La noche de este jueves, Álex Castillo sintió un miedo muy parecido al que tuvo el 11 de septiembre de 2011. Barack Obama anunciaba su esperada acción ejecutiva en materia migratoria a través del televisor del Búnker, un refugio en el que conviven un grupo de seis exmilitares estadounidenses deportados en Tijuana. “Aquel día supe que iría a la guerra de Afganistán para participar en la operación Libertad Duradera. Hoy sé que no tengo posibilidades de regresar a mi país”. La decepción se aprecia en su rostro. Comparte indignación con una mujer separada por una frontera de sus hijos no puede reprimir sus lágrimas al escuchar los requisitos de la nueva reforma. El presidente se ha olvidado de ellos.

Entre cuatro y cinco millones de personas sin papeles en Estados Unidos (de los más de 11 que residen irregularmente en el país), podrán vivir sin temor a ser deportados gracias a este decreto presidencial, al menos de manera temporal. Pese a que la noticia ha sido difundida con una buena dosis de optimismo y júbilo por los medios de comunicación internacionales, son varias las organizaciones de derechos humanos que han llamado a la calma. La respetada ACLU (American Civil Liberties Union) emitió un comunicado en el que manifestó que las medidas no son una solución completa a los problemas que afectan al sistema. “Estamos muy preocupados por los derechos de los seis millones de inmigrantes no beneficiados”.

Obama no está ofreciendo ciudadanía ni permiso de residencia. Solo salvará de la deportación a quienes puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante cinco años de manera ininterrumpida, tengan hijos ciudadanos o residentes legales, carezcan de antecedentes penales y se comprometan a poner al día el pago de impuestos. Quien reúna todas estas condiciones en conjunto, podrá “salir de las sombras y hacer todo conforme a la ley”.

Por lo tanto, quedan excluidas todas las personas que hayan sido expulsadas (ya que tienen un delito migratorio en su expediente), o que estén fuera del país en estos momentos. Este es el caso de Mariela, migrante guatemalteca madre de dos niños ciudadanos estadounidenses que, al llevar un año en Tijuana tratando de obtener un permiso para poder regresar, no cumple las exigencias del plan. Tampoco podrá acogerse a la nueva medida Emma, que fue extraditada por una falta migratoria menor pese a que su hijo logró naturalizarse tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense. Son las situaciones que pretende corregir la nueva reforma migratoria de Obama a partir de ahora.

Human Rights Watch ha documentado cómo un número significativo de padres de niños ciudadanos estadounidenses -unos 100.000 en los años 2011 y 2012- son expulsados y criminalizados por las autoridades migratorias. Muchos de ellos podrían haber calificado para la “deportación diferida” (detener el proceso hasta que se emita una resolución definitiva, teniendo en cuenta el vínculo familiar), cuando estaban todavía en los EEUU, como Mariela y Emma. Sin embargo, el plan anunciado por Obama no solucionará este tipo de casos.

Aunque la Casa Blanca defiende que más de cuatro millones de personas podrán permanecer legalmente de forma temporal, las voces escépticas temen que la limitada y estricta lista de requerimientos reduzca considerablemente el número de beneficiados. El requisito de tener hijos nacidos o ciudadanos excluye, de manera indirecta, a quienes no tengan descendencia, independientemente del tiempo que lleven residiendo en el país.

En su anuncio, Obama tampoco ha concretado qué sucederá con los trabajadores del campo, pilar de la economía agrícola en estados como California, o si se abrirán alternativas de regreso para algunas de las aproximadamente dos millones de personas que han sido deportadas en los últimos seis años.

Los verdaderos agraciados serán los dreamers, jóvenes sin documentación que han crecido en Estados Unidos como ciudadanos de segunda y que luchan por continuar estudiando con papeles en regla, a quienes se extenderá hasta los tres años el permiso del programa de Acción Diferida (DACA), que otorga una estancia temporal renovable. Sin embargo, no se podrá regularizar la situación de sus progenitores, a pesar de ser una de sus principales demandas.

