La nueva Ley de Cooperativas aprobada por el Parlamento se aleja del impulso de un consumidor sensible que, organizado en red y cooperativamente, promueve un consumo agroalimentario sostenible, resiliente y comprometido

Cuanto más sensibles, más alejados de la solución. El olvido de un grupo de actores en el debate de una problemática no sólo deja sin voz a una parte de la sociedad, sino que omite o minimiza la defensa de unos determinados valores.

Desde su nombramiento como ministro en 2011, Miguel Arias Cañete, que ya había sido ministro de Agricultura en el Gobierno de Aznar, tenía como objetivo aprobar una ley para fomentar la integración cooperativa.

A pesar de que el sector agroalimentario tiene un peso relevante en la economía española, con un 17% del producto industrial y un 17% del empleo, generando una ocupación directa de 500.000 trabajadores, el país requería una reforma de la estructura agroalimentaria, dominada por las grandes cadenas de supermercados. El ministro, para argumentar la necesidad de aprobar la nueva Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, hizo un diagnóstico evidente: existe una gran distancia entre los precios de origen y de consumo. Según el ministro Cañete, la causa del problema era la ausencia de cooperativas agroalimentarias potentes y con capacidad de facturación.

Desde el punto de vista económico, en el contexto de un mercado global y bajo la visión de la gran cadena de valor que se articula en torno a la competitividad, la medida legislativa aprobada por el Gobierno era un instrumento para mejorar el papel de las cooperativas agroalimentarias.

La aprobación de la Ley tuvo un buen consenso en el sector agroalimentario y en el arco parlamentario, con lo que se podría hacer una lectura positiva de la política pública implantada. A pesar de ello, y haciendo un análisis orientado al consumidor y no únicamente al productor, se detecta que la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa ha obviado una parte de la visión del problema, silenciando a un grupo de actores.

Si el consumidor, además de preocuparse por la calidad y el precio del producto que adquiere, se pregunta por el beneficio local –tanto económico como social– que comporta su consumo o por el impacto medioambiental que ha provocado el transporte o por la responsabilidad social del producto, el problema de la reforma de la estructura del sector cooperativo se hace más complejo. No olvidemos que algunos estudios indican que la media recorrida por los productos agroalimentarios antes de su consumo supera los 5.000 kilómetros , con la consecuente desvinculación entre consumo de proximidad y desarrollo económico-social local y, también, con el impacto medioambiental que causa su transporte.

Bajo este gran abanico de consumidores concienciados con otros aspectos que no son los priorizados en la gran cadena agroalimentaria, podemos distinguir distintos grados de involucración y, todos ellos, se aproximan a los valores que promueven los circuitos cortos de comercialización. El consumo de proximidad se centra en la desintermediación, en el conocimiento en torno al producto de consumo, en el compromiso con el desarrollo social y económico local del productor, en el impacto medioambiental de su comercialización, etc. Para conseguir abastecerse de estos productos, algunos consumidores sensibles, a través de los grupos de consumo, se organizan en red –con las TIC como facilitador– para contactar directamente con el productor que prioriza los valores mencionados y organizar la compra colectiva. Además, toman las decisiones en asambleas y en base al modelo cooperativo: cada persona, un voto. Con seguridad, no son el grupo más numeroso de consumidores pero sí muy significativo por sus valores. En Barcelona, por ejemplo, hay más de cincuenta grupos de consumo agroalimentario, en el año 2010 eran sólo 36.

En definitiva, podemos observar un claro distanciamiento de los objetivos que busca la nueva Ley de Cooperativas aprobada por el Parlamento y los consumidores más sensibles a la producción agroalimentaria de proximidad. Es evidente que la nueva legislación busca concentrar el control de acción, hacer estructuras cooperativas más grandes y competitivas para, como se ha repetido insistentemente, promover la exportación. Este enfoque se aleja del impulso de un consumidor sensible que, organizado en red y cooperativamente, promueve un consumo agroalimentario sostenible, resiliente y comprometido. Él, quizá tú, ha sido el gran silenciado.