Esta semana hemos asistido a un ritual casi olvidado: la inauguración de un nuevo tramo de AVE. Con pompa y fanfarria Núñez Feijóo y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han dado por concluida la más de una década de obras del tren de alta velocidad al noroeste.

Concluye así el plan radial de las comunicaciones ferroviarias españolas. Es un plan que, al contrario de lo que pudiera pensarse, no hunde sus raíces en las necesidades económicas o en las demandas naturales de vertebración de zonas de España ligadas por lazos culturales e históricos. Efectivamente, de haber sido así Galicia estaría siendo conectada en alta velocidad con Oporto o Oviedo, lugares con los que los lazos comerciales y humanos son muy superiores a los que unen a los gallegos con Madrid. Sin embargo, mientras se inaugura el AVE Madrid-Galicia el trayecto entre Ferrol y Oviedo sigue siendo el más lento de España, recorre los 263 km que separan estas dos urbes a una velocidad media de 37 kilómetros por hora. Así que no, el AVE no responde a una necesidad económica, sino que es, por contra, un plan con un fundamento neta y llanamente político-ideológico: la concentración de recursos en Madrid.

 Este plan tiene casi 250 años y fue diseñado por la monarquía centralista borbónica, entonces en manos de Carlos III. Recién llegada a España esta dinastía se abocó a una única tarea: convertir España en Francia, moldearla a su imagen y semejanza y en particular lograr una concentración de poder —en sus manos— como la que sus primos hacían residir en la capital borbónica, París. Felipe V por su parte, el primer borbón y padre de Carlos III, había emprendido la tarea más difícil: acabar con la España confederal. Así, sus decretos de Nueva Planta arrasaron la autonomía de la antigua Corona de Aragón dando lugar a un modelo territorial contranatura y a un conflicto territorial que aún hoy divide a catalanes y españoles.

 Su hijo, Carlos III, sabía que el poder sólo es poder si se ejerce y para ejercerlo tenía que poder hacerlo llegar a cada rincón del país. Costara lo que costase. Así fue como la primera red de carreteras radial con epicentro en la Corte, en Madrid, el preludio de la red radial ferroviaria, se diseñó y comenzó a implantarse.

Y aunque ahora se recuerda a Carlos III como el “alcalde de Madrid”, contando la historia del vencedor, lo cierto es que el borbón gobernó contra los españoles de entonces que se levantaron contra él en sucesivas ocasiones. El déspota ilustrado llegaría a decir que los españoles eran “un pueblo anclado en infantiles torpezas” y que “mis vasallos son como los niños: lloran cuando se les lava...”

Pero volvamos al AVE. Ya en el siglo XX y XXI, como entonces hiciera Carlos III, las élites centralistas quisieron completar su proyecto político de acumulación de poder y así, en lugar de desarrollar una red ferroviaria económicamente racional conectando los principales puertos del país —a través del corredor mediterráneo y el corredor atlántico— se dispusieron a ejecutar la red radial que conecta cada capital de provincia con Madrid. En los albores de 2022 esta red está prácticamente terminada mientras los ejes transversales están lejos de ser ejecutados.

El eje sur —Sevilla— en 1992, el eje este —Valencia— en 2003, el noreste —Barcelona— en 2008. En 2021 terminó la ejecución del ramal noroeste —Galicia— y en 2022 terminará el ramal oeste —Extremadura—. En lo que toca al ramal norte, el último de la red radial, los gobernantes vascos sin embargo han priorizado terminar la llamada Y vasca, la comunicación entre las capitales vascas, antes que la conexión con Madrid, ¿por qué será?

Quizá porque la llegada del AVE, a pesar de lo que airean y proclaman los políticos que se fotografían en las inauguraciones, no trae riqueza, sino todo lo contrario.

Estamos ante un fenómeno estudiado. De un lado el efecto aspirador. Cuando se conectan dos polos demográficos y económicos con una grave asimetría, como la que Madrid tiene respecto al resto de las capitales peninsulares, se produce una tendencia natural a relocalizar sedes empresariales en el nodo más fuerte. Además la oferta de servicios local se ve inmediatamente amenazada por la competencia de agentes económicos de una dimensión y fortaleza muy superior, agentes que hasta entonces tenían una barrera —la distancia— de acceso.

En Sevilla, la primera capital conectada con Madrid con el AVE, lo sabemos muy bien. Con la llegada del tren de alta velocidad migraron de Sevilla a Madrid las sedes locales de las principales empresas y medios de comunicación nacionales. Estos ya no necesitaban tener delegaciones en Andalucía, bastaba con montar a un trabajador en el AVE desde Madrid.

En Córdoba vivieron un efecto similar. Ahora reciben más visitas desde Madrid pero estas ya no pernoctan tanto en la ciudad, que está a medio camino entre dos polos de atracción mayores, Madrid y Sevilla.

Finalmente el efecto túnel. Las ciudades y municipios entre los dos polos demográficos principales conectados pasan a quedar paradójicamente aislados. Primero porque el AVE tiene muchas menos paradas que el tren convencional y en segundo lugar porque con tiempos de comunicación más cortos las paradas se hacen menos necesarias. Municipios intermedios, cruces de caminos, pasan a ser ciudades fantasma.

Los números avalan esta lectura sobre el efecto económico negativo del AVE. En Valencia por ejemplo, el año 2004, un año después de la llegada del AVE, la Comunidad Autónoma creció un 0,4% más que la ciudad del Turia. Lo mismo le sucedió a Barcelona en 2009, un año después de la llegada del AVE. Cataluña creció un 0,2% más que su conectada capital. Cuando llegó la recesión en 2010 Barcelona también retrocedió un 0,3% más que el resto de la Comunidad.

El caso de ciudades de dimensión intermedia en la que la asimetría con Madrid es aún mayor el efecto es aún más severo. El AVE, por poner un ejemplo, llegó a Zamora en 2015. En 2016 el PIB per cápita de Zamora creció solo un 1,4% mientras el de Castilla y León crecía un 2,9%. Al año siguiente, 2017, la economía zamorana se hundió un 6% ¿Sin explicación? mientras su Comunidad seguía creciendo al 2,3%.

Algo parecido le había sucedido a Segovia. El año siguiente a la llegada del AVE a la ciudad (2008) su economía, de nuevo ¿Sin explicación? caía un 1,1% mientras el resto de la Comunidad crecía al 2,1%, 3 puntos de diferencia. En 2009, ya en plena recesión Segovia —la ciudad conectada por el AVE y a la que se auguraba prosperidad— veía su economía caer un 4,8% mientras el resto de la Comunidad resistía mejor, cayendo 1,5% menos.

Ojalá me equivoque y las delegaciones empresariales gallegas no migren ahora que las empresas pueden mandar un delegado a pasar el día desde Madrid. Ojalá los visitantes no hagan el viaje de ida y vuelta a Santiago de Compostela ahora que pueden “ahorrarse” una noche allá. Ojalá las todopoderosas consultoras e ingenierías madrileñas no aplasten con su competencia desleal a las gallegas. Ojalá. Las cifras no obstante sugieren que más les valdría ir poniendo las barbas a remojar.

Esta semana pareciera que las ondas del terremoto político originado en la lejana falla tectónica murciana llegan a Andalucía. Lo harán replicando tres fenómenos que ya venían expresándose en la política española, pero que solo se han constatado con total nitidez en este 4M madrileño.

1. Los movimientos tectónicos de la política española

En primer lugar la desaparición de Ciudadanos. La implosión de este espacio político no es un fenómeno madrileño, data de diciembre de 2019, cuando la derechización de Rivera -aquella foto de Colón- anuló su propia razón fundacional y existencial, ser un partido de centro liberal, bisagra para el PP y el PSOE. Entonces quedó reducido a su mínima expresión en el Congreso, pero su completa desaparición no había tenido aún oportunidad de reflejarse en los ámbitos autonómicos (en Galicia y Euskadi Ciudadanos nunca existió y en su Catalunya natal se le presumía cierta resistencia). Ha culminado en Madrid, el resto será mero epílogo.

En segundo lugar la fortaleza de las izquierdas apegadas al territorio, izquierdas locales y con formas y estética moderna, que además conectan con los anhelos de las generaciones postfordistas, las más precarizadas de la historia, generaciones preocupadas por el cambio climático, nativas digitales y crecidas y educadas en democracia, generaciones también reacias a las viejas formas autoritarias de los partidos y que huyen de la confrontación entre bandos irreconciliables que caracterizó la transición y a sus partidos -incluyendo a IU, ahora en Unidas Podemos-. Es la generación que vivió el 15M de 2011. Es una izquierda urbana, profundamente arraigada en su territorio, que conecta con la idiosincrasia local y entiende al pueblo al que quiere representar, un pueblo que en España no es igual en Murcia que en A Coruña, en Euskadi que en Cádiz. Esta izquierda moderna y que se siente mejor representada por las formas femeninas de hacer política ya ha triunfado en el pasado. Lo ha hecho en la Barcelona de Colau, en la Valencia de Oltra o la Galicia de Ana Pontón, además de en la Cádiz de Kichi y el Santiago de Compostela de Martiño, con dos dirigentes con fuerte raigambre local. También lo había hecho ya en Madrid. Recordemos que gracias a ese arraigo al territorio Más Madrid ya había obtenido un 15% de los votos en 2019 en la Comunidad de Madrid mientras se estrellaba en las generales con apenas un 2,3%. Es un hecho también que tras las últimas elecciones generales en las que Galicia, Euskadi, Catalunya, Valencia, Canarias, Navarra, Cantabria y Teruel consiguieron representación, en España se ha instalado una lógica federalizante de fondo, en la que cada Comunidad envidia tener representación propia y sin tutelajes a la luz de un Congreso en el que cada cual mira por lo suyo. El trabajo apegado a la comunidad, en el día a día, jornada a jornada, en la Asamblea madrileña, plaza a plaza y pueblo a pueblo, hicieron el resto para que Mónica García pudiera sostener el impulso pasado de Carmena y mejorar sus resultados llegando al 17%.

Finalmente Unidas Podemos. Hasta el pasado domingo Unidas Podemos venía transitando un paulatino ajuste a un espacio político fuertemente ideologizado de izquierdas. Efectivamente, según el último barómetro del CIS, si nos fijamos en la escala izquierda/derecha que ordena a quienes votan por motivos ideológicos, en el extremo izquierdo -el 1 y el 2- se sitúa un 12% de los votantes. En las pasadas elecciones generales Unidas Podemos se ajustó casi exactamente a ese espacio, con un 12,97% de los apoyos. En este 4M madrileño sin embargo cayó al 7,2%. El desgaste por su ejercicio de gobierno y una erosión en su campo -la izquierda- cuando compite con fuerzas de izquierda moderna y arraigo local explican esta cifra. Esta erosión tampoco es nueva. Ya hemos visto cómo Unidas Podemos sufre desgastes incluso superiores cuando compite con Compromís en Valencia, Bildu en Euskadi o el BNG en Galicia.

El paso atrás de Pablo Iglesias y el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz son sin duda fruto de esta reflexión. Yolanda Díaz encarna hoy no sólo lo mejor del gobierno de coalición sino también los valores y las formas de hacer política que han llevado a Colau, Oltra o García a poder representar a la izquierda moderna y apegada al territorio y los problemas de la gente, esos valores y formas que lograron llevar al Podemos de 2015 al 21% de los votos antes de que nuestros propios errores -los de Podemos- y la inédita y brutal campaña de desgaste sin límites contra Iglesias, se desplegara con toda intensidad. Díaz además no es militante de IU o de Podemos por lo que podría tener menos dificultades para buscar alianzas con estos espacios fuertemente arraigados al territorio, extendiendo la alianza con Colau de Unidas Podemos al Compromís de Oltra y ¿por qué no? al Más Madrid de Mónica García.

2. Andalucía, el muñeco roto de la izquierda

Una verdadera confederación de fuerzas políticas con arraigo amalgamadas de igual a igual con Unidas Podemos. Solo hay un problema: en la principal federación del país, Andalucía, a pesar de que la crisis del PSOE-A abre un espacio enorme para crecer, la izquierda hoy no es más que un muñeco roto.

Efectivamente, el PSOE-A se encuentra en un proceso cainita en el que unas durísimas primarias aparato contra aparato van a licuar las ilusiones de su militancia. Además, gane quien gane solo podrán ofrecer a los andaluces a un exconsejero -Juan Espadas- o una exconsejera -Susana Díaz- del Gobierno de Chávez-Griñán. Más que una renovación parece un lavado de cara.

Con un PSOE-A incapaz de renovarse y despertar ilusiones, atrapado por su pasado, jamás la izquierda alternativa había tenido tanto espacio disponible para crecer. A este espacio en el eje izquierdo se le añade otro campo electoral en paulatino pero sostenido crecimiento: el andalucismo.

En Andalucía el andalucismo nunca se ha expresado como soberanismo. Nuestro andalucismo es un andalucismo que se rebela contra los privilegios, contra los abusos, las inequidades y la injusticia. Y jamás el centralismo había representado mejor los privilegios, los abusos y la desigualdad. Jamás el centralismo madrileño había sido más repudiado en Andalucía, nunca Madrid había sido tan simbólico del despotismo chabacano ni los andaluces habíamos estado más hartos de escuchar los problemas de los madrileños hasta en la sopa mientras los nuestros se olvidan. Y por si fuera poco nunca había sido tan evidente nuestro triste destino como la “playa” de otros, de otros que llegan desde lugares con mayores tasas de contagio y con poco o ningún hábito de respeto a las normas de prevención ante la COVID-19.

En este contexto, la izquierda a la izquierda del PSOE parte de un suelo sólido. Según el CIS de 2015 y de 2018, realizado después de las elecciones andaluzas, un 6,4% de los andaluces se situarían en ese espacio de izquierda, entre el 1 y 2 de la escala izquierda/derecha. Esta cifra permanece estable en Andalucía desde hace más de una década. Diego Valderas sacó un 7% en 2004 y 2008, el mismo 7% que logró Antonio Maíllo en las andaluzas de 2015 contra un Podemos en apogeo y una Teresa Rodríguez exultante).  

Pero ese suelo puede crecer. En las elecciones de 2015 Podemos obtuvo un 15% (mientras IU mantenía su 7%). Sin duda uno de los factores a tener en cuenta como herramienta para la transversalización del voto andaluz de izquierdas fue precisamente el andalucismo, esa forma particular de conexión con el territorio que como decíamos tan bien le funcionó a Mónica García, Oltra, Carmena o Colau y que en aquellas elecciones encarnaba en Andalucía una aún desconocida Teresa Rodríguez. Una encuesta reciente del Centro de Estudios Andaluces indicaba que el el 11,8% de los andaluces se siente más andaluz que español. El doble que los que se sienten de extrema izquierda y una cifra cercana a ese 15% que obtuvo Rodríguez. Es un hecho también que tras las últimas elecciones generales Andalucía entera envidió tener la representación propia y sin tutelajes en el Congreso que tenían incluso territorios como Teruel.

Y en este escenario de nuevo aparentemente propicio, ante esta nueva ventana de oportunidad, ¿qué hace la izquierda andaluza a la izquierda del PSOE?. Autodestruirse. Dividirse hasta el absurdo, atomizarse y arriesgarse a desaparecer del Parlamento Andaluz dándole la oportunidad a la derecha de Bonilla y VOX de arrasar en las urnas.

