Bloqueados y en período de descuento. Así estamos en España después de un largo período de inestabilidad en el que los titulares de infarto no nos han dado tregua ni un solo día. Yo, que me coloco siempre en el bando de los optimistas, que soy de las personas que piensan que de las crisis salen las mejores oportunidades, ando bastante preocupada.

Mi preocupación no viene tanto de la cada vez más que posible repetición de las elecciones -dicen que la esperanza es lo último que se debe perder-. Espero y deseo que funcione cierto instinto de supervivencia, ya que sensatez y sentido común hemos visto que no hay. Sin embargo, al calor de las declaraciones en tropel sobre quién tiene y quién no tiene la culpa de la investidura fallida, he escuchado nuevas alusiones al legado del 15M y la verdad es que no es que hayamos avanzado en la agenda de la nueva política, es que hemos retrocedido.

Más democracia, más transparencia, más horizontalidad, más igualdad eran los principales ejes de muchos hombres y mujeres, jóvenes y mayores que inundaban las plazas de toda España. Corrieron multitud de análisis en artículos, en tertulias, en redes, se escribieron multitud de ensayos y tesis doctorales, se levantaron algunos experimentos que incluso a nivel local salieron bien. También surgieron nuevas organizaciones que intentaron “regenerar” o “liquidar” el bipartidismo.

Hubiera sido bastante ingenuo pensar que la transformación había llegado ya y que era el ejecutable de una aplicación que ya se había instalado en la sociedad. Actuar políticamente (en las instituciones, en los nuevos partidos o en las organizaciones sociales) significa “contaminarse”, significa “mancharse” tomando decisiones que la mayoría de las veces no son las mejores pero sí las menos malas. Sin embargo, sí era posible -y tendríamos que preguntarnos por qué no ha pasado-, avanzar por lo menos hasta el límite de lo que el sistema permite. Porque no nos debemos engañar, vamos justo en sentido contrario.

Porque cuando pensamos que no era suficiente votar cada cuatro años, no estábamos pensando precisamente en que estuviéramos en elecciones constantes, en campaña permanente, sino que tanto las instituciones como los partidos se abrieran a codecidir con los ciudadanos o electores la gestión política de las decisiones públicas, las políticas públicas. Creo que en ninguno de nosotros tenía la cabeza los hiperlideragos ni los referendos plebiscitarios que sólo buscan confirmar las decisiones ya tomadas por el hiperlíder.

Porque cuando pensábamos en primarias, no estábamos hablando de mecanismos de refrendos de las decisiones de los aparatos de partido. No hay hay ningún proceso que haya añadido valor a la selección de candidatos ni que haya supuesto una apertura de las organizaciones políticas. Antes al contrario, han supuesto, en la mayoría de los casos, crisis que sólo han reforzado a las cúpulas. Porque ese es otro tema: ya sólo hay cúpulas.

Porque cuando pensamos en el fin del bipartidismo, estábamos hablando de organizaciones que superan dinámicas de bloques, con herramientas de deliberación de calidad que permitan el debate y la toma de decisiones informada y formada en las organizaciones políticas. Estamos en campaña constante y despachamos tomas de posición en temas cruciales cada cinco minutos sin ningún detenimiento y, lo que es peor, sin ninguna duda.

Porque cuando hablábamos de tecnopolítica, estábamos hablando de activismo, de conseguir participación, transparencia y rendición de cuentas, no en uno espacio de “troleo” y de sustitución de la política por la campaña permanente e instantánea donde los titulares no aguantan lo que dura la propia noticia.

Es verdad que parece que tampoco le importa a nadie. No hay ninguna indignación hacia los métodos que usamos últimamente. Las formas, las buenas formas, son fondo todavía para unos pocos. Aun así, sigo creyendo que son determinantes, aunque hoy, ahora mismo, me conformaría con que la vieja política se hiciera bien. Soy así de optimista.

