A continuación se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por el gobierno griego y aceptados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Cabe señalar que los compromisos están redactados con una calculada ambigüedad y amplia generalidad, de forma que pueden dar lugar a interpretaciones muy diferentes. De ahí que la antigua troika no se fíe y haya condicionado las ayudas a un estricto cumplimiento de los mismos que será frecuentemente revisado.

Entre las concesiones más importantes del Gobierno heleno se encuentran: la relajación de las condiciones en la negociación colectiva y la continuación de las privatizaciones programadas por el anterior gobierno. Sin embargo, se mantiene el aumento del salario mínimo interprofesional, la paralización de los desahucios más flagrantes, y una provisión de bienes y servicios públicos básicos mediante la regulación de las empresas privatizadas.

1) Crisis humanitaria

- Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, servicios sanitarios y energía) a través de medidas muy concretas como cupones para alimentos.

- Incrementar la supervisión y control para evitar abusos.

- Evaluar el programa piloto del Ingreso Mínimo Garantizada con vistas a extenderlo a nivel nacional.

- Asegurar que la lucha contra la crisis humanitaria no tenga ningún efecto fiscal.

2) Políticas para impulsar el crecimiento

Privatizaciones y servicios públicos

- No hacer retroceder las privatizaciones que se han completado.

- Velar por la provisión de bienes y servicios públicos básicos por parte de las empresas privatizadas.

- Revisión de las privatizaciones que aún no se han puesto en marcha, para maximizar los beneficios a largo plazo del Estado.

Reformas en el mercado laboral

- Mejorar la legislación del mercado de trabajo a través de un proceso de consulta con los interlocutores sociales.

- Ampliar y desarrollar el esquema existente que proporciona empleo temporal para los desempleados y mejorar programas de políticas activas de empleo.

- Nuevo enfoque para la negociación salarial colectiva que equilibre las necesidades de flexibilidad con equidad.

- Aumento del salario mínimo.

Reformas en el mercado

- Eliminación de las barreras a la competencia basada en las aportaciones de la OCDE. 

- Reducir cargas administrativas para las empresas y profesiones reguladas

- Mejor gestión de uso de la tierra.

- Alinear la regulación del gas y de la electricidad a las buenas prácticas y legislación de la UE

Reforma del sistema judicial

- Mejorar la organización de los tribunales.

- Promover la digitalización de los códigos legales.

Estadísticas

- Asegurar que la Oficina de Estadísticas tenga independencia, transparencia y recursos suficientes.

3) Políticas estructurales fiscales

Políticas fiscales:

- Reforma de la política, administración y aplicación del IVA, y modificar la fiscalidad de inversión colectiva.

- Ampliar definición de fraude fiscal y la evasión desmantelando inmunidad tributaria, y hacer cumplir y mejorar la legislación en materia de precios de transferencia.

- Trabajar hacia la creación de una nueva cultura de cumplimiento tributario para asegurar que todos los sectores de la sociedad, y sobre todo los ricos, contribuyen a la financiación de las políticas públicas.

Gestión de las Finanzas Públicas:

- Tomar medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas.

- Diseñar e implementar una estrategia relativa a la liquidación de los atrasos, las devoluciones de impuestos y reclamaciones de pensiones.

Administración de los ingresos:

- Fortalecer la independencia de la Secretaría General de Ingresos Públicos (GSPR), garantizando plena rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones, y fortalecer sus competencias.

- Asegurar personal de la GSPR adecuado, tanto cuantitativa como cualitativamente, la GSPR, y orientar su trabajo a combatir el fraude fiscal y los atrasos fiscales de los grupos sociales de altos ingresos.

El gasto público

- Revisión y control de gastos en todas las áreas del gasto público para mejorar su eficiencia y aumentar el ahorro, especialmente en los gastos no salariales (que suponen un espeluznante 56% del gasto público total).

- Control de los gastos de salud y mejorar la prestación y calidad de los servicios médicos, mientras se asegura el acceso universal.

Reforma de la seguridad social:

- Unificar y racionalizar las políticas de pensiones y eliminar los incentivos que dan lugar a una tasa excesiva de las jubilaciones anticipadas en toda la economía y, más específicamente, en el sector público y en la banca.

- Eliminar los cargos en nombre de «terceros» (cargas molestas) de una manera fiscalmente neutra.

- Establecer un vínculo más estrecho entre las cotizaciones de pensiones e ingresos, optimizar los beneficios y proporcionar asistencia dirigida a los empleados de entre 50 y 65 años, incluso a través de una renta básica garantizada.

Administración pública y corrupción

- Poner en marcha el Plan Nacional contra la Corrupción. Perseguir contrabando, lavado de dinero y precios de bienes importados.

- Reducir el número de ministerios de 16 a 10, el número de asesores y los beneficios de los cargos públicos y altos funcionarios.

- Controlar y limitar financiación de los partidos políticos y limitar endeudamiento frente a instituciones financieras.

- Regular ingresos de los medios de comunicación.

- Marco transparente y en tiempo real para las licitaciones públicas.

- Regulación de sueldos públicos, sin reducir suelo salarial pero evitando aumentos. Disminuir pagos no salariales.

4) Estabilidad financiera

Esquemas a plazos

- Mejorar la rapidez en los reembolsos de impuestos y atrasos en Seguridad Social, distinguiendo entre imposibilidad de pago e incumplimiento estratégico.