Por el contrario, parece que el gobierno norteamericano sí atenderá las peticiones del sector empresarial de Silicon Valley -y del propio Mark Zuckerberg- y facilitará la permanencia en el país de los graduados de alta cualificación, licenciados y empresarios, para que así contribuyan al desarrollo de la economía. “¿Somos una nación que educa a los mejores y más brillantes en nuestras universidades solo para enviarlos a casa para crear empresas en los países que compiten contra nosotros? ¿O somos una nación que fomenta que se queden para crear trabajos, empresas e industrias aquí en Estados Unidos?”, dijo Obama.

“Ningún hombre atrás”

Héctor Barajas, exparacaidista deportado, comparte la decepción con una dreamer mom que no puede reprimir sus lágrimas al escuchar que Obama no contempla ninguna solución para ellos. “En los últimos seis años, las deportaciones de delincuentes han aumentado hasta un 80%”, ha afirmado el presidente. En 2013, más de 95.000 personas fueron expulsadas por una falta menor (“misdemeanors”), como es el caso de muchas de las madres separadas de sus familias. En estados como Arizona, el simple hecho de tropezar con un control policial rutinario sin estar en posesión de documentación legal supone un delito migratorio que conlleva el ingreso inmediato en prisión y la posterior expulsión.

Barajas sirvió en el Ejército desde 1995 hasta 2001 y, tres años más tarde, fue deportado a México. “Cuando me enrolé en el Ejército me prometieron que me darían ciudadanía. Se basan en eso, en prometer papeles a los que no tienen”. A Castillo, que llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años, también le aseguraron que podría regularizar sus documentos y recibir beneficios si se alistaba: “Me prometieron una beca de 30.000 dólares para la universidad pero nunca la vi. Te prometen muchas cosas solo para convencerte”. La oficina de reclutamiento del Ejército suele buscar nuevos integrantes en los barrios latinos y con población migrante, tratando de llamar la atención de los jóvenes sin documentos.

Muchos de los veteranos de guerra sufren síndrome de estrés postraumático cuando vuelven a la vida civil. Los problemas de inadaptación en ocasiones terminan por empujarlos a cometer delitos que derivan en deportación, por lo que dejan de recibir la atención médica necesaria. La última decisión de Obama cierra la puerta a cualquier opción de regresar al país por el que lucharon.

Aumento de “seguridad” de la frontera

Barack Obama incluye en su decreto presidencial el aumento de la seguridad en la frontera sur, una condición que ya formaba parte del proyecto de reforma migratoria impulsada por un grupo de 68 congresistas demócratas, republicanos e independientes que finalmente fue bloqueado en la Cámara de Representantes (de mayoría conservadora) en 2013. Esta medida dará prioridad a la expulsión de personas con delitos graves al mismo tiempo que agilizará el retorno de aquellos que sean interceptados tratando de llegar al país de forma ilegal. “Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, acaban de aumentar las posibilidades de que lo capturen y envíen de regreso”, puntualizó.

El presidente estadounidense afirmó que se reforzará a las fuerzas del orden público con la intención de que puedan detener los cruces, lo que para ACLU “se traducirá en más militarización en las comunidades fronterizas del Suroeste, sin aumentar las medidas de rendición de cuentas para la Aduana y Protección Fronteriza, la fuerza policial más grande y más peligrosa de la nación”. Border Angels, organización humanitaria de San Diego (California), tampoco se ha mostrado de acuerdo con el incremento de la vigilancia y las medidas de seguridad en la frontera. “Más valla y más 'migra' solo se traducirá en más muertes y más negocio para las mafias”, aseguró su fundador, Enrique Morones.

Esta medida, insuficiente para algunos y motivo de euforia para otros, carece de rango de ley, por lo que convertirá el debate migratorio en el eje de la próxima campaña a la presidencia y en la bandera política de Hillary Clinton frente al Partido Republicano.

Yolanda pasó las últimas horas del 2010 desnuda en la garita fronteriza de la ciudad mexicana de Tecate, después de un encontronazo con agentes de aduanas que terminaron rompiendo su visa de turista cuando se disponía a pasar con normalidad el puesto de control. “Me tocaron en todos los lugares en los que creían que podría llevar algo escondido, me trataron como si fuera una narcotraficante”.

