Desde hace años, la Comunidad de Madrid es la mayor receptora de Inversión Extranjera Directa (IED) de entre las CCAA españolas. Este hecho, utilizado por el Gobierno regional como elemento para medir su éxito económico, tiene, sin embargo, un impacto muy débil sobre el modelo productivo de la región. 

Madrid concentra operaciones de empresas cuyo objeto no es la actividad productiva, sino la optimización fiscal de sus beneficios y la especulación financiera de grandes patrimonios. Movimientos que se atribuyen a la región por estar en ella la sede corporativa de las empresas que originan estos flujos, incluso cuando sus actividades productivas se realizan en otras CCAA. Además, en nuestra región destaca especialmente el peso de la IED recibida a través de Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), sociedades cuyo principal objeto es la elusión fiscal. 

Como consecuencia de estos factores, el peso de la inversión extranjera en el porcentaje del PIB no es un indicador fiable de las fortalezas de la economía madrileña. Por el contrario, es el reflejo de las debilidades del modelo impulsado por la Comunidad de Madrid: un patrón de desarrollo estrechamente ligado a su capitalidad y a medidas regresivas como su baja fiscalidad para rentas altas y grandes fortunas. Un modelo con claras debilidades, toda vez que muchas de las sedes corporativas instaladas no tienen un anclaje en el tejido productivo regional y, como demuestra el caso Ferrovial, pueden mover sus sedes con igual facilidad cuando les conviene por motivos financieros o fiscales.

El pasado 28 de febrero, Comisiones Obreras de Madrid presentó el informe El impacto de la Inversión Extranjera (IED) en la Comunidad de Madrid, que pone de manifiesto un dato de gran relevancia: Madrid destaca por generar sólo el 30% del empleo ligado a la IED, a pesar de recibir más del 70% de la misma, lo que indica el carácter ficticio o meramente contable de buena parte de la inversión recibida. Otros indicadores, como los relativos a las inversiones en capital productivo, apuntan en la misma dirección. 

Inversión más equilibrada y equitativa

Para la mayoría de la población, ni el empleo ni la actividad de Madrid mejoran por este sistema de atracción de la inversión extranjera, ya que en la mayor parte de los casos no tiene ningún impacto sobre la productividad del trabajo o sobre la creación de nuevas fábricas o instalaciones. 

Es por ello que medidas como el anuncio de una nueva deducción en el IRPF para grandes inversores extranjeros, que supone regalar 245 millones de euros al año para subvencionar la especulación inmobiliaria y financiera de las grandes fortunas que vengan a instalarse a la región, suponen ahondar en un modelo caduco y regresivo. 

Hay que apostar por una fiscalidad más justa, que no compita con otras regiones españoles por las ventajas ofrecidas a los ricos. Y que sirva para financiar medidas económicas que atraigan la inversión productiva y transformen la economía madrileña.

Hay que desarrollar el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, del que no se ha ejecutado ni un 30% de lo comprometido, así como un aumento significativo de la inversión pública en I+D+I, duplicando al menos los niveles actuales. 

Y se necesita una visión coherente de la inversión pública, que fomente las inversiones relacionadas con las transiciones verde y digital y tenga en cuenta la necesidad de crear vínculos entre los distintos sectores productivos presentes en la Comunidad de Madrid y los centros de conocimiento e innovación regionales.

En definitiva, estimular un modelo productivo más equilibrado basado en una fiscalidad justa. Esto nos permitirá atraer flujos de inversión con carácter productivo y que generen valor añadido, especialmente en aquellos sectores más innovadores y tecnológicos. Este nuevo modelo económico para Madrid debe sustentarse sobre un tejido productivo eficiente, avanzado tecnológicamente, sostenible medioambientalmente y generador de empleo de calidad frente a las políticas neoliberales del Gobierno regional.

Es un deber de memoria democrática y de justicia con las víctimas recordar cada 5 de agosto la ejecución en 1939 de las trece rosas en las tapias del cementerio del Este, uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil española, aunque cuando se produjo tan pavoroso crimen hacía cuatro meses que la contienda había terminado. Esa misma madrugada, en el mismo lugar, fueron fusilados también 43 hombres jóvenes.

En un ambiente de terror en Madrid y de escarmiento por parte de los vencedores sobre una población exhausta y hambrienta, la condena a muerte de las trece chicas causó especial conmoción porque eran mujeres y porque la mitad de ellas no había cumplido la mayoría de edad, que entonces era a los 21 años, por lo que también se las conocía como “las menores”. 

No tenían edad, por tanto, para haber participado en actos de guerra, no consta que hubieran sido milicianas ni que hubieran robado ni matado ni causado mal alguno, como ellas mismas dejaron escrito en las conmovedoras cartas de despedida que escribieron a sus familias. Oficialmente incluso no pesaba contra ellas más delito que haber sido afiliadas o simpatizantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), organización que funcionaba bajo la legalidad democrática republicana y que defendía los ideales en los que ellas creían.

