Tal y como está el mundo, corremos el riesgo de que pasen desapercibidos relevantes asuntos de Estado y pronunciamientos judiciales que deberían suscitar conversación pública y tener consecuencias políticas. Me refiero a la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Ceuta, del pasado 11 de septiembre.

Los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2021, hasta 55 menores no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta fueron entregados a las autoridades marroquíes de forma sumaria, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido. Estas entregas fueron organizadas, con plena consciencia de su ilegalidad, por la entonces Delegada del Gobierno —representante del Gobierno central en Ceuta— y por la entonces Vicepresidenta Primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambas han sido condenadas en la referida sentencia por un delito de prevaricación administrativa.

Las entregas fueron ilegales sin ningún género de dudas. Así lo declaró ya de forma definitiva la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de enero de 2024. Se hicieron al margen de la Ley de Extranjería, que establece que para expulsar a un menor es necesario un procedimiento individualizado en el que el menor sea escuchado, si tiene suficiente madurez, y en el que se recabe informe de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Nada de esto se hizo y el Acuerdo con Marruecos de 2007, que invocaban las procesadas, solo sirve para facilitar la ejecución de una resolución de repatriación previa y legalmente adoptada, que no existió. Esta actuación habría vulnerado, además, el Derecho internacional de los derechos humanos, en concreto el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las devoluciones colectivas.

Los menores ilegalmente entregados a Marruecos habían accedido a Ceuta a través de la playa de Tarajal entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, junto con aproximadamente 15.000 personas, de las cuales unos 1.200 serían menores de edad —cifras tomadas de la sentencia penal—. Se trataba de un episodio excepcional, que se interpretó como ejemplo de una especie de “guerra híbrida” en la que migrantes y refugiados son convertidos en munición por parte de los Estados. Ahora bien, tal y como se declara en la Sentencia del Supremo —en sintonía con el Ministerio Fiscal—, la gravedad de aquellos acontecimientos no habilitó al Estado a actuar al margen de la ley, máxime cuando las entregas se verificaron tres meses después.

La sentencia del Tribunal Supremo contiene otro pronunciamiento de gran calado jurídico. Sin necesidad de saber cuál fue el destino de los menores, declara vulnerado el derecho a la integridad física y moral de los mismos (artículo 15 de la Constitución). Efectivamente, el procedimiento omitido era el cauce para garantizar los derechos de los menores. Al prescindir de él, al ser entregados sin indagar cuál era su situación o de qué infierno podían venir huyendo, no pudo actuarse de acuerdo con el interés superior del menor y se les puso en serio peligro de sufrir padecimiento corporal o psíquico.

A todo ello, la reciente sentencia penal de la Audiencia Provincial de Cádiz añade que las mencionadas devoluciones no solo fueron ilegales, sino también constitutivas de un delito de prevaricación, cuya gravedad es importante aprehender pues quien actúa ilegalmente no lo hace por descuido, sino de forma deliberada y, además, en el ejercicio de la función pública. Como explica muy bien la Audiencia Provincial, tal proceder menoscaba un bien jurídico colectivo, “el recto y normal funcionamiento de la Administración pública” y el sometimiento de la Administración a la ley, que constituye un pilar básico del Estado de Derecho.

Aunque no ha quedado judicialmente probado que las acusadas recibieran órdenes, resulta inverosímil que actuaran por su cuenta y no contaran, al menos, con el visto bueno de instancias superiores del Ministerio del Interior. En primer lugar, por la envergadura de las entregas, que se interrumpieron por intervención judicial pero que estaban previstas para muchos más niños. En segundo lugar, el Sr. Grande-Marlasca, ha venido mostrando un contumaz respaldo a la actuación ahora declarada delictiva. Por otra parte, hay constancia en la sentencia de las conversaciones entre la Vicepresidenta Primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Directora del Gabinete de la entonces Vicepresidencia Primera del Gobierno de España, Sra. Carmen Calvo, en las que consta cómo se pretendía “inventar un procedimiento que la Fiscalía pudiera admitir” o “doblar la mano a la Fiscalía”. Son, otra vez, “las cloacas” del Estado, utilizadas ahora contra menores vulnerables.

