1. Ayudas de 66 millones de euros para modernizar el regadío

En 2004, la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir recibió una subvención de la Junta de Andalucía para modernizar el sistema de riego de casi 13.000 hectáreas en los municipios de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca.

El proyecto, en principio, estaba dotado con 70,4 millones de euros, aunque finalmente se adjudicó por 66 millones. La obra tenía un plazo inicial de ejecución de 42 meses, por lo que debería haber estado concluida en 2008.

2. La Unión Europea aporta más de la mitad de los fondos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía decidió conceder a la Comunidad de Regantes una ayuda de 40,1 millones de euros, enmarcada en su plan de apoyo a la modernización del regadío andaluz. De este dinero, el 60% (24,06 millones) lo aportó la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El resto, los propios regantes.

3. Presiones en la adjudicación

En un informe concluido en diciembre de 2014, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) constata diversas irregularidades en la adjudicación del contrato, pese a los mecanismos de control público que deberían haber garantizado la limpieza del concurso. La primera adjudicación de la obra fue para una unión de cuatro empresas de la zona: Meci Works Tegner, Teconsa y Elecnor. Fue anulada después por existir vínculos entre las empresas y los regantes.

Varias grabaciones y testimonios judiciales indican que, más tarde, altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía presuntamente presionaron a los regantes para que la segunda adjudicación recayera en la UTE Befesa-ALPI, aunque la Comunidad de Regantes habría puesto como condición que se subcontratara a Meci Works y Tegner. La oferta ganadora quedó muy por debajo de la que consiguió la mejor puntuación, y era un millón de euros más cara.

De hecho, la OLAF en su informe afirma textualmente que “estas irregularidades tenían como finalidad favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias”. Y añade que “como consecuencia de ello, no se adjudicó el contrato a la oferta que tenía la mejor relación calidad-precio”.

4. La adjudicataria, denunciada por un sobrecoste de casi 3 millones

Posteriormente, una nueva Junta Rectora de la Comunidad de Regantes, que tomó posesión en 2009, rescindió el contrato con la UTE adjudicataria de las obras, conformada por Befesa (filial de Abengoa) y Construcciones ALPI. Las empresas acumulaban continuos retrasos en la ejecución de la obra, que debería haber concluido en mayo de 2008, aunque la Junta prorrogó el plazo a septiembre del año siguiente. Además, la UTE había presentado facturas por sobrecostes, a pesar de que el contrato fijaba un precio cerrado e invariable. La Junta dio a los regantes hasta noviembre de 2010 para redactar un nuevo proyecto de licitación, pero hoy la obra sigue parada.

5. Altos cargos de la Junta y los regantes, entre los implicados

La denuncia presentada por la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes no sólo procede contra las adjudicatarias del proyecto, Befesa y Alpi, sino también contra la anterior directiva, responsable de haber otorgado el contrato y de haber pagado los sobrecostes. En la causa están imputados dos ex directores generales de Regadíos de la Junta; dos ex jefes del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales; el ex presidente y ex secretario de la Comunidad de Regantes; varios miembros de la mesa de contratación; directivos y representantes de las empresas mencionadas, y funcionarios de la Junta de Andalucía.

6. El papel de la Junta y el informe de la empresa DAP

La Junta de Andalucía es la administración encargada de fiscalizar el correcto empleo de la subvención, desde la adjudicación a la ejecución de la obra y su facturación. Por este motivo, la entonces consejera de Agricultura, Clara Aguilera, compareció en el Parlamento de Andalucía el 22 de septiembre de 2009 para informar acerca de los retrasos y sobrecostes de la obra. En dicha comparecencia, la consejera esgrime las conclusiones de un informe de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), y afirma que la obra está concluida en un 80%. Dicho informe está incluido en el sumario del caso.

