'Vox defiende abiertamente deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos' (El País).

A continuación, una breve recopilación de textos ya publicados por organizaciones de extrema derecha. 

“Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo”. España está “en un momento de no retorno”, que exige “una transformación sin precedentes” debido al “reemplazo demográfico” que “está cambiando la configuración de la sociedad”. “Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, ocho millones, son personas que han venido de diferentes orígenes en muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, lo que ha originado “que las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas no sea la misma”.

“Estamos perdiendo España”, los musulmanes “no forman parte de la nación española”.“ Los ciudadanos necesitan volver a sentirse seguros”, “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar la igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”. “No queremos gente así en nuestro país: les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”.

“Nosotros condenamos la violencia importada por el bipartidismo y todas las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad y provocando la desesperación de nuestro pueblo. ”Que la inmensa mayoría de los españoles está a favor de las deportaciones masivas de los ilegales y de los legales que cometen delitos“. Llegan a España, ”a ocupar, a violar, a robar o a matar“, o a ”imponer religiones extremas que buscan acabar con la mujer“, ”sí importamos barbarie, vamos a tener barbarie“.

Frente a estas arengas tan ofensivas, nos ha parecido necesario recuperar la Ley de Partidos Políticos -LO 6/2002- para conocer su grado de cumplimiento por dichas organizaciones políticas. Es significativo que, ya en la Exposición de Motivos, se afirme lo siguiente :“El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático (…) impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia (…)”.Y añade: “La Ley opta por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad”. Continúa, afirmando, que dicha Ley “se sitúa en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia”.

A partir de estos principios, la Ley considera, como fundamento de la actividad de los partidos, el respeto a “los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”. Y describe como causa de su posible suspensión o ilegalización “(...) la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”. Y para “apreciar y valorar” dichas conductas pueden tenerse en cuenta “las resoluciones, documentos y comunicados del partido”, así como “el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas” y “las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”. Y se precisa que corresponde al Ministerio Fiscal velar por “el ajuste [de los partidos] a los principios democráticos en su funcionamiento y actividad”. Una relevante responsabilidad.

Además de estas previsiones legales de obligado cumplimiento, la protección de los migrantes requería de una protección penal, expresada el al artículo 510 del Código penal con la tipificación de los delitos de “odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo o persona perteneciente al mismo por “motivos racistas” u otros referentes a la “ideología, religión o creencias ” o a la “pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional”. O, además, cuando “entrañen humillación, menosprecio o descrédito”. Con circunstancias agravantes cuando a través dichas conductas “se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos”.

Ante estos instrumentos legales, es evidente que la respuesta institucional presenta unas bases sólidas para garantizar el pleno respeto a la inmigración, particularmente a la que procede del norte de África. Así resulta de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Afirma, en la Exposición de Motivos, que dicha Ley se propone “establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales” y “reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración…que apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas”.

Y describe, como ejes de las políticas migratorias, las siguientes: “La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía” .“La igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, “La efectividad del principio de no discriminación”, “La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes reconocen a todas las personas”, “La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”, “La persecución de la trata de seres humanos” y “La igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social”.

Es evidente que el rigor y trascendencia de este marco normativo, complementado por otras disposiciones, no podrá ser afectado por normas que limiten o impidan los objetivos y medios descritos para garantizar una inmigración admitida y acogida con una normativa rigurosamente democrática. Máxime, cuando la situación real no es especialmente satisfactoria.

Basta con repasar algunos de los datos de las organizaciones especializadas en el estudio y atención de la realidad inmigratoria. Según el Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona, en 2024 se registraron 1.102 situaciones de discriminación, un 27,4% más que en el año anterior. “El racismo y la xenofobia representan el principal motivo de discriminación por séptimo año consecutivo, 314 incidencias, representando un 30% (...), el derecho que se ha vulnerado más ha sido la integridad moral”, señala el informe. “Con respecto a las personas que denuncian situaciones de discriminación, el 55% son mujeres, y la franja de edad mayoritaria es la que se encuentra entre los 40 y 64 años”. Asimismo, dicha organización monitoriza “discursos públicos de figuras políticas y mediáticas para identificar posibles delitos de odio”.

Y óomo no citar el Informe de Fedea (24/3/2025), que concreta en un 18,2% el porcentaje de la población de España nacida en el extranjero. Respecto al empleo, destaca que, de los 5,2 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral español entre 2002 y 2024, “un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera”. Y, añade, que en España “la aportación de mano de obra inmigrante al mercado laboral es valorada positivamente por una holgada mayoría”. Y una breve referencia al dato que consta en el Informe de SOSRacisme sobre 2024, en el que las Oficinas de Información, Atención y Denuncias recogieron un total de 544 denuncias relacionadas con incidentes racistas y/o discriminatorios. Otorgando una especial atención al que denominan “racismo institucional”, por denegación de accesos a prestaciones de servicios públicos.

Y, finalmente, no podemos desconocer la gravísima situación de la inmigración ante el problema de la vivienda. El acceso a la misma, ya muy difícil para los ciudadanos españoles, en su caso, desborda cualquier previsión.El ejemplo reciente más significativo fue el desalojo, el pasado 17 de diciembre, de 400 inmigrantes de un antiguo Instituto de Badalona donde estaban viviendo desde hacía mucho tiempo. La orden de desalojo fue dada por el alcalde de Badalona, del PP. Como dijo con acierto SOSRacisme, fue “el desalojo más grande de la historia reciente, en el que alrededor de 400 personas fueron expulsadas de su lugar de vivienda sin ninguna alternativa residencial, dejándolas literalmente en la calle”. Muchos de ellos/as parece que aún viven bajo un puente. Pero la realidad cotidiana alcanza niveles gravísimos. Cáritas advertía que en el área metropolitana de Barcelona está consolidándose el “alquiler más precario y el aumento del hacinamiento en los hogares”. Así lo reflejaba un estudio que describía como vivían, en una habitación de un piso de Trinitat Vella, los padres y sus tres hijos menores. Es uno de los grandes retos que continúa planteando la inmigración.

Ante esta realidad, estimo que deben cesar, ya, los discursos despiadados y excluyentes sobre la inmigración. Son, esencialmente, inhumanos y antidemocráticos. 

Ante la entrada en vigor de la Ley 4/2025, de 15 de octubre, de “Concordia de Extremadura”, y dado su radical contradicción y negación de la vigente Ley de Memoria Democrática, resulta más que necesario recordar las líneas maestras del golpe militar de 1936 y la inmediata dictadura fascista implantada por Franco y sus cómplices.

Previamente, me permito reproducir esta noticia, más que necesaria, ante leyes como la que acaba de citarse: “Un hombre de 100 años va a juicio en Alemania acusado de 3.518 crímenes de guerra nazis” (CNN, 7/10/2021).

El golpe militar del 18 de julio de 1936 representó el asalto a las instituciones de la 2ª República, con una flagrante violación de la Constitución de 1931. Sublevación, radicalmente ilegítima, que implantó un régimen dictatorial ya plasmado en el Bando de Guerra de 28 de julio que estimaba dicho asalto como un “movimiento redentor de nuestra Patria”. Un régimen fundado, desde sus orígenes, sobre el ejercicio sistemático de la represión, en aplicación directa de Bandos de Guerra y el recurso frecuente a la ejecución extrajudicial sumaria y, luego, a través de la apariencia de jurisdicción que representaron los Consejos de Guerra, los Tribunales especiales y el Tribunal de Orden Público. Siempre, además de la rigurosa aplicación de la depuración profesional y laboral y el acoso permanente, incluso en el ámbito personal, familiar y social, sobre quienes se mantuvieron fieles a la República y a los ideales democráticos.

Como dijo el profesor Elías Díaz, “los derechos humanos son salvajemente negados y ultrajados”. Así lo expresaba la Ley de 1941, creadora de la Brigada Social, en la que se definía el nuevo régimen como un “Estado totalitario” que, desde su origen, procedió a una rigurosa política de violación sistemática de los derechos humanos y exterminio de los vencidos. Un dato muy indicativo: los presos políticos, el 7/1/1940, eran 270.719 y el 10/4/1943 aún eran 92.477. Y según cifras facilitadas por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Aunós, de aquellos presos, entre 1939 y 1944, 192.684 fallecieron por enfermedades y hambre. Mientras, procedían a la destrucción de las instituciones republicanas.

Este régimen fue condenado por la ONU, en 1946, calificándolo de “fascista”, con “pruebas incontrovertibles” de su alianza con Hitler y Mussolini.

Tuvo también una singular relevancia el Informe del Consejo de Europa de 2006. Dicho organismo aprobó la siguiente Declaración de Condena: “La Asamblea parlamentaria condena con firmeza las múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en España por el régimen franquista de 1939 a 1975”. Además de una amplia y pormenorizada relación de tales violaciones.

Informes al parecer desconocidos o ignorados por los diputados/as que aprobaron dicha Ley.

Y, en dicho proceso histórico, debe destacarse el relato que contiene el art. 3 de la Ley de Memoria Democrática (LMD). En el se describen las 13 formas de represión que llegaron a sufrir las “víctimas” del “golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura”. Añadiendo, como “consecuencia de acciones y omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

Y seguimos pendientes de la efectiva persecución penal, a través de los correspondientes procesos penales, de los delitos de tortura y de los derivados del hallazgo los restos de personas arrojados a las fosas comunes.

Ante esta incontrovertible y gravísima realidad, desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975, es muy grave y preocupante el planteamiento de la Ley de Extremadura.

Parte de un concepto de “reconciliación entre españoles” a partir de la Constitución y de la Transición, que debe conducir a “reparar el daño de todas las víctimas, de uno y otro bando”. Primera insensatez. El concepto de “bando” se asocia a “pandilla” o “facción”, y, por tanto, es absolutamente inaplicable a instituciones públicas o privadas y, aún menos, a Gobiernos o Estados. Término muy improcedente cuando, más adelante, se refiere a la “Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”. Y, además, resulta inaceptable la referencia a la Guerra Civil, y que, sin mayor análisis, se limite a afirmar que “llevó al paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, calificándola de “tragedia colectiva”. Absoluto y más que reprochable silencio sobre quien provocó dicha Guerra, el Régimen totalitario que fue instalándose progresivamente en toda España y las gravísimas consecuencias que padecieron los ciudadanos, especialmente quienes vivieron o resistieron en la España republicana. Y resulta intolerable e inexcusable, que quienes gobiernan Extremadura no califiquen como “Dictadura” el régimen político impuesto por la fuerza de las armas y sustentado hasta su final por la privación de toda clase de derechos,la violencia y la fuerza, por cierto, con el apoyo del nazismo y del fascismo italiano. Para el PP y Vox se denominó, simplemente, “Franquismo”.

En relación con las “víctimas” de la Guerra Civil y la Dictadura, es más que reprochable que queden limitadas a las que sufrieron “la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica o religiosa… durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días”. Provoca indignación y absoluto rechazo que una ley cuyo objetivo central es el “proceso de reconciliación entre españoles” se incluyan las víctimas del terrorismo, dignas del máximo respeto, pero absolutamente ajenas a la razón de ser y objetivos de esta Ley. 

Entre dichas víctimas, pese al más que reprochable silencio de la Ley, han de incluirse las 8.913 personas asesinadas por las fuerzas franquistas en Badajoz durante 1936. Quedando, por tanto, excluidas las 12 formas de represión descritas en el art.3 de la LMD. Una exclusión radicalmente injustificada y gravemente lesiva para las víctimas. Por otra parte, ya situados en la etapa actual, se justifica la derogación de la anterior Ley Autonómica de MD para “acabar con la división y el resentimiento”(¿). Conceptos, absolutamente improcedentes, que nunca, nunca, han guiado la más que justificada exigencia de la Memoria Democrática, especialmente, en la búsqueda de los miles de personas asesinadas y arrojadas a las fosas comunes.

Para concluir, ¿cómo es posible que se plantee lo que llaman “la recuperación de la Concordia” al periodo “desde 1931 hasta nuestros días”? Principal razón. La Segunda República representó el mayor esfuerzo modernizador y democratizador de España durante el siglo XX. Como dijo un eminente diputado de las Cortes Constituyentes, la República ha venido a “mudarlo todo”. Llegó, como dijo Joaquín Costa, a “regenerar” el país.

