Se había especulado sobre ello pero ya pueden empezar a constatarse por la vía de los hechos algunos efectos de la sociedad de la sobreinformación. De entre estos efectos, al que quiero referirme es al predominio de la memoria inmediata sobre la memoria remota.

Detrás de este fenómeno puede estar el hecho de haber pasado de la información periódica abundante (diaria, semanal, mensual…) que se desarrollo en los tiempos modernos a la instantánea y atiborrante que vivimos en la actualidad.

El timeline, en español línea de tiempo, es un río, un río cuya corriente cada vez es más rápida. En unos minutos pueden pasar muchos twits, post, memes, publicaciones…; la velocidad es tal, que nos arrastra y va desterrando algunas funciones esenciales como el contraste de las informaciones, la reflexión y la memoria y además todo esto se produce en un formato individualizado.

La preeminencia del cambio permanente y rápido, consolida las ideas de que todo lo anterior es viejo y desfasado y de que lo nuevo es mejor y necesario –lo cual tras crisis que hemos pasado y donde nos ha llevado puede producir risa. Richard Sennett en “La corrosión del carácter” decía que en la sociedad americana está tan instalada la necesidad del cambio que las personas se ven en la imperiosa necesidad de cambiar de ocupación aunque sea empeorando en salario y condiciones de trabajo. Lo contrario es visto como convertirse en un cadáver social.

Para que la memoria tenga unos niveles razonables de rigor, se requieren una serie de procesos internos de verificación que convenzan a nuestro cerebro de que merece la pena su almacenamiento. Si estos procesos no se dan la memoria se parece más a un conglomerado de productos que han sido pasados por una batidora.

En los últimos tiempos asistimos a fenómenos como las elecciones en Estados Unidos cuyo resultado creo que tiene mucho que ver con la memoria timeline. El vuelco a última hora de varios estados o las injerencias por parte de Rusia ponen de manifiesto las posibilidades de manipulación cuando la volubilidad es tan alta.

Me preocupa el efecto que puede tener este fenómeno en el modelo social, porque la sociedad con derechos es aquella que conquista espacios de justicia social y los consolida gracias a la memoria

Y me da la sensación que los partidos políticos y organizaciones que se han insertado tradicionalmente en el modelo social con derechos, sufren una suerte de desorientación provocada por diversos factores que se producen en el contexto de la globalización. Pues a esa desorientación seguramente ha contribuido este cambio tan profundo en la información y su procesamiento y por ello habrá que encontrar estrategias para preservar la memoria: la individual y la colectiva.

Algo tiene que ver todo esto con el nuevo, ya viejo, palabro “postverdad”. Mal está desde el punto de vista ético el uso político por parte de Donal “Tramp”, pero esta estrategia que le ha permitido ganar. Sin embargo, el uso de estas prácticas por parte de quienes defienden las ideas de la justicia social les condena a su desaparición.

Son las organizaciones feministas las que están aflorando el machismo que se esconde entre los toros, las carreras, la muchedumbre y la fiesta. Lo hacen para exigir que el uso de la calle goce de plena libertad en igualdad y que la tradición y el disfrute de las fiestas sean compatibles con los derechos de las mujeres: de sus derechos humanos.

Este asunto es un hueso duro de roer, la notica de la encarcelación de presuntos agresores no es suficientemente disuasoria y hemos visto como han continuado produciéndose casos día a día.

No se trata de estigmatizar la fiesta navarra, ya que la violencia de género es un fenómeno mucho más general. Más bien creo que se debe aprovechar la resonancia que provoca unas fiestas como estas para que el efecto final sirva para avanzar.

Porque a pesar del fuerte rechazo inicial que provoca la violación, no se tarda tanto en derivar el debate por derroteros que desvían la atención. Así pasamos del hecho de que 5 machotes valientes son imputados por “delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia o intimidación” con grabación incluida para que su acto pase por heroico a la posteridad, a poner en cuestión a las mujeres para que pasen por golpe de magia de agredidas en culpables.

Volvemos a ver imágenes de hace varios años que son utilizadas para situar el debate en si ellas “van provocando” o “ellas lo estaban buscando”. Y mientras tanto “ellos, pobrecitos ¿que podían hacer?” Porque parafraseando la película “Amanece que no es poco”: un hombre de fiestas es un hombre“. En definitiva la vieja estrategia de montar un correlato que altera el orden de los factores y convierte a la víctima en agresora y al agresor en víctima.

Por eso creo que es justo reconocer el trabajo realizado por las organizaciones feministas tanto en el plano institucional como en la movilización, que está persiguiendo objetivos como evitar la banalización de la violencia contra las mujeres, la visibilización del problema y la puesta en marcha de campañas por la igualdad.

Una consecuencia esperanzadora de que algo va calando en la conciencia ciudadana ha sido que el 8 de julio miles de personas se manifestaban en Pamplona contra las agresiones machistas. La multitudinaria repulsa ciudadana en la calle es necesaria para crear conciencia, para provocar los cambios políticos necesarios, porque la violencia de género es política.

La sostenibilidad del sistema de pensiones con criterios de calidad es posible si se adoptan las medidas necesarias. Las proyecciones de futuro indican que las dificultades van a ser crecientes hasta el año 2050 y luego la situación mejorará. La sostenibilidad del sistema por tanto supone medidas adicionales para atravesar el puerto de primera categoría marcado por ese año.

¿Es posible o se trata de un reto inasumible? El esfuerzo se cuantifica en el 15% del PIB. Sería el máximo durante unos años y ese esfuerzo ya lo están haciendo países como Francia (14,9%) o Italia (15,7%), por tanto no estamos hablando de objetivos desorbitados.

¿Y cómo invertir la tendencia de saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la que se ha instalado el gobierno del PP? Es evidente que tiene que cambiar nuestro sistema productivo, crear empleo de calidad, subir el salario mínimo o perseguir el fraude fiscal, pero alguien diría que eso ya se ha dicho varias veces, por ello, pero sin olvidarlo, entremos en una propuesta concreta.

Se basa en tres líneas de trabajo cuantificadas en miles de millones de euros (estimación entre paréntesis):

Estas son propuestas que ha presentado CCOO  en la línea de afianzar la idea de que es posible en España un sistema de pensiones sostenible y de calidad, homologable al entorno europeo. Todo ello supondría una mejora los ingresos en más de 40.000 millones de euros o lo que es lo mismo el 4% del PIB, avituallamiento necesario para coronar el puerto de 2050.

Otro camino es el de la bajada de impuestos, la reducción de las cotizaciones sociales mediante tarifas planas y otras ofertas por el estilo de la campaña electoral, pero ese camino es el de asfixiar uno de los pilares de nuestro modelo de bienestar, nuestro sistema de pensiones.