7. El informe de Ayesa, una prueba fundamental

Con el fin de dilucidar las irregularidades en la ejecución de la obra, los regantes contrataron a la ingeniería Ayesa para que redactara un informe técnico que certificara qué porcentaje del proyecto estaba realizado, si estaba bien construido o no, y cuál había sido el sobrecoste real. Este informe, en contraste con el de DAP, cifra el nivel de ejecución en un 60%, y añade que la diferencia entre lo facturado y lo realmente ejecutado es de casi 3 millones de euros. En este dossier se basa la denuncia presentada en junio de 2012 por la Comunidad de Regantes ante la Fiscalía y la Unión Europea, aunque su validez jurídica es dudosa debido a un conflicto de intereses provocado por las cláusulas del contrato entre ambas partes.

8. Las dudas que plantea el informe de la OLAF

La OLAF, que en 2012 recibió la denuncia de los regantes, emitió en diciembre de 2014 el informe arriba citado sobre las irregularidades del proyecto. En él, los técnicos comunitarios ponen de relieve el “detallado análisis” que hace Ayesa acerca de las cuestiones técnicas en la ejecución del proyecto, por lo que hacen constar que la OLAF se centrará en las numerosas anomalías acaecidas durante la adjudicación del contrato y no en las presuntamente cometidas en su ejecución. En ningún momento el informe de la UE reconoce que haya comprobado que el informe de Ayesa se ajuste a la realidad. Tampoco hace mención alguna al informe de la Junta de Andalucía, llevado a cabo por la empresa pública DAP.

El contrato firmado entre la ingeniería Ayesa y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este diario, pone en cuestión la validez pericial de uno de los pilares fundamentales en la instrucción judicial del Caso Marismas, el conocido como “Iinforme Ayesa”.

En este caso, uno de los de más calado en la actualidad, se investiga la presunta malversación de una subvención de la Junta de Andalucía y la Unión Europea de 40 millones de euros para la modernización del regadío del Bajo Guadalquivir. En él están implicados altos cargos de la propia Junta de Andalucía y de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, así como las empresas Befesa y Construcciones ALPI.

La objetividad del Informe Ayesa, un documento de 159 folios, que forma parte del sumario del caso como prueba pericial, plantea serias dudas ya que convertiría a Ayesa, la empresa que lo realiza, en juez y parte del caso. Ayesa debía certificar el estado de ejecución de las obras subvencionadas, pero según dicho contrato, que hasta ahora no había visto la luz, en él se aseguraba además la culminación de las obras pendientes de terminar. Por lo tanto, Ayesa obtendría un mayor beneficio cuanto menos obra certificase como ejecutada.

Este hecho, según varias fuentes jurídicas consultadas, plantea un conflicto de intereses que cuestiona el uso forense de dicho trabajo.

Juez y parte

Éstos son los hechos. El 4 de noviembre de 2010, la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes contrató con la empresa de ingeniería Ayesa la elaboración de un informe técnico, al objeto de denunciar ante los tribunales a la Junta Rectora anterior y a las adjudicatarias de las obras de modernización de los sistemas de riego de las marismas del Guadalquivir, la UTE conformada por Befesa (entonces filial de Abengoa) y Construcciones ALPI. El objetivo de dicho trabajo, era conocer con exactitud qué porcentaje de las obras certificadas se habían completado realmente, y cuáles de ellas presentaban deficiencias técnicas que pudieran provocar sobrecostes.

Sin embargo, en el mismo contrato se estipula también que, además de elaborar el informe, Ayesa sería la encargada de la “redacción de un modificado técnico” del trabajo inicial para los “trabajos de adecuación de lo realmente ejecutado en obra”, y, por otro lado, la de “uno a varios proyectos complementarios” que comprendan el resto de las obras, que “no habiéndose podido ejecutar dentro del proyecto inicial se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación”. Según se especifica en las cláusulas, la compañía cobraría un 2% sobre el presupuesto de los trabajos proyectados por cada concepto, algo que en opinión de fuentes jurídicas consultadas supone un conflicto de intereses.