La rigurosa investigación que el periodista Carlos Fonseca llevó a cabo y publicó en 2004 con el título de 'Trece rosas rojas' recoge que la familia de Julia Conesa, una de las ‘rosas’, mantuvo que un grupo de militantes de la JSU, entre las que se encontraban Julia y Adelina García, fue acusado de repartir por Madrid unos pasquines que proclamaban “Menos Franco y más pan blanco”. Por una campaña tan inofensiva, de la que en todo caso no asumieron la autoría, Julia y Adelina fueron detenidas y llevadas a la cárcel de Ventas. Solo saldrían de allí para ser ejecutadas. El mismo destino fatal corrió el resto del grupo y otros afiliados a la JSU que en total superaban el medio centenar. 

Las trece rosas y 43 personas más fueron acusadas de ser inductoras del atentado que tuvo lugar el 29 de julio de 1939 contra el comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, en el que murieron también su hija y el chófer. La parodia judicial, ventilada en un solo día, el 3 de agosto, en consejo de guerra, fue tan burda que ni siquiera la familia del comandante aceptó la versión oficial y solicitó la revisión de la causa, que se abrió hasta en dos ocasiones y fue cerrada definitivamente en 1949 sin que se aportaran pruebas de quiénes habían sido los inductores. 

Estos son datos históricos irrefutables, por más que la ultraderecha tenga la vileza de injuriar a las trece rosas en su empeño de falsear la historia para blanquear al franquismo y justificar su estrategia criminal de extirpar de raíz cualquier mínima disidencia. Un plan sangriento que explica el elevado número de fosas comunes que hay en España. Cuánto dolor causó y cuánto sigue causando. Tampoco vale de nada que el alcalde de Madrid haya hecho retirar de La Almudena el Memorial del Cementerio del Este con los nombres de todas las personas fusiladas por el franquismo en la capital entre 1939 y 1944. Las seguiremos recordando igual porque la memoria no se puede extirpar. 

El fusilamiento de las treces rosas fue además un feminicidio en toda regla, un escarmiento y un aviso a todas las mujeres de que la sociedad franquista no tendría piedad con aquellas que se apartaran del papel de abnegada madre y fiel esposa al que las relegaba el modelo del nacionalcatolicismo.

Señalaba hace pocos días el historiador Julián Casanova que “lo que estaba en juego en julio de 1936 era el orden social amenazado por la democratización, las reformas y las conquistas políticas y revolucionarias de las clases trabajadoras”. En ese orden social amenazado, las mujeres tuvimos un papel central gracias a los avances en derechos durante la II República, impensables hasta entonces: el voto femenino, la ley del divorcio, la despenalización del aborto, el matrimonio civil, la igualdad ante la ley, mayor acceso a la formación y al mercado de trabajo. 

Por eso, desde el inicio de la guerra civil, Franco se empleó a fondo para arruinar todos los logros y derechos conseguidos por las mujeres, para doblegarlas y que acataran de nuevo la sumisión. Las humilló con cortes de pelo al cero, paseándolas desnudas tras obligarlas a tomar aceite de ricino, las demonizó y convirtió en la quinta esencia del mal. El odio contra ellas se exacerbó. Carlos Fonseca menciona en su libro un artículo publicado el 16 de mayo de 1939 en el diario Arriba en el que se habla de “la miliciana sucia y desgarbada” y se las tilda de “feas, bajas y patizambas, sin el gran tesoro de una vida interior, sin el refugio de la religión...”. El retroceso y el coste que el franquismo ha supuesto para las mujeres está todavía por investigar en toda su dimensión. 

Las trece rosas murieron convencidas de que la historia reconocería su inocencia y de que sus nombres brillarían. 83 años después, su deseo se verá cumplido. La Ley de Memoria Democrática, aprobada el 14 de julio en el Congreso y que entrará en vigor después del verano, declara ilegal el franquismo y todos sus tribunales de excepción, anula sus sentencias y declara el derecho de los familiares y de toda la sociedad a conocer la verdad. 

Vuestros nombres brillan ya en la Historia: Carmen Barrero Aguado (20 años); Martina Barroso García (24 años); Blanca Brisac Vázquez (29 años); Pilar Bueno Ibáñez (27 años); Julia Conesa Conesa (19 años); Adelina García Casillas (19 años); Elena Gil Olaya (20 años); Virtudes González García (18 años); Ana López Gallego (21 años); Joaquina López Laffite (23 años), Dionisia Manzanero Salas (20 años); Victoria Muñoz García (18 años), y Luisa Rodríguez de la Fuente (18 años). 

En dos semanas los países de la Unión han sumado decepción a la decepción y le han echado una mano impagable a la extrema derecha antieuropea. Como diría aquel: con amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos?

En estos días se conoció que el Consejo había rechazado la lista de la Comisión Europea sobre terceros países de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esa lista, realizada según una nueva metodología basada en expertos independientes, había colocado en su lugar a Arabia Saudí: en la lista negra de países. Es decir, se trata de un estado que no controla suficientemente la financiación del terrorismo o el lavado de dinero. Nada que no se sepa, pero por primera vez la Unión, a través de la Comisión Europea, reflejaba esta evidencia de una manera clara.