Este sábado, 15 de junio, el Gobierno de Manuela Carmena pasa a ser un paréntesis (para algunos siempre lo ha sido) en la ciudad de Madrid, gobernada desde 1989 por la derecha. Durante dos años y tres meses he sido la Directora de Gabinete del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. No pretendo hacer un análisis de qué ha pasado y por qué, pero sí quiero hablar de mi experiencia y reivindicar con el corazón, -pero también con datos-, la apasionante etapa de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid.

¿Qué nos dicen los datos? Que a pesar de haber sido la candidatura más votada, no ha sido suficiente para gobernar. En todos los distritos hemos bajado ligeramente. En total 15.731 votos, un 0,9% en el total de la ciudad. La mayoría de los análisis que se han hecho hasta ahora coinciden en que la pérdida de votos de los distritos del Sur ha sido determinante, sobre todo en Vallecas, a pesar de que hay tres distritos por delante en ese porcentaje de bajada: Ciudad Lineal (-2,73%), Latina (-2,55%) y Hortaleza (-2,42%). También se obvia que en otros distritos del sur la bajada ha sido similar. Por ejemplo, Usera presenta datos similares a Tetuán o Centro o que Villaverde o Villa de Vallecas ofrecen datos como Chamartín o Fuencarral.

No pretendo negar que exista esa percepción. Es la que ha permitido argumentar que Carmena se ha dedicado al centro y que se ha olvidado de la periferia, concretamente de los distritos del sur. Evidentemente no hemos sabido transmitir el enorme esfuerzo que se ha hecho sobre todo desde el Fondo de Reequilibrio Territorial, los Planes Integrales de Barrio o los Equipos de Actuación Distrital que han destinado más de 166 millones de euros a reequilibrar la ciudad.

Queda mucho por hacer. Un desequilibrio territorial, social, económico y ambiental estructural no se cierra en cuatro años con una administración como la actual. Pero sí hemos conseguido dos cosas muy importantes a base de trabajo callado y dialogado: el Pacto por el Desmantelamiento de la Cañada Real (hasta que no llegó este gobierno municipal, el acuerdo no fue posible) y la Oficina del Sur y Sureste, en colaboración con la FRAVM y con acuerdo de todos los grupos políticos. Esta oficina enfrenta los grandes retos que aún quedan pendientes: lograr un sur y un este en igualdad de condiciones con los distritos más prósperos de la ciudad a través de actuaciones como el refuerzo de la inversión en materia social, resolver la acumulación de instalaciones de depuración de aguas en la misma zona que conllevan grandes problemas de olores y calidad de vida a los vecinos de estos barrios, diseñar una política de residuos que tienda al Residuo 0 y nos ofrezca un horizonte a 2025 sin incineración, apostar por un tejido productivo en esos distritos que sea próspero en términos económicos, sociales y ambientales. Espero que en esta etapa esos compromisos sigan vigentes. No en vano, la hoja de ruta está firmada por todos los grupos (excepto Vox).

En cualquier caso, más que reivindicar lo que se ha hecho, me gustaría explicar en qué condiciones hemos trabajado, no para justificar errores o deficiencias, sino para explicar las dificultades con las que nos hemos encontrado:

En primer lugar, hemos trabajado con una estructura administrativa y de gobierno que no era la nuestra. El Partido Popular dejó un Ayuntamiento hipercentralizado y descapitalizado desde el punto de vista de las políticas públicas a través de unos contratos integrales que aún seguirán vigentes cuando nos hayamos ido. Sin embargo, había dos opciones: ponernos a diseñar la administración ideal sin una sola herramienta de gestión o ponernos a cambiar la ciudad. Evidentemente, dada la urgencia en tomar medidas, optamos por lo segundo.

En segundo lugar, un bloqueo institucional sin precedentes primero del Ministerio de Hacienda y después de la Comunidad de Madrid en la práctica totalidad de las acciones que hemos emprendido. Aun así, dejamos unas cuentas saneadas y un montón de equipamientos para inaugurar.