Una oficial le apretó las esposas con saña y en el camino al autobús de traslado a Tijuana le dislocó un hombro. Tras dos días recluida en una hedionda celda llena de mujeres de diversas nacionalidades, le dieron un papel de deportación y una expulsión instantánea a México, de donde había salido 17 años atrás. Desde entonces, no ha vuelto a ver a su hija, que se quedó en San Diego esperando que alguna de las dos regularizara su situación legal.

Elizabeth, migrante guatemalteca, y sus dos hijos también están atrapados en Tijuana desde hace dos meses. Esta madre soltera espera a obtener un visado que le permita cruzar la frontera con sus pequeños, nacidos durante los siete años que vivió indocumentada en Estados Unidos. Mientras, viven en un refugio junto a unos cuarenta hombres deportados y a otra mamá y sus tres retoños. “Después de tener a mis niños salí para ver a mi madre por última vez, que estaba muriendo de cáncer en Guatemala. Ahora no puedo regresar aunque ellos tengan la ciudadanía”.

Como ellas, miles de mujeres están siendo separadas de sus familias víctimas de las políticas migratorias, dejando a sus hijos en Estados Unidos. En México inician un proceso burocrático largo, costoso y casi siempre infructífero para conseguir un visado. La batalla legal es demasiado difícil incluso para los progenitores de ciudadanos norteamericanos, por lo que Elizabeth busca la forma de enviar a los menores a Los Ángeles para contratar a un pollero que la cruce por el desierto.

La separación forzosa de familias causa un profundo impacto en los menores, que deben salir adelante viviendo solos o con otros parientes. Las madres, por su parte, se enfrentan al aislamiento, depresión y ansiedad constantes de no estar criando a sus hijos y no tener la capacidad económica para mantenerlos adecuadamente, a lo que se suma una absoluta falta de apoyo institucional. En torno a 35 de estas mamás en situación de abandono formaron el grupo Dreamers Mom’s USA-Tijuana, que les sirve para compartir sentimientos y coordinar acciones de asesoramiento y protesta.

En Estados Unidos vive toda una generación de jóvenes en situación de exclusión y desigualdad social porque, al nacer al sur de la frontera, carecen de documentación legal. Son los hijos de migrantes latinoamericanos que llegaron al país de la mano de sus padres siendo muy pequeños. Pocos conservan recuerdos de su pasado en México o Centroamérica. Conocidos como Dreamers, han vivido toda su vida como estadounidenses y llevan años exigiendo el reconocimiento de su ciudadanía.

Los Soñadores lograron la creación del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), que les permite trabajar mientras están estudiando e iniciar durante este periodo el proceso de obtención de visado. Sin embargo, este marco jurídico se queda corto por la complejidad de cada caso concreto. Las Dreamers Mom’s luchan por su incorporación a este programa, de forma que no puedan ser deportadas mientras sus hijos sean estudiantes.

Con unas dos millones de deportaciones efectuadas durante su gobierno y dos legislaturas desperdiciadas para lograr la aprobación de la Reforma Migratoria prometida, Barack Obama ha perdido el respaldo del voto latino. Esta ha sido la principal razón del triunfo del Partido Republicano en las recientes elecciones, en las que han logrado hacerse con la hegemonía en el Senado y ampliar su representación en la Cámara de Representantes. Pese al varapalo electoral, las Dreamers Mom’s no pierden la esperanza y confían en que de una u otra forma la sociedad estadounidense superará los prejuicios raciales y la posición inmovilista de la derecha. El mismo Obama ha vuelto a prometer que realizará “acciones legislativas concretas” sobre migración antes de que acabe el año.