Concluyo con una cita necesaria, sobre todo, para los autores de dicha Ley: “Durante la Guerra Civil española, cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente, ejecutados extrajudicialmente o tras precarios procesos legales…. Tras la victoria definitiva de los rebeldes, alrededor de 20.000 republicanos fueron ejecutados”.(Paul Preston, 'El Holocausto español'). Desde aquí, animamos al pueblo extremeño a exigir la vigencia de una Memoria Democrática fundada en la verdad y los valores democráticos.

Ante los constantes insultos y descalificaciones que sufren constantemente por parte de la derecha y, en particular, por la extrema derecha, resulta más que necesario valorar y resaltar la trascendencia que tiene para nuestro país la presencia de los inmigrantes entre nosotros. Un dato que debe conocerse, como introducción: en 2024, según la Encuesta de Población Activa, un 58% de la población extranjera -con inclusión de la inmigración- trabajaba. Es importante.

Y también debe resaltarse, particularmente para los que trabajan en la construcción, los graves riesgos que corren. Así ocurrió hace unas semanas, en Madrid, al hundirse parte de un edificio en obras. Fallecieron cuatro personas. Dos de ellas, de Ecuador y Guinea. Otro, de Mali Este, con 45 años, llevaba un año en España. Su familia, su esposa y cinco hijos menores, en aquel país, vivían de su sueldo de 1.100 euros. Había salido de su país en un cayuco hacia las Canarias, como tantos otros. Una verdadera tragedia. Que, además de otras muchísimas más, representa uno de los grandes costes que sufre la inmigración.

Por ello, es más que condenable que representantes políticos de la derecha y, en especial, de la extrema derecha no cesen en denigrar y vilipendiar a todos los inmigrantes sin excepción. Incluso atribuyéndoles, de forma colectiva y pérfidamente, conductas claramente delictivas. Insólito. Sobre todo cuando es una constante que nadie responda penalmente, como lo ha acreditado la Fiscalía del TS negándose a perseguir, con arreglo al Código Penal, las palabras de los dirigentes de Vox vinculando “inmigración ilegal” con el aumento de la “criminalidad” y las “violaciones”, tras los graves disturbios de Torre Pacheco. Y no falta quien plantea un radical replanteamiento del tratamiento legal de la inmigración. Aquello de que la “nacionalidad no se regala” o “deportar a millones de inmigrantes” o que “las calles en muchas ocasiones no sean de los españoles”.

Ciertamente, la situación no es ni será como ellos describen y hasta desean. Es más, creo que unas palabras sobre el origen de la inmigración clarifica la situación. Según analizó el profesor Luis de Sebastián en El Periódico de Catalunya: “Recordemos brevemente los casi 25 millones de africanos que los comerciantes y marinos ingleses, franceses, holandeses, daneses, portugueses, españoles, etcétera, van a transportar contra su voluntad y en condiciones inhumanas a las plantaciones americanas de azúcar, tabaco y algodón”. El tráfico de esclavos, más la posterior colonización de África, impidieron el desarrollo de esos pueblos. La respuesta, en nuestros tiempos, solo es admitir y proteger a inmigración. Así lo proclamaba la Declaración del Milenio de NNUU: “Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familias”.

En coherencia con lo expuesto, la cuestión migratoria en nuestro país, con sus limitaciones, está en este momento ampliamente regulada y con la garantía de múltiples servicios.

En primer lugar, hacer constar que la política migratoria está definida y regulada por el R.D.1155/2024, ya en vigor. En su Preámbulo, dice: “El fenómeno migratorio es un fenómeno estructural; la movilidad humana en busca de oportunidades y una vida mejor es una realidad constatada a lo largo de los años que va a continuar”. Plantea “una política migratoria integral”, de acuerdo con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue aprobado por la Resolución de 19/12/2018 de la Asamblea General de NNUU. Y, dado su interés, merece citarse la posibilidad de una “autorización de residencia temporal” por “circunstancias excepcionales”, citando entre ellas “razones humanitarias”. Incluye previsiones ante dichas circunstancias, como “atención humanitaria a las personas llegadas a las costas” o “acogida a quienes tienen una necesidad de protección internacional con pleno respeto a los Derechos Humanos”. Y, así, hasta 265 preceptos que abarcan una regulación exhaustiva de la situación de los inmigrantes en nuestro país.

Además, contiene una Disposición digna de ser mencionada. La Final Tercera, que acuerda “impulsar las reformas normativas necesarias para dar protección a aquellos colectivos que presenten un riesgo tangible de desprotección debido a conflictos o disturbios graves de naturaleza política, étnica o religiosa”. Las autoridades competentes deberán estar muy atentas a esta realidad.

Y, como no citar la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, basada en los principios de igualdad de trato y no discriminación. Presidida por el deber de los poderes públicos de promover “la plena integración de los extranjeros en la sociedad española”. En cuyo art. 21 se definen como actos discriminatorios “cualquier restricción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia, origen nacional o étnico y las convicciones o prácticas religiosas con el fin de destruir el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos”.

Las disposiciones expuestas representan una descalificación absoluta de posiciones políticas contra los inmigrantes y la inmigración.

Y, finalmente, una breve referencia al periodo y condiciones exigidos por las leyes para adquirir la nacionalidad española. Frente a aquella lamentable frase de que “la nacionalidad no se regala”, hacer constar, por si el autor de ella no lo supiera, que su adquisición exige 10 años de residencia como dispone el art. 22 del Código Civil. Además, el Real Decreto 1004/2015 regula los trámites necesarios para tal adquisición: exámenes para, entre otras exigencias, como dispone el art. 6 de dicha Disposición, “acreditar” el conocimiento “de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho” o el “conocimiento y respeto de los principios que conforman la convivencia en la sociedad española”.

Animemos, pues, a los/las inmigrantes para su plena integración en nuestra sociedad.

La Transición, “una etapa de cambio que parte de la realidad del franquismo, aunque este estuviera en proceso de desmantelamiento y paralelamente se estuviera configurando la democracia parlamentaria” (Carme Molinero).

En España, en 1983, a la democracia que ya estaba instaurada desde 1978 -año de la Constitución- algunos tribunales la llamaron, con un penoso eufemismo, “transformación evolutiva liberalizadora”, expresión de miedo y, quizá, de cobardía. No es de extrañar que, treinta y tres años después, con motivo de la presentación del documental 'El Papus, anatomía de un atentado', de David Fernández de Castro, el ilustre periodista, Antonio Franco, afirmara: “Nunca hubo simetría. A quienes atentaban desde la izquierda se les perseguía; a los de derechas, no”, añadiendo: “Ni policías ni jueces actuaron como árbitros”.

En el presente análisis es obligado referirse a la tragedia de Vitoria, el 3 de marzo de 1976. Dicho día, los trabajadores de Forjas Alavesas celebraban un encuentro sobre su futuro y, para ello, se reunieron en la Iglesia de San Francisco de Asís. Durante la tarde, sin motivo que lo justificara, aparecieron una unidad militar -la Compañia de Reserva de Miranda de Ebro- y la Policia Armada. Sin que concurriera ninguna razón que lo justificara, dichas unidades exigieron el desalojo de la iglesia, a lo que se negaron o resistieron los allí reunidos. Inmediatamente, las unidades comenzaron el lanzamiento de gases lacrimógenos, incluso dentro de la sede, lo que obligó a los congregados a salir del templo. Inmediatamente, las unidades militares y civiles comenzaron a disparar sus armas de fuego, generándose una verdadera catástrofe. Cinco trabajadores resultaron heridos de muerte y se calcula que más de cien resultaron heridos, dos de ellos, de 17 y 19 años de edad. Ante esta masacre absolutamente injustificable, la jurisdicción militar parece que abrió un procedimiento que, sin más, fue archivado. Es evidente que fue el resultado de las decisiones de las autoridades militares, radicalmente injustas y muy gravemente lesivas para todas las víctmas, especialmente para las familias de los asesinados.

El trato moderado, y hasta respetuoso, que una parte de la magistratura española otorgó a las actuaciones delictivas del fascismo español y a la farsa de los tribunales franquistas, constituye una evidente expresión, diciéndolo en términos de Hannah Arendt, de que el totalitarismo no había sido “definitivamente vencido”. Y que subsisten los efectos del mismo en las respuestas jurisdiccionales, como consecuencia de que el franquismo, como fenómeno totalitario, hizo “estallar nuestras categorías de pensamiento político y nuestros criterios para los juicios morales”.

Arturo Ruiz fue otra víctima mortal del franquismo olvidada por la justicia. Su asesino reconoció sin titubeos haber sido quien le disparó en una manifestación en Madrid, el 23 enero de 1977, como miembro del escuadrón fascista, la Triple A, irrumpiendo al grito de “¡Viva Cristo Rey!”. Ese asesinato fue objeto de un proceso ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la investigación, ante la pasividad judicial, fue obra de periodistas. La ciitada Sala dictó un auto el 28 de julio de 2023 denegando, por prescripción del delito, la petición de los familiares de reabrir las diligencias. En ese proceso se emitió un voto particular discrepante, que alegó que el crimen se produjo en el marco de una “violencia política sistemática” destinada a impedir “cualquier avance democrático, generando terror en la población”, por lo que el delito era “imprescriptible y no amnistiable”.

El análisis anterior, sobre el activismo delictivo de la extrema derecha durante la Transición, fue ampliamente ratificado y superado por el contenido en la sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de marzo de 1983, en relación al atentado contra la revista El Papus en Barcelona. Análisis que refleja la pasividad -¿o también las complicidades?- del aparato policial con los movimientos fascistas y la debilidad y, en fin, la incapacidad de la administración de justicia para enfrentarse eficazmente a esa delincuencia terrorista de extrema derecha, todavía con apoyos en ciertas “esferas de poder”.

La Audiencia Nacional relata que “el 20 de septiembre del repetido año [1977], sobre las 11,40 horas, persona o personas desconocidas, ni de las que pueda asegurarse actuaran en nombre o bajo la dirección de la organización clandestina J.E.P., entregaron un maletín con explosivo activado no identificado al conserje del edificio [Juan Peñalver Sandoval] sito en la calle Tallers [a quien] le explotó entre las manos y le produjo la muerte instantánea”. La explosión causó lesiones de diversa gravedad a trece personas, una de ellas con “secuelas irrecuperables para el trabajo y declarada inválida permanente definitiva”.

El tribunal argumentó que “la excesiva demora en el ritmo de la instrucción del sumario, que duró más de cuatro años; circunstancias todas que han determinado que este tribunal no pueda formar una sólida convicción respecto a que alguno o todos de los acusados por el hecho núcleo del procedimiento (explosión de un artefacto en la redacción de la revista El Papus con luctuoso resultado), sean realmente partícipes en la consumación del hecho (...) por lo que quedan amparados por el beneficio de la duda”.

Es dificil encontrar en la administración de justicia española mayor reconocimiento de ineficacia y pasividad en la investigación de un delito de asesinato y terrorismo. Y, precisamente ante sujetos, investigados o no, acusados o no, que formaban parte de la organización política del Estado franquista, el llamado «Movimiento Nacional» y sus milicias armadas, con la colaboración del aparato policial político del franquismo y de la justicia. En fin, una palpable evidencia de que, cuatro años después de la muerte del dictador, la estructura represiva de la aparentemente extinta dictadura aún funcionaba. 

El tribunal condenó al autor principal por un delito de terrorismo en grado de conspiración y de un delito de tenencia ilícita de armas, además de penas menores a los otros cuatro acusados.

Los hechos que a continuación se exponen tuvieron lugar a raíz del homicidio, el 13 de mayo de 1978, de Agustín Rueda Sierra. El caso fue el objeto del sumario 21/1978, instruido por el Juzgado de Instrucción de Madrid n.º 2. Y la sentencia la dictó la Audiencia Provincial de Madrid el 9 de febrero de 1988, ¡diez años después de producirse los hechos punibles! Agustín se encontraba ingresado en la prisión de Carabanchel, cuando varios funcionarios del centro le propinaron una intensa y prolongada paliza. El tribunal razonó de esta forma: “Queda acreditado que el fin del apaleamiento era quebrar la voluntad del recluso Agustín, que en esta paliza participaron al menos ocho funcionarios, que los instrumentos empleados (fueron) sustancialmente defensas reglamentarias de goma”. El informe de autopsia practicado por los médicos forenses acreditó que la causa directa e inmediata de la muerte de Agustín Rueda fue: 1) Que se trata de una muerte violenta. 2) Que su causa ha sido un shock traumático. 3) Que este ha sido la consecuencia de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y “técnico”. 4) Que no ha habido asistencia correcta desde el momento de las lesiones hasta la muerte. Y el resultado de dicha agresión es que los funcionarios condenados lo fueron por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Es decir, ¡como si se hubiera tratado de un accidente de tráfico! Esta era una parte de la Justicia que, entonces, soportaba España.