De un lado Adelante Andalucía, la marca de Unidas Podemos en Andalucía, está en plena guerra civil con sus cuitas aireadas y judicializadas. Con esos mimbres y a estas alturas ya claramente arrinconada en el extremo izquierdo del tablero y con enormes dificultades para transversalizarse con el factor andalucista, dos formaciones competirían por separado por ese 7%, la de Teresa Rodríguez y Kichi de un lado y Unidas Podemos de otro. Las probabilidades de que ambas queden bajo la barrera del 3% que da paso a obtener un parlamentario en cada circunscripción en Andalucía son enormes, si bien en el caso de la coalición Unidas Podemos, una vez Podemos Andalucía ha quedado reducido a su mínima expresión tras la salida de los anticapis y errejonistas -que constituían el 90% de la militancia- sus fuerzas reposan casi en exclusiva sobre el socio más experimentado, Izquierda Unida, que probablemente pueda retener a gran parte de sus votantes más fieles (ese 7% de Valderas en 2004 y 2008, el de Antonio Maíllo en las andaluzas de 2015 ). De ser así Teresa Rodríguez y los anticapitalistas se quedarían sin espacio. Es más, en el eventual escenario de unas elecciones andaluzas que Moncloa hiciera coincidir con las elecciones generales (algo nada descartable dado que electoralmente esta coincidencia le ha dado inmejorables resultados al PSOE en el pasado), una candidata como Yolanda Díaz, la ministra más transversal de Unidas Podemos, una dirigente que tiene incluso mejor valoración (un 8) entre los votantes de Más País que entre sus propios votantes de UP, podría ampliar enormemente el espacio electoral de Unidas Podemos en Andalucía.

¿La conexión con el territorio de Rodríguez y la transversalidad de Errejón son sumables o una Teresa muy escorada a la izquierda puede anular la transversalidad de Errejón y el centralismo del madrileño puede anular el andalucismo de la gaditana?

En lo que respecta a Mas País Andalucía probablemente no pueda emular la operación madrileña o valenciana en Andalucía. Y no podría porque, como hemos dicho, esa operación tiene un componente fundamental: la conexión con el territorio, con el pueblo y la particular idiosincrasia de la gente a la que en cada lugar se quiere representar. En Andalucía a día de hoy MP no cuenta con el factor Mónica García y su trabajo silente pero constante de oposición en la Asamblea Madrileña, ni con las decenas de concejales que le dieron la base a Más Madrid para mirar de tú a tú al PSOE, ni con la herencia de Carmena. Con escasísima presencia mediática y su carácter extraparlamentario es difícil que puedan superar ese escollo en los próximos meses. De otro lado arrastran un hándicap añadido. Sin caras visibles andaluzas tendrían que fiar sus esperanzas a que Íñigo Errejón se volcara en la campaña lo que cortocircuitaría sus posibilidades de apelar a un incipiente andalucismo no soberanista y despertaría los anticuerpos ante un nuevo desembarco de madrileños en Andalucía.

Los incentivos para sumar las marcas son enormes para Teresa Rodríguez y Errejón -que no quiere llegar a las elecciones generales con una derrota en Andalucía-. Pero, ¿1+1 = 2?, ¿La conexión con el territorio de Rodríguez y la transversalidad de Errejón son sumables o por el contrario una Teresa Rodríguez muy escorada a la izquierda puede anular la transversalidad de Errejón y el centralismo del madrileño puede anular el andalucismo de la gaditana?, ¿son compatibles el veto a pactar con el PSOE de los Anticapitalistas con la mano tendida a éstos de Errejón? Lo cierto es que a día de hoy ambos espacios son agua y aceite. El andalucismo de los ex de Adelante Andalucía casa mal con subordinarse de nuevo a un espacio aparentemente dirigido desde Madrid y por otro lado gran parte de la militancia de Mas País Andalucía salió de Adelante Andalucía-Unidas Podemos precisamente porque Teresa Rodríguez era su Secretaria General. Una combinación explosiva con más incógnitas que certezas.

3. ¿Hay salida?

No quiero terminar este lúgubre retrato sin esbozar -soñar quizá- alguna opción de salida a la crisis. Y es que creo que solo un terremoto de generosidad podría cambiar el ánimo derrotista y frentista que rodea hoy a la izquierda andaluza. Quizá, solo quizá, un gran acuerdo entre los tres actores a la izquierda del PSOE, un acuerdo netamente andaluz y fraguado en Andalucía podría proyectar un clima diferente para quienes desde la izquierda andalucista esperamos poder volver a votar con ilusión. Sería un acuerdo que trasladaría que los andaluces no somos menos que los de Galicia, Euskadi, Catalunya, Valencia, Canarias o Teruel; nosotros también podemos tener representación propia y sin tutelajes. Ese gran acuerdo demostraría además que sus actores y actrices tienen la altura de miras suficiente como para poner a los andaluces por delante de sus efímeros intereses partidistas. Al mismo tiempo se erradicaría la imagen de lucha fratricida y personalista por los sillones del Parlamento. Sería un acuerdo en el que, por qué no, podrían sentirse de nuevo convocados los movimientos y activistas sociales huérfanos de espacios de participación política. Ese gran acuerdo en definitiva podría interpelar no solo al andalucismo y a la izquierda sino a todo el universo progresista andaluz que anhela otra forma de hacer política que no huela a naftalina y personalismo.

Me gustaría ser optimista pero me temo que este acuerdo no será posible. Solo un nuevo reset de los andaluces en las urnas permitirá salir de este empate catastrófico poniendo a cada cual en su sitio. Y aunque las tres fuerzas sueñan con que en ese “solo puede quedar uno” electoral serán ellos los agraciados, lo más probable es que tras las próximas elecciones, a la izquierda andaluza solo nos reste recomponer los restos del naufragio.

En estas semanas los andaluces progresistas asistimos atónitos a la enésima lucha fratricida entre las distintas familias de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Han corrido ríos de tinta apuntando inocentes y culpables, señalando la secuencia de los hechos y desgranando los golpes en twitter entre los protagonistas del entramado.

A estas alturas, excepto para los seguidores acérrimos de cada bando y a los historiadores de las miserias partidistas, ya poco importa si el origen del desastre está cerca o lejos, en un gesto de unos, o en un desaire de los otros.

Lo cierto es que salvo milagro los andaluces que quieran votar a la izquierda del PSOE tendrán que elegir entre dos papeletas, la del Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y la del Unidas Podemos de Pablo Iglesias. El voto se dividirá, no sé por dónde ni cuánto, pero se dividirá, y la representación de este espacio, antes unido, a buen seguro será menor.

Para muchos esta consideración habría sido suficiente para evitar el espectáculo desolador al que estamos asistiendo. Sin embargo, parece obvio que entre quienes han diseñado la fase final de este entuerto se han impuesto las consideraciones estratégicas.

El planteamiento de fondo apuntaría en dos direcciones. La primera, la más obvia, la voluntad del gobierno de coalición de buscar una réplica en Andalucía que habría sido muy difícil con Teresa Rodríguez a los mandos del campo electoral de Unidas Podemos. Ocurre además que las elecciones andaluzas se celebran un año antes que las estatales. La diferencia táctica entre recuperar el Gobierno andaluz para la izquierda reeditando con éxito la coalición estatal y un año de disputas entre los “socios” habría podido ser definitiva para las expectativas de éxito en las elecciones generales.

La segunda está en el campo de los complejos equilibrios internos del poder en el grupo confederal de Unidas Podemos. De un lado, en la rama andaluza de IU la salida de un federalista convencido, Antonio Maíllo, dejó el poder en manos de los hombres y mujeres próximos al Secretario General del PCE. Enrique Santiago es un centralista convencido. Para esta vieja corriente jacobina de la izquierda a la izquierda del PSOE, la pre-Podemos, el Andalucismo en la lógica plurinacional es, en sus propios términos, una forma provinciana.

De otro lado tenemos el equilibrio interno en Podemos. Basta recordar que de los 35 diputados en el Congreso de Unidas Podemos 7 son catalanes y 2 gallegos, con importantes cuotas de autonomía funcional. Si en el Congreso se conformara un subgrupo andaluz de Unidas Podemos a los 9 diputados ya autónomos habría que añadirles 6 diputados andaluces (llegaron a ser 11) y los, a buen seguro, 3 diputados vascos que no tardarían en seguirles reclamando autonomía. 18 diputados de 35 estarían fuera de la órbita de decisión de la dirección central del partido, más de la mitad. No es extraño por tanto que una dirección política educada en la disputa por el poder interno haya buscado evitar por todos los medios que esta posibilidad se materializara complicando a medio-largo plazo la gobernabilidad del partido.

Sin embargo el problema estratégico de fondo, y este es el problema no considerado por los estrategas del gobierno de coalición, es que Andalucía no es Castilla.

El año pasado AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión) presentó un estudio sobre identidad nacional y sentimientos de pertenencia. En él era fácil identificar grandes diferencias en el conglomerado identitario español. Según el estudio, mientras en Madrid y en ambas Castillas los ciudadanos se sienten predominantemente españoles, en Andalucía, Galicia y Canarias gana peso cualitativamente la identidad autonómica (hasta un 30% se siente más de la CCAA que español) y lo pierde la identidad exclusivamente española. En otro bloque se situarían Catalunya y Euskadi donde un 30% de la población se identifica únicamente con la CCAA.

¿Cómo se canalizará electoralmente ese sentimiento identitario? No es una pregunta baladí. Andalucía reparte 61 escaños, más de un 17% del hemiciclo, un peso electoral que será capital para definir los futuros ejecutivos españoles.

La pregunta estratégica a resolver es sencilla: ¿Cómo se canalizará electoralmente ese sentimiento identitario? No es una pregunta baladí. Andalucía reparte 61 escaños, más de un 17% del hemiciclo, un peso electoral que será capital para definir los futuros ejecutivos españoles.

Para resolver esta cuestión convendría mirar a la historia reciente del andalucismo, una historia que nos enseña que nuestra identidad se activa fundamentalmente por agravio comparativo. No es posible entender el fenómeno de fuerza verdiblanca del 4D y el 28F sin recordar que en aquellos días lo que se decidía era precisamente si Andalucía estaba en el vagón delantero con Catalunya, Euskadi y Galicia, las autonomías de “la vía rápida”, o por el contrario quedaba relegada a la vía “común”. Al contrario que en el caso vasco o catalán, nacionalismos ofensivos, el andaluz tiene un carácter defensivo. De ahí la metáfora del dragón dormido. La vieja UCD de Suárez, el todopoderoso partido de la transición española sabe bien que no conviene despertarlo. Fue su postura frente al referéndum de autonomía (“andaluz este no es tu referéndum” decían) lo que llevó a su desaparición.

En pocas palabras, en Andalucía existe un fuerte sentimiento de pertenencia identitario que se activa cuando percibe un trato discriminatorio.

¿Qué resortes piensan que se activan ya hoy en esa Andalucía cuando en España avanza la discusión federal a sus espaldas, cuando se discute el modelo de financiación autonómica con clara preferencia hacia los interlocutores con representación propia en el Congreso (Euskadi y Catalunya)?, ¿y cuando el gobierno de izquierdas pacta los presupuestos con Euskadi y Catalunya a cambio de evidentes -y legítimas- ventajas?

No hace falta ser Magnus Carlsen para averiguarlo. En ausencia de una organización andalucista de izquierdas que canalice las justas reivindicaciones de Andalucía, en ausencia de una fuerza política que equilibre la asimetría que sufre la representación efectiva de los andaluces en el Congreso, la indignación se canalizará por pura y sencilla oposición. El voto se inclinará por aquellos que más fuertemente se opongan a quienes “agravian”. Y no lo duden, no faltarán los voceros que pongan nombre y apellidos a “los culpables”: el gobierno y sus socios nacionalistas.

No se engañen, no es una hipótesis, ya está pasando, salgan y exploren la epidermis de los votantes de la extrema derecha en los barrios populares de Andalucía.

Ese y no otro es el problema de fondo, el problema estratégico a largo plazo. Al destruir la única opción andalucista de izquierdas Unidas Podemos podría estar entregando definitivamente el granero de votos andaluz a la derecha, podría estar regalando al régimen del 78 su seguro más sólido y con ello podría estar poniendo fin a la posibilidad misma de una España federal y republicana. Mientras la izquierda madrileña no entienda que no existe proyecto federal sin Andalucía sus esfuerzos de construcción colectiva están condenados, cual Sísifo, a rodar montaña abajo.

Que estamos en una encrucijada en nuestra historia como país es ya casi un lugar común. No hay quien desconozca que con un PIB que se contrajo un 18% en el segundo trimestre y casi cuatro millones de parados nos enfrentamos a un drama social y económico de dimensiones desconocidas.

Las soluciones de este problema requerirán medidas de una dimensión y audacia similar. Y sin embargo la cacofonía partidista parece obviar lo evidente y es que esta pandemia no es solo una profunda turbulencia económica sino que ha revelado una falla estructural de nuestra economía, ha puesto en evidencia la crisis existencial de nuestro modelo productivo.

Efectivamente, nuestro modelo se ha basado desde hace décadas en una megacentralización de los servicios, finanzas y poder político en la capital, en la construcción y el turismo en el sur-sureste y en una débil industrialización muy concentrada en Euskadi y Catalunya.

Las dos crisis de este s.XXI impactaron en la base de dos de los pilares de ese modelo, la construcción y el turismo. La construcción pasó de aportar un 10,4% del PIB en 2005, a un 5,2% en 2015, la mitad. El peso del turismo sobre el PIB en España alcanza el 12,3% y por dar solo una cifra, solo en el mes de julio hemos visto caer un 75% el número de visitantes desde el exterior.

El impacto de estos dos torpedos en la línea de flotación ha sido además brutalmente desigual en nuestro territorio y la realidad social lo refleja. Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Valencia a duras penas llegaban a los 10.000€ anuales de renta anual media por persona, un 14% por debajo de la media nacional. En el extremo opuesto las residencias de los otros dos pilares de nuestra economía: Madrid (capitalidad) y Euskadi y Cataluña (industria) con una renta anual media por encima de los 13.000€, un 14% por encima de la media nacional. Dramática asimetría que a buen seguro se ha profundizado con los efectos económicos de la pandemia.

No hay parches para esta situación, los pilares caídos no recuperarán su dimensión en el corto- medio plazo. Son pilares además de bajo valor añadido y tejido laboral fuertemente precarizado.

No hay por tanto otra salida viable para una España que pretenda poner su economía al nivel de los países industrializados de nuestro entorno que fortalecer los otros dos pilares de nuestra economía.

Y no bastará con invertir adecuadamente los 140.000 millones de euros de la Unión Europea en el desarrollo de nuevo tejido industrial de alto valor añadido vinculado a sectores tecnológicos y de la economía verde. Para evitar un muro de pobreza que seccione el país en dos mitades, sur y norte, se deberá redistribuir en el territorio el potencial económico de sus dos pilares productivos. España solo sobrevivirá como país si reequilibra su modelo productivo entre el norte y el sur.

En lo que respecta al pilar industrial será por tanto necesario invertir prioritariamente los recursos europeos en el sur-sureste de nuestro país, asumiendo que estas inversiones podrían ser más eficaces en el ya fértil tejido industrial del norte, pero que en este caso el sur requiere de esta discriminación positiva en materia de inversiones.

En lo tocante al efecto capitalidad es imprescindible empezar por reconocer su impacto benéfico en el crecimiento económico para asumir la necesidad de redistribuirlo en el territorio.

Ser capital y sobre todo acoger la industria del poder asociada a esta, que va desde empresas públicas a ministerios pasando por medios de comunicación y sedes de empresas con conexiones con el sector público/legislativo (finanzas, eléctricas, constructoras, concesionarias de servicios...es decir, el 90% del IBEX) es una fuente transcendental de riqueza.

En España tenemos múltiples ejemplos de esto.

Valladolid creció en los 15 años que pasaron entre 1980 y 1995, ya como capital de Castilla y León, un 5% más que la ciudad de la comunidad autónoma que en 1980 tenía un PIB similar, León. En el caso de Toledo, que es capital desde 1983 de Castilla la Mancha entre 1986 y 2012 su población se ha duplicado, el crecimiento mayor de todas las capitales provinciales de la región. Su PIB en 1996, 12 años más tarde de confirmarse su capitalidad, había crecido un 9,5% más que el de su inmediata seguidora, Ciudad Real.

