"El problema no es si se pacta o no se pacta; el problema es quién pacta y sobre qué", afirma la autora

2015 va a ser un año de cambios profundos con elecciones a todos los niveles de gobierno: municipal, autonómico y estatal. En este marco las elites de la Transición reclaman la renovación de la cultura del pacto. Se reabre el viejo dilema: ¿exigencia de derechos o pactos que otorgan concesiones?

En 1984 el filósofo alemán Jürgen Habermas vino a Madrid a dar una conferencia en el Congreso de los Diputados por invitación de su presidente. El discurso tenía un extraño título, La nueva impenetrabilidad. No sólo el título resultaba extraño: ¿qué tenía que decir un filósofo alemán, heredero de la escuela de Frankfurt y defensor de la democracia comunicativa en un Parlamento dominado por el PSOE? Su conferencia fue un alegato sobre el fin de la utopía de la sociedad del trabajo, sobre los límites del Estado del bienestar y sobre la emergencia de una sociedad de la comunicación basada en la intersubjetividad. Esta teoría se basa en la idea de que previo a un debate tiene que existir la presunción de que podemos llegar a un acuerdo, puesto que de no ser así,  no discutiríamos. A su vez el acuerdo se materializa en un pacto. Como argumento está bien formulado, pero legitima una práctica de consenso en abstracto, sin atender ni a su contexto ni a sus efectos.

A pesar de sus contactos con la socialdemocracia, Habermas no estaba bien enterado de la situación en España. El pacto entre las fuerzas tardofranquistas y las antifranquistas que dio cuerpo a la llamada Transición no puede considerarse un ejemplo de su teoría de la comunicación. Entre otras cosas porque no cumple una de sus condiciones: la igualdad entre los participantes. Los franquistas reformistas tenían un plus de fuerza institucional de la que los demócratas carecían. Se oponían dos legitimidades: la que da el ejercicio del poder, aunque sea un poder bruto y dictatorial como era aquél, y la que proviene de la lucha en la calle. No había ninguna simetría entre ellos; si el pacto se sacaba de la confrontación abierta y se recluía en los espacios institucionales, la disimetría se acentuaba. No importaba que en la comisión hubiera igual número de personas por ambas partes. Los negociadores de la parte franquista, o recién exfranquista, consultaban entre sesión y sesión con el Presidente del Gobierno, con el Rey y con los poderes militares, los cuales en cualquier momento podían acabar con el experimento. La otra parte deliberaba como mucho consigo misma, puesto que ni los movimientos en la calle ni la base de las organizaciones sabían nada del curso de las negociaciones. El secretismo era parte de la propia negociación.

Reinaba un pacto de silencio sobre qué se hacía, cómo se hacía y para qué se hacía. La militancia de base, como la mayor parte de la población, no fuimos invitados a este conciliábulo; el pacto lo negociaron las elites sobre nuestras cabezas con el resultado de que la democracia española no fue más allá de una tibia representación sin mecanismos de participación de la población en la toma de decisiones, lo cual no es extraño puesto que estas mismas poblaciones no habían sido tenidas en cuenta en el diseño del proceso. ¡El propio Gregorio Peces-Barba justificaba en 1979 que la Constitución española era máximamente democrática y abierta apelando a la posibilidad de presentar las ILP!

El triunfo del PSOE en 1982 inauguró unos años de recompensas: cargos para quienes se acercaban al poder ofreciendo sus servicios, compañeros y compañeras que ocuparon puestos de confianza con los que nunca hubieran soñado. En un determinado momento llegó a parecer que todo el mundo hubiera sido antifranquista y el discurso empalagoso del consenso se hizo invivible. Los gobiernos del PSOE hicieron revivir lo más turbio de las prácticas caciquiles y se mezclaron casi sin distinción con los retoños de la derecha renovada. Al final de su periodo descubrimos, por si fuera poco, los manejos de los dineros del GAL. Nadie podía volver a votarles ni colaborar con ellos con un mínimo de decencia.

Mis hijos nacieron en ese entorno y se me hace difícil que entiendan que yo misma voté al PSOE en 1982 tras la sacudida del 23F. Si éste fue un montaje, como sugirió Jordi Évole, dio cumplido inicio a la política del reality show en la que los platós sustituyen al Congreso y las invectivas al debate.

Así pues, esos pactos no son un modelo, ni siquiera un modelo habermasiano. Cuando el pacto se hace por arriba, sobre las cabezas de las poblaciones, es una manera de reducirlas al silencio  con el argumento de que, sin pacto, les iría todavía peor puesto que el poder sigue estando en las manos de quienes siempre lo tuvieron y nadie tiene ningún interés en quitárselo y en distribuirlo. 