Compañeras en la lucha, madres en el sentimiento

Las Dreamers Mom´s comparten el miedo y el desconocimiento por el bienestar presente y futuro de sus hijos, el temor ante los peligros a los que se enfrentarán para volver a reunirse con ellos y la desesperación por el tiempo que tendrán que esperar hasta lograrlo. Muchas de ellas también tienen en común un pasado de abusos y violencia intrafamiliar, aunque ni en México ni en Estados Unidos han merecido una consideración especial por ello. Son los casos de Yolanda y Elizabeth, que hace algunos años, mientras vivían en Estados Unidos, interpusieron demandas por agresión contra su ex parejas pero que, hasta el momento, no les ha servido para que la Corte permita su reingreso en el país.

“Trabajé con visa de turista y lo calificaron como fraude. Me castigaron como si hubiera llevado drogas o matado a alguien. Mi único delito fue trabajar y sacar a dos niños adelante yo sola”, afirma Yolanda, coordinadora de las Dreamers Mom’s USA-Tijuana desde mayo de 2013 y que continúa luchando por su caso con los escasos recursos que tiene. Pero la espera se hace demasiado larga cuando ve que sus hijos están creciendo sin ella. “Yo voy a regresar con ellos, tengo que hacerlo. Mucha gente me dice que me quede, que ya son grandes, pero no me importa. Son lo único que tengo y no me voy a quedar aquí. Tarde o temprano, si no es de una manera será de otra, pero voy a regresar”.

Las leyes y trabas burocráticas son, si cabe, más duras en México, especialmente para los migrantes de origen centroamericano. Después de regresar a Guatemala para enterrar a su madre, Elizabeth tardó tres meses en atravesar México junto a sus pequeños de 4 y 6 años subidos en “la Bestia”. Durante el trayecto, fueron asaltados por un grupo armado del cártel de los Zetas que le robaron los documentos y lo poco que traían consigo.

Ya en Tijuana, se encuentra estancada en un laberinto jurídico entre tres países: tras perder sus identificaciones durante el viaje, no tiene forma de demostrar que los niños son suyos y tampoco tiene pasaporte guatemalteco ni visado de turista en México. Ahora, el principal objetivo de esta madre soltera es recuperar la documentación estadounidense de sus hijos a través del consulado de la ciudad, pero tiene miedo de que el gobierno se quede con la custodia y que ella sea deportada.

Obligada a casarse con su pollero

Gladis dejó a sus tres hijos en Guatemala y atravesó México con la esperanza de iniciar una vida mejor para ella y su familia en California. Una vez en Tijuana, fue secuestrada durante meses por su pollero, con quien terminó casándose en contra de su voluntad. Fruto del matrimonio forzado quedó embarazada de dos niñas (que nacieron en Estados Unidos por exigencia del padre), y de otros dos niños. Un largo historial de malos tratos hacia ella y los menores culminó con el secuestro de las dos pequeñas, a quienes lleva buscando doce años sin ayuda de las autoridades mexicanas.

Aunque denunció el secuestro y desaparición en numerosas ocasiones ante el DIF (Desarrollo Integral de la Familia, servicios sociales en México), procuradurías y juzgados, todas y cada una de sus llamadas de auxilio fueron rechazadas. “El Delegado de inmigración me dijo que me callara, que los extranjeros solo íbamos a molestar”. Ahora, su única opción es armarse de paciencia hasta conseguir un visado que le permita entrar a Estados Unidos, donde cree que se encuentran.

Tijuana no dispone de suficientes albergues para atender las demandas de la enorme población migrante, los Servicios Sociales no cuentan con verdaderos programas de actuación y aún existen menos recursos para mujeres y menores. La falta de planificación del gobierno mexicano para la recepción de las decenas de personas que son diariamente deportadas es claramente visible en la frontera. “Cuando me sacaron no había nadie fuera que me dijera dónde podía acudir o qué podía hacer. Llamé a una amiga que vivía en Tijuana. Gracias a ella no me quedé en la calle”, explica Yolanda sobre su reingreso a México.

Estas historias ilustran cómo las mujeres migrantes, que escapan de la pobreza y la violencia de sus países, se enfrentan a los peligros de una tierra desconocida, donde son acosadas por autoridades y grupos criminales y sufren la vulneración de sus derechos más elementales por carecer de cualquier forma de protección gubernamental.