El caso de Mérida, capital de Extremadura desde 1983 es aún más llamativo. Su población aumentó exponencialmente, creciendo un 24% entre 1981 y 1986. Cáceres, entre tanto, veía decrecer un 4% su población.

Y hablamos de capitales autonómicas, gobiernos que cuentan con una ínfima parte del presupuesto y de la capacidad legislativa, política y comunicativa de tracción que el gobierno central.

Para muestra un botón. En términos netos 150.000 empleos públicos estatales radican en Madrid, el 30% del total del Estado, el doble de lo que le correspondería por población y con un abultado sobrepeso de los puestos directivos. Según el Boletín del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la Comunidad de Madrid el 39% del empleo público depende de la administración estatal, más del doble de la media nacional, donde supone únicamente el 19% del total del empleo público.

Imaginen lo que suponen los recursos económicos que al calor de la capitalidad de Madrid atraen los negocios y las decenas de miles de salarios de las 19 de las 35 empresas que tienen sede allí - cerca del poder-, de los trabajadores y trabajadoras de 22 ministerios, las sedes de todos los partidos políticos estatales, toda la cúpula del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional), de los más de 1.500 trabajadores del Congreso, los 350 diputados, los 265 senadores....pero también de las direcciones operativas y políticas de Renfe, Adif, Loterías y Apuestas del Estado, Agencia EFE, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que incluye a empresas de la dimensión de Tragsa o Mercasa, que gestiona 23 mercas en las principales ciudades de España), del Grupo Correos, Paradores Nacionales, ICEX, ICO, Consorcio de Compensación de Seguros, AENA, Enaire, RTVE, Sepes), CSIC, etc., y un largo etcétera de empresas públicas con capacidad de gestión y poder para dirigir y traccionar sectores de crucial importancia para la economía española como el propio Banco de España, la CNMV o la CNMC...

La capitalidad es un pilar evidente y crucial de la economía y en una economía que ha perdido dos de sus cuatro pilares y con la brutal desigualdad territorial de nuestro país no cabe pensar en la recuperación económica sin una adecuada distribución de este pilar económico. Para lograrlo es preciso apostar por la descentralización de la hiperconcentración de recursos públicos (y sus satélites privados) sitas en Madrid. Para hacerlo bastaría con seguir el ejemplo de Alemania o EEUU que tienen sus sedes financieras (Frankfurt y Nueva York), sus hubs aeroportuarios (Frankfurt y Atlanta) y sus centros de decisión legislativos desconcentrados (Berlin y Whashington). No es tan complicado, ¿por qué no puede residir Puertos del Estado en Algeciras?, ¿por qué el hub aeroportuario español no debería estar en Málaga?, ¿y por qué no las oficinas centrales de Navantia en Ferrol?, ¿y la sede de los poderes judiciales en Zaragoza? ¿y Salvamento Marítimo en Almería?, ¿la sede del Grupo Correos en Avilés?, ¿Tragsa en Lugo?, ¿el Senado en Barcelona y el Congreso en Santander?, ¿el CSIC en León?....

Se precisa la valentía para reconocer el problema, el coraje para abordarlo y la voluntad para acometer medidas de este calado. ¿pedimos demasiado? 

En América Latina es habitual escuchar, con personajes que van cambiando de un país a otro, una historia tan chistosa como triste sobre el comportamiento de los cangrejos.

En el chiste se cuenta cómo un turista llega a un mercado local y se encuentra a un vendedor de cangrejos con tres cestas llenas de ellos. La primera tiene una losa de piedra tapando la boca de la cesta. La segunda sólo un ligero tablón de madera y la tercera está abierta de par en par.

El turista, curioso, pregunta al vendedor de cangrejos por este extraño comportamiento y el vendedor le cuenta -insisto en que en cada lugar la historia se narra con distintas nacionalidades- que en la primera cesta hay cangrejos alemanes, muy colaborativos, que se juntan para armar torres de cangrejos y saltar de la cesta. Con ellos, un tablón de madera no es suficiente porque lo empujan y escapan. La segunda cesta estaría llena de cangrejos norteamericanos, muy independientes y activos. A poco que te descuides uno de ellos trepa y escapa, pero basta con un ligero tablón de madera para evitarlo ya que un solo cangrejo no puede desplazar la tapa.

En la tercera, cómo no, hay cangrejos mexicanos -en México-, colombianos -en Colombia- o peruanos -en Perú-. En todos los casos el relato es el mismo: estos cangrejos no escapan nunca, a poco que uno se acerca a la boca del cesto y acaricia la libertad, el resto tira de él y lo devuelve al grupo.

Más allá del componente eurocéntrico del chiste y de cierta melancolía irónica en la lógica autocrítica que comporta, lo cierto es que se traslada un mensaje intuitivo sobre la concepción que tenemos todos y todas del progreso de una comunidad.

No es demasiado difícil identificar en el modelo liberal de desarrollo del PP y del social-liberalismo de Susana Díaz a los cangrejos del segundo cesto. En el caso andaluz, además el tablón de madera no es en absoluto ligero. No en vano demasiados de nuestros más prolíficos y destacados científicos y artistas han tenido que salir de nuestra tierra para progresar.

Y reconózcanmelo, ¿no ven a los cangrejos del tercer cesto en la postura permanentemente enojada, sistemáticamente atrincherada y fundamentalmente acomplejada de los votantes de Vox frente a la valentía -al margen de que uno comparta su proyecto o no- de aquellos vascos y catalanes que buscan fórmulas de autogobierno mejores para su tierra

Recordé este chiste no hace mucho cuando, en un céntrico bar de Sevilla, conversaba con un conocido andalucista y una alto cargo de la entonces socialista consejería de economía de la Junta de Andalucía. Ambos, desde perspectivas diferentes, sostenían que Andalucía no debía reclamar una hacienda propia. Según su particular -pero hegemónica- perspectiva, Andalucía dependía demasiado de las transferencias de recursos. Supongo que este grupo pertenecería a un cuarto cesto, los que ni siquiera quieren escaparse.

Y sin embargo el pueblo andaluz es un pueblo que exige, pelea y desea liberarse de las ataduras del atraso. Pregúntenle a un trabajador o trabajadora andaluza qué le parece que el salario medio en Madrid sea de 27.089€ frente a los 21.404€ de Andalucía, un 26% menos. Les aseguro que a lo que aspiran tanto unos como otros no es sino a alcanzar -siquiera a medio plazo- los mismos niveles de prosperidad.

Y ustedes dirán...¿y qué podemos hacer? La respuesta a este dilema la tenemos en nuestro pasado reciente, encarnados en un 4 de Diciembre de 1977 y un 28 de febrero de 1980. Cuando los andaluces y andaluzas hemos tenido un horizonte compartido y compartido esfuerzos para lograrlo, como los cangrejos del primer cesto, lo hemos conseguido.

Toca desterrar los complejos de la ultraderecha miope, olvidar demasiados años de inmovilismo acomodado y sobre todo sacudirse cuatro décadas de liberalismo, en sus formas levógira y dextrógira.

Toca por el contrario levantar un proyecto común, de todos los andaluces y andaluzas, en torno a nuestras potenciales y las demandas que pueden hacerlas realidad. Tenemos que construir un horizonte compartido.

¿No estamos los andaluces y andaluzas de acuerdo en que debemos aprovechar que tenemos el puerto más importante del Mediterráneo y somos un nodo intercontinental para convertirnos en la referencia mundial de la logística? ¿No coincidimos en que para eso necesitamos que el Gobierno en lugar de cerrar servicios ferroviarios con Algeciras termine de una vez por todas la conexión con este puerto? Los andaluces y andaluzas sabemos que con nuestra horas de sol al año podemos y debemos ser la referencia mundial en energías limpias, ¿no podríamos empezar por pedir que el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía, el IDAE, que canaliza cuantiosos recursos financieros y humanos (solo el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) representa un total de 987 millones de euros) pasara de estar en la C/ Madera, 8. de Madrid a alguna calle de algún municipio andaluz? Los andaluces y andaluzas de izquierdas y derechas coincidimos también en que podemos y debemos ser una potencia agroalimentaria a la altura de lo que se corresponde con nuestra capacidad productiva. Quizá ayudaría que la sede del Ministerio de Agricultura o al menos la de la Empresa Pública de Transformación Agraria (TRAGSA), junto a la capacidad de decisión sobre sus 811 millones de euros de cifra de negocio, se trasladaran de la  C/ Maldonado, 58 de Madrid a cualquier rincón de Andalucía.

Los mimbres están sobre la mesa, el movimiento tectónico que supone la COVID también, con su espectacular crisis económica pero también con la imperiosa necesidad de repensar hacia dónde y cómo saldremos de ella. Los andaluces y andaluzas tenemos solo dos opciones: bajar los brazos y dejar que desde Madrid decidan cómo y qué necesitamos para prosperar… o volver a tomar, juntos, las riendas de nuestro propio destino para que nunca más seamos los más golpeados por una crisis.

Elijan su cesta.

Cuando comenzamos a atisbar el final de la crisis sanitaria Andalucía, se asoma a la crisis económica. Las cifras parecen abocarnos a un cataclismo social sin precedentes, a una era en la que el hambre podría volver a enseñorearse en Andalucía.

La realidad salta a la vista. El golpe sobre las bases sociales y económicas de sectores esenciales para la región como el turismo y la construcción (13% y 6% del PIB respectivamente) tendrá impactos duraderos. La nuestra no es una industria que pueda reiniciarse pulsando el botón de una factoría.

Andalucía ya es hoy la región de España donde el confinamiento ha hecho subir más el paro en términos relativos, un 17,3 % por un 9,3 % de alza media nacional. Nuestra comunidad autónoma concentra el 45,8% de la subida del paro en toda España.

Estas cifras anticipan un futuro dramático para una tierra andaluza que ya batía récords de desigualdad y exclusión social. Según el informe 2018 de la Red Europea contra la Pobreza, el 37,3 % de la población de Andalucía estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2017.

En esa misma fecha, el índice de pobreza europeo (AROPE) era para Andalucía 10,7 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional[1]. Este es un dato claramente relacionado con la distribución de la riqueza en nuestro país: la riqueza media por andaluz (PIB per cápita) se situó en 17.790 euros el año 2016, frente a los 32.815 euros de los madrileños. Un habitante medio de Madrid es casi el doble de rico que uno de Andalucía. (INE 2017).

Con esas cifras sobre la mesa y ahora que el país discute sobre un plan Marshall o fondos de reconstrucción en una terminología postbélica, es preciso alzar la voz desde el sur para exigir valentía y voluntad política para recordar que ninguna región requiere como Andalucía de la reorientación en su favor de los recursos productivos centralizados, de una apuesta por la reforma estructural de su economía y de la decidida redistribución de sus rentas.

Pero ¿cómo?, ¿con qué reorientación?, ¿qué redistribución?, ¿con qué horizonte?, ¿qué medidas concretas por audaces y complejas que sean podrían sacar a Andalucía del shock económico que se avecina?, ¿qué apuestas hasta ayer imposibles hoy son imprescindibles?

Busquemos una pista en las cifras.

En Andalucía llueve sobre mojado

En 2012, mientras el país comenzaba a salir de la crisis, en Andalucía el reparto de la riqueza demostraba una distribución desigual: de un lado el valor de todos los salarios andaluces, las rentas del trabajo, caían por primera vez en décadas por debajo de las rentas del capital[2]. Entre tanto el decil de rentas más altas (el 10% de población con rentas mayores) veía como su renta media crecía un 9% mientras que el decil de las rentas más bajas perdía un 4% de su ya exiguos ingresos, que cayeron a menos de 653€/mes[3].

Algunos en Andalucía salieron mejor de la crisis de 2008 que otros.

La desigualdad andaluza tiene además una cúspide particularmente afilada. Según mostraba la investigación reciente del periodista Paco Sánchez Múgica para CTXT y La Voz del Sur, el 0,0001% de la población, 14 personas, acumulan el 4,5% del PIB de la región, 400.000 veces lo que corresponde a un andaluz medio (en PIB/per cápita)[4]. Repito, cuatrocientas mil veces.

Los orígenes de buena parte de las fortunas de este escueto listado nos remite casi mecánicamente a la base de la desigualdad de la renta andaluza, destilada de la histórica desigualdad en el acceso a la tierra.

Efectivamente, en el año 1990, momento en el que finalmente desaparece del horizonte de los gobiernos socialistas la reforma agraria[5], dos millones y medio de hectáreas, una de cada tres hectáreas en Andalucía, estaban concentradas en manos de menos de mil propietarios[6], solo un 0,26% del total. Cada una de las fincas de estos terratenientes tiene una superficie media de más de 2100 hectáreas (casi 2000 campos de fútbol), 200 veces el tamaño medio de las fincas del resto de propietarios. Estos grandes latifundios son además improductivos: la mitad de esas hectáreas permanecía ociosa mientras que solo el 21% de la tierra en manos de los pequeños propietarios no se cultivaba.

La obscena ineficiencia económica de la concentración de la riqueza en Andalucía refuerza las tesis del reputado economista y director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales francesa, Thomas Piketty, que sostiene la correlación entre igualdad en la concentración de la riqueza y crecimiento económico.

Un horizonte para la crisis

Conviene no engañarse sobre este punto. Andalucía necesitará una inyección sustancial de recursos públicos adecuadamente orientados para 1) amortiguar el impacto de la crisis y 2) reorientar su tejido productivo para evitar futuros impactos.

Si bien una parte de los recursos y del diseño del escudo social corresponden a las autoridades europeas y españolas, Andalucía tiene la oportunidad y la obligación de elegir en esta encrucijada histórica su propio destino.

Y el destino andaluz pasa ineludiblemente por la revalorización de sus inmensos potenciales. Andalucía tiene que comenzar por abanderar en España la demandada reforma del reparto de la cadena de valor del sector agroalimentario, promoviendo el alza de los precios de producción y penalizando las tierras ociosas.

Es necesario también comprometer recursos nacionales, europeos y andaluces para convertir a Andalucía en la primera región solar del continente, buscando la hegemonía europea en la materia. Para ello será preciso hacer grandes apuestas estratégicas en el campo de la inversión en investigación y la localización de centros especializados en la materia, empezando por el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) que hoy tiene sede en la C/ Madera, 8 de…. Madrid.

Esas inversiones deben destinarse masivamente y en particular al ámbito productivo, embarcando a la región en un gran proyecto de rehabilitación de viviendas orientado a ser pioneros en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la superficie de producción eléctrica solar en una región especialmente idónea para ello, reduciendo las brutales ineficiencias energéticas de nuestro parque de viviendas obsoleto y activando el tejido microempresarial asociado al empleo en el sector de la construcción y en el bloque tecnológico vinculado a la producción energética solar.

En otro orden de cosas Andalucía debe aprovechar las ventajas geográficas de nuestra región, puerta de África y puente con Asia y América Latina a través del principal puerto de tránsito del mediterráneo, el de Algeciras. Andalucía debe acaparar y protagonizar un polo de desarrollo e innovación en el área de la logística, un sector en expansión creciente en un mundo de cadenas just in time y de producción customizada consumidor a consumidor.