"También cabe el recurso, una vez pasadas las elecciones, que se ha utilizado en otras ocasiones, de

“te doy con una mano mientras te lo quito con la otra”

, o sea bajar los impuestos en la declaración de la renta y luego subir

el IVA del pan

es decir tomarnos el pelo y volver a beneficiar quien más tiene".

Tendríamos que estar todo un año sin gastar un solo euro en España para poder saldar la deuda que hemos contraído; no cumplimos los objetivos de déficit, por lo que pende sobre nosotros una multa de la Unión Europea; están esperando a que pasen las elecciones para exigirnos otra vuelta más a los recortes;  y a pesar de todo, de nuevo, en la tómbola electoral, se canta la promesa de bajar impuestos.

¿Falta de rigor? ¿Descaro? ¿Rutina? ¿Engaño? ¿Estrategia para seguir minando lo que queda de estado de bienestar? ¿Sumisión a los intereses de las élites económicas?

España ya presenta una de las menores recaudaciones fiscales de nuestro entorno –en  2015 recaudamos el 38,2% frente a la media del 46,6% de la Zona Euro–, lo que supone una reducción en los ingresos de 90.000 millones anuales. Esto se traduce en una menor capacidad parta controlar el déficit,  de reducir la deuda y para acometer gasto público –que es ya es menor en España con el 43,3% frente al 48,6% de la Zona Euro.

La propuesta de Rajoy supone recaudar 5.000 millones menos. Reducir los ingresos duplicará los recortes y por tanto duplicará las desigualdades y la pobreza, que ya están en niveles insoportables.

También cabe el recurso, una vez pasadas las elecciones, que se ha utilizado en otras ocasiones, de “te doy con una mano mientras te lo quito con la otra”, o sea bajar los impuestos en la declaración de la renta y luego subir el IVA del pan; es decir tomarnos el pelo y volver a beneficiar quien más tiene.

En lugar de fomentar la fiscalidad y combatir la corrupción y la evasión de impuestos, se incide de nuevo en debilitar el valor de la cultura fiscal, nos alejamos de las sociedades de progreso recreando picaresca y cutredad.

Tendremos una campaña electoral distinta cuando las ofertas sean serias y rigurosas y se encaminen a fortalecer nuestro sistema fiscal avanzando hacia un resultado asimilable al de los países de nuestro entorno: mejorando en la capacidad de recaudación, eliminando  la economía sumergida, avanzando hacia una mayor equidad fiscal, acabando con las amplias capacidades de elusión de obligaciones fiscales para una parte minoritaria pero significativa de la población. Haciendo, en suma, un sistema más justo y eficiente.

"Los gobiernos han dimitido en su función de garantizar los derechos laborales y los servicios públicos esenciales. Este vaciamiento democrático permite que la extrema derecha se actualice y, siendo ideológicamente el polo opuesto a la universalización de los derechos, se reinvente oportunistamente arropándose en la

bandera social para los compatriotas".

El auge de la extrema derecha es un serio aviso a la democracia que nos recuerda la necesidad de un profundo cambio en las políticas  por parte de los partidos y organizaciones que quieren defenderla.

El vaciamiento de los derechos laborales y sociales –acompañados, justificados o potenciados por la coyuntura económica– debilita las bases de la democracia y abre un flanco para opciones políticas antidemocráticas.

Los gobiernos han dimitido en su función de garantizar los derechos laborales y los servicios públicos esenciales. Este vaciamiento democrático permite que la extrema derecha se actualice y, siendo ideológicamente  el polo opuesto a la universalización de los derechos, se reinvente oportunistamente arropándose en la bandera social para los compatriotas.

Otro componente del guiso lo aporta el proceso de mala-globalización (la globalización de las desigualdades, de la violencia y de la disputa entre culturas), que permite poner en juego el miedo. Inmigrantes, personas refugiadas o islamofobia se instrumentalizan eficazmente. Lo externo cohesiona lo interno.

No es bueno confundir la fiebre con la enfermedad que la produce, atajar la fiebre y olvidarse de los gérmenes que ocasionan la enfermedad no cura. Las grandes coaliciones ha sido un recurso para taponar situaciones límite como es el caso de riesgo de victoria de la extrema derecha. Esta estrategia ha servido para salir del paso pero no para resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es el olvido de los genes de la democracia: la libertad, la igualdad y la fraternidad para todas las personas.

El gran reto en el mundo de hoy es hacer compatibles estos principios conjugando adecuadamente lo local y lo global. Recuperar el ideal una Unión Europea de valores, supone abandonar la nefasta deriva de los últimos años y regresar a los principios y políticas que la inspiraron. Es preciso pasar del ‘sálvese quien pueda’ a ‘juntos  mejor’, pasar del cortoplacismo miope a proyectos con proyección de futuro.

Más empleo con derechos es uno de los pilares esenciales de ese giro. Sin empleo no hay ciudadanía, no hay Estado de bienestar ¿Quizá, hasta podría decirse… que no hay Estado?

"No podemos resignarnos a una Extremadura sin desarrollo. El País Vasco tiene 7.234 kilómetros cuadrados y Extremadura 41.634 y resulta que allí cabe mucha industria y mucha naturaleza, mientras que se relega la inversión y se dificulta la más mínima industrialización en Extremadura".

Merece la pena, siempre ha merecido la pena el 1º de Mayo, símbolo de la reivindicación de la dignidad en el trabajo y con ello la dignidad en la vida para la mayoría de las personas: todas las mujeres y hombres que trabajan o aspiran a trabajar.

También merece la pena por Extremadura, por la dignidad de Extremadura, azotada por la crisis y azotada por las históricas políticas de marginación. Contra esas políticas tenemos que levantar la voz.

No podemos resignarnos a una Extremadura sin desarrollo. El País Vasco tiene 7.234 kilómetros cuadrados y Extremadura 41.634 y resulta que allí cabe mucha industria y mucha naturaleza, mientras que se relega la inversión y se dificulta la más mínima industrialización en Extremadura. Solo tenemos que recordar el vergonzoso periplo de ocho años en el proyecto frustrado de refinería, las zancadillas a la mina de Aguablanca o los retrasos en las infraestructuras ferroviarias.

Las políticas de recortes en derechos, en los servicios públicos y las inversiones están castigando a toda Europa, pero con más crudeza a las regiones con más dificultades. Las políticas que se están aplicando aumentan las desigualdades, con ello llevan a grandes capas de la población a una mayor pobreza y a los que ya eran pobres les hunde en la miseria.

