El nuevo Juntamento General Ordinario celebrado esta semana en el salón de actos del edificio Moneo volvió a mostrar las posturas enconadas entre la directiva de la Junta de Hacendados y los componentes de la asociación por la conservación de la Huerta de Murcia. Sin llegar a los momentos de tensión vividos el año pasado –cuando se produjo el desalojo del portavoz de la asociación, Pedro Fernández-, las medidas aprobadas recibieron una fuerte contestación.

La venta para este año de una importante cantidad de agua –aproximadamente 8 Hm3- destinada a los regantes de Águilas y Mazarrón, supone la repetición de una venta similar realizada el 2014 y que ha proporcionado a la Junta importantes ingresos a cambio de reducir el caudal circulante en las acequias. Algo que, según han denunciado miembros de Huermur, empieza a provocar las quejas de diversas comunidades de regantes situadas aguas abajo, concretamente las de Callosa y Catral en la vecina provincia de Alicante.

Diversos hacendados vinculados con la referida asociación criticaron la falta de publicidad del Juntamento, al cual asistieron poco más de cien personas de un total de veinte mil miembros. Insistiendo igualmente en la escasa legitimidad que otorga el imperante sistema de delegación de voto, por el que determinados hacendados cercanos al presidente Sigifredo Hernández dicen representar a centenares de regantes de cara a aprobar una venta de agua que la gran mayoría desconoce, sin aportar la pertinente documentación que demuestre dicha delegación.

En las mencionadas cuentas para este año, gran parte del dinero proveniente de la venta de caudales se invertirá en multiplicar los polémicos entubamientos de acequias. Cerca de 300.000 euros serán utilizados para tal fin en 2015, similar a lo acontecido el año anterior donde, según datos aportados por la propia Junta, 7 kilómetros de cauces de la red tradicional de regadío fueron cimbrados, desapareciendo ecosistemas y paisajes de gran valor ecológico e histórico.

Por contra, apenas 40.000 euros del presupuesto serán destinados a la recuperación de alguno de los numerosos Bienes de Interés Cultural que pueblan la huerta y que se encuentran en ruina o en un estado de total abandono.

Para Huermur, los entubamientos realizados hasta el momento carecen de la pertinente licencia municipal, por lo que anuncian nuevas acciones legales al respecto ante el incumplimiento de la normativa por parte de la presidencia de la Junta de Hacendados.

El enfrentamiento entre dos modelos opuestos de entender la huerta tradicional sigue plenamente activo en un momento crítico para la conservación de este paisaje milenario en peligro.

Cierto es que, a la par de ese españolismo, hay un 4,6% de aragoneses que se sienten más de su terruño que españoles o incluso sólo aragoneses, cifra que asciende a un 7,4% en el caso de los valencianos, por sólo un 2,2% de murcianos. Pero las diferencias porcentuales en este segmento son bastante menores que en el anterior.

De este modo, la tónica dominante en nuestra tierra sería la existencia de un considerable sentido de pertenencia regional no incompatible con el de españolidad (el 83% de encuestados se sienten “tan españoles como murcianos”, según el CIS), aunque usualmente se diga lo contrario. Y es que, en ocasiones, lecturas sociológicas erróneas confunden el poco peso de un sentimiento opuesto al español con la ausencia de una identificación con la propia región, planteamientos que serían completamente distintos y que, además, no se deducirían de los datos de la encuesta. Señalándose también una “ausencia de regionalismo” que no sería tal (al confundirlo con “nacionalismo”), como si no se pudiera ser regionalista y sentirse español al mismo tiempo –en la Comunidad Valenciana, Compromís recibió un 18% de votos en 2015 cuando los que se consideran sólo valencianos o más valencianos que españoles son sólo el 7,4%-.

Sin embargo, las susodichas conceptualizaciones sobre los murcianos, a fuerza de repetidas y no desmentidas, se han tornado en un apriorismo que influye en las más diversas cuestiones.

En el marco del debate territorial que estos días estamos viviendo, fruto de la crisis del Estado de las Autonomías como consecuencia del conflicto catalán, comienzan a ser planteadas diversas propuestas para su resolución que inciden en la cuestión regional, como la reforma plurinacional lanzada por Podemos.

Más allá de la interesada polémica mediática sobre el hecho de que Pablo Iglesias no mencionara en una conferencia en qué posición quedaría la Región de Murcia en el esquema general, lo cierto es que el líder de la formación morada, además de no situarnos en el grupo de las “nacionalidades” (de las que no formábamos parte con anterioridad), tampoco lo hizo en aquellas que disponen de –citamos textualmente- “sentimientos populares que reclaman formas jurídicas autónomas y reconocimientos simbólicos” –donde, paradójicamente, para Iglesias sí que estarían Aragón y Valencia-, así como tampoco en unas supuestas “comunidades históricas” donde recalarían Asturias o Cantabria (región que antes de 1982 ni siquiera existía).

Llegados a este punto, y siendo evidente que la historicidad de cada demarcación parece no determinar la consideración de Iglesias hacia las mismas, lo cierto es que esa clasificación tampoco derivaría en algunos de sus casos de una realidad sociológica, que –como hemos apuntado a través del CIS- no sería muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, la explicación de la “ausencia murciana” y la pervivencia del tópico descrito se encontrarían más bien en un plano meramente político.

¿Qué presencia tiene la cuestión regional en los partidos murcianos? Es aquí donde en verdad radicaría el quid.

En el caso del PP, mientras que en otros territorios no ha rehuido a profundizar en esa dimensión de forma paralela a su conocido españolismo, los populares murcianos siempre se han demostrado acomplejados en lo territorial, por más que en su día levantaran la falsa bandera regionalista del “Agua Para Todos”. Reparos que son fruto de la herencia de una mayoría de dirigentes históricos provenientes de Alianza Popular –organización poco entusiasta de las autonomías, por más que Manuel Fraga acabara abrazando el galleguismo, al contrario que nuestros Calero y Valcárcel-, y que poseen en consecuencia una práctica institucional tremendamente sucursalista cada vez que el partido de la gaviota regresa a la Moncloa.

Pero, ¿cuál ha sido la posición de la izquierda murciana al respecto? ¿Acaso se ha diferenciado de la derecha como cabría esperar? Lo cierto es que no. Lamentablemente la cuestión regional tampoco existe para un progresismo que, a diferencia de tiempos pasados, no incide más allá de una lógica preferencia por la agenda social.

En parte ha ocurrido así tras ceder el campo de lo simbólico y de las tradiciones a una derecha reduccionista que se ha apropiado de los colectivos festeros y la religiosidad popular por puro interés electoral. Pero también, la ausencia de una agenda propia que ha derivado en más sucursalismo, incluyendo la falsa premisa de que la internacionalidad inherente al progresismo debe implicar el rechazo al más mínimo desarrollo identitario –tal y como escribía Luis Gallego en La Opinión-, como si fuera lo mismo el sano asturianismo de Izquierda Xunida d’Asturies que el peligroso supremacismo nacionalista de ciertos partidos catalanes y españoles.

Así las cosas, ni nuestra IU es la asturiana, ni el PSOE de aquí es como el valenciano, ni nuestro Podemos se parece al andaluz. Consecuentemente, tampoco contamos con una Chunta, un Compromís, o un PRC de Revilla a la murciana. Pero no recurramos al errado tópico para explicarlo. Preguntémonos mejor si no nos hemos dejado llevar por dos décadas de relato “valcarceliano” en lo regional.