Y cómo no referirnos al atentado, el 30 de octubre de 1978, contra la sede de El País en Madrid por un grupo de extrema derecha que, además de dos heridos -uno de ellos de máxima gravedad-, causó la muerte de uno de sus conserjes, Andrés Fraguas, de 19 años de edad.

Ante esta trágica realidad, es exigible, cuando menos, una Memoria Democrática rigurosa que haga posible su difusión y su imborrable conocimiento.

Pues, naturalmente que sí y, podemos mantener que sigue siendo una realidad. Así lo reconoció, en otros términos, el profesor Fontana: “...como lo demuestra que esta (la independencia judicial) siga sin estar garantizada en la actualidad, en los marcos políticos que vivimos en la actualidad, en los que el juez puede participar con su actividad del poder legislativo (por su capacidad de interpretar la ley que aplica), y del ejecutivo (al sentenciar), lo que le convierte en más de una ocasión en ”opresor“, como había anticipado Montesquieu.”

En la mayoría de la magistratura española ha pervivido durante mucho tiempo, y diría que aún pervive, la presencia de un conservadurismo y corporativismo incompatibles con su deber de administrar “una recta e imparcial justicia”. Así quedó de manifiesto cuando, en 2006, la mayoría conservadora del CGPJ rechazó aprobar un «reconocimiento a aquellos servidores de la Justicia, Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales, que vieron su carrera y su vida afectadas convirtiéndose en víctimas de la Guerra Civil o posteriormente de la Dictadura franquista».

Fue, también, muy relevante la activa y, hasta entusiasta participación de la magistratura -y del ministerio fiscal- en el Tribunal de Orden Público (1964/1976), Tribunal que sustituyó y continuó la función de los Consejos de Guerra con el objetivo de perseguir y sancionar con durísimas penas de prisión el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión e información y los derechos de reunión, manifestación, huelga, etc. Fueron jueces y fiscales al servicio de la dictadura, lo que no les impidió incorporarse a sus funciones durante la Transición, nunca rindieron cuenta ni respondieron de los delitos cometidos contra el libre ejercicio de los derechos humanos. Como dijo, con razón, José María Mena “a los oprimidos se les concedió perdonar a los opresores a cambio de acceder a la convivencia democrática”. Jueces, magistrados y fiscales, que, muy mayoritariamente, consintieron, entre otros abusos de la dictadura, la generalizada práctica de la tortura por la Brigada Social.

Además, el corporativismo que siempre ha caracterizado a la magistratura determinó un lento y forzado proceso de adaptación al nuevo Estado democrático. La cultura gremial de los jueces hunde sus raíces en la alegada y falsa neutralidad política, que encubría durante la dictadura franquista el sometimiento de los funcionarios a un poder político despótico (Ramón Sáez). O, desde otra perspectiva, la de JJ. del Águila, que describe “el fácil acomodo en el sistema democrático de jueces que habían ocupado cargos relevantes en la dictadura y, particularmente, en el TOP”. 

Y un juez que salía de un Estado totalitario al que había servido, “con entusiasmo” que reconoció el magistrado Vivas Marzal, tenía ante sí un reto esencial, el definido en su día por Miliband: “El concepto de independencia judicial encierra, por fuerza, no solo la exención de los jueces de responsabilidad ante el poder ejecutivo, sino también su obligación de proteger al ciudadano frente al mismo y actuar, en los choques del Estado con los ciudadanos, como defensores de los derechos y libertades de estos últimos”.

De los Autos dictados por la Sala Militar del Tribunal Supremo ante los Recursos de Revisión planteados por los familiares, descendientes de quienes fueron juzgados, condenados a muerte y fusilados por los Consejos de Guerra franquistas, bastarían solo algunos de ellos para apreciar su incompatibilidad con un Derecho Justo.

El posicionamiento de la Magistratura en estos supuestos, tiene un común denominador, el miedo o el rechazo a afrontar las consecuencias delictivas del franquismo, lo que necesariamente expresa, al menos objetivamente, una complacencia con el pasado totalitario. 

En un Estado democrático con un poder judicial formalmente independiente, el criterio que debería haber presidido los Autos examinados ante “razones en pugna” o “intereses o bienes en conflicto” debiera haber sido la opción por una solución proporcional y justa, un juicio de ponderación que, en democracia, parte de una igualdad entre las normas en conflicto, lo que en los supuestos examinados no ocurre, pues las normas generadoras del conflicto, las represivas franquistas, fueron generadas por un sistema político autoritario y, por tanto, carecen de licitud y desde luego de validez, tanto como consecuencia de la derogación tácita contenida en la Constitución de 1978 como de la derogación expresa contenida en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica. El examen de cuarenta y siete Autos de la Sala de lo Militar del TS revela la complicidad objetiva, más allá de formalismos jurídicos, de dicha Sala del TS con el franquismo. Todas ellos, entre 1989 y 2012.  

La línea argumental de los Autos estudiados profundizan la posición benévola y comprensiva de esa forma de negación de justicia que fueron los Consejos de Guerra. Con una particularidad, que en estas resoluciones hubo ocho votos particulares discrepantes de la mayoría que abogaban o por anular la sentencia franquista o admitir a trámite el recurso para entrar en el análisis de la sentencia y valorar su validez. Pero el criterio dominante fue muy preocupante. Rechazan, contra los familiares que acudieron con un fundadísimo afán de justicia, un “uso abusivo e indiscriminado” del recurso y reiteran que la actual regulación del recurso impide “un nuevo examen de la corrección del derecho aplicado”. El más grave de los criterios expuestos, pues representa el pleno respeto y la intangibilidad del ordenamiento jurídico represivo emanado del golpe militar de 1936 por parte del Tribunal Supremo.

Así lo acredita el Recurso 34/1989, interpuesto por primera y única  vez por el Fiscal General del Estado, resuelto por Sentencia de 30 de enero de 1990 contra la dictada el 18 de abril de 1963 por el Consejo de Guerra de la 1ª Región Militar que condenó a Julián Grimau a la pena de muerte, siendo fusilado horas después. Su viuda, en sus alegaciones, sostuvo que el fallo condenatorio “ha de tenerse por inexistente y, por tanto, el reo sigue siendo inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio justo, informado de las garantías legalmente establecidas”. El TS, por mayoría de votos, no estimó el recurso. Pero, en este caso, el Presidente del Tribunal, disintió de la solución adoptada y emitió un voto particular a favor de la nulidad de la sentencia que condenó a Grimau. Ello le llevó a las siguientes consideraciones. “Ante un hecho tan estremecedor para la conciencia jurídica, parece evidente que la justicia demanda de nosotros digamos, al menos, una palabra serena de reparación: La que consiste en reconocer, desde esta suprema instancia judicial, que aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue, en verdad, el triste pero legal desenlace de un proceso sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho”. Valoración que es predicable de todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra de la Dictadura. Y es predicable de los Autos y Sentencias de la Sala de lo Militar.

Y, concluimos, los votos particulares, expresión de una posición rigurosamente democrática, fundamentaron su posición en la absoluta ausencia en los procesos ante los Consejos de Guerra de los fundamentos de un “juicio justo”, los siguientes derechos: “derecho a un tribunal independiente, derecho a ser oído, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación, derecho de tiempo para fundamentar la defensa, derecho a defenderse personalmente o con un letrado, derecho a interrogar a los testigos, derecho de igualdad de armas y derecho a los recursos.” Todos, negados a los acusados y condenados a ser fusilados. Y, finalmente, el Auto del TS de 18/12/2006 (por el atentado de la c/Correo de Madrid) afirma: “..las garantías y derechos fundamentales que establece la Constitución de 1978 no son aplicables al momento en que se sustanció el proceso…”. Y ¡algunos jueces aún sostienen que no son parciales!

Los ataques de jóvenes uniformados a los residentes inmigrantes en Torre Pacheco deberían constituir una evidente referencia para el desarrollo de la política inmigratoria. Pues, como hemos visto, además de la durísima violencia ejercida sobre las víctimas, no deben olvidarse proclamas como “España cristiana y no musulmana” o “Moros no, España no es un zoo”, además de gritos propios del franquismo. No puede ignorarse que, en alguna medida, cierto partido político ha podido estar propiciando o estimulando dichas actitudes. Lo que, en primer lugar, plantea la necesidad de valorar si tal política es o no contraria a los principios democráticos que debe presidir toda la acción de un partido político. Es más, la Ley de Partidos Políticos, de 2002, en el art. 9.2 a) dispone que puede acordarse la ilegalidad de un partido cuando “promueva, justifique o exculpe” la “exclusión o persecución (...) de personas… Por razón de su nacionalidad o raza (...)”. Un supuesto que, por sí solo, ya justificaría la rigurosa investigación judicial de tales hechos.

Dada su evidente gravedad, estamos obligados a situar la valoración de los mismos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Para reafirmar que es muy preocupante que, tantos años después, estén infringiéndose los valores que fundamentaron la Democracia. Esto decía el artículo primero de dicha Declaración: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y, aún más. Art. 7: “Todos son iguales ante la Ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley”. Y, aún más, Art.13.1: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado”.

Derechos inalienables que fueron más concretados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que, ante la permanencia de la dictadura, no fue incorporado a nuestro sistema legal hasta 1977. Proclama así sus Principios: “No puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

A partir de estos antecedentes, desde el profundo respeto al ser humano, centrémonos en el presente. La nacionalidad, única circunstancia que diferencia a los inmigrantes de los españoles, no puede generar una tan intensa diferencia de trato que haga quebrarse el valor de la “igualdad”, uno de los presupuestos de nuestro sistema democrático. El tratamiento discriminatorio de los mismos es, además, un factor que favorece activamente la fractura de la sociedad y un posible proceso de exclusión social de graves consecuencias.

El problema no es nuevo. En 1929, el eminente jurista Hans Kelsen se opuso a la distinción entre nacional y extranjero como soporte del concepto de Estado: “No es requisito indispensable del orden jurídico nacional distinguir, entre los individuos sujetos a él, aquellos que son nacionales de los que no lo son: en una autocracia nadie tiene derechos políticos; en una democracia radical la tendencia es la de ensanchar cuanto sea posible el círculo de quienes poseen derechos políticos”. Así lo mantuvo también el profesor M. Atienza: “El principio de que se puede discriminar a las personas en lo concerniente al goce y disfrute de los derechos básicos por razón de su nacionalidad (…) es pura y simplemente inmoral”.

Pero la realidad es que los flujos migratorios desde los países empobrecidos hasta los desarrollados se mantendrán. La globalización económica y financiera está generando un incremento de la desigualdad económica que, ineludiblemente, provoca movimientos migratorios desde los países empobrecidos a los desarrollados. Situación que es evidente que no se resolverá con políticas de fuertes controles fronterizos y de constantes obstáculos a la legalización de los inmigrantes como sujetos reales de derechos. Así lo exige el art. 10 de la Constitución: “La dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son el fundamento del orden jurídico y de la paz social”. Precepto que debe obligar al Gobierno y autoridades competentes a afrontar de forma decisiva, en cuanto afecta a los inmigrantes, la desigualdad y la falta de oportunidades de empleo, con la premura necesaria, la discriminación y la pobreza y, de forma inmediata, la violencia moral y/o física de que, con tanta frecuencia, son víctimas.

Ante la indudable crisis política que vivimos, sin duda, por la irrupción de la corrupción política en el marco del PSOE, y pendientes del avance de la investigación judicial, a la que expreso mi confianza, surgen noticias que, dado el contexto en que vivimos, pasan desapercibidas. Una de ellas se refiere a la Ley Orgánica 3/2025, de 27 de junio, que afronta una indispensable reforma de la ley que viene regulando el derecho de asociación. Exactamente, para hacer frente a desviaciones, ahora más frecuentes, que atentan contra los valores que representa la Memoria Democrática de quienes fueron víctimas, y sus familiares, de la represión franquista.