Por ello también se incrementa la discriminación de género, porque cuando hablamos de pobreza, precariedad laboral, de condiciones de vida, se pone de manifiesto una brecha creciente entre mujeres y hombres.

Tenemos que forzar un nuevo giro a las políticas de convergencia (esencia del modelo social europeo) que implican políticas de estímulo, inversión e industrialización especialmente dirigidas a las regiones que se encuentran por debajo de la media. Sólo así se podrá crear el empleo suficiente y necesario en Extremadura.

Por una sociedad más justa que se preocupe de la dignidad en el empleo, por el derecho a progresar de Extremadura, por la igualad entre mujeres y hombres, merece la pena el 1º de Mayo.

"Los problemas para escuchar están en nuestro cerebro, las dificultades para oír en nuestro oído. Recuperar el verbo oír es bueno para nuestro léxico, aprender a escuchar para ser mejores y más sabias personas y para poder construir una sociedad mejor".

El verbo oír está en desuso. Parece que ha pasado a la historia arrastrado por el torrente vertiginoso en que vivimos y se está imponiendo arrolladoramente escuchar.

A mí estas cosas me producen desazón. Quizá es difícil aceptar un mundo tan cambiante que se atreve a removerlo todo: lo que está mal, lo que está bien y lo que está regular. Ese cambiar por cambiar me desasosiega, y me genera impotencia como se extienden nuevas tendencias impulsadas por los medios-redes de comunicación de esa manera tan generalizada.

De repente todo el mundo dice escuchar. La semana pasada, el programa “La Ventana”, interviene Juan Marsé y dice que no oye bien y que debía ser problema de su teléfono; Carles Francino, le contesta: se te escucha perfectamente. Se puede escuchar con interés, con disimulo, con emoción, pero no casa escuchar perfectamente y si el presentador le hubiera contestado yo no te escucho hubiera sido maleducado.

Lo malo de este trasvase (en el que escuchar le quita el sitio a oír), es que se pierde la palabra oír y se difumina el concepto escuchar. Si eliminamos una de las dos palabras desaparecen frases como: “Te estoy escuchando con atención pero no te oigo bien, la cobertura no es buena” o “No des voces, te oigo perfectamente. Sí, pero no me escuchas porque estás pendiente de la televisión”

Peor aún sería que esta desaparición fuera el síntoma de la pérdida de una actitud –que es más grave que la pérdida de una palabra- porque cuando corremos o leemos con los cascos puestos, cuando hablamos por teléfono y chateamos a la vez, seguramente no estamos escuchando sino oyendo. Y podríamos sospechar que en los debates, ahora que tanto se prodigan; en las llamadas negociaciones, de las que tanto se habla, se oyen pero no se escuchan.

Soy firme defensor de la reivindicación y la lucha por los derechos sociales y laborales a la vez que del diálogo y la concertación social. La lucha y el diálogo son compatibles cuando atraviesan un proceso de escucha. Los problemas para escuchar están en nuestro cerebro, las dificultades para oír en nuestro oído. Recuperar el verbo oír es bueno para nuestro léxico, aprender a escuchar para ser mejores y más sabias personas y para poder construir una sociedad mejor.

"El ferrocarril mientras no cambie sustancialmente nuestra dimensión geográfica en relación con la población va a ser deficitario, lo cual es consustancial a muchos servicios públicos. Si esto no se asume y el baremo son los resultados económicos positivos de manera directa, lo que hacemos es consentir la discriminación en función del territorio donde se viva. El derecho a la movilidad, para que beneficie a todas las personas, implica que se deben eliminar todas las barreras físicas que dificultan la accesibilidad plena en las estaciones y en los trenes".

La apuesta por el ferrocarril es una de las claves para el futuro de Extremadura. Mejorar la infraestructura ferroviaria para garantizar la movilidad de las personas es un derecho que es preciso garantizar y desde el punto de vista estratégico para nuestro desarrollo regional es esencial mejorar la llegada de personas y la salida de mercancías.

Garantizar la movilidad de las personas nos remite al concepto de ciudadanía al tratarse de un derecho y con ello, saca el debate del exclusivo cálculo de resultados económicos como si de un negocio puro y duro se tratara, como si fuera un kiosco de helados. El ferrocarril mientras no cambie sustancialmente nuestra dimensión geográfica en relación con la población va a ser deficitario, lo cual es consustancial a muchos servicios públicos. Si esto no se asume y el baremo son los resultados económicos positivos de manera directa, lo que hacemos es consentir la discriminación en función del territorio donde se viva. El derecho a la movilidad, para que beneficie a todas las personas, implica que se deben eliminar todas las barreras físicas que dificultan la accesibilidad plena en las estaciones y en los trenes.

Si nos centramos en la estrategia económica de nuestra región, existe un consenso entre agentes económicos y sociales sobre la necesidad imperiosa de mejorar el transporte por ferrocarril para salir del aislamiento, para colocarnos en el mundo, atendiendo prioritariamente a los sectores de mayor oportunidad como es el turismo o la colocación de nuestros productos de manera más rápida económica en los mercados

El sector turístico en sus distintas vertientes: nuestra naturaleza, nuestro patrimonio artístico, nuestros pueblos y ciudades requiere que la llegada a Extremadura sea mucho más cómoda y en menos tiempo. Por otra parte es una necesidad imperiosa dar salida a nuestros productos de manera más competitiva y sobre todo en el caso de los perecederos, de manera más rápida (como es el caso de nuestras frutas y hortalizas).

Para ello es preciso incorporar mejoras especialmente en lo que se refiere a la electrificación, la mejora de vías para abrir la posibilidad de incorporar trenes más rápidos y dotarnos de bases logísticas.

Hay que exigir inversiones pensando en el medio y largo plazo, pero además sabemos que estas inversiones en infraestructuras suponen una inyección inmediata para el empleo y la dinamización de la economía extremeña, economía que sufre el enfriamiento de un periodo de crisis y de políticas de recortes sin piedad.

Es necesario un frente común por el ferrocarril por todo lo dicho, pero además puede ser el símbolo del clamor de la sociedad extremeña por su derecho a estar conectada con el mundo y a las oportunidades.

"La opacidad de género se apoya en el espejismo de que alcanzada la igualdad formal, que se produce en las sociedades democráticas y en la que “todos somos iguales ante la ley”, las reivindicaciones de la igualdad han concluido. Sin embargo, la distancia entre la igualdad formal y la real continúa causando un déficit democrático".

CCOO ha elaborado un riguroso estudio sobre brecha salarial de género en Extremadura. Es un estudio que pone de manifiesto la existencia de desigualdad y discriminación salarial entre mujeres y hombres. Por las particularidades del sistema productivo y mercado laboral de la región, la brecha se agrava más que en el resto del país.