A muchos les puede parecer un simple detalle sin importancia, pero cuando analizamos el resto de imágenes de ese acto, la presencia testimonial de la enseña murciana en su teórico día, que más parecía la celebración del 12 de octubre en pleno junio, indica que quizás tengamos un problema con los ignorados símbolos regionales. Más aún si consideramos que, “gracias” a la protesta de una asociación cartagenera, se llegaron a ver más banderas riojanas en las calles que los cuatro castillos y las siete coronas.

La cuestión es que ese “olvido” oficial, en mi opinión, no resulta casual, puesto que nos coloca ante el pobre concepto “regional” del partido en el poder desde 1995. Y es que la derecha murciana, o al menos la representada por el PP, proviene de una tradición de escasa convicción autonomista.

Cierto es que hubo otro sector, el de UCD, que contó con un sincero compromiso durante aquellos años decisivos. Basta recordar el reconocido murcianismo del ya fallecido Antonio Pérez Crespo. Pero por entonces la dirección actual del PP era un grupo de jóvenes promesas de Alianza Popular, que es donde militaban los Valcárcel, Cámara y compañía. Partido conocido por su escepticismo, cuando no oposición, frente al proceso autonómico.

El hecho es que en la actualidad, cuando cualquier potenciación de los valores o símbolos regionales es vista como algo “negativo” por parte del partido que maneja la administración teóricamente encargada de ello, es que algo falla. Sobre todo porque esa misma organización, en otras regiones, no cuenta con complejo alguno ya que entiende que hacer patria chica no supone socavar los vínculos con el resto del país.

Es en este enfoque en donde entronca el “olvido” al que son sometidos los símbolos regionales como en el acto de la Glorieta. ¿Alguien ha visto alguna vez una bandera murciana engalanando calles de pueblos en fiestas? Algo habitual en cualquier región no “sospechosa” como Asturias aquí es como ponerse a encontrar a Wally.

Pero si llevamos este aspecto simbólico a algo más trascendente, como la iniciativa política, podemos considerar que esta concepción miedosa del hecho regional también guarda relación con el tradicional sucursalismo de nuestros dirigentes.

¿Se imaginan a PAS llevándole la contraria a Rajoy con el AVE y el soterramiento como hace Juan Vicente Herrera con el problema del carbón en Castilla y León? Sería tan raro de ver como una bandera murciana el 9 de junio.

La primera de todas es mi opinión estrictamente personal de que en este “calentón” cuaresmal, las dos partes en liza han cometido sendos “pecados” de planteamiento y forma.

Está claro que desde Cambiemos (cuya moción no menciona la Semana Santa) no han contado con el don de la oportunidad, presentándola en unas fechas en donde iba a generar una polvareda innecesaria que perjudica precisamente la “reflexión” que piden en su texto. Además, tampoco han adaptado su propuesta a la realidad de una ciudad con unas tradiciones (religiosas o no) de las que el ayuntamiento no puede desentenderse como garante del patrimonio cultural y etnográfico secular de nuestro municipio (sobre todo en lo que se refiere a la financiación que merecen).

Sin embargo, el Cabildo de Cofradías ha caído en una sobreactuación igualmente innecesaria. Una moción similar presentada en el Ayuntamiento de Sevilla el pasado febrero por IU provocó de la misma manera una manifestación de cofrades a las puertas del consistorio andaluz, con la importante diferencia de que ésta no fue convocada por el Consejo de Hermandades como ha ocurrido en Murcia. Allí supieron mantenerse al margen de la política.

Y es que basta comprobar la utilización del asunto que el PP está haciendo esta semana para intuir que lo que aquí se cuece es política pura y dura. Como las declaraciones del concejal Jesús Pacheco en la SER insinuando que todo comenzó cuando la oposición en bloque (por iniciativa de C’s) votó en contra de las tribunas de la Plaza del Cardenal Belluga.

Mal precedente está sentando un Cabildo que, como muchas otras asociaciones y colegios profesionales de la ciudad, se significa demasiado con un partido en concreto. Sólo así se entiende que este mismo año le hayan concedido un galardón a Miguel Ángel Cámara, estando imputado y a punto de sentarse ante el juez. Por mucho que durante sus 20 años de mandato apoyara a las cofradías o por más que sea nazareno de toda la vida, no resulta “estético”.

Este partidismo perjudica a la Semana Santa tanto o más que la moción de Cambiemos. La Semana Santa, así como cualquier tradición murciana, debe de estar por encima del debate político y no utilizarse como arma arrojadiza bajo ningún concepto.

El PP murciano es hoy lo más parecido a un personaje de Lampedusa y su conocido mantra de “que todo cambie para que todo siga igual”. De ahí esa obsesión inicial del presidente con los 'selfies' y el estudiado fichaje de la joven consejera-portavoz y el magnífico 'look' de sus gafas.

Habrá que reconocerle al menos el intento de presentarse como si durante las dos últimas décadas hubieran gobernado otros, como si su partido no fuera el de Cámara, Berberena, Marqués, Barreiro o Juan Morales. Aunque tiene a su favor que contando con casi los mismos problemas que madrileños y valencianos, sus trapos sucios no sean tan mediáticos –y eso que salimos a imputado nuevo por mes–.

Aun así tampoco es que haya cortado ni mucho menos con un pasado al que no puede renunciar, porque a él debe su puesto. A todos aquellos que dieron un paso adelante por la regeneración interna y por la asunción de errores de la etapa Valcárcel se les ha tratado como apestados. Muestra inapelable de vacío cascaron que representan los aires nuevos de su proyecto.

Sin embargo, lo más forzado de toda esta impostura viene a cuenta de su rocambolesca apuesta por una nueva Ley Electoral. A menos de un año de la reforma anterior, llega el presidente y propone otra más como parte de sus “cinco pactos de estabilidad”, en donde incluye educación, sanidad y dependencia –qué tendrá que ver una cosa con la otra–.

Pocos dudan de que la reforma electoral del pasado julio, que puso fin a las cinco circunscripciones y al tope del 5% de votos, sentó como un “trágala” en las filas populares. Pero quizás deberían recordar que gracias a la misma hoy siguen gobernando a cuenta de que fue la condición fundamental para el apoyo de C’s, tras sufrir el mayor batacazo electoral de su historia reciente.

Así, disfrazándolo como un intento de “fomentar la participación”, el PP murciano plantea con esta propuesta una enmienda al sistema parlamentario que rige autonomías y municipios para apostar por el modelo presidencialista con doble vuelta (como si eso pudiera aplicarlo una autonomía en solitario). Un brindis al sol que demuestra lo mucho que escocieron los resultados del pasado mayo y sobre todo los pactos post-electorales consecuentes.

Es lo que tiene el parlamentarismo: cuando los ciudadanos te dan más del 50% de votos durante 20 años no hay el menor problema, pero cuando el sistema ya no resulta útil para apuntalar una hegemonía indiscutida le empiezas a ver sus fallos.

Cuán “regenerador” resulta ver a un partido y a un gobierno como el de PAS tan incómodos con el condicionamiento de su agenda. Dos décadas de rodillo pesan demasiado, pero con un buen 'selfie' hasta la más recalcitrante melancolía por la mayoría absoluta perdida podría pasar como un ejemplo de “nueva política”. O eso se piensa el presidente.