Se trata de constituir como causa de disolución, por el orden jurisdiccional competente, de la asociación que incurra en las siguientes conductas: “La realización de actividades que constituyan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

Es, sin duda, una respuesta rigurosa y firme ante la posible utilización de las entidades sociales para eludir responsabilidades personales y, a la vez, una esfuerzo por garantizar un mayor respeto al pluralismo ideológico y/o político.

Dicha medida ha coincidido con la interposición por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad (29 de abril) contra la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunidad Valenciana, aprobada por el PP y Vox. Recurso que determinó la suspensión de la vigencia y aplicación de dicha Ley.

Las razones de recurso eran obvias y más que fundadas. Basta reproducir este párrafo de su Exposición de Motivos: “La Ley 52/2007 (...) conocida como Ley de Memoria Histórica (...) y la Ley 14/2017, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana, no persiguen los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la transición al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión (…) y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.

Bajo estas premisas resulta imposible hablar de respeto democrático y de objetividad. Más adelante, se hace referencia al “camino de división y resentimiento que algunos políticos han cultivado estos últimos años”. A partir de estos presupuestos era ineludible suspender diversos preceptos, como el que equipara a las “víctimas de la Segunda República y del terrorismo” o el precepto sobre “las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”, respecto de las cuales se afirma –con notoria parcialidad y sectarismo– que dichas actividades se lleven a cabo “evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles”.

Y, por supuesto, dicho recurso, además de lo expuesto, pretende garantizar la dignidad de las personas, sus derechos inviolables en el marco del riguroso respeto a la legalidad democrática. Por todo ello, ha sido suspendida la aplicación de dicha Ley.

Cuanto hemos expuesto está más que justificado, por los reiterados Informes de Instituciones de gran relevancia y autoridad. La Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó en 2006, por unanimidad, la primera gran condena internacional del régimen franquista. Este organismo, en el que estaban representados 43 países, insta además al Gobierno español a erigir monumentos en memoria de las víctimas del franquismo.

La Resolución condena con firmeza las “múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista entre 1939 y 1975”. “La guerra civil española fue una guerra total”, señala. Y, describe, en 86 apartados, el “Balance de los Crímenes del Régimen de Franco”.

Y, más tarde, en 2015, la ONU, por enésima vez, reiteró al Estado español que cumpliese “sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista”.

Cuanto se ha expuesto constituye una muestra más, de indudable gravedad, de los riesgos y peligros que representaría para España el avance de una derecha reaccionaria al servicio del capital.

(En memoria de Francisco Javier Elola, Fiscal de la República, fusilado en 1939 en el Camp de la Bota)

La investigación procesal y la comprobación, por provisional que sea hasta este momento, de una gravísima corrupción de altos cargos del PSOE, el partido que gobierna España, es una pésima noticia para nuestra democracia. Compartimos, como punto de partida de esta exposición, la posición clarividente de Vidal-Beneyto: “La lucha contra la corrupción es, hoy, el desafío fundamental de nuestra democracia”.

El fenómeno de la corrupción en los países democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado, sus Administraciones y la ordenación de los poderes públicos. Entre ellas, la insuficiencia de los controles administrativos internos, que abdican de sus funciones por puro burocratismo con la consiguiente pasividad o, peor, por complicidades más o menos encubiertas con los “gobernantes”. Y, desde luego, por ausencia de una efectiva respuesta sancionatoria administrativa o penal.

En este último caso, por motivos variados, como la inaplicación de los medios disponibles para hacer frente a conductas delictivas complejas –con rasgos propios de la criminalidad organizada–, causa, a su vez, de una respuesta tardía y débil que conduce a amparar la impunidad. Cuando no, directamente, la falta de una plena neutralidad de jueces y fiscales para enfrentarse a los círculos del poder económico o político, como se ha acreditado en las recusaciones de magistrados de la Audiencia Nacional para enjuiciar conductas delictivas de dirigentes del PP. En otros casos, la Justicia favorece directamente a los poderosos mediante interesadas y retorcidas interpretaciones legales, como el rechazo por la Audiencia Nacional al enjuiciamiento del que fuera presidente del Banco Santander –la llamada doctrina Botín– sobre el fraude fiscal de las llamadas “cesiones de crédito”.

Son las obligadas consecuencias de un sistema basado en la lógica del mercado y en el enunciado de “enriquecerse”. Así lo resumía el analista alemán Michael R. Krätke: “Corrupción, dinero negro, segundas cajas, engaño organizado y manipulaciones contables son prácticas corrientes en el mundo de los negocios”. Una economía sustentada en la “codicia humana” es capaz de debilitar o destruir los mecanismos necesarios para garantizar la viabilidad de un sistema basado en el consenso del respeto a la legalidad democrática y a los derechos humanos. Por ello, la codicia, elemento esencial de estos delitos, cuando los sujetos de la corrupción son cargos públicos, va asociada ineludiblemente a una deslealtad a los principios y reglas del sistema democrático.

Para hacer frente a esta realidad tan compleja y difícil de enderezar hacia el imperio de la Ley y el respeto a los Derechos debe partirse del conocimiento real de quienes, como gobernantes, están obligados a rechazar cualquier forma, por leve que fuese, de corrupción. Porque, ciertamente, parten de una posición de superioridad respecto de cualquier ciudadano, cualquiera que sea el grado de poder público que ejerzan. Porque disfrutan de una especial capacidad de información e influencia, de la que carecen los ciudadanos, capacidad que les otorga una evidente superioridad sobre aquellos y ciertas garantías de impunidad. Desde esta posición, es relativamente fácil caminar por el sendero de la corrupción. Que se compone, esencialmente, de los siguientes elementos:

—Desviación de poder, es decir, no aplicar las normas al servicio del interés general.

—Arbitrariedad, es decir, aplicar las normas en función de criterios personales ajenos a la estricta legalidad, y

—Favoritismo, es decir, hacer un uso del poder público en beneficio propio o de terceros.

Elementos que fueron explicitados claramente en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 8/5/2018, confirmando la dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana el 8/2/2017 en el Caso Gürtel-Fitur: “Lo característico de la corrupción no sólo es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales, sino que la corrupción surge porque en el actuar delictivo se compromete al Estado y a la Administración, porque se realizan en los aledaños, o desde, posiciones de poder. La conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado. En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal (...) para asegurarse la adjudicación de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contratación, como Estado y como adjudicatario de la concesión o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia (...)”.

Todo ello lo resumió el profesor Calsamiglia, calificando la corrupción, en cualquiera de sus formas, como un gran acto de deslealtad a la legalidad y, sobre todo, al Estado democrático.

La corrupción, por consiguiente, lleva aparejada un déficit de gobernabilidad y sus prácticas obstaculizan el desarrollo económico.

Pero el estallido de esta larga y provocadora corrupción en el seno del partido que gobierna España reviste una particular gravedad. En el mismo, rige un Código Ético y de Conducta, de cumplimiento obligatorio para sus miembros, que ya en su Introducción afirma: “Queremos enfrentar con rigor cualquier forma de corrupción, personal u organizada…”. No nos consta si se llevó a cabo. Parece ser que no. Precisamente, en 2024, el Gobierno aprobó un 'Plan de acción para la Democracia', siguiendo las pautas fijadas por la Comisión Europea en julio de 2024, basadas en el “respeto por la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho”. En dicho Plan, el Gobierno –ahora tan golpeado– definió tres grandes líneas de actuación: “transparencia y refuerzo de la lucha contra la corrupción”, “especialización del Ministerio Fiscal para hacer frente al fraude a la Hacienda Pública y la corrupción pública” y “combatir esta lacra criminal, que constituye una prioridad absoluta”. Este reto, Gobierno de España, ¿cuándo se cumplirá?

Ya no caben más dilaciones.

La invitación de Viktor Orbán a Benjamin Netanyahu de visitar Hungría marca un punto de inflexión en la posición de la UE ante los crímenes cometidos y que siguen cometiéndose contra la población Palestina en Gaza. Muy especialmente, por la decisión de romper con la CPI, suspendiendo su compromiso de persecución de los crímenes Internacionales. Ello quedó expresado cuando el presidente húngaro calificó la referida orden de arresto de “descarada, cínica y completamente inaceptable”.

Su actitud cobra su auténtica dimensión cuando se conocen los fundamentos de la orden de arresto de la CPI: “crimen de guerra por el uso del hambre como arma de guerra” y “crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, además de “dirigir ataques intencionadamente contra la población civil”, que incluyen la privación a la población civil de artículos indispensables para su supervivencia, como “comida, agua, medicinas y suministros médicos”.

Ante la orden de arresto, el pasado 6 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó sancionar a los “altos cargos” de la CPI, a la cual los 74 Estados firmantes del Estatuto de Roma expresaron su apoyo a la “independencia, imparcialidad e integridad del CPI”. Cabría preguntarse cuántos Estados de la UE participaron en dicho documento. Sobre todo cuando el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, reiterando las posiciones de Netanyahu, afirmó: “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”.

La presencia de un presunto criminal de guerra en un Estado europeo, sin que se cumplimente la orden de arresto, expresa una crisis de la UE. Organización que desde sus orígenes ha tenido como fundamento y finalidad la defensa de los derechos humanos y que, en relación al resto del mundo, contribuiría a la protección de sus ciudadanos.

Todo ello ha resultado indiferente al Gobierno de Hungría, que ya fue sancionado no solo por vulnerar los principios más básicos de la UE, sino el respeto exigible a los derechos humanos, como ya se procedió cuando el Gobierno de dicho país limitó gravemente los derechos de las personas LGTBI. 

La UE advertía ya, en septiembre de 2018 y en julio de 2021, de un “riesgo grave de violación por parte de Hungría, de los valores en que se fundamenta la UE”. Y no debe olvidarse que el Parlamento Europeo, en la Resolución de enero 2024, expresando su preocupación “por la erosión de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos fundamentales en Hungría”.

Preocupación que ahora suscitan las noticias de que ciertos Estados de la UE aceptarían la presencia de Netanyahu sin que procedieran a dar cumplimiento a la orden de arresto, con evidente y grave contradicción con su condición de miembros de la CPI.

Puede que haya llegado el momento, de conformidad con el Artículo 7 del Tratado, de suspender a Hungría sus derechos como Estado miembro “por violación grave y persistente de los principios que fundamentan la UE”.

Me permito iniciar esta reflexión con las palabras de Antonio Guterres en la sesión del Consejo de Seguridad del 24/10/2023 refiriéndose al pueblo palestino:“Han visto su tierra fuertemente devorada por asentamientos y  con una plaga de violencia”.

Exponemos, sintéticamente, datos, por supuesto provisionales, que estimamos muy expresivos de la actual situación de Gaza. 

Mil niños/as, a causa de los bombardeos israelitas, sufrieron amputación de una o ambas piernas. Y hubo médicos que los asistieron sin anestesia y hasta fuera de los hospitales.(Unicef).

Aproximadamente 41.100  palestinos han sido asesinados.

Más de 94.800 personas han sido lesionadas de mayor o menor gravedad, mayoritariamente mujeres y niños/as.

471 ciudadanos palestinos fueron asesinados en el Hospital Al Alhi Arab en octubre de 2023.

Y una continua destrucción de viviendas, hospitales, escuelas… y permanente ausencia de ayuda humanitaria.

Todo ello expresa, según el Tratado de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI,1998), “atrocidades que desafían la imaginación  y conmueven profundamente la conciencia de la Humanidad”.

Las respuestas de los Gobiernos europeos y de la UE, con muy limitadas excepciones, es conocida, silencio más que reprochable por falta de solidaridad con el pueblo palestino y de respeto a los Tratados Internacionales.

Antecedentes históricos de la invasión actual de la Franja de Gaza (ocupada desde 1967): Seis grandes ofensivas (2008 a 2023). Resultado: la muerte de 5.356 palestinos, entre ellos: 1.205 niños/as más destrucción de propiedades, ataques a ciudadanos civiles, imposición de duras condiciones de vidas…. ¿hasta la inanición? La respuesta de los Gobiernos democráticos de Europa fue, como siempre, más que insatisfactoria.