En mi opinión una de las aportaciones más interesantes de ese estudio es que resulta un antídoto contra la opacidad de género. La opacidad de género se apoya en el espejismo de que alcanzada la igualdad formal, que se produce en las sociedades democráticas y en la que “todos somos iguales ante la ley”, las reivindicaciones de la igualdad han concluido. Sin embargo, la distancia entre la igualdad formal y la real continúa causando un déficit democrático.

Alguno de los datos que presenta el estudio lo corrobora: el 25,14 de brecha salarial en Extremadura supera la media nacional, que se situó en 23,99%. El 10% de las mujeres asalariadas extremeñas cobran muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La brecha entre los y las pensionistas se sitúa en el 19,66% y el 86,5% de las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas son mujeres.

La brecha se produce en todos los ámbitos (ya sean públicos o privados, de categorías inferiores o superiores, sean de un sector u otro). Las mujeres -como grupo de población- ganan de media significativamente menos que el otro grupo de población -los varones. En el caso de las extremeñas son más pobres que los hombres y más pobres que las mujeres de otras comunidades, por ello, cada vez hay más trabajadoras pobres en la regióntrabajadoras pobres . Además la brecha persiste en los tramos salariales más altos, a pesar de que las estadísticas indican una mayor cualificación por resultados educativos de las mujeres.

La discriminación salarial puede explicarse a través de una serie de factores que dificultan y condicionan el acceso, promoción y permanencia de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres.

Los cuidados se adjudican en mayor medida a las mujeres. Este hecho se comporta como un lastre que frena las carreras profesionales de las mujeres (en su trayectoria ascendente) y provoca discontinuidades laborales. La socialización diferenciada contribuye a la segregación ocupacional (profesiones masculinizadas y feminizadas) que a su vez se traduce desigualdad salarial.

También a través de factores que se dan en las empresas y que están relacionados con la falta de transparencia en las retribuciones o en los sistemas de valoración de puestos de trabajo que deprecia el trabajo realizado por mujeres. Esta es la opacidad que desvela el estudio de CCOO.

Las discriminaciones pueden ser groseras o sutiles, directas o indirectas, visibles o invisibles; en cualquier caso son inadmisibles en una sociedad democrática. Por eso son de agradecer estudios como este de CCOO que demuestran la persistencia de diferencias salariales por sexo y apuntan alternativas para avanzar hacia la igualdad efectiva.

Los datos y propuestas pueden ser muy útiles a la hora de definir las políticas de empleo de nuestra región y orientar la negociación colectiva para hacer real el compromiso con la igualdad, en este caso la igualdad salarial.

"Pero la sentencia no soluciona definitivamente el problema de fondo. Detrás de estos queridos 8 están esperando los procesos judiciales 300 personas más que han participado en diversas huelgas (qué curiosa asimetría que no haya nadie del otro lado: quienes ejercen la coacción desde la parte empresarial)"

El pasado martes el juzgado de lo penal nº 1 de Getafe ha decidido absolver a los 8 trabajadores de Airbus acusados de participar en un piquete en la huelga general de 2010. Podemos decir bien alto que la democracia ha ganado con esta absolución porque no eran delincuentes y porque es un paso adelante para afianzar el derecho de huelga.

Han sufrido más de 5 años con la espada de Damocles de 66 años de cárcel que pretendía el ministerio fiscal amparado en el artículo 315.3 –vestigio franquista del código penal que todavía no ha sido abolido. No hay que olvidar, además, que esto se produce coincidiendo con la Ley Mordaza que ha impulsado el PP que va en la misma dirección de criminalizar los derechos democráticos de expresión, manifestación y huelga.

Con esta estrategia política se invierten derechos y acciones esenciales para la democracia en un delito. Es una curiosa paradoja que quienes quieren meter en la cárcel a sindicalistas que luchan por los derechos laborales estén desfilando todos los días camino de los juzgados y de las cárceles por cometer tropelías amparadas en el escudo del poder, osea: los alguaciles alguacilados.

La sentencia supone un paso adelante no sólo para nuestro país, sino que adquiere una dimensión internacional. Estamos en un contexto en el que el ansia neoliberal quiere debilitar los instrumentos de defensa de los derechos laborales en todo el mundo: los convenios, la huelga y los sindicatos. Debilitando estos instrumentos logran bascular el reparto de la riqueza, como está ocurriendo, aumentando las desigualdades y la pobreza para acumular en pocas manos el botín.

Pero la sentencia no soluciona definitivamente el problema de fondo. Detrás de estos queridos 8 están esperando los procesos judiciales 300 personas más que han participado en diversas huelgas (que curiosa asimetría que no haya nadie del otro lado: quienes ejercen la coacción desde la parte empresarial). La solución ofrecerá garantías cuando se atienda a la lógica de que los conflictos laborales se diriman en el marco de la legislación laboral –lo que implica la derogación del artículo 315.3 del código penal.

Esta es una tarea para el nuevo gobierno, ahora que tanto se habla de cambios para avanzar en democracia. Al Artículo 315.3 no le afectó la transición, es una asignatura pendiente. Quienes nos expresamos, nos manifestamos o hacemos huelga para defender nuestras ideas e intereses somos demócratas, no delincuentes.

Sánchez, Iglesias, Rivera, ¿?: ¡deróguenlo!

La ciudadanía de una vez por todas, tiene que tomar conciencia de la necesidad de la industria para nuestro futuro, nuestras

nstituciones políticas tienen que exigir lo que nos corresponde para un mayor equilibrio en los recursos. La sociedad extremeña se tiene que movilizar, en un sentido amplio, para hacerse oír.

La amenaza de cierre se cierne sobre la mina Aguablanca de Monesterio. Una mina que aporta 400 empleos y que supone 17 millones de euros en salarios con la consiguiente repercusión en distintos tipos de empresas de la zona.

No estamos ante un negocio puro y duro que abre o cierra cuando le da la gana a un empresario. Se trata de un yacimiento minero que se está explotando en nuestra tierra, que comparte al 50% la propiedad con el Ministerio de Industria del Gobierno de España. Se trata por tanto de una iniciativa que tiene apoyo de dineros públicos y de un proyecto compartido.

Estamos hablando de un asunto empresarial, pero también político, desde el momento que existe una fuerte implicación económica de fondos públicos y de una actuación que forma parte de la estrategia del Ministerio de Industria.

No entiendo que se pongan tantas trabas para poner en marcha proyectos industriales en Extremadura, podríamos citar muchos ejemplos como el que empieza por “re” y termina por “finería”, y que la salida luego sea tan fácil. No se puede apelar a lo público para recoger el dinero, y al libre mercado para salir huyendo a por dinero fácil en otro sitio.