La inclusión en esa lista negra no es que reporte severas restricciones económicas o sanciones de algún tipo. Se trata, más bien, de una condena moral que afecta a la reputación del país y que limita su capacidad de acción, puesto que exige a los bancos europeos que negocien con entidades saudíes, determinado tipo de controles.

Pues bien, el Consejo decidió rechazar la propuesta de la Comisión y negó a esta los poderes para liberarse de la tutela de los países en la elaboración de esta lista para el futuro próximo. Todo un “golpe institucional” con el objetivo de preservar los intereses económicos de algunos estados y no molestar al buen amigo saudí. En este punto, el gobierno alemán parece haberse empeñado con particular intensidad. Pero para que una noticia mala quede inmediatamente olvidada no hay nada mejor que poner en circulación una noticia peor.

Pues bien, este pasado 12 de marzo, el ECOFIN (en el argot, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión) ha decidido dejar en un cajón la llamada “Tasa Google”, una modesta propuesta cuyo objetivo no iba mucho más allá de llamar la atención sobre el desequilibrio entre la fiscalidad de las empresas digitales y las empresas de la economía clásica. La medida proponía grabar con una tasa de un 3% a aquellas empresas digitales que operaban en Europa con volúmenes de negocio global por encima de los 750 millones de euros, de los cuales al menos 50 millones deberían facturarse en Europa.

La pregunta a la que se quiere responder gira en torno a la modalidad de reparto entre los distintos países de la potestad tributaria para someter a gravamen las rentas generadas por actividades transfronterizas en la era digital. Se reconoce, asimismo, el valor de los datos, particularmente de los personales, en la creación de valor en la nueva economía digitalizada. Los datos son la verdadera materia prima que impulsa la nueva economía y que se encuentra ya ampliamente ramificada y diversificada. En algunos casos, el aprovechamiento de esos datos raya, directamente, con la ilegalidad. O, en otros —recordemos el caso de Cambridge Analytica— se hace un uso espúreo con una clara finalidad política, siempre al servicio de las clases dominantes y de las viejas o nuevas élites políticas.

Tanto Estados Unidos como 16 de las principales empresas del sector hicieron una campaña de lobby tan intensa como agresiva con el fin de enterrar la modesta medida propuesta por la Comisión y apoyada por el Parlamento. Y a la misma se han opuesto cuatro países europeos (Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia) que han hecho, finalmente, fracasar la iniciativa.

Todo se fía ahora a que en el marco de la OCDE pueda consensuarse una regulación a partir del año 2020. Esto parece algo teóricamente posible y alcanzable, pero la actual administración Trump sigue confrontándose a esta posibilidad y su rechazo puede impedir un acuerdo global y seguir dejando las cosas como están.

La idea de que los países pueden, por sí solos, hacer frente a esta situación, resulta muy inconsistente. Dada la fluidez de la nueva economía, cualquier intento de acometer medidas fiscales por parte de los países sin negociación y colaboración con otros socios se antoja entre voluntarista y suicida. Por eso las propuestas de soberanismo económico y fiscal pueden parecer bien intencionadas pero tienen un recorrido muy corto.

Por eso, llama tanto la atención la oposición de algunos países a utilizar el marco regulador de la Unión Europea para propiciar, en un caso, un control exigente e imprescindible sobre los flujos financieros con el fin de garantizar una fiscalidad razonable —ni siquiera diremos justa— y una lucha efectiva contra la criminalidad fiscal; y en el otro la UE podía instituirse como una economía que empujara a un acuerdo global que recuperara la capacidad fiscal de los estados y controlase las divergencias fiscales, cada vez mayores, entre la economía clásica y la digital.

Hay varias razones que pueden ayudarnos a entender la oposición de algunos países: el más importante, sin duda, son los intereses inmediatos de los estados cada vez más orientados a mantener lógicas competitivas y no colaboradoras incluso en el

marco de la UE.

Las dos consecuencias más visibles de estos dos desatinos son, en nuestra opinión, el aumento de la desconfianza respecto al papel real de la Unión Europea y de sus utilidades; y, en segundo lugar, la presión creciente para hacer de la UE un proyecto cada vez más intergubernamental y menos supranacional.

La primera de las consecuencias suministra más combustible a los partidos de la extrema derecha xenófoba respecto al alejamiento de la Unión Europea del interés y la preocupación de la ciudadanía. Sobre todo, porque tanto la desigual fiscalidad de las empresas, como el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, son temas sobre los que la opinión pública europea se ha pronunciado y tiene una opinión claramente favorable a que sea abordado al nivel de la propia UE.

Conviene señalar, no obstante, que es en el nivel intergubernamental en el que se produce el bloqueo y a algunos países no parece preocuparles que quien pague la factura de estas desatinadas decisiones sea la Unión.

La segunda consecuencia, pone de relieve la presión creciente de los países de Visegrado, primero y de otros países más centrales de la Unión, como Italia o Alemania, para hacer más intergubernamental la actual Unión Europea. Algunas fuerzas de izquierdas se han sumado gustosas a esta estrategia que, en el actual contexto, no hace sino alimentar el relato del repliegue nacional y de la competencia entre trabajadores de diferentes estados. Querer eludir la lógica competitiva y de suma cero —todos pierden— del repliegue nacional enunciando conceptos como “soberanismo cooperativo” o similar son la evidencia de una lógica de pensamiento mágico cada vez más acusada y cada vez más escapista.

