El contrato firmado entre la ingeniería Ayesa y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, al que ha tenido acceso este diario, pone en cuestión la validez pericial de uno de los pilares fundamentales en la instrucción judicial del Caso Marismas, el conocido como “Iinforme Ayesa”.

En este caso, uno de los de más calado en la actualidad, se investiga la presunta malversación de una subvención de la Junta de Andalucía y la Unión Europea de 40 millones de euros para la modernización del regadío del Bajo Guadalquivir. En él están implicados altos cargos de la propia Junta de Andalucía y de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, así como las empresas Befesa y Construcciones ALPI.

La objetividad del Informe Ayesa, un documento de 159 folios, que forma parte del sumario del caso como prueba pericial, plantea serias dudas ya que convertiría a Ayesa, la empresa que lo realiza, en juez y parte del caso. Ayesa debía certificar el estado de ejecución de las obras subvencionadas, pero según dicho contrato, que hasta ahora no había visto la luz, en él se aseguraba además la culminación de las obras pendientes de terminar. Por lo tanto, Ayesa obtendría un mayor beneficio cuanto menos obra certificase como ejecutada.

Este hecho, según varias fuentes jurídicas consultadas, plantea un conflicto de intereses que cuestiona el uso forense de dicho trabajo.

Juez y parte

Éstos son los hechos. El 4 de noviembre de 2010, la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes contrató con la empresa de ingeniería Ayesa la elaboración de un informe técnico, al objeto de denunciar ante los tribunales a la Junta Rectora anterior y a las adjudicatarias de las obras de modernización de los sistemas de riego de las marismas del Guadalquivir, la UTE conformada por Befesa (entonces filial de Abengoa) y Construcciones ALPI. El objetivo de dicho trabajo, era conocer con exactitud qué porcentaje de las obras certificadas se habían completado realmente, y cuáles de ellas presentaban deficiencias técnicas que pudieran provocar sobrecostes.

Sin embargo, en el mismo contrato se estipula también que, además de elaborar el informe, Ayesa sería la encargada de la “redacción de un modificado técnico” del trabajo inicial para los “trabajos de adecuación de lo realmente ejecutado en obra”, y, por otro lado, la de “uno a varios proyectos complementarios” que comprendan el resto de las obras, que “no habiéndose podido ejecutar dentro del proyecto inicial se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación”. Según se especifica en las cláusulas, la compañía cobraría un 2% sobre el presupuesto de los trabajos proyectados por cada concepto, algo que en opinión de fuentes jurídicas consultadas supone un conflicto de intereses.

Una vez realizado, el informe de Ayesa determinó que la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado asciende a casi 3 millones de euros, y cuantifica las obras realizadas en un 60% del total previsto en el proyecto inicial. Por lo tanto, según el contrato firmado entre ambas partes, Ayesa debería finalizar, y cobrar, el 40% de la obra pendiente de ejecutar.

Sin embargo, en otro informe elaborado por la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (DAP) para la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se cifraba el nivel de ejecución en un 80%. Este último documento fue esgrimido por la entonces titular del ramo, Clara Eugenia Aguilera, en su comparecencia sobre este caso en sede parlamentaria a finales de 2009.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que también recibió la denuncia de los regantes, emitió en el pasado mes de diciembre las conclusiones de una comisión de investigación encabezada por la española María Eugenia Moreno-Laborda. En el documento, que fue enviado al juzgado de instrucción nº 16 de Sevilla, se cita el informe de Ayesa como “una prueba importante de las irregularidades en la gestión” del proyecto.

La oficina europea afirma que “centra su investigación en las irregularidades en el procedimiento de contratación”, pues considera que “Ayesa ya había realizado un detallado análisis de la ejecución del proyecto”. En efecto, en ningún lugar de estas conclusiones se menciona que los investigadores de la comisión realizasen algún tipo de comprobación para verificar si el informe de Ayesa se ajusta a la realidad.

Mutismo de las partes

Este medio ha contactado con la responsable del informe para averiguar si efectivamente se limitaron a dar por bueno el informe de Ayesa sin contrastarlo, y si conocían de la existencia del otro informe de DAP, pero no ha obtenido respuesta. Al mismo tiempo, desde la oficina de la Comisión Europea en España responden con un escueto “no vamos a hacer ningún comentario”.

También han declinado ofrecer opinión al respecto la sociedad a la que se adjudicó originalmente la obra, Befesa, ni su entonces matriz Abengoa. Tampoco la propia Ayesa, cuyo Departamento de Comunicación asegura que el Caso Marismas “no tiene nada que ver con nosotros”.

Por su parte, Antonio Reyes Maya, director gerente de la actual Junta Rectora de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, ha declinado hacer declaraciones sobre las posibles consecuencias jurídicas del contrato. De hecho, ha insistido en que “no tiene nada que ver con la denuncia”, ya que es un documento “privado entre partes”. Asegura, además, que “por supuesto no voy a dar mi opinión sobre eso, porque considero que no lo debéis tener [el contrato entre la Comunidad de regantes y Ayesa]”.

Por otro lado, preguntado por si la OLAF verificó las conclusiones del informe de Ayesa, responde: “No lo puedo corroborar”. Y añade que “aquí estuvieron pidiendo documentación, pero no puedo decir si fueron al campo”. Respecto a si se han pagado los conceptos incluidos en sus cláusulas, sostiene: “Lo sé, lo que pasa es que no lo voy a decir”. Otras fuentes consultadas y cercanas al caso aseguran que el contrato “está pagado en su totalidad”.

Por otra parte, José Pliegos, director general de Estructuras Agrarias de la Junta de Andalucía, confirma que han “terminado un expediente de pérdida total de la ayuda por incumplimiento de los plazos y los requisitos”, y que “pusimos en marcha el reintegro”del dinero. No obstante, afirma haber “paralizado el cobro hasta que se pronuncie la Justicia”, tras la petición a tal efecto de los abogados de los regantes al juez.

El papel de la Junta

La labor de la Junta de Andalucía en el proceso de adjudicación del proyecto es otro de los aspectos que se encuentran bajo la lupa judicial. En la causa están imputadas 21 personas por presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento oficial. En concreto, dos exdirectores generales de Regadíos, dos exjefes del departamento de Infraestructuras Agraria y Actividades Estructurales de la Consejería de Agricultura, miembros de la anterior Junta Rectora de la Comunidad de Regantes y de la mesa de contratación por haber sido presuntamente conniventes en las irregularidades, los representantes de las tres UTE implicadas y otros funcionarios de la Junta.

La UTE Befesa-ALPI recibió la adjudicación del proyecto de modernización de los sistemas de riego por un total de 66,6 millones de euros. El 60% de esta suma (40,1 millones) provenía de una subvención de la Junta de Andalucía y el fondo para el desarrollo agrario (FEADER) de la Unión Europea. Algo más de 11 millones han sido reclamados por la OLAF debido a los indicios de delito descubiertos a raíz de la denuncia. Según la oficina europea, el proyecto se otorgó en segunda adjudicación —la primera fue anulada por la “detección de una posible irregularidad”— a la UTE de Befesa y Construcciones ALPI a pesar de no resultar la oferta más ventajosa en términos de precio. De hecho, era un millón de euros más cara que la oferta mejor posicionada en las valoraciones de la Mesa de Contratación.

También asegura que miembros de la anterior Junta Rectora de los regantes pudieron presionar a la entonces filial de Abengoa para que Tegner y MECI Works, dos empresas locales que no cumplían los requisitos de capacidad técnica pero aun así habían recibido la primera adjudicación, fueran subcontratadas en el proceso de realización de las obras. Es más, hasta que Befesa y ALPI no se comprometieron ante notario a hacerlo, no recibieron la adjudicación. Segun la OLAF, el administrador de Tegner era miembro de la Comunidad de Regantes y MECI habría tenido relaciones económicas previas con ésta. También sostiene que “durante la segunda adjudicación, miembros de la Mesa de contratación recibieron una llamada telefónica de la Junta de Andalucía indicando qué oferta debía ser elegida”. Según el “Informe Ayesa”, estas empresas son las principales causantes de las deficiencias técnicas en las obras ejecutadas hasta el momento.

Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.

Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 177.2, establece que para las adjudicaciones por el procedimiento negociado “deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos”, como los de servicios.

De las 187 adjudicaciones que Romero ha otorgado por esta vía, 163 sobrepasan los límites impuestos por la normativa estatal. En el caso de los contratos de servicios, un total de 118 superan el umbral de los 60.000 euros, mientras que 45 proyectos de obras tienen un importe de más de 200.000 euros.

Romero, que fue nombrado por el entonces ministro de Agricultura y actual comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, es un hombre muy vinculado al PP de Granada. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, había ostentado hasta entonces el cargo de coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.

Han pasado casi tres años y su gestión de la cuenca del Guadalquivir está cada vez más cuestionada, sobre todo en lo referente a la concesión de los contratos, como afirman fuentes internas de la Confederación. Más de un centenar de empresas se han beneficiado de este tipo de adjudicaciones, que abarcan desde algo más de 40.000 euros hasta casi un millón.

La mayoría de las sociedades se dedican a la obra civil o la consultoría. La principal agraciada es Construcciones Sánchez-Domínguez, Sando, y sus filiales Althenia y Conacon. Juntas han obtenido contratos por importe de más de 1,4 millones. El tándem formado por la consultora Ambesur, propiedad de Fernando Mancha López Jurado, y la constructora Arpo, de la que es apoderado y secretario, ha recibido 765.000 euros en contratos de la CHG. También se han beneficiado con 743.000 euros Prelaksa y su filial Barama, ambas constructoras, en las que Manuel Bach Moya es secretario y consejero delegado, en este orden.

Inversiones, Proyectos y Obra Civil, S.A. (IPOCSA) aparece en un lugar destacado dentro de las contrataciones negociadas sin publicidad, con un importe de casi 680.000 euros. Además, esta sociedad recibió, a través de Sogeosa —con la que está vinculada mediante su consejera delegada, María Enriqueta García—, 37,5 millones en cuatro contratos por procedimiento abierto, en los que participa en UTE con distintas empresas. Entre ellas destacan Arpo Construcciones y Fitonovo S.L, esta última epicentro de la investigación del Caso Madeja. Otras sociedades como Jiménez y Carmona, Construcciones Alpi y Typsa —junto a su vinculada Tecnoma— cobraron cantidades de entre medio millón y 750.000 euros.

Entre los adjudicatarios destaca el nombre de Isotrol, ingeniería sevillana encabezada por José Luis Calvo Borrego, pareja de Carolina Fernández Vigo, diputada del PP en el Parlamento de Andalucía. Según El Confidencial, Manuel Romero es buen amigo de la parlamentaria y habitual compañero de almuerzos en Sevilla de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

La CHG ha concedido a Isotrol en los últimos meses varias adjudicaciones millonarias por procedimiento abierto y vía de urgencia, que han desatado la polémica porque han sido cuestionadas por los propios funcionarios de la institución. El pasado 14 de octubre, la senadora y exconsejera de Medio Ambiente andaluza, Fuensanta Coves, preguntó al respecto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. No obtuvo respuesta. El PSOE ha pedido la comparecencia de Romero en la Comisión de Medio Ambiente.

El caso de Ayesa

La empresa andaluza de ingeniería Agua y Estructuras S.A. (Ayesa) ha logrado una decena de adjudicaciones bajo la dirección de Romero. Por ejemplo, sus filiales Aynova y ACT Sistemas, dedicadas a la consultoría y la informática, obtuvieron sendos contratos por importe de más de 840.000 euros, y ambas se adjudicaron la explotación de dos presas cada una el mismo día, 8 de agosto de 2012, por idéntica cuantía —71.390 euros— y en expedientes correlativos.

El presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, es un viejo conocido de Juan Saura Martínez, director técnico de la CHG y miembro permanente de la mesa de contratación de dicho organismo. En octubre de 1985 ambos publicaron un trabajo en la Revista de Obras Públicas junto a José Luis de Justo Alpañes titulado “Comparación entre un canal trapecial y otro circular en terrenos expansivos”.

Además, ambos fueron integrantes de un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla para el proyecto “Ayudas a Consolidación de Grupos de la Junta de Andalucía”, que se desarrolló desde octubre de 2009 a diciembre de 2011 y fue financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía.

La sombra de la Operación Púnica, la trama de corrupción presuntamente encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, va más allá de las instituciones públicas salpicadas hasta el momento. La presencia de Cofely España —principal beneficiada de la red— y sus filiales Cofely Contracting, Crespo y Blasco S.A. y Europea de Mantenimiento y Gestión se extiende a lo largo del territorio español gracias a numerosas contrataciones que en los últimos siete años les granjearon más de 135 millones de euros en adjudicaciones.

El nexo común entre estas sociedades —hoy propiedad del grupo energético francés GDF Suez— es Gaspar Crespo García, que ejercía cargos de alta dirección en ellas antes de ser vicepresidente y consejero delegado de la energética francesa en España.

La pista del dinero público lleva directamente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el ramo de más importancia autonómica detrás de la propia presidencia. En marzo de 2010, con Granados al frente, este departamento concedió a Crespo y Blasco 634.000 euros por equipar el auditorio municipal de Chapinería. Un año antes, el Servicio Regional de Bienestar Social de Madrid otorgó a esta empresa el contrato de “reforma, reparación y conservación en residencias de mayores, centros de discapacitados, centros de mayores y el resto de inmuebles adscritos al servicio”, por 912.000 euros.

No hay que alejarse mucho de la capital para encontrar más adjudicaciones que destacan por su montante. Cofely percibió otros 115 millones de tres ayuntamientos madrileños para el mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones eléctricas municipales. Los consistorios de Parla, en enero de 2013, y Collado Villalba y Serranillos del Valle, este mismo año, acordaron pagar a la empresa de GDF Suez 66, 42 y 5,1 millones, respectivamente. En el caso de la localidad parleña, cuyo alcalde, el socialista Jesús Fraile, ha sido detenido en el marco de la Operación Púnica, el importe se reparte entre los 15 años de servicio concedidos a la adjudicataria: 4,4 millones anuales.

Algunos entes públicos repiten de manera habitual como contratantes de Cofely. Es el caso del Instituto de Salud Carlos III. A través de la dirección, la secretaría general y la Fundación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas —CNIO, participada por el Instituto—, las empresas acapararon 16 contratos por un montante de siete millones de euros.

Las filiales de GDF se ocuparon de la gestión general de las instalaciones y de la provisión de material técnico específico para la investigación. Varias de estas adjudicaciones rozaron o sobrepasaron con creces el millón de euros. Se da la circunstancia de que el Boletín Oficial del Estado recoge la participación de Crespo y Blasco S.A. como donante del CNIO desde 2004.

Este grupo de empresas además recibió hasta catorce adjudicaciones de la Agencia Tributaria en distintos lugares de España —Cataluña, Baleares, Madrid o la propia Dirección del Servicio de Gestión Económica—, por las que las sociedades recibieron casi 1,7 millones. O las cuatro de la Seguridad Social —desde las tesorerías de Toledo, Valladolid y Las Palmas y la Dirección General del INSS en Asturias— por 363.000 euros.

Aena es otro de los organismos estatales donde son recurrentes las adjudicaciones a Cofely y su red. Más de seis millones consiguieron las sociedades de GDF Suez desde 2010 hasta hace apenas dos meses, a través de contratos en Barajas, Vigo, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife y las instalaciones centrales. A ello hay que sumar los casi 326.000 euros que el Aeropuerto de Castellón otorgó en marzo de 2010 a Crespo y Blasco en concepto de “adenda modificativa al contrato complementario del expediente” para la instalación eléctrica del aeródromo.

Si atendemos al volumen de los contratos, uno de los más suculentos es el que el grupo consiguió en RTVE. En diciembre de 2010, la dirección de compras de la Corporación pagó a Cofely España 1,4 millones por el “mantenimiento integral” de los centros de Andalucía, Ceuta y Melilla, Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Navarra y el País Vasco. Además, ocho meses después la televisión pública encargó a la filial de GDF Suez el “tratamiento de prevención y control de legionelosis” en las instalaciones de Andalucía, Asturias, Cantabria y Extremadura a cambio de otros 83.000 euros.

Las relaciones entre adjudicatarios y clientes aparecen también en las contrataciones de Cofely con entes estatales. En octubre de 2012, Mutual Midat Cyclops, una mutua sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Trabajo, contrató a esta empresa por más de 300.000 euros para la reforma de un local en Madrid. En su Junta Directiva se sienta Juan Manuel Cruz Palacios, directivo de Acciona y sus filiales y vinculado a Crespo y GDF Suez a través de la sociedad adjudicataria de la construcción del Hospital del Norte de Madrid.

Construcción del Hospital Infanta Sofía

Cofely también mostró interés por contratos de servicio energético como parte de su estrategia expansiva, para lo cual se hizo en 2007 con la totalidad de la empresa Crespo y Blasco S.A., de la que ya poseía un 50%, por un importe que no se hizo público.

Ya entonces, GDF Suez expuso como motivo de satisfacción por la compra el hecho de que Crespo y Blasco S.A. poseyera un gran volumen de contratación con la Administración pública, que incluía obras como la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona o una serie de “mejoras energéticas” en el Hospital del Norte de Madrid (hoy Infanta Sofía), cuya privatización se incluyó dentro del fallido plan que trató de sacar adelante el presidente Ignacio González.

Además, dos años antes, en junio de 2005, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en manos entonces de Manuel Lamela, imputado el año pasado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, había concedido a Crespo y Blasco S.A. la construcción y explotación durante 30 años del Hospital de San Sebastián de los Reyes, con un coste total presupuestado en 505,2 millones de euros.

Tras la adquisición de esa empresa por parte de Cofely en 2007, los dos principales directivos de la compañía, Gaspar Crespo y José Manuel Blasco, pasaron a formar parte del equipo directivo de Cofely España, junto a Etienne Jacolin, presidente de la compañía, y Didier Maurice, expresidente de Crespo y Blasco S.A. y director general de Cofely hasta su detención en el marco de la Operación Púnica.