Finalmente es preciso exigir en España un reequilibrio territorial de los principales activadores productivos del país. Al menos dos de ellos dependen directamente de la decisión gubernamental: 1) localización de los principales centros administrativos y 2) principales nodos de comunicación. Ya he comentado en otras ocasiones que la residencia del poder público genera sinergias económicas en su entorno (no en vano el sector público mueve el 41% del PIB) y que en España esa residencia está ultracentralizada. Es posible y deseable que sedes ministeriales, sedes de poderes del Estado y entidades públicas se diseminen por el territorio diversificando su impacto positivo en las economías (del mismo modo que en Alemania Bonn es la capital administrativa, Berlín la política, Frankfurt la financiera y Hamburgo la comercial, o en EEUU Washington es la capital política, Nueva York la financiera, Chicago la industrial y Los Ángeles la tecnológica). En lo que se refiere a los nodos de comunicación, los hubs aeroportuarios (intercambiadores masivos de tránsito) son también una fuente principal de ingresos. En Alemania el hub aeroportuario está en Frankfurt no en Berlín, en EEUU está en Atlanta no en Washington. En España está en Madrid-Barajas y supone el 10% del PIB de una comunidad que aventaja en recursos públicos al resto de regiones. ¿por qué no adoptar soluciones imaginativas como “deslocalizar” sus recursos imputando los ingentes beneficios a una suerte de presupuesto “federal” a repartir entre todos?, ¿por qué no favorecer otros nodos aeroportuarios bien conectados por tren con Madrid como Málaga o Barcelona distribuyendo recursos?, ¿por qué no situar la sede de la estatal Puertos del Estado en Algeciras?. Así eludiríamos el efecto sede que beneficia desigualmente a Madrid.

Parece justo reclamar que la salida de la crisis económica por venir asuma esta realidad y redistribuya los esfuerzos descentralizando recursos de un tejido productivo que nunca debió centralizarse.

Y es que sí, como no podría ser de otra manera en estos tiempos de crisis sanitaria todo el país ha volcado con convicción su solidaridad en la región capital. Quizá con la crisis económica llegará el tiempo de la reciprocidad. Del mismo modo que en estos días se han trasladado recursos desde otras comunidades (como las 150.000 mascarillas de la fábrica andaluza) y todos nos hemos recluido al particular ritmo que la capital demandaba (hasta los vecinos de la Graciosa, una isla canaria sin un solo caso de coronavirus), llegará el momento de exigir solidaridad con las regiones empobrecidas por el desmantelamiento industrial de las últimas décadas.

Tanto estas medidas como otras que deberán adoptarse requerirán al menos la confluencia de dos factores: recursos económicos y voluntad política.

Sobre el primero baste decir que en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, de 1950 hasta 1980, prácticamente todos los países involucrados en la guerra (ganadores y perdedores) aumentaron sus impuestos a las rentas más altas, llegando a aplicar tipos ultra progresivos con hasta un 90% (EEUU) sobre las rentas más altas y un 85% (Japón y Reino Unido) sobre las mayores herencias[7]. Ya hemos visto que ni España ni Andalucía son ajenas a la distribución desigual de la riqueza. O lo que es lo mismo: hay dinero.

En lo que se refiere a la voluntad política, en Andalucía vivimos en un erial. De un lado resulta dolorosamente evidente que el gobierno andaluz de PP-Cs (apoyado por la extrema derecha) carece de imaginación suficiente para superar las recetas habituales (bajadas de impuestos y recortes del sector público), recetas que ni siquiera sus países tótem (EEUU y Reino Unido) van a aplicar. Enfrente encontramos al PSOE-A de Susana Díaz, aún ensimismado y obsesionado por recuperar el poder perdido, un partido anquilosado por décadas de gobierno en las que fue incapaz de transformar el horizonte productivo andaluz. Poco cabe esperar en ese campo.

Solo nos resta la esperanza del propio pueblo andaluz autoorganizado alzando su voz, ese pueblo que un 4D de 1977 marcó orientación y horizonte a sus dirigentes. Ojalá esta vez el levantaos de nuestro himno no atraviese nuestra tierra demasiado tarde.

Sergio Pascual es miembro del consejo ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y fue diputado en el Congreso en las legislaturas XI y XII

[1] https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_ANDALUCIA.pdf

[2] Según datos del IECA

[3]Datos del INE para el periodo 2008 – 2017

[4] https://www.lavozdelsur.es/la-fortuna-de-los-14-mas-ricos-de-andalucia-suma-6-700-millones-de-euros-el-45-del-pib-andaluz/

[5] Un proceso que culminaría con la desaparición del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA) en 2010

[6] 2.485.636 hectáreas en manos de 952 propietarios para ser exactos

[7] Ver Capital e Ideología, de Thomas Piketty, pág. 536 y siguientes

Cuando en agosto de 1982 el secretario de Hacienda de México, Jesús Silva-Herzog Flores hizo público que el país ya no sería capaz de pagar su deuda, América latina debía 315.000 millones de dólares, un 50% del PIB de la época.

Una década antes, la Bolsa de Londres había caído un 73% como consecuencia del dramático incremento de los precios del petróleo, la Bolsa de Nueva York perdía 97.000 millones de dólares de su valor en seis semanas. Un fenómeno exógeno, no esperado –el embargo petrolero–, impactó la economía global llevando a una espiral de cierres de empresas y desempleo. Las escuelas y oficinas en EEUU llegaron a cerrar para ahorrar el combustible de calefacción y las fábricas tuvieron que reducir la producción y despedir masivamente trabajadores. En Europa comenzaban años de desempleo crónico.

Los estados tuvieron que endeudarse para responder con recursos públicos al hundimiento de la producción y de la economía. Como sin duda sucederá en el futuro cercano, entonces como hoy, aquellas medidas imprescindibles incrementaron el déficit público y el de balanza comercial, con las consiguientes devaluaciones de las distintas monedas (por solo poner un ejemplo, en 1977 se produjo la mayor devaluación de la peseta, un 24,87%) y procesos inflacionarios.

Finalmente, ya en los 80, el mundo acabó escogiendo un rumbo con claro sesgo ideológico como particular opción de salida a la crisis: el neoliberalismo. El neoliberalismo llegó con sus masivas privatizaciones del sector público para atraer capitales y con la reducción del Estado del bienestar como respuesta ante el déficit. El resto de la historia es conocida y hoy pagamos gravemente las consecuencias del desmantelamiento de sectores capitales como el sanitario, la externalización de áreas estratégicas como la producción farmacéutica o las consecuencias sociales de las desigualdades económicas más extremas en el planeta desde la primera guerra mundial.

En América Latina, la historia mostró su rostro más crudo. La caída de demanda en los países industrializados hundió el precio de las materias primas y el alza de las tasas de interés en los países centrales aumentó la fuga de capitales del sur al norte provocando una masiva depreciación de los tipos de cambio, aumentando el tipo de interés real de la deuda e iniciando la que hoy conocemos como la década perdida de América Latina.

La historia amenaza con repetirse. El pasado 23 de marzo, tras una teleconferencia de los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva alertaba que, desde que comenzó la crisis, 77.400 millones de euros habrían salido de los países emergentes. Esta fuga de capitales encuentra a América Latina con una deuda acumulada igual o superior a la del último cataclismo económico: Brasil 78% del PIB, Argentina en el 81%, Uruguay en 61% o Costa Rica 52% por solo citar algunos.

Una hecatombe económica que además llegaría a la región después de que la crisis sanitaria le pase por encima.

América Latina invierte la mitad que Europa en salud pública. Brasil, que tal vez tiene el sistema de salud más ambicioso de toda la región, solo invierte un 3,8% del PIB en comparación con el 7,9% de Reino Unido, el 8% de España y el casi 10% de Francia y Alemania. Solo Cuba con el mayor gasto neto per cápita (2.486 dólares per cápita) y un 10,6% del PIB compite con las cifras europeas.

América Latina es un continente en el que la privatización de la salud está a la orden del día y en el que según la Organización Panamericana de la Salud un 30% de la población de la región no tiene acceso a atención de salud debido a razones económicas. Esta cifra concuerda con los niveles de informalidad de su economía. La Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) cifraba en 140 millones los trabajadores informales en América Latina y el Caribe en 2018, un 53% de media, una cifra que alcanza cotas insoportables en países como Perú, donde dos de cada tres trabajadores son informales y carecen de ningún tipo de seguro

En ese contexto, con masas enteras de la población viviendo al día, y donde políticas públicas como los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) o subsidios de desempleo están fuera del alcance de la mayoría de la población, un confinamiento forzoso se torna materialmente imposible, es en la práctica una condena a la inanición.

Por si la situación no fuera ya suficientemente compleja, algunos de los países que atravesaron más graves disturbios durante 2019 como Bolivia (levantamiento militar contra Evo Morales), Chile (detonados por la subida del precio del metro) o Ecuador (provocado por un nuevo impuesto a la gasolina) ven hoy como los derechos civiles acaban siendo una víctima más del virus. Sus gobiernos ya han optado por la suspensión de futuros procesos electorales y por la militarización de los confinamientos. En Chile se ha aplazado el plebiscito constituyente, Ecuador se plantea aplazar las elecciones ¡de 2021! y Bolivia ya anuló las presidenciales de mayo. Por otro lado, gobiernos desbordados e ineficaces adoptan medidas arbitrarias como toques de queda parciales y militarizados, toques de queda que solo desplazan los momentos de hacinamiento a otras horas del día y que dificultan la ya muy complicada vida diaria de las clases populares para las que el teletrabajo o la reorganización de sus dinámicas de cuidados es sencillamente imposible.

Entre las distintas estrategias para enfrentar el virus destaca por la fuerte respuesta popular la inacción de Brasil. Su presidente, Jair Bolsonaro, que llegó a cuestionar las cifras de muertes en Italia ha venido subestimando una pandemia con ya más de 5.000 casos (probados) en el país carioca. Los brasileños llevan 15 días caceroleando contra un presidente que etiquetó al coronavirus de “gripecita” o “fantasía” y que como medida estrella está facilitando los despidos sin costes a las empresas del país sin soporte alguno a los trabajadores.

En el extremo contrario destaca la ágil respuesta de Alberto Fernández, adoptando medidas de confinamiento cuando apenas se superaba el centenar de contagios en Argentina, o las del peruano Martín Vizcarra que alista el mayor plan económico de América Latina hasta el momento para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus, con más de 25.000 millones de dólares, el equivalente a un 12% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Como epítome de la tragedia se sitúa Ecuador, un país con apenas 17 millones de habitantes con más de 2.300 casos detectados y en el que a pesar de que los datos oficiales estiman en 79 los fallecidos la policía cifra ya en 308 los cadáveres de enfermos no atendidos que han muerto en sus viviendas. El drama ecuatoriano se agrava por la dolarización. A pesar de las crecientes necesidades de endeudamiento público el recurso a la emisión monetaria de la Fed o el BCE les está vedado al carecer de moneda propia. El Presidente Lenin Moreno ha batido esta semana récords mundiales de desafección: el 96% del país califica de mala o muy mala su gestión de la crisis.

En cualquier caso, si algo es evidente es que la estrategia de lucha contra el coronavirus en América Latina no puede ser calco y copia de la emprendida en países con suficiente base industrial y sistemas de salud robustos como los europeos.

La región se ve obligada a utilizar su única y efímera ventaja: el tiempo. Debe así atajar en sus momentos iniciales la pandemia, multiplicando los tests y aislando las poblaciones más expuestas con carácter inmediato. De otro lado, teniendo en cuenta que el aislamiento social será imperfecto por la imposibilidad de confinar a toda la población, las necesidades de material de protección individual se multiplicarán. La región, como un todo y de forma coordinada, deberá por tanto buscar fórmulas de reorientación de su tejido productivo para atender la demanda ingente de material médico y de protección que la oferta mundial no es capaz de proveer.

Finalmente el Estado, ese Estado reducido a su mínima expresión por décadas de gobiernos neoliberales, deberá recuperar músculo aceleradamente multiplicando su inversión –y consiguientemente su deuda– pública para atender enfermos, población vulnerable y excluidos económicos. De no hacerlo no habrá maquillaje posible: estarán empujando a sus ciudadanos al precipicio de la enfermedad, la exclusión social y la muerte.

La tarea fundamental es, en definitiva, evitar un desastre humanitario que haga retroceder la región 50 años.

Es en este punto que se abre un debate que podría cambiar la geografía política de la región en los próximos meses. ¿Es lícito exigir el pago de la deuda a países que pugnan por salvar la vida de sus ciudadanos?

La condonación de la deuda está ya sobre el tapete con iniciativas como la emprendida por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que busca el millón de firmas y que ya han suscrito expresidentes e intelectuales de la talla de Dilma Rousseff (Brasil), Gustavo Petro y Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay), Alvaro García Linera (Bolivia), John Ackerman (México) o Jose Luís Rodríguez Zapatero (España), además de bancadas de diputados de ocho países de la región.

Y es que una de las pocas certezas que ya tenemos es que, a pesar del carácter universal de la Covid-19, esta crisis, como todas las crisis, alumbrará un nuevo orden geopolítico. Así como la salida de la segunda guerra mundial definió la historia europea del siglo XX, en estas fechas los casi 630 millones de latinoamericanos se juegan el ser o no ser de las próximas décadas. Así como España e Italia luchan para no quedar enterradas por esta crisis frente al rico y egoísta norte europeo, América Latina tendrá que disputar hoy su futuro con uñas y dientes. En definitiva así como la salida a la crisis de los 70 supuso una década perdida, América Latina se juega hoy todo su siglo XXI.

Hace unos años, en un plató de televisión, un mediático economista liberal intentó entregarme en horario de máxima audiencia el famoso libro Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Intentaba con este gesto teatralizado estigmatizar a la izquierda como enemiga de “la libertad”. Evidentemente decliné su envenenado ofrecimiento.

Aquel gesto no tenía nada que ver con la literatura o el afán divulgador de aquel economista. Tenía que ver con el intento de apropiarse del término “libertad”, justo lo que está tratando de hacer el Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía renombrando el Decreto Imbroda de escolarización como decreto de la “libertad de elección”.

No es una práctica nueva. Son desgraciadamente habituales los liberticidios en nombre de la libertad. Quizá el más cínico y conocido fue el de la Operación Libertad Duradera, nombre con el que el gobierno de EEUU de Bush blanqueaba su operación de guerra en Afganistán. Antes se había denominado Justicia infinita y ambas se enmarcaban en su lucha contra el Eje del Mal… maestros de la resignificación.

La resignificación es un ejercicio dialéctico. Cuando a una guerra la denominamos Justicia Infinita estamos intentando trasladar que es una guerra justa, pero al mismo tiempo la justicia deja de ser lo que era al identificarse también con la guerra. Esta operación discursiva sólo es posible con lo que llamamos significantes vacíos, aquellos que tienen connotaciones positivas o negativas pero cuyas definiciones son esquivas, imprecisas en cierta medida, objeto de discusión y disputa. Hay muchos términos similares en disputa en la batalla cultural por apropiarse de las etiquetas clave del imaginario social. El constitucionalismo es un término del que la derecha pretende expulsar al PSOE y Podemos; la casta era uno de esos significantes vacíos que usaba Podemos en sus orígenes para agrupar al PSOE y PP; la ultraderecha quiere apellidar como “intrafamiliar” la violencia contra las mujeres; el feminismo tiene una concreción en disputa que se discute incluso entre los distintos sectores del propio Gobierno, a sabiendas de que es una etiqueta ganadora en el campo electoral en disputa entre Podemos y el PSOE; y un sinnúmero de significantes positivos y negativos más en constante resignificación como el terrorismo, la paz, el bien, el mal...

El problema no es sólo el cinismo que esta operación suele encarnar, sino que en demasiadas ocasiones esta batalla cultural está hurtando debates de fondo a los ciudadanos.

Un debate entre pública y concertada

Y es obvio que hay un debate entre educación pública y concertada, un debate entre quienes apuestan por el sálvese quien pueda, el Estado mínimo y la privatización de los servicios públicos y quienes pensamos que las mejores sociedades son aquellas que apuestan por la igualdad de oportunidades garantizando educación, salud y vivienda a todos los ciudadanos.