En este contexto, deben situarse los discursos de Netanyahu: “Batalla de la civilización contra la barbarie” y del presidente Herzog: “Hay que luchar hasta romperles el espinazo”.

Toda una patente expresión del sufrimiento impuesto arbitrariamente y por la fuerza de las armas  al pueblo palestino. Atrocidades descritas sin excepción en los delitos contemplados en el Tratado de Roma y, hasta ahora, completamente impunes.

Los de genocidio: “Matanza de miembros del grupo”, “Lesión grave a la integridad física y mental”, “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

O, dentro de los delitos de lesa humanidad –menos conocidos, pero igualmente lesivos– se encuentran las conductas que son “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, imponiendo un riguroso régimen de “apartheid”. 

 Además de la “tortura”, la “persecución de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género”, u otros motivos “universalmente reconocidos como  inaceptables”, la “privación del acceso a alimentos o medicinas”, los “actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física” (como las “mutilaciones” citadas) o la salud mental o física“.

Conductas, todas ellas, más que acreditadas y probadas, por la agresión militar israelí y que continúan cometiéndose ante la pasividad de la comunidad internacional.

Y, hasta ahora, solo ha habido una respuesta que aborde la  situación que soporta el pueblo palestino, la denuncia del Estado de Sudáfrica (29/12/2923). Su representante ante la Corte de La Haya, se expresó así: la “retorica genocida de Israel, cuyos funcionarios llaman a los palestinos ”animales humanos“, además de referirse a ”la destrucción de infraestructuras civiles, el desplazamiento forzoso de poblaciones y detención de decenas de hombres que fueron desnudados y transportados a un lugar desconocido y el proceso de las poblaciones a la inanición“.

Ante dicha denuncia, la CPI se pronunció el 26/1/2024, diciendo que había “una base plausible para creer que Israel puede haber estado cometiendo delito de genocidio”.Declaración importante pero, hoy por hoy, absolutamente carente de eficacia. En parte, porque la CPI no ordenó a Israel que detuviera las operaciones militares y, en todo caso, carecía de medios para hacer cumplir sus decisiones. Ello sin perjuicio de que declarase “ilegal” la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados  que, por tanto, debían ser inmediatamente abandonados. Es cierto que el fiscal de la Corte, Karim Khan, el pasado 9 de septiembre solicitó la detención de Netanyahu y del ministro de Defensa, Gallant, y lo razonó así:“Las órdenes de arresto son necesarias para garantizar que no obstruyan o pongan en peligro la investigación e impedir la comisión continua de los crímenes alegados (debe entenderse por Sudáfrica) y/o la comisión de otros crímenes del Estatuto de Roma”. Ciertamente, considero más que problemática dicha detención dada la protección que la comunidad internacional –con escasas  excepciones– otorga a dichos responsables de gravísimos crímenes de guerra. 

Y, en cuanto al Gobierno español, admitiendo el valor del reconocimiento del Estado palestino, de haberse sumado al proceso promovido por Sudáfrica y de mostrar su apoyo a un alto el fuego, ante esta dramática realidad, la respuesta es insuficiente. Es cierto que el presidente del Gobierno recientemente ha dicho: “Sin armas no hay guerra”. Evidentemente, pero estamos muy lejos de ello. Mientras,  sugiero la inmediata necesidad de  conocer, revelar y poner fin a la financiación por las entidades bancarias –incluidas las españolas– de empresas  fabricantes de armas destinadas a Israel, además de  la ruptura de relaciones diplomáticas con un Estado genocida.

Y, finalmente, considero necesario plantear, coincidiendo con un amplio movimiento social europeo constituido por 226 organizaciones sindicales y sociales, que la UE se plantee suspender el Acuerdo comercial con Israel del 2000, cuyo art.2 exige a ambas partes “el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”. Así lo expresó un fundado escrito de aquellas organizaciones el 13/3/2024, dirigido a la presidenta Ursula von der Leyen y a otros altos representantes de la UE, expresando que dicha exigencia “es un elemento esencial del presente Acuerdo”. Exigencia manifiesta y reiteradamente incumplida por los responsables de la UE, mientras Israel, desde la más completa ilegalidad, continúa beneficiándose , injustamente, de las relaciones comerciales y económicas con Europa.

Todo ello expresa que la actitud belicista y cruel del Estado de Israel es, en buena parte, consecuencia de la pasividad y/o complicidad de la comunidad internacional. 

Desde el más profundo respeto a la decisión adoptada por el presidente del Gobierno, deseo hacer constar que, como es obvio, es verdaderamente preocupante que la derecha de nuestro país –Vox y PP– aproveche dicha decisión para agrietar aun más nuestra convivencia democrática. Y ahora lo hacen, no es de extrañar, aprovechando –¿solo aprovechando?– la conducta de una organización, Manos Limpias, cuyos orígenes se encuentran en el llamado Frente Nacional,  de signo neofascista.

Iniciativas como la adoptada ahora, la denuncia penal de la esposa del presidente, parece que fundada en informaciones periodísticas y ya impugnada por la Fiscalía, tienen múltiples precedentes que considero necesario hacer presente.

El primero de ellos podría resumirse en este titular de un diario: 'El Tribunal Supremo se arrodilló ante Manos Limpias. Cronología y análisis de la actuación contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes franquistas tras la denuncia del sindicato ultraderechista'. Entre otras informaciones, siempre referidas a dicha denuncia, añadía que “El Tribunal Supremo, desde que en mayo de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, coincidió con postulados y pretensiones de la ultraderecha, siempre con la oposición del fiscal”. Se incoó así un proceso que expresó la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, en el que se atribuyó al juez Garzon  la comisión de un delito de prevaricación del que, como es más que sabido, finalmente fue absuelto. Y el citado medio añadía una precisión que guarda cierta relevancia en relación a la crisis actual: “El TS nunca dudó en aceptar una acusación popular que, como dijo la Unión Progresista de Fiscales, la ejerce Manos Limpias en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.

En segundo lugar, me refiero a la denuncia formulada contra mí por dicha organización el 14 de abril de 2010, por las palabras que había pronunciado el día antes en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, denuncia ampliada por Miguel Bernad  Remon el  21 de diciembre de 2010. En este caso, por un presunto delito de calumnias e injurias contra los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Mis  palabras, motivadas por el proceso penal incoado  por el Tribunal Supremo al juez Garzón a causa de la apertura del sumario 53/2008 en relación a las desapariciones forzadas del franquismo, fueron estas: “Es algo –me refería al proceso contra el juez Garzón– que constituye a mi juicio un golpe brutal a la democracia española y es constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español”, así como que “han sido cómplices hasta el último día de las torturas infligidas por la Brigada Político-Socia, de las cuales muchos de los que están aquí han sido víctimas”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, por Auto de 20 de enero de 2011, acordó con un amplio fundamento el archivo de la causa. Entendió que el acto del Auditorio no había sido “guerra-civilista” y que en mis palabras no había habido ni “ultrajes” ni “calumnias” contra los jueces del TS. Rechazó, por tanto, que mi intervención, como era obvio, no fue “una incitación al golpismo” contra la democracia, como pretendía el denunciante.

Espero, esperamos, que “la capacidad que tienen algunos jueces españoles para embrollar las cosas y para empujar a los ciudadanos a discusiones estériles, pero iracundas”, en palabras  de la periodista Soledad Gallego, no impida una justa y democrática solución de la actual crisis.

El conflicto político-militar entre Irán e Israel, bajo ningún concepto, va a ocultar las atrocidades que viene sufriendo el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, bajo el permanente asedio militar del Gobierno israelí. Y lo decimos ante la  insensible y pasiva actitud que los Gobiernos de la UE vienen manteniendo ante la despiadada agresión del Gobierno de Israel desde el pasado 7 de octubre. No solo no han suspendido las relaciones diplomáticas con dicho Gobierno, sino que tampoco secundaron la denuncia formulada por el Estado de Sudáfrica ante la Corte Penal de La Haya. Mientras, están apoyando al Gobierno de Ucrania en los ámbitos económico, militar y humanitario. Cuando es evidente que el pueblo palestino es más que merecedor de mucho mayor apoyo por los ataques sistemáticos a la totalidad del territorio de Gaza mediante la invasión militar, terrestre y aérea, con ciudades semidestruídas, incluidos los centros hospitalarios, y a la población civil –incluidos niños/as– y la hambruna impuesta a toda la población.

La situación real de la Franja de Gaza exige, de forma inmediata, que la Europa democrática responda ya para contener la agresión militar israelí y apoyar a la tan sufrida población palestina, lo que equivaldría a que Europa fuese justa y tajante –lo que hasta ahora no ha ocurrido– en la respuesta a las palabras del ministro de Defensa Israelí, Yoav Gallant :“He ordenado un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”.

El marco histórico es más que dramático. Desde 2007, el Gobierno de Israel y su ejército han lanzado seis grandes ofensivas contra Gaza (2008-2009, 2012, 2014, 2021,2022 y 2023). Entre 2008 y septiembre de 2023, el uso de la fuerza causó la muerte de 5.356 palestinos, entre ellos 1.205 niños. Es la expresión de que el gabinete de guerra israelí considera a Gaza como una entidad hostil que, con su población, debe ser destruida y eliminada. Para ello, llevan muchos años llevado a cabo una destrucción generalizada de propiedades, el ataque deliberado y asesinato de civiles, la imposición de duras condiciones de vida, incluida-como ya lleva ocurriendo-la inanición, y los constantes llamamientos a la aniquilación, como ahora está ocurriendo. ¿Qué dice Europa ante esta terrible realidad?

Dicha durísima realidad ya ha dado lugar, ante situaciones similares, como en el caso Popovic, a deducir lo que se ha calificado como “intención genocida”, según la Convención sobre el Genocidio. Otras muchas realidades similares, que fueron recogidas en la denuncia de Sudáfrica, condujeron a la Corte Penal de La Haya a dictaminar, el 26/1/2024, “que existe una base plausible para creer que Israel puede haber estado cometiendo delito de genocidio y puede no haber impedido su comisión…”.

La realidad de la comisión del delito de genocidio está expresada con toda claridad en los tres Informes de los Relatores de la ONU. El de 19/10/2023, advertía que “Israel está llevado a cabo una campaña que está dando lugar a crímenes contra la humanidad en Gaza”, además, de un “riesgo de genocidio contra el pueblo palestino”. El de 16/11/2023, señalaba “las pruebas de la creciente incitación al genocidio ,la intención manifiesta de ”destruir al pueblo palestino bajo ocupación“. Informe que señalaba ”la profunda. ..preocupación…por la incapacidad del sistema internacional de movilizarse para prevenir el genocidio“, ”si no se aplica urgentemente un alto el fuego…“. Y, el Informe de 20 de noviembre, sobre la violencia contra las mujeres y niñas,en el que advertía de que desde el 7 de octubre, ”el asalto a la dignidad y los derechos de las mujeres palestinas ha adquirido dimensiones.. aterradoras“, expresando también ”su alarma por la retórica genocida y deshumanizadora sobre el pueblo palestino…“. 

Además, el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, también destacó el creciente discurso  “de incitación al odio y deshumanizador” contra el pueblo palestino.

Fue relevante la opinión de quien fuera Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo: “El asedio de  Gaza…. es una forma de genocidio”.

Es ya una realidad indiscutible. Las intenciones y acciones de la ocupación y destrucción de la población de Gaza reúne todos los elementos necesarios para su persecución penal y la detención de sus responsables. La condición necesaria –y ya urgente– es que el fiscal y luego la CPI abran ya una investigación formal para acreditar las conductas genocidas, iniciar el proceso penal  y, más temprano que tarde, celebrar el correspondiente juicio oral y solicitar las penas que correspondan. El sufrimiento del pueblo exige, entre otras muchas respuestas, la persecución penal de los responsables del crimen de genocidio que está cometiéndose.

Es cierto que varios Gobiernos democráticos europeos están apelando al reconocimiento del Estado Palestino. Es positivo para un futuro, pero más que insuficiente mientras permanece la agresión armada del gobierno israelí sobre el pueblo de Gaza, cada vez con más daños y de efectos más destructivos, personales y materiales. Además de ser Gobiernos que, incumpliendo sus más elementales deberes de solidaridad internacional, ninguno de ellos ha denunciado ante la Corte Penal de La Haya el genocidio que viene cometiéndose contra dicho pueblo.

