Sabemos que en Madrid faltan plazas escolares en los centros públicos. Hemos visto imágenes de alguno de los 18.000 jóvenes que no tienen plaza en FP. Hemos oído a madres denunciar que su hija o su hijo, entre muchos otros, no tenían una plaza para estudiar Bachillerato en un centro público. Conocemos familias que han peregrinando con el curso empezado en busca de una plaza escolar. Equipos directivos, profes, vecinos, alumnas, alumnos nos cuentan que están en aulas en las que no caben. Nos llegan testimonios de clases con 29 alumnos en Primaria, 35 en Secundaria y hasta de 47 en Bachillerato. Al mismo tiempo se cede suelo público para concertar centros que –lo sabemos– van a segregar por sexo porque unas decenas de familias lo solicitan inscribiéndose en la parroquia, como está ocurriendo en Rivas y en Parla.

Sabemos que –y ello con vergüenza y mucha indignación– en Madrid hay hambre. Hay pobreza infantil. Hemos oído a González decir que este curso habrá 52.OOO ayudas al comedor. Sin embargo, hace apenas tres años, con menos incidencia del paro que en la actualidad, 120.000 menores recibían beca. En este Madrid, todas las familias, hasta las que cobran la renta mínima de inserción, han de pagar una cuota por el comedor.

Hemos visto rastros, rastrillos, ferias, trueques de textos escolares porque dicen que tampoco hay dinero para libros. Conocemos algunas de las decenas de miles de familias, porque son gente como nosotros, que no pueden llevar a su peque a la Escuela Infantil porque las altas tasas se lo impiden. La explicación que dan el presidente de Madrid, Ignacio González y su consejera de Educación, Lucía Figar, a los medios afines es que el “gratis total” acostumbra mal y hace que la gente abuse. Quizás por eso, para no abusar –¿verdad Sr. Wert?– el curso pasado 9.956 estudiantes dejaron las aulas de las universidades madrileñas, cuyas tasas son las más altas de toda España. Mientras tanto, Figar cobra una beca por escolarizar a su hija en un centro privado de élite sin que ello constituya un abuso porque ella, según dicen, está en su derecho.

Sabemos que en 2010 recibía educación compensatoria el doble del alumnado que la recibe este curso. El número de aulas de compensación educativa se han reducido significativamente y algunos programas, como las aulas de enlace, prácticamente han desaparecido. Ni apoyos, ni refuerzos, ni programas de mejora para miles de menores y de jóvenes con rostros que cuentan historias de pérdida, de carencia, de desposesión. Sabemos –porque es de sentido común y porque lo dice la OCDE– que sin atención a la diversidad ese alumnado está condenado a la exclusión educativa, y, a la postre, social. Lejos de remediarlo, bien empezado el curso, el servicio de Inspección recibe órdenes de recontar los estudiantes matriculados o buscar centros en los que se haga algo diferente para acabar con ello, cerrar grupos y suprimir profesorado. Mientras, a pesar de la bajada de matrícula, se mantiene en muchos centros al profesorado de religión a tiempo completo para atender a un solo alumno.

Sabemos que durante los últimos cuatro años se han escolarizado en la enseñanza pública cerca de 70.000 alumnos y alumnas a la vez que se perdían 7.500 puestos de trabajo. Hay menos profesorado para más alumnado. Docentes de todas las especialidades han desaparecido de las aulas, aunque la expulsión del sistema educativo de los profesionales que atienden la diversidad ha sido la más grave, por numerosa y por su impacto en el conjunto del sistema. En las universidades madrileñas se han perdido miles de empleos al no reponerse las jubilaciones o al suprimirse contratos temporales. Se ha perdido el derecho a la formación continua y se niega, al parecer –por innecesario, dicen– el tiempo de preparación de clases o atención al alumnado y a sus familias.

Sabemos que miles de profesoras y profesores son contratados por unos pocos meses para trabajar con jornadas parciales y sin derecho a cobrar el verano mientras que, en estos cuatro años, se ha contratado a nativos de lengua inglesa sin titulación homologada, sin conocimiento del currículo y sin saber español. Y en este contexto desolador han sido nombrados centenares de asesores en la Consejería de Educación mientras se amortizan las plazas de estructura o simplemente no se convoca su reposición.

Sabemos que en Madrid no se garantiza la universalización, ni la igualdad. Nada es para toda la ciudadanía: ni la universidad, ni la FP, ni la educación infantil, ni el inglés, ni la tecnología, ni la música, ni los libros, ni la comida. La desigualdad se multiplica. Y sabemos que, de continuar esta situación, se perderán varias generaciones, como esas otras que ya están condenadas al paro, a trabajos precarios o al exilio.

La situación es –lo sabemos, todo el mundo lo sabe– de emergencia. Cada día que pasa alguien se puede estar quedando en el camino. La actuación ha de ser inminente y hay que empezar por restituir el presupuesto que se le ha arrebatado a la educación, terminando con una fiscalidad regresiva que redistribuye dando al que más tiene para quitárselo al que más lo necesita. Sabemos que hay que derogar los recortes y toda la normativa que legaliza el expolio de las arcas públicas para beneficio de los grupos económicos afines al Partido Popular.

Necesitamos auditar todas las externalizaciones y privatizaciones que se han producido; garantizar el regreso del profesorado y del alumnado desahuciado de las aulas públicas; restablecer la normalidad democrática en el sistema educativo acabando con la normativa que consagra la desigualdad entre familias, alumnado o centros.

Sabemos que es necesario rescatar la educación madrileña del uso partidista, de la codicia y de los fundamentalismos. Sí, sabemos lo que tenemos que hacer: recuperar la educación para que sea de tod@s y para tod@s.