Mucha culpa de nuestro escaso desarrollo lo han tenido las políticas que han propiciado una implantación industrial asimétrica, que ha dado lugar a grandes concentraciones de empresas industriales en unas comunidades y ha relegado a otras como Extremadura.

Tendremos que adoptar una actitud mucho más proactiva y beligerante, tendremos que hacernos valer. La ciudadanía de una vez por todas, tiene que tomar conciencia de la necesidad de la industria para nuestro futuro, nuestras instituciones políticas tienen que exigir lo que nos corresponde para un mayor equilibrio en los recursos. La sociedad extremeña se tiene que movilizar, en un sentido amplio, para hacerse oír.

Pero en el asunto que nos trae, el Gobierno de España tiene las competencias. Juega un papel de primer orden porque es copropietario de la mina y dirige la política de minas. Sería impresentable que se escudara en estar en funciones y con su dejadez mandara la calle a 400 familias y al retroceso a toda una comarca. Sería miserable que la dejadez estuviera motivada por colores políticos y sería discriminatorio una vez más que ocurriera porque hablamos de Extremadura.

"Pero esa pujanza del

instrumento dinero

no puede destronar al factor humano y ocupar el papel de los fines; estaríamos gobernados por

“el factor inhumano”.

El presidente del Consejo Económico y social de España en la jornada celebrada en Mérida sobre “Competencias profesionales y empleabilidad” destacó como una clave del modelo productivo el factor humano. el factor humanoYo quiero extender esta idea también al modelo social en su conjunto.

Porque el factor humano no puede ser desplazado del centro de los fines de la sociedad. La sociedad, que es una construcción del ser humano, de manera genuina tiene que situar el factor humano en el corazón de los fines.

El dinero es un instrumento –un medio– que ha demostrado ser un catalizador potentísimo de los intercambios de bienes. Su potencia se ha amplificado por la rapidez y omnipresencia que le aportan las últimas tecnologías acompañadas de la globalización. Pero esa pujanza del instrumento dinero no puede destronar al factor humano y ocupar el papel de los fines; estaríamos gobernados por “el factor inhumano”.

El progreso social (saberes, desarrollo y valores) son patrimonio de la humanidad, es el legado civilizatorio y es ilegítimo que pueda ser apropiado por unos cuantos. No es aceptable un modelo social que atesora el dinero, con ello el acceso a los recursos en pocas manos y excluye a la práctica totalidad de la población sumiéndola en la desigualdad y la pobreza. Sería el fracaso social que el proceso civilizatorio que nos ha sacado de la jungla de los árboles nos conduzca a la selva del dinero.

No es verdad que los avances sociales se tengan que traducir en pérdida de empleo. Es una trampa convertir el empleo en subsidiario y provisional con relación a las máquinas, es decir, hay empleo mientras no lo pueda hacer una máquina. Al revés, cuanto más progreso y más riqueza, más posibilidades de generar empleo. Según Intermón Oxfam, el 50% de la riqueza mundial la posee el 1% de la población. Si toda esa riqueza, que en gran parte se esconde en paraísos fiscales y se deriva a la especulación, se aplicara a fines productivos inmediatamente se produciría una cantidad ingente de puestos de trabajo y con ello redistribución de la riqueza. Esto no es una utopía porque el modelo social ya ha demostrado que no sólo es viable sino que aporta mayores y mejores dimensiones de desarrollo.

Y si ahora nos ponemos las gafas lilas descubrimos una dimensión esencial: la igualdad entre mujeres y hombres, porque si el modelo social consiente y reproduce y perpetúa las desigualdades por el hecho de ser hombre o mujer no estaríamos hablando de una sociedad que coloca en el centro de sus fines el factor humano sino el factor del hombre.

"Creo que la referencia para las trabajadoras y los trabajadores debe ser un modelo de unidad sindical. Porque las condiciones de trabajo, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios públicos, las condiciones de vida en general nos serían más favorables. Desde esta posición el resultado de las elecciones sindicales no es plenamente satisfactorio, pero hay que reconocer que el peso de los sindicatos de clase es alto"

Ahora que está de moda el debate sobre el bipartidismo, hay quién quiere aprovechar la idea para trasladarlo a la representación sindical, como si fueran equiparables.

Los partidos políticos defienden intereses distintos y en muchos casos contrapuestos porque se dirigen al conjunto de la sociedad. Si la sociedad es plural en ideologías y condiciones –personas ricas o pobres, rurales o urbanas, de una comunidad u otra, progresistas o conservadoras y así un largo etcétera– la pluralidad política y la rivalidad es una consecuencia lógica de la realidad social.

Sin embargo, los sindicatos son organizaciones que defienden los intereses de las personas que trabajan y por ello, en principio, se deriva como opción más natural que haya un sindicato general que defienda sus derechos. Así ocurre con multitud de asociaciones u organizaciones que defienden una determina causa y es precisamente la unidad lo que les aporta una mayor garantía para defender lo que persiguen. ¿Mejora la pluralidad que haya tres asociaciones distintas en apoyo a los trasplantes de órganos o que sea una organización que tenga en su seno un funcionamiento democrático?

Es intentar convertir lo malo en bueno decir que la multiplicidad de sindicatos aumenta la pluralidad, cuando lo que provoca es división entre las personas trabajadoras; división que es de alto interés para quienes precisamente tienen intereses contrapuestos a las clases más desfavorecidas.

La división sindical –que no pluralidad– se provoca desde distintas vías. Los grupos empresariales fuertes, en muchos casos, han impulsado el desarrollo de organizaciones sindicales afines y dóciles. También aquellos partidos políticos que tradicionalmente han querido tener un brazo adicional de apoyo. Otro frente de división es el modelo sindicatos corporativos –que se autodenominan de “pilotos, bomberos, funcionarios…”, que pretenden conseguir mejoras sólo para su sector determinado a veces a costa de otros sectores –el fraccionamiento puede dar lugar a mejoras particulares pero empeoramiento general.

Creo que la referencia para las trabajadoras y los trabajadores debe ser un modelo de unidad sindical. Porque las condiciones de trabajo, las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios públicos, las condiciones de vida en general nos serían más favorables. Desde esta posición el resultado de las elecciones sindicales no es plenamente satisfactorio, pero hay que reconocer que el peso de los sindicatos de clase es alto ya que CCOO y UGT suman el 68% en España y el 70% en Extremadura (el porcentaje restante se reparte entre cientos de siglas, en el caso de Extremadura 75).

En Extremadura hemos vivido en los cuatro últimos años un mayor deterioro todavía y un ataque sin precedente a las organizaciones sindicales de clase por suponer un obstáculo a la expansión de las políticas antisociales.

Comisiones Obreras es el primer sindicato de España, ahora también de Extremadura, y espero que esto contribuya a seguir avanzando en esa deseada unidad. También a dar un giro social en estos tiempos de ataque al estado de bienestar, de empobrecimiento generalizado y de deterioro de derechos.

"¿De qué han servido las 527.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social si sólo han supuesto un incremento del 0,94% de ingresos cuando las previsiones en los Presupuestos eran el 10%? ¿A eso le llaman salida de la crisis?"

El Gobierno lleva instalado en los últimos tiempos en una campaña triunfalista vendiendo una mejora económica que cada vez se distancia más de la realidad: de las personas que trabajan, de las que están en desempleo y de las pensionistas. Porque el empleo que se está creando en muchos casos no te saca de la pobreza, porque cada vez hay más personas sin cobertura por desempleo y porque se está saqueando el sistema de pensiones.

Y digo saqueando porque el gobierno, cada vez que hace falta, mete mano en el fondo de pensiones mientras a los empresarios les ofrece tarifas planas que reducen las cotizaciones sociales. Esto merma los ingresos en el Sistema de Seguridad Social.

Saquea porque deriva dinero de quienes trabajan –sus cotizaciones– a bonificaciones a las empresas, lo que significa gastar el dinero de las pensiones en políticas de empleo que deberían financiarse con fondos del Ministerio, es decir por la vía de los presupuestos.

Así, el déficit de la seguridad social es el doble este año del previsto debido también a que el empleo es precario y de bajos salarios. El Gobierno ha metido de nuevo la mano en el saco del Fondo de Reserva para disponer de 7.750 millones de euros para abonar la paga extraordinaria de pensionistas, alcanzando un déficit del 1,5% del PIB, casi el triple de lo previsto. Ya dispuso en verano de 3.255 para la paga extraordinaria y 3.255 de contingencias profesionales para las Mutuas.

¿De qué han servido las 527.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social si sólo han supuesto un incremento del 0,94% de ingresos cuando las previsiones en los Presupuestos eran el 10%? ¿A eso le llaman salida de la crisis?

El fondo de las pensiones está siendo un colchón estupendo para disimular las nefastas políticas económicas y de empleo de este gobierno. Con esta acción irresponsable de saqueo se están acelerando las dificultades del sistema de pensiones que estaban previstas para más tarde en menor cuantía y con menos años de duración.

Un gobierno responsable, que valore la importancia que tiene nuestro sistema de pensiones para las personas y para la economía del país, ya tendría que estar poniendo en marcha medidas que alivien los gastos como añadir financiación adicional para objetivos acordados mediante el Pacto de Toledo. También medidas de activación económica y de mejora de los ingresos impulsando más empleo, pero empleo de verdad, empleo de calidad con mejores salarios y menor precariedad.

El conocido filósofo José Antonio Marina ha recibido el encargo de un nuevo Libro Blanco de la Educación (en contexto preelectoral) y dicen que podrían ser el germen del ansiado Pacto por la Educación. Su declaración ‘el buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo’ ha lanzado la polémica. Pienso que empezar firmando la guerra no parece la mejor estrategia para avanzar hacia ese difícil Pacto de Estado.

Beatriz Muñoz, profesora de Sociología de la UEX, responde con rigor, en el artículo de opinión “Calidad docente y salarios” basado en el conocimiento que aportan las ciencias sociales; me adhiero a sus argumentos y conclusiones. Sólo quiero recalcar que soy firme partidario de la evaluación, porque considero que es un elemento esencial para la mejora; evaluación claro está de todos los elementos que configuran el sistema. Pero cabe preguntarse si esta polémica es una manera de desviar la atención, culpabilizando al profesorado, en un panorama en el que los servicios públicos han sido deteriorados a propósito por políticas orientadas a disminuir el estado de bienestar.

Como sindicalista recuerdo que no es una idea original, ya en los años 90 se lanzaron propuestas similares y provocaron gran conflicto en la enseñanza. Esta experiencia debería servirnos a quienes aspiramos a ese gran Pacto de Estado por la Educación a promover dinámicas que aúnen los distintos enfoques e intereses en lugar de estrategias propias de pirómanos. La dificultad de un Pacto por la Educación es grande por la polarización partidaria en este asunto. El último intento lo protagonizó Gabilondo, también filósofo, sin éxito a pesar de su mejor talante y procedimientos.

También como sindicalista recuerdo que incentivar la mejora profesional y de los resultados, en lo que afecta a condiciones de trabajo, es un asunto de la negociación colectiva y disponemos de una amplia experiencia que se debería aprovechar en lugar de exhibir con frivolidad este tipo de ocurrencias

En otro orden de cosas y en este intento de innovación: leyendo las propuestas de Marina en sus propios documentos, da la sensación de que está anclado al pasado. Dibuja un mundo de hombres y para los hombres un mundo de profesores, inspectores, niños, directores y padres. ¿Es ciego a que la mejora de la escuela tiene que incorporar a las mujeres y a la igualdad? (que por cierto esos profesores son en su mayoría mujeres) ¿no sabe que los sesgos androcéntricos también influyen en los resultados educativos, en la elección de las carreras en la generación de expectativas, en el fracaso o en abandono escolar?

Por otro y ahora invocando a la filosofía. Estamos hablando de innovar y se nos presenta una concepción antigua, maniquea y simplificadora: una clasificación dicotómica de buenos y malos. Por lo menos podía haber incorporado alguna otra categoría “profesorado bueno, feo y malo”. Así los primeros irían al cielo los últimos al infierno y los segundos al purgatorio. ¿Esto es innovación?

Y siguiendo con la filosofía ¡Qué disfrute este verano en el teatro de Mérida escuchando a Sócrates!: ante una sentencia injusta, pudiendo salvar su vida, no lo hizo para ser consecuente con sus principios, porque durante su vida había aceptado esas leyes y por ello debía aceptar las consecuencias (hay quien podía tomar nota, lo digo por el lío de la independencia).

Y ¡Qué decepción Marina!: obediente a un encargo. Yo que últimamente estaba ilusionándome con la filosofía porque llego a la conclusión de que es una faceta esencial, que es necesario actualizar, mimar y refrescar. La filosofía: amor a la verdad, la ciencia de las preguntas primeras y últimas, de los porqués y los paraqués de los dedónde y adónde ¿Acaso se puede canjear ese amor por un puñado de dólares?