Por ello, es necesario destacar el escrito presentado el marzo pasado ante el fiscal de dicha Corte por un amplio conjunto de organizaciones y profesionales bajo la cobertura de Derecho para Palestina. Escrito cuya principal finalidad es la denuncia “sobre la perpetración del crimen de genocidio por miembros del gabinete de guerra israelí”. Denuncia respaldada por una coalición internacional constituida por 15 Comisiones de Derechos Humanos, cinco Consejos de Abogados y 30 expertos de múltiples naciones, que ciertamente expresan el sentir de una gran parte de la comunidad internacional.

Comienza así: “El Estado de Israel lleva a cabo una campaña militar indiscriminada y desproporcionada contra el pueblo palestino de Gaza, que Israel ocupa desde 1967. Desde el inicio del asalto, en el que Israel ha desplegado aproximadamente 30.000 miembros de las fuerzas armadas en Gaza, Israel ha lanzado una de las campañas de bombardeos más intensas y destructivas de la historia moderna”.

“En el momento de redactar este Informe (19 de marzo de 2024), el Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de la muerte de al menos 31.490 palestinos, de los cuales el 70% eran mujeres y niños…”. “Al mismo tiempo, al menos 1,7 millones de palestinos han sido desplazados de sus hogares, lo que representa más del 75% de la población”.

Dicho Informe constituye la respuesta al llamamiento del fiscal de la Corte, de 17/11/2023, instando a “proporcionar datos relevantes para ayudar a la investigación en curso sobre violaciones del Estatuto de Roma en Palestina, incluida la guerra en curso en Gaza”.

A partir de dicho requerimiento, el Informe tiene como objeto “acreditar que las acciones y conductas de los políticos israelíes y de los miembros de las fuerzas armadas equivalen al crimen de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza”.

Los fines del presente Informe son, con pleno fundamento, “defender y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y grupos palestinos” y “acabar con la impunidad de las violaciones sistemáticas y generalizadas del Derecho Internacional en Palestina, incluido el apartheid, la violación del derecho a la autodeterminación y el genocidio”.

Dada la gran extensión de dicho Informe (260 páginas), nos atenemos a resaltar cómo se analiza, desde el presupuesto del sionismo “como una ideología eliminacionista”, su aplicación al pueblo palestino, lo que constituye una grave vulneración del derecho internacional dada su condición de “pueblo protegido” frente a cualquiera agresión exterior, como ahora está ocurriendo. Es tan evidente que, según recoge el Informe, expertos de la ONU, el 16/12/2023, “expresaron su alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora procedente de altos funcionarios del gobierno israelí…que piden la ”destrucción total“ y el ”borrado“ de Gaza y la necesidad de ”acabar con todos ellos“. Como lo expresaba, siempre según el Informe, Netanyahu: ”Nos enfrentamos a monstruos (…) Esta es una batalla no solo de Israel contra estos bárbaros, es una batalla de la civilización contra la barbarie“. Añadiendo, entre otras muchas afirmaciones similares, que la operación militar contra Gaza está justificada porque ”es una entidad hostil, separada, que debe ser eliminada“. Y el presidente Herzog, además de otros muchos dirigentes israelíes, se refirió a que la actual invasión de Gaza se mantendría hasta ”romperles el espinazo“.

Lo expuesto es solo una aproximación a dicho Informe que, a nuestro criterio, debería ser divulgado y, quizás, tomado en consideración por los Gobiernos europeos ante esa dramática y permanente realidad. ¿Cuando, alguno de ellos, coherente con sus principios democráticos, formulará una denuncia penal ante la Corte de La Haya?

Tras mis estudios en la Universidad de Granada, me incorporé a la Fiscalía de Barcelona en la primavera de 1962. Procedía de mis orígenes en Málaga, tras conocer el desastre social y económico de la posguerra y asumir un proyecto  humanista y social gracias a la influencia del gran teólogo José María González Ruiz, autor de la obra 'Creer es comprometerse'.                 

Desde mi toma de posesión, y casi de inmediato, compruebo que ser fiscal en aquel Estado no iba a ser fácil. Era perfectamente perceptible un autoritarismo en las relaciones con el fiscal jefe, franquista militante, que fue creciendo con los años. Bastaba con constatar que las Leyes y el Derecho que aplicábamos eran profundamente ajenos a los principios de una convivencia democrática.

Cada día que pasaba se comprobaban las palabras del Profesor Elías Díaz: “Los derechos humanos…. son salvajemente negados y ultrajados”. Y solo así podía ser cuando la Ley de 1941, creadora de la Brigada Político- Social –pieza esencial del sistema represivo– reconocía que así lo exigía “un Estado totalitario”.  En efecto, los ciudadanos no solo carecían de toda clase de derechos, sino que cuando pretendían ejercerlos eran perseguidos y castigados implacable y brutalmente, desde la persecución policial y la tortura hasta la pena de muerte, pasando por cárceles inhumanas.

Pero lo más inquietante era saber que compañeros fiscales de aquellos años sesenta habían participado en los Consejos de Guerra más duros de la primera etapa de la dictadura, imponiendo, por tanto, infinidad de penas de muerte. Pasado que se ocultaba.

Desde estos principios autoritarios se nos impuso un régimen profesional sobre dos bases: la limitación de la libertad de expresión –bajo el constante control de la Brigada Social– y una amenazadora exigencia de “armonía” con las fuerzas policiales represivas.

Mi dedicación profesional se concentró, especialmente, durante los primeros años, en la persecución de la tortura en los Juzgados de Guardia de Barcelona. Especialmente, desde que, con la creación del Tribunal de Orden Público en diciembre de 1963, los detenidos por la Brigada-Social, tras la permanencia en las correspondientes celdas, comenzaron a ser puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción. Momento en que algunos fiscales, siempre escasos, solicitábamos al juez el reconocimiento del detenido por el médico forense para comprobar si había huellas de haber sido torturado. Solicitud, cualquiera que fuese su resultado, que, por sí sola, ya representaba la correspondiente recriminación por el fiscal jefe.

Respecto a esta actuación profesional, debo expresar mi memoria de la gran obra de Tomás y Valiente 'La tortura en España', editada en 1973.

Pasados unos años de constantes conflictos con la Jefatura de la Fiscalía, en enero de 1973 solicité el procesamiento  de un jefe de Policía de Manresa por un delito de detención ilegal de un funcionario de Correos, a quien se atribuían unas pintadas consideradas  subversivas. Procesamiento acordado por el juez Antonio Doñate. De forma casi inmediata, el entonces fiscal general me obligó a retractarme de aquella solicitud y dicho procesamiento fue dejado sin efecto. 

Actuación que precipitó la ya decidida expulsión a la Fiscalía de Huesca, por mi “obstinada actitud” y mi “actitud contestaria y decidida simpatía con doctrinas en abierto divorcio con el espíritu del Movimiento Nacional”.  Se cerraban once años de un activo compromiso por los derechos humanos.

Durante mi permanencia en Huesca, ya en 1975, fui igualmente advertido por mis superiores, con el habitual tono de  reproche, a causa de mis actuaciones a favor de los recluidos en el Centro Penitenciario de Psicópatas de dicha ciudad, dado que las denuncias formuladas por algunos de ellos expresaban  las graves deficiencias del sistema y, particularmente, de su asistencia médica. 

Mi compromiso por un Estado democrático y pleno reconocimiento de los derechos y libertades, además de una sociedad más justa e igualitaria, determinó, en el verano de 1968, mi compromiso, junto a otros compañeros, de incorporarnos al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Lo que hicimos tras  los contactos pertinentes y clandestinos con su secretario general, Gregorio López Raimundo. La clandestinidad se mantuvo rigurosamente hasta la vigencia de la Constitución. Fue un compromiso para mí fundamental en la lucha por una sociedad más libre y más justa.

Paralelamente, un amplio grupo de jueces, fiscales y secretarios judiciales, en el citado año, constituimos el grupo, igualmente clandestino, de Justicia Democrática², que perduró hasta principios de 1977. Grupo de gran actividad en todo el Estado que, desde entonces, fue una referencia en el frente de organizaciones y partidos demócratas antifranquistas. Fue una expresión de la “irritación” que nos provocaba el “desprecio” que veníamos soportando del Gobierno franquista. Lo que determinó el “despertar de ciertas conciencias” y los “gritos” de “voces que nunca se oyeron”. Entre sus fundadores se encontraba nuestro admirado juez Josep Peré Raluy, de quien López Raimundo dijo: “Era un activista destacado de Justicia Democrática y militante del PSUC…”.

La concepción del Estado al que aspirábamos y por el que luchábamos quedó reflejado en los tres textos publicados en 1971, 1972 y 1973. Por cierto, impresos en la Abadía de Montserrat dada la excelente relación que, entonces, algunos de nosotros, manteníamos con el abad Cassiá Just. Este dato, a mi juicio, expresaba la gran proyección de nuestra organización y su plena sintonía con los espacios más amplios del antifranquismo.

Me parece oportuno destacar el inicio del folleto de 1971: “El Poder judicial ha sido utilizado descaradamente para santificar ciertas medidas arbitrarias”. Texto que podría complementarse con el expresado en el folleto de 1972: “La repulsa hacia un régimen de gobierno que hace posible y protagoniza la arbitrariedad, negación del Derecho y de la Justicia”.

Y, ya durante la Transición, fue más que preocupante, como expresión de una de sus debilidades institucionales, la práctica impunidad de los asesinatos cometidos por las fuerzas policiales y los grupos de extrema derecha, exactamente –con un grado  mínimo de error– de 97 personas (entre el 1/1/1968 y 31/12/1978).

Y otro dato relevante de dichas debilidades, muy relevantes en la magistratura, fue la complacencia de una parte significativa de ella ante actuaciones represivas y manifiestamente ilegales de la dictadura. Por ejemplo, las 48 sentencias de la Sala de lo Militar del TS rechazando los recursos de revisión –y consiguiente nulidad– de las correspondientes sentencias dictadas por Consejos de Guerra durante el periodo más violento de la dictadura, que imponían penas de muerte, con el consiguiente fusilamiento de los condenados³. Ciertamente, concurrieron votos minoritarios a favor de la estimación de los recursos. El  más destacado de ellos fue el que apoyó la anulación de la sentencia que, en 1962, condenó   a muerte al dirigente comunista Julián Grimau, expresado así: “La condena fue un acto estremecedor para la conciencia jurídica… la condena fue un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el Derecho..”.

Y qué decir de los jueces y fiscales, miembros del Tribunal de Orden Público (TOP), que desde diciembre de 1963 hasta 1977 continuaron cumpliendo la función de los Consejos de Guerra, es decir, la represión –con las consiguientes penas de prisión– de todos los derechos y libertades democráticas. Jueces antidemócratas y represores que, sin exigirles la más mínima responsabilidad por los delitos de prevaricación y otros que habían cometido, se incorporaron con toda naturalidad a los Tribunales y Fiscalías olvidando su activo compromiso con el fascismo y la represión⁴. 

La huella de aquella desmemoria continúa vigente.

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¹La reciente Proposición de Ley que han formulado  PP y Vox en la Comunidad de Castilla-León, respecto de lo que denominan una “ley de concordia”, otorga una plena justificación a esta reflexión. Al constatar que, al referirse a nuestro pasado histórico, omiten toda referencia a la Segunda República, el Golpe militar de 1936, la  Guerra Civil y, por supuesto  la Dictadura franquista. Y, más aún, menosprecian las víctimas de la dictadura. Concretamente, la “muerte de 130.727 españoles, durante la guerra e inmediata posguerra”. ('La represión universal: un aparato estructurado y jerarquizado'. Cap. 4, de la obra 'Franco: La represión como sistema', de Julio Aróstegui. Flor del Viento ediciones, 2012.)

²Una amplia información sobre JD está contenida en las Pgs. 508-517 de la obra 'El Final de la Dictadura', de Nicolás Sartorius y Alfonso Sabio. Ediciones Temas de hoy, 2007.

³Una detallada relación de dichas víctimas se encuentra en las pgs. 241-244 de la obra 'Jueces, pero parciales', de los autores Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate Martin, con prólogo de Josep Fontana. Editado por Pasado&Presente,2012. Barcelona.