“Cuatro años no son suficientes”, no era un lema de campaña. La transformación que necesita esta ciudad requiere sentido común y estar fuera de condicionantes electorales. Manuela y su equipo lo ha intentado en cada Comisión, en cada pleno y aunque la realidad nos dice que no ha sido más eficaz que las estrategias partidistas, estamos convencidos muchos y muchas de que ese es el camino.

Aun así, debemos poner el foco en lo que dejamos: una administración ordenada, con más capacidad estratégica y un legado importante: Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático, Madrid Central, la Estrategia de Residuos, el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad, la Renaturalización de Manzanares, los Presupuestos Participativos, Decide Madrid, el Observatorio de la Ciudad, Compra Sostenible, Innovación, Cultura… Seguramente para muchos no será argumento suficiente para continuar, pero estoy segura de que dejamos una ciudad mejor. Gracias Manuela, por todo lo que hemos podido hacer.

Sobre todo en cuestiones de forma (que son fondo) donde se más se nota que este país no tiene cultura de pacto. Nos ponemos frentistas hasta cuando queremos llegar a un acuerdo

Desde la noche electoral del 24 de mayo, no hay pieza informativa, análisis o tertulia que no hable de los pactos y acuerdos que van a posibilitar multitud de gobiernos municipales y autonómicos. Es verdad que por primera vez en mucho tiempo está todo abierto  y cada imagen, cada gesto, cada mirada… incluso cada cena es analizado con fruición para entrever qué va a pasar, quién va a presidir tal o cual comunidad autónoma o tomar el bastón municipal.

Y, a falta de noticias, el debate en todas las tertulias es si se debe respetar que esa discreción, si se puede entender la opacidad con la que se llevan algunos contactos, si hay que informar en tiempo real o, si como en Extremadura o Zaragoza, se deben retransmitir las reuniones. Hace unos días, Inma Aguilar en Pactad, pactad, malditos ponía las cosas en su sitio pero, sobre todo, hacía la pregunta clave: ¿qué hay de nuevo en lo nuevo?

En las formas, la nueva política se está pareciendo bastante a la vieja. Salvo Manuela Carmena con su propuesta para los desahucios, Ada Colau con las Trobades als barris, y los actos públicos que Mónica Oltra no ha dejado de hacer, nada nuevo bajo el sol. Todo son reuniones entre las direcciones de las formaciones (electos o no) que en torno a una mesa (método tan denostado hace nada, como los reservados de los restaurantes) intentan pactar sin mancharse. Sorprende cuando una de las exigencias de este cambio era tener una mejor representación a través de una relación más directa con la ciudadanía… Todos querían poner al ciudadano en el centro pero no parece (al menos yo no lo conozco) que se les vaya a consultar ni arbitrar ningún tipo de participación: ni los partidos tradicionales ni los emergentes.

Que no tenemos cultura de pacto se ve en la forma y el fondo de los “diálogos”. La primera premisa de los partidos emergentes es “no entrar en gobiernos que no presidamos” prescindiendo no de sólo los “sillones” sino de empezar a practicar otra metodología de gobierno, otra manera de ejercer el poder. Todavía ninguno acierta a explicar por qué renunciar a gestionar propuestas o proyectos que se están poniendo encima de la mesa.

Quizás tenga que ver con que las propuestas no son muy de fondo: giros de 180 grados, exigir que se deje de trabajar con los bancos que desahucien, reducir el número de asesores, no llevar imputados a los gobiernos (ni en las listas…?), exigir primarias en los demás partidos…. Sinceramente, el listón de la “nueva política” está demasiado bajo como para acercarse a las expectativas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que esperan un cambio. Claro que para eso habría que arriesgar y salvo las honrosas excepciones anteriormente mencionadas, no parece que sea el caso.

La “nueva política” ni ofrece ni pretende ofrecer un modelo acabado. La “nueva política” acierta en hacer las preguntas correctas en el momento adecuado, explorando las metodologías que garanticen la transparencia, la apertura y la democracia. ¿Nos hemos olvidado ya de que no nos conformamos con votar cada cuatro años? Si no es así, la receta es la misma: transparencia y democracia. Esa es la principal tarea de las nuevas herramientas.