El Brexit ha puesto de manifiesto que el verdadero proyecto detrás de la reivindicación de “volver a tomar el control” con el que los conservadores y una parte de la izquierda quisieron vender las bondades democráticas y populares de la salida de la Unión, escondía en realidad la voluntad de las clases dirigentes británicas y de un importante sector de la City de convertir el Reino Unido en un Singapur al otro lado del canal. Una plaza financiera hipertrofiada con una total y completa desregulación laboral, bajas prestaciones sociales y bajos salarios.

Si la UE merece salvarse, deberá cambiar claramente tanto su naturaleza, como la legitimidad de sus instituciones y sus políticas públicas. Dicho así parece un objetivo inalcanzable. Pero la izquierda tiene que decidir si quiere dar esa batalla y combinar en todos los niveles de decisión política exigencias de democracia y responsabilidad o dejarse arrastrar por la ensoñación de un repliegue nacional que hoy es el nicho político de la extrema derecha xenófoba.

Malas decisiones como las mencionadas alimentan la desconfianza y refuerzan la evidencia de varias varas de medir en relación con temas muy sensibles para la ciudadanía. De nuestra parte, toca hacer lo posible para hacer visible a quien corresponde la responsabilidad por los desatinos, y en este caso, no es el único, corresponde decir que son los estados y es la intergubernamentalidad la responsable de los dos fiascos. Que cada palo aguante su vela.

El 26 de mayo se celebrarán las siguientes elecciones al Parlamento Europeo. Como eurodiputada y militante de Izquierda Unida he tomado la decisión de no presentarme de nuevo y quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras de IU las razones que me han llevado a tomar esta determinación. Todas ellas se resumen en una sola palabra: coherencia. Así es, por coherencia es por lo que no me presento como candidata por Izquierda Unida a las próximas elecciones europeas.

Por coherencia:

No me voy a presentar por coherencia con lo que pienso: soy de izquierdas, de esa izquierda que sigue pensando que existen las clases, y que el eje capital-trabajo sigue siendo el eje de la lucha y la transformación, incluso en un nuevo paradigma ambiental y de vida. Estoy firmemente convencida de que la clase trabajadora necesita un partido político que defienda sus intereses en las instituciones.

A pesar de haber experimentado las formas sectarias en la política y, lamentablemente, las de algunos compañeros a la hora de desarrollar mi trabajo, estos años en el Parlamento Europeo he aprendido y crecido tanto política como personalmente, junto a un equipo de grandes colaboradores y camaradas: Miguel, María, Pedro, Mariano, Mireia, Ramón.

Como eurodiputada, he tratado de responder a las demandas que se nos han hecho llegar: de nuestra militancia, de los sindicatos, de asociaciones y movimientos sociales con los que he podido compartir mi labor.

No he querido volver a presentarme a pesar de que la dirección de IU me trasladara esa posibilidad. Porque no me mueve ocupar un sillón si no es para defender el proyecto en el que creo, desde la pluralidad que siempre he defendido, entendida como un valor añadido. Somos pocos, muy pocos, para enfrentarnos al sistema depredador que se nos impone.

Las personas pasamos por las organizaciones, pero las organizaciones están por encima de las personas. La dirección ha conocido siempre mis discrepancias y les he comunicado mi disposición a dejar el acta del Parlamento Europeo, si así se me requiere.

Y, por último, quiero reafirmaros mi compromiso de que esté donde esté, seguiré trabajando para preservar el proyecto original de IU frente a una dirección que se ha alejado del mismo.

El pasado miércoles se votó en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo el Paquete de invierno de la Comisión Europea, que incluye la nueva Directiva de Energías Renovables (RED II). La mayoría de las declaraciones y análisis realizados han hecho referencia a la gran satisfacción por los resultados obtenidos, pero detrás de dicha satisfacción se ocultan sombras que obligan a moderar ese optimismo inicial y que llevó a la delegación de a Izquierda Unida a la abstención en la votación final.

Vayamos por partes. Lo primero es explicar el papel que ha jugado la Comisión Europea torpedeando la actual directiva (RED) a base de fortalecer el papel de las políticas de competencia frente a la política energética. El ejemplo más contundente de esta afirmación es, cómo no, el amparo legal que se dio a la retirada retroactiva de apoyos a las renovables en varios países, entre ellos España, incluso frente a tribunales internacionales. Esta situación de partida causa ahora una nube de ambigüedades sobre cómo se deberían interpretar las previsiones de la RED II, que en apariencia buscan –y esto es un elemento positivo- garantizar a los inversores en energías renovables un marco estable y predecible.