- Descriminalizar a deudores con deudas pequeñas.

Banca y préstamos en mora

- Controlar y regular la actuación bancaria para asegurar la estabilidad del sector.

- Colaborar en la gestión de los bancos para evitar los desahucios de vivienda principal de familias con ingresos inferiores a determinado umbral de ingreso.

- Evitar una nueva caída de los precios inmobiliarios.

- Modernizar la ley de bancarrota y facilitar la reestructuración de la deuda privada.

Frente al mito de una generación joven que no se compromete, se ha demostrado que hay una ciudadanía joven, formada y con ganas de cambiar su país para construirse un futuro

Paro, precariedad o exilio. Esa es la disyuntiva que ahora mismo vivimos millones de jóvenes en nuestro país cada día. Las cifras están ahí: más de un 42% de desempleo para las personas menores de 30 años, un 38% de quienes sí consiguen un trabajo lo hacen cobrando entre 6.000 y 12.000 euros anuales, o informes de Eurostat que señalan que España es el país de la UE que más población está perdiendo desde que comenzó la crisis. Los datos muestran a un país que está siendo desmantelado de arriba abajo condenando a varias generaciones de jóvenes a verse excluidas de un presente y un futuro digno en su tierra. Hasta organismos internacionales como el FMI (nada sospechosos de ser críticos) han calificado de “extrema y alarmante” la situación de la juventud en España. Pero sería un error quedarse en señalar y describir el problema, hay que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.

Si se analiza la historia reciente, se comprueba que el paro juvenil no es un fenómeno nuevo, sino que va muy asociado a los momentos de fuertes crisis económicas. Sin embargo, hay quienes se empañan en achacarlo a cuestiones individuales como la falta de formación o el grado de pasotismo de las nuevas generaciones. Como por ejemplo, el mantra que no se ha parado de repetir sobre la existencia de una generación “ni-ni”, que ni estudia ni trabaja, como si la culpa de que casi la mitad de la juventud esté en paro fuera porque somos un país de “jóvenes vagos”, dedicados al ocio y nada preocupados por querer un empelo. Una idea nada inocente y que persigue individualizar el problema del paro y de la falta de trabajos decentes para que no se vincule con las decisiones que se han ido tomando como país durante las últimas décadas. Las élites económicas y políticas nos han conducido a un modelo de crecimiento bajo una integración neoliberal europea (la UE) que exigía que los países del sur como el nuestro emprendieran grandes procesos de desindustrialización progresiva de nuestra economía.

Este proceso se consiguió maquillar durante años a través de diferentes burbujas financieras e inmobiliarias que permitieron generar muchos puestos de trabajo, a la vez que se producía un empeoramiento masivo de las condiciones laborales de quienes accedían a un empleo. Era la época de los llamados mileuristas, de cientos de jóvenes cada vez con mayor formación y con unas expectativas de futuro muy alejadas de lo que nuestro modelo productivo podía ofrecer. El resultado fue una precarización de las condiciones de vida que retrasaba la edad de acceso a las condiciones mínimas de incorporación a una vida adulta. Una época donde la emancipación cada vez era más tardía, pero donde aún quedaba la esperanza de que llegado un momento de tu vida tendrías, ya por fin, un trabajo que te garantizaría unas mínimas condiciones de independencia para poder llevar a cabo tu proyecto de vida.

Con la crisis todo saltó por los aires. Entramos en una dinámica económica de descomposición y de unos gobiernos que priorizaban salvar bancos y no personas, a la vez que emprendían los mayores planes de austeridad y recortes de las últimas décadas, cuyo efecto ha sido contar con las mayores tasas de desempleo juvenil del mundo. La situación para varias generaciones se convertía entonces, no en un retraso en las condiciones de emancipación y acceso a la vida adulta, sino en una ruptura de cualquier posibilidad de futuro que garantizase unas condiciones de vida dignas. Las cifras de paro se dispararon provocando que las condiciones laborales fueran aún peores. Esta situación ha conducido a que no haya expectativas de futuro, convirtiendo a varias generaciones en las generaciones perdidas, generaciones obligadas a emigrar forzosamente como ya lo hicieran otras hace más de 40 años.

Con este panorama, es evidente que hay una ruptura sociológica entre las generaciones más jóvenes y las generaciones adultas, y que la crisis económica y política que atravesamos también es una crisis generacional. Por eso, la gran mayoría de espacios de respuesta, como el 15M, que reivindicaban que la democracia estaba secuestrada por unas élites privilegiadas que empobrecían a la mayoría, son espacios fundamentalmente conformados por personas de una generación que veía como se les está negando su país. Una generación que cada vez se sentía menos vinculada a las instituciones que surgieron de la Constitución del 78 que no tuvieron ocasión de poder votar y que no les está garantizando derechos fundamentales como el derecho a un trabajo o a una vivienda.

Frente al mito de una generación joven que no se compromete, se ha demostrado que hay una ciudadanía joven, formada y con ganas de cambiar su país para construirse un futuro. La cuestión que ahora mismo está encima de la mesa es cómo hacerlo. Por eso, espacios y encuentros como el de Precarity and Youth que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre en Madrid y que contarán con la participación de jóvenes de diferentes países de la UE, son más que necesarios para debatir qué está pasando y articular diferentes respuestas que nos permitan recuperar nuestro país.