Sobre todo en cuestiones de forma (que son fondo) donde se más se nota que este país no tiene cultura de pacto. Nos ponemos frentistas hasta cuando queremos llegar a un acuerdo. Pactar en España es rendirse, cuando seguramente si se bajara el tono, se sobrecargara menos, se buscara metodología para abrir las instituciones y la política, se hiciera pedagogía y, sobre todo, se asumieran responsabilidades, cambiarían muchas cosas. No es fácil porque tampoco era fácil antes de las elecciones. Porque esto no ha hecho más que empezar. Quedan cuatro años por delante y mucha gente a la que no defraudar.

Es seguro es que, lleguen a gobernar o no, las candidaturas ciudadanas cambiarán el papel unidireccional de los gobiernos y las administraciones públicas

El próximo mes de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en España. Estas elecciones tendrán lugar en un contexto de crisis sistémica que ha evidenciado la enorme brecha que existe entre “poder” y “representación”, dejando a los ciudadanos y ciudadanas a su suerte. Esta es la causa principal del surgimiento de multitud de candidaturas ciudadanas que pretenden contraponerse a los candidaturas de los partidos políticos tradicionales.

La principal demanda de estas iniciativas es evidente: más democracia y recuperar la política por y para la gente. Hay algunos que piensan que cuando la crisis económica pase, la crisis política remitirá. Pero el problema es que esta crisis, además de agrandar la brecha entre ricos y pobres, ha desnudado los mecanismos de funcionamiento del poder y, sobre todo, del lado de quién está, dejando en evidencia la baja calidad de nuestra democracia.

Ya ha habido experiencias ciudadanas. Algunas incluso ganaron sus elecciones. Es el caso de Vecinos por Torrelodones, cuyo origen está en la necesidad de “cambiar la forma en las que se hacían las cosas” u otras en la oposición como Electores en Alhaurín de la Torre o Alternativa por Santomera y muchos más. Las principales demandas tienen que ver con la transparencia y la participación ciudadana pero la principal cuestión es si estas candidaturas sólo están exigiendo una representación mejor o definen también un nuevo espacio para la gestión de los servicios públicos. En este marco de limitación de recursos, ¿representa esta innovación política un marco de oportunidad para la innovación pública?

Aunque es pronto para responder a esta pregunta, podemos identificar tendencias que nos pueden ayudar a salir de un espacio de resignación que nos obliga a elegir entre estado y mercado y que relega al ciudadano al mero papel de receptor pasivo de servicios.

1. Una vuelta a la eficacia, en términos de cubrir necesidades concretas. Generalmente, los procesos de innovación social surgen de la necesidad y no se dirigen a ella, con un planteamiento y una “operativa” ad hoc: Banco de Alimentos, las redes de intercambio, huertos urbanos.

2. Mayores oportunidades de participación a distintos niveles. La tecnología tiene un papel vital en este proceso ya que nos permite una mayor implicación y una definición alternativa de los problemas incorporando una suma de múltiples visiones, ideas y perspectivas.

3. La creación de espacios híbridos de gestión en los que se redefine el concepto de lo “público” acercándose más a lo “colectivo”, movilizando recursos públicos y también privados en otra “cooperación” entre iguales. No es sólo cuestión de participar, es cuestión de decidir y también, por qué no, de gestionar.

Una definición alternativa de los problemas implica una definición alternativa de las respuestas en un paradigma nuevo en el que el cambio cualitativo reside en el redefinición de papeles de los actores: el Estado, el mercado y los ciudadanos. Todavía es pronto para verlo, pero lo que es seguro es que, lleguen a gobernar o no, las candidaturas ciudadanas cambiarán el papel unidireccional de los gobiernos y las administraciones públicas.

No hay que liberar a lo público de su responsabilidad. Todavía hay que definir el “Cuadro de Mando Ciudadano” en términos de gestión. Tenemos aún que explorar qué significa “Gobernar Obedeciendo” en términos de políticas públicas y capitalizar las experiencias de innovación incorporándolas al quehacer público.