Las violencias machistas dejan un saldo de horror y de vergüenza: las mujeres son asesinadas a un ritmo de más de una mujer por semana en la última década (desde que tenemos estadísticas)

Tras el éxito de la gran movilización promovida por las mujeres, conocida como Tren de la Libertad –contra el ataque del Gobierno de Rajoy a los derechos de las mujeres–, ahora este 7 de Noviembre volvemos a la calle, en Madrid, contra las intolerables violencias machistas.

No es la primera vez que escribo contra la violencia machista a la que he catalogado como violencia terrorista. La expresión violencia terrorista no es el resultado de una escalada en la búsqueda del epíteto más fuerte. Se trata de caracterizar adecuadamente este fenómeno que yo considero que es el resultado de una estrategia que incluye el uso extremo de la violencia para perpetuar la dominación de las mujeres.

Cabría preguntarse, si esto es así, si se trata de terrorismo de estado o terrorismo social. La respuesta no es fácil porque la violencia de género está tan impregnada socialmente que es difícil saber si el mantenimiento de esa inercia de statu quo es fruto del devenir social o política de estado.

Desentrañar este dilema, para romper ese círculo vicioso, tiene solución a través de un desmarque político proclamando solemnemente el repudio a la violencia de género como un principio más del modelo de Estado. El desmarque político en la práctica supone convertir en prioridad política la erradicación de la violencia machista, abriendo un hueco en los programas y en la agenda política entre el paro, la economía la corrupción o la independencia. También sellar un Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género unánime, que blinde todo tipo de holguras o ambigüedades y de una perspectiva de permanencia. El momento es oportuno, ahora que se están fraguando las posiciones ante las elecciones y debería ser un común denominador de los programas.

Las violencias machistas dejan un saldo de horror y de vergüenza: las mujeres son asesinadas a un ritmo de más de una mujer por semana en la última década (desde que tenemos estadísticas). Los abusos, palizas, violaciones, tortura psicológica, violencia hacia ellas a través de hijos e hijas, se cuentan por miles. Además las microviolencias que sirven para modelar las conductas cotidianas, impregnan como una bruma todo lo que rodea nuestras vidas. Coercionan la vida de las mujeres a través del vestir, las posturas, los comportamientos, el uso de los espacios forjando la desigualdad.

¿¡Se puede ser demócrata sin ser feminista!? La RAE define así feminismo: Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Yo el 7N voy a Madrid porque la lucha de las mujeres contra la violencia machista, por la paz y la igualdad es también mi lucha. Voy porque soy feminista porque soy demócrata.

"Con las últimas decisiones del Gobierno de España, una vez más, se demuestra que el retraso que padece Extremadura no es ‘genético’ sino fruto de políticas adversas"

Extremadura necesita armar ruido por el “derecho a progresar”, otros ya llevan tiempo haciéndolo por lo que llaman el “derecho a decidir” –seguramente porque lo de progresar ya es objetivo conseguido. Extremadura necesita políticas que sienten las bases para poder generar riqueza, mientras esto no ocurra estaremos sumidos en un bucle sin salida.

En este caso quiero destacar dos de los aspectos de esas políticas sobre las que existe un amplio consenso: los transportes y las energías renovables.

La mejora del transporte es esencial para Extremadura. Necesitamos salir del aislamiento; tanto para entrar (ya que el turismo es uno de los sectores estratégicos de nuestra región), como para salir (porque frena nuestra competitividad la lentitud y la carestía del transporte para colocar nuestros productos en el mercado).

Para la mejora del transporte el ferrocarril es esencial, es el medio más ecológico, más rápido y más económico si cuenta con las infraestructuras adecuadas. Deberíamos invitar a Rajoy a que viaje de Madrid a Badajoz, ¡a ver si nota la diferencia con los tramos que ha inaugurado en otras regiones!

Las energías renovables también: el potencial solar (por horas de sol, temperaturas y por la gran superficie de que disponemos) no podemos desaprovecharlo. Por otra parte la biomasa es otra opción de energía alternativa: que ofrece buenas expectativas de creación de empleo, que es ecológica porque mejora el mantenimiento de nuestros bosques y es una de las claves para el desarrollo rural y con ello útil para fijar población al territorio.

Con las últimas decisiones del Gobierno de España, una vez más, se demuestra que el retraso que padece Extremadura no es ‘genético’ sino fruto de políticas adversas. El gobierno de Rajoy está impulsando políticas nefastas en materia energética (al arrinconar las energías renovables) y margina y engaña a Extremadura en materia de transporte recortando las prometidas inversiones en ferrocarril.

Por eso Extremadura tenemos que exigir el “derecho a progresar”, a tener unas condiciones que nos permitan unas condiciones de vida equiparables a otras regiones. Se trata de ciudadanía –entendiendo que ciudadanía es el sometimiento a un estado con la contraprestación de la universalización de los derechos. Tenemos muchas razones para protestar por los agravios, necesitamos equiparar los puntos de partida para jugar con las mismas condiciones, es cuestión de justicia.

Hay que destacar que no se trata de una mera declaración de intenciones porque concreta un calendario preciso de ejecución y por tanto se somete a la posibilidad de una evaluación objetiva y temporalizada.

El jueves 14 se firmó la “Declaración para la Concertación Social en Extremadura. Impulso económico, empleo de calidad e igualdad de oportunidades”. Con esta declaración se retoma la senda de diálogo y concertación tras la ruptura provocada por Monago.

La primera pregunta que surge es si aporta algo nuevo, porque si no es así se puede fotocopiar la anterior… o peor aún, si es una foto más, su efecto sería más perjudicial que beneficioso.

La respuesta a esta pregunta, para dotarla de rigor, requiere un análisis en dos tiempos: el primero, ahora, con la lectura del contenido de la Declaración; después, evaluando las ejecuciones y los efectos.

Entrando en el primer aspecto. Esta declaración supone una continuidad y profundización del modelo de concertación acordado con el Pacto Social y Político de Reformas que se acordó con agentes sociales y partidos políticos en la anterior legislatura socialista.

Un escenario de concertación, en sí mismo, es positivo frente al de confrontación y disputa o frente al de ordeno y mando. Históricamente la concertación social ha servido para mejorar las condiciones sociales y para atravesar mejor los peores momentos –no olvidemos la importancia de los pactos de la Moncloa en nuestra difícil transición a la democracia o el avance que ha experimentado Extremadura cuando se ha producido la concertación. Por el contrario nos ha ido mal en situaciones como la que hemos vivido en los cuatro últimos años de hostigamiento hacia los agentes sociales y económicos.

