigualdad en el mercado laboral, hacemos gratuitamente el trabajo reproductivo y de cuidados. Sin el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, la sociedad no podría sostenerse. Por otra parte, la violencia contra las mujeres no puede ser reducida a los asesinatos que se producen cada año, pues eso solo es la punta del iceberg. La violencia patriarcal forma parte de la vida cotidiana de miles de mujeres y niñas en nuestra sociedad. Asimismo, la ausencia de mujeres en los espacios decisivos de poder es una realidad social incuestionable que pone de manifiesto un techo de cristal que impide acceder a las mujeres a aquellos espacios en los que hay poder y recursos. Por su parte, las mujeres migrantes son dirigidas al trabajo doméstico y a la industria del sexo y ocupan los espacios más desvalorizados y peor pagados de la sociedad. Todas nosotras estamos pagando una crisis de la que no somos responsables y con nuestras vidas estamos sosteniendo los cimientos de una sociedad que reproduce y crea espacios de exclusión para las mujeres. ¿Qué propuestas tiene la izquierda para desactivar esta desigualdad?

Y la segunda preocupación se origina en la escasa atención que la izquierda presta al feminismo, pese a que ha luchado incansablemente por derechos que han civilizado nuestra sociedad y han ensanchado nuestra democracia. ¿Qué hubiese sido de la democracia española si el feminismo no se hubiese articulado políticamente para conquistar derechos, como el divorcio, el aborto o la paridad? Y no sólo eso, pues ha estado en la vanguardia de la lucha contra la austeridad y en la defensa de los derechos civiles. La sociedad tiene una deuda con el feminismo y la izquierda tiene la obligación ética y política de asumir ese legado político para hacer otra sociedad. En las dos últimas décadas ha cristalizado un clima ideológico muy reactivo con los derechos de las mujeres y la izquierda debe contribuir a desactivarlo. No puede construirse una utopía colectiva de transformación social sin el feminismo, pues este movimiento social ha protagonizado luchas en la sociedad civil y en las instituciones que han humanizado las condiciones de vida de las mujeres. Y no sólo de ellas. También los hombres han podido acceder a derechos derivados de las luchas feministas, como la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. Por eso, si la izquierda no es capaz de asumir nuestras vindicaciones políticas, su propuesta de transformación social y política perderá legitimidad. Necesitamos políticas feministas para interrumpir la desigualdad. Si la izquierda no es capaz de satisfacer las demandas y las necesidades de las mujeres, la igualdad será una quimera. Y, además, quizá no encontremos razones para votarles.

Legalizar la prostitución es enviar a la sociedad el mensaje de que la explotación sexual de las mujeres es éticamente aceptable

El debate político sobre la prostitución aparece intermitentemente en los medios de comunicación, casi siempre relacionado con noticias que sugieren la inevitabilidad de su legalización. La última es la incorporación del impacto económico de esta actividad en el PIB. El argumento que parece tener más peso en esta discusión es el que explica que la legitimidad de la prostitución debe buscarse en el libre consentimiento de las mujeres prostituidas. Por eso me centraré exclusivamente en este aspecto del debate.

Sin embargo, hay que poner encima de la mesa dos cuestiones antes de aproximarnos a este debate: el primero es que hay que distinguir la prostitución, del colectivo concreto que son las mujeres prostituidas, de modo que pueda interpelarse críticamente esta institución y, al tiempo, hacer políticas públicas para las mujeres prostituidas. El segundo elemento no casual es la naturalización de la prostitución, con el subtexto que eso implica: el carácter no político del comercio sexual.