Más allá de la ausencia de reacción o responsabilidad política, resulta desalentadora la profunda contradicción del Gobierno central, que se declara dispuesto a combatir el discurso de odio de la extrema derecha, mientras en la frontera actúa al margen de la ley, tratando a menores como si fueran fardos y dando con ello un ejemplo que socava la cultura de los derechos humanos.

La trata y explotación de seres humanos es la esclavitud en el siglo XXI: captación, transporte, transferencia, uso de personas como mercancía para su explotación sexual y laboral, para la comisión de delitos, extracción de órganos o matrimonios forzados, empleando para ello medios que anulan o coartan la libertad. 

La trata y la explotación son crímenes gravísimos que hay que perseguir y castigar y, desde esta perspectiva, el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos –aprobado en el Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2022 y en fase de informes– incorpora significativas mejoras. Pero más allá de la vertiente punitiva, la trata y explotación es una flagrante violación de los derechos humanos, cuyas víctimas precisan políticas públicas dirigidas a la atención de sus necesidades de protección, asistencia y reparación. Este enfoque de derechos humanos está presente tanto en el Convenio de Varsovia como en la Directiva europea sobre trata y el Anteproyecto de Ley integral la lleva a su articulado a través del amplio catálogo de derechos que reconoce a las víctimas y la creación de nuevas figuras institucionales tendente a hacerlos efectivos. 

Pero para proteger, asistir y reparar a las víctimas previamente es necesario detectarlas e identificarlas y para ello hay que diseñar un procedimiento que permita decidir de forma fundamentada si una persona ha de ser o no considerada víctima de trata y/o explotación. Y en esta pieza clave el Anteproyecto falla estrepitosamente, proponiendo un procedimiento descuidado en lo técnico, que incurre en contradicciones, dificulta el ejercicio de derechos e incumple mandatos internacionales.  

Inexplicablemente –en contra de lo estipulado en el artículo 13 del Convenio de Varsovia–, el Anteproyecto diseña un procedimiento de identificación (arts. 24 y ss.) que no contempla el denominado “periodo de restablecimiento y reflexión”, imprescindible con frecuencia para que la víctima pueda recuperarse física, psíquica y emocionalmente y pueda valorar su situación y el camino a tomar. Prescindiendo de esta figura, el artículo 26.2 preceptúa que en el plazo máximo de 72 horas desde su detección, es decir, desde se tiene conocimiento de una persona en la que se aprecian motivos razonables para creer que es víctima de trata o explotación, la presunta víctima ha de ser entrevistada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de su identificación provisional, sin prever la posibilidad de suspensión de la entrevista, generando un elevado riesgo de revictimización. 

Cuando la potencial víctima es extracomunitaria y se encuentra en situación de irregularidad migratoria, la redacción propuesta del artículo 59 bis de la Ley de extranjería recoge una serie de particularidades. La más sorprendente, por su incoherencia, es que para estas víctimas el Anteproyecto sí contempla el periodo de restablecimiento y reflexión, sin que exista razón alguna que justifique un trato tan dispar. Y aun hay más, porque expresamente se señala como finalidad de dicho periodo que “la víctima pueda decidir si coopera con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal”. Este condicionamiento está en clara contradicción con la necesaria desvinculación entre identificación y colaboración criminal que el Anteproyecto proclama (arts. 28 y 31) y es contrario al enfoque de derechos humanos que implica atender a las víctimas con independencia de si pueden o no resultar útiles en la persecución del delito. 

El Anteproyecto crea nuevas figuras, como la Unidad Multidisciplinar de Identificación, pero no la dota de poder decisorio, por mucho que el artículo 27 afirme lo contrario. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen ostentando un papel protagonista en la identificación. Cuando, tras la entrevista, deniegan la identificación provisional, la flamante Unidad Multidisciplinar de Identificación no aparece. Frente a la denegación policial sólo procede un recurso de alzada cuyo plazo –de nuevo explicablemente– se reduce a tres días (art. 26.4), sin que en todo el procedimiento se haga mención al nombramiento de abogado, que debería producirse tras la detección, silencio que diluye el derecho a defensa y representación gratuita que el Anteproyecto proclama (art. 39).