⁴De imprescindible conocimiento, la obra 'El TOP, la represión de la libertad (1963-1977)'. Juan José del Águila Torres. Ediciones GPS                                       

“Fernández Guaza reconoce sin titubeos y mirando a los ojos ser el hombre que disparó a Arturo Ruiz en aquella manifestación de enero de 1977 en la que el escuadrón fascista irrumpió al grito de ”¡Viva Cristo Rey!“.

—[Ruiz] me tiró una piedra. Agarré la pistola y le pegué al corazón. De mala leche. [...] ¿Arrepentimiento? Está usted hablando con una persona que nunca se ha arrepentido de nada“. Palabras del autor del asesinato de Arturo Ruiz, expresadas en el curso de una visita al mismo en su domicilio en Buenos Aires por dos periodistas del diario El País. 

Ello, ya por sí mismo, expresa el fracaso de la Justicia española en la investigación y persecución del autor de dicho asesinato, en plena transición de la dictadura a la democracia. Dos diligentes periodistas sustituyen lo que debían haber realizado –y no lo hicieron– el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sumario 28/1978). Es gravísimo. Sobre todo, cuando es un juzgado de competencias muy relevantes por razón de los delitos de los que conoce y cuando dispone de recursos más que suficientes para afrontar la persecución de delitos de la máxima gravedad. Hasta el punto de dejar transcurrir 46 años desde la comisión de tan gravísimo delito.

Pero dicha noticia se produce tres meses después de que dicha Sala dictase, el 28 de julio de 2023, un Auto relativo a dicho proceso, a instancia de familiares de la víctima que solicitaban “la reapertura de las diligencias”. La instancia fue denegada. El tribunal alegó, entre otras razones, que el 13 de enero de 2000 se dictó “auto de sobreseimiento libre de las actuaciones contra José Ignacio Fernández Guaza por prescripción”. Añadió que en este caso no es aplicable la Ley de Memoria Democrática porque “no está acreditado que la muerte del hermano de los recurrentes fuera una actuación terrorista” y, por tanto, “imprescriptible” y “tampoco está acreditado en autos que dicha muerte fuera debida o como consecuencia de la dictadura franquista”. La reapertura de las diligencias fue, en consecuencia, rechazada.

El Auto en cuestión solo está firmado por dos de los magistrados –Vieira Morante y Gutiérrez Gómez–, ya que el magistrado De Prada Solaesa emitió un voto particular absolutamente discrepante con la posición mayoritaria. Alegó, por una parte, que dicho crimen se produce en el marco de una “violencia política sistemática” por “miembros de un grupo criminal armado con conexiones con las fuerzas de seguridad del Estado” para “impedir cualquier avance democrático, generando terror en la población”. El magistrado De Prada consideró además plenamente aplicable a dicho asesinato la consideración de “violación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” y, por tanto, plenamente aplicable la Ley de Memoria Democrática, en particular, el apartado 3 del art. 2 de dicha Ley, que declara “imprescriptibles y no amnistiables” delitos como del que fue víctima Arturo Ruiz. Señaló asimismo que debía haberse “dado cuenta” de dicho proceso a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La posición mayoritaria del tribunal, además de su erróneo razonamiento, expresa una preocupante ignorancia de lo que significó la violencia durante la transición y, en particular, durante aquel año, 1977. Prueba de ello, es que el art. 3.1 de la citada Ley incluye en el término víctimas de aquellas violaciones de derechos humanos, las que se produjeron “hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, disposición que desde luego afecta a Arturo Ruiz. Máxime si se tiene en cuenta el enorme alcance de la violencia producida durante ese período. Entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978, estos son los datos de las víctimas mortales por actuaciones policiales o por personas o grupos ultraderechistas: las primeras fueron 82 y las causadas por la ultraderecha, 21, es decir, un total de 103 muertes. La mayoría de esos actos de violencia no fueron debidamente perseguidos ni sancionados. ¿Quién puede negar que esta dramática realidad era la expresión de una continuidad más o menos encubierta de la dictadura?

Estamos ante un supuesto que justifica, sin más, la intervención de la citada Fiscalía –arts.28 y 29 de la referida Ley– para que el Estado “garantice el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos” durante el periodo, ya referido con anterioridad ,“que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española”. Resulta inaplazable que el Juzgado de Instrucción competente sea requerido por dicha Fiscalía para la práctica de las diligencias en orden a la detención del autor de dicho crimen y posterior entrega a las autoridades españolas de conformidad con el Convenio de Extradición y Asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina firmado el 3 de marzo de 1987 y publicado en el BOE el 17 de julio de 1990.

En este caso, es obligado que el Estado español, por la memoria y respeto que debemos a Arturo Ruiz y sus familiares, responda dando pleno cumplimiento al “derecho a la justicia”. Ahí estarán siempre las palabras de Tomás y Valiente: “Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos y sería pernicioso que muchos los dieran”.

Los demócratas no pueden votar a Feijóo.

Las razones son múltiples dados sus antecedentes ideológicos profundamente reaccionarios.

Pero ha superado todas las líneas cuando hace unos días expresó su pensamiento y actitud ante la tragedia que vivió España bajo la Guerra Civil y la dictadura franquista. Juicios y conclusiones de muy escasa categoría intelectual que expresaban su identificación moral y hasta emocional con el fascismo que se implantó en nuestro país desde el golpe militar de julio de 1936.

En una entrevista, se negó a reconocer a las víctimas del franquismo y habló de “personas que murieron en la guerra de los dos bandos”. Y que “España no vive de lo que pasó hace 80 años”.

Comentarios impropios de un dirigente político de cualquier signo, pero aún más graves en boca de quien pretende gobernar España, y que generan un verdadero pánico.

Ambas consideraciones expresan, sin la menor duda, una sintonía y hasta apoyo al golpe militar fascista de 1936 y, desde luego, un desprecio a las víctimas de dicho golpe y de la violenta dictadura impuesta el 1 de abril de 1939 hasta 1975.

Es inadmisible que un candidato a la presidencia del Gobierno de nuestro Estado democrático se refiera con ese desprecio y tono humillante a los ciudadanos que sufrieron la persecución y represión por un Gobierno fascista soportando torturas, crueldad, juicios militares nulos y hasta fusilamientos, con una reparación, la mayor parte de ellos y sus familiares, aún pendientes. Cuando, además, el candidato Feijoo se atreve a desconocer o infravalorar los sufrimientos impuestos por dicho Gobierno durante los últimos 80 años. Ignorando los impuestos a tantas miles de personas que luchaban por la recuperación de la democracia. ¿O es que, señor Feijóo, le resultan intrascendentes o ajenos el fusilamiento de Julián Grimau, los crímenes de Atocha o el asesinato, en 1980, de Yolanda González?

Por todo lo anterior, ningún demócrata puede dar este domingo su voto a este personaje y todo lo que él representa.

Este escrito procede de una colaboración en una obra colectiva publicada en 1977 con el título 'Los homosexuales frente a la Ley'. Ley 16/1970 “sobre peligrosidad y rehabilitación social”, que incluía entre los calificados como de “estado peligroso” a quienes “realicen actos de homosexualidad”. Ley vigente hasta principios de 1979.

Describo mi respuesta a la primera pregunta de una larga entrevista: la homosexualidad no es peligrosa para la sociedad. Es sólo una expresión de los impulsos sexuales humanos que, por razones diversas, toma un rumbo distinto a los que la sociedad dominante entiende como normales. Y esta diversificación de los impulsos sexuales -homo y heterosexuales- no debe ser calificada de “peligrosa”, pues no es sino la expresión, que debe ser respetada, de las formas de relaciones afectivas. La prohibición y/o la persecución de la homosexualidad es imponer al hombre o a la mujer un 'corsé histórico', contrario a la riqueza de la evolución histórica y a la espontaneidad y capacidad creadora del ser humano. Es inaceptable la oposición a dichas relaciones sexuales cuando la máxima expresión de la relación heterosexual, el matrimonio, ha sido el gran instrumento para sojuzgar a la mujer, víctima de toda clase de humillaciones y violencias.

Quienes atribuyen a las personas -hombre o mujer- homosexuales ciertas dimensiones de anormalidad, carencias o deficiencias psíquicas están rotundamente equivocados. Además, favorecen una hostilidad ambiental, absolutamente rechazable. La relación homosexual, al igual que la heterosexual, favorece el desarrollo afectivo, somático e intelectual de ambas partes. Pero, incomprensiblemente, aún persisten personas e ideologías -lo estamos comprobando estos días- que mantienen una irracional y reaccionaria oposición a la plena legitimidad y legalidad de la homosexualidad. Posición propia de una moral burguesa y reaccionaria que, incomprensiblemente, aún persiste en círculos políticos y sectores sociales que se mantienen fieles a los principios propios de la Ley franquista de 1970. Parecen continuar fieles a las posiciones, ya superadas, de los Tribunales que, en aquellas fechas, expresaban un “rechazo profundo” a la homosexualidad, “acentuando su marginación”, lo que generaba en ellos y ellas “una carga de resentimiento y de temor”.

Lo que es muy preocupante, cuando resulta evidente que la homosexualidad y su expresión pública ha adquirido plenamente carta de ciudadanía. Y concluyo con mi respuesta a esta pregunta: ¿Una asociación homosexual, al estilo del 'Front d’Alliberament Gay' de Barcelona, sería asociación ilícita de acuerdo con el art. 172 (del C. Penal)? “Creo que hoy, por las particulares circunstancias que estamos atravesando, los órganos jurisdiccionales o administrativos carecerían de fuerza suficiente para perseguir ese tipo de manifestaciones. Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la moral dominante, sobre todo en lo que afecta a las relaciones afectivas y familiares, a la vez que crece una nueva sensibilidad hacia formas de comportamiento y relaciones interpersonales que, cualquiera que sea su contenido, son dignas de respeto si están presididas por el respeto mutuo y la comprensión recíproca que garantiza la autonomía de la personas y su realización personal (…)”.

Dicha entrevista concluía con una rotunda crítica y descalificación de la entonces aún vigente Ley franquista de Peligrosidad, que, con una total ausencia de garantías jurídicas, sancionaba con privaciones de libertad en centros penitenciarios a los y las homosexuales. “Es un proceso inquisitivo a las intenciones, a las tendencias de ciertos individuos, que choca con los principios de un Derecho penal democrático” .

Hace unos días tuve la satisfacción de firmar un Manifiesto “por una Barcelona que abre camino”. En él, se dice que “Barcelona se ha enfrentado a las resistencias de grandes poderes económicos, que han promovido campañas de desprestigio y estrategias de lawfare”. Es decir, entre otras ofensivas, denuncias falsas, por supuestos delitos, ante el poder judicial.

Ante esta realidad, debe hacerse constar, previamente, que cuantas denuncias se han formulado contra la alcaldesa en la Fiscalía de Barcelona, todas fueron archivadas porque los hechos denunciados carecían de relevancia penal. Es un dato muy significativo. Por otra parte, para situar el análisis de forma próxima al momento actual, recordemos lo que expresó un prestigioso diario el pasado 15 de abril: “La inmobiliaria Juninmo ha interpuesto la decimotercera querella contra Ada Colau”. El volumen de denuncias y querellas, infundadas, que la alcaldesa viene soportando describe un panorama muy preocupante que solo pretende trasladar al ámbito penal las discrepancias sociales y/o jurídicas con la rigurosa y eficaz gestión municipal. Gestión que tiene como eje fundamental la humanización de la ciudad y la mejora de los servicios sociales, especialmente respecto de los más vulnerables. Fines que, evidentemente, no comparten oscuras asociaciones denunciantes (como ATCD), fondos de inversión y empresas inmobiliarias.

Ello conduce a que aún persistan procesos penales abiertos en los Juzgados de Instrucción nº 18, 21 y 26. Pero preocupa especialmente la causa penal pendiente en el último de ellos, que tiene como objetivo denunciar y paralizar las obras generadas por la transformación de vías esenciales de Barcelona, conocidas como “Superilles”. Es muy significativa de la falta de rigor económico y jurídico de quienes se vienen oponiendo a dicho proyecto urbanístico. Así se deduce, con toda evidencia, de la resolución que adoptó el Juez de lo Contencioso nº 16 de Barcelona, el 28/julio/2022, rechazando las pretensiones de suspensión de dichas obras por la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida. 