Haciendo un breve resumen, por si alguien se ha perdido por el camino, primero se habló de una estación provisional en Los Dolores mientras se hacía el soterramiento. Luego se planteó si podría llegar a Beniel y mediante lanzaderas conectar con el Carmen. Más tarde asumimos que lo traerían a la estación de siempre, y (con elecciones de por medio) que el objetivo primordial sería su llegada inmediata. El soterramiento pasaba de esta manera a ser algo secundario; no hay nada mejor que las urnas para que aparezcan las prisas que nunca hubo.

En este punto comenzó el divertido juego de los pasos a nivel. Al principio sólo iban a quitar el de Santiago el Mayor. En “eso” quedaría el soterramiento con el beneplácito de nuestras obedientes autoridades municipales y regionales –y asociaciones afines–, a pesar de su presencia en manifestaciones donde se exigía una cosa completamente opuesta.

Más tarde, y gracias a PSOE y C’s, también se eliminaría el paso a nivel de la Senda de los Garres, aunque con un más que probable coste adicional que tendremos que pagar los murcianos, no el Ministerio (a pesar de los informes municipales desfavorables sobre el puente que se contrató y que finalmente no se va a ejecutar).

Y esto por no hablar de las fundadas sospechas del fiscal Manzanera de que todo este guirigay tiene poco encaje en el informe de impacto ambiental de una obra que en nada se parece a lo que iba a ser –que ahora la justicia desestima–. A lo que habría que añadir el caso de corrupción que se investiga sobre la contratación de las obras en la zona de Orihuela.

El triste resultado de este culebrón es que la ciudad de Murcia seguirá contando con la totalidad de los terrenos ferroviarios de la estación del Carmen al aire libre (que suponen más del 50% del trazado urbano del ferrocarril), mientras que en Orihuela se ha soterrado por completo. En consecuencia, la anticuada terminal recibirá un leve parcheado, mientras el PP murciano –quizá falto de medallas– pretende auto concederse el Nobel por semejante “logro”.

Lo más sonrojante del asunto es que, con un marco desolador donde la condescendencia con Madrid (ya sea Ferraz o Génova) es la marca de la casa –y así nos luce el pelo–, desde el gobierno y sus medios se ataque a la Plataforma Pro Soterramiento como si fueran ellos quienes atentaran contra los “intereses generales de los murcianos”.

Si alguien ha demostrado tener un único criterio desde el principio, si alguien ha luchado por un soterramiento integral (que supone dignidad para nuestra ciudad) de forma independiente de los partidos y de Madrid, ésa ha sido la Plataforma. Auténtica defensora de los intereses de todos y merecedora de las medallas que otros se arrogan con demasiada facilidad.

En otra ocasión, antes de atribuirse inmerecidos galardones, el consejero Bernabé podría aclararnos en qué ha quedado el AVE para Cartagena y Lorca, qué le parece la nefasta calidad de un servicio de cercanías tercermundista que utiliza más gente que el propio AVE, o por qué la variante de Camarillas la pagaremos nosotros y no el Ministerio.

Esto es algo que ya ocurrió el pasado mayo, cuando tras las elecciones del “cambio” muchos esperaban un terremoto político más potente del que finalmente se produjo, sobre todo en la Comunidad Autónoma y municipios importantes como Murcia o Molina de Segura, con pérdidas de mayoría absoluta que finalmente no propiciaron cambios de gobierno.

Sin embargo, ¿está justificado este pesimismo?

En mi opinión, creo que a la hora de analizar de una forma ponderada los resultados en clave regional se suele utilizar un mal diagnóstico de partida, y es ignorar el escenario específico con el que cuenta Murcia desde el 2003 aproximadamente, algo que hace difícilmente extrapolables los datos de otras zonas de España.

Aunque de forma habitual se nos metiera en el mismo grupo que la Comunidad Valenciana o Madrid como una de las “autonomías del PP”, lo cierto es que llegamos a ser un caso particular dentro de éstas. Y es que el auge conservador adoptó tintes de partido único tras el shock hegemónico que trajo el “Agua Para Todos”, campaña tremendamente útil para desarticular al contrario y monopolizar por completo la sociedad aunque inservible en lo que a conseguir recursos hídricos se refiere.

Por eso, ignorar este escenario previo nos puede llevar a una lectura equivocada –o cuanto menos incompleta– de lo que el 20-D ha traído a la región.

Así, que el PP obtenga un 40% de votos puede parecer un dato reseñable si se compara con Valencia o la cercana Alicante, pero teniendo en cuenta el 64% de apoyo de cuatro años atrás, un auténtico record con más de 40 puntos de diferencia sobre el segundo, el dato del 20-D adquiere connotaciones diferentes.

De hecho, la Región de Murcia ha sido la comunidad y la provincia de toda España donde el PP ha perdido un mayor porcentaje de voto: un -24% frente a una media nacional del -16%. Sólo se nos ha aproximado la provincia de Málaga con un -23%. Dato de bastante relevancia.

Cierto es que esa pérdida de votos no ha conseguido que dejemos de ser la comunidad con mayor porcentaje de apoyo al PP en unas generales (no así en las autonómicas), pero pretender que en apenas 4 años se produzca un vuelco que nos sitúe poco menos que en el otro extremo del tablero político resulta un juicio falto completamente de realismo.

De hecho, el 20-D sí que ha traído en cierta medida un vuelco en la situación. Y es que desde 1993 –primeras elecciones en las que los populares resultaron victoriosos en la Región de Murcia–, el PP nunca había conseguido un resultado tan malo en unas generales. Entonces obtuvo un 47% del total por el 40% del pasado domingo. Y habría que remontarse nada menos que a 1979 para observar una victoria con un porcentaje menor al actual.

El consuelo de Pedro Antonio Sánchez y los suyos ha consistido –a parte de mantener con holgura su primera posición– en apreciar un aumento del 3% de votos con respecto a mayo, pero lo cierto es que esa tendencia de superar en las generales la marca registrada en las autonómicas no es un fenómeno nuevo. Ya ocurrió en los dos comicios de 2011 así como en las elecciones de 2007-2008, 2003-2004 y 1999-2000. Por lo que más allá de esos pírricos consuelos estadísticos, los populares murcianos confirmarían su peor escenario en décadas, partiendo de los niveles que partían.

Que ese desgaste no haya sido aprovechado por un PSOE que se estanca –y sigue perdiendo peso en las zonas urbanas al igual que en el resto de España–, o que C’s haya superado a Podemos como tercera fuerza –cuando la confluencia de izquierdas hubiera quedado por encima de los de Rivera (además de lograr otro diputado al llevarse el quinto del PP)–, sí que es un mal atribuible en exclusiva a una izquierda que insiste en no tratar de forma específica las particularidades y necesidades de una tierra que hace apenas 4 años se aproximó peligrosamente a una democracia de partido (casi) único.

Semejante abandono secular adoptó tintes de tragedia cuando en el 2003 se produjo el accidente de Chinchilla. Un Talgo chocó con un tren de mercancías provocando 19 muertos y 65 heridos. Sólo entonces el Ministerio se decidió a modernizar el obsoleto método telefónico que todavía organizaba nuestro tráfico ferroviario de vía única. Mejoras a golpe de accidente. Si no, es muy posible que todavía hoy 'disfrutáramos' de semejante anacronismo.