Nos encontramos en una situación de gran deterioro como consecuencia de la crisis y de las políticas que se han aplicado sin concertación. Padecemos más desempleo y destrucción de empresas, más pobreza, deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera. Por ello la primera y prioritaria novedad de esta declaración es que se propone de manera urgente acometer un plan para “socorrer a las personas”. Si esta declaración sirve para poner en marcha medidas para hacer realidad la Renta Básica y dejar de marear la perdiz –como ha ocurrido en los cuatro años de Monago– o se mejora la situación de los desahucios o la pobreza energética: ya habrá servido para algo.

Hay que destacar que no se trata de una mera declaración de intenciones porque concreta un calendario preciso de ejecución y por tanto se somete a la posibilidad de una evaluación objetiva y temporalizada.

En la Declaración hay una apuesta clara por la igualdad de género, que se concreta con el compromiso por concretar un Pacto Extremeño por la Igualdad de Género, eliminar la brecha salarial y avanzar en corresponsabilidad. Esta es también una concreción que va a ser claramente evaluable y por ello un reto novedoso. Las mujeres en Extremadura ganan de promedio un 19,38 por ciento menos que los hombres desempeñando el mismo puesto de trabajo –según un estudio elaborado por CCOO con los datos consolidados de 2012. Si dentro de cuatro años esta brecha ha disminuido significativamente también habrá merecido la pena.

No se puede pasar por alto las dificultades derivadas del escaso margen con que cuenta la región, agudizado por el mal estado económico como consecuencia del engrosamiento de la deuda y del deterioro del tejido productivo –que reduce los ingresos.

En ese contexto de dificultad y deterioro se sitúa esta declaración y por tanto las apuestas de impulso de la economía y la calidad en el empleo no son una empresa fácil. Requiere un mayor compromiso e implicación, aplicar toda la inteligencia para hacer de la necesidad virtud. El Pacto social y político se firmó en un momento de crecimiento y ahora la estrategia necesariamente es distinta. Valga como ejemplo la apuesta en la Declaración por la rehabilitación de vivienda unida a la eficiencia energética y a las energías renovables en lugar que de pretender un ‘revival’ de la burbuja inmobiliaria pretendiendo volver a la obra nueva.

Esta Declaración ha sido firmada por el gobierno y los agentes sociales y económicos que son los que son y cuyo papel está consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. Bien es cierto que además de la concertación social es positivo potenciar diversos ámbitos de diálogo con todo tipo de organizaciones, asociaciones y particulares para completar la democracia representativa con la participativa.

Habrá quien quiera derivar el debate al ‘barro’, a la manida disputa partidaria, en lugar de entrar en la discusión sobre contenidos y evaluaciones y aunar fuerzas. ¡Por favor, Extremadura no está para eso!

Las consideraciones generales sobre el Tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea de Comercio e Inversión (TTIP), ya han sido expresadas por parte de partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales. Es muy necesario añadir a estos posicionamientos los análisis finos, los estudios de impacto, en definitiva profundizar en los entresijos. No se puede dejar pasar la letra pequeña del acuerdo, de un acuerdo que tiene muchísima letra pequeña porque tiene miles de páginas.

Por eso me ha parecido muy oportuna la Jornada realizada por CCOO en la que se ha abordado el impacto desde el punto de vista agroalimentario de nuestra región con la participación de partidos políticos y sectores productivos más relevantes.

Se puso de manifiesto que las expectativas para cada sector (cerdo ibérico, ovino, tabaco, fruta, cereal, hortaliza, vino y olivar) son muy distintas. Así se expresaron previsiones que fueron desde mayor riesgo como en el caso del cereal a sectores como el tabaco en que se contempla un escenario similar o estimaciones positivas en el caso del tomate.

También se desgranaron la gran cantidad de variables que intervienen como la exportabilidad (que es menor en los productos muy perecederos), aranceles, precios, equilibrios o desequilibrios en la relación de producción y consumo de ambas partes, puntos de partida en las condiciones de producción y un largo etcétera.

En mi opinión algunas de las aportaciones más interesantes fueron:

La necesidad de reivindicar los intereses de los distintos sectores para evitar efectos indeseados. En algunos casos se deben especificar limitaciones en la aplicación del tratado para evitar fuertes impactos negativos.

Anticipar actuaciones para aprovechar las oportunidades o para neutralizar los riesgos.

Defender las Denominaciones de Origen y otras opciones de protección a productos agroalimentarios que chocan con la resistencia de Estados Unidos que no comparte este modelo.

La necesidad de asegurar la compatibilidad de la Política Agraria Común europea (PAC), y de otras ayudas comunitarias (aspectos esenciales para nuestra comunidad que es receptora de fondos en mayor medida por el fuerte componente agrario y por ser comunidad objetivo uno).

Por último es un paso adelante para abrir debates, para exigir más transparencia. Un tratado de tal trascendencia requiere luz, taquigrafía y procesos de decisión democráticos.

A estas alturas del siglo 21, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), sufren discriminaciones en el entorno laboral por su identidad de género o por su orientación sexual. Pretender que la construcción de las formas de pensar y de sentir y de actuar se tienen forzosamente que conducir en dos carriles: macho/hembra, traducirse  unívocamente en las identidades hombre/mujer y desembocar necesariamente en la heterosexualidad es un reduccionismo binario que ya no tiene justificación ni fundamento.

Lo que tiene menos fundamento aun es adjudicar a estas opciones (LGTB) toda una serie de juicios y prejuicios asentados en creencias como “desviación, pecado, delito o enfermedad”. Estas falsas creencias alimentan la LGTBfobia.

Aunque el principio de igualdad de trato está reconocido formalmente en las leyes, no es plenamente efectivo y de manera particular en el mundo laboral. El miedo a salir del armario es mayor por las repercusiones en las relaciones que se producen en el ámbito del trabajo e incluso por el temor al despido. El solo hecho de la ocultación ya supone pérdida de derechos laborales al no poder disfrutar de permisos como los derivados de uniones, nacimientos, adopciones o cuidados. En el caso de las personas transexuales, por el contrario, la dificultad de ocultar su condición se traduce en discriminación en el acceso al puesto de trabajo.

Si salirse de la “norma” es penalizado socialmente, cuando esto lo hace una mujer, como es el caso de las lesbianas, la penalización es mayor. La universalidad democrática no incorporó a las mujeres de manera inmediata, sino que tuvieron que conquistar uno a uno los derechos civiles, sociales y políticos y por ello han sido ejercidos con retraso. A este decalage también hay que añadir el derecho de las mujeres a la autodeterminación de sú sexualidad y de sú identidad.

Avanzar hacia una democracia más real en el contexto laboral, requiere penalizar la LGTBfobia y poner en marcha protocolos, actuar sobre los convenios colectivos e incorporar formación específica para evitar estas discriminaciones. Estamos hablando de hacer realidad derechos democráticos para avanzar hacia una sociedad más justa y más feliz.