Razonaba así: “Las alegaciones de la entidad recurrente para justificar la solicitud no pueden ser acogidas, pues no cabe olvidar que es la administración demandada quien a través de su actuación encarna el interés público, sin que resulte admisible una paralización ad cautelam de las obras so pretexto de preservar a la propia Administración del coste que supondría la reversión en caso de declararse contraria a derecho su actuación. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i LLeida no puede pretender erigirse en defensora de un hipotético interés general en base a unos hipotéticos perjuicios que, más  allá de las alegaciones, no se concretan. En el presente caso, la actuación de la Administración persigue una finalidad pública como es la mejora urbanística de la zona sin que resulte debidamente acreditada la concurrencia de circunstancias que permitan excepcionar el principio de ejecutividad de los actos administrativos”. Concluyendo que ante este supuesto “prevalece el interés público”.

Ante resoluciones de este alcance, ya es hora de que los referidos denunciantes -profesionales e inmobiliarias- cesen en el constante y repudiable acoso que mantienen contra la actual alcaldesa, que ha actuado siempre al servicio de los ciudadanos para que prospere su vida personal, familiar y colectiva. 

El preámbulo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (4/2015) pretende que bajo ese enunciado los “derechos y libertades” no sean “meras declaraciones formales” y asegurar el ejercicio de los mismos frente a los que denomina “diversos fenómenos ilícitos”. Todo, en nombre de ese concepto tan indefinido como peligroso para la democracia como “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Para garantizarla, todo vale. A tal fin, se fortalece la capacidad intervencionista de la policía, se restringen expresa o tácitamente derechos ciudadanos y se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas. Asimismo, se agrava la potestad sancionadora con multas que representan, finalmente, una mayor presión sobre los ciudadanos, ya que su impago genera el inmediato embargo de los bienes. Convirtiéndose uno de los fines esenciales de la ley en uno tan impreciso y de estricta valoración policial como “la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Entre las amplísimas potestades de la policía se incluye, cabe destacar, la facultad para la identificación de personas en funciones de “indagación y prevención delictiva” que valorará a su libre criterio el agente de turno, quien podrá decidir, respecto de aquellos ciudadanos que no logren identificar, su traslado temporal a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación por un periodo no superior a seis horas. Es decir, para un trámite administrativo se admite, contra todos los principios democráticos, la detención. Pero, para hacer frente a esta apreciación tan evidente como grave, la ley pretende justificarla cuando establece que “las diligencias (policiales) de identificación, registro y comprobación… no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención”. Con este mismo presupuesto, radicalmente ilegítimo, se regula la inmovilización de una persona a fin de proceder a un “registro corporal externo” que, más allá de los principios enunciados de “injerencia mínima” y de respeto a la “intimidad y dignidad de la persona afectada”, permite practicarlo “en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros”. ¿Dónde? Porque la ley no lo precisa. ¿Y cuáles son los límites de las “medidas de compulsión indispensables” aplicables a quien se niega a ser registrado corporalmente? Todo ello representa la institucionalización de la arbitrariedad policial frente a una ciudadanía libre.

Ante el régimen de detenciones policiales que regula la ley, se advierten riesgos de que puedan producirse en términos legales “detenciones arbitrarias”. Es ya norma de la comunidad internacional impedir que se produzcan tales detenciones. Así quedó de manifiesto el 25 de mayo de 2012 en un comunicado del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en aquella fecha envió un comunicado al Gobierno de España advirtiendo de que un determinado inmigrante o refugiado pudiera haber sido objeto de una detención arbitraria al carecer de tiempo suficiente durante la detención para entablar “un recurso administrativo o judicial”. Requerimiento que el Gobierno español no atendió, considerándose la detención en litigio como arbitraria.

Resultan muy preocupantes, por excesivas, las facultades policiales de “restricción del tránsito y controles en las vías públicas” ante un supuesto tan vago e impreciso como que concurran “indicios racionales” de que pueda producirse una “alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia”. Ya que, desde estos presupuestos, pueden “limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos” con la consiguiente coerción sobre las personas y el pacífico desarrollo de la vida ciudadana y del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. Medidas que se complementan con otras que permiten el control de dichos derechos para un objetivo tan indeterminado como “impedir que se perturbe la seguridad ciudadana”.

Las disposiciones anteriores tienen un complemento muy expresivo del carácter autoritario de la ley. La interpretación absolutamente extensiva del concepto de autor de la conducta infractora que alcanza no solo a los “organizadores o promotores” sino a todos aquellos que en el curso de los hechos, especialmente reuniones o manifestaciones, presidan, dirijan, hagan declaraciones o porten lemas o banderas, etc. y todos aquellos que “pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas” reuniones o manifestaciones. Representa la creación de un clima de culpabilidad difusa. No cabe más inseguridad jurídica.

Capítulo aparte merecen las infracciones administrativas sancionables. Pasan de las 19 previstas en la ley de 1992, a 44 muy graves, 23 graves, y 17 leves, es decir, que se amplían enormemente, decisión tendente a crear un agresivo clima de coerción e intimidación a la ciudadanía. Las infracciones, con independencia de sus matices y salvedades, expresan un cuadro realmente amenazador para una convivencia democrática. Y representan el gravísimo retroceso que el Gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o rechazo a las medidas abusivas y antisociales que se adoptan de forma continuada.

Hay infracciones, como la calificada de grave, consistente en la “perturbación de la seguridad ciudadana” en cualquier clase de acto público, que, sin excesos, representa la culminación de la incertidumbre en la definición de una conducta sancionable, con una multa que puede alcanzar los 30.000 euros. En un país donde el SMI es de unos 650 euros. O, de forma similar, la infracción consistente en “la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita”. O la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca durante reuniones o manifestaciones ante las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas, “aunque no estuvieran reunidas”. Constituye una infracción carente de todo sentido. ¿A quién se perturba? ¿A quién se coacciona? A nadie.

Y, finalmente, están las conductas, graves o leves, que representan un acometimiento de la vida ciudadana, nunca hasta ahora sancionadas, y que bajo ningún concepto justifican que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico y aún menos que puedan ser objeto de una intervención policial. Baste citar, entre otras muchas, las siguientes: la “ocupación de la vía pública”, de “cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos”, el “incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal”, el escalamiento de edificios o monumentos o la remoción de vallas colocadas por la policía. 

En suma, estamos ante una ley que ha devaluado gravemente el valor constitucional de la Justicia, al tiempo que restringido ampliamente lo que define un Estado democrático: la capacidad de los ciudadanos para controlar los abusos del poder. Lo que lleva a discutir seriamente, como ya se acreditará, su evidente inconstitucionalidad.

Es necesaria una cita expresa de la siguiente disposición final de dicha ley, que dice lo siguiente: “Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla. 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla (…) podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Lo que impide, de forma arbitraria y lesiva de sus derechos fundamentales, la aplicación de la “normativa internacional”, garante de los derechos humanos.

Dicha disposición no se ajusta, pese a los argumentos que se esgrimen, a los principios que deben regir el tratamiento de los inmigrantes y refugiados que acceden a territorio europeo. Así lo estableció el Convenio de Ginebra de 1951, en cuyo preámbulo se dice: “Dado el carácter social y humanitario del problema e los refugiados, los Estados deben hacer cuanto les sea posible para evitar que ese problema de convierta en causa de tirantez entre Estados”. El principal avance de dicho convenio fue la definición del concepto de refugiado, extensivo a cualquier forma de inmigración, pues, por ejemplo, el Tribunal Supremo, el 9 de mayo de 1988, entendió que en dicho convenio prima el criterio de la solidaridad, hospitalidad y tolerancia. Es por tanto rechazable, desde el punto de vista de dicho convenio y de los reglamentos y directivas de la Unión Europea, que cualquier persona que pretende acogerse a cualquiera de los Estados de la Unión, procedente de situaciones críticas para su persona y/o familia, no pueda acceder a territorio europeo con un pleno respeto de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Por todo ello, estimamos incompatible con los tratados internacionales y los convenios de la Unión Europea que pueda admitirse el rechazo en frontera de personas que huyen del miedo, de la represión o del hambre. Negándoseles el derecho básico de cualquier ciudadano, ante una situación crítica, a ser oído de las razones de su presencia en la frontera y de los derechos que todo ser humano en esas condiciones deben serle reconocidos.

La presente reflexión constituye, a partir de la decisión de la dirección de Ferrovial, un análisis de nuestra realidad económica y cómo articular ante ella una respuesta ciudadana pública y justa.

El presupuesto es tomarse la Constitución de 1978 en serio, tomarse los derechos de toda clase en serio. Desde este presupuesto, debe encararse una realidad socio-política, la que motiva esta reflexión –la decisión de Ferrovial–, que desestabiliza el sistema constitucional. La constituida por los abusos en la actividad económica, que perjudican gravemente al conjunto de los ciudadanos. En definitiva, la delincuencia económico-financiera, que favorece la distribución desigual de la riqueza, la pobreza, problemas ecológicos, etc.

El punto de partida debe situarse en torno al concepto de “orden socio-económico” como bien jurídico digno de una rigurosa protección jurídica y hasta penal.

El concepto y alcance del “orden socio-económico” como valor fundamental que debe ser objeto de una protección penal ha de situarse, necesariamente, en la Constitución. En efecto, la Constitución establece un determinado modelo de “orden socio-económico”, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica, que no es otra cosa que “el marco y los principios jurídicos de la Ley fundamental que ordenan y regulan el funcionamiento de la actividad económica” (S. Martín Retortillo), que ya asumió el Tribunal Constitucional en su sentencia 1/82, de 28 de enero, al decir: “En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de ‘un orden económico y social justo”.

Criterio que define la línea de un “orden socio-económico”, característico del Estado social de Derecho, que implica el reconocimiento de “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art. 38 CE.). Sistema económico sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente sostiene Diez Picazo, no solo “preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista” sino que “origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general” (sentencia del Tribunal Constitucional 37/87, de 26 de marzo, sobre utilidad individual y función social de la propiedad privada), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. 

Desde este marco fundamental, debe sostenerse que el modelo económico constitucional está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una activa ordenación de la actividad económica por los poderes públicos con el fin de “promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54,128,129, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico. Preceptos, escasamente conocidos y, por supuesto, aplicados, como “la intervención (pública) de empresas”, “el acceso a los trabajadores de la propiedad de los medios de producción” o “equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. Preceptos que, en cierta forma, dibujan un modelo de economía solidaria y socializada. En la línea ya fijada por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que concluía afirmando que “el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libre desarrollo de todos”.

Es decir, la economía de mercado no sólo no excluye la intervención de los Poderes Públicos en la regulación de la misma sino que, como ha explicitado la sentencia del TC. 88/86, de 1 de julio, el propio mantenimiento del mercado y la garantía de la competencia impone aquella intervención pública. Estamos, pues, ante un sistema de “orden socio-económico” que el legislador debe amparar y proteger frente a aquellas conductas que lo perturban gravemente.

Como la que resulta de la decisión de la Dirección de Ferrovial S.A. de trasladar su sede de España a los Países Bajos tras fusionarse con otra sociedad, de igual denominación, constituida previamente. Una sociedad, con un capital social de 149 millones de euros y unos 24.000 trabajadores, cuya aportación fiscal a la economía española es de, aproximadamente, 40 millones de euros. Y con una presencia institucional y laboral en EEUU, Canadá, Reino Unido, Polonia, Turquía, India… Con una actividad empresarial en todos los ámbitos imaginables, aeropuertos, construcción, agua, infraestructuras, movilidad y transporte, negocios, servicios, etc. Una empresa más que, lesionando gravemente la economía española, opta por regímenes fiscales mucho más favorables, después de haberse constituido (en 1950) en nuestro país y haber progresado y extendido su actividad y su enriquecimiento gracias a la “economía de mercado” y a los correspondientes beneficios fiscales, en la etapa de la dictadura y ya en democracia. Ejemplo: su presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, que percibió en 2022 una retribución de 5,2 millones de euros, debe ser objeto de una investigación para clarificar las causas y los fines de tan grave y lesiva decisión.

Y una breve conclusión. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que el Estado asuma la propiedad pública de empresas como la expuesta? Lo sugiere la Constitución.