Podríamos echarle la culpa al ministro de turno, a los mandamases de RENFE, pero en la búsqueda de culpables para tan nefasto servicio nos faltaría un elemento explicativo básico que con la polémica del AVE y su llegada a la ciudad de Murcia se muestra más evidente que nunca.

Observar al partido en el poder cumpliendo las órdenes que le vienen de Madrid cuando antes se manifestaba junto a las plataformas (se ve que lo de representar a los murcianos es secundario); a unos empresarios alineándose sin rechistar con las mismas posturas (tampoco es de extrañar ya que su presidente llegó a pedir el voto para 'PAS'); a unos colegios profesionales que parecen velar más por las consignas de “arriba” que por la calidad de unas obras de dudoso diseño a tenor de las pesquisas del fiscal (nada raro cuando algunos miembros de dichos colegios son diputados o simpatizantes populares), nos muestran inequívocamente a una triste realidad explicativa: en estos lares, los servilismos de todo tipo mueven más voluntades que las necesidades de la ciudadanía.

De otra forma sería imposible entender que hayamos estado décadas y décadas aceptando sistemáticamente y sin rechistar las migajas que nos ofrecían ministros de uno u otro signo. Porque, desengáñense, el actual proyecto del AVE es sólo eso, un “regalo” de consolación donde nos eliminan un par de pasos a nivel y luego, a esperar sentados a que nos terminen el soterramiento en no sé bien qué década.

Y es que hablar de plazos nos resulta tremendamente familiar. Nos suena a Camarillas, a corredor Mediterráneo, a variante de Alcantarilla, a electrificación, a desdoblamiento, a tantas y tantas promesas que se llevó el viento mientras practicábamos la genuflexión y el “si bwana”. Así, ¿quién puede confiar hoy en cualquier compromiso futuro del Ministerio o de Renfe?

Su credibilidad es nula y de ahí deriva el conflicto actual. Pero descubiertas las cartas, los murcianos tenemos la oportunidad, gracias a la creciente movilización social y a las minorías mayoritarias en los ayuntamientos, de salir por primera vez de esta espiral que sólo nos ha traído tercermundismo ferroviario. Aunque sólo sea por probar, mientras las “fuerzas vivas” siguen a lo suyo, no estaría mal dejar de lado el servilismo por primera vez. A lo mejor hasta descubrimos que nos va mejor.

Que en el 2015 toda la red ferroviaria de la séptima provincia por población de España (que cuenta con el séptimo municipio por población del país) sea de vía única sin electrificar; que todas sus estaciones e infraestructuras sean de poco menos que de 1865; que no se haya soterrado ningún tramo urbano; que sus servicios sean tercermundistas; que el Corredor Mediterráneo suponga una quimera por estos lares; que la red de cercanías que utilizan 2 millones de personas al año –ya que también afecta a la vecina provincia de Alicante, quinta del país en población- parezcan salidos de Marruecos (con mis respetos a los ferrocarriles marroquíes), es una vergüenza sin paliativos. Una vergüenza que ni veinte 'AVES' van a solucionar.

No se trata de la típica queja de campanario en donde todo municipio y provincia española quiere los servicios del vecino y que en gran parte ha motivado tantas absurdidades. Aquí las quejas –escasas por otra parte- están más que motivadas. Pero precisamente, ante la ausencia de las mismas durante años, por el servilismo institucional y la indolencia social (hasta hace poco), el Ministerio de Fomento lleva décadas haciéndose el longuis con los murcianos.

Una vez que el nefasto Pacto de San Esteban –ese en el que encima hicimos de anfitriones- no se ha cumplido, siendo una bajada de pantalones en toda regla que supuso renunciar a la conexión directa por Albacete en nombre de una simultaneidad de llegada que quedó en papel mojado, ¿qué más da que seamos la capital 30 o la 35 en que llegue el “pajarraco”?

Detrás de la protesta ciudadana está lo intolerable de la marginación de Fomento, y el soterramiento es el símbolo de esa necesaria modernización que el Estado tiene la obligación de darnos (porque nos lo debe), en donde no caben componendas ni electoralismos para que la modernización quede supeditada a un AVE electoral con prisas repentinas.

Por primera vez los murcianos han dado un golpe en la mesa, y los grupos de la oposición, que son mayoría y representan la voluntad popular, han sido expresión de dicho sentir. Bravo.

Pues bien, tras el 24-M y a pesar de nuestra inefable Ley Electoral -ésa sí que “retuerce” cada cuatro años la voluntad de los murcianos-, todo aquel plantel se ha visto obligado a hacer las maletas, excepto, claro está, el candidato 'PAS'. Pero he aquí que el pasado siempre vuelve, y a pesar de los intentos de Pedro Antonio Sánchez por mostrarse como una nueva cara con nuevas formas –aunque el primer día amenazó con repetir elecciones, todo sea dicho-, lo cierto es que su credibilidad como opción “regeneradora” es nula viniendo de donde vienen sus apoyos y teniendo en cuenta su pasado reciente.

Por más que lo intente, nuestro 'PAS' no será nunca la versión murciana de Cristina Cifuentes. De hecho está más cerca de otro político con “padrino” –madrina en este caso-, que fue descabalgado: Ignacio González. Nuestro 'intento de Cifuentes' fue en realidad Alberto Garre, y ha acabado como todos sabemos: Ninguneado.

¿Qué hará C's ante este escenario? Pues por las declaraciones de su número dos, tiene pinta de que seguirán con el pacto que permitirá a 'PAS' ser presidente, a pesar de que vuelve a ser llamado a declarar, en este caso por la Juez de Lorca. Y me da la sensación de que, dada la sintonía que en todo momento tuvieron durante las negociaciones PSOE y C’s, el apoyo a 'PAS', por más que se vendiera caro, responde más a una orden de “arriba” –en esta ocasión no se podrá decir “de Madrid” sino más bien “de Barcelona”- que a la voluntad de los dirigentes murcianos del partido naranja.

Es lo que tiene el sucursalismo. De ahí que en Cartagena, sin sucursalismos de por medio y gracias a un partido propio como MC, el resultado haya sido bien distinto.

Supongo que a muchos murcianos hoy les rondará la misma pregunta por la cabeza: ¿No habría sido más fácil para el PP poner a Garre de candidato? Si los votantes populares quieren encontrar un culpable, sólo tienen que mirar a Bruselas.

¿Qué son los valencianos sino una mezcla de catalanes del sur en el litoral y de aragoneses en las comarcas del interior? ¿Cuál es la realidad “riojana” aparte de ser un trozo de Castilla en tierras del Ebro influidas por Aragón? ¿Hasta qué punto se diferencia un extremeño de Badajoz de un andaluz occidental en su común carácter meridional?

La que marca la diferencia en algunos de esos casos, más allá de las conexiones ibéricas que nos hacen a todos similares en la diversidad, es que se atrevieron a pasar de la definición negativa a la positiva a pesar de la ausencia de matices que toda definición positiva suele traer consigo.

Lo curioso del asunto es que, tras 33 años de autonomía regional –que es lo que conmemoramos el 9 de junio-, los murcianos todavía venimos cada año (como el turrón) a hacernos la misma pregunta: ¿Quiénes somos? Cuestión un tanto cansina si nunca nos atrevemos a darle respuesta en positivo y que nos muestra una evidente dejación de funciones de las instituciones –académicas o políticas-.