Por eso no pudo menos que sorprenderme que Manuela Carmena dijera que no le convence eso que se dice de que no se debería haber pactado la Transición, pues cree que se hizo lo correcto. No puedo compartir esta apreciación puesto que, como ya he dicho, fue un pacto entre las elites que en ningún momento contó con los gobernados. El problema no es si se pacta o no se pacta; el problema es quién pacta y sobre qué.

En la coyuntura actual no deberíamos repetir el mismo error. Las personas de mi generación ya nos hemos equivocado demasiado y deberíamos dar paso a personas más jóvenes. No porque la juventud sea en sí misma un mérito, sino porque contamos con gente que ha vivido en primera persona las luchas de los últimos tiempos. Como Pablo Carmona, el cabeza de lista de Madrid en Movimiento, en la que participo para las primarias de Ahora Madrid. Personas como él aúnan el conocimiento de las luchas recientes con el saber hacer de las intervenciones en las plazas.

Esta lista aboga por una ciudad de sus habitantes, para sus habitantes y gestionada por ellos/as, no una ciudad cuyo Gobierno sea pactado por arriba en los despachos ministeriales o entre las cúpulas de los partidos en un juego interminable de “te doy para que me des”. En estas personas no contaminadas por la Transición está la posibilidad de lograrlo.

Dos aspectos sobresalen en Grecia: el desafío frente al poderoso mecanismo de la deuda monetaria que ha obligado a Grecia a sacrificios inauditos y la puesta en marcha de una economía social paralela que sostiene el vivir de los ciudadanos ahí donde no llega la tijera monetaria

Recogiendo una expresión del comisario europeo Günther Oettinger, el columnista del periódico conservador alemán Die Welt califica con estas palabras a los nuevos dirigentes griegos. El atuendo sin corbata de Alexis Tsipras y la actitud chulesca de Yanis Varoufakis le parecen el signo distintivo de unos dirigentes políticos que no admiten la necesaria subordinación a las elites internacionales y sus complejas instituciones de extorsión. Malentiende como falta de modales lo que es valentía. Pues mucha valentía necesitan los nuevos gobernantes para desafiar la poderosa máquina del capitalismo financiero internacional.

Dos aspectos sobresalen en el actual panorama griego: el desafío frente al poderoso mecanismo de la deuda monetaria que ha obligado a Grecia, desde hace cinco años, a sacrificios inauditos para poder seguir pagando lo que debe y la puesta en marcha de una economía social paralela que sostiene el vivir de los ciudadanos ahí donde no llega la tijera monetaria. Sólo así se  preservan los bienes y servicios básicos sustrayéndolos al poder de la ingeniería financiera.

Esta especial situación pone en cuestión un dogma fundamental de la ciencia económica: que el dinero es el mecanismo de la circulación de bienes y servicios, un mecanismo de intercambio. El dinero, y por extensión la moneda, nunca han sido únicamente esto. La puesta en marcha de un poderoso mercado de intercambio lleva aparejada la creación de dispositivos de monetarización, tanto como forma de medir los equivalentes que se intercambian cuánto como forma de mediar entre ellos. ¿Cómo podríamos intercambiar equivalentes si no pudiéramos medir dicha equivalencia? Y ¿cómo podríamos sustituir el trueque de mercancías o servicios por su intercambio mercantil si una unidad monetaria no lo regulara? Parecen obviedades que no precisan mayor reflexión.

Y sin embargo el poderío catastrófico de los mercados financieros en el capitalismo actual desvela la mistificación que acompaña a estas ideas. Intercambiar dinero por dinero sería la cosa más absurda del mundo si no fuera porque quien presta, y por tanto cede dinero, lo hace para recibir más dinero, de modo que quien lo compra se obliga a devolverlo con un incremento. Cuando son los poderes públicos los que adquieren la deuda, ¿de dónde procederá el incremento que permitirá devolverla? Si el dinero obtenido se destina a producir bienes y servicios cuyo intercambio, a su vez,  produce ingresos para las arcas públicas en forma de tasas e impuestos, éstos proveerán los necesarios recursos. Pero si eso no ocurre sino que la producción y el intercambio se debilitan, y el dinero se escapa a través de formas diversas de corrupción, inversiones erróneas u operaciones especulativas de alto riesgo mientras que los poderes públicos deben seguir pagando lo que deben y no quieren afectar a los intereses de los grandes grupos económicos, sólo les queda acudir a los impuestos ciudadanos. Por ejemplo,  en Grecia, ante la dificultad de cobrar el impuesto extraordinario sobre la propiedad establecido en 2012, el Gobierno decidió que su pago iría adjunto al recibo de la luz de tal modo que se pagaría conjuntamente con ella. El resultado ha sido que varios cientos si no miles de ciudadanos/as han visto cómo les cortaban la luz al no pagar unos recibos en los que se incluía el pago de un impuesto que encarecía el recibo pero no tenía nada que ver con ella.

