El Estado mexicano está fracasando en su función fundamental de garantizar la seguridad a las personas. El uso legitimo de la fuerza se implementa sin garantías, sin respeto a la vida. La misma violencia se aplica a integrantes del crimen organizado como a estudiantes. La respuesta es similar: se les ejecuta y/o desaparece. Este año el Ejército y la Policía mataron a personas desarmadas. El primer caso sucedió en junio, en el municipio de Tlatlaya en el estado de México, donde la versión inicial del gobierno primero sostenía que los muertos fueron por intercambio de fuego (balazos), para después reconocer que los soldados asesinaron a varios integrantes de un grupo del crimen organizado. La segunda ejecución sucedió en septiembre, la realizó la policía del municipio de Iguala en contubernio con el narcotráfico en el estado de Guerrero. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron a la fuerza autobuses para asistir a una manifestación, el presidente municipal ordenó la represión que ocasionó varios muertos y heridos así como 43 desaparecidos, quienes más de un mes después no han podido ser declarados vivos o muertos (según el gobierno federal, existe la posibilidad de que fueron ejecutados por el crimen organizado). Este suceso ha tenido un impacto mediático y social mayor, pero ha sido tratado con el mismo desdén por parte del gobierno federal. Para las autoridades estos hechos se ubican como un asunto local, ajeno al Estado mexicano. No importa la cantidad de fosas con cadáveres encontrados, ni la vinculación directa del narcotráfico con algunos partidos políticos y sus gobiernos. En Guerrero como en otras entidades del país (Michoacán, Tamaulipas, Morelos, estado de México, Oaxaca, Veracruz…) el Estado mexicano no tiene el uso exclusivo de la violencia, lo comparte con el crimen organizado.

La seguridad es el principal problema del país según los mexicanos. Además, la mayoría (el 73%) se percibe inseguro en México según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014. Este problema de la violencia e inseguridad no es nuevo, lleva años gestándose. Barbaries similares a Tlatlaya e Iguala sucedieron en el pasado. Recordemos las matanzas de civiles por grupos armados en Aguas Blancas, Guerrero o Acteal en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en la década de los años noventa. El Estado mexicano no evitó esas masacres, tampoco reaccionó. Al contrario, se volvió más poroso. No es novedad que las instituciones para garantizar la seguridad estén infiltradas por el crimen organizado, como ha quedado demostrado en Iguala.

La ciudadanía muestra parte de su desafección política con la baja confianza en algunas instituciones importantes para el funcionamiento democrático, como el caso de los diputados y partidos políticos. Sólo el 20% confía en ellos, por debajo de la confianza en la policía, que se sitúa en el 22% (Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México). No es un dato nuevo pero abona en el desprestigió de la Política. Por si fuera poco la desconfianza hacia los partidos, éstos han descuidado sus procesos de selección de candidatos. En ocasiones, ofuscados por ganar las elecciones, prestan sus siglas al candidato-delincuente con tal de asegurar un triunfo.

Las actitudes de desconfianza y autoritarias también están presentes en los ciudadanos. El 72% dice que no se puede confiar en las personas. Por su parte, el 21% de los entrevistados en la Encuesta Nacional de Cultura Política preferirían, en algunas circunstancias de crisis, un gobierno autoritario. El 35% de los encuestados está de acuerdo en que la democracia es peligrosa porque puede causar problemas. Además, el 32% considera que el país funcionaría mejor si fuera gobernado por líderes duros.

Otro dato interesante para interpretar la debilidad democrática de los ciudadanos es dónde adquieren su información política. El 76% de los entrevistados la obtiene de la Televisión, lo que contrasta con el 9% que se informa de la política por radio, el 5% en periódicos y sólo el 4% en Internet. La información política de los medios de comunicación favorece el escándalo antes que la reflexión. ¿Cómo influye está información en las valoraciones y decisiones políticas del mexicano?

Pero no todo está perdido para el Estado mexicano; mantiene funciones como cobrar impuestos, organiza elecciones cada 3 años para renovar el poder legislativo y cada 6 años para el ejecutivo. Lo mismo sucede a nivel local. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el legislativo, la Constitución se reforma y permite la inversión privada en el sector energético, se firman tratados internacionales, y el presidente de la República asiste a la ONU y es recibido como jefe del Estado mexicano en otros países. De algún modo las funciones y protocolos del Estado se mantienen. Sumado a esas actividades, hay instituciones valoradas de manera positiva por parte de la ciudadanía; como el 62% que afirma confiar en el Ejército.

La herramienta de la voz (Hirschman) en la política también fracasa. El Estado se empeña en banalizar las palabras, en eludir los requisitos del significado, pareciera que los problemas y los mensajes se pretenden resolver con una buena toma en televisión, bajo el supuesto: una imagen vale más que las palabras. Pero la voz, las palabras, son indispensable en el mundo de las interacciones políticas para el buen entendimiento, para expresar las diferencias, para construir acuerdos, para lograr la reconciliación. Por su parte la Ciudadanía muestra su indignación de una forma heterogénea tanto en las calles como en las redes sociales.

Tras el descubrimiento de lo acontecido en Tlatlaya e Iguala, ni el Estado ni la Ciudadanía pueden responder con precisión a la interrogante ¿por qué sucede esta violencia en México? Espero que la respuesta no sea lo escrito por George Steiner: “…la barbarie y el salvajismo político son inherentes a los asuntos humanos, (que) ninguna época ha sido inocente de catástrofe”. Quizás la desafección política de los ciudadanos junto con la tradición autoritaria del Estado es la combinación que potencia la violencia que vive México.