Deberíamos poder mirar al debate de frente. Este es un debate que llevado al extremo paradójicamente tiene que ver precisamente con la libertad, pero no en el sentido demagógico en el que lo utiliza el Gobierno andaluz, sino en el sentido más profundo y complejo del término, el que nos planteaba Isaiah Berlin cuando diferenciaba entre libertad negativa como ausencia de obstáculos a la voluntad individual y libertad positiva, la que describe la capacidad de cada individuo para desarrollar y determinar su destino.

La primera, la ausencia de normas, la que promociona el gobierno de PP  y C's apoyado por Vox con esta ley nos devuelve al salvaje oeste, a la ley del más fuerte, que en su versión s.XXI es la ley del que más tenga. La segunda acepción nos recuerda que sólo somos plenamente libres cuando contamos con capacidades y oportunidades para realizarnos.

El corazón de la función social de la  escuela pública es precisamente ese, dotarnos en igualdad de acceso a la capacidad y oportunidad de realizarnos, o lo que es lo mismo, garantizar las condiciones mínimas de todos los andaluces para elegir en libertad ser lo que quieran ser.

Por usar una metáfora sencilla. Un carril bus ¿coarta mi libertad individual porque no puedo usarlo con mi coche, o más bien garantiza la libertad de acceso y movimiento de todos al facilitar un sistema de transporte universal, accesible y eficaz? Cuando los recursos son escasos la libertad de unos pocos cercena la libertad de los muchos.

Con el decreto Imbroda y en nombre de la libertad, la suya, la de los que tienen más recursos, la derecha andaluza pretende sencillamente segregar y discriminar. Frente a un Gobierno que apuesta por una libertad que se parece demasiado al capricho, los andaluces y andaluzas no podemos sino salir a las calles a defender las oportunidades de los más vulnerables, los menores, y entre ellos los menores con menos recursos; a defender en fin las raíces mismas de la libertad.

Los afectos no se construyen exclusivamente sobre la realidad. Es la percepción de la realidad la que manda. Esa es la razón por la que la política trata de construir percepción de realidad por todos los medios posibles. Hay ejemplos extremos, como escoger nombres tales como “justicia infinita” o “libertad duradera” para emprender campañas militares. Otros ejemplos son más cotidianos, forman parte de nuestro día a día y son tan sencillos como escoger un atuendo u otro para enfrentar una reunión importante, una cita o una entrevista de trabajo.

En el ciclo de reformas territoriales que se abre en España, la percepción generalizada de los andaluces y andaluzas es rotunda: nos tocará pagar el pato de las cesiones que lleguen para catalanes y vascos.

Andalufobia

Es una percepción sólidamente construida. Se construye con cada emigrante retornado que relata los éxitos comparativos de ambas comunidades en la versión oral del postureo instagramer; con cada telediario que día tras día llena sus minutos con sucesos sobre Cataluña obviando los problemas de Andalucía; con cada apelativo andalúfobo de los sectores racistas del independentismo (que no son todos, ni siquiera mayoría, pero los hay, como hay andalufobia en el resto de España, como han demostrado Tejerina, Elorza o Vestrynge no hace tanto).

Del mismo modo existe la percepción de que Madrid -y el Gobierno- responden a los intereses de Andalucía. Tampoco es baladí esta percepción. Fíjense, de un lado pareciera que las infraestructuras, magras y tardías pero vistosas (la SE-40 de Sevilla, el puente de Cádiz, el tren -a la postre llegó- a Granada), fueran una graciosa concesión  y no un derecho. De otro lado, nuestra economía parece depender de las concesiones -“ayudas” se llaman no sin propósito- de Europa y Madrid, situándonos en una posición permanente de subordinación.

Entre tanto no existe una sola voz en Andalucía que abandere la potencial solvencia de una economía autónoma andaluza, que plantee que no necesitamos “ayudas” y que nos iría mejor si autogestionáramos nuestras finanzas y de ese modo estableciéramos una relación justa con las finanzas de otras comunidades y el Estado. Ser permanentemente “ayudado” acaba por socavar la autoestima, o ¿acaso no es verdad que los dirigentes andaluces no creen hoy en sus propias capacidades y las de sus compatriotas para gestionar exactamente lo mismo que Euskadi “sí puede” y Cataluña demanda para si misma?

“El siguiente escalón”

Finalmente Madrid está construida en el imaginario andaluz de muchas profesiones como “el siguiente escalón”. Hay razones para esta percepción, hasta hemos tenido un Presidente de Gobierno andaluz. Pero lo cierto es que para catalanes y vascos Madrid es un exilio y no un ascenso. Esta percepción responde a una realidad estructural. En Andalucía muchas empresas y todos los partidos tienen “delegaciones”, que responden a Madrid. En Cataluña , Euskadi y en menor medida en Galicia, no.

Pues bien, sobre esas percepciones es que se construye sólidamente la catalanofobia andaluza y se esfuman los recelos hacia el ultracentralismo real capitalino. Si las reformas territoriales propias del diálogo por venir entre el Estado y el Gobierno catalán acrecientan la sensación de agravio de Andalucía, esta catalanofobia no va a dejar de crecer. Y con ella los votos de Vox. Moreno Bonilla, que jamás ha defendido a Andalucía y que ni siquiera parecía muy contento con su destino allá por el 2014 cuando Mariano Rajoy lo designó de un dedazo, ha corrido ya a tapar la vía de agua por la que prevee se pueden escapar los votos hacia la ultraderecha anunciando movilizaciones. Pero ojo, no serán solo los votos del PP los que se escapen por la fuerza centrípeta de un andalucismo del agravio con el punto de mira puesto en Cataluña.

 Centros de decisión

Ante esta situación, la izquierda, hoy en el Gobierno de España, sólo tiene dos opciones. La más conocida y transitada para el PSOE es la de apaciguar los ánimos con más “ayudas” y recursos, paliando en lo inmediato las necesidades acuciantes de la golpeada realidad social andaluza. No es seguro que sea suficiente este tratamiento dirigido a la realidad material concreta de los andaluces frente a la avalancha de significantes, relatos y narrativas desplegados sobre la percepción de realidad. Y si no es seguro en lo inmediato, lo que sí es seguro es que será totalmente ineficaz en el medio plazo. Una Andalucía dependiente no podrá cumplir su papel como representante de la realidad económica, cultural y política del sur en el nuevo concierto de una España abocada al federalismo.

La segunda opción pasa por alterar las condiciones estructurales de la dependencia andaluza. Esta operación será materialmente imposible si los centros de decisión cruciales para la política y la economía andaluza (que en esto persigue de cerca a la política) no se mudan al sur y hacen valer su fuerza en los espacios de gobernanza comunes del país, empezando por el Congreso. Una operación de esta magnitud, un giro en la concepción de lo que somos como pueblo en relación con la subordinación a los espacios de decisión estatales sólo podrá lograrse aunando las voluntades de académicos, artistas, empresarios y políticos y políticas andaluzas en una operación unitaria de impulso de la autoestima andaluza.

 La ira del agravio

De no hacerlo en una coyuntura política en la que catalanes, vascos, gallegos, valencianos, canarios, cántabros y hasta turolenses cuentan con representantes reales de sus intereses, el riesgo de que la extrema derecha llene de nacionalismo español rancio la horfandad de representación andaluza será una realidad en el corto plazo.

Y sí, soy consciente de que nadie regala nada y que es a los y las andaluzas a quienes nos corresponde pelear por esos espacios, por una representación propia, por subgrupos en el Congreso, por organizaciones políticas autónomas y sólidas con vocación genuinamente federal o confederal en su andalucismo. Pero es al conjunto de todos los españoles a quienes nos convendría recordar que si al otro lado estas demandas se encuentran con un muro de incomprensión será la ultraderecha la que ocupará el espacio vacío y tomará las riendas del agravio y la ira del gigante dormido.

La mitad del país cabreada, la otra decepcionada, y como denominador común desconcierto e incomprensión. La política siempre ha tenido una parte de teatro y exageración, de simulación y puesta en escena, pero hasta ahora conocíamos las reglas y los límites de la obra que se nos representaba: las instituciones no se ponían en juego; las medias verdades se aceptaban, las mentiras flagrantes no; los cambios de posición requerían tiempo y maduración.

Todas esas reglas han saltado por los aires a manos de tertulianos, spin doctors y políticos que les bailan el agua.

¿De donde salen estos personajes que han licuado el sentido común de la vida política en España? Medran en el contexto de infoxicación en el que vivimos. La información disponible es tan compleja y abundante que resulta materialmente imposible tamizarla. Ese es el ecosistema predilecto de estos dos personajes clave en la nueva política. El spin-doctor, el constructor de relatosspin-doctor, el que nos traslada explicaciones sencillas y autosostenidas que aunque tengan fecha de caducidad cumplen el objetivo de ordenar la información: de un lado los héroes del cuento/relato, del otro los villanos. La realidad no importa si el relato encaja, y que encaje o no depende de la solidez de los relatos previos sobre los que se sostiene. A veces la pila de relatos amontonados se derrumba con estrépito y deja al rey desnudo.

De otro lado están los tertulianos, modernos chamanes que nos interpretan la realidad y nos explican los castigos divinos de la política española, fenómenos menos explicables que los metereológicos. Nos trasladan asideros en un mundo crecientemente incomprensible.

Nada de esto sería posible sin la espectacularización de la política. Los líderes de los partidos no son ya militantes curtidos en mil batallas internas y con asentadas posiciones ideológicas. Son aquellos que mejor se adaptan al escenario televisivo, los más hábiles para la puesta en escena. Los aparatos pierden poder y las estructuras que sostienen ideologías lo hacen con ellos. Han aparecido incluso los partidos-persona. La política se encarna y las decisiones dejan de ser colectivas para depender de un solo hombre (casi nunca es una mujer) rodeado de adeptos, spin-doctors y el número de teléfono de tertulianos de cabeceraspin-doctors.

Pero el problema de los spin-doctors y los tertulianos es que necesitan audiencia y en España con cada giro de guión aumentan los desconectados, aquellos que están hartos, que ya “pasan de todo” y lo mismo se quedan en casa el 10N. Cinco provincias en las que la izquierda podría perder un diputado por menos de mil votos y siete circunscripciones en las que los votos de Vox que no dieron escaños podrían dárselo al PP. Un vuelco electoral podría acabar siendo un terrible baño de realidad cuya única virtud podría ser deshacernos de una vez por todas de los mercenarios amantes de jugar al ajedrez con el futuro de todos.

Sergio Pascual fue el primer secretario de organización de Podemos y diputado en las legislaturas XI y XII

Dice Ábalos que la composición del Gobierno depende de la “confianza” y “empatía” de los ministros con el Presidente de Gobierno. Ese es el criterio fundamental, efectivamente, para la composición de equipos por cooptación. En realidad, toca reconocerlo, es el criterio y el método que cimenta las estructuras partidarias en nuestro país, estructuras conformadas en la inmensa mayoría de los casos por “confianza y empatía” con el líder. No es de extrañar por tanto que Ábalos exprese y pretenda hacer lo que sabe: cooptar un equipo de Gobierno por “confianza y empatía”.

El problema es que los tiempos han cambiado y pareciera que en nuestro sistema de partidos el cambio de ingredientes ha hecho cambiar los menús pero no las recetas. Las lógicas estrictamente competitivas de siempre, la confrontación y el winner catch all no encajan con el escenario que han servido los ciudadanos.

Y es que nuestros partidos políticos tienen una caja de herramientas muy estrecha para relacionarse entre sí. Realimentados por sus propios hooligangs y una dinámica mediática que aúpa a los maestros del histrionismo y el espectáculo, la lógica intra e interpartidista sigue siendo la de vencer o morir, la del “o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE”, demostrando una manifiesta incapacidad para desarrollar mecanismos de agregación de intereses, estructuras de distribución de competencias y arquitecturas conformadas por contrapesos que eviten la extrema volatilidad de estas organizaciones sociales -eso son los partidos- y su ecosistema de relaciones mutuas.

Éstos, los partidos, y por mímesis las instituciones que regentan, se acaban comportando a la postre tan rudimentariamente como las “jefaturas”, un tipo de organización sociopolítica  muy estudiada en antropología política y que se caracteriza por no tener órganos compuestos funcionales de decisión, por sus dirigencias carismáticas, por basarse en relaciones interparentales (confianza y empatía…) y porque esta frágil unidad política puede dividirse por fisión en cualquier momento…. ¿Les suena de algo?

Sin embargo, en el mundo exterior, en nuestras comunidades, entre empresas, en las parejas, entre amigos y en las familias opera un universo mucho más amplio de métodos exitosos para superar problemas del tipo dilema del prisionero, la gallina o amigo/enemigo.

Probablemente sean Luhman, Gambetta y Mutti quienes con más acierto han tipificado ese heterogéneo archipiélago de actitudes que los seres humanos desplegamos en un mundo de creciente complejidad. Desde la confianza densa de las relaciones interpersonales a la sospecha cooperativa. 

Es el último de estos autores, Antonio Mutti, el que decía que la confianza está a caballo entre la esperanza (como una fe sin evidencias) y la certeza (como una evidencia que no precisa fe). El 28 de abril 17,5 millones de ciudadanos dijeron que no tenían ni esperanzas ni certezas en las políticas del PSOE.

Desconozco qué formula presenta más virtudes y menos riesgos para desarrollar e implementar un futuro de políticas a la altura de los retos sociales, económicos y políticos de nuestro país, si un gobierno de coalición o un acuerdo de legislatura, pero lo que si sé es que llegados a este punto harían bien Ábalos -y Sánchez- en no desdeñar a los 3,7 millones de españoles y españolas que nos instalamos en la sospecha cooperativa, en una actitud colaborativa, pero que no excluye la vigilancia permanente. A fin de cuentas, por qué no reconocerlo, toda precaución es poca, pero de lo que no cabe duda es de que es a ellos a los que corresponde la enorme responsabilidad de propiciar acuerdos.

Andalucía se enfrenta en estos cuatro años a su última oportunidad para ser un actor colectivo con identidad y autonomía suficiente para marcar su propio destino las próximas décadas. El contexto político que deja el 28A, con 47 diputados y diputadas nacionalistas -32 de ellos independentistas- es el contexto de una España nación de naciones que reclama a gritos la apertura del debate territorial, un debate que recompondrá la geografía política de nuestro país actualizándola a lo que realmente es, un país plurinacional.

Y hoy, como hace cuarenta años, y a pesar de carecer de representación alguna en el Congreso, de no tener voz propia, la cuestión esencial de ese debate no será Catalunya, sino Andalucía. Andalucía volverá a ser el fiel de la balanza entre el Estado Federal y la profundización del Estado Federal asimétrico que asoma en el horizonte como solución para el hecho diferencial catalán.

Vuelta a 1977, Madrid otorga: solo Catalunya, Euskadi y Galicia serían Autonomías. El pueblo andaluz responde y se moviliza contra el agravio el 4D de 1977 mientras el Presidente socialista de la Junta de Andalucía Escudero y el Ministro ucedista Clavero Arévalo chocan con sus partidos estatales. Andalucía impone su peso y sus derechos y acaba con la oprobiosa asimetría.

No esperen nada diferente hoy. Como nos enseña Juego de Tronos, la política es un balance entre número de dragones y geografía del poder y ningún partido estatal está dispuesto a ver cómo la comunidad más importante en términos políticos y demográficos, Andalucía, escapa a su control desde Madrid. De ahí que ninguno, por más federalista o plurinacional que se reclame, haga primarias genuinas con circunscripción autonómica en Andalucía para las elecciones generales, un

privilegio que sí tienen las federaciones catalanas.

Del mismo modo los soberanistas catalanes saben que su poder de negociación con el resto España en una lógica asimétrica se vería opacado por el de la Federación Andaluza. Esa es la razón por la que inventaron el despectivo “café para todos”. Su poder reside en su hecho diferencial, en ser la única comunidad con dragones, o al menos tener el más grande.