Como forma de resistencia frente a estas medidas la población ha desarrollado formas de desacoplar la producción y reproducción de los bienes y servicios sociales de los dispositivos monetarios. No sólo las redes de clínicas sociales, sino las cooperativas, los bancos de alimentos, los bancos de tiempo, etc. En su organización late la vieja idea de saltar el intercambio monetario, ya sea por intercambio directo de los bienes y servicios mismos o introduciendo un cómputo basado en el tiempo y no en el dinero. Estas formas tienen la ventaja de que no permiten acumular y por tanto quedan muchos más ligadas a las necesidades de la población. Inclusive si lo que se intercambia es tiempo; éste es más acumulable que el bien o servicio mismo pero lo es menos que su equivalente monetario.

Aparecen también, con idéntico objetivo, las monedas locales. O las monedas digitales. Hay aspectos todavía por desarrollar en estos procesos pero, cuanto menos, permiten desacoplar la satisfacción de las necesidades de la población de los mercados de capitales y de los mercados financieros, sustrayendo  a su enorme poder el espacio económico de la subsistencia diaria. Si en esta nueva coyuntura los poderes públicos apoyan estas formas económicas y las potencian, en vez de vectores de la acumulación de capital se convertirán en impulsores de una economía anticapitalista vinculada a cubrir las necesidades de la población y a mantener unas condiciones de vida dignas. El jeroglífico monetario macroeconómico se estará diluyendo ante nuestros ojos a la vez que aparecerán formas de una nueva escritura de los asuntos comunes en un alfabeto comprensible para todo el mundo.

En Grecia algunos alcaldes están desarrollando  esta nueva gramática por lo que no sólo se niegan a acatar las exigencias de despedir funcionarios y recortar servicios sino que ponen a disposición de estos nuevos circuitos los recursos de la Administración, tales como locales, energía, luz, etc. Es una forma de desobediencia institucional absolutamente necesaria para cortocircuitar las exigencias de las oligarquías financieras.

Para los poderes establecidos eso es chulería y desvergüenza que pone en cuestión las estructuras de dominio. Para nosotras es una ráfaga de viento capaz de inaugurar una nueva época acabando con la pesadilla de una austeridad, presentada como un sacrificio necesario que no ha hecho más que augurar nuevos sacrificios y nuevos recortes. Al dinero que engendra más dinero, quintaesencia del capitalismo, le sustituimos formas diversas y singulares de producción social. Diseñar esas nuevas políticas en todo su detalle y su riqueza es la tarea del momento. Economistas del mundo, ¡pónganse a ello!

El argumento de que en un Estado propio van a vivir mejor me parece muy discutible. Tampoco tendrían por qué aumentar.

Estas líneas surgen del contraste entre dos imágenes. En la primera Artur Mas se ajusta la chaqueta tras bajar del helicóptero que le trasladó a la sede del Parlamento catalán el 15 de junio de 2011, asediado por una muchedumbre al grito de “no nos representan”. En la segunda un Artur Mas eufórico se felicita en varias lenguas del éxito de la convocatoria del 9 de noviembre de 2014. Entre ambas han transcurrido poco más de tres años pero el personaje se ha reinventado completamente y la situación en Catalunya ha dado un giro completo.

La primera vez que oí hablar públicamente al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de independencia para Catalunya fue en una entrevista en Salvados de marzo de 2012. Me sorprendió. Hasta ese momento el término no se había sacado del arcón desde los años 30; como mucho se hablaba de “autodeterminación”, como oportunamente nos recordaba hace poco el mismo Lluis Llach.

Con motivo de la Diada en septiembre de aquel mismo año empezaron a llegar masivamente mensajes con la mención de la independencia. No sabría decir de dónde salieron pero repentinamente mucha gente se puso a hablar de ello. Si desde finales de 2012 y en todo 2013 se sintonizaban las televisiones en catalán, TV-3 o canal 33, el espectador se encontraba con una llamativa abundancia de programas, mesas redondas, debates, en los que muy seriamente se analizaba qué pasaría en Catalunya “si fuera independiente”. Se partía de la premisa “supongamos que somos un Estado independiente”, qué pasaría con las finanzas públicas, qué pasaría con las pensiones, qué pasaría en las relaciones con la Unión europea y así sucesivamente. El resultado solía ser que las cosas mejorarían porque los catalanes se librarían de las exacciones fiscales del gobierno central, porque no tendrían que aportar dinero para los ajustes interterritoriales, porque, aún si se pusiera en cuestión la permanencia en la UE, volverían a negociar, y así sucesivamente.