Una vez realizado, el informe de Ayesa determinó que la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado asciende a casi 3 millones de euros, y cuantifica las obras realizadas en un 60% del total previsto en el proyecto inicial. Por lo tanto, según el contrato firmado entre ambas partes, Ayesa debería finalizar, y cobrar, el 40% de la obra pendiente de ejecutar.

Sin embargo, en otro informe elaborado por la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (DAP) para la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se cifraba el nivel de ejecución en un 80%. Este último documento fue esgrimido por la entonces titular del ramo, Clara Eugenia Aguilera, en su comparecencia sobre este caso en sede parlamentaria a finales de 2009.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que también recibió la denuncia de los regantes, emitió en el pasado mes de diciembre las conclusiones de una comisión de investigación encabezada por la española María Eugenia Moreno-Laborda. En el documento, que fue enviado al juzgado de instrucción nº 16 de Sevilla, se cita el informe de Ayesa como “una prueba importante de las irregularidades en la gestión” del proyecto.

La oficina europea afirma que “centra su investigación en las irregularidades en el procedimiento de contratación”, pues considera que “Ayesa ya había realizado un detallado análisis de la ejecución del proyecto”. En efecto, en ningún lugar de estas conclusiones se menciona que los investigadores de la comisión realizasen algún tipo de comprobación para verificar si el informe de Ayesa se ajusta a la realidad.

Mutismo de las partes

Este medio ha contactado con la responsable del informe para averiguar si efectivamente se limitaron a dar por bueno el informe de Ayesa sin contrastarlo, y si conocían de la existencia del otro informe de DAP, pero no ha obtenido respuesta. Al mismo tiempo, desde la oficina de la Comisión Europea en España responden con un escueto “no vamos a hacer ningún comentario”.

También han declinado ofrecer opinión al respecto la sociedad a la que se adjudicó originalmente la obra, Befesa, ni su entonces matriz Abengoa. Tampoco la propia Ayesa, cuyo Departamento de Comunicación asegura que el Caso Marismas “no tiene nada que ver con nosotros”.

Por su parte, Antonio Reyes Maya, director gerente de la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, ha declinado hacer declaraciones sobre las posibles consecuencias jurídicas del contrato. De hecho, ha insistido en que “no tiene nada que ver con la denuncia”, ya que es un documento “privado entre partes”. Asegura, además, que “por supuesto no voy a dar mi opinión sobre eso, porque considero que no lo debéis tener [el contrato entre la Comunidad de regantes y Ayesa]”.

Por otro lado, preguntado por si la OLAF verificó las conclusiones del informe de Ayesa, responde: “No lo puedo corroborar”. Y añade que “aquí estuvieron pidiendo documentación, pero no puedo decir si fueron al campo”. Respecto a si se han pagado los conceptos incluidos en sus cláusulas, sostiene: “Lo sé, lo que pasa es que no lo voy a decir”. Otras fuentes consultadas y cercanas al caso aseguran que el contrato “está pagado en su totalidad”.

Por otra parte, José Pliegos, director general de Estructuras Agrarias de la Junta de Andalucía, confirma que han “terminado un expediente de pérdida total de la ayuda por incumplimiento de los plazos y los requisitos”, y que “pusimos en marcha el reintegro”del dinero. No obstante, afirma haber “paralizado el cobro hasta que se pronuncie la Justicia”, tras la petición a tal efecto de los abogados de los regantes al juez.

El papel de la Junta

La labor de la Junta de Andalucía en el proceso de adjudicación del proyecto es otro de los aspectos que se encuentran bajo la lupa judicial. En la causa están imputadas 21 personas por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. En concreto, dos exdirectores generales de Regadíos, dos exjefes del departamento de Infraestructuras Agraria y Actividades Estructurales de la Consejería de Agricultura, miembros de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes y de la mesa de contratación por haber sido presuntamente conniventes en las irregularidades, los representantes de las tres UTE implicadas y otros funcionarios de la Junta.

