Las mujeres rurales estamos sufriendo la crisis por partida doble. Por un lado, porque también nos afectan el paro y la recesión, quizá mucho más acuciantes en los pueblos que en las ciudades. Y por otro, porque los recortes implantados por el Gobierno desde hace tres años nos tienen en una situación de absoluta indefensión a nivel laboral y social. Los avances alcanzados en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres se han quedado estancados cuando, hace tres años, comenzó a gobernar el Partido Popular. El desmantelamiento de servicios públicos esenciales en el medio rural, el hundimiento del mercado laboral, la eliminación de salidas profesionales generadoras de empleo en el terreno de la dependencia y la infravaloración de la mujer rural como titular de la explotación agraria o ganadera son algunas de las causas que están sumiendo a las mujeres rurales en una situación de invisibilidad.

Estamos asistiendo a un retroceso de los avances conseguidos en las últimas décadas. Los recortes producidos en servicios públicos tienen efectos directos en el aumento del desempleo, en la supresión de la educación en igualdad o en el derecho a decidir libremente la maternidad. Por desgracia, estamos asistiendo a un aumento de la pobreza entre las mujeres, viendo cómo aumenta alarmantemente el desempleo cuando, además, somos nosotras las que tenemos mayores dificultades para encontrarlo. Seguimos denunciando esta situación y las diferencias retributivas y la temporalidad que afecta directamente a la protección social de las mujeres, con el agravante de tener muchas más dificultades para acceder a las fuentes de financiación.

La economía de los municipios rurales depende en gran medida del desarrollo del sector agrario y de las oportunidades de empleo que sepamos encontrar para las mujeres que lo habitamos.

Por eso, el Gobierno central tenía la obligación moral y social de desarrollar reglamentariamente una ley que las mujeres del campo recibimos con muchas expectativas en octubre de 2011: la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, que tiene paralizada desde su aprobación hace ya tres años. Un tiempo perdido en el que no se ha publicado ni un sólo decreto reglamentario de la misma y en el que, además, no se ha desarrollado la campaña de sensibilización y difusión del acceso a la titularidad compartida que contemplaba en la Disposición Adicional Tercera para que las agricultoras y ganaderas conozcan sus derechos y los beneficios de acceder a una ley que, por primera vez, reconoce nuestro trabajo y nos otorga el 50% de los derechos de la explotación familiar.

El perjuicio es mayúsculo, porque debido a la pasividad de este Gobierno, a muchas mujeres se les esta pasando el derecho de solicitar la compensación económica por el trabajo que han realizado sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y en régimen de ayuda familiar, en los casos de transmisión de la explotación, por separación o nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, tal y como contempla loa art. 13, 14 y 15 de la Ley, oportunidad que caduca a los cinco años desde el cumplimiento de los supuestos.

Pero, además de no ejecutar una Ley más que necesaria para darle visibilidad al trabajo de todas nosotras en el campo, el Gobierno le pega otro bocado considerable a la Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, dejando en la estacada a miles de mujeres que se habían labrado un futuro laboral que vuelve a ser incierto gracias a los recortes en políticas sociales. Esta Ley más conocida como la Ley de Dependencia estaba permitiendo que las mujeres pudieran acceder al mercado de trabajo realizando una actividad que tradicionalmente ha realizado de forma altruista. Sin embargo estos recortes ha vuelto a provocar un gran retroceso para las mujeres rurales andaluzas y españolas.

Por último, y coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales quisiera lanzar un alegato en defensa de la mujer rural, que en gran medida será la causante de que podamos salir de la crisis, puesto que somos más de la mitad de la población rural en Andalucía y es en los pueblos donde se producen los alimentos que comemos, donde se cuida el medio ambiente y donde se mantiene el patrimonio cultural y la fijación al territorio. Superaremos la crisis si el Gobierno es consciente y capaz de luchar por las mujeres rurales y el medio rural en general. Las mujeres rurales necesitamos más que nunca que la política esté al servicio del interés general.