No nos llevemos a engaño, toda identidad colectiva, sea regional o nacional, es un producto, una construcción intelectual. De ahí que sea perfectamente posible que los murcianos de hace siglos tuvieran más claro “quienes fueron” que en el momento presente, ya que esas construcciones se pueden crear para posteriormente ser olvidadas.

De hecho, ahora que se cumplen 100 años de la inauguración de la Universidad de Murcia, podríamos revisar las palabras del que fue su primer Comisario Regio, don Andrés Baquero Almansa. El mismo día de su apertura, Don Andrés dijo lo siguiente de una de las conquistas más anheladas por la sociedad murciana como fue contar con una institución superior de enseñanza:

“Surgió la aspiración de la Universidad de Murcia por un movimiento espontáneo, que respondía, sin duda, a un resurgir casi instintivo de nuestra personalidad regional. De ahí que, lanzada la idea, luego se convirtió en opinión arrolladora. En las reuniones del Ayuntamiento, en la prensa, en las asambleas convocadas de las principales poblaciones de Murcia y Albacete, en las nutridas comisiones que a Madrid fueron a gestionar del Gobierno la concesión, presidida por nuestra representación parlamentaria, sin distinción de colores ni de partidos, lo que palpitaba era eso, la conciencia de la personalidad del antiguo Reino Murciano, con su mancomunidad de intereses morales y materiales, históricos, políticos, artístico-literarios, económicos, religiosos, de suelo y de cielo, de raza, de lengua, de costumbres; personalidad tradicional que todavía subsiste (…)”. (Andrés Baquero Almansa. 7 de octubre de 1915).

Leyendo este fragmento resulta evidente el paso atrás comparativo. ¿Qué político o intelectual murciano haría ese discurso en la actualidad? Al menos podríamos consolarnos en que, de cara a saber quiénes somos, ya tenemos parte del trabajo hecho. Bastaría con recuperar a los clásicos.

Andrés Baquero, Vicente Medina, Díaz Cassou, Martínez Tornel, Inocencio Medina Vera o Bartolomé Pérez Casas, entre muchos otros, no son sólo nombres de calles o plazas de nuestros callejeros. Fueron intelectuales, escritores, periodistas, pintores, músicos, que, influidos por las corrientes costumbristas y regionalistas del momento, se encargaron de definir la esencia de lo murciano, y no por casualidad, lucharon desde diversos ámbitos por los intereses comunes de todos (en muchos casos con éxito).

Que cien años después los murcianos del presente no sepamos quiénes fueron (ni quiénes somos), es algo que quizás explica mucho de lo que hoy nos pasa, con esa manifiesta imposibilidad de materializar los anhelos de nuestra sociedad.

Estabilidad que pronto mutó en opacidad y rodillo sistemático, cegando cualquier posibilidad de debate real que no estuviera en la agenda del partido en el poder, y haciendo de la asamblea de Cartagena una institución intrascendente, un apéndice de los despachos.

Así, el parlamento murciano, lejos de ser el reflejo real de la sociedad a la que dice representar, ha constituido durante más de tres décadas una cámara de trámite para los asuntos e intereses de San Esteban. Generando una escasa –por no decir inexistente- separación entre los poderes ejecutivo y legislativo (para disgusto de Montesquieu).

Sin embargo, tras el 24-M, por primera vez existe un baile de minorías en su seno, lo que abre la puerta a un tiempo inédito en la historia reciente de la Región de Murcia. Un tiempo de mayor control y rendición de cuentas del Gobierno (algo necesario tras la corrupción vivida), de negociación y debate abierto a todos los grupos representados en ausencia del rodillo que cercene sus puntos de vista.

Y no sólo eso, sino que en virtud del Pacto del Moneo suscrito por la oposición durante la campaña, también se abre la puerta a la reforma de la referida ley electoral, por lo que puede que a partir de 2019 el partido mayoritario no cuente con un “plus” de diputados como actualmente tiene, a costa de que minoritarios como IU-Ganar se queden en blanco con un estimable 4,8% de votos y más de 30.000 papeletas (como le ocurrió en 2011 a UPyD).

Por eso, aunque muchos murcianos anhelaban un resultado que hiciera más patente el cambio político –al estilo de lo ocurrido en Valencia-, lo cierto es que si echamos mano a nuestra historia democrática (y contando con la actual ley electoral), los datos del 24-M en la Región de Murcia constituyen una novedad en toda regla.

En el susodicho estudio –titulado Atlas de la crisis-, se llega a la conclusión de que la debacle no ha afectado a todos los territorios del Estado por igual, sino que ha sido en aquellos lugares donde el negocio inmobiliario se situó en el centro del eje económico-social, donde los indicadores de bienestar son hoy día más deficitarios.

Existe así una España perdedora y una España resistente. Y desgraciadamente, aunque muchos ya se lo han podido barruntar de antemano, los murcianos nos encontramos aupados en el primer grupo, con cinco municipios entre los diez más afectados de todo el país. Ahí es nada.

Dice el estudio que el impacto de la actual crisis ha sido máximo “en aquellos territorios cuyo crecimiento reciente supuso una elevada exposición al riesgo, al especializarse en actividades de baja productividad y fuertemente cíclicas como la construcción (…), con elevados niveles de empleo poco cualificado y precario, junto con un modelo de urbanización dispersa muy intensivo en el consumo de suelo y recursos naturales”.

Poco más que añadir. Con ese simple párrafo quedan perfectamente resumidos nuestros “años dorados” de vino y rosas bajo la sonrisa cómplice de gobernantes y el 'lobby' que lo hizo posible –y un buen puñado de murcianos, todo sea dicho-.

Lo peor de todo es que aparte de las perniciosas consecuencias en nuestra sociedad, resultan manifiestos sus pésimos efectos en el sistema democrático y de representación. Y es que pocos son los municipios murcianos que a día de hoy no tienen una investigación abierta en los juzgados relacionada con el tema, además de las varias que afectan a la Administración regional.

Uno de los últimos en unirse a la interminable lista de la vergüenza ha sido Villanueva del Río Segura –con la imputación de su alcalde José Luis López Ayala-. Símbolo de la burbuja ladrillera en el Valle de Ricote, allí se hizo especialmente evidente hasta qué punto un teórico “progreso” podía poner en peligro uno de nuestros paisajes más representativos sin el menor obstáculo ni remordimiento.

Resulta del todo inapelable la estrechísima relación disfrutada entre el negocio de la construcción y la corrupción político-económica. Algo que hace si cabe más sorprendente que hoy día, tras el batacazo monumental que nos dimos, este poderoso 'lobby' siga teniendo los pocos complejos de presionar para diseñar una nueva Ley del Suelo hecha a su medida.

¿Dónde están los servidores de lo público? ¿Dónde el proyecto económico alternativo para modificar nuestros nefastos indicadores? ¿Plantean sacarnos de la crisis a través del mismo esquema que nos ha hecho parte destacada de la España perdedora?

Si lamentable resulta contar con un sector empresarial que parece no haberse reconvertido en absoluto, la postura de la clase política electa no le va a la zaga, ya que lejos de buscar el interés general se plega una vez más a los intereses particulares ignorando las crueles enseñanzas del 'boom inmobiliario' en los planos económico, social, medioambiental y democrático. Elementos que nos han situado en el agujero en el que actualmente nos hallamos por más que Rajoy dijera el otro día que éramos el “puntal clave del Mediterráneo”.

Errando en el diagnóstico se hace imposible acertar con las soluciones.