La prostitución es una realidad social compleja debido tanto al aumento creciente de los actores y procesos involucrados alrededor de esta institución patriarcal como a los significados ideológicos que se derivan de su existencia. En efecto, la prostitución hoy es una gran empresa global, vinculada a la economía criminal, y en la que intervienen muchos actores que se benefician de ese negocio. Tanto es así que en 2010, según el INE, la prostitución generó un 0,35% del PIB. No puede negarse que el negocio de la prostitución ha crecido vertiginosamente en el marco de las políticas económicas neoliberales. Probablemente, el interés recaudador de los estados patriarcales esté en el origen de esta propuesta. Sin embargo, los actores principales, en primera instancia, son las mujeres que ejercen la prostitución y los varones que utilizan los servicios de estas mujeres. En el imaginario colectivo la prostitución está asociada a la imagen de la puta. Y, sin embargo, no hay mujer prostituida sin hombre prostituidor. ¿Por qué el prostituidor ha sido invisibilizado en el imaginario de la prostitución? Hay que reflexionar sobre las razones por las que la figura del demandante ha sido silenciada como si fuese un elemento completamente secundario en esta obra de teatro, pues este hecho es un claro indicador de la permisividad social que existe hacia estos varones. Por ello, es necesario resignificar el imaginario de la prostitución y poner a los prostituidores en el lugar que les corresponde, es decir, como beneficiarios y responsables de esta práctica social. Y también es preciso señalar que la prostitución no es una institución inocua sino que, como todas las demás, no puede desligarse de las relaciones de poder que estructuran cada sociedad.

Por otra parte, esta realidad social no puede entenderse tampoco si no se tiene en consideración la significativa desigualdad económica entre la población prostituida y la población demandante, pues esta desigualdad es fundamental para calibrar el grado de consentimiento que existe en estas relaciones. Más del 90% de las mujeres prostituidas son inmigrantes y el tráfico ilegal de mujeres para la industria del sexo está aumentando como fuente de ingresos para los varones. Sin embargo, las mujeres ocupan la casi totalidad de ese sector hasta el punto de convertirse en un grupo mayoritario en la migración orientada a la búsqueda de empleo. Saskia Sassen señala que la nueva economía capitalista está promoviendo con sus políticas neoliberales el surgimiento de unas nuevas clases de servidumbre. Mujeres e inmigrantes, entre las que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución, constituyen el núcleo duro de esas nuevas servidumbres. En efecto, las mujeres prostituidas pertenecen a los sectores sociales más pobres y con necesidades económicas extremas o bien son mujeres que buscan una mejora de su situación a través de la obtención del dinero rápido que la prostitución puede llegar a proporcionar. Además, para algunas mujeres inmigrantes en situación irregular, la prostitución se plantea como una de las pocas salidas económicas disponibles.

La pregunta, pues, gira alrededor del grado de consentimiento de las mujeres prostituidas en el comercio sexual. Aquí ya se puede subrayar que la libertad y el consentimiento de las mujeres que llegan a la prostitución son reducidos, pues están limitados por la pobreza, la falta de recursos culturales, la escasa autonomía y en la mayoría de los casos por el abuso sexual en la infancia. Y por si fuera poco, esas realidades sociales se forman en el marco de sociedades patriarcales en las que los varones tienen una posición de hegemonía sobre las mujeres.

Un contrato firmado por dos partes en la que una de ellas está dominada por la necesidad no es un contrato legítimo. No puede haber libertad de contrato absoluto en sistemas sociales edificados sobre dominaciones, pues la necesidad y la desventaja social vician el consentimiento. Por eso, hay que señalar que la ilimitada libertad de contrato forma parte del núcleo ideológico más duro del liberalismo y la crítica a esa libertad absoluta forma parte de las señas de identidad de los pensamientos críticos. Los análisis que intentan justificar la prostitución como un contrato legítimo se apoyan en argumentaciones propias del neoliberalismo, para cuya ideología los contratos no deben tener límites. Quienes defienden la legitimidad de ese contrato fundamentándolo en la voluntad del individuo, se olvidan que libertad y voluntad no siempre coinciden. Y al legitimar la prostitución con este argumento se desmarcan de los pensamientos críticos.

Si consideramos la prostitución una forma inaceptable de vida, resultado del sistema de hegemonía masculina y que vulnera los derechos humanos de las mujeres al convertir su cuerpo en una mercancía y en un objeto para el placer sexual de otros, entonces se concluye la imposibilidad de su legalización. En otros términos, legalizar la prostitución es enviar a la sociedad el mensaje de que la explotación sexual de las mujeres es éticamente aceptable. Y con ello se contribuye a instalar en el imaginario colectivo la idea de que a los varones les asiste el derecho natural a acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres.