Durante décadas, las mujeres en España tuvieron que pelear por un derecho que nunca debió depender del coraje individual, del estigma ni de la pura resistencia. La despenalización parcial de 1985 y, más tarde, la ley de plazos de 2010 reconocieron, al fin, la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho ligado a la salud, a la autonomía y a la libertad. Lo que empezó siendo una lucha sostenida por mujeres valientes, frente al miedo y la oposición conservadora, acabó convirtiéndose en una causa colectiva que hizo avanzar a toda la sociedad. Porque cuando las mujeres conquistan libertades, la democracia se ensancha con ellas.

La ley de 2010 no solo reconoció un derecho: sacó a miles de mujeres de la incertidumbre y la desigualdad. Una sociedad decente es la que no humilla a las mujeres.

Ese es el espíritu de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno, cuyo inicio de tramitación legislativa aprobamos este jueves en la Mesa del Congreso. La modificación del artículo 43 de nuestra Constitución lo que pretende es garantizar de forma efectiva el tan luchado derecho al aborto de las mujeres. Una reforma avalada por el Consejo de Estado y coherente con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional.

Esta garantía de prestación no es un matiz técnico: es el corazón mismo de la igualdad. Significa que el Estado no se limita a reconocer una libertad, sino que asume la responsabilidad de hacerla real, viva y efectiva en cada territorio y en cada circunstancia prevista por la ley.

En pleno siglo XXI, todavía no es una facultad plena para todas ellas. Demasiadas mujeres siguen encontrando obstáculos, desigualdades territoriales y barreras silenciosas que convierten un derecho reconocido en un camino incierto. Y eso revela una verdad incómoda: los derechos de las mujeres continúan siendo, demasiadas veces, los más expuestos a la intemperie política.

La democracia no es un estado de reposo, sino un ejercicio de vigilancia constante. Ni los derechos conquistados son paisajes inalterables, ni tampoco la Constitución una pieza de museo inmutable. Todos ellos deben guiarse con la brújula del pulso social.

Creíamos haber dejado atrás debates que parecían conquistados para siempre, pero el tiempo nos está recordando que ningún avance es irreversible si no se protege con convicción democrática. Los derechos de las mujeres han sido históricamente los primeros en ponerse en cuestión cuando avanzan los discursos reaccionarios, cuando se normaliza el retroceso o cuando las instituciones miran hacia otro lado.

Los datos lo evidencian con crudeza. En 2024, solo el 21,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros públicos. El resto dependió de la red privada. 

Y la desigualdad territorial sigue siendo inaceptable. En comunidades como Extremadura no se practicó ninguna intervención en la sanidad pública; en Andalucía, apenas el 0,2%; y en Madrid, el 0,47%. En demasiados territorios (la sanidad es una competencia territorial), ejercer un derecho sigue significando desplazarse, esperar o asumir una carga añadida que nunca debería recaer sobre las mujeres.

No puede haber más o menos derechos según el código postal. No puede haber libertades a distinta velocidad.

Por eso, esta reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España puede convertirse así en el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de que Francia ya lo hiciera en 2024.

Nuestra Constitución nació para ensanchar derechos, no para contemplar retrocesos. Esa ha sido la mejor tradición democrática española: avanzar, ampliar, reparar.

Lo hicimos con la sanidad pública, con la educación, con el matrimonio igualitario, con la eutanasia. Lo hacemos ahora al reforzar un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas. Una reforma a favor de un país más decente. Más seguro. Más libre.

Defender este avance no es solo defender un derecho de las mujeres. Es defender una idea de España: la que no retrocede ante quienes quieren devolvernos al pasado, la que convierte la igualdad en ley y la dignidad en garantía.

Las constituciones hablan del alma de un país. Y hoy España tiene la oportunidad de decir, con serenidad y firmeza, que reconoce la lucha de generaciones de mujeres que abrieron camino; que lo que está en juego no es solo una prestación sanitaria, sino la capacidad de decidir, de vivir con autonomía y de ejercer la libertad sin tutelas ni retrocesos.

Me dirijo a ti, progresista, que sabes bien lo que en este país nos ha costado avanzar en derechos y en libertades. Lo sabes bien. Y sabes el valor que tiene un voto, con la justa capacidad de igualarnos a todos. Sea cual sea nuestra procedencia, nuestro barrio o nuestro salario. Sabia democracia.

Me dirijo a ti, mujer, que has soportado durante décadas ser la hija de, la mujer de, siempre pidiendo permiso para… Viviendo en silencio una aceptada disfuncionalidad social, en aquella España en la que la violencia machista, en cualquiera de sus formas, era… lo normal. Que tuviste que pelear por todo lo que un hombre ya tenía y no se le cuestionaba. Por decidir sobre tu maternidad, sobre tu cuerpo… Y que aún hoy sigues rompiendo techos de cristal. Este 23 de julio te están esperando las urnas para que defiendas la España de la paridad y la conciliación.

Me dirijo a ti, orgulloso y orgullosa de amar a quien te plazca, viviendo con valentía frente a la estrechez de pensamiento, pacífico conquistador de la patria de la diversidad. En dos días puedes proteger con tu voto a la España del matrimonio igualitario, un país a todo color frente al gris de la intolerancia.

También a ti, nacido en una familia obrera, como la mía, que pudiste, como yo, ser universitario con becas y esfuerzo, aspirar a un futuro con mayores oportunidades, reservado durante demasiado tiempo a una élite de regalados privilegios. Ve a votar para que otros tengan las mismas opciones que tuviste tú, vota por la mayor inversión de becas de la historia de la democracia.

Eres progresista si piensas que la sanidad no debe ser un bien de lujo, que todos tenemos derecho a que nos asistan cuando enfermamos sin mirar cuánto se estira nuestra cuenta bancaria

Y a ti, que tanto diste a tus hijos, que tanto das a tus nietos, que tanto trabajaste para que este país se convirtiera en lo que hoy es, un país agradecido por una vida entera de faena y labor. Ve el domingo a tu colegio electoral, protege el valor de tu pensión.

Me dirijo a ti, que quizás votas por primera vez, que quizás hayas accedido a tu primer trabajo, que quizás en pocos años has ganado en estabilidad y has visto cómo tu salario te permite vivir con algo más de dignidad. Tu papeleta es la de la reforma laboral, la que ha multiplicado por cinco los contratos indefinidos.

Y a ti, que necesitas de lo público. Y que, aunque posiblemente no lo sepas, eres progresista como el que más.

Porque si piensas que mereces algo más que donde el azar te ha colocado, eres progresista. También lo eres si crees que la resignación es un verbo de conjugación arbitraria. O si aspiras a llegar allí donde alcance tu talento y tu dedicado empeño, con las mismas oportunidades que quien tuvo más suerte que tú en aquello de la cuna. Eres progresista si piensas que la sanidad no debe ser un bien de lujo, que todos tenemos derecho a que nos asistan cuando enfermamos sin mirar cuánto se estira nuestra cuenta bancaria, que el que más tiene más debe aportar, que la vivienda es un derecho, la educación un deber del Estado y cuidar del mundo en el que vivimos una obligación.

En esto no hay marcas blancas ni ofertas. Que no te engañen las derechas. Duras y extremas. 

El problema no es Vox, el problema es el PP que ha asumido el ideario ultraderechista allí donde les necesita para alcanzar el poder. Donde les haga falta

Nos jugamos mucho. Cuántas veces lo habrás escuchado en estas semanas. Pero es que nos jugamos cosas serias. Nos jugamos esos derechos y libertades por los que tanto hemos luchado. La derecha dura y extrema que representan PP y Vox, Feijóo y Abascal, nos conducen a una España de odio y censura. Ya han empezado. Está ocurriendo en más de 140 instituciones gobernadas por los populares con la ultraderecha: negación de la violencia machista contra la mujer, retiradas de banderas Lgtbiq+, prohibición de películas y obras de teatro por su contenido…

El problema no es Vox, el problema es el PP que ha asumido el ideario ultraderechista allí donde les necesita para alcanzar el poder. Donde les haga falta.

Pero nosotros, los progresistas, somos más. Somos muchos más los que creemos en la libertad de la cultura, en la redistribución de la riqueza, en la igualdad real entre hombres y mujeres, los que condenamos la violencia machista sin paliativos, los que creemos que todos debemos tener las mismas opciones para avanzar.

Por eso, ante la amenaza de cada derecho que nos quieran arrebatar, un progresista se alzará, con orgullo y con dignidad, para luchar por los avances conseguidos y los que vendrán. Con el poder que nos iguala a todos, con el poder de votar y de elegir en libertad.

Vamos a votar este domingo en masa, que nadie se quede en casa. Ningún progresista sin su papeleta en mano. Vamos a votar, a votar y votar para parar esta ola de odio y censura.

Vota por las siglas bajo las que nuestro país siempre ha crecido en derechos. Las siglas del PSOE. Porque la consecución de todos los grandes avances de España ha sido de la mano de un Gobierno socialista.

Vota por la convivencia. Por la libertad. Por la cultura. Por la igualdad.

Vota por ti.

El acceso de los españoles y españolas a un mercado laboral en condiciones dignas no es solo una cuestión de principios o ideología. Es hacer prevalecer la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclaman el fundamento de la equidad, de la satisfacción, del trabajo como medio retributivo para satisfacer las necesidades personales y familiares. Vivir del propio esfuerzo con dignidad.

Esa es la voluntad de la Reforma Laboral que el Congreso de los Diputados, donde está representada la voz de la ciudadanía y eso es algo que no hay que olvidar, convalidó justo hoy hace una semana. La nominación del Real Decreto es clara y precisa en su finalidad: garantizar la estabilidad del empleo y transformar el mercado laboral, principios tan necesarios tras las medidas aplicadas de forma unilateral en 2012 por el Partido Popular.

Más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país tienen ahora ante sí un nuevo escenario más justo, con mayores garantías y protección, que impulsa el contrato indefinido frente al temporal, que da mayor fuerza a los convenios colectivos sectoriales, entre otras muchas iniciativas, con una consecuencia directa en las rentas del trabajo.

Porque el proyecto del Gobierno progresista de Pedro Sánchez para España se resume en un verbo: crecer. Crecer en economía. Crecer en empleo. Crecer en libertades. Crecer en derechos sociales y laborales. Crecer en justicia social.

Traicionan a los intereses de España quienes votaron en contra de esta reforma histórica del mercado de trabajo por el consenso que ha concitado entre sindicatos y patronal. Una reforma surgida del acuerdo y del diálogo. No votaron en contra de un Gobierno sino en contra del sentir de una sociedad, algo que el Partido Popular es incapaz de ver en esa espiral negacionista en la que se encuentra sumido y que está derivando hacia un posicionamiento antisistema en su pugna con la ultraderecha.

La euforia interrupta que el pasado jueves escenificó la bancada de la derecha en el hemiciclo, durante esos breves 40 segundos en los que el Real Decreto parecía decaer, fue un espectáculo reprobable que nos retrotrae a uno de los momentos más bochornosos de la Cámara: el “que se jodan” que la diputada popular Andrea Fabra profirió en julio de 2012 cuando Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, anunciaba una tanda de recortes en las prestaciones por desempleo. Esa es la filosofía del PP, el desprecio a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, el desprecio a la estabilidad en el empleo. El desprecio sin más.

Y al desprecio sumamos la mentira. Hasta tres mentiras que insisten en mantener para esconder su error en la votación y, lo más grave, la connivencia con la que actuaron con los dos diputados tránsfugas de UPN.

Primera mentira

El error informático. Es falso que el voto a favor del diputado del PP Alberto Casero se debiera a un fallo del sistema telemático de la Cámara. Y se demostrará con el informe de los letrados. El sistema de voto telemático del Congreso cuenta con un triple control de verificación: la contraseña para acceder a la intranet, una segunda pantalla que aparece tras la emisión del voto para confirmar si es correcto y, finalmente, un justificante en pdf  emitido por el programa con el sentido de las votaciones realizadas. Ese día se efectuaron más de veinte votaciones. El diputado del PP Alberto Casero votó en sentido contrario a la directriz de su partido hasta en cuatro ocasiones. Pero cuando los populares trasladaron a la Presidencia del Congreso el supuesto fallo informático, antes de la votación presencial, solo les preocupó el voto correspondiente a la Reforma Laboral. Personalmente, no entendía por qué. Ahora ya sí lo sé.

Cuando el PP se ve descubierto en su teoría del error, cambia de estrategia. Ya no es un fallo informático sino que el voto es contrario a la voluntad del diputado. 

Segunda mentira

No procedía una reunión de Mesa y ellos lo saben. Nunca, jamás, en la historia del Congreso se ha repetido una votación por un error humano que fue lo que evidentemente ocurrió. Permitirle votar hubiera sido un agravio comparativo sin precedentes respecto a la votación presencial, donde los diputados y diputadas tienen  30 segundos para pulsar el botón del sí, del no o de la abstención. El voto telemático cuenta con un margen mayor de tiempo.

Porque la reunión de la Mesa no es preceptiva, no es algo a lo que obligue el Reglamento del Congreso y solo procedería de modo inmediato si la Presidencia detectara situaciones muy excepcionales y no para un error en una  votación.  Además, el PP no la solicitó.  Lo único que pidió fue que el diputado pudiera votar presencialmente ante un fallo informático que claramente no existía.

Me quiero detener también en la versión que apunta a que no se permitió la entrada del señor Casero en el hemiciclo. El diputado Alberto Casero nunca llegó. Lo hizo al finalizar la sesión plenaria. Y de haberlo hecho tampoco hubiera sido posible. Yo mismo di la indicación. El artículo 80 del capítulo 4 del Reglamento del Congreso de los Diputados expone que “las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna […] Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo”. 

Respecto a la confirmación telefónica del voto telemático que reclama el PP, hacen alusión a una instrucción de 2012, nunca al Reglamento del Congreso, que se modificó posteriormente en 2020 con motivo de la pandemia. Fue cuando el voto desde el domicilio se generalizó y fue necesario readaptar los sistemas informáticos y reforzar el procedimiento de verificación porque eran cientos de votaciones que hacían inviable la comprobación por teléfono.

Tercera mentira

La más grave. El PP conocía con antelación el sentido del voto de los diputados de UPN. Tanto es así que, cuando se acercaron a la Mesa, yo mismo les indiqué que ese voto no iba a cambiar el resultado, teníamos cerrado el apoyo de UPN. Lo creíamos al menos. No entendí en aquel momento su insistencia ni tampoco sus semblantes de preocupación. Después, todo fue tomando forma. Era evidente que estaban al tanto del cambio del sentido del voto de Unión del Pueblo Navarro y se les caía la artimaña que tenían preparada. Los dos diputados de UPN traicionaron a su propio partido y traicionaron por tanto también  a los españoles y españolas con su no a la Reforma Laboral. Más pronto que tarde saldrá a la luz por qué se desmarcaron de la disciplina de partido manteniendo también su propia mentira de que iban a votar a favor hasta el último momento.

Tres mentiras del PP que serán desmontadas sin lugar a dudas. Porque, para que nos entendamos, el equipo de la derecha se ha metido un gol en propia puerta y un gol en propia puerta es gol. Por mucho que se empeñen en enmarañar las circunstancias como niños enrabietados. 

Sabían perfectamente que es un error humano y nos mintieron. Sabían que no era preceptiva una reunión de la Mesa, no la pidieron, y nos siguen mintiendo, sabían lo que los dos tránsfugas de UPN iban a votar y continúan en su mentira. Es inadmisible en un partido de Estado.

Unos partidos hemos sido coherentes con el consenso social, hemos sido coherentes con lo que nos pedía la ciudadanía, que sindicatos y empresarios se pusieran de acuerdo. Y lo conseguimos por primera vez en 30 años en la historia de la regulación laboral. El Congreso de los Diputados ha hecho posible que 20 millones de trabajadores y trabajadoras adquieran nuevos derechos, que recuperen su dignidad. Ahora lo que toca es poner el balón en el centro del terreno de juego y seguir trabajando. El PSOE, siempre del lado del progreso y la justicia social.

¿Para qué sirve la política? Para cambiar las cosas. Para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. De su territorio. La política cuando orilla la táctica y levanta la vista adquiere sentido de estado. La política cuando asume riesgos, pero coloca soluciones sobre la mesa es una política que se pone de pie. Se hace con mayúsculas. Es lo que hace hoy el gobierno de Pedro Sánchez con los indultos.

¿Es que ningún presidente lo había hecho antes? Todos. Miles de indultos firmaron Felipe González, Aznar, Zapatero o Rajoy. En un perfecto ejercicio de legalidad. Usando la normativa de la que dispone el poder ejecutivo. En muchos casos controvertidos, en otros sin arrepentimiento alguno. Pero seguro que siempre pensando en el bien de nuestro país.

Porque, en una democracia, la verdad no tiene dueños, sino copropietarios y, lo mejor para España, no tiene una sola voz sino un coro de voces al que afinar y escuchar. Con una partitura que fue consensuada por todos: la Constitución. Una partitura donde se eliminó la función retributiva de la pena y el castigo por otra finalidad: la de la rehabilitación del ciudadano, de su resocialización, tal y como dice en su artículo 25.2.

¿Y entonces, por qué esta lluvia de invectivas contra el gobierno de Pedro Sánchez?

Con su propuesta, la política asume su responsabilidad y sube a la sala de mandos. Busca soluciones donde hay un problema. Desde el diálogo y el acuerdo. Con las herramientas legales de las que dispone. Desde el respeto a la firmeza de la Constitución e imbuido del espíritu de consenso que esta destila. Un Presidente haciendo su trabajo.

El partido socialista ha cerrado las heridas abiertas de este país en muchas ocasiones. El partido socialista, que es el único hoy sentado en el Congreso de los Diputados que votó sí a la Constitución.

El partido socialista firmó el fin de ETA.

España resolvió muchos de sus retos históricos con éxito en las últimas décadas. El ADN socialista estaba allí.

No partimos con el taxímetro a cero. Y no olvidemos que no hemos llegado aquí por un capricho del destino. Entre otras cuestiones y fundamentalmente estamos en este punto por el gobierno de la derecha de Rajoy, por su falta de miras y por su clásica inacción esperando que las situaciones se pudran para echar la culpa al contrario.

Ya lo hemos dicho: permanecer esperando no es condición socialista. Somos proactivos, aportamos soluciones desde la constitucionalidad y creemos en la escucha activa de nuestros conciudadanos.

La propuesta sobre indultos es un ejercicio de liderazgo responsable. De compromiso con el país.

Los independentistas catalanes acuñaron la ingeniosa idea del “derecho a decidir” como un eufemismo del derecho de autodeterminación, una terminología mucho más dura por la relación histórica con movimientos independentistas violentos y que alejaría a muchos sectores no independentistas a los que necesitaban para perpetra el mayor jaque a la democracia española.

En concreto fue Artur Mas en 2007 en aquella “Casa Grande del Catalanismo” cuando incluyó el “derecho a decidir de los catalanes” , algo que olvidó inmediatamente para reclamar un nuevo pacto fiscal similar al País Vasco. Su fracaso personal en este y en otros temas le hizo iniciar posteriormente un camino hacia al abismo en el que nos encontramos en estos momentos.

La evidencia de ese fracaso se visualizó en la indigna claudicación ante la CUP no presentándose como President ante el Parlament de Catalunya, plegándose a todas sus exigencias. Ellos han sido la verdadera intelligentsia del Procés.

Todo ha ido a peor desde entonces, la elección de una persona irrelevante, Puigdemont, melifluo pero fundamentalista en la idea principal de los cuperos, la insumisión y la independencia. El perfecto títere para una organización determinista.

La CUP ha sido la verdadera vencedora de esta situación, su estado gozoso por haber logrado una Catalunya en desorden y ruptura social, la marcha de los “malévolos capitalistas” con sus empresas fuera de Catalunya es su ideal revolucionario.

Todo muy dionisiaco, desenfreno pasional, efervescencia irreverente y desordenada en la exaltación de las pasiones para superar todos los límites, en esto han estado y seguirán estando la CUP.

Cierto es que esta provocación permanente supo tocar la fibra más sensible de la derecha española, el autoritarismo, logrando exponer al mundo el conflicto de manera difícilmente  defendible tras el 1-O.

Ahora es probable que muchos catalanes hayan visto la verdadera cara del “derecho a decidir” que simplemente era una declaración unilateral de independencia por encima de todo, ilegal e imposible.

Es por ello que la única salida legal fuese la aprobación de un precepto constitucional, el art. 155. de nuestra Constitución. Los socialistas siempre hemos defendido que dicha aplicación fuera lo más rápida y eficaz posible. 

Con un único objetivo, la restitución de la legalidad en Catalunya. Porque no hay nada más de izquierda que la justicia y la legalidad, que es la que nos iguala. Restituyendo la legalidad a través de una elecciones dentro del marco constitucional y con todas las garantías. Trabajando también por una aplicación gradual, con mesura y evitando la intervención de los medios públicos de comunicación por los partidos políticos. Quién no puede lo menos, no puede lo más.

El PSOE y el PSC han luchado de forma denodada y hasta el último segundo para que hubiese una convocatoria electoral, preferentemente convocada por Puigdemont dentro de la legalidad, ahí nos hubiésemos encontrado todos.

Pero Puigdemont dijo que no convocó las elecciones porque no se daban las garantías suficientes. Hoy han sido convocadas para el próximo 21 de diciembre, antes de lo esperado para sorpresa de muchos, no de todos. 

Hace bien el Gobierno en convocarlas en tiempo y forma, pues el riesgo en esa estrategia enloquecida de los independentistas, hubiese sido que tras la DUI, el todavía President hubiese convocado unas elecciones constituyentes bajo el marco de sus leyes ilegales y anuladas, de nuevo otro 1-O.

Ahí tiene todo el pueblo de Catalunya su verdadero “derecho a decidir”. Aquellos que se han sentido acosados, a los que los secesionistas han violentado todos sus derechos democráticos tendrán la oportunidad de manifestar su impotencia a través de una papeleta.

Ahí tienen los independentistas y los Comunes el “derecho a decidir”. Ahora están obligados a repetir aquellos ‘mantras’ que contra las urnas y la democracia no se puede ir. La diferencia es que ahora se hará sin desorden y legalmente, y por tanto quizá ya no sea tan deseable. 

Es por lo que, quizá, algunos dirigentes de Esquerra dicen que no hay que participar y otros que sí o la CUP que por seguir fiel a su mundo dionisiaco o en su otra acepción, seguidores de BACO, ahora proponen que corra el vino y las paellas en vez de la democracia con urnas, censos y papeletas.

Y Ada Colau que hará ? ….

"Dicen que es imposible, pero no lo es. Ha pasado en Granada, donde un acuerdo transversal de PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU ha mandado al Partido Popular a los bancos de la oposición", le escribe a Pablo Iglesias el exdiputado del Parlamento andaluz por el PSOE Alfonso R. Gómez de Celis

Pablo, Granada era la solución.

Un gobierno acorralado por la corrupción, presidido por alguien que no supo parar y que, incluso, ha participado en ellos como responsable político máximo.

Un gobierno desprovisto de cualquier gesto y de la intención de realizar cambios profundos de regeneración política.

Un gobierno que tanto daño ha hecho a los más débiles, con políticas ultraliberales que han recortado donde más duele: en la educación, en la salud, en el derecho a la vivienda...

Un Gobierno que hace “pellas” como bien dijo Pablo, o como argumenta Rivera “que como mínimo debería ganarse el sueldo que le pagamos todos los españoles”.

Y un gobierno que, por salud democrática y política, debió irse y dar paso a la unión de todas las fuerzas del cambio, dispuestas a trabajar sobre la base de un programa que piense en “los de abajo”, en las clases medias trabajadoras y en los emprendedores, y dispuestas a ganar en democracia, en transparencia y en decencia política.

¿Te suena?

Dicen que es imposible, pero no lo es. Ha pasado en Granada, donde un acuerdo transversal de PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU ha mandado al Partido Popular a los bancos de la oposición.

Allí, en la ciudad nazarí, Podemos (en concreto su plataforma electoral para las municipales) e IU han demostrado que son capaces de anteponer los intereses generales por encima de los particulares. Los mismos que han sido incapaces de llevarlo a cabo en España, teniendo nuestro país circunstancias más graves y urgentes.

¿Por qué no pudo pasar en el gobierno de España?

¿Por qué en Granada sí y en el resto de España no?

¿Tienes alguna explicación?

Igual sí, pero lo que han observado millones de españoles y de españolas es que este país ha perdiendo, de momento, la oportunidad histórica de mandar a Mariano Rajoy y al Partido Popular fuera del Gobierno. Y ha sido así por la obsesión patológica e histórica del Komintern Comunista liderado por Pablo, Garzón y Anguita contra el PSOE.

Importa más el “sorpasso” que el PP y Rajoy continúen castigando a los españoles/as más débiles por simple y puro cálculo electoral.

Habrá una segunda oportunidad, espero que con la hegemonía del PSOE. Único partido que es capaz de concitar y plantear soluciones a los tres problemas básicos de España : La devolución y defensa de derechos sociales, la indiscutible unidad de España y una agenda profunda de reformas democráticas y de transparencia.

Pablo, Granada es el ejemplo.

Todo conflicto político tiene solución, tan solo requiere de un objetivo claro, un plan definido y determinación en aplicarlo, eso sí con trabajo y dialogo

Para aquellos que amamos y vivimos Cataluña todo este proceso está siendo especialmente doloroso. Queremos defender a Cataluña, pero es cierto que cada vez se nos hace más difícil por el 'frentismo' al que nos ha llevado el independentismo catalán por un lado y el no-hacer del PP por otro. Eso cuando no activan ese gen, que por naturaleza tienen los populares, de fobia catalana… Bueno, fobia catalana, vasca o andaluza que les sale por los cuatro costados. Todo lo que no sea el centralismo madrileño al PP le supera.

Volviendo al “I ara, que?”, varias son las conclusiones que podríamos sacar del 9N.

La primera, y a mi entender la más peligrosa, es el fraude democrático y anticonstitucional al que ha sometido al pueblo catalán un poder que emana de la Constitución Española como es la Generalitat.

Si este poder democrático del Estado y su legítimo representante, el president Mas, junto a varios diputados promueven un proceso que es fraude de ley, sin ningún tipo de garantías democráticas, ¿cómo le podrán pedir a sus conciudadanos que respeten las elementales normas democráticas?

Imaginemos… Mañana la Assemblea Nacional Catalana le vuelve a exigir al President Mas que convoque unas elecciones en Catalunya, y este, en su legítimo derecho, vuelve a hacer caso omiso. Entonces la ASC convoca unas elecciones en Catalunya, organizadas por voluntarios, sin censos, con aperturas de mesas y urnas de cartón, etc. Y con una participación del, supongamos, 40 por cierto de los catalanes. ¿Como podría Artur Más deslegitimar políticamente esas elecciones si es precisamente lo que él ha promovido?

Es evidente que hay una gran movilización independentista en Catalunya, fundamentada en una realidad socioeconómica difícil, con unos recortes en sanidad y educación brutales realizados por el gobierno CIU y con un caldo de cultivo histórico de “España nos roba” iniciada por Jordi Pujol, “cosas verede”. Estos ingredientes y otros promovidos por la insensibilidad del PP, nos han traído hasta aquí.

Por ello, la segunda conclusión es el resultado de la pseudoconsulta, nos ha dicho lo que ya sabíamos, lo obvio, que el independentismo tiene un PLAN, lo está ejecutando y está hipermotivado y movilizado. Ahora tocan las elecciones plebiscitarias.

Una cosa buena para los no independentistas, y por tanto negativa para ellos, es que se han medido.

El resultado es que el 30% de los catalanes son los que están en dicha movilización, que en torno al 1,8 millones los podemos considerar independentistas (incluyendo a mayores de 16 años e inmigrantes) y que coinciden prácticamente con los resultados que sacaron los partidos por la independencia en las últimas elecciones. Todo ello siempre que demos por buenos los datos que nos ofrecen sin ningún tipo de garantías, sin el más mínimo respeto por las normas electorales.

Por tanto quedan un 70% de catalanes, en torno a 4 millones (sin mayores de 16 años, ni inmigrantes que no podrían votar en unas elecciones legales) que esperan otra cosa, esperan otro PLAN de los no independentistas, como la misma eficacia y determinación en su ejecución.

El PSOE es el único partido que ha concretado en su 'Declaración de Granada' una posición de salida a este atolladero. Una propuesta federalista que podríamos resumir en igualdad de todas las personas independientemente de donde vivan y diferencia de los territorios dadas sus peculiaridades históricas.

Es por ello que de nuevo, los socialistas, debemos tomar la iniciativa e iniciar un proceso de cambio constitucional que deba ser ratificado en referéndum en toda España, incluida Cataluña por supuesto.

Es allí, en Cataluña, donde esos 4 millones de catalanes deben ver en ese referéndum la vía para participar en una consulta legal y democrática que adecue a Cataluña en el marco Estatal, alejada de la insolidaria e injusta posición independentista.

Para ello el PSOE debe constituir un bloque federalista, teniendo la 'Declaración de Granada' como ponencia marco a debatir y donde fuerzas sociales y políticas como PSC, Unió, Iniciativa, Ciudadants e incluso Podemos fijen de común acuerdo la salida federal a través de un proceso democrático en toda España.

Todo conflicto político tiene solución, tan solo requiere de un objetivo claro, un plan definido y determinación en aplicarlo, eso sí con trabajo y dialogo. Precisamente de lo que carece el presidente Rajoy.