Se dice pronto, pero durante cerca de dos décadas Ramón Luis Valcárcel disfrutó de un poder casi omnímodo en la región murciana. Coronado por mayorías absolutas sucesivas y crecientes, apoyado por un sector empresarial y agrícola que besaba el suelo por el que pisaba, parecía como si la maquinaria perfectamente engrasada del PP no encontrara techo ni límite alguno.

Ramonlu comenzó como un líder campechano que apelaba al “cambio” en tiempos de crisis y a la necesidad de abrir ventanas tras 12 años de administraciones socialistas. En aquel entonces prometió que sólo ocuparía los pasillos de San Esteban durante ocho años, ni más ni menos. Pero, ¡qué pronto se olvidan los buenos propósitos!

Legislatura a legislatura fue ocupando con aparente facilidad los pocos rincones de la sociedad que se le habían resistido en 1995. La Universidad, Lorca, el Noroeste, territorios anteriormente vedados acabaron por ser igualmente conquistados sin opción posible. La ola del “Agua Para Todos” consumó lo que podría ser definido como un régimen democrático de partido único, con porcentajes de votos cercanos a los del PRI mexicano y un control casi total de la sociedad, con 40 de los 45 municipios murcianos bajo la gaviota. La oposición dejó prácticamente de existir. La “izquierda poliédrica” –mayoritaria en otro tiempo- quedó poco menos que proscrita, sin discurso.

Sin embargo –paradojas de la vida-, con la orgía de ladrillo, al tiempo que el partido alcanzó la cima de su apoyo social, también se sentaron las bases de la caída de la que hoy somos testigos. El Presidente se dejó llevar por los “proyectos estrella” de triste final, del que el aeropuerto sin aviones de Corvera es muestra destacada. Mientras, el estilo anteriormente campechano de Ramonlu mudó en chulesco, como denotaban sus crispadas intervenciones en la Asamblea Regional. Toda oposición se le antojaba demasiada.

La minoría que entonces salió a la calle para denunciar lo que era una planificación económica nefasta, recibió no pocas críticas desde el poder y la empresa. Pero lo cierto es que todo lo que la plataforma “Murcia No Se Vende” denunció en aquel tiempo ha acabado por cumplirse de forma casi milimétrica. Predicadores en el desierto.

Hoy día, tras ocho años de crisis y recortes que en este rincón peninsular han sido si cabe más insoportables. Tras el hundimiento del monocultivo del ladrillo. Tras el fin del cuento del “Agua Para Todos” y otras bajadas de pantalones similares (como con el AVE). Tras la huida europea del Presidente acompañada de un inesperado varapalo electoral en mayo pasado; parece como si la buena estrella de la que hacía gala comenzara a apagarse de forma repentina. Y todo por ese agujero negro llamado Novo Carthago en el que la justicia se empeña en relacionarlo a él y su entorno.

Lo cierto es que tampoco nos podemos extrañar teniendo en cuenta la imputación previa de varios de sus consejeros –Cerdá, Bascuñana y Marqués-, todos por el mismo talón de Aquiles. Desde los lejanos intentos de cementar la sierra litoral que separa Águilas de Lorca con el caso Zerrichera, hasta el más reciente de Novo Carthago (que afecta a un área cercana al Mar Menor), comprobamos cuál ha sido la piedra en la que Valcárcel y su equipo han tropezado repetidamente durante años. Modelo del que, por cierto, no son capaces de desligarse a tenor de la nueva Ley del Suelo que nos anuncia el nuevo consejero Bernabé. “El ladrillo fue su perdición”, podría citar el epitafio.

Así que ahí tenemos al omnipresente PP murciano acosado por casos de supuesta corrupción, asediado por una situación económica adversa y dividido más que nunca en luchas intestinas que nos retrotraen a aquellos años donde el PSRM-PSOE cavó su tumba de veinte años. La historia, como vemos, vuelve a repetirse acompañada del mismo aroma a fin de ciclo.

Es más que posible que nadie en el sector hortofrutícola imaginara una inacción tan grande por parte de Moncloa. Pero el “estilo Rajoy” es el que es. Entre la falta de concreción en las ayudas para abaratar el agua desalada – el “agua del salero” tan criticada hace años-, las cortapisas a los bancos de agua, y que el memorándum del Trasvase del Tajo que el PP quiso vender como un triunfo se ha demostrado como lo que siempre fue, un limitador de trasvases, los ánimos parecen tornarse cada vez más enrarecidos.

Me puedo imaginar la enorme decepción generada con un partido que concitó grandes esperanzas en el sector y en buena parte de nuestra sociedad. Basta recordar que 8 de los 10 diputados elegidos por la Región de Murcia, fueron a parar a la candidatura liderada por Pilar Barreiro al Congreso de los Diputados. Casi nada.

La cercanía que ha tenido el poderoso sector agrícola y empresarial murciano con el PP, desde los tiempos de Aznar y el PHN, es algo que se da por supuesto pero que nunca se ha analizado en profundidad. El agro del sureste ibérico vivió un romance en toda regla con el partido de la Calle Génova, hasta el punto de convertir a este rincón peninsular en una zona “vedada” para el socialismo español durante las legislaturas de Zapatero.

La feroz campaña del “Agua Para Todos” hubiera sido imposible sin la activa participación de SCRATS (el sindicato de regantes), PROEXPORT (la organización de exportadores) o la misma CROEM, generando un monotema que duró años y que sustentó aplastantes mayorías absolutas en la Asamblea Regional –con la inestimable ayuda extra de nuestra infame ley electoral-.

Pero, cosas de la vida, “el monotema” desapareció de las portadas justo cuando dejó de interesarle electoralmente al PP. Reconquistadas Aragón y Castilla-La Mancha, el furor trasvasista decayó en la corte de Rajoy, y por ende, en su sucursal de la Calle González Adalid –sede del PP murciano-. Si a eso sumamos los pobres resultados de un Gobierno que por naturaleza rehúye cualquier problemática territorial, ya sea la “Guerra del Agua” o el conflicto catalán, tenemos el triste panorama actual.

Sin embargo, no es menos cierto que al sector le han fallado estrepitosamente los reflejos, o por lo menos a sus organizaciones representativas. Por muchísimo menos le armaron la marimorena a ZP, y ahora, tras alguna amenaza velada y el frustrado intento de reunirse con el Presidente cuando estuvo por estos lares de mitineo, parece que por fin se proponen levantar la voz.

Demasiado tarde. A lo máximo que pueden aspirar a estas alturas es a algún compromiso electoralista, de esos que se lleva el viento con la misma facilidad que vino una vez se retiran las urnas.

Siempre resulta difícil soltar amarras con un partido al que se ha llevado en volandas. Pero lo único que ese silencio complaciente ha conseguido es que las aritméticas electorales del poder les roben por completo la cartera.

Dice el dicho popular que de lo malo también se aprende, así que esperemos que el poderoso sector agrícola murciano no se vuelva a convertir en muleta de partido alguno. Haciendo valer su independencia y siendo igualmente exigentes gobierne quien gobierne, se convertirán en una herramienta más útil e influyente para sí mismos y para la Región de Murcia. Una lección extrapolable a buena parte de nuestra sociedad.

También los banqueros han sido parte del escrutinio general, dado que el origen de esta vorágine estuvo en las finanzas especulativas. Aspecto reforzado en tierras ibéricas ante los rescates millonarios, las tarjetas black y los incesantes desahucios.