Y las fichas del tablero se mueven. Atención al resultado del 28A: Revilla ha conseguido un diputado de los cinco posibles en el Congreso y ha dicho, porque lo sabe, que “es lo más importante para Cantabria desde la Autonomía”, lo saben los canarios, que han doblado su presencia en el Congreso y pasan del 8% al 13% de apoyo y lo saben vascos y catalanes que ya son mayoritarios en sus territorios. Del 38% al 47% de apoyo en Euskadi, del 32% al 40% en Catalunya. En total 47 diputados representan intereses nacional/soberanistas de distintas comunidades autónomas, son la cuarta fuerza del Congreso.

¿Por qué Andalucía no cuenta entonces con un partido andaluz propio o en su defecto un subgrupo andaluz propio en el Congreso que defienda a los andaluces y andaluzas y desde su fuerza relativa haga valer sus intereses en los debates transcendentales? Quizá los partidos que se reclaman andalucistas no acaban de priorizar Andalucía respecto a sus propias identidades ideológicas; tal vez

Andalucía tiene demasiados reinos taifas; a lo mejor los dirigentes andaluces, por más que se envuelvan en la bandera andaluza, no acaban de preferir San Telmo a una cartera de ministros; quizá influya la inexistencia de un ecosistema mediático genuinamente andaluz; o finalmente tal vez sea una combinación de todo ello.

Lo cierto y verdad es que en este momento, con la derecha más centralista de los últimos 40 años gobernando en Andalucía y un PSOE pragmático en Madrid que, “bastante” tiene con Catalunya, Andalucía tiene las de perder en el debate territorial.

Nos queda una bala. De aquí a cuatro años los mimbres de la reforma del modelo territorial estarán dados y será el momento de contar fuerzas y hacer balances para las decisiones finales. Solo caben dos opciones: o para entonces los y las andaluzas tienen una referencia política propia, autónoma y nítidamente soberana para tomar las decisiones priorizando el interés de Andalucía al de sus partidos estatales, o serán las fuerzas reaccionarias del ultranacionalismo español las que capitalizarán el descontento de un agravio que será más real y tangible que nunca, los mismos que

han capitalizado el “a por ellos” con un 19% en Almería.

Sergio Pascual Diputado en el Congreso entre 2016-2019 y primer Secretario de Organización de Podemos

En Colombia el sistema electoral para las elecciones presidenciales es de doble vuelta. El ballotage, somete a la necesidad de elegir entre sólo dos opciones a los electores y por primera vez en décadas en este país caribeño y andino al mismo tiempo, movimientos tectónicos de fondo han mostrado una Colombia distinta, que atisba un nuevo ciclo político acelerado sin el telón de fondo de la guerra.

Efectivamente, en esta segunda vuelta los colombianos y colombianas se enfrentaban por primera vez a una disputa que más que nominal, ha sido de modelo. El proceso de paz conducido por el presidente Santos, a pesar de la elevada contestación social encabezada por el uribismo y a pesar de que no le ha reportado en Colombia réditos de imagen (las últimas encuestas cifraban por encima del 75% los colombianos que valoraban mal o muy mal su gestión), ha cambiado el panorama electoral para siempre.

Por primera vez en su historia, algunos colombianos se plantearon no elegir un comandante en jefe para combatir a las FARC, sino un presidente para gestionar la salud, la educación, el futuro productivo y la matriz energética nacional.

Es en ese contexto que en la primera vuelta emergieron tres fuerzas con enorme penetración en el país. De un lado, con siete millones y medio de votos, el uribismo -la derecha securitaria-, que encarnado por Iván Duque -conocido hace un año únicamente por sentarse a la izquierda del expresidente en el Senado-, hacía una propuesta revisionista de los procesos de paz, un discurso neoconservador -la economía naranja- sobre el emprendimiento y aireaba una frontal oposición al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, por la vía de agitar el fantasma del “castrochavismo”, un término acuñado en Colombia para invocar los peores terrores que evocarían los sistemas políticos de Cuba y Venezuela.

Este segundo candidato, Gustavo Petro, con cuatro millones ochocientos mil votos en la primera vuelta, habría centrado su discurso en la reforma del sistema sanitario -eliminando la intermediación financiera privada-, la universalización de la educación superior gratuita y la transformación energética e industrial del país, caminando hacia una suerte de capitalismo verde. Ante las acusaciones de tendencias estatistas, el candidato costeño y ex alcalde de Bogotá, respondía apostando por la democratización del acceso a los capitales, especialmente para el sector campesino y pequeño emprendedor.

Sorpresivamente, en una remontada inusitada, un tercer actor, Sergio Fajardo, estuvo a punto de dar la sorpresa y pasar a segunda vuelta con casi cuatro millones seiscientos mil votos el pasado 27 de mayo. El exgobernador de Antioquia -la segunda región en peso poblacional del país, una región con una acendrada identidad propia y una fuerte tradición empresarial- encabezaba una heterogénea coalición en la que se incluyeron sectores tradicionalmente en la izquierda, como el Polo Democrático Alternativo, y en particular el MOIR, dirigido por el reconocido senador Jorge Robledo, y por otro lado el Partido Verde, un partido que recoge adhesiones típicamente urbanas de centro y centro izquierda.

En este sector destacaba la candidata a Vicepresidencia -la “fórmula”- Claudia López, reconocida por haber impulsado y dirigido una campaña ciudadana por un referéndum de impulso de reformas legales anticorrupción, una demanda ampliamente extendida que finalmente dará lugar a una consulta el próximo mes de agosto.

La propuesta de Sergio Fajardo generó una dinámica de desborde en los últimos momentos de la primera vuelta, encarnando una posibilidad de cambio de época en la figura de un outsider que vendría a superar una polarización que los colombinos identificaban con el delfín de Uribe -Duque- y el exguerrillero del M19 -Petro-.

Sólo con este contexto es posible leer una segunda vuelta en la que la política de alianzas y la presión sobre los “fajardistas” ha ocupado buena parte del debate político. En los primeros compases de las dos semanas que separan primera y segunda vuelta, Duque, que partía con ventaja en las encuestas, se anotó un triunfo al lograr que Sergio Fajardo se decantara por una abstención que claramente le beneficiaba. Petro sólo logró reaccionar una semana más tarde, logrando que Claudia López y el histórico dirigente Verde, Antanas Mockus, le apoyaran explícitamente.

Los mensajes a los votantes de la Coalición Colombia de Fajardo se dividían y arrancaba una dura campaña por el potencial votante en blanco e indeciso. El resultado final el pasado domingo 17, arroja algunas conclusiones interesantes sobre el movimiento del voto fajardista y la idiosincrasia territorio-electoral colombiana.

Por un lado, el candidato de la derecha suma casi 2 millones ochocientos mil nuevos votos, de los cuales la mitad provienen del candidato derechista en liza en primera vuelta, el exvicepresidente de Santos Germán Vargas Lleras. Para identificar los casi millón y medio restantes es preciso bucear en la geografía colombiana, una geografía que arroja resultados extremadamente disímiles en función de las regiones. Especialmente llamativo es el caso de Antioquia, donde la distancia entre Duque y Petro es de 50 puntos y un millón trescientos mil votos.

En esta región el candidato uribista habría logrado medio millón de nuevos votos, cuatro cientos mil de los cuales (casi el 70%) vendrían de exvotantes de Sergio Fajardo que lejos de abstenerse -como pedía este- o de inclinarse por Petro -como pedía la candidata a vicepresidenta Claudia López- se habrían decantado por la opción más derechista. Es seguro que este fenómeno, en una región clave, donde aún resuena el mito de Pablo Escobar y donde fue Alcalde y Gobernador, antes que Presidente, Alvaro Uribe, será el foco de estudio para los próximos años. Si antes Bogotá ponía los Presidentes, hoy Antioquia es la región clave para tomar la casa de Nariño.

De otro lado tenemos a Gustavo Petro, con ocho millones de votos, tres millones doscientos mil nuevos votos más -y por tanto una mejor performance de campaña en segunda vuelta respecto a su contendiente- que habría logrado atraer a la mayoría de los votantes de Coalición Colombia en todo el país, excepto en las regiones fronterizas como Norte de Santander, donde el fantasma “castrochavista” es más eficaz y el exalcalde de Bogotá a duras penas alcanza el 18%, 60 puntos por debajo de Duque, así como en el eje cafetero, en particular Antioquia, donde también está 50 puntos abajo tal y como se ha dicho. Especialmente importante es la capacidad de captar el voto de la Coalición Colombia en Bogotá, donde Petro logra 900.000 nuevos votos, casi el 80% de éstos.

Sin embargo, el impulso de Bogotá y la ventaja de Petro en el Caribe no fueron suficiente para compensar el éxito de Duque en otras regiones muy pobladas como Cundinamarca -el equivalente en Colombia a la española Comunidad de Madrid sin contar la capital- donde Petro arrancaba con mucha desventaja -fue tercero en primera vuelta- con un 20% de los votos frente al 27% de Fajardo y el 40% de Duque- y a pesar de atraer parte del voto fajardista -más dividido aquí- acabó perdiendo por más de 18 puntos en un meritorio 39% de los votos, casi el doble de su resultado en primera vuelta.

¿Y el voto en blanco? El llamado de Sergio Fajardo claramente no funcionó, sólo un 4,2% de los colombianos, 800.000 votantes, optaron por votar en blanco, una cifra insuficiente para volcar los resultados, un dato que demuestra que, con una alta participación para Colombia -el 52%- los colombianos no iban a renunciar a pronunciarse sobre su destino.

Lo cierto es que el resultado abre un tiempo nuevo en Colombia, los colombianos y colombianas claramente han lanzado un mensaje de superación del conflicto, los inmensos apoyos de ambos candidatos requerirán generosidad y humildad en la gestión y las incógnitas para el futuro político del país buscarán ser rápidamente resueltas. A un escaso año vista de las elecciones municipales y regionales, ¿se reeditará la coalición Polo-Verde-Humana de la segunda vuelta? Si fuera así el centro izquierda estaría en disposición de hacerse con la mayoría de las regiones y principales capitales del país, con la excepción de la frontera venezolana y Antioquia. ¿buscará el nuevo Presidente sacudirse el espectro de su mentor Uribe y mirar al centro para ampliar apoyos y disminuir la talla -8 millones- de su nuevo y poderoso opositor dividiendo al centro cara a las elecciones territoriales?, ¿qué papel querrá jugar el centrista Fajardo?.

La consulta anticorrupción del 26 de agosto será un buen indicador del grado de compromiso con el cambio del nuevo Presidente, así como un buen medidor de las fuerzas de la oposición, ya que sin lugar a dudas esta consulta ubicará al uribismo -campeón de la corrupción- como adláter y al Presidente Duque en una situación incómoda respecto a su mentor.

Colombia no es un país cualquiera en América Latina, de los sismos en su cordillera se resiente el continente entero y en estas fechas arranca sin duda una nueva época de movimientos tectónicos en su siempre inquieto corazón político. Tocará estar muy atentos.

Aterrizar en Barajas después de asistir a la primera vuelta de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Colombia es como llegar de un viaje en el tiempo y el espacio a la España de 2014.

La sede de campaña en Bogotá se parece demasiado a la humilde sede de Zurita de aquel 2014 como para no hacerte volar las millas y años que las separan. Los viajes a los mítines de Gustavo Petro en coches -tartanas- de amigos o vecinos me retrotraen a los cien mil kilómetros por España compartidos con compañeros y compañeras, a las decenas de noches en sofás y catres de casas de militantes altruistas visitadas entre brindis y sonrisas en cada nueva e ilusionante vuelta a España a lomos de mi viejo Polo del 95 -que dejé para el arrastre- y de la furgo del partido comprada con un crowdfunding y a la que no había manera de meterle la segunda.

La “Zurita” bogotana bulle con docenas de reuniones paralelas en las que florece la autoorganización y el desborde. Los jóvenes han tomado sin complejos una sala de reuniones justo al lado de la del equipo central para la campaña en la capital y se reparten tareas y cometidos. Mientras algunos tratan de cruzar información con técnicas de big-data, otros planifican vídeos, eslóganes, graffittis, conciertos micro y macro, repartos de propaganda... todo trufado de intensos debates políticos presididos por la convicción de que esta es su campaña. El éxito de la campaña de Gustavo Petro, como el de Podemos en 2014, está en eso, en que esta campaña no es una campaña para hacer presidente al ex alcalde de Bogotá, es mucho más. Esta es la campaña para que Jorge, con casi 70, pueda al fin jubilarse dignamente, es la campaña para que Moisés, con apenas 21 años, pueda tener un trabajo a la altura de su esfuerzo en la universidad, es una campaña para que María, que quiere hacer política, tenga oportunidades en un país que camine para erradicar las lógicas patriarcales de las esferas institucionales.

Y luego la calle: afiches, carteles, pintadas, conversaciones en taxis y autobuses, en los colegios electorales y mercados recuerdan a aquel mayo de 2015 en el que Madrid se inundó de Carmenas espontáneas en cada pared de la ciudad, al Madrid en el que las urnas se llenaron de jóvenes españoles votando por primera vez, sintiendo por primera vez que esa vez su voto sí podía cambiar las cosas, atisbando cómo a los de siempre se les había colado entre las papeletas una que traía alegría y esperanza.

De regreso en el tiempo y el espacio a la Colombia de las Presidenciales de 2018 la reconozco como el país de Macondo, un país donde el realismo mágico te espera para sorprenderte a cada vuelta de esquina, ya sea entre los imperturbables tairona que se mezclan con turistas suecos en sus territorios, en las nieves de Santa Marta en el corazón del tórrido Caribe -nieve en el Caribe, sí...- o en la maravillosa y estridente anomia de soldados semidesnudos que escuchan reggaeton en un paradisíaco e inaccesible puesto fronterizo con nombre italiano casi ya en suelo panameño en el que no falta un cartel de la Colombia Humana.

Descubro que Colombia es casi aún más si cabe el país de la cuentería, de la narración oral. Nadie como un colombiano o una colombiana para deslizarte por una buena historia entre personajes que encarnan, como en todos los cuentos, los valores en liza de la humildad, la inteligencia, la generosidad, la empatía o el esfuerzo, en disputa con la mezquindad, el egoísmo, la crueldad y la indiferencia ante el dolor de los más débiles.

Este domingo como en todos los buenos cuentos, el escenario se aclaró y las dos Colombias quedaron frente a frente. La de siempre, la de los de siempre, la de esos pocos apellidos que jalonan las paredes del pasillo de 24 presidentes de la casa Nariño, entre los que están el abuelo del actual Presidente y el padre de uno de los contendientes de la primera vuelta, los de siempre para los que elección tras elección todo quedaba en casa, los Santos, Gaviria, Samper, Holguín, Vargas Lleras...

todos esos por fin frente a los nunca, a los Pérez, los Gómez, las Alvárez...

Y como en todo país de cuentos y realidades mágicas, su pueblo está preñado de magos y magas. El próximo 17 de junio intuyo, preveo, vaticino... que los magos y las magas impondrán el final feliz de todos los cuentos que se precien de ser tales. El resultado de un Pueblo triunfal recuperando su propio destino, el de un Pueblo que mira a un futuro de Vida, el Pueblo que se reconoce en una Colombia Humana y verde, conectada con el mundo y con acento propio y genuino, una Colombia que se piensa a sí misma y construye pilares sólidos para su futuro, en lugar de malvender sus materias primas al mejor postor, una Colombia que nos enamora por sus talentos asombrosos y ya no nos compra más con sus productos a precio de maquila miserable, una Colombia que nos muestra sus maravillas naturales en paz, y nunca más vuelve a mirar a la oscura senda del conflicto, los falsos positivos y el terrorismo de Estado que encarna Uribe y su vástago.

2018 en Colombia recuerda a los Yes we Can, a los Sí se puede... y es que con este Pueblo mágico y berraco se puede, claro que sí se puede.

Acabamos de celebrar el día de Andalucía, conmemoración de aquel 28 de febrero de 1980 en el que los vecinos y vecinas de Sanlúcar de Barrameda todavía estaban conectados a la red ferroviaria de interés general a través del Puerto de Santa María. En aquel año los vecinos de Linares también contaban con un ramal a Vadollano que lo conectaba con su polígono industrial. Linares y Sanlúcar de Barrameda son hoy los dos municipios de España con más paro según el INE.

En la misma época en la que se clausuraron aquellas líneas, 1984, Andalucía se desconectaba del Corredor Mediterráneo. Créanselo si, el corredor mediterráneo, ese proyecto cacareado en nuestros días era entonces una realidad y lo fue hasta que -con la lucidez preclara que caracteriza a nuestros responsables de infraestructuras- se clausuró la línea Baza-Almendricos que nos conectaba con Murcia y de ahí al norte por el Mediterráneo.

Idéntica suerte corrió nuestra potencial conexión con Portugal. En un similar alarde de visión de futuro la Junta de Andalucía dejó de sufragar el mantenimiento de la línea Gibraleón-Ayamonte, que previamente Renfe había clasificado como “altamente deficitaria”. Hoy día sería una línea ferroviaria transcendental para articular la conexión de una de las costas más dinámicas de nuestra tierra, por no hablar del potencial enlace con nuestro país vecino.

Estamos en 2018 y municipios clave de nuestra geografía y demografía siguen sin conexión ferroviaria. Motril, Marbella, El Ejido, Roquetas de Mar, Vélez Málaga, Mijas, Alcalá de Guadaira y Estepona carecen completamente de servicio. Si añadimos la antediluviana conexión de La Línea de la Concepción y Algeciras nos encontramos con que entre los municipios con más de 50.000 habitantes, uno de cada tres carece de conexión ferroviaria útil. La consecuencia es el éxodo de sus comarcas y aislamiento y desarticulación de nuestro territorio.

Este año además puede ser crucial para el futuro de nuestra red. Decisiones antiandaluzas han afectado o van a afectar a nuestros trenes.

Por un lado, en Jaén el Ministerio de Fomento, que busca ahorrar costes, se ha aliado con la Junta de Andalucía, que busca rentabilizar el pufo del tranvía, y están a punto de hipotecar el futuro del servicio para siempre, desplazando la estación a Vaciacostales, a las afueras de la ciudad, una decisión a contracorriente de la tendencia de las grandes capitales europeas que apuestan por maximizar la gran ventaja competitiva del tren frente al avión: situarse en el centro de la ciudad para ahorrar saltos intermodales en los desplazamientos, maximizando la usabilidad de este medio de transporte.

Mientras tanto en Granada, la ciudad a la que la promesa de la llegada del “AVE” ha desconectado ya por más de tres años del tren, se encontrarán con una herida indeleble en su fisonomía. La nueva obra ferroviaria llegará -si llega-  partiendo la ciudad en dos frente a la voluntad de los vecinos agrupados en la Marea Amarilla. Lo hará consolidando a medio plazo la condena del ramal de Moreda, que conectaba Granada con la provincia de Jaén, Barcelona y el Mediterráneo, un ramal  que el Ministerio se empeñó en abandonar. De la reivindicación Baza-Almendricos, que requeriría un estudio informativo el próximo año para su puesta en servicio, por desgracia poco o nada se espera desde la sede del Paseo de la Castellana.

Las mercancías, “la gran deuda”

Por otro lado la apuesta por las mercancías es la gran deuda con Andalucía y no será saldada tampoco en 2018. Desde la inversión de los escuálidos 2,8 millones de euros prevista en Almería para 2017 -y de ejecución incierta-, una inversión que no alcanza ni para medio kilómetro de la nueva linea a Murcia, hasta el cínico lavado de manos del destino de las subestaciones eléctricas que requiere la conexión Algeciras-Bobadilla, subestaciones para las que el Ministerio de Fomento se ha tenido la desfachatez de ¡¡afirmar por escrito en una respuesta parlamentaria!! que es el Ministerio de Energía el encargado, sin aparente conocimiento o mayor interés por la situación de las mismas.

En Córdoba mientras tanto el Ministerio por un lado y el PP cordobés por otro, malbaratan  cambiando de nombre al metrotren urbano, la demanda de un imprescindible cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, una conexión que cambiaría la lógica del transporte en la provincia.

Finalmente pero no menos escandaloso es que gaditanos, gaditanas, sevillanos y sevillanas estén teniendo que sufrir desde diciembre de 2016 una importante devaluación de su servicio de cercanías. Efectivamente, RENFE trasladó entonces material rodante de mayor capacidad a Cataluña. Se pasó de composiciones de 5 y 4 vagones en Sevilla y Cádiz a 4 y 3 vagones respectivamente. 165 plazas menos por vagón, lo que supone 3000 plazas multiplicadas por cada servicio si contamos los 18 vagones perdidos para Andalucía.

Y mientras la Junta de Andalucía, en clara dejación de funciones, en lugar de tomar el toro por los cuernos y asumir la competencia ferroviaria recogida en el Estatuto y en la  Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía, en lugar de convocar a la Comisión Bilateral para concretar el traspaso de funciones -como si han hecho otras comunidades autónomas-, en lugar de asumir su obligación de garantizar el derecho a la movilidad de los y las andaluzas, se duerme en los laureles y se instala en la comodidad de la interpelación a “Madrid”.

Es hora de rectificar el rumbo errático y disfuncional con el que se diseña y se invierten los presupuestos públicos en infraestructuras en Andalucía, es hora en definitiva de tomar las decisiones que nos reconecten con el potencial económico y geográfico de nuestra tierra. Solo de este modo el futuro nos encontrará, esta vez si, en el andén adecuado.

Sergio Pascual es diputado por Sevilla y presidió la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados

A medida que se suceden los recortes en corto, se siente crecer cada día en la calle el hartazgo de la población con la crisis catalana. De un lado Puigdemont, que no sabe, en realidad, cuántos catalanes apoyarían una DUI -porque sabe que aquel referendum no fue tal-, pero sí que sabe con son menos de los que apoyarán el autogobierno, y por eso en los últimos días ha dado esquinazo al horizonte de la DUI abriendo la puerta a la resignificación del conflicto. Del otro, Rajoy, el judicializado Presidente del Partido Popular, que ya no habla de DUI sino de los plenos del 6 y 7 del Parlament para justificar la vuelta de tuerca que le piden desde Ciudadanos.

El uno se salta su propio Estatuto en Cataluña y el otro, con nula cintura política, se agarra al 155. Ambos actores están lejos de remedar remotamente el espíritu del pacto social del 78,  la astucia de aquellos Tarradellas y Suárez o el ejemplo de la Andalucía del 4D y el 28F.

Aquella Andalucía supo mirar de cara la realidad y la abordó sin tapujos.  El pragmatismo de entonces significa hoy asumir que España es un país de países, y que le pese a quien le pese, la fuerza emocional de los símbolos  propios de las comunidades autónomas, sus banderas, sus himnos, sus autogobiernos, la lógica de sus redes asociativas, empresariales y sociales, etc., nos configuran como un conjunto resultante de la suma virtuosa de sus partes. 

Quienes queremos que Cataluña siga siendo España, también sabemos que en los tiempos modernos esto no será posible por la fuerza, y que nos queda una tarea hercúlea para que la ciudadanía catalana recupere la confianza en las instituciones.

Andalucía no sabe ausentarse ni conformarse

Entre las comunidades políticas que más han avanzado en la construcción de su identidad como pueblo están sin duda las comunidades históricas, empezando por Andalucía. Los andaluces sabemos que no se puede suspender lo que somos y que en el caso de estas comunidades, los españoles que ahí residimos somos también e indisolublemente andaluces, vascos, gallegos...

En Andalucía conocemos bien el potencial y la fuerza inspiradora de los proyectos comunes, como el que vive hoy una parte de Cataluña. Lo conocemos entre otras razones porque tenemos un hito reciente demostrativo de la capacidad transformadora de la comunión de voluntades. Aquel no tan lejano 4 de diciembre de 1977 los andaluces aunaron voluntades y se plantaron ante un contrato social que pretendía discriminarlos frente a -entre otros- Cataluña.

Los andaluces entonces no impusieron, convencieron, y para hacerlo no tomaron ningún atajo, lo lograron a golpe de voluntad popular y con una expresión pública e institucional de ámbito absolutamente transversal -recuérdese la Asamblea de Parlamentarios Andaluces ahora hace 40 años, un 12 de octubre, la huelga de hambre del presidente andaluz del PSOE, Rafael Escuredo o la dimisión del ucedista Manuel Clavero Arévalo-. En Madrid entonces sí entendieron que intentar “vencernos” era mucho peor que dejarse “convencer” por la fuerza de nuestros argumentos.

Por eso, aunque algunos estemos convencidos de que la fórmula integradora sería un nuevo modelo de Estado Plurinacional, con una Cámara Alta de corte Federal y con subgrupos territoriales propios en el Congreso, como el que he demandado en varias ocasiones para Andalucía, soy consciente de que la apuesta no puede ser sino dibujar todos los escenarios de futuro posibles -sin descartar ninguno-, echar cuentas, y con ellas en la mano arriesgarnos a convencer y dejarnos convencer de cuál es el mejor de los contratos sociales y políticos para las próximas cuatro décadas.

Exigiremos estar

Y en este contexto, como andaluz lo tengo claro, no estará este pueblo tampoco entre los que obligan a nadie a seguir un camino común compartido en el que no cree. Somos amantes de la libertad, estamos entre los que luchamos porque cada cual pueda elegir su propio destino.

Eso sí, con Andalucía, las cuentas claras. Los andaluces y andaluzas no sólo exigiremos estar sí o sí en todas y cada una de las discusiones sobre el nuevo modelo territorial, le pese a quien le pese y se invoquen los intereses particulares o partidistas de quien se invoquen. Exigiremos también un balance fiel de una historia que está en  deuda [1] con Andalucía. Recordaremos que existe un enorme pasivo en favor del pueblo andaluz y que durante los dos últimos siglos un acuerdo de las élites españolas -incluidas las andaluzas y catalanas-, a espaldas de sus pueblos, decidieron desmantelar nuestra industria y apostar por un retardatario protectorado del latifundismo terrateniente andaluz -en gran parte de propiedad capitalina- a cambio de la concentración de capital y la industrialización del norte de España, y en particular de Cataluña.

Sirva de aviso a navegantes. El pueblo andaluz no dará un sólo paso atrás en la historia.

 [1]          Para quien quiera más datos, nos recuerda Isidoro Moreno que puede acudirse a las informaciones y estadísticas contenidas en la enciclopédica obra de Pascual Madoz para comprobar que varias provincias andaluzas se encontraban a mediados del XIX dentro de las primeras de España en varias de las más importantes producciones industriales. Málaga era primera en producción de jabón y aguardientes, segunda en productos químicos y tercera en fundiciones y construcción de maquinaria. Sevilla ocupaba el primer lugar en vidrio, loza, yeso, y cal y el cuarto en hierro, acero y maquinaria. Y Cádiz era quinta en el sector químico y séptima en hierro y acero. Pocos conocen que los primeros altos hornos de España fueron los de Marbella.

Estoy convencido de que el presidente de Gobierno sabe que lo que algunos llaman comunidades culturales, los pueblos unidos “exclusivamente” por su lengua, tradiciones, símbolos, rituales, himnos y banderas -la Catalunya autonómica vaya- acaban conformando comunidades nacionales y políticas -esas para las que es natural contemplar la autodeterminación- a través de la comunión de sus ciudadanos en experiencias compartidas.

Es efectivamente en el magma compartido de las emociones que se generan los espacios para el sacrificio, la valentía y la audacia que acaba escribiendo las páginas de la historia y construye relatos de heroicidad y mártires. Por eso los símbolos son clave en la construcción nacional, por eso se toca el himno cuando gana la selección y nos sentimos parte de un todo emocionado, por eso se honra con banderas a los caídos. Los símbolos y los rituales sólo son en tanto parte de una historia común que requiere de la épica.

Y Rajoy sabe también que no hay mejor galvanizador para la construcción de un pueblo, para que que se erijan las fronteras simbólicas que preceden a las físicas, que la construcción de relatos de heroicidad en la resistencia ante un “agresor” exterior que nos agravia. 

Recuerden los amantes de la historia de qué lado se ponían ustedes al leer las hazañas de Bolívar o San Martín, revisionen los amantes del cine la oscarizada Braveheart, a ver si se sentían del lado del orden y la ley o de la épica rebeldía.

Y es que le pese a quien le pese, quieran o no los españoles que no residen en Catalunya, así se forjan los pueblos. Y que eso Rajoy y el PP lo saben.

Lo sabe entre otras cosas porque algunos de ellos fueron testigos del 4D en Andalucía, y de la huelga de hambre de su presidente autonómico, Escudero, no Puigdemont, y de la represión a manos de la UCD, y del resultado de aquel 28F y el destino de quienes cavaron su fin político al menospreciar a los andaluces y andaluzas.

La cuestión es por tanto, ¿si Rajoy lo sabe, por qué actúa de este modo, por qué contrabandea gasolina con aquellos a los que califica de pirómanos?

Porque  es evidente que la creciente fractura en el seno de la sociedad catalana y la grieta entre ésta y la del resto del Estado arriman el ascua a la sardina del proyecto independentista, que sin duda tras las detenciones y el zarandeo a las instituciones de autogobierno están más cerca de su objetivo. Un objetivo recordémoslo para el que el 1-O sólo era una meta volante que gracias al Gobierno de España estarían superando con nota, con el vigoroso ensanchamiento de la base social del independentismo y la voladura de puentes para buscar soluciones alternativas.

Honestamente de la atrevida ignorancia oportunista de Ciudadanos uno podía esperar cualquier cosa, pero a un político con décadas de experiencia sólo le encaja una explicación plausible ante tanta aparente torpeza. Y es que los últimos pasos de Rajoy sólo se explican si uno asume que embarcar a España por un lustro en una senda de inestabilidad abocada al enquistamiento del debate sobre el encaje territorial es parte de los objetivos partidistas del presidente de Gobierno.

Piénsenlo. Por un lado, objetivo 1: las portadas casi han olvidado la podredumbre de la corrupción de su partido, por otro, objetivo 2:  propician un cierre de filas de la sensibilidad más unionista de la sociedad española en torno a su formación política y finalmente, objetivo 3: desarbolan a un titubeante PSOE que no acierta sino a ponerse detrás del presidente para evitar mayores conatos de fractura, y que se fuerza a olvidar una moción de censura que podría tener éxito y desalojar al PP del Gobierno.

Lo que sucede es que estos tres objetivos operan contra el futuro de una España viable y demuestran la mezquindad y mediocridad de los dos partidos más corruptos de Europa, uno en Madrid y otro en Catalunya, dispuestos a arruinar cuantos marcos de convivencia, cuantas economías familiares, cuantos proyectos de vida de ciudadanos catalanes y españoles sean necesarios.

Quienes queremos una España republicana y plurinacional con Catalunya en su seno, pero también quienes la quieren confederal, federal o autonómica, monárquica o republicana deben saber que sólo será viable si está integrada por pueblos libremente imbricados en un proyecto de país común. Y hoy estamos más lejos de lograrlo. Los intereses miopes y/o electoreros de unos y otros y la testosterónica lectura cortoplacista y pendenciera de algunos opinólogos de opereta nos alejan de cualquier proyecto ilusionante que retorne esperanza a los ciudadanos y ciudadanas que siguen golpeados por la precariedad y la pérdida derechos, ya estén en Dos Hermanas o en Martorell.

Por cierto, que a todo esto reaparece la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de quien se espera que sea representante de todos los andaluces en esta coyuntura, y que sin embargo aprovecha para hacer ganancia en el río revuelto de su partido, a ver si pesca algo.