La UTE Befesa-ALPI recibió la adjudicación del proyecto de modernización de los sistemas de riego por un total de 66,6 millones de euros. El 60% de esta suma (40,1 millones) provenía de una subvención de la Junta de Andalucía y el fondo para el desarrollo agrario (FEADER) de la Unión Europea. Algo más de 11 millones han sido reclamados por la OLAF debido a los indicios de delito descubiertos a raíz de la denuncia. Según la oficina europea, el proyecto se otorgó en segunda adjudicación —la primera fue anulada por la “detección de una posible irregularidad”— a la UTE de Befesa y Construcciones ALPI a pesar de no resultar la oferta más ventajosa en términos de precio. De hecho, era un millón de euros más cara que la oferta mejor posicionada en las valoraciones de la Mesa de Contratación.

También asegura que miembros de la anterior Junta Rectora de los regantes pudieron presionar a la entonces filial de Abengoa para que Tegner y MECI Works, dos empresas locales que no cumplían los requisitos de capacidad técnica pero aun así habían recibido la primera adjudicación, fueran subcontratadas en el proceso de realización de las obras. Es más, hasta que Befesa y ALPI no se comprometieron ante notario a hacerlo, no recibieron la adjudicación. Segun la OLAF, el administrador de Tegner era miembro de la Comunidad de Regantes y MECI habría tenido relaciones económicas previas con ésta. También sostiene que “durante la segunda adjudicación, miembros de la Mesa de contratación recibieron una llamada telefónica de la Junta de Andalucía indicando qué oferta debía ser elegida”. Según el “Informe Ayesa”, estas empresas son las principales causantes de las deficiencias técnicas en las obras ejecutadas hasta el momento.

Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.

Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 177.2, establece que para las adjudicaciones por el procedimiento negociado “deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos”, como los de servicios.

De las 187 adjudicaciones que Romero ha otorgado por esta vía, 163 sobrepasan los límites impuestos por la normativa estatal. En el caso de los contratos de servicios, un total de 118 superan el umbral de los 60.000 euros, mientras que 45 proyectos de obras tienen un importe de más de 200.000 euros.

Romero, que fue nombrado por el entonces ministro de Agricultura y actual comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, es un hombre muy vinculado al PP de Granada. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, había ostentado hasta entonces el cargo de coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.

Han pasado casi tres años y su gestión de la cuenca del Guadalquivir está cada vez más cuestionada, sobre todo en lo referente a la concesión de los contratos, como afirman fuentes internas de la Confederación. Más de un centenar de empresas se han beneficiado de este tipo de adjudicaciones, que abarcan desde algo más de 40.000 euros hasta casi un millón.

La mayoría de las sociedades se dedican a la obra civil o la consultoría. La principal agraciada es Construcciones Sánchez-Domínguez, Sando, y sus filiales Althenia y Conacon. Juntas han obtenido contratos por importe de más de 1,4 millones. El tándem formado por la consultora Ambesur, propiedad de Fernando Mancha López Jurado, y la constructora Arpo, de la que es apoderado y secretario, ha recibido 765.000 euros en contratos de la CHG. También se han beneficiado con 743.000 euros Prelaksa y su filial Barama, ambas constructoras, en las que Manuel Bach Moya es secretario y consejero delegado, en este orden.

Inversiones, Proyectos y Obra Civil, S.A. (IPOCSA) aparece en un lugar destacado dentro de las contrataciones negociadas sin publicidad, con un importe de casi 680.000 euros. Además, esta sociedad recibió, a través de Sogeosa —con la que está vinculada mediante su consejera delegada, María Enriqueta García—, 37,5 millones en cuatro contratos por procedimiento abierto, en los que participa en UTE con distintas empresas. Entre ellas destacan Arpo Construcciones y Fitonovo S.L, esta última epicentro de la investigación del Caso Madeja. Otras sociedades como Jiménez y Carmona, Construcciones Alpi y Typsa —junto a su vinculada Tecnoma— cobraron cantidades de entre medio millón y 750.000 euros.