Algunas víctimas no estarán en condiciones de hablar, tendrán miedo de los tratantes o también de la policía, particularmente cuando temen ser expulsadas. Identificar puede resultar difícil y lleva su tiempo. Pero también es frecuente que las víctimas no sean siquiera detectadas a pesar de los múltiples indicios y de haber pasado por varias instancias y las cifras oficiales indiquen un elevadísimo déficit de identificación. La propuesta de procedimiento de identificación aprobada por el Consejo de Ministros convierte en papel mojado bienintencionadas declaraciones y preceptos del Anteproyecto y las víctimas seguirán lamiéndose las heridas en la más absoluta desprotección. 

Por qué las “devoluciones en caliente” son radicalmente ilegales y vulneran los derechos humanos es muy fácil de entender. Si bien no toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, sí lo tiene a que su entrega se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que no se encuentra en una situación que el Estado español se ha comprometido a tutelar, como es el caso, pero no exclusivo, de los menores de edad no acompañados, de los solicitantes de asilo, amén de la prohibición de entrega a un país donde la persona pueda sufrir malos tratos (principio de no devolución). Si a las personas interceptadas por la autoridad española, como ocurre en las “devoluciones en caliente”, son devueltas sin permitírseles alegar su situación, sin darles la oportunidad ni de “abrir la boca”, difícilmente el Estado español podrá cumplir con el respeto a los derechos humanos al que está obligado. 

En segundo lugar, el que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan actuar por la vía de hecho, al margen de cualquier procedimiento, supone, además, una quiebra indiscutible de los principios y garantías que han de regir la actuación de la Administración en un Estado de Derecho.  Desde el momento en que las devoluciones se practican sin ni siquiera identificar al sujeto ni dejar constancia de lo actuado, difícilmente el proceder de los agentes del Estado podrá ser objeto de impugnación. Así lo entendió la Sala 3ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en Sentencia de 3 de octubre de 2017, condenó por unanimidad a España por la devolución sumaria de dos migrantes que en 2014 lograron atravesar el entramado fronterizo que separa la Ciudad Autónoma de Melilla del Reino de Marruecos. En dicha sentencia se declaraban estas prácticas contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto vulneradoras del art. 4 del Protocolo 4º, que prohíbe las expulsiones colectivas, y del art. 13 del Convenio, que consagra el derecho a un recurso efectivo. 

Ayer se conoció la Sentencia de la Gran Sala que, resolviendo la solicitud de reenvío ejercida por el Gobierno del Partido Popular y sostenida por el Gobierno socialista, afirma que tales prácticas no son contrarias al Convenio, para desolación de quienes contemplamos consternados cómo las fronteras se convierten en espacios sin derechos, ahora con el beneplácito de un Tribunal que debería velar por su protección. 

A salvo una lectura pausada de esta resolución, la nota de prensa y el resumen que el propio Tribunal de Estrasburgo ha dado a conocer genera un gran estupor. En primer lugar –y esto es sumamente grave–, porque la decisión está basada en datos falsos, es de pensar que inducidos por el Gobierno español.  Así, la Gran Sala afirma que los demandantes, en vez de entrar irregularmente saltando la valla fronteriza, podían haber solicitado asilo en embajadas o consulados, refiriéndose en concreto al consulado de Nador, cuando lo cierto es que nuestra normativa de asilo no reconoce esta vía de para la obtención de protección internacional, no reconoce el asilo diplomático.  Asimismo, se afirma que podían haber pedido asilo en la oficina de asilo situada en la frontera de Beni Enzar, siendo conocida la imposibilidad de las personas subsaharianas de acceder a ella desde Marruecos. Partiendo de estas erróneas apreciaciones, concluye la Gran Sala que los demandantes no pueden quejarse de no haber recibido una resolución individualizada, ni de no haber tenido acceso a un recurso porque de haber seguido los procedimientos legalmente establecidos –es decir, solicitar un inexistente asilo en consulado o presentar su solicitud en una oficina inaccesible– esas lesiones no se hubieran producido. “Ellos se lo buscaron”, es la aberrante conclusión a la que parece llegar, en una lógica diabólica que podría llevar a negar incluso el derecho a la vida o a no sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes (arts. 2 y 3 del Convenio) a quien se coloca en una situación de ilegalidad.  Hasta ahora Europa condicionaba la efectividad de los derechos de la personas migrantes y refugiadas a que estas accedieran a territorio, aunque se tuvieran que jugar la vida en el empeño. Según esta sentencia, ni eso. 