Y lo hace dándole carta blanca al jacobinismo pueril de Ciudadanos y al nacionalismo obsoleto y sordo de Rajoy. Al hacerlo olvida que los y las andaluzas tenemos un papel histórico que jugar en la futura discusión -que llegará, no lo duden- sobre el modelo territorial del Estado y el papel de Andalucía en el nuevo encaje.

Al hacerlo nos hurta el derecho a ser el puente que estamos llamados a ser por historia -ganada a pulso un 4D y un 28F-, por derecho -porque nuestra gente, nuestro pueblo de acogida y exilio se entrevera con los vecinos de Terrassa o Sabadell- y por destino -porque España no se entiende sin Andalucía, pero Andalucía no se entiende sin su autonomía, sin su autogobierno y sin su soberanía aún por venir-.

Ojalá la mayoría de demócratas, de mujeres y hombres de paz de nuestra patria plurinacional que no conciben una democracia con temas tabú, puedan imponer al fin la sensatez y la apertura sin atavismos ni complejos del debate sobre quién y qué queremos ser en este mundo hiperconectado, en esta Europa en crisis y entre nosotros mismos.

El conflicto en los puertos españoles está lejos de solucionarse. La envergadura del mismo y la derrota del Gobierno hicieron que el asunto diera el salto a las televisiones, con lo que las versiones sesgadas y cruzadas se han multiplicado y la confusión para la ciudadanía es ahora aún mayor.

Para saber qué está sucediendo es preciso conocer a los actores de la obra que se despliega en estos días.

Las principales empresas estibadoras -entre ellas las primeras del mundo- suelen estar vinculadas a importantes navieras que obtienen su principal beneficio de las explotación neta en horas de navegación de sus buques. Para estas empresas de la economía real los y las estibadoras españolas, capaces de descargar y cargar un barco en tiempo récord, responsables de movilizar el inmenso tetris que supone ese mar de contenedores en el menor lapso posible, son más que rentables ya que optimizan las horas de navegación de sus buques y no dudan en decantarse por un acuerdo con las fuerzas sindicales.

Efectivamente, de la enorme eficacia de nuestra estiba, aún en condiciones laborales extremas -trabajo en altura, en exterior bajo condiciones de viento fuerte, en cubiertas con todo tipo de condiciones marítimas, etc.- ha venido dependiendo la enorme rentabilidad de los puertos españoles. Según datos del propio ministerio, en 2013, un año de dura crisis, Algeciras tenía una rentabilidad del 5,47%, Barcelona del 3,75% y la media de todos los puertos del país era del 2,22%. Sin duda la cualificación de los y las profesionales tiene mucho que ver con ésto.

Sin embargo, en los puertos españoles hay otros intereses. Por un lado, los de la economía especulativa. Las garras del gigante de las finanzas especulativas JP Morgan están en los puertos españoles a través de Noatum, con terminales en Bilbao, Barcelona, La Palmas, Valencia y Málaga además de otras de carga a granel. JP Morgan está de paso, como los fondos buitre. En 2010 engrosó las cuentas de Florentino Pérez con la vista puesta en los procesos des-regulatorios que verían aumentar la valoración de su inversión.

Y finalmente el gran empresariado español, como Boluda -presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos-, Bergé -del cántabro Jaime Gorbeña- o Ership -de la familia gijonesa Alvargonzález, fundada por un tío de Rodrigo Rato-, todas ellas interesadas en que la reforma laboral no se quede a las puertas de los puertos para poder exprimir así al máximo las concesiones públicas que poseen, en la más pura lógica del capitalismo concesional y rentista de nuestro país.

Con ellos el PP y De la Serna mantienen vínculos y conexiones. Un botón de muestra. El cántabro Gorbeña, de Bergé, una de las principales importadoras de vehículos del país -vehículos que entran por los puertos y descargan estibadores-, demostró su buena relación con el entonces alcalde de Santander “cediendo” 40 vehículos SsangYong Rexton, Rodius y Korando para “los organizadores” del Mundial de Vela de de la ciudad en 2014.

Sólo con esta información encima de la mesa es posible comprender el por qué de la tozudez del Ministro en negarse a aceptar las condiciones de subrogación que exigen los sindicatos.

Máxime después de que hoy hayamos sabido que la subrogación es respaldada por la presidenta del Comité de Transportes del Europarlamento, Karima Delli y por la mayoría del Congreso.

Efectivamente, es necesario recordar que el pasado jueves el PP recibía el mayor varapalo de la legislatura en una semana en la que el ministro perdió los restos de credibilidad que le quedaban. Dicen que por la boca muere el pez y así fue, la información que permitió modificar agendas y la mayoría del NO llegó del propio ministro, que se vanagloriaba de la posibilidad de aprobar el decreto “aprovechando” la ausencia por desplazamiento en labores de representación del Congreso de tres diputadas. Todo esto acompañado del no por previsible menos sorprendente espectáculo de transformismo incongruente en la posición de voto de C's, que pasó del “que venga consensuado o que no venga” que prometía Rivera a los estibadores en las semanas previas al SI durante las horas previas en las que los votos “le daban” a De la Serna, para finalmente optar por una abstención vergonzante sólo cuando supieron que al PP no le daban los números.

Me dejo para el capítulo final a los sindicatos. En el sector de la estiba los trabajadores y trabajadoras entendieron pronto que debían estar unidos, que paros parciales en un puerto serían fácilmente sorteados por la patronal desde puertos próximos y que su fuerza está en la acción coordinada. Éste y no otro es el origen de sus derechos laborales. Los trabajadores y trabajadoras que gracias a su unidad de acción son capaces de parar un sector logran mantener mejores condiciones, aún en el contexto de salvaje agresión a las herramientas de autodefensa de los trabajadores que supusieron las reformas laborales del PP y el PSOE.

Y éste y no otro es el asunto que gravita en torno a la estiba hoy. Cuando los estudiantes corearon cánticos de apoyo a los y las estibadoras un 9 de marzo y éstos marcharon por la dignidad con el resto de Andalucía un 28 de febrero, el PP comprendió que la victoria simbólica de éstos podría suponer un antes y un después en el caudal de convicción de muchos ciudadanos que se mirarían en el espejo de la estiba.

No se lo podían permitir, aunque les costara el riesgo de la vergüenza de ser descubiertos enviando diputadas fuera de España para que les salieran las cuentas en el Congreso.

La resistencia de la aldea gala de derechos de los estibadores y estibadoras es la victoria de todos y todas los que combaten la reforma laboral y aspiran y creen que Sí Se Puede recuperar derechos.

El PP hará lo imposible -lo ha demostrado- para intentar hundir la confianza que inspiran los y las estibadoras, aunque hacerlo le cueste millones a la economía española y a los ciudadanos, aunque los sectores productivos que operan en y con los puertos les instaran a ceder. Desengañémonos, sus patronos son otros, aquellos que requieren un erial vacío de derechos laborales para poder vender -como el Pireo- los puertos de España y aquellos que recibieron concesiones públicas y quieren rentabilizarlas en beneficio propio.

En Podemos estamos de lleno ante el segundo “congreso”, lo que conocemos como Vistalegre II o Segunda Asamblea Ciudadana. Para un podemita poco constante que se hubiera perdido las portadas del último año y medio resultaría difícil seguir la traza a ¿por qué Pablo y Íñigo no defienden lo mismo?, ¿qué hacen los “anticapi” ahora con el oficialismo?, ¿qué papel juega IU en la interna de Podemos?, ¿no eran el pitufo gruñón?

Aunque con el trazo grueso de las escasas líneas voy a tratar de dar algunas pistas que a mi entender pueden servir para guiarse en el itinerario.

Lo primero a tener en cuenta es que en Podemos estamos ante un congreso refundacional, o lo que es lo mismo, no nos reunimos para cambiar “el conductor” como hace el PSOE o el PP en sus congresos. En Podemos estamos de acuerdo en que nos toca cambiar carrocería, mecánica y hasta la carretera por la que vamos, y después, si acaso, ya vemos si mantenemos o cambiamos de conductor o por el contrario nos ha salido un tándem o un triciclo y la cosa no aplica.

¿Y donde se ubica cada cual en este proceso refundacional?

Vamos por partes. Tal y como yo lo veo la propuesta oficialista en lo político  –“la carretera”- apunta a que hay que cambiar de ruta. Es decir, que la tesis que apuntaba a huir de la cultura, lenguaje y banderas de la vieja izquierda para recoger la de la mayoría social nueva desvelada por las mareas y el 15M, debe dar paso a la lógica de las trincheras y de la reconstrucción de una suerte de frente de izquierdas (textualmente “superar IU” dice Garzón) que a Podemos le tocaría liderar.

En lo organizativo por el contrario me temo que no aprecio más que una mano de chapa y pintura, renovación formal mientras se mantiene de fondo la lógica de la maquinaria de guerra electoral, es decir:  la lógica plebiscitaria o del “estado de excepción” organizativo, en el que se sacrifican derechos de los inscritos por mor de un modelo en el que se trata de tomar muchas decisiones en poco tiempo en una organización verticalizada. Un modelo que ha dejado muchas heridas -lo sé mejor que nadie por mi papel entonces- al tiempo que  demostró su eficacia para la tarea del momento, levantando de la nada un partido con presencia institucional y orgánica en casi mil municipios, más de un centenar de parlamentarios autonómicos y 69 diputados y diputadas en aquel 20D.

La continuidad de esta lógica de maquinaria de guerra se traduce en un Vistalegre II plebiscitario en el que el debate sobre documentos, orientación política, código ético, modelo organizativo, equilibrio y contrapesos en la dirección, etc. se concretaría en una simple pregunta: si o no al actual secretario general, una pregunta que convertiría en accesorio cualquier debate político conexo, máxime cuando éste no se clarifica con contundencia. 

Es verdad que el modelo organizativo plebiscitario es el más apropiado si lo que uno quiere es terminar de ejecutar el giro que conduce a la fusión con aquellos a los que antes se llamaba “pitufos gruñones”, un proceso que ya en su día encontró resistencias -como las del que escribe- y a buen seguro encontraría algunas más.  

Es un modelo organizativo legítimo por tanto, pero quizá convendría clarificar sus fines políticos -también legítimos por supuesto- y eludir maquillaje sobre sus consecuencias en términos de democracia interna y continuidad de la suspensión de derechos y garantías de los inscritos.

Frente a este planteamiento algunos sostenemos la vigencia del proyecto político del Podemos original, que se referenciaba menos en el viejo eje izquierda-derecha y más en los de abajo, menos en los traumas y revanchas de la vieja izquierda y más en los anhelos de nuestra sociedad hoy.  Decimos por tanto que ruta y el destino de Podemos están bien elegidos. Ahora bien, somos conscientes de que las renuncias a la democracia interna propias de un instrumento político diseñado para acometer seis procesos electorales en dos años no sólo no son deseables con carácter general, sino que además son antitéticas con la tarea fundamental del actual ciclo político: construir un movimiento impulsado y ahormado sobre la capacidad popular, institucional y política acumulada en el periodo de movilización y electoral cerrado hoy.

Siguiendo con la metáfora, se acabaron los baches y empiezan las curvas, toca cambiar ruedas y caja de cambios, pero no el rumbo. Y la nueva caja de cambios exige desconcentrar el poder plenamente, o lo que es lo mismo, que las decisiones y los recursos no dependan de la subordinación a Princesa 2, es decir, la confederalidad plena, la independencia de la comisión de garantías, la autonomía de las áreas, la dotación automática de recursos a los municipios, etc.

Finalmente están los compañeros y compañeras del sector Anticapitalista -un partido en el que milité por años- que no se han movido de sus tesis de partido, no lo hicieron en Vistalegre I, y hoy defienden el mismo programa político: la disolución del Estado tal y como lo conocemos hoy apelando a un nuevo modelo basado en la auto-organización de la clase trabajadora; también mantienen grosso modo la propuesta organizativa que defendieron en Vistalegre y que aplican a su organización: centralismo democrático corregido confederalmente.

Estaríamos en definitiva ante un congreso en el que -a modo de resumen- algunos proponemos levantar el estado de excepción organizativo en el que corríamos mientras nos atábamos los cordones, para abordar la nueva coyuntura manteniendo los principios políticos fundacionales; otros, “los anticapi” siguen inmutables al paso del tiempo, aunque como aquel reloj parado que da la hora correctamente dos veces al día, creo que en lo tocante al modelo organizativo sus tesis “dan la hora” y desde el cambio de ciclo el mismo 21D muchos hemos apuntado en ese sentido en distintas publicaciones; y “el oficialismo” abandona los principios políticos fundacionales acercándose a las tesis de los anteriores -“los anticapi”- y de los nuevos -IU- manteniendo un control excepcional sobre la organización.

Todo un puzzle en el que los inscritos tienen la oportunidad de decidir el rumbo de Podemos y con él el de España.

Durante las últimas semanas se han vertido ríos de tinta sobre el mensaje que traslada Podemos con su última incorporación, IU-UP, para concurrir a las elecciones del 26J

Podemos concurre a unas elecciones generales que se han convertido en una verdadera segunda vuelta entre el proyecto continuista del PP, que sería apoyado con toda probabilidad por C´s y -según la propia Susana Díaz- por el PSOE, y el proyecto de cambio, transformador, que representa la unión de voluntades e identidades muy diferentes que convergen en la papeleta de Unidos Podemos. El reclamo ecologista otrora representado en la papeleta de Equo; el anhelo de una democracia de proximidad, evolución natural del enraizamiento de nuestras culturas en este diverso país plurinacional, en su declinación autónoma como EnMarea, EnComú o EselMoment, o tiñéndonos de verde y blanco en Andalucía; la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, encarnadas en Juan Pedro Yllanes, Vicky Rosell o Julio Rodríguez; o en Ada Colau, en lo que refiere a los derechos sociales; y también ahora lo mejor de la tradición política en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

La polifonía que cada día más compone Podemos es representativa de los de abajo, del pueblo español, de la heterogénea amalgama que componemos gentes diversas con acentos corales, con creencias e ideologías diversas, con trayectorias culturales y políticas disímiles, pero con un compartido inmenso consenso social en la necesidad de recuperar nuestro país para su gente, acabar con los desahucios, recuperar los ahora escuálidos servicios públicos y auditar el enorme desfalco de las arcas públicas en sus distintas versiones, la corrupción rampante o la administración desleal de los recursos de todos para construir aeropuertos sin aviones.

Ese enorme consenso social que nos une y disuelve los símbolos y las tribus políticas y sociales que nos separaban palidece ante el más transversalizador de los paradigmas: la victoria.

La misma posibilidad de victoria que se hizo posible en el imaginario colectivo merced, entre otras razones -como el derrumbe de UCD- a las incorporaciones de Tierno Galván -y su Partido Socialista Popular- durante los procesos de Unidad Socialista del 78 o la de Francisco Fernández Ordóñez -y su Partido de Acción Democrática- a las puertas de su victoria en 1982.

Nada arrincona más las diferencias que la posibilidad cierta de victoria y es esto lo que ahora atisbamos los votantes del cambio. En esta segunda vuelta las condiciones están dadas para ganar.

Habrá quien tirando de individualismo metodológico trufado de conductismo trate de trivializar esta suerte de efecto bandwagon que se avecina en esta segunda vuelta, pero lo cierto es que la política además de razón y números es piel y corazón, porque estas son unas elecciones atípicas, elegimos más un gobierno que un parlamento -así lo ha querido la historia forzando una suerte de Presidenciales para deshacer el empate catastrófico del 20D-, y en este tipo de comicios la clave es la confianza, esa que piden los candidatos, confianza una y otra vez traicionada por los gobiernos del bipartidismo en España, y ya se sabe, la confianza no entiende de plasmas.