Tanto en la política como en la sociedad, parecen estar dándose los pasos necesarios para sacar las conclusiones adecuadas a esta coyuntura que todo lo ha trastocado. Los vientos soplan a favor de la regeneración, acercando la política al ciudadano, implicándonos en la toma de decisiones y el control de lo público. Nos encaminamos sin remisión hacia un modelo más transparente, socialmente justo y sostenible en lo económico, hasta el punto de que el partido de Bárcenas, Matas, Fabra, Granados y el pequeño Nicolás, se ha apuntado a la moda de este otoño, donde las “transparencias” es lo que se lleva –a pesar de la dudosa credibilidad que pueden llegan a tener en ese aspecto-.

Pero en esta compleja ecuación que pretende despejar la sociedad española, falta un elemento indispensable que según creo, se nos está yendo de rositas en un momento en que todo debiera ser reestructurado y repensado.

¿Qué hay de ese partícipe indispensable de la trama corrupta como comprador de voluntades? ¿Qué hay de ese motor que hizo de España la patria del pelotazo en connivencia con el poder político?

El empresariado –o por lo menos una buena parte de él- ha sido otro de los grandes protagonistas de la crisis aunque se hayan querido poner de perfil en la foto. Ahí tenemos a todo un ex presidente de la CEOE en prisión, el señor Díaz Ferrán. A familias en otro tiempo todopoderosas que hoy están en entredicho, desde los Núñez a los Ruiz-Mateos. Incluso en nuestra Región Murciana, casos como los de Nicolás Mateos o el más reciente de Evedasto Lifante, nos enseñan esa cara menos mediática de las noticias corruptas con las que nos desayunamos prácticamente a diario.

Y es que resulta cuanto menos curioso que casi todo el mundo conozca a los políticos que aparecen en las archiconocidas notas de Bárcenas, pero pocos podrían enumerar a los más que ilustres donantes que en ella también se encuentran. Que son, como no, empresarios en busca de favores en este capitalismo de amiguetes del que hasta los más neoliberales deberían de abjurar.

Nos indignan los políticos con cuentas en Suiza o los que acaban en consejos de administración, pero los empresarios que lo hicieron posible o las compañías que evaden impuestos gracias a la arquitectura financiera pasan prácticamente desapercibidos del escrutinio público.

En el caso concreto de los empresarios murcianos, o por lo menos de sus organizaciones representativas, sorprende todavía más su enquistamiento en errores de planeamiento que parecían superados tras el tsunami vivido. Algo que nos indica que no sólo son necesarias las buenas prácticas que garanticen la libre concurrencia y eviten la corrupción en la empresa, sino que también resulta imperiosamente inaplazable un reciclaje en su mentalidad, incapaz de salir de un modelo de desarrollo totalmente caduco.

Tras la peor crisis de nuestra historia, con una planificación lamentable que no ha supuesto la consolidación turística de la “marca Murcia” sino que ha incidido en todo lo contrario –ya que nos ha hecho invisibles al no apostar por la calidad paisajística y la excelencia sino por el pelotazo fácil-, y que tampoco ha supuesto despegue económico alguno al acabar con el tejido industrial existente al apostarlo todo en sectores volátiles como el ladrillo; tienen el valor de seguir apoyando a estas alturas las puntas de lanza de un Antiguo Régimen hoy ya inexistente sin el menor asomo de autocrítica: como Marina de Cope, el Aeropuerto de Corvera o la dársena del Gorguel.

Pero eso sí, fieles como nadie a las directrices “de arriba”, en lo único en lo que casualmente se han bajado del burro es en el “Agua Para Todos” y en la furibunda apología trasvasista de tiempos pasados. Algo que ya ni nombran. Muestra más que evidente de una excesiva dependencia del poder que los desacredita por completo, y que nos hace dudar de que supongan una auténtica representación de todo ese sector productivo silente que no depende de tener dos aeropuertos en una misma provincia para sacar su negocio adelante, o de enladrillar el último tramo de costa virgen; algo que realmente sólo beneficia a los dueños del suelo y los promotores –entre ellos Iberdrola-, pero no a la sociedad tal y como hemos podido comprobar en centenares de casos durante todos estos años.

Si la política y los sindicatos están siendo reformulados –o lo estarán en breve-, dada la regeneración en la que está inmersa el país, también lo debería ser esa otra pata fundamental de la estructura económica y social como es el empresariado. Sobre todo esas organizaciones de representación cercanas a la política y al poder con la que sin duda han compartido errores. Sin olvidarnos de esas empresas, cercanas también a los centros de decisión, que han sido partícipes de la debacle y la desfachatez.

Dentro de la polémica política y económica que está suponiendo el 'affaire' del nuevo aeropuerto de Corvera, una parte hasta ahora invisible del conflicto aeroportuario murciano -la que no suele aparecer en las ecuaciones oficiales-, ha decidido dar un paso adelante y organizarse, abiertos no sólo a los trabajadores sino a toda la sociedad.

Y es que buena parte de los 1.200 empleados -400 directos- del aeródromo marmenorense han constituido hace tan sólo dos meses una plataforma independiente de AENA y de los sindicatos, y “sin colores políticos”, como afirma su presidente Santiago Pina.

La Plataforma en Defensa del Aeropuerto Público de San Javier surge de esta manera para que “se sepa la verdad” sobre este gran olvidado. En opinión del colectivo, el aeródromo se encuentra funcionando a tan sólo un 35% de su capacidad “y es rentable”, desmintiendo igualmente la principal justificación que el Gobierno regional suele dar para defender la necesidad del nuevo aeropuerto internacional de Corvera, al negar que exista limitación alguna de horarios en San Javier.

“De abrir Corvera, tendría exactamente el mismo horario que tiene hoy día San Javier, dado que nos encontramos en el mismo espacio aéreo militar”, afirma el presidente de la Plataforma. Para Pina resulta “incomprensible” que las autoridades dejen de lado el aeropuerto de Murcia-San Javier cuando de los 47 aeropuertos de la red de AENA, “sólo 8 son rentables y uno de ellos es precisamente el de Murcia”.

En el año 2012 viajaron desde sus instalaciones más de 1 millón de viajeros, y sin embargo el aeropuerto no cuenta con oficina de turismo alguna y carece de conectividad con el resto de la Región. “¿Es esta la política turística que pretenden?”, se pregunta Juan José Lozano, vocal de la asociación. En opinión de los afectados, con Corvera se está apostando por una infraestructura de naturaleza privada que supone un desembolso importante para las arcas públicas. “Si Corvera es privado que siga siendo privado en cuanto a inversion”, afirma Pina.

De entre los contactos desarrollados con diferentes partidos y sindicatos en estos dos meses –de momento se han reunido con UPyD, PSRM, IU, UGT y la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez-, la Plataforma sigue esperando respuesta del Gobierno regional del PP para mantener un encuentro. “Que nos digan qué quieren hacer con nosotros”, puesto que consideran que su situación es de total incertidumbre ante las innumerables fórmulas que se han llegado a barajar –entre ellas, el cierre de San Javier- en este conflicto aeroportuario cuyo desenlace sigue siendo hoy desconocido.

