Hacia 2010, una vez la actual crisis económica demostró su carácter estructural, las instituciones europeas se unieron para culpar del estancamiento a los excesos del déficit y la deuda pública.

Contribuyeron a imponer este relato los problemas que algunos países de la Eurozona tenían para financiar su gasto público en los volátiles mercados financieros; especialmente en Grecia, cuyas faltas en la colección de estadísticas públicas y corrupción política fueron peligrosamente instrumentalizadas para estigmatizar a un pueblo y venderlo al mejor postor.

No deberíamos olvidar que durante muchos años la principal incumplidora de las prescripciones de déficit y deuda no fue otra que Alemania, hoy presentada como alumna modelo. Mientras, a otros países como España se les felicitaba por mantener su déficit por debajo del 3% del PIB y su deuda dentro del límite del 60% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El resultado es conocido: tras estallar la burbuja inmobiliaria que sostuvo artificialmente las cuentas públicas, España se encuentra hoy con un cuarto de su población en paro, otro tercio en la más absoluta precariedad y la segunda deuda externa más elevada del mundo.

Tales son las consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal: desempleo, pobreza y dependencia exterior.

Insensible a sus resultados, un Consejo Europeo guiado por algunos Estados del este (halcones hoy recompensados por Juncker con los principales puestos de su Comisión), se alió con José Manuel Durão Barroso para desarrollar un conjunto de regulaciones que configuran la llamada “gobernanza europea”. Estas normas (two-pack, six-pack...) refuerzan el PEC y han permitido a la Comisión Europea ganar influencia política a través del semestre europeo, que se inicia en noviembre con la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados y culmina en mayo con la emisión de recomendaciones específicas.

La Comisión obtiene así el marco legal con el que justificar su injerencia en la política económica de los países que no son capaces de lograr los objetivos marcados para sus cuentas públicas: las recomendaciones exigen habitualmente mayor desregulación laboral, privatizaciones, impuestos regresivos y recortes al Estado del Bienestar e implican una progresiva centralización de las decisiones de política económica para evitar su escrutinio democrático, en perjuicio de la autonomía local y la subsidariedad entre administraciones.

Con ello se justifica a posteriori la actuación de la Comisión en los países intervenidos por la Troika, a la vez que se legitima la agenda de recortes y precarización del trabajo de Gobiernos como el de España.

Los socialistas europeos ofrecieron su voto a los comisarios de Juncker a cambio que alguno de sus candidatos, como Moscovici, contribuyeran a “flexibilizar” algunos de los elementos de esta gobernanza, incorporando elementos de carácter social en su supervisión o recomendando políticas fiscales expansivas o salarios más elevados a los Estados con una situación económica más holgada. No parece que estas esperanzas vayan a materializarse: hasta el momento, la única actividad políticamente reseñable de Moscovici ha sido su viaje a Grecia para participar de la campaña del miedo contra Syriza. Pero aun cuando se avanzara en este sentido, es importante recordar que el poder de la Comisión es inherentemente asimétrico, en tanto que tiene en la disciplina de la deuda un cómplice necesario.

La Comisión dispone de multas y sanciones para los Estados que desafían sus indicaciones, pero éstas son de baja cuantía y difíciles de implementar políticamente (como ocurriera ya con el PEC). Por el contrario, la “gobernanza” de la Comisión actúa indirectamente, ofreciendo liderazgo político a las demandas de los acreedores: su poder se manifiesta esencialmente sobre aquellos Estados intervenidos por el FMI y el BCE (“la Troika”) o rescatados en avance de la futura unión bancaria (como en España), después que los mercados de deuda pública se quedaran sin liquidez.

¿Existen márgenes para que los Estados atiendan a las necesidada de la mayoría en lugar de sucumbir al austericidio? Una alternativa de izquierdas pasa, en primer lugar, por revertir el yugo de la deuda sobre el orden social de los Estados periféricos. Deben auditarse y reestructurarse las deudas públicas y privadas allí dónde su pago entre en conflicto con los derechos de los ciudadanos: derecho a una atención médica decente y a la educación, al acceso a los servicios sociales, a un empleo o a una vivienda. Debemos responder a las movilizaciones ciudadanas que exigen un Gobierno al servicio de los trabajadores y no de las finanzas.