Entre los adjudicatarios destaca el nombre de Isotrol, ingeniería sevillana encabezada por José Luis Calvo Borrego, pareja de Carolina Fernández Vigo, diputada del PP en el Parlamento de Andalucía. Según El Confidencial, Manuel Romero es buen amigo de la parlamentaria y habitual compañero de almuerzos en Sevilla de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

La CHG ha concedido a Isotrol en los últimos meses varias adjudicaciones millonarias por procedimiento abierto y vía de urgencia, que han desatado la polémica porque han sido cuestionadas por los propios funcionarios de la institución. El pasado 14 de octubre, la senadora y exconsejera de Medio Ambiente andaluza, Fuensanta Coves, preguntó al respecto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. No obtuvo respuesta. El PSOE ha pedido la comparecencia de Romero en la Comisión de Medio Ambiente.

El caso de Ayesa

La empresa andaluza de ingeniería Agua y Estructuras S.A. (Ayesa) ha logrado una decena de adjudicaciones bajo la dirección de Romero. Por ejemplo, sus filiales Aynova y ACT Sistemas, dedicadas a la consultoría y la informática, obtuvieron sendos contratos por importe de más de 840.000 euros, y ambas se adjudicaron la explotación de dos presas cada una el mismo día, 8 de agosto de 2012, por idéntica cuantía —71.390 euros— y en expedientes correlativos.

El presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, es un viejo conocido de Juan Saura Martínez, director técnico de la CHG y miembro permanente de la mesa de contratación de dicho organismo. En octubre de 1985 ambos publicaron un trabajo en la Revista de Obras Públicas junto a José Luis de Justo Alpañes titulado “Comparación entre un canal trapecial y otro circular en terrenos expansivos”.

Además, ambos fueron integrantes de un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla para el proyecto “Ayudas a Consolidación de Grupos de la Junta de Andalucía”, que se desarrolló desde octubre de 2009 a diciembre de 2011 y fue financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía.

La sombra de la Operación Púnica, la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, va más allá de las instituciones públicas salpicadas hasta el momento. La presencia de Cofely España —principal beneficiada de la red— y sus filiales Cofely Contracting, Crespo y Blasco S.A. y Europea de Mantenimiento y Gestión se extiende a lo largo del territorio español gracias a numerosas contrataciones que en los últimos siete años les granjearon más de 135 millones de euros en adjudicaciones.

El nexo común entre estas sociedades —hoy propiedad del grupo energético francés GDF Suez— es Gaspar Crespo García, que ejercía cargos de alta dirección en ellas antes de ser vicepresidente y consejero delegado de la energética francesa en España.

La pista del dinero público lleva directamente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el ramo de más importancia autonómica detrás de la propia presidencia. En marzo de 2010, con Granados al frente, este departamento concedió a Crespo y Blasco 634.000 euros por equipar el auditorio municipal de Chapinería. Un año antes, el Servicio Regional de Bienestar Social de Madrid otorgó a esta empresa el contrato de “reforma, reparación y conservación en residencias de mayores, centros de discapacitados, centros de mayores y el resto de inmuebles adscritos al servicio”, por 912.000 euros.

No hay que alejarse mucho de la capital para encontrar más adjudicaciones que destacan por su montante. Cofely percibió otros 115 millones de tres ayuntamientos madrileños para el mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones eléctricas municipales. Los consistorios de Parla, en enero de 2013, y Collado Villalba y Serranillos del Valle, este mismo año, acordaron pagar a la empresa de GDF Suez 66, 42 y 5,1 millones, respectivamente. En el caso de la localidad parleña, cuyo alcalde, el socialista Jesús Fraile, ha sido detenido en el marco de la Operación Púnica, el importe se reparte entre los 15 años de servicio concedidos a la adjudicataria: 4,4 millones anuales.

Algunos entes públicos repiten de manera habitual como contratantes de Cofely. Es el caso del Instituto de Salud Carlos III. A través de la dirección, la secretaría general y la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas —CNIO, participada por el Instituto—, las empresas acapararon 16 contratos por un montante de siete millones de euros.