En el marco de los posicionamientos que el inactivo Aeropuerto de Corvera está generando en la sociedad murciana ante las evidencias de su más que compleja puesta en marcha, la UGT-Región de Murcia, por boca de su Secretario General, Antonio Jiménez Sánchez, se ha posicionado contra la gestión del Gobierno Regional en torno al nuevo aeródromo. Una postura que, como el propio Jiménez ha recordado, no es nueva, puesto que el sindicato ya expresó sus dudas al respecto en el 2004, cuando se comenzaron a promover las actuales instalaciones.

Para UGT ha llegado al momento de “reconsiderar el proyecto”, que ya dan por “frustrado” a tenor de todas las dificultades que está conllevando su apertura, por lo que exigen que si el aeropuerto es privado, “que también lo sean sus riesgos, beneficios y pérdidas”. Jiménez considera “escandaloso” que hasta el momento se hayan invertido cerca de 320 millones de dinero público en el proyecto, ya sea a través del aval bancario u otras intervenciones como la construcción de accesos, expropiación de terrenos, etc.

Algo que contrasta no sólo con la supuesta “privacidad” del aeropuerto, sino con el conocido anuncio de que “no iba a costar un euro a los murcianos”, mientras que las arcas regionales atraviesan una delicada situación y los malos indicadores de bienestar social se suceden. Ante este callejón sin salida en el que se encuentra Corvera según UGT, Jiménez propone que el Gobierno Regional no mantenga por más tiempo el empeño por esta infraestructura, ya que aunque Bruselas apruebe el préstamo participativo, “nada garantiza su rentabilidad futura”.

Por lo tanto, para el sindicato “se deberían emprender todas las acciones posibles para recuperar el gasto público desembolsado” y potenciar en su lugar el aeropuerto “público y rentable” de San Javier, objeto de una reciente ampliación pagada por AENA, y en el que hay cerca de 1.200 trabajadores directos e indirectos cuyo futuro es, a día de hoy, incierto.

Parece evidente el buen momento que está viviendo el sector turístico en toda España con el récord de llegadas de extranjeros el pasado mes de septiembre, que en la Región (según el INE) fue de un 28% más que el año anterior. Algo que se explica en gran medida ante el contexto inestable en zonas que solían ser competencia directa como el norte de África y Oriente Medio –no pensemos que Mariano ha obrado el milagro-.

Ante esta situación favorable, las autoridades murcianas, deseosas de justificar lo injustificable, pretenden aprovechar la circunstancia para que nos imaginemos cuál magnífico sería nuestro futuro turístico si contáramos con el Aeropuerto de Corvera. La coyuntura les resulta muy útil para colocar dicho proyecto en una posición de supuesta “necesidad”, como una teórica prioridad que no es tal en la calle.

La lucha contra el paro y regeneración democrática eran los dos objetivos primordiales que se marcó el presidente Garre a su llegada tras diecinueve años de 'valcarcelismo'. Y ante la imposibilidad de hacer algo efectivo con el primero –la región es de las pocas donde ha aumentado el desempleo en el tercer trimestre-, y la obscena hipocresía con el segundo teniendo en cuenta que confirmó en su cargo a los dos Consejeros imputados del gobierno anterior, colocan en un difícil escenario al nuevo presidente transcurridos sólo siete meses de su llegada.

De ahí que para el nuevo Ejecutivo, salvar esa engorrosa papeleta inhábil situada entre las pedanías de Valladolises y Corvera podría ser una especie de bote salvavidas para un año electoral como 2015, en donde ni el empleo ni la regeneración podrán venderse como activo de un PP regional agotado.

Pero Garre y su equipo deberían tener sumo cuidado ante semejante apuesta, debido a que el discurso oficial en éste y otros temas se sitúa tan lejos de las necesidades reales de los ciudadanos, que corren un serio riesgo de incidir en la desconexión completa de la realidad.

Independientemente de la desastrosa gestión realizada hasta el momento con el aeropuerto fantasma, algo que, como otras muchas cosas, resulta escasamente conocido en profundidad por los murcianos –en gran parte por la casi nula atención que ha despertado en los medios nacionales al contrario que otros esperpentos como el de Castellón-, las justificaciones que se buscan desde la Administración para amparar semejante propósito merecen ser desenmascaradas.

Ya suponíamos que tragarse un sapo valcarceliano como el de Corvera tenía que ser indigesto, pero resulta indignante volver a escuchar una y otra vez que el rentable y público Aeropuerto de San Javier sigue contando con una supuesta “limitación de horarios” que no es tal. Desde la inauguración de la segunda pista hace años por AENA, la posibilidad de que el aeródromo funcione veinticuatro horas al día está ahí, así que basta de engaños al respecto.

Pero es que, si analizamos pausadamente la realidad turística de otras zonas del país, nos daremos cuenta de lo intelectualmente pobre que supone ligar el definitivo despegue del sector en la Región Murciana con la existencia o no de Corvera. ¿Acaso dejan de acudir turistas a la ciudad de Granada porque ésta tenga un aeropuerto de segunda categoría con casi menos de la mitad de pasajeros que San Javier en 2013 según AENA? No. Los turistas siguen acudiendo en masa, ya sea a través de aeropuertos grandes como Málaga, Sevilla o incluso Madrid –bastante más lejanos de lo que estamos nosotros de Alicante-.

Destinos en auge de sol y playa como la vecina provincia de Almería –que cuenta con una oferta hotelera más amplia que la murciana-, tuvieron setecientos mil pasajeros en su aeropuerto en 2013, por el millón cien mil de San Javier. Por lo que cabría cuestionarnos, ¿es entonces San Javier nuestro problema?

Con los datos de AENA sobre la mesa quizá comprendamos que el quid de la cuestión no es tener un aeropuerto “pata negra” lo más cerca posible; de hecho contamos con uno a setenta y pico kilómetros -y los turistas no saben realmente si el Altet pertenece a tal o cual comunidad autónoma-, sino en construir una oferta turística de nivel entre todos. Ahí es donde está el meollo.

Paisajes conservados y cuidados –sin aberraciones urbanísticas-, monumentos interesantes y visitables –no yacimientos abandonados-, playas limpias y cuidadas –no un Mar Menor dejado a su suerte-, núcleos costeros con servicios –no una Manga sin ayuntamiento propio y con claras deficiencias-. Eso es lo que quiere el turista independientemente de los kilómetros de distancia del aeropuerto más cercano.

Parece lógico por tanto que la auténtica “piedra filosofal” del turismo esté en la búsqueda de la excelencia, no en contar con una terminal más grande y moderna. Por eso resulta totalmente cuestionable la versión oficial de que trasladar la actividad aeroportuaria existente (pública) a un aeropuerto privado suponga beneficio alguno; aparte del que le reportará a la concesionaria Aeromur y al rédito de tipo político que el PP espera amarrar.

Ése es el principal peligro de la aventura de Corvera, que siendo ya evidente su fracaso, se ha convertido más en una cuestión de juego electoral ante el coste de su imagen, que de necesidad real para la Región de Murcia. Y en esos escenarios es en donde los ciudadanos siempre salimos perdiendo.

Así las cosas, tras veinte años podríamos empezar a preguntarnos si el PP murciano está capacitado para propiciar ese despegue turístico en base a la excelencia, o si lo ha llegado a intentar alguna vez. La respuesta se responde por sí sola. Que se asome el Señor Garre por cualquier ventana de San Esteban, a ver qué es lo que se encuentra tras los cristales.

PD: Mientras escribía esto, buena parte de la cúpula de la Consejería de Turismo era detenida en el marco de la operación anticorrupción “Púnica”. Mejor epílogo imposible.