La resolución es firme, no cabe recurso, pero hay presentadas otras dos demandas contra el Reino de España por “devoluciones en caliente”. Esperemos que el Tribunal de Estrasburgo aproveche la ocasión para rectificar. Por otra parte, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la figura de los “rechazos en frontera”, a través de la cual se intentó dotar a estas prácticas de cobertura legal.  En cualquier caso, yo pondría el foco en el gobierno de coalición. En su mano está que el trato que damos a las personas migrantes y refugiadas en la frontera sur nos dignifique como sociedad, o, por el contrario, nos empuje aún más a la barbarie que, lejos de amenazar nuestras fronteras, está creciendo de nuevo en el corazón de Europa. 

Hace seis años, en la madrugada del 6 de febrero de 2014, un grupo muy numeroso de migrantes intentó entrar a nado en Ceuta, a través de la playa de Tarajal. La Guardia Civil se empleó a fondo para impedirlo, disparando pelotas de goma y botes de humo muy cerca de ⧿algunos testigos afirman que directamente sobre⧿ las personas en el agua, muchas de las cuales a duras penas se mantenían a flote. Además, se dispararon casi doscientas salvas de fogueo, lo que habría incrementado el pánico entre los nadadores, quienes sin duda pensaron que se trataba de fuego real. El resultado fue de quince muertos y numerosos heridos. 

Para que cualquiera pueda entender y valorar la actuación de la justicia penal, conviene recordar que, en el procedimiento abreviado aplicable en este caso, se distinguen dos fases: una primera de investigación, dirigida por el Juez de Instrucción, a quien corresponde ordenar cuantas actuaciones sean necesarias para la averiguación de los hechos y de sus autores. Terminada la instrucción, si el juez considera que no hay base para la acusación, decretará el sobreseimiento. Si, por el contrario, existen indicios racionales de criminalidad, se pasará a la fase decisoria donde otro órgano judicial, una vez practicadas las pruebas en juicio oral, decidirá la condena o la absolución.

Resulta importante subrayar que esta fase de juicio oral solo es posible si alguien ejerce la acusación, lo que puede hacer el ministerio fiscal, en defensa del interés público y la legalidad, las víctimas o perjudicados (acusación particular), o cualquier persona física o jurídica que sin ser perjudicado actúa en pro del interés social (acusación popular).

Pues bien, los hechos descritos dieron lugar a una larga y accidentada investigación a cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que, con la aquiescencia del fiscal, acordó el sobreseimiento en dos ocasiones. En ambas, la Audiencia Provincial de Cádiz dio la razón a las acusaciones populares personadas ⧿varias asociaciones defensoras de los derechos humanos⧿ y obligó a la instructora a continuar las actuaciones, reprochándole no haber desplegado la suficiente actividad investigadora, llegando a afirmar que el segundo archivo se había producido “sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos”. 

Por fin, en auto de 24 septiembre de 2019, el Juzgado de Instrucción decidió que procedía la apertura de juicio oral, reconociendo que la actuación de los dieciséis guardias civiles imputados “pudo contribuir, co-causalmente, a título de imprudencia, a la muerte por ahogamiento, concurriendo indicios sobre posible falta de proporcionalidad de la actuación desplegada por los investigados, los cuales, indiciariamente asimismo, omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar con riesgo vital”.  

A pesar de todo, el fiscal solicitó el archivo, manifestando su voluntad de no acusar. Ello dio pie a que el juzgado de instrucción, mediante auto de 29 de octubre de 2019, decretara por tercera vez el sobreseimiento, afirmando, en una errónea aplicación de la controvertida “doctrina Botín” (Sentencia del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre), que no cabe la apertura del juicio oral únicamente a instancias de la acusación popular. Desconoce la magistrada que dicha conclusión sólo procedería, según la invocada doctrina, cuando tanto el fiscal como la acusación particular solicitan el sobreseimiento, pudiendo deducirse que no existe ni interés público, ni interés particular en la celebración del juicio. 