Unos servicios públicos de calidad son la única garantía efectiva de igualdad de oportunidades e, incluso, denunciando corrupción y confusión de intereses públicos y privados de los representantes políticos que encabezan el proceso privatizador

España, como Italia, Grecia y Portugal, se incorporó bastante tarde a la listas de países que contaban con un modelo de servicios sociales que comúnmente conocemos como Estado del Bienestar. No es hasta la Constitución de 1978 que no se reconocen derechos como la educación, la sanidad o las pensiones. Incluso el reconocimiento de esos derechos se convirtió en la vía principal de legitimación de los cambios políticos que se produjeron en la transición española a la democracia, haciendo que las personas identificaran progreso social con democracia y viceversa.

España se inserta en lo que los teóricos han llamado el “modelo mediterráneo”. Esto es: políticas sociales menos desarrolladas, instituciones menos maduras y un gasto social menor en todas las áreas. Esto hace que nuestro Estado de Bienestar sea débil. Durante los años 80, la mayor parte de los esfuerzos se centraron en dar una respuesta rápida a ese reconocimiento universal de derechos, fundamentalmente en educación y sanidad. Es por eso, que el modelo español ha combinado desde el inicio tres modalidades de gestión: la pública directa, la privada y la privada (con o sin ánimo de lucro) sostenida con fondos públicos. El modelo ha permanecido intacto a lo largo de las décadas. independientemente del color político de los distintos gobiernos, de las diferentes reformas legislativas y del importante proceso de descentralización política que llevaron las competencias sociales a autonomías y ayuntamientos, el modelo no ha cambiado.

Así, desde el inicio del Estado de Bienestar Español, la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos ha sido muy importante. Los modelos preferidos son la externalización (la gestión privada de centros públicos) y los conciertos (financiación pública de plazas privadas). Según la OCDE, España es el segundo país en Europa, después de Bélgica, con más alumnos en colegios concertados (31,7%). En cuanto a los hospitales, el 27,5% son centros privados financiados públicamente, según los datos del Ministerio de Sanidad. Además, la reformas legislativas han ido instaurando una variedad de modalidades, como las fundaciones sanitarias o las concesiones, que reducen considerablemente el papel de la gestión directa de los servicios sanitarios. El sector privado con ánimo de lucro ha sido el principal beneficiario de esta situación, aunque la Conferencia Episcopal (oficialmente encuadrada en el sector sin ánimo de lucro) también ha jugado un papel muy relevante en la gestión indirecta de los servicios públicos. También organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y otro tipo de Fundaciones han trabajado sobre este esquema, funcionando como “entidades colaboradoras de los gobiernos” con subvenciones e incluso exenciones fiscales.

Con el inicio de la crisis, el debate político sobre la privatización de los servicios públicos ha cambiado, centrándose casi únicamente en las constricciones presupuestarias y la sostenibilidad económica, obviando cuestiones tan vitales como la modernización de los servicios o cómo aumentar su capacidad para afrontar las consecuencias sociales es esta crisis.

La respuesta la ha dado la calle y las coloridas mareas ciudadanas que se han movilizado en defensa de lo público, poniendo a la vez de manifiesto la incapacidad de los actuales gobernantes de plantear alternativas que no pasen por la privatización de aquello que nos pertenece a todos y todas. Los partidos verdes del Estado español, Equo e ICV, han apoyado y participado de todas las movilizaciones contra las privatizaciones desde el convencimiento de que unos servicios públicos de calidad son la única garantía efectiva de igualdad de oportunidades e, incluso, denunciando corrupción y confusión de intereses públicos y privados de los representantes políticos que encabezan el proceso privatizador. Pero, a parte de resistir, tendremos también que hacernos las preguntas adecuadas: ¿Público o privado son las dos únicas opciones para la gestión de los servicios sociales? ¿qué servicios públicos queremos? ¿La elección es exclusivamente entre el mercado y el estado? ¿Qué papel tenemos los ciudadanos? Quizás las respuestas estén en este “espacio ciudadano”.