Pero deben atenderse también las causas profundas del endeudamiento: un modelo productivo insuficientemente diversificado y dependiente de la mano de obra barata, incapaz de invertir sin importar y de consumir sin endeudar a las familias; un Estado crónicamente subfinanciado por culpa del fraude fiscal y la insuficiente tributación del patrimonio y las rentas altas. Ello requiere una reforma fiscal ambiciosa y progresiva que dedique nuevos recursos a la inversión pública y proporcione financiación a las pymes y la industria.

Europa puede contribuir a esta transformación aumentando su presupuesto para cohesión y apostando por la armonización, al alza, de estándares sociales y tributarios. Pero los compromisos a los que puedan llegarse quedarán cojos si la UE y el BCE prefieren ser gestores de los mercados antes que servidores de los pueblos. Frente a la “gobernanza” que guía sus políticas económicas, reivindicamos algo más simple y más antiguo: su democratización.

Los últimos días de la Comisión Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversión con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendrán efectos devastadores para el empleo y la economía si no lo impedimos a través de una movilización masiva en múltiples ámbitos.

La Unión Europea admite en sus informes la destrucción de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo, confiando que los empleos se recuperarán reorientado la producción hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de débil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagandística: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en más de 1.000.000 de personas tan sólo en EEUU.

Si no es el crecimiento, ¿qué objetivos persigue esta negociación? Nada menos que debilitar la soberanía democrática frente al poder económico. ¿Cómo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberanías, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistemáticamente sesgado contra los intereses de la mayoría de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserción periférica en la división mundial del trabajo.

Esta voluntad antidemocrática se observa en la actividad diaria de la Comisión. Su agenda y compromisos se definen en el más absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigación. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo día de su firma, los grupos de presión empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacción del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.

En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata “de acabar con el principio de precaución”. Este principio, que rige en temas como la salud pública y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campañas de la agroindustria, de los grupos farmacéuticos o del sector químico, que quieren imponer el uso de tecnologías o la comercialización de productos cuya seguridad no está probada.

Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulación más estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes químicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensión indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de técnicas de minería y extracción energética sumamente agresivas. Pero la propia Comisión define tales protecciones como “barreras al libre comercio”, priorizando la obtención de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuestión de patentes, la posición será la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos genéricos o a la creación de nuevas pautas de consumo cultural.

Pero hay más. La creación de un único mercado transatlántico también tendrá efectos negativos sobre la regulación laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores economías del mundo continuará la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalización impone a los Estados, con el fin de asegurar una primacía competitiva tan fugaz como dañina para trabajadores y trabajadoras.

Otra demanda regulatoria es la liberalización del sector público, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento “competitivo” del transporte y las infraestructuras públicas, los servicios sociales, la salud o la educación. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una política industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el interés público se disolverán en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.

Por supuesto, las multinacionales no sólo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a través de la persuasión y los contactos informales y las “puertas giratorias”, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creación de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitirá a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que dañen sus intereses de inversión. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, además, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislación estatal; por ejemplo, las empresas tendrán la posibilidad de participar en la elección de sus miembros, asegurándose siempre una visión favorable a sus denuncias.

Canadá, con una legislación generalmente más avanzada que la de EEUU, ya está sometido a la disciplina de los ISDS a través del NAFTA. La batería de casos pactados o perdidos frente a las multinacionales incluye la casi totalidad de sectores de interés público: compensación por limitar el uso de aditivos tóxicos en la gasolina, por poner trabas a la exportación de residuos peligrosos, por establecer mínimos de inversión en investigación y desarrollo, por recuperar la gestión de bienes comunes tras el cierre de una fábrica, etc. Y tales litigios y sus paralizadores efectos no dejan de ir en aumento, animados por las respuestas favorables a los intereses corporativos.

Finalmente, cabe considerar el mensaje político que se dirige a los países no partícipes de este acuerdo. De ratificarse el TTIP, las condiciones de la integración entre las mayores economías mundiales sentarían un importante precedente para la negociación de nuevos acuerdos multilaterales (como el TISA, sobre servicios) y, en definitiva, para la integración de los países en desarrollo en el comercio económico mundial, en el que ya participan en considerable desventaja frente a las principales potencias industriales.

Frente al programa neoliberal, debemos oponer nuestra propia agenda exterior: basada en la cooperación entre países, la ayuda al desarrollo y el respeto estricto de los derechos humanos y laborales.

No puede haber libertad sin justicia; tampoco en el comercio.