Sin embargo, esto en modo alguno puede afirmarse en el caso Tarajal. En primer lugar, porque seis familiares de los chicos fallecidos, lejos de mostrar indiferencia o solicitar el archivo, han luchado denodadamente por personarse como acusación particular, estando impugnada la decisión del Juzgado que ⧿en un exceso de rigor formal⧿ les deniega tal posibilidad. Por otra parte, concurre un especial interés público en determinar lo sucedido, entre otras razones, por tratarse de una omisión de socorro y de unas muertes presuntamente provocadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de actividades propias del cargo. 

Difícilmente encontraremos otro caso que mejor refleje la necesidad de una acusación popular como parte plena. Como señalaba el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez en su voto particular a la referida Sentencia, la acusación popular resulta “esencial para suplir vacíos ⧿nada hipotéticos⧿ de iniciativa institucional en la persecución penal” y su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico es una elocuente manifestación de la sana desconfianza frente al ejercicio del poder, en este caso frente a un Ministerio Fiscal reacio a la práctica de diligencias y sospechosamente proclive al archivo. 

Es solo cuestión de tiempo que la Audiencia Provincial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desautoricen este último sobreseimiento. Mientras tanto permanece una amarga sensación de impunidad.

¿Qué son las “devoluciones en caliente”?

¿Qué son las “devoluciones en caliente”? Con esta expresión se hace referencia a la actuación de la Guardia Civil consistente en la entrega a las fuerzas marroquís, por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio de soberanía nacional o intentando acceder a él. Estas prácticas son habituales en las ciudades de Ceuta y Melilla, y están acreditadas a través de testimonios y numerosas imágenes como las que se pueden ver a lo largo de este artículo.

Frente a la imagen de invasión que se nos trata de trasmitir, es necesario aclarar que no son miles y miles quienes esperan a saltar las vallas, sino siempre los mismos que desesperadamente lo intentan una y otra vez.

¿Son legales?

¿Son legales? Son radicalmente ilegales. Así ya lo declaró el Defensor del Pueblo en su Informe de 2005. Dicha ilegalidad es obvia pues nuestra legislación de extranjería establece que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la custodia de las costas y fronteras interceptan a los extranjeros en la frontera o sus inmediaciones pretendiendo entrar, deben conducirlos con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución (art.58.3b de la LOEx en relación con el art. 23 RLOEx). Estas personas pueden ser devueltas pero es necesario observar unas garantías.

¿Constituyen delito las devoluciones en caliente?

¿Constituyen delito las devoluciones en caliente? Las “devoluciones en caliente” y los episodios de violencia que suelen acompañarlas pueden ser constitutivos de delito. De hecho, nada más y nada menos que el Coronel Jefe la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla está imputado por un presunto delito de prevaricación por devoluciones practicadas en julio y agosto de este año. En un proceso penal anterior sigue imputado por tales prácticas el mismísimo Delegado del Gobierno de dicha ciudad autónoma. Por si esto fuera poco, la Fiscalía de Melilla ha incoado Diligencias de Investigación Penal por los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre. Es decir, tanto los jueces como la fiscalía han considerado que tales actuaciones presentan indicios de delito.

Efectivamente, además de lesionar derechos individuales de los ciudadanos extranjeros afectados, las devoluciones en caliente lesionan un interés supraindividual de suma importancia, protegido en el delito de prevaricación: el sometimiento a la ley de los poderes públicos. En materia control de fronteras y de inmigración irregular esto significa que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de regirse por la ley y no por el libre albedrio o voluntad del guardia civil de turno, del mando militar o del responsable político en cuestión.

La huida hacia adelante hacia adelante del Ministerio del Interior

La huida hacia adelante hacia adelante del Ministerio del InteriorMuchos conservamos en la retina las imágenes de los supervivientes que en la madrugada del 6 de febrero, tras sortear pelotas de goma y botes de humo y alcanzar exhaustos la playa del Tarajal, fueron conducidos sin miramientos de nuevo a territorio marroquí. Ante la imposibilidad de negar estas prácticas, en vez de poner fin a conductas ilegales, que lesionan derechos humanos a la par que crean una pésima imagen de España y de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto a nivel nacional como internacional, el Ministerio del Interior encabezado por el Sr. Fernández Díaz, emprendió una huida hacia adelante, intentando a toda costa justificar tales prácticas.