Del mismo modo que el desplazamiento de los aspectos de la gestión y la integración en los mercados de las energías renovables a diferentes directivas relacionadas con el mercado eléctrico europeo, redujo la coherencia de la directiva original, ahora ha sucedido lo contrario con algunas de las medidas contenidas en la directiva RED II, como el énfasis en las Garantías en Origen o la interconexión entre mercados eléctricos, que tienen más que ver con la Unión Energética que con la normativa específica de renovables.

Con ello, no negamos la existencia de puntos positivos en la RED II. Celebramos la apuesta para que los mecanismos de apoyo a las renovables puedan modularse para favorecer el desarrollo tecnológico y el impulso a las distintas fuentes de generación renovables o que los productores individuales y comunidades de autoconsumo -cruciales a la hora de obtener una participación colectiva en la transición energética- puedan participar sin que se impongan tasas a la producción para su propio uso. Por cierto, los diputados españoles del PP votaron en contra de la eliminación del “impuesto al sol”, al margen incluso de su propio grupo europeo. Esperemos que esto no anticipe la posición que mantendrá España en el Consejo. Pero si hay algo que hizo triunfar la RED original en su lucha contra el cambio climático fue establecer objetivos nacionales vinculantes.

Llegar al 35% de generación de energía renovable en el consumo total ha supuesto un éxito importante que deberemos defender en las negociaciones interinstitucionales, especialmente cuando la Comisión, desoyendo la posición del Parlamento de Junio de 2016, optó por mantener un ridículo 27% como meta global y, lo que es más grave -como decía anteriormente-, eliminar las ligaduras con los objetivos nacionales.

Ya hemos comprobado cómo los países más atrasados en el desarrollo en energías renovables tienen dificultades incluso para alcanzar sus objetivos de cara a 2020 y, lamentablemente, sin obligaciones nacionales habrá países que no contribuyan en la consecución del objetivo global para el año 2030. Peor aún. Sin una base consolidada de producción de renovables en todos los Estados miembros, como habría permitido el mantenimiento de objetivos vinculantes, parece imposible fijar una trayectoria congruente con los Acuerdos de París, que exigen un 100% de renovables en 2050.

Nuestro grupo (GUE/NGL) podría -a pesar de haber propuesto como objetivo global el 45%- haber aceptado el 35% si se hubiesen mantenido los objetivos nacionales vinculantes. Ahora tendremos que esperar a que el mercado energético europeo se autorregule para liderar la transición climática y, sinceramente, no tenemos ninguna duda de que eso no sucederá. Además, en el último momento se incluyó en la RED II un objetivo del 12% de uso de renovables para el transporte. Con este objetivo se impulsará la producción de biocombustibles sin control, manteniendo los problemas que ya señalamos en su día de acaparación de tierras y deforestación, además del aumento de emisiones de carbono.

Por último, la mayoría de derechas del Parlamento ha impedido que todas las referencias a la pobreza energética se abrieran camino en el texto de la directiva, al igual que cualquier referencia a la calidad del empleo y una transición socialmente justa en el sector energético.

En resumen, a pesar de las innegables mejoras, lo que ha pasado con la normativa RED II muestra lo limitado de la apuesta por las renovables en el contexto de la política energética de la Unión Europea, que es demasiado cercana a los grandes lobbies que dominan el mercado energético. En los próximos días comenzaremos los trílogos –negociaciones interinstitucionales entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión- y esperamos que los avances se mantengan y que tanto la Comisión como el Consejo muestren ambición, compromiso y voluntad en la lucha contra el cambio climático, cosa que a la hora de la verdad no han demostrado.

La UE anunciará antes del 11 de diciembre si liberaliza los intercambios con China, reconociéndola como economía de mercado (MES) ante la OMC. Este reconocimiento implicaría una reducción de los aranceles y las medidas anti-dumping aplicadas al gigante asiático, poniendo en peligro industrias fundamentales como el acero, el vidrio o la cerámica.

La Comisión tiene la posibilidad de negar el MES, pero parece dispuesta a tomar el camino emprendido por Australia, maquillando con algunas protecciones adicionales su apuesta por la liberalización comercial en detrimento de su industria. Sin embargo no tenemos mucha esperanza puesta en una Comisión cuya agenda comercial ha tratado de imponerse en contra de la voluntad de la práctica totalidad de la sociedad Europea.

Si nos oponemos al MES, no es por que negamos a China su derecho a elegir un modelo de desarrollo que mantenga una fuerte participación del Estado en su industria, como pretende hacer EEUU en su chantaje para reconocer, a su vez, el MES a China. Pero creemos que antes de profundizar en la liberalización de los intercambios globales debemos buscar un nuevo marco de cooperación que distribuya la producción mundial de sectores estratégicos, como única forma de permitir un desarrollo internacional equilibrado, social y ambientalmente sostenible. Que permita, entre otras cosas, recuperar el papel del Estado en la industria, con el objetivo de sostener el empleo de calidad y evitar convertirnos en una sociedad sin industria que importa todo lo que consume.

Para nosotros el problema no es China, y así lo manifestamos en la reciente visita del Grupo de la Izquierda Europea/Izquierda Verde Nórdica a Pekín, invitada oficialmente por el Gobierno Chino. El problema es la incapacidad del actual marco global del comercio para proteger la industria, no solo a través de barreras comerciales, sino de una verdadera participación del sector público en nuestra economía.