Las filiales de GDF se ocuparon de la gestión general de las instalaciones y de la provisión de material técnico específico para la investigación. Varias de estas adjudicaciones rozaron o sobrepasaron con creces el millón de euros. Se da la circunstancia de que el Boletín Oficial del Estado recoge la participación de Crespo y Blasco S.A. como donante del CNIO desde 2004.

Este grupo de empresas además recibió hasta catorce adjudicaciones de la Agencia Tributaria en distintos lugares de España —Cataluña, Baleares, Madrid o la propia Dirección del Servicio de Gestión Económica—, por las que las sociedades recibieron casi 1,7 millones. O las cuatro de la Seguridad Social —desde las tesorerías de Toledo, Valladolid y Las Palmas y la Dirección General del INSS en Asturias— por 363.000 euros.

Aena es otro de los organismos estatales donde son recurrentes las adjudicaciones a Cofely y su red. Más de seis millones consiguieron las sociedades de GDF Suez desde 2010 hasta hace apenas dos meses, a través de contratos en Barajas, Vigo, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife y las instalaciones centrales. A ello hay que sumar los casi 326.000 euros que el Aeropuerto de Castellón otorgó en marzo de 2010 a Crespo y Blasco en concepto de “adenda modificativa al contrato complementario del expediente” para la instalación eléctrica del aeródromo.

Si atendemos al volumen de los contratos, uno de los más suculentos es el que el grupo consiguió en RTVE. En diciembre de 2010, la dirección de compras de la Corporación pagó a Cofely España 1,4 millones por el “mantenimiento integral” de los centros de Andalucía, Ceuta y Melilla, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Además, ocho meses después la televisión pública encargó a la filial de GDF Suez el “tratamiento de prevención y control de legionelosis” en las instalaciones de Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura a cambio de otros 83.000 euros.

Las relaciones entre adjudicatarios y clientes aparecen también en las contrataciones de Cofely con entes estatales. En octubre de 2012, Mutual Midat Cyclops, una mutua sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Trabajo, contrató a esta empresa por más de 300.000 euros para la reforma de un local en Madrid. En su Junta Directiva se sienta Juan Manuel Cruz Palacios, directivo de Acciona y sus filiales y vinculado a Crespo y GDF Suez a través de la sociedad adjudicataria de la construcción del Hospital del Norte de Madrid.

Construcción del Hospital Infanta Sofía

Cofely también mostró interés por contratos de servicio energético como parte de su estrategia expansiva, para lo cual se hizo en 2007 con la totalidad de la empresa Crespo y Blasco S.A., de la que ya poseía un 50%, por un importe que no se hizo público.

Ya entonces, GDF Suez expuso como motivo de satisfacción por la compra el hecho de que Crespo y Blasco S.A. poseyera un gran volumen de contratación con la Administración pública, que incluía obras como la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona o una serie de “mejoras energéticas” en el Hospital del Norte de Madrid (hoy Infanta Sofía), cuya privatización se incluyó dentro del fallido plan que trató de sacar adelante el presidente Ignacio González.

Además, dos años antes, en junio de 2005, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en manos entonces de Manuel Lamela, imputado el año pasado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, había concedido a Crespo y Blasco S.A. la construcción y explotación durante 30 años del Hospital de San Sebastián de los Reyes, con un coste total presupuestado en 505,2 millones de euros.

Tras la adquisición de esa empresa por parte de Cofely en 2007, los dos principales directivos de la compañía, Gaspar Crespo y José Manuel Blasco, pasaron a formar parte del equipo directivo de Cofely España, junto a Etienne Jacolin, presidente de la compañía, y Didier Maurice, expresidente de Crespo y Blasco S.A. y director general de Cofely hasta su detención en el marco de la Operación Púnica.

Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era “un hombre extravagante, un hombre raro”, pero también “un amigo”. La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era “muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder”. Lo que no se sabía es que José María Aznar, al mismo tiempo que intercedía en público a favor de Gadafi, hacía negocios en privado con empresas españolas que querían conseguir contratos con el Gobierno libio.

El 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi, José María Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales. 

Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros, según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario.

Según el contrato, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, José María Aznar es “una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular el libio”, que cuenta con “conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación local reguladora de las ofertas, programas de promoción público privada y concursos públicos”.

La remuneración que Aznar firmó con Befesa es muy generosa: una “comisión de éxito” –como la define el contrato“– del 1%  ”hasta que la cifra de adjudicación acumulada de proyectos dentro del programa llegue a 250 millones de euros“. A partir de esta cifra –es decir, después de que Aznar se llevase los primeros 2,5 millones de euros–, la comisión se reduciría al 0,5%. En total, si Befesa hubiese conseguido los 950 millones de euros en adjudicaciones que esperaba en Libia, Aznar habría cobrado una comisión de seis millones de euros: alrededor del 0,6% de los 950 millones esperados.

Además de esa comisión, Aznar consiguió otro 0,25% adicional del precio convenido por Befesa con el Gobierno libio por administrar las desaladoras cuya gestión se incluya también en el contrato de construcción. Esta comisión se recibiría durante los cinco primeros años de mantenimiento de las instalaciones.

El contrato con Befesa incluía también un adelanto de 100.000 euros más IVA. José María Aznar facturó esa cantidad cinco días después de firmado el contrato, el 13 de septiembre de 2010. Eldiario.es ha tenido también acceso a esa factura, que tiene sello de entrada en la contabilidad de Befesa el 30 de octubre. En el documento, con la firma del propio Aznar, consta también su número de cuenta de Caja Madrid.

Por parte de Befesa, el contrato está firmado por Javier Molina Montes, presidente de Befesa. En el momento de la firma, la filial de Abengoa “tiene identificados” cuatro proyectos de desaladoras en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. El primero de ellos consiste únicamente en la construcción de las instalaciones, mientras que los otros tres incluyen la gestión de éstas. No obstante, la empresa especifica que “la colaboración se extiende a todos los proyectos de desalación que adjudique el Ministerio bajo el programa”. En julio de 2010, según la información que daba Abengoa a sus inversores, Befesa ya tenía firmado un memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gadafi por tres de las cuatro desaladoras.

En el acuerdo también se especifican las obligaciones del expresidente del Gobierno, “el prestador”, según el contrato. Entre ellas, el “prestador” se compromete a “suministrar a Befesa toda la información necesaria tendente a que ésta pueda presentar oferta”; “asistir y prestar todo apoyo comercial necesario durante el curso de las negociaciones con clientes con el objetivo de obtener la adjudicación del contrato”; “realizar gestiones para dar a conocer los productos y soluciones” de la empresa, y “apoyarla en las demostraciones de productos, preparación y presentación de ofertas, visitas al territorio, etc.”.

Además, la filial de Abengoa establece que “su actuación deberá regirse en todo momento por los principios de corrección, licitud y buena fe”. Por ello, prohíbe “influir o inducir, directa o indirectamente, sobre cualquier acto, decisión u omisión” de funcionarios y autoridades locales, así como “realizar cualquier tipo de pagos a cuenta de aquellas personalidades mediante cuentas no registradas oficialmente”.

Eldiario.es ha intentando ponerse en contacto con José María Aznar a través de la FAES para recabar su versión de los hechos. No ha habido respuesta.

Un portavoz de Abengoa ha confirmado a eldiario.es que Befesa contrató a Aznar “como asesor”, pero que la guerra civil y posterior intervención militar en Libia frustraron las adjudicaciones. La ejecución de Gadafi el 20 de octubre de 2011 –un año después de la firma de este contrato– y el cambio de Gobierno dejaron a José María Aznar y a Abengoa sin un negocio millonario. En 2013, Abengoa vendió Befesa a un fondo de inversión.