Para ello se echó mano del concepto “operativo” de frontera. Según este concepto, cuando se accede por mar a Ceuta y Melilla, el territorio nacional a los efectos de la legislación de extranjería no comenzaría ni siquiera cuando se llega a la playa, sino tan sólo cuando se supera la línea que forman con sus cuerpos los agentes de la Guardia Civil. Si se accede a través de las vallas, el territorio nacional sólo empezaría cuando se supera la valla interior (así se recoge en el denominado “Protocolo operativo de vigilancia de Fronteras” de 26 de febrero de 2014, redactado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil). Esta tesis es jurídicamente inasumible. Los conceptos de frontera y zona territorial de soberanía son conceptos jurídicos y están regulados en la normativa correspondiente, no pudiendo quedar al albur del gobierno de turno, que obviamente no puede crear “zonas Guantánamo” de inaplicación del derecho.

Legalizando el horror: la tramposa enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Legalizando el horror: la tramposa enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana Las devoluciones ilegales y sus intentos de justificación han encontrado un contundente rechazo por parte de juristas, jueces y fiscales, sociedad civil, sectores relevantes de la Guardia Civil que muchas veces se ven obligados a actuar en contra de su conciencia, la iglesia católica, representantes de organismos internacionales, entre los que podríamos destacar por su contundencia el pronunciamiento del Comisario de DDHH del Consejo de Europa o más recientemente el de la Comisaria Europea de Interior, Cecilia Malmström, etc.

Sin embargo el Gobierno, desoyendo tantas y tan cualificadas voces, el día en que concluía el plazo de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, actualmente en el Congreso, introdujo una enmienda con la que pretende reformar la Ley de Extranjería excepcionando su aplicación en Ceuta y Melilla, donde quiere dotar de cobertura legal a las “devoluciones en caliente”. El texto de la enmienda es el siguiente: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentado el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Al respecto, algunas observaciones:

En primer lugar, el procedimiento seguido muestra el nulo talante democrático de sus promotores. Con la introducción de esta enmienda en una ley en tan avanzado estado de tramitación, se excluye la posibilidad de dictamen de órganos consultivos, la posibilidad de modificación del texto por parte los grupos parlamentarios en el Congreso y, en general, el debate jurídico, político y social de una reforma de tan hondo calado.

En segundo lugar, el texto propuesto no logrará dotar de seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil. A través de la idea de un “rechazo en frontera” el texto sigue jugando con la ficción, jurídicamente insostenible, de que las personas interceptadas en la playa, en el espacio de intervallado o ya superada la valla interior no han entrado en territorio nacional cuando sí lo han hecho de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales, por lo que no les será aplicable el “rechazo” del que habla la enmienda.

La necesidad ―recogida en nuestra actual legislación de extranjería― de observar un mínimo procedimiento para poder devolver a una persona extranjera interceptada por fuerzas de seguridad españolas, responde no sólo a unos principios éticos básicos, sino que es consecuencia también de la normativa de la Unión Europea y del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referida al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución. El texto de la enmienda resulta, pues, contrario a la normativa comunitaria e internacional.

Para entendernos, lo que el Ministerio del Interior y el Partido Popular pretenden legalizar es que un guardia civil pueda aprehender a una persona ya en territorio nacional o intentando acceder a él y entregarla por la fuerza a las tropas auxiliares marroquís, cuya brutalidad y violación de los derechos humanos más básicos está acreditada. Y que esto se haga sin ningún procedimiento, sin garantías, sin identificación, sin audiencia, sin posibilidad alguna de control de esa actuación, lo que claramente conlleva el riesgo de que se incremente, aún más, el uso de la violencia en la frontera. Entre esas personas puede haber refugiados, menores de edad, víctimas de trata de seres humanos… y el respeto a estas situaciones exige que les demos la oportunidad, al menos, de hablar. Taparles la boca es jurídicamente insostenible y constituye una infamia moral.