Las instituciones europeas continúan promoviendo el discurso del crecimiento a través de la integración comercial para fomentar la exportación, pero en un contexto de crisis y recesión global esto ya no es una opción para todos los estados miembros de la UE. ¿Debemos esperar al cierre de la última de nuestras fábricas para darnos cuenta de ello?

No podemos continuar abriendo nuestras economías al comercio internacional cuando esto no aporta flujos de inversión a la economía real y acelera los procesos de relocalización industrial y destrucción del empleo. Debemos avanzar hacia una relocalización de nuestra producción industrial, una producción sostenible en términos ambientales, económicos y sociales y que asegure que nuestro modelo de comercio es compatible con la soberanía sobre nuestro modelo productivo. Es aquí donde debemos recuperar el papel del Estado en la industria, desde la nacionalización de los sectores estratégicos, como la energía, hasta el apoyo financiero a la industria a través de una banca pública. Esta es la única herramienta para imponer a los mercados internacionales la voluntad de los trabajadores de nuestro país.

Nos encontramos ante un punto de inflexión de la política comercial de la UE, tras el breve conflicto político con Valonia por su oposición al CETA y las luchas populares contra el TTIP, la Comisión debe encarar su fracaso y avanzar hacia una política comercial alternativa. Una política comercial que mire por los intereses de los ciudadanos europeos y no de las multinacionales, quizás de esta forma no encuentren la feroz resistencia de un pueblo que por primera vez ha dicho BASTA a la liberalización comercial.

Paloma López es diputada por IU-IP en el Parlemento Europeo

El pasado mes de noviembre de 2014 estallaba el “escándalo” conocido como LuxLeaks, que revelaba los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Luxemburgo y 350 multinacionales entre 2002 y 2010 para establecerse en dicho paraíso fiscal y eludir los impuestos en el resto de Estados de la UE. Este “escándalo” se producía poco después de la elección de Jean Claude Juncker, presidente del Luxemburgo durante el citado periodo, revelando los verdaderos intereses del recién nominado presidente de la Comisión Europea.

Sin embargo, pese al revuelo producido, los partidos del centro político europeo, especialmente socialistas y populares, parecen no haberse sentido aludidos por el “escándalo”. En la actualidad, pese a su negativa a apoyar la comisión de investigación sobre LuxLeaks el Parlamento Europeo ha conseguido sumar los 188 apoyos, un cuarto del total de los eurodiputados,  necesarios para su constitución.

En realidad en el caso de LuxLeaks ninguna ley ha sido violada, las legislaciones tributarias de los Estados miembros permiten el movimiento de los capitales con el fin de optimizar su tributación. Este es el caso de las conocidas SICAVs en España y otros muchos instrumentos en la práctica totalidad de los Estados miembros de la UE. Así, pese a nuestro firme apoyo, tenemos alguna duda de los efectos que tendrá dicha comisión de investigación. Lo que sí nos resulta escandaloso es la inquebrantable negativa a cambios legislativos que obliguen a que las multinacionales y sus propietarios paguen impuestos en el país donde extraen sus beneficios.

Según los datos del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) un 70% del fraude fiscal en España se produce en sus grandes empresas y patrimonios. Estas fortunas disponen, a parte del fraude, de numerosos mecanismos legales para reducir su tributación en detrimento de los ingresos de los Estados, prácticas conocidas como planificación fiscal agresiva. Esto ha provocado la caída de la recaudación a través del impuesto de sociedades a menos de la mitad de lo recaudado antes del comienzo de la crisis financiera.

La caída de la recaudación es el principal problema tributario que afrontan las arcas públicas de los Estados de la Unión Europea, que deben acudir a los mercados de deuda para poder mantener el gasto público. Mientras que la Comisión Europea tan solo insta a los Estados a elevar la imposición indirecta, con impuestos como el IVA, mantiene un silencio absoluto a la hora de proponer medidas fiscales vinculantes que incremente la tributación de los grandes capitales. Su desinterés por una armonización al alza de los impuestos progresivos la convierte en cómplice de una competición tributaria que drena los presupuestos de los Estados e incrementa la desigualdad.

La propuesta fiscal de los grandes grupos políticos europeos está orientada intencionadamente hacia la falta de transparencia en los movimientos de los grandes capitales europeos, como demuestran con el pasmoso silencio del LuxLeaks. Al mismo tiempo el Consejo, compuesto por los Gobiernos pertenecientes a estos mismos partidos, impone límites a las medidas de transparencia en materia de delitos fiscales acordadas por el Parlamento Europeo en la pasada legislatura.

En este sentido, el pasado 16 de diciembre Parlamento, Comisión y Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que daba luz verde a la cuarta Directiva Anti Lavado de Dinero de la UE. Esta nueva Directiva implementa en la UE las recomendaciones establecidas por el G-7 en dicho ámbito.

Las últimas recomendaciones, publicadas en 2012, incluyen los delitos fiscales dentro de su mandato por primera vez en su historia. Esto ha supuesto un innegable avance al igualar, a nivel internacional, la persecución del lavado de dinero procedente del crimen organizado al procedente de delitos fiscales.