Si estuviera escribiendo un relato de ficción o un guión para una película introduciría una escena en la que poco tiempo después de la primera foto, digamos que a finales de 2011 o principios de 2012, se reúne la plana mayor de Convergència i Unió, tal vez con el venerable Pujol, y analizan la situación: “Bon dia a tothom, tenemos que dar un enérgico cambio de rumbo; la sociedad catalana se está alejando de nosotros y por consiguiente, si no queremos perder todo lo acumulado en estos años, tenemos que presentarnos como los abanderados de un nuevo país. Es el momento de sacar la bandera de la independencia”.

Dicho y hecho. No sé si es cierto lo que comentaba un reciente artículo en EL País, según el cual la campaña ha corrido a cargo de una prestigiosa empresa internacional de marketing político, que ha ayudado a transformar el mensaje dándole la vuelta: no vamos a hablar de independencia sino de derecho a decidir y no vamos a decir que nos vamos sino que presentaremos las ventajas de un Estado propio. Si ha sido así, han hecho un buen trabajo. A día de hoy pocos catalanes piensan que les va a ir peor solos que acompañados, lo cual tampoco es muy extraño dado que mucho peor ya casi no es posible.

El argumento de que en un Estado propio van a vivir mejor me parece muy discutible, no hay razones para pensar que la situación económica, la corrupción, el desempleo, la austeridad disminuirán en una hipotética Catalunya independiente. Tampoco tendrían por qué aumentar; su elite dominante no es ni más ni menos corrupta que la del resto del Estado. A no ser que haya otro proyecto en la cabeza de los dirigentes: algo así como hacer de Catalunya una Suiza mediterránea o un Mónaco un poco más grande con una economía basada en las finanzas, el turismo y la logística. También es posible que pasada la ola soberanista y en el caso de que se consiga una independencia total, negociada, incompleta o camuflada, las aguas vuelvan a su cauce.

Con todo, la fuerte participación en el acto del domingo en Catalunya demuestra de forma incontrovertible que el giro en positivo del mensaje fue un acierto comunicativo puesto que la sociedad catalana, especialmente la clase media, ha respondido. Ha surgido un fuerte deseo de tomar las decisiones en las propias manos. O si se prefiere una formulación en negativo, el rechazo a dejar que decisiones importantes las tomen otras personas en vez de uno/a mismo/a.

Por supuesto, no hay ningún argumento de corte democrático que legitime negar a unos/as ciudadanos/as el derecho a votar. Aquellos que se escudan en que debe hacerse de acuerdo con las leyes, sin duda que tienen razón, pero olvidan que las leyes, inclusive las Constituciones, están sujetas a cambio y modificación. Y ésta no siempre puede hacerse de acuerdo con la propia ley que se pretende cambiar. Puesto que si ésta no permite cambiar aquello que se desea, es evidente que habrá que cambiar la ley. Si nuestra Constitución no permite un régimen republicano es evidente que si en algún momento hay una mayoría que lo desea, deberá cambiarse la Constitución. Siempre es más fácil que cambiar de población, aunque haya quien lo intente.

En los últimos meses el deseo soberanista se ha reforzado, pero no sólo por todo lo que ya sabemos y que muestra la astucia y la habilidad de la élite catalana así como la fidelidad hacia ella de parte de la sociedad, sino por la ayuda inestimable que ha recibido de la torpeza y la cazurrería del PP. Si las encuestas no engañan, hay una gran parte de la población que ahora se inclina por la independencia como consecuencia de la insistencia del poder central en impedirles expresar su opinión. Es un porcentaje incluso más alto que los que dicen querer la independencia porque “así vivirán mejor”.

Así pues, aunque cause perplejidad ver a quien ha hecho los recortes y a quien se enfrentó al 15M en Barcelona colocarse al frente de las exigencias soberanistas, muchas/as ciudadanos/as del resto del país no estamos dispuestos a admitir que se conculque un derecho democrático básico privando a la población catalana el que tome sus propias decisiones, incluso en lo que respecta al modo de gobernar su territorio. No compartimos sus objetivos y dudamos de su efectividad pero defendemos su derecho a expresarse y a decidir qué tipo de régimen desean para sí.

¡Ojalá que también nosotros pudiéramos elegirlo en vez de tener que contentarnos con un sistema representativo de muy baja calidad! Si el empuje del soberanismo da lugar a un país más democrático, independiente o no, nos encontraremos en el camino. Si solamente representa cambiar la dominación de un Estado centralista por otro periférico, las poblaciones habrán peleado en vano. Habrán sido partícipes de una ilusión fallida. Aún así, si esta movilización permitiera recomponer más adelante los lazos de solidaridad con el resto de los movimientos sociales y políticos de la región, representaría un paso adelante hacia una mayor y mejor democracia.