Durante el pasado mes de marzo de 2014 el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre la citada Directiva con un 94% de los votos a favor. Este informe proponía una ambiciosas medidas que, entre otras muchas, introducía la obligación a los Estados miembros de hacer público el registro de las personas beneficiarias de las empresas que practican delitos fiscales. Pese al casi unánime apoyo el Consejo ha impuesto una considerable reducción del alcance de la propuesta, especialmente en la publicidad de la información sobre los beneficiarios de las empresas evasoras, principal demanda de las ONGs y asociaciones vinculadas al sector de la política fiscal. Esto supone una oportunidad perdida, puesto que las nuevas medidas no gozarán de transparencia, impidiendo a la sociedad participar y señalar a los principales evasores en Europa.

Ni transparencia ni medidas para afrontar el fraude de los grandes capitales, este parece el proyecto de la Europa de Juncker, o más bien la Europa del LuxLeaks. Una Europa que continúa exigiendo subidas en el IVA, que podría terminar de hundir economías como la española, sin ofrecer alternativa alguna. En España se calcula que la economía sumergida representa casi un cuarto del PIB por la que el Estado pierde 88.000 millones de euros de ingresos totales al año. Estos ingresos, más el coste de la deuda necesaria para cubrirlos supondrían recursos suficientes para mantener numerosos servicios públicos; hospitales, escuelas infantiles, servicios sociales y de dependencia, etc. pero parece ser que el Señor Juncker ya tomó su decisión.

Nosotros no consideramos que hacer tributar a las grandes empresas y patrimonios sea una utopía, para nosotros el no hacerlo, pensando que se mantendrán nuestros derechos fundamentales sí que es una utopía. España ha sido el país donde más se han incrementado las desigualdades desde el comienzo de la crisis y sin un sistema impositivo progresivo y efectivo ningún Gobierno podrá desarrollar sus políticas, cualquiera que sea su signo. Es por esto que la tributación de los grandes capitales se ha convertido en la utopía necesaria para tratar de salvar una UE que sirva a los intereses de las personas.

Hacia 2010, una vez la actual crisis económica demostró su carácter estructural, las instituciones europeas se unieron para culpar del estancamiento a los excesos del déficit y la deuda pública.

Contribuyeron a imponer este relato los problemas que algunos países de la Eurozona tenían para financiar su gasto público en los volátiles mercados financieros; especialmente en Grecia, cuyas faltas en la colección de estadísticas públicas y corrupción política fueron peligrosamente instrumentalizadas para estigmatizar a un pueblo y venderlo al mejor postor.

No deberíamos olvidar que durante muchos años la principal incumplidora de las prescripciones de déficit y deuda no fue otra que Alemania, hoy presentada como alumna modelo. Mientras, a otros países como España se les felicitaba por mantener su déficit por debajo del 3% del PIB y su deuda dentro del límite del 60% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El resultado es conocido: tras estallar la burbuja inmobiliaria que sostuvo artificialmente las cuentas públicas, España se encuentra hoy con un cuarto de su población en paro, otro tercio en la más absoluta precariedad y la segunda deuda externa más elevada del mundo.

Tales son las consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal: desempleo, pobreza y dependencia exterior.

Insensible a sus resultados, un Consejo Europeo guiado por algunos Estados del este (halcones hoy recompensados por Juncker con los principales puestos de su Comisión), se alió con José Manuel Durão Barroso para desarrollar un conjunto de regulaciones que configuran la llamada “gobernanza europea”. Estas normas (two-pack, six-pack...) refuerzan el PEC y han permitido a la Comisión Europea ganar influencia política a través del semestre europeo, que se inicia en noviembre con la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados y culmina en mayo con la emisión de recomendaciones específicas.

La Comisión obtiene así el marco legal con el que justificar su injerencia en la política económica de los países que no son capaces de lograr los objetivos marcados para sus cuentas públicas: las recomendaciones exigen habitualmente mayor desregulación laboral, privatizaciones, impuestos regresivos y recortes al Estado del Bienestar e implican una progresiva centralización de las decisiones de política económica para evitar su escrutinio democrático, en perjuicio de la autonomía local y la subsidariedad entre administraciones.

Con ello se justifica a posteriori la actuación de la Comisión en los países intervenidos por la Troika, a la vez que se legitima la agenda de recortes y precarización del trabajo de Gobiernos como el de España.

Los socialistas europeos ofrecieron su voto a los comisarios de Juncker a cambio que alguno de sus candidatos, como Moscovici, contribuyeran a “flexibilizar” algunos de los elementos de esta gobernanza, incorporando elementos de carácter social en su supervisión o recomendando políticas fiscales expansivas o salarios más elevados a los Estados con una situación económica más holgada. No parece que estas esperanzas vayan a materializarse: hasta el momento, la única actividad políticamente reseñable de Moscovici ha sido su viaje a Grecia para participar de la campaña del miedo contra Syriza. Pero aun cuando se avanzara en este sentido, es importante recordar que el poder de la Comisión es inherentemente asimétrico, en tanto que tiene en la disciplina de la deuda un cómplice necesario.

La Comisión dispone de multas y sanciones para los Estados que desafían sus indicaciones, pero éstas son de baja cuantía y difíciles de implementar políticamente (como ocurriera ya con el PEC). Por el contrario, la “gobernanza” de la Comisión actúa indirectamente, ofreciendo liderazgo político a las demandas de los acreedores: su poder se manifiesta esencialmente sobre aquellos Estados intervenidos por el FMI y el BCE (“la Troika”) o rescatados en avance de la futura unión bancaria (como en España), después que los mercados de deuda pública se quedaran sin liquidez.

¿Existen márgenes para que los Estados atiendan a las necesidada de la mayoría en lugar de sucumbir al austericidio? Una alternativa de izquierdas pasa, en primer lugar, por revertir el yugo de la deuda sobre el orden social de los Estados periféricos. Deben auditarse y reestructurarse las deudas públicas y privadas allí dónde su pago entre en conflicto con los derechos de los ciudadanos: derecho a una atención médica decente y a la educación, al acceso a los servicios sociales, a un empleo o a una vivienda. Debemos responder a las movilizaciones ciudadanas que exigen un Gobierno al servicio de los trabajadores y no de las finanzas.

Pero deben atenderse también las causas profundas del endeudamiento: un modelo productivo insuficientemente diversificado y dependiente de la mano de obra barata, incapaz de invertir sin importar y de consumir sin endeudar a las familias; un Estado crónicamente subfinanciado por culpa del fraude fiscal y la insuficiente tributación del patrimonio y las rentas altas. Ello requiere una reforma fiscal ambiciosa y progresiva que dedique nuevos recursos a la inversión pública y proporcione financiación a las pymes y la industria.

Europa puede contribuir a esta transformación aumentando su presupuesto para cohesión y apostando por la armonización, al alza, de estándares sociales y tributarios. Pero los compromisos a los que puedan llegarse quedarán cojos si la UE y el BCE prefieren ser gestores de los mercados antes que servidores de los pueblos. Frente a la “gobernanza” que guía sus políticas económicas, reivindicamos algo más simple y más antiguo: su democratización.

Los últimos días de la Comisión Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversión con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendrán efectos devastadores para el empleo y la economía si no lo impedimos a través de una movilización masiva en múltiples ámbitos.

La Unión Europea admite en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, confiando que los empleos se recuperarán reorientado la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de débil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagandística: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en más de 1.000.000 de personas tan sólo en EEUU.

Si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación? Nada menos que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico. ¿Cómo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial del trabajo.

Esta voluntad antidemocrática se observa en la actividad diaria de la Comisión. Su agenda y compromisos se definen en el más absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigación. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo día de su firma, los grupos de presión empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacción del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.

En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata “de acabar con el principio de precaución”. Este principio, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, que quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulación más estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética sumamente agresivas. Pero la propia Comisión define tales protecciones como “barreras al libre comercio”, priorizando la obtención de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuestión de patentes, la posición será la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos genéricos o a la creación de nuevas pautas de consumo cultural.

Pero hay más. La creación de un único mercado transatlántico también tendrá efectos negativos sobre la regulación laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores economías del mundo continuará la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalización impone a los Estados, con el fin de asegurar una primacía competitiva tan fugaz como dañina para trabajadores y trabajadoras.

Otra demanda regulatoria es la liberalización del sector público, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento “competitivo” del transporte y las infraestructuras públicas, los servicios sociales, la salud o la educación. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una política industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el interés público se disolverán en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.

Por supuesto, las multinacionales no sólo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a través de la persuasión y los contactos informales y las “puertas giratorias”, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitirá a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que dañen sus intereses de inversión. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, además, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislación estatal; por ejemplo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en la elección de sus miembros, asegurándose siempre una visión favorable a sus denuncias.

Canadá, con una legislación generalmente más avanzada que la de EEUU, ya está sometido a la disciplina de los ISDS a través del NAFTA. La batería de casos pactados o perdidos frente a las multinacionales incluye la casi totalidad de sectores de interés público: compensación por limitar el uso de aditivos tóxicos en la gasolina, por poner trabas a la exportación de residuos peligrosos, por establecer mínimos de inversión en investigación y desarrollo, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica, etc. Y tales litigios y sus paralizadores efectos no dejan de ir en aumento, animados por las respuestas favorables a los intereses corporativos.

Finalmente, cabe considerar el mensaje político que se dirige a los países no partícipes de este acuerdo. De ratificarse el TTIP, las condiciones de la integración entre las mayores economías mundiales sentarían un importante precedente para la negociación de nuevos acuerdos multilaterales (como el TISA, sobre servicios) y, en definitiva, para la integración de los países en desarrollo en el comercio económico mundial, en el que ya participan en considerable desventaja frente a las principales potencias industriales.

Frente al programa neoliberal, debemos oponer nuestra propia agenda exterior: basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales.

No puede haber libertad